La Rioja | Repudio opositor contra concejal K que exaltó a Montoneros

Se trata del edil Nelson Johannesen, quién distinguió a la agrupación subversiva de los '70 en su discurso del Concejo Deliberante.
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Una fuerte condena cosechó la reivindicación de Montoneros que ensayó días atrás el concejal de La Rioja, Nelson Johannesen del Frente de Todos (FdT). Se dio una fuerte reprobación que parece cada vez mayor, a juzgar por los comentarios que dejaron los lectores en la prensa nacional, con duras descalificaciones hacia el edil.

El discurso de Johannesen en el Concejo Deliberante de la capital provincial, fue denunciado en ese cuerpo legislativo, por una sobreviviente de 2 atentados de Montoneros, Fernanda Eugenia Megías, quién pidió el juicio político y la destitución del edil “por apología del delito”, y lo propio haría esta semana Liliana Saraspe, quien perdió a su padre en otro ataque de ese grupo.

Sesión ordinaria en dónde el concejal de La Rioja reivindicó a Montoneros

Numerosas organizaciones y víctimas de atentados de la guerrilla se sumaron en los últimos días al rechazo contra las expresiones del concejal. Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larraburu, secuestrado durante un ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a la Fábrica de Pólvora y Explosivos de Villa María, y asesinado al cabo de un año, fue uno de los que criticó duramente ese discurso.

Larrabure, que es vicepresidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV), calificó las palabras del concejal como una muestra más de la lógica violenta, que fue más amplia que la de “los 2 demonios” de la década de los ’70 y que fue predicada también por políticos y educadores.

La Rioja
Publicación acerca de aquel día, por parte del concejal de La Rioja

En una entrevista, Larrabure expresó: “No puedo entender cómo Johannesen representa al pueblo. No tendría que estar ni un minuto más en su banca”. Silvia Ibarzábal, hija del coronel Roberto Ibarzábal, secuestrado en un intento de copamiento de la poderosa guarnición de Azul y asesinado tras un calvario de 10 meses, también condenó el discurso del concejal.

“Los Montoneros atacaron la Patria en plena democracia. Dejaron cerca de 6 mil víctimas fatales, más una cantidad de discapacitados. Es una falta de respeto absoluto que se vanaglorie a estas personas”, remarcó Ibarzábal.

Concejales del bloque Juntos por el Cambio (JxC) en La Rioja también manifestaron su repudio a los dichos de Johannesen, considerando que “quienes no respetan la democracia, no deberían integrar los cuerpos democráticos como lo es el Concejo Deliberante”.

Así mismo, el partido provida Unidos por la Vida y el diputado provincial, Martín Menem, se solidarizaron con las protestas. Además, organizaciones vecinales de La Rioja se unieron al coro de reprobación y, según trascendidos, pedirán el juicio político, aunque este extremo no pudo ser confirmado.

La Rioja
El concejal de La Rioja, Nelson Johannesen

En cualquier caso, la desaprobación excedió esta vez a las organizaciones de víctimas del terrorismo. Los artículos en la prensa nacional, en los que se exponían los exabruptos del concejal, causaron de manera similar la indignación de los lectores.

Algunos le reprochaban no dar el ejemplo desde su cargo, otros calificaron de vergonzoso lo que dijo o pidieron su destitución y algunos más tacharon sus palabras de discurso de odio. Están los que opinan que el edil no sabe lo que dice, y aquellos que le recuerdan las bombas, crímenes, matanzas a sangre fría, secuestros extorsivos y torturas.

Ulises Catriel Cuenca

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“Dejen de perseguir a los que pensamos distinto” | El gran discurso de una joven liberal en la UBA

El miércoles 10 de abril, el Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Buenos Aires declaró la emergencia presupuestaria. “En las condiciones actuales se encuentra seriamente afectada la posibilidad de mantener toda actividad tendiente a garantizar la calidad educativa, la continuidad de la investigación, de la extensión y la función asistencial”, afirmaron los miembros.

Por ello, los estudiantes liberales de la universidad también manifestaron su preocupación. Rocío Gómez, presidenta de Jóvenes Republicanos Unidos y miembro del centro estudiantil Somos Libres, expresó: “Estudio en la UBA, soy liberal y también quiero a la UBA. A mi también me preocupa la situación” que atraviesa la Universidad.

Desde las escalinatas de la Facultad de Ciencias Económicas, la joven mencionó que, “a diferencia del discurso actual impuesto” por las agrupaciones de izquierda y kirchneristas, el problema presupuestario “no es algo nuevo, viene de años. Durante los últimos años hubo un congelamiento del presupuesto, tanto del Superministro (Sergio) Massa y del gobierno kirchnerista anterior”.

Gómez incentivó a pedir una auditoría del presupuesto de la Universidad. “Nos dicen que cuidemos la UBA ¿pero cuidemos qué realmente? ¿a dónde va la guita? Porque tenemos muchos docentes que trabajan gratis. Y conocemos la situación actual de la Universidad”.

Luego, hizo hincapié en la porción de militantes violentos que habitan la facultad, instándolos a no perseguir a quienes piensan diferente: “Los pibes que defendemos las ideas de la libertad vamos a seguir acá, no nos vamos a ir. Los liberales creemos en la educación pública también como motor del ascenso social, en una sociedad meritocrática y de trabajo. Creemos en la educación popular, en la educación de todos los habitantes, que es una tarea prioritaria para la construcción de una nación”.

Redacción

info@data24.com.ar

En plena crisis, Llaryora nombró como “asesor con nivel de Ministro” a un operador mediático

El Decreto 2430 generó controversia al oficializar una designación por parte del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Se trata de Roberto Sposetti, un reconocido operador mediático del ámbito conocido como “círculo rojo”.

El cargo que se le asigna es el de “asesor del Poder Ejecutivo, con nivel de Ministro”. Según explicaron fuentes de la Legislatura de Córdoba a este portal, esta maniobra se percibe como una forma encubierta de nombrar un nuevo ministro, otorgándole el sueldo correspondiente sin aclarar de manera clara que se trata de un nuevo Ministro.

Aunque el documento oficial fue emitido el pasado viernes 15, refleja un nombramiento de diciembre de 2023. En este punto, otra fuente importante de la Legislatura provincial especula que Llaryora publicó “uno de cada cuatro decretos” en el Boletín Oficial, sin informar correctamente incluso a sus propios colaboradores, lo que lo obligó a aprovechar las nuevas emisiones del BO para ir actualizando viejos decretos. Al primero de marzo, de los 510 decretos que se sabe que el gobernador firmó, solo se publicaron 136, dejando sin oficializar 374 de ellos.

Roberto Sposetti

Dentro del círculo rojo, Roberto Sposetti es reconocido por su trayectoria como operador mediático. Uno de sus primeros trabajos en el ámbito público fue asesorar al dos veces intendente de la ciudad de Córdoba, senador nacional y diputado provincial, Rubén Américo Martí. También se desempeñó como asesor de comunicaciones del exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y tuvo un fugaz y polémico paso dentro de la Secretaría de Turismo como secretario de Innovación en 2018.

Córdoba cuenta con 15 Ministerios y 10 Agencias con rango ministerial. Solamente en publicidad y propaganda para los Ministerios, el gobierno provincial tiene proyectado gastar un total de $26 mil millones en 2024.

En este contexto, es relevante recordar que en noviembre del año pasado, la Legislatura de Córdoba aprobó un aumento del 506,35% —pasó de $57 millones a $350 millones— en la disponibilidad de dinero para “gastos reservados” sobre las carteras de Seguridad, Gobierno y Justicia, y el Tribunal Superior de Justicia. Estos gastos reservados no pueden ser fiscalizados por el Tribunal de Cuentas de Córdoba gracias a una reciente modificación de la ley, lo que permite su uso discrecional.

Redacción

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Milei evalúa inspeccionar el contrato con la polémica base china instalada en Neuquén

El Poder Ejecutivo prevé inspeccionar técnicamente los contratos de la base china asentada en la provincia de Neuquén tras la alerta que presentó el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley.

Mientras que las autoridades chinas señalan que la base militar cumple tareas “estrictamente científica”, el gobierno de Milei considera que “hay algo raro con los contratos de la base. Se les dio un territorio donde prácticamente la Argentina no puede entrar”. El acuerdo en cuestión afirma que el 10% de los recursos de uso (del tiempo de la antena) los debe utilizar la Argentina: “Queremos chequear que eso verdaderamente sea así”.

Entrevistado por La Nación, el norteamericano se manifestó sorprendido ante la decisión de Argentina de permitir que “las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué. Tengo entendido que se trata de soldados del ejército chino que operan este telescopio espacial, no sé lo que hacen, creo que los argentinos tampoco lo saben, y deberían entender por qué los chinos están desplegados allí”.

La Estación de Espacio Profundo CLTC-CONAE-NEUQUEN se consolidó como un ícono de la relación de acercamiento del régimen kirchnerismo con la China de Xi Jinping. La base, ubicada en Bajada del Agrio sobre la ruta provincial 33, comenzó a construirse en el año 2014 y finalizó tres años después, en 2017. Cristina Kirchner cedió unas 200 hectáreas por 50 años al Partido Comunista Chino.

Redacción

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Senadora “libertaria” metió a siete familiares en el Congreso

La senadora nacional por Jujuy, Vilma Facunda Bedia, fue acusada de acomodar a toda su familia en el Congreso de la Nación: contrató como personal de su oficina a sus tres hijos, su nuera, su hermano, su sobrina y su cuñada.

La senadora y pastora les consiguió a sus hijos Joel Benjamín Mamani un puesto de planta transitoria con categoría A3 –con un salario de alrededor de 700 mil pesos-, y José Jair Mamani, con una A1, con una retribución de 1,2 millones de pesos. También habría sido contratado su hijo Pablo, aunque todavía no aparece en los registros públicos de la web del Congreso.

Por si fuera poco, Bedia también hizo ingresar a sus hermanos Juan Carlos, Pastor y presidente de la Fundación Emanuel, y Ricardo, que participa de la misma entidad, ambos con una categoría A1. La Fundación Emanuel se autodefine como una ONG “cristiana”, que ha promovido “seminarios de higiene mental”. Albert Bedia, otro hermano suyo, también fue contratado, pero con una categoría A3. Para disimular la gravísima decisión de la senadora, ninguno de estos nombres aparecen en la página oficial del Senado.

En su provincia, Jujuy, aseguran que también su cuñada Nélida, pareja de Juan Carlos Bedia, forma parte del equipo de la legisladora. Nélida es masoterapeuta, una profesión que nada tiene que ver con las tareas que supuestamente debería realizar en el Senado. Para curarnos de espanto, la hija de ambos y sobrina de la pastora, Damaris, y su hermano Jonatan, de profesión DJ, es otro de los beneficiarios de la política de empleo de la legisladora.

Para no hacer distingos dentro de su familia, su sobrina Daiana Ester Llanes recibió una planta transitoria con categoría A3. La nuera de la legisladora, Mirta Araceli Silisque, también participa de la fiesta de designaciones públicas, aunque en su caso apenas con una categoría A8.

Por si no resultara suficiente esta suma de despropósitos, en Jujuy se asegura que muchos de los empleados de mayor confianza de la senadora Bedia también serían beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Esto sería posible porque la actualización de los registros del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) demora entre 5 y 6 meses.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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ESCÁNDALO EN CÓRDOBA: Llaryora se niega a sacar del cargo a un socio político imputado por golpear a su ex y obligarla a abortar

El 19 de marzo de 2023, Lourdes Astudillo se presentó ante la Justicia para denunciar a su expareja, Martín Gill, un cuadro de gran importancia dentro de la política cordobesa. A finales del pasado mes, la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María —a cargo de Juliana Companys— elevó a juicio la causa.

En diálogo con medios provinciales, la denunciante contó que conoció a Gill a través de Instagram, en febrero de 2022. Con el tiempo la relación se fue afianzando y también hubo un periodo de convivencia. Quedó embarazada y, según denunció, Gill la indujo a abortar: “La idea del embarazo le hacía mal y me decía que se iba a arruinar su vida. Él insistió y tomé la pastilla”.

En octubre sufrió la primera agresión física después de un planteo por infidelidad: “Se lo dije. Él me empujó a la cama y comenzó a ahorcarme. Fueron segundos, pero me pareció mucho tiempo. Me repetía una y otra vez que era para que me tranquilice”.

“No podía contarle a nadie lo que me pasaba. Era de su propiedad. En una discusión fuerte que tuvimos le pedí la llave de mi departamento. Yo vivo en el sexto piso, me agarró del brazo y me arrastró tres pisos. Me dejó el cuerpo marcado con moretones. Ahí comencé a sacarme fotos porque sabía que esto no iba a terminar bien. Esas imágenes las entregué a la Justicia. Cuando yo le decía que lo iba a denunciar, él me desafiaba que lo hiciera y agregaba: ‘Total, a mí nadie me toca’”, detalló la víctima.

“Me costó mucho denunciarlo. Después de la denuncia la pasé bastante mal pero no me arrepiento de haberlo denunciado porque no me merecía lo que pasé. Es muy feo por lo que yo pasé. Es abuso de poder y mi denuncia no tiene nada que ver con una cuestión política“, agregó.

Renuncia o juicio político: “Las lideresas empoderadas están mudas”

La denuncia por violencia de género cayó mientras Martín Gill era intendente de Villa María. Su trayectoria como funcionario en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación —fue secretario, “el segundo” de Gabriel Katopodis— hizo que desembarcara en el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, cartera millonaria creada por Martín Llaryora hace apenas cinco meses que se encargará de proveer servicios, negocios y ejecución de obras en el interior de la provincia.

Este mes, la oposición presentó en la Legislatura de Córdoba dos proyectos contra el socio de Llaryora. El primero, de Alejandra Ferrero, proponía que se aparte del cargo de ministro a Gill. Mientras tanto, Gregorio Hernández Maqueda promovió el juicio político: en este caso se abstuvieron los bloques PRO, UCR, Construyendo Córdoba y La Libertad Avanza.

El oficialismo cordobés rechazó debatir el caso en la Unicameral durante la cuarta sesión ordinaria del año. “Una lástima que el mismo peronismo que el año pasado suspendió a (Patricio) Serrano y le dio licencia a (Alfonso) Mosquera por causas de violencia de género, hoy sea cómplice de encubrir en su cargo a un ministro (por Gill) procesado por la misma razón”, expresó Ferrero vía Twitter, y agregó: “Las lideresas empoderadas están mudas”.

Redacción

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Juez llevó a la justicia a la Municipalidad de Córdoba por el polémico manejo de los subsidios al transporte

Ayer por la mañana, el senador nacional por Córdoba, Luis Juez, se presentó en la Justicia Federal y pidió investigar al ex secretario de transporte municipal, Marcelo Rodio, y a los directivos empresariales de ERSA por el uso indebido de subsidios nacionales destinados al sistema de transporte.

LA DENUNCIA DE JUEZ

“Mediando connivencia entre funcionarios municipales y la empresa ERSA, ésta percibió subsidios, por un alto monto dinerario, en virtud de un servicio que jamás prestó, defraudando al Estado nacional”, explicó el senador nacional.

Según detalló Juez, “la Municipalidad ponía los colectivos, los choferes, y Ersa se quedaba con la recaudación y con los subsidios. Los subsidios en materia de transporte son casi 28 mil millones de pesos: (en millones) 7 mil pone la Provincia, 7 mil pone la Nación y 14 mil pone la Municipalidad”.

En tal sentido, precisó que “si el sistema está compuesto por 939 colectivos, hay un total de 30 millones de pesos por unidad. En estos corredores que prestaba Tamse y que recaudaba Ersa, y estamos hablando de 49 colectivos lo cual hace un promedio total de 1.500 millones de pesos, lo que hemos cuantificado nosotros. O sea 1.500 millones de pesos del subsidio de transporte que ponía la Nación para que la Municipalidad de Córdoba prestara su servicio”.

Redacción

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