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La Municipalidad de General Pueyrredón (MGP), a través de la Secretaría de Seguridad, denunció ante la Justicia el corte de tránsito y acampe que están llevando adelante organizaciones sociales en avenida Pedro Luro, entre La Rioja e Hipólito Yrigoyen. La interrupción de la circulación también incluye ésta última calle.
Cabe señalar que se trata de un delito que pone en peligro el orden social, la seguridad del tránsito y de los medios de transporte, como así también vulnera la certidumbre y tranquilidad para el desarrollo de las actividades de las personas.
Imágenes del COM que viralizó el Municipio de Mar del Plata sobre las manifestaciones
Desde Seguridad remarcaron que este tipo de hecho se encuadraría en la figura penal descripta por el artículo 194 del Código Penal que establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere el funcionamiento de los transporte por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido a tres meses a dos años de prisión”.
Asimismo, junto con esta nueva denuncia, la Municipalidad de General Pueyrredón puso a disposición los videos tomados por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).
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Tras su voto en contra del Presupuesto municipal y el rechazo a la continuidad de Juan Caprino al frente de la Defensoría del Pueblo (cargo que ocupa desde hace 20 años), Ramos denunció prácticas fraudulentas en el manejo de recetas médicas destinadas a jubilados.
En sus declaraciones, Ramos afirmó: “No les sacaron los medicamentos a los jubilados, sino que tienen que hacer un trámite. Porque hay un montón de médicos entongados que hacían recetas a varios jubilados con la misma. Y cuando los jubilados iban a buscar el medicamento había otra persona que en su nombre se los había llevado“. Este esquema fraudulento, según la edil, afecta directamente al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y genera un circuito vicioso que perjudica a los vecinos del distrito.
Ramos también llamó a centrar la atención en la gestión local: “Miremos para adentro de La Matanza, no para afuera”, destacando la necesidad de que las políticas públicas prioricen a los habitantes del Municipio por encima de las directrices nacionales.
La denuncia se dio en el marco del debate por el presupuesto municipal, que la concejal consideró insuficiente para atender las necesidades reales de La Matanza. Su rechazo también incluyó la oposición a la renovación del mandato de Caprino en la Defensoría del Pueblo, una institución que, según Ramos, necesita un cambio de liderazgo después de dos décadas de gestión.
Ramos, quien también fue consejera escolar, conoce de cerca las problemáticas estructurales del distrito y reiteró la urgencia de trabajar en soluciones concretas para los habitantes de La Matanza.
Gabriel Germán Fernández, quien ocupó la intendencia de Viamonte durante cinco períodos consecutivos, enfrenta graves acusaciones de malversación de fondos públicos por un monto cercano a los 500 millones de pesos. El exmandatario fue detenido la mañana del pasado miércoles 18 de diciembre. Las irregularidades detectadas giran en torno a ocho convenios firmados con la Nación durante la gestión de Alberto. Entre las obras vinculadas se encuentran un polideportivo que nunca fue construido y una planta de reciclado que quedó a medio terminar.
El caso está siendo investigado por el fiscal federal Rodolfo Cabanillas, quien encabezó un operativo que incluyó 13 allanamientos en localidades como Viamonte, Canals, Marcos Juárez y la ciudad de Córdoba. Durante los procedimientos, Gendarmería secuestró más de 2,7 millones de pesos, 43.648 dólares, computadoras, documentos financieros y vehículos. La sucursal del Banco de Córdoba en Viamonte también fue inspeccionada debido a su implicación en movimientos de dinero sospechosos.
La denuncia original fue presentada por Facundo Manzoni, actual intendente de Viamonte, conocido en la región por su trayectoria como productor rural de la localidad. Manzoni asumió el cargo en diciembre de 2023 y encontró un panorama financiero en terapia intensiva: sueldos impagos, deudas municipales y cheques emitidos sin fondos. Posteriormente, solicitó una auditoría al Tribunal de Cuentas de Córdoba, que reveló desmanejos financieros significativos. “Mi objetivo es levantar el pueblo, pero no me dejaron un mango”, declaró Manzoni en su momento. Cumplió con su palabra: hasta el momento de publicación de este artículo, el intendente Monzoni donó la totalidad de sus sueldos, unos $20 millones, a diferentes instituciones de la localidad.
Entre las maniobras denunciadas se encuentra la transferencia de 10 millones de pesos desde cuentas municipales a una cuenta personal de Fernández, registrada como “adelantos de sueldo”. Según la auditoría, el dinero estaba destinado a obras públicas y no a pagos salariales. Además, se descubrió que el exintendente realizaba “autoprestamos” a intereses cero, lo que generó pérdidas para el municipio en un contexto de alta inflación.
En un comunicado difundido en redes sociales, Manzoni afirmó que “hubo irregularidades muy grandes y no miraré hacia otro lado porque de hacerlo sería cómplice. Anhelo que esto se aclare por el bien de mi pueblo y de sus habitantes”. Además, destacó que su prioridad ha sido garantizar la transparencia y sanear las cuentas municipales desde el inicio de su gestión.
En un breve diálogo con este medio, Agustín Tenaglia, secretario de la Fiscalía Federal, explicó: “La investigación que se inició en el mes de septiembre en esta fiscalía, a cargo del fiscal Rodolfo José Cabanillas, en la que se le solicitó al juez federal diversos allanamientos y la detención de Fernández. Actualmente la causa se encuentra en plena etapa de investigación en el Juzgado Federal, con diversas medidas de prueba aún pendientes”.
Fernández también es investigado por sus presuntas conexiones con el kirchnerismo, que habrían sido clave parafacilitar el acceso de familiares a cargos estratégicos.
Durante su gestión, ubicó a su esposa en el PAMI y a su hija en el Banco Nación, ambos en la localidad de Canals. La investigación busca determinar si estas posiciones permitieron consolidar un esquema de desfalco mediante redes de apoyo dentro de la estructura gubernamental.
Actualmente, Fernández se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de Río Cuarto, mientras avanzan las pericias contables y el análisis de dispositivos electrónicos incautados. Las fuentes judiciales sospechan que podrían surgir nuevas imputaciones contra otros involucrados a medida que se completen las pruebas.
El caso generó conmoción en la pequeña comunidad de Viamonte, ubicada al sur del departamento Unión. Allí, los vecinos exigen explicaciones y transparencia, mientras el escándalo reaviva el debate sobre la necesidad de controles más estrictos en la administración de recursos públicos. “Es fundamental que se haga justicia y que los recursos públicos sean utilizados con transparencia”, concluyó Manzoni.
El emblemático campo “El Entrevero”, ubicado en José Ignacio, Uruguay, y confiscado a Lázaro Báez tras su condena por lavado de dinero, fue subastado por orden de la justicia uruguaya. La propiedad, valuada originalmente en 14 millones de dólares, tenía una base de 3,5 millones, pero alcanzó un precio final de 10,8 millones en una reñida puja. La oferta ganadora fue realizada por una sociedad vinculada al empresario Eduardo Costantini, fundador de Nordelta, y al polista Adolfo Cambiasso, a través de la empresa Consultatio.
La subasta tuvo lugar en el hotel Jeans Clever de Punta del Este, donde empresarios y abogados se congregaron para participar del remate. Solo diez postores cumplieron con el requisito de un depósito inicial de 10.000 dólares para competir por el predio de 145 hectáreas. La entrada de “El Entrevero” se encuentra en el kilómetro 171 de la Ruta Nacional 10, a solo ocho kilómetros del exclusivo balneario de José Ignacio, y el terreno ofrece grandes posibilidades de desarrollo inmobiliario.
El campo había sido adquirido en 2011 por Báez a través de maniobras que buscaban blanquear fondos ilícitos. Según Leonardo Fariña, uno de los imputados en el caso y colaborador clave como testigo arrepentido, la compra se realizó mediante sociedades fantasma como Traline SA y Jumey SA para ocultar a los verdaderos propietarios. “Según la escritura se pagaron 14.109.340 dólares, pero si sumamos lo que no aparece en los papeles llegamos a 16 millones”, declaró Fariña durante el juicio.
La propiedad fue decomisada en el marco de la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”, que destapó un esquema de corrupción liderado por Báez. En 2023, la justicia uruguaya condenó al empresario a cuatro años y medio de prisión por lavado de dinero, mientras que Fariña recibió una pena reducida de dos años y medio por su colaboración.
Además de “El Entrevero”, Báez poseía otro terreno en la zona del Faro de José Ignacio, adquirido por 800.000 dólares, y una propiedad en Maldonado valuada en 320.000 dólares. En total, el decomiso de bienes alcanzó los 14,8 millones de dólares.
El rematador Javier Fasanelo destacó las características del terreno subastado, que incluye 40 hectáreas habilitadas para desarrollos inmobiliarios cercanas al mar. “Es un terreno único, con posibilidades de desarrollo que justifican un precio final cercano a los 10 millones de dólares”, aseguró Fasanelo antes de conocerse la oferta final.
A pocos días de cumplirse el décimo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la Fiscalía Federal Nº 3, dirigida por Eduardo Taiano, presentó un informe exhaustivo que confirma la hipótesis del homicidio.
El documento, compuesto por 52 páginas y dividido en siete capítulos, detalla los avances de la investigación, las irregularidades en el tratamiento inicial del caso y el impacto político y social de su muerte. Además, señala que el asesinato estuvo relacionado con su rol como fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA (UFI-AMIA) y, en particular, con la denuncia presentada contra Cristina Kirchner y otros funcionarios por presunto encubrimiento.
“Luego de años de tareas de investigación se arribó a una serie de conclusiones que hoy permiten afirmar que el fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI-AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán. A la fecha, en esta etapa de la investigación, se encuentran en curso la producción de medidas tendientes a determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron, conforme a la hipótesis de la fiscalía”.
El informe destaca que la muerte de Nisman ocurrió en un contexto de creciente presión y amenazas hacia él y su equipo, las cuales se intensificaron tras la presentación de su denuncia el 14 de enero de 2015. Este documento apuntó directamente al Memorándum de Entendimiento con Irán como una herramienta para garantizar la impunidad de los responsables del atentado terrorista a la AMIA de 1994. La fiscalía enfatiza que las pruebas recabadas hasta la fecha refuerzan la tesis de que el homicidio fue planeado con la intención de silenciarlo.
En el análisis de las primeras horas tras el hallazgo del cuerpo de Nisman en su departamento en el complejo Le Parc de Puerto Madero, el informe denuncia graves irregularidades. Se registró la presencia de más de 80 personas en la escena del crimen, incluyendo funcionarios de alto rango de la Prefectura Naval, la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad. Estas acciones comprometieron la preservación de evidencias cruciales y han generado sospechas de encubrimiento. Además, se identificaron fallas significativas en la cadena de custodia, con elementos probatorios manipulados sin protocolos adecuados, como el arma utilizada en el homicidio. Este tipo de falencias, además de retrasar los avances en la investigación, abrieron la puerta a teorías de “conspiración” que, hasta el día de hoy, no han sido completamente descartadas.
“En ese dictamen se corroboró la participación activa de terceras personas en la muerte del Dr. Nisman, las cuales ingresaron al departamento y, luego de reducirlo, lo trasladaron hasta el baño ubicado en el cuarto principal de la vivienda. Allí, con la intención de simular un suicidio, lo obligaron a colocarse de rodillas y le dispararon en la cabeza, en el horario comprendido entre las últimas horas del 17 y la madrugada del 18 de enero de 2015″
Otro aspecto clave del informe es la ineficacia de la custodia policial asignada a proteger al fiscal. Durante el fin de semana en que ocurrió el crimen, los custodios abandonaron su puesto en varias ocasiones, dejando a Nisman completamente desprotegido por más de 12 horas. Según la fiscalía, esta negligencia facilitó el accionar de los perpetradores y la posterior manipulación de la escena. A la fecha, se está investigando a los agentes responsables de su seguridad para determinar su nivel de participación o negligencia.
– Eduardo Taiano
La investigación también pone el foco en los servicios de inteligencia. Se identificó la participación de agentes de la ex SIDE en el entorno de Nisman antes y después de su muerte. La fiscalía acusa a estos organismos de retener información relevante y, en algunos casos, destruir documentos clave que podrían haber arrojado luz sobre los hechos. Esta obstrucción no solo ha ralentizado el avance de la investigación, sino que también alimentaron las sospechas de un encubrimiento sistemático. Las conexiones entre estos agentes y sectores políticos vinculados al gobierno de ese entonces han sido un tema central en las hipótesis del caso, evidenciando un entramado de intereses cruzados que complican aún más el esclarecimiento del crimen.
“Del informe final también se desprende la presencia de ketamina en las vísceras, afirmándose que Nisman se encontraba al momento de su muerte con anestesia disociativa, siendo su voluntad abolida pero con conservación de su tono muscular”
En una medida reciente, el gobierno actual, bajo la administración de Javier Milei, desclasificó una serie de documentos de inteligencia vinculados a la causa. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que algunos de estos archivos habrían sido destruidos durante gestiones anteriores, dejando vacíos importantes en la investigación. Esta desclasificación busca aclarar las redes de contactos entre espías y actores políticos en las horas previas y posteriores a la muerte de Nisman. La fiscalía sostiene que estos documentos podrían ser clave para identificar tanto a los responsables materiales como intelectuales del crimen. A pesar de los esfuerzos recientes, la falta de documentación completa genera nuevos interrogantes sobre el grado de colaboración institucional en el caso.
El informe también subraya las nuevas líneas de investigación que se han abierto, incluyendo el análisis de más de 600 líneas telefónicas relacionadas con el caso y el entrecruzamiento de datos que podrían revelar patrones de comunicación sospechosos. Asimismo, se están impulsando nuevas imputaciones contra figuras vinculadas a los servicios de inteligencia y al entorno gubernamental de aquel momento. Estas medidas incluyen la convocatoria a declarar como testigos a agentes de inteligencia que habrían estado activos en las fechas críticas, así como el análisis de movimientos financieros relacionados con el uso de fondos reservados.
El escritor Nicolás Márquez, autor de la biografía oficial de Javier Milei, generó indignación en redes sociales tras atacar al exsenador y exministro de Educación, Esteban Bullrich, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa incurable. En respuesta a un mensaje publicado por Bullrich en la red social X, Márquez comentó: “Se te conoce no por tu capacidad como funcionario sino por tu enfermedad”, lo que provocó un aluvión de críticas.
Bullrich, quien recordaba el 15.º aniversario de su asunción como ministro de Educación porteño bajo la gestión de Mauricio Macri, había escrito en mencionada red social: “Un día como hoy, hace 15 años, asumía el cargo de Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Un enorme honor y orgullo. Gracias @mauriciomacri. Como siempre digo, la educación nos une y nos encuentra trabajando en el presente con la mirada puesta en el futuro”. La respuesta de Márquez, que además añadió “Ojalá lo puedas superar”, generó un repudio aún mayor, considerando que la ELA es una enfermedad incurable, lo que hizo que sus palabras fueran consideradas particularmente insensibles y ofensivas.
Ante la viralización de su comentario y las críticas recibidas, Márquez intentó defenderse argumentando que no había dicho nada falso. Sin embargo, horas más tarde, reconoció que su mensaje había sido inapropiado: “OK. Asumo que no hubo un aluvión de malos intérpretes sino lisa y llanamente un mal mensaje mío. Nunca me gustó la gestión de Macri y mucho menos la educación woke a cargo de @estebanbullrich”, publicó.
El escritor también emitió un pedido de disculpas, aunque su tono generó cuestionamientos por falta de claridad: “Lamento profundamente el mal trago que padece, el cual podría padecer cualquiera de nosotros. Y mi anhelo de curación es sincero porque, como católico, creo en los milagros. Asimismo, las disculpas del caso por mi confuso o inoportuno mensaje. Un abrazo sincero. NM”, escribió luego.
En abril de 2021, Bullrich hizo público su diagnóstico de ELA, una enfermedad que afecta las neuronas motoras y no tiene cura. Desde entonces, el exministro ha dedicado esfuerzos a visibilizar esta condición y recaudó 25 millones de pesos para la construcción de un centro especializado en asistencia a pacientes con ELA, el primero de su tipo en Sudamérica. Este proyecto, liderado por la fundación que lleva su nombre, busca brindar apoyo integral a pacientes y sus familias, destacándose como un ejemplo de lucha y solidaridad.
Una reciente auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) destapó severas irregularidades en la entrega de pensiones no contributivas por invalidez laboral en la provincia de Chaco. Más del 66% de los beneficiarios auditados no cumplían con los requisitos establecidos para percibir el subsidio. En algunos casos, los fraudes resultaron alarmantes, involucrando diagnósticos falsos, informes médicos irregulares e incluso confesiones de fraude.
La auditoría, encabezada por el titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, fue parte de una serie de operativos desplegados en localidades chaqueñas —Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas y Castelli—. Los trabajos pusieron bajo la lupa las pensiones otorgadas durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich.
2689 beneficiarios fueron citados a la auditoría, de los cuales 2344 (87,17%) asistieron.
Solo 365 casos (13,58%) cumplieron con los requisitos.
1796 casos (66,79%) fueron declarados desfavorables y serán dados de baja.
345 beneficiarios (12,83%) no se presentaron.
Otros 183 casos (6,81%) continúan bajo fiscalización médica.
Entre los hallazgos más sorprendentes se encuentran situaciones que evidencian un esquema de corrupción y negligencia.
Amputación falsa: A una mujer se le otorgó la pensión por una supuesta amputación del brazo derecho, pero la auditoría confirmó que estaba en perfecto estado de salud.
Diagnósticos contradictorios: Beneficiarios presentaron informes inconsistentes; por ejemplo, alegaban tener hipertensión, mientras el Cuerpo Médico registró diagnósticos de diabetes.
Cáncer de mama inexistente: Una mujer cobró una pensión por cáncer de mama, pese a nunca haber sido diagnosticada ni haberse realizado exámenes médicos.
Pensión por pie plano: Una niña recibió el beneficio por un diagnóstico de pie plano, lo que generó dudas sobre los criterios utilizados.
Confesión de fraude: Una mujer admitió que su pensión fue gestionada por su empleadora con el único fin de evitar pagar su salario.
En el caso de Taco Pozo, donde el 10% de los habitantes percibe pensiones por invalidez, la auditoría encontró que el 97% de los beneficios eran fraudulentos. El fiscal federal Carlos Amad denunció un esquema que involucraba a médicos, gestores, funcionarios municipales y al intendente Carlos Antonio Ibáñez. Las investigaciones revelaron que se pagaban hasta 30.000 pesos para obtener certificados falsos y dar inicio a expedientes aprobados sin control. Además, se descubrió un patrón de familias completas que accedían a pensiones por diagnósticos inexistentes, incluyendo menores de edad que aparecían como beneficiarios sin ninguna discapacidad.
Amad informó que en allanamientos realizados en viviendas particulares se incautaron cuadernos con registros de pagos de coimas, certificados médicos falsificados y evidencia de complicidad entre gestores y autoridades locales. Entre los diagnósticos irregulares figuraban enfermedades como “Mal de Chagas”, “diabetes” y “traumatismos de columna lumbar”, utilizados para justificar las solicitudes de pensiones.
Según datos oficiales, durante la gestión de Alberto Fernández, el desvío de fondos alcanzó el 40% del presupuesto anual destinado a estas pensiones, lo que equivale a un perjuicio de 3.400 millones de dólares al año. Esta cifra representa un impacto severo para un sistema que debería priorizar a las personas con discapacidad real.
Desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó: “Esto es una vergüenza que afecta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Estamos comprometidos a limpiar este sistema corrupto y devolver los recursos a quienes realmente los necesitan”.
UNA TRAMA QUE DURÓ DÉCADAS
La investigación revela que el esquema de corrupción en las pensiones no contributivas no es reciente. Según la ANDIS, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones se incrementó de 80.000 a 1.050.000. Esta cifra, según fuentes oficiales, es “inédita incluso en países devastados por conflictos bélicos”.
Durante la administración de Mauricio Macri, el número de beneficiarios se mantuvo estable, pero en la gestión de Alberto Fernández, la cifra ascendió a 1.250.000. Investigaciones actuales sugieren que la falta de controles médicos rigurosos fue clave para la expansión de este fraude.
El fiscal Amad destacó que estas pensiones eran “moneda de cambio para favores políticos”, perjudicando a quienes realmente las necesitan. Además, señaló que muchos solicitantes que presentaron documentación válida fueron rechazados debido a la saturación generada por expedientes fraudulentos.
Diego Spagnuolo aseguró que el objetivo de las auditorías es garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y poner fin a la corrupción. Para ello, se implementaron nuevos controles médicos y cruces de datos con otras instituciones del Estado. Desde la ANDIS, explicaron que “esto, además de ser otro curro más de la casta, vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad y es injusto con los ciudadanos que pagan sus impuestos”.
En una sesión extraordinaria, el HCD de Escobar aprobó la construcción de un centro comercial con bingo en la Ruta 26. Vecinos denunciaron los impactos negativos en la seguridad y el entorno local.
Coincido, y los intendentes K parece que ya eligieron: siempre van a estar del lado de la mala política, en contra de la gente, aumentando tasas y tratando de obstaculizar el exitoso proceso de baja de inflación. https://t.co/aIZWqEbg7v
