Los negociados del Frente de Todos en el Puerto de Mar del Plata
El presidente del Consorcio Portuario, Gabriel Felizia, y el secretario general del Sindicato Ćnico del Personal Aduanero, HernĆ”n Chale serĆan los peones K.
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Es de pĆŗblico conocimiento el hecho de que el Puerto de Mar del Plata deja demasiado dinero en negro, entre los negociados y demĆ”s “chanchullos” que se pueden dar por allĆ. Ahora bien, el hecho de todo es que se encuentra en manos del Frente de Todos (FdT).
Sin ir mĆ”s lejos, sucede que actualmente la Aduana de Mar del Plata es el epicentro de diversas “maƱas” orquestadas por el kirchnerismo. Ya que, segĆŗn fuentes anĆ³nimas indicaron: “Desde el riĆ±Ć³n de La CĆ”mpora se han puesto alfiles que reciben plata en negro para poder descargar los barcos”.
La Aduana en el Puerto de Mar del Plata, el centro de los oscuros negociados
“Hace muy poco sucediĆ³ que un barco estuvo casi 3 horas varado sin poder bajar la carga, ya que se negaba a pagarle una dĆ”diva al encargado. Unos 300 mil pesos pedĆa en mano. Eso sucede bastante, porque este es un ejemplo de miles”, sentenciĆ³ una fuente oficial desde dentro del Puerto de Mar del Plata a Data24.
Partiendo desde el eje central, el presidente del Consorcio Portuario, Gabriel Felizia, fue designado a dedo por el senador bonaerense del Frente de Todos (FdT), Pablo Obeid (pareja de la titular de la AdministraciĆ³n Nacional de Seguridad Social, Fernanda Raverta). Este mismo cuenta con un estrecho vĆnculo hacia el secretario general del Sindicato Ćnico del Personal Aduanero (SUPA), HernĆ”n Chale.
Asimismo, anĆ³nimos determinaron que “es impagable” la mansiĆ³n con la que cuenta en sus bienes el sindicalista marplatense, la cual se ubica en el barrio privado RumencĆ³. “HernĆ”n tendrĆa que ahorrar sin comer ni gastarla. Porque sino no se explica. El blanco no le cierra”, expresaron a este portal.
HernƔn Chale (derecha) estƔ contra las cuerdas porque no le cierra el blanco
Por otro lado, ante informaciĆ³n confidencial que le llegĆ³ a este portal de comunicaciĆ³n, quienes presuntamente le pagaron la casa en el barrio privado a HernĆ”n Chale habrĆa sido la empresa china Ardapez SA. Sin ir mĆ”s lejos, la misma se encuentra rodeada por integrantes de la compaƱĆa en el mismo lugar.
El senador bonaerense del Frente de Todos (FdT), Pablo Obeid, fue el encargado de elegir al presidente del Consorcio Portuario, Gabriel Felizia
Por Ćŗltimo, en el radiopasillo del Municipio de General PueyrredĆ³n (MGP), estiman que las referentes de La CĆ”mpora, las concejales Virginia SĆvori y Marina Santoro, recibirĆan una parte de las coimas en la Aduana para engrosar la caja para la campaƱade la coaliciĆ³n, de cara al 2023.
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Los efectivos del EscuadrĆ³n 25 “JĆ”chal” de la GendarmerĆa Nacional Argentina detuvieron a cuatro ciudadanos chilenos que extraĆan oro de manera ilegal en la Mina El ZancarrĆ³n, ubicada a 3.550 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera de los Andes, dentro del territorio de la provincia de San Juan, en las inmediaciones del lĆmite internacional con Chile.
La investigaciĆ³n se iniciĆ³ cuando el personal policial recibiĆ³ informaciĆ³n de inteligencia sobre la presencia de un grupo de mineros extranjeros operando en una zona inhĆ³spita y sin autorizaciĆ³n en la Cordillera del ZancarrĆ³n. Al verificar el dato sobre el terreno, los gendarmes constataron que los cuatro hombres de nacionalidad extranjera habĆan cruzado la frontera por fuera de los pasos habilitados.
En el lugar y en la camioneta que utilizaban para transportar el material, se hallaron herramientas de minerĆa como picos, palas y barretas, ademĆ”s de 14 bolsas con roca extraĆda del interior de la mina, oro en bruto y un arma de fuego.
La FiscalĆa Federal de San Juan imputĆ³ a los cuatro ciudadanos chilenos por tentativa de contrabando de exportaciĆ³n de oro, delito previsto en la Ley 22.415 del CĆ³digo Aduanero (arts. 863 y 864), que contempla penas de entre dos y ocho aƱos de prisiĆ³n en su forma simple y de cuatro a diez aƱos en caso de agravantes.
En el contexto de la frontera entre San Juan y Chile, los pirquineros chilenos se aventuran en territorio argentino buscando aprovechar vetas de oro de alta concentraciĆ³n que se encuentran en la zona del cerro ZancarrĆ³n, y que histĆ³ricamente han sido explotadas. La lĆ³gica econĆ³mica es clara, ya que extraen las rocas mineralizadas en Argentina y las llevan a procesar artesanalmente a Chile, evitando tanto los controles migratorios como los aduaneros de ambos paĆses.
SegĆŗn fuentes especializadas, un grupo de pirquineros puede llevarse hasta 200 kilos de roca por viaje, de los cuales se pueden extraer alrededor de 500 gramos de oro (unas 17 onzas troy). Con el precio del oro superando los 3.000 dĆ³lares la onza en 2026, una sola operaciĆ³n exitosa podrĆa valer mĆ”s de 50.000 dĆ³lares.
La presencia de una veta de alta concentraciĆ³n de oro convierte al lugar en un punto especialmente atractivo para pirquineros con conocimiento del terreno cordillerano. AdemĆ”s, la zona se encuentra a unos 50 kilĆ³metros de la mina Veladero, uno de los proyectos aurĆferos mĆ”s importantes del paĆs, en un Ć”rea de extrema inaccesibilidad.
La inaccesibilidad del terreno ācombinada con los recursos limitados de GendarmerĆa para patrullar toda la extensiĆ³n de la Cordilleraā hace que este tipo de actividad ilegal se desarrolle de forma relativamente habitual sin ser detectada.
La CĆ”mara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmĆ³ el procesamiento con prisiĆ³n preventiva por tentativa de contrabando agravado y, posteriormente, el juez del Tribunal Oral Federal Hugo Echegaray los condenĆ³ a tres aƱos de prisiĆ³n efectiva, ademĆ”s de ordenar su expulsiĆ³n del paĆs con prohibiciĆ³n de reingreso por 15 aƱos. De acuerdo con expertos consultados por medios locales, la presencia de pirquineros chilenos en territorio sanjuanino āes mĆ”s frecuente de lo que se creeā, aunque rara vez son sorprendidos en plena actividad extractiva.
La concentraciĆ³n frente al Edificio Centinela, sede de la GendarmerĆa Nacional, comenzĆ³ pasadas las 11:00 hs con una columna de 300 personas que, en menos de una hora, se duplicĆ³ hasta alcanzar los 700 asistentes.
La prensa fotografiando a algunos de los asistentes con carteles.
A pesar de que el edificio fue blindado con vallas preventivas, la jornada transcurriĆ³ Ćntegramente sobre la vereda, bajo la supervisiĆ³n de un comisario seccional de la PolicĆa de la Ciudad que confirmĆ³ la legalidad y el carĆ”cter pacĆfico de la marcha. El “abrazo simbĆ³lico” se transformĆ³ rĆ”pidamente en un foco de resistencia contra el desfasaje econĆ³mico que asfixia a la familia policial.
La prensa fotografiando a dos de los oradores, frente al Edificio Centinela.
Sin embargo, el dato polĆtico mĆ”s crudo fue la ausencia casi total de efectivos. Los familiares y retirados presentes denunciaron que el personal operativo fue obligado a quedarse en las sombras por un miedo real a represalias institucionales, bajo la sospecha de que agentes de inteligencia se infiltraronen la manifestaciĆ³n para identificar y marcar a cualquier integrante de la fuerza que alzara la voz.
Esta atmĆ³sfera de persecuciĆ³n coincide con la estrategia del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva, desde donde se intentĆ³ minimizar la jornada calificĆ”ndola como una movilizaciĆ³n compuesta sĆ³lo por āretiradosā, ignorando el quiebre interno de los agentes en actividad.
Miguel Montiel junto a manifestantes, ante el Edificio Centinela.
La humillaciĆ³n del uniforme frente a la gĆ³ndola
El cabo Miguel Montiel, de la PolicĆa Federal Argentina āquien cobrĆ³ notoriedad por encadenarse recientemente a Casa Rosadaā, fue el Ćŗnico efectivo que rompiĆ³ el cerco de silencio al presentarse uniformado y tomar la palabra como orador. ExplicĆ³ que sabe que es probable que quieran sancionarlo por asistir a la manifestaciĆ³n y hablar, pero destacĆ³ que la situaciĆ³n es de emergencia.
Esta brecha del 45% refleja la degradaciĆ³n de una fuerza que, segĆŗn denunciaron los presentes, hoy se ve obligada a realizar “changas” de transporte o seguridad informal para que sus familias no caigan bajo la lĆnea de indigencia.
Manifestantes ante el Edificio Centinela. En el centro: Passamonti, Montiel y Danann.
Voces de la familia policial y el compromiso exigido
El carĆ”cter de la movilizaciĆ³n fue ratificado por Manuel Berro, retirado de GendarmerĆa Nacional y referente del “Frente PatriĆ³tico PatoruzĆŗ”, quien enfatizĆ³ que no se trataba de un acto polĆtico ni partidario, sino de una respuesta de supervivencia. AdemĆ”s, asistiĆ³ AnalĆa Zabala, referente de la AsociaciĆ³n de Suboficiales Argentinos y viuda de un oficial fallecido.
Entrevista exclusiva para Data 24 de Emmanuel Danann.
AcompaƱado por agrupaciones como el “Movimiento Fuerzas Argentinas Unidas” y “Azules Siempre”, Berro invitĆ³ a Emmanuel Danann(cuyo nombre real es Manuel Gorostiaga, descendiente del prĆ³cer del S. XIX)a tomar la palabrapara visibilizar el pliego de condiciones que las cĆŗpulas oficiales callan.
Danann, quien aclarĆ³ que su presencia buscaba apoyar y no apropiarse del reclamo, leyĆ³ los puntos centrales: salarios de indigencia y el abandono absoluto de las obras sociales, que ha dejado a miles de familias sin coberturas bĆ”sicas.
Danann y Berro junto a manifestantes, ante el Edificio Centinela.
Durante su intervenciĆ³n, Danann interpelĆ³ directamente al Poder Ejecutivo al recordar que el mandato de cambiovotado por los argentinos incluĆa la promesa de reivindicar a quienes cuidan a la ciudadanĆa. En un pedido explĆcito a Javier Milei, exigiĆ³ el compromiso de no aplicar sanciones ni persecuciones contra los efectivos que, de diversas formas, apoyaron la visibilizaciĆ³n de este estado de emergencia.
El cierre del bloque de oradores, marcado suceder durante el 2 de Abril, cerrĆ³ con la reivindicaciĆ³n de la gesta de Malvinas y la defensa de la Patria, reafirmando que el reclamo trasciende cualquier bandera polĆtica.
El estallido no es un hecho aislado, sino el pico de un malestar que viene escalando desde la falta de respuestas a la equiparaciĆ³n salarial que ya se habĆa manifestado meses atrĆ”s. La respuesta oficial, materializada en el Decreto 216/2026, fue recibida con indignaciĆ³n. El bono de $40.000 otorgado por el Gobierno fue calificado por Berro como āel vuelto de los banquetes de los polĆticosā, una cifra insignificante frente a una canasta bĆ”sica que ya roza los $1.400.000.
Ante el riesgo de sanciones que pesa sobre los efectivos en actividad, fueron las familias quienes actuaron como escudo; figuras como Victoria Laura Sueldo, esposa de Facundo Romero, prefecto y referente de un reclamo por hostigamiento, falta de tratamiento y expulsiĆ³n, asistieron a la protesta para visibilizar el colapso de la obra social y la falta de cobertura en tratamientos crĆticos.
Entrevista exclusiva para Data 24 de Victoria Laura Sueldo, esposa del prefecto expulsado por Frederic.
Hacia las 12:20 hs, cuando mĆ”s de la mitad de los asistentes ya se habĆa retirado, se registrĆ³ la presencia de Sabrina Frederic. La exministra de Seguridad de la gestiĆ³n de Alberto FernĆ”ndez apareciĆ³ en escena con un marcado perfil bajo y sin realizar declaraciones pĆŗblicas.
Su llegada tardĆa no alterĆ³ el espĆritu del acto, que concluyĆ³ con la advertencia de que la emergencia de las fuerzas federales no se resuelve con parches econĆ³micos, sino con la reivindicaciĆ³n real de quienes hoy eligen el silencio para no perder su fuente de trabajo.
La jornada se desarrollĆ³ en medio de gritos, acusaciones, interrupciones y cruces entre legisladores del oficialismo y del peronismo. Dudik se presentĆ³ para responder un cuestionario de 70 preguntas vinculado al conflicto por el Fondo EstĆmulo Productivo (FEP), pero la exposiciĆ³n quedĆ³ trunca cuando la propia oposiciĆ³n dejĆ³ caer la sesiĆ³n.
El clima ya venĆa cargado desde el inicio de la sesiĆ³n. Durante su exposiciĆ³n, Dudik buscĆ³ explicar el funcionamiento del FEP, su composiciĆ³n y los motivos de la readecuaciĆ³n impulsada por el Ejecutivo. “De ninguna manera estamos en contra del FEP. Es una ley y estamos dispuestos a cumplirla”, sostuvo el ministro, quien incluso utilizĆ³ una pizarra para detallar que el adicional se financiaba con el 80% de la recaudaciĆ³n del organismo, proveniente de habilitaciones, multas forestales, permisos e inspecciones.
El funcionario alcanzĆ³ a responder cerca del 30% del cuestionario antes de que la sesiĆ³n se frustrara. Luego cuestionĆ³ con dureza a la oposiciĆ³n por haber impulsado la convocatoria y no sostenerla hasta el final. “Es lamentable que suceda esto. Me parece que lo que buscaron ellos en todo momento es justamente un golpe de efecto que nada tiene que ver con beneficiar a los empleados del Ministerio”.
En la misma lĆnea que “siempre estuve predispuesto a informar porque es una decisiĆ³n de parte del gobernador; no es solo informar a los diputados, sino al pueblo del Chacoā.
Sin embargo, ante la ausencia de varios legisladores opositores en una CĆ”mara dividida en partes iguales, la interpelaciĆ³n se dio por finalizada en medio del desorden.
El proceso, identificado como licitaciĆ³n pĆŗblica 112/2025, generĆ³ cuestionamientos por tres razones centrales. El organismo estatal que impulsĆ³ la medida fue la SecretarĆa de EnergĆa y Ambiente, y no el Ministerio de EducaciĆ³n. A ello se sumĆ³ el descarte de la oferta mĆ”s barata y un costo por alumno muy por encima de los valores de mercado.
La formaciĆ³n estĆ” estructurada en 10 niveles alineados al Marco ComĆŗn Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), con tutorĆas sincrĆ³nicas y uso de inteligencia artificial. Hacia diciembre de 2025 ya habĆa alcanzado 6.667 preinscriptos y la provincia ampliĆ³ su cobertura territorial hacia la zona andina (Bariloche, Dina Huapi, El BolsĆ³n) y la costa atlĆ”ntica.
La apertura de sobres se realizĆ³ el 16 de enero en Viedma, con la participaciĆ³n de tres empresas. EL LAB Taller de Idiomas SRL presentĆ³ la oferta mĆ”s elevada, por $1.100.000.000, mientras que SDC SRL realizĆ³ la propuesta mĆ”s baja, por $893.000.000. Por su parte, EDIR Emprendimientos SRL ofertĆ³ $932.4 millones y resultĆ³ finalmente adjudicada.
El 3 de febrero, la ComisiĆ³n de PreadjudicaciĆ³n descartĆ³ a SDC SRL āla empresa mĆ”s barataā argumentando que su plataforma “no era especĆfica para la adquisiciĆ³n de lenguas”, sino que tenĆa un enfoque mĆ”s cercano a una implementaciĆ³n tecnolĆ³gica general.
A su vez, el punto que concentra mayor controversia es el costo unitario del servicio. Con 10.000 licencias anuales y un contrato total de $932.4 millones, el cƔlculo arroja un costo de aproximadamente $93.240 por alumno al aƱo, equivalente a unos $7.770 mensuales por usuario.
En comparaciĆ³n, el mercado ofrece alternativas de menor costo o con mayores prestaciones. La suscripciĆ³n individual a Duolingo Plus ronda los $56.454 anuales con impuestos incluidos, mientras que un curso online del Instituto Cambridge en Buenos Aires tiene una matrĆcula que va de $63.500 a $90.500, a lo que se suman cuotas mensuales de entre $83.000 y $97.000 por clases en vivo de dos horas semanales. Por su parte, ABA Lenguas ofrece cursos online cuatrimestrales con clases en vivo desde $256.000, lo que equivale a unos $512.000 al aƱo.
EDIR Emprendimientos SRL es una empresa familiar radicada en la Ciudad AutĆ³noma de Buenos Aires, con domicilio en la avenida Lope de Vega 1620. Fue constituida el 10 de diciembre de 2016 por Miguel Eduardo Schriftman y Yaniv Schriftman, padre e hijo que desde entonces han diversificado sus actividades en distintos rubros.
La licitaciĆ³n 112/2025 no constituye un hecho aislado. La administraciĆ³n de Weretilneck acumula una serie de contrataciones directas y procesos licitatorios que han sido cuestionados de manera sistemĆ”tica por la oposiciĆ³n legislativa.
A estos antecedentes se suma la contrataciĆ³n directa de publicidad institucional en enero de 2026 por mĆ”s de $128 millones, una cifra que, segĆŗn los cuestionamientos, supera ampliamente el tope legal vigente.
“Estaban en combate y fue un acto de guerra”, respondiĆ³ el funcionario que reemplazĆ³ a Luis Petri en esa cartera a mediados de diciembre del aƱo pasado.
La declaraciĆ³n del ministro ocupĆ³ poco mĆ”s de diez segundos de aire televisivo, pero generĆ³ una ola de cuestionamientos. En la Argentina persiste una interpretaciĆ³n jurĆdica y polĆtica que considera el ataque un crimen de guerra, dado que el buque navegaba a 231 millas marinas fuera de la Zona de ExclusiĆ³n Total (ZET) fijada unilateralmente por Londres cuando fue bombardeado por el submarino nuclear britĆ”nico HMS Conqueror.
La orden de impactar el buque fue impartida por la entonces primera ministra Margaret Thatcher.
Las declaraciones se produjeron en una fecha especialmente sensible. Sus palabras adquirieron una dimensiĆ³n polĆtica mayor y derivaron en un reclamo opositor para que el Ministerio de Defensa revisara pĆŗblicamente lo expresado por su titular.
āUna lectura funcional a la versiĆ³n britĆ”nicaā
Lejos de limitarse a una diferencia de encuadre jurĆdico, Agenda Malvinas, portal especializado en la cuestiĆ³n del AtlĆ”ntico Sur, leyĆ³ las palabras de Carlos Presti como un gesto polĆtico de fondo.
En esa misma lĆnea, el medio avanzĆ³ sobre otro punto sensible de la secuencia militar de 1982: mientras el Belgrano se hundĆa, el entonces jefe de la Armada, Jorge Isaac Anaya, ordenĆ³ el repliegue de la flota de mar hacia “puertos seguros” de la costa patagĆ³nica.
El cura y diputado kirchnerista del bloque UniĆ³n por la Patria (UxP), Juan Carlos Molina declarĆ³ un patrimonio de USD$1 millĆ³n y cuatro inmuebles, dos en Ciudad de Buenos Aires y dos en el Gran Buenos Aires.
La DeclaraciĆ³n Jurada Patrimonial Integral, presentada en enero de 2026 bajo la modalidad inicial 2025, expone una fortuna que llama la atenciĆ³n por su magnitud y que se contrapone con el perfil de vida sencilla que el legislador suele mostrar en el plano pĆŗblico.
AdemĆ”s del efectivo, Molina declara cuatro propiedades inmobiliarias, cuya valuaciĆ³n oficial resulta llamativamente baja. SegĆŗn el informe, dos de las propiedades estĆ”n ubicadas en San Vicente y fueron adquiridas el 17 de diciembre de 2009, junto con una casa habitaciĆ³n valuada en $20.833.246 y un lote de terreno declarado en $1.042.180.
Molina, a su vez, declarĆ³ poseer un Ford Bronco Sport Big Bend 1.5L, aƱo 2021, adquirido en agosto de ese aƱo, valuado en $28 millones de pesos āequivalente a unos USD$35.000 al valor de mercado actual. Su origen habrĆa sido por “ingresos propios”.
El mecanismo que permite estas valuaciones irrisorias es lo que los expertos tributarios llaman la “trampa del 1 mĀ²”. Al declarar una superficie de “1 metro cuadrado” para todas sus propiedades, el sistema registra los inmuebles a su valuaciĆ³n fiscal histĆ³rica de origen āen pesos, con cifras antiguas y desactualizadasā en lugar del valor real de mercado. Esto “licua visualmente el tamaƱo de la fortuna ante la opiniĆ³n pĆŗblica”, segĆŗn la descripciĆ³n de un tributarista consultado al respecto.
Para aproximarse al valor real del patrimonio inmobiliario, es necesario dolarizar el anĆ”lisis usando precios actuales de mercado. Un anĆ”lisis conservador construido con dimensiones estĆ”ndar para este tipo de propiedades arroja que existe una disparidad “abismal” entre los dos departamentos de Ciudad AutĆ³noma de Buenos Aires (CABA) comprados el mismo dĆa en 2017 āuno declarado en $75 millones y el otro en apenas $2.5 millonesā lo que sugiere que uno podrĆa ser un piso de gran metraje o categorĆa superior.
Sumando los activos lĆquidos a la valuaciĆ³n de mercado de los inmuebles y el vehĆculo, el patrimonio real estimado total ascenderĆa a aproximadamente USD$931.838, es decir, casi un millĆ³n de dĆ³lares.
ĀæDe dĆ³nde proviene el dinero?
Esta es la pregunta central que el documento oficial no logra responder satisfactoriamente. En la declaraciĆ³n, Molina justifica absolutamente todos sus bienes como producto de sus “ingresos propios”, sin herencias, legados ni donaciones de ningĆŗn tipo.
Para dimensionar la inconsistencia, basta con cruzar las fechas de adquisiciĆ³n de los bienes con la trayectoria laboral de Molina. Las propiedades de San Vicente fueron compradas en 2009, cuando estaba al frente de la FundaciĆ³n Valdocco, una organizaciĆ³n financiada por el Vaticano y con fondos pĆŗblicos provinciales. AhĆ surge otra duda inevitable: ĀæcĆ³mo logrĆ³ un directivo de una ONG sin fines de lucro acceder a esas compras?
La situaciĆ³n patrimonial no puede desligarse de las denuncias judiciales que recaen sobre la FundaciĆ³n Valdocco. Desde 2024, Molina enfrenta una causa penal en la que se le atribuyen presuntos delitos de trata de personas con fines de explotaciĆ³n, defraudaciĆ³n a la administraciĆ³n pĆŗblica, falsificaciĆ³n de documentos pĆŗblicos y privados y asociaciĆ³n ilĆcita.
La investigaciĆ³n revelĆ³ que la fundaciĆ³n cobraba fondos millonarios simultĆ”neamente de dos provincias. Con 250 millones de pesos mensuales de Santa Cruz y 124 millones de pesos mensuales de Chaco, aunque en este Ćŗltimo caso la instituciĆ³n no operaba realmente. Se detectĆ³ que 78 docentes cobraban salarios en ambas jurisdicciones al mismo tiempo. La causa fue presentada ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia e incluye pedidos de allanamientos y secuestro documental.
Molina surgiĆ³ como sacerdote salesiano en Caleta Olivia, Santa Cruz, donde trabajĆ³ con niƱos y jĆ³venes en situaciĆ³n de riesgo social. MĆ”s tarde, sin que se conozca pĆŗblicamente el motivo, pasĆ³ al clero de la diĆ³cesis de RĆo Gallegos. FundĆ³ la FundaciĆ³n Valdocco ānombre del barrio turinense de TurĆn donde San Juan Bosco comenzĆ³ su obraā con casas para jĆ³venes adictos y menores vulnerables en Santa Cruz, Chaco y HaitĆ. Esta fundaciĆ³n lo proyectĆ³ al primer plano de la polĆtica kirchnerista de Santa Cruz y lo acercĆ³ a la familia Kirchner, en especial a Alicia Kirchner, hija de la exvicepresidente Cristina FernĆ”ndez de Kirchner (CFK).
La primera gran plataforma pĆŗblica que manejĆ³ Molina fue la SecretarĆa de ProgramaciĆ³n para la PrevenciĆ³n de la DrogadicciĆ³n y la Lucha contra el NarcotrĆ”fico (SEDRONAR), designado en noviembre de 2013 por CFK. El jefe de Gabinete Jorge Capitanich lo presentĆ³ como alguien con “amplia experiencia en la problemĆ”tica de las adicciones”. RenunciĆ³ en mayo de 2015, declarando que habĆa “cumplido los objetivos”.
“Escobar fue un poco Robin Hood, el pueblo lo llorĆ³ porque ocupĆ³ el lugar del Estado: hizo hospitales, calles, le dio trabajo a la gente…”, destacĆ³ Molina, en marzo de 2014, en una entrevista radial, durante su gestiĆ³n al frente de la SEDRONAR.
El SISOC concentra en una sola plataforma la informaciĆ³n de 7,2 millones de beneficiarios y mĆ”s de 3.600 centros comunitarios. La herramienta permite seguir prestaciones, auditar espacios y activar alertas por duplicaciones, incompatibilidades y faltantes de documentaciĆ³n.
Documentos del BCRA confirman el descalabro de una sociedad simplificada que dejĆ³ un tendal de acreedores mientras el exmandatario chaqueƱo pregonaba una vida de privaciones.
