22 febrero, 2025

La Policía bonaerense rechazó el escaso aumento de Kicillof y alertó sobre un posible acuartelamiento

"El policía riega su vida por unos pesos", denunció un efectivo. En el conurbano, agentes y familiares exigieron mejoras salariales, atención psicológica y la reincorporación de sancionados. Advirtieron que podrían acuartelarse si no reciben respuestas.
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La Policía bonaerense rechazó la propuesta de aumento salarial del 9% que ofreció el gobierno de Axel Kicillof y anunció la posibilidad de un paro total de actividades. Decenas de agentes, retirados y familiares se congregaron en Puente 12, en el cruce de la Autopista Ricchieri y Camino de Cintura, partido de La Matanza, para exigir una suba del 100% en el sueldo básico y denunciar el hostigamiento que, según afirmaron, incluyó el uso de un helicóptero con el fin de provocar fuertes ráfagas de viento y dispersar la protesta.

Los manifestantes expusieron su malestar al considerar insuficiente el 9% de aumento en un contexto de inflación y creciente inseguridad en la provincia de Buenos Aires. La protesta se desarrolló desde la mañana del lunes 17 de febrero y se extendió hasta el día siguiente, cuando un grupo de efectivos aseguró que, de no alcanzar un acuerdo, se tomarían medidas de fuerza más drásticas. También remarcaron la necesidad de reincorporar a los policías que fueron desafectados por anteriores movilizaciones y se quejaron por la falta de respuesta oficial a sus reclamos.

Entre las sanciones más recientes, la Auditoría General de Asuntos Internos desafectó a 14 policías en Ituzaingó. Según un vocero de seguridad, los oficiales dejaron sus tareas de patrullaje y se apostaron en una estación de servicio para tocar sirenas y bocinas como forma de reclamo. La Fiscalía Descentralizada N.º 1 de Morón los imputó por “incumplimiento de los deberes de funcionario público e intimidación pública”. 

– Los policías protestando en Ituzaingó

Además, hubo otras 16 sanciones hasta completar un total de 30 efectivos desafectados en varios puntos de la provincia. En este contexto, los efectivos denunciaron que estas medidas disciplinarias buscan acallar los reclamos salariales y laborales que ya llevan años sin respuestas concretas.

– El ministro de Seguridad de Buenos Aires junto al gobernador Kicillof

Los integrantes de la fuerza difundieron un extenso petitorio dirigido al Ministerio de Seguridad bonaerense, donde exigieron la mejora de sus condiciones laborales y el incremento del salario básico, que actualmente ronda los $667.881 para un oficial de policía con el último ajuste (aunque algunos efectivos aseguraron que, con descuentos, apenas alcanzaron los $680.000). Según los manifestantes, este salario los ubica en una situación de indigencia si se considera el costo de vida actual y el valor de la canasta básica.

En el documento, fechado el 17 de febrero de 2025, resaltaron diez puntos centrales:

  1. Que no haya ningún tipo de sanción administrativa ni represalia
    para el personal que concurrió a las convocatorias pacíficas por este reclamo.
  2. Aumento del 100% del sueldo básico
    (señalaron que un oficial cobraría $667.881 a partir del 1 de marzo y que se necesitan $1.033.716 para no ser pobre).
  3. Obra social IOMA
    (solicitaron más prestadores, pago puntual a los profesionales y entrega de medicamentos).
  4. Correcta atención por parte de Provincia ART
    (denunciaron abandono en traslados e insumos para el personal herido).
  5. Horas Co.Re.S (horas extra)
    (exigieron elevarlas de $1.200 a $12.000 y que no se recargue de manera obligatoria).
  6. Readecuación de destino
    (pidieron trabajar a no más de 50 km del domicilio y contar con viáticos de distancia).
  7. Gabinete de asistencia psicológica las 24 horas
    (informaron 44 suicidios en 2024 y 6 casos en lo que va de 2025).
  8. Asistencia psicológica, legal y social para heridos y familiares de caídos
    (criticaron la falta de cobertura integral para quienes sufren hechos violentos en acto de servicio).
  9. Reincorporación del personal en disponibilidad desde 2021
    (por la convocatoria de septiembre de 2020).
  10. Creación de planes de vivienda
    (señalaron que un oficial paga $450.000 de alquiler sobre un sueldo de $667.881 y que muchos terminan trabajando de Uber para subsistir).

Un miembro de la fuerza que se encontraba presente en la protesta explicó a DATA24.COM.AR la crisis salarial: “El policía arriesga su vida por 1.200 pesos. No llegas a comprar ni un alfajor”, exponiendo el precio que paga el Estado bonaerense por las horas extra. También detalló que el mínimo porcentaje de incremento recién se acreditaría varios meses después de la homologación paritaria: “A nosotros nos descuentan la caja de policía un mes adentro y recién cobraríamos en abril el 7%. El 2% siguiente llegaría en mayo“, sostuvo.

Según el efectivo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, evitó reunirse con los manifestantes: Ayer pedimos hablar con el ministro, nos dijeron que no estaba. Pero habíamos visto cómo bajó del helicóptero. Salió por la puerta de atrás porque no tenía cara para salir por adelante. Nadie nos dio una respuesta“. La falta de diálogo con las autoridades aumentó la tensión entre la fuerza y el Gobierno provincial, que hasta el momento no ha brindado respuestas públicas.

– Las protestas de la Bonaerense en 2020, bajo el kirchnerato

Otro problema que preocupa son los suicidios dentro de la fuerza policial. Según datos proporcionados por los efectivos, en 2024 se registraron 44 suicidios entre agentes de la Policía bonaerense, mientras que en lo que va de 2025 ya suman al menos seis casos confirmados. 

El entrevistado reveló a este medio que recientemente hubo otros dos posibles casos en evaluación, lo que elevaría la cifra a ocho. La falta de asistencia psicológica y las dificultades económicas son señaladas como factores determinantes en esta crisis. Desde el petitorio, los agentes exigen la implementación de un gabinete de asistencia psicológica disponible las 24 horas para la prevención de estos hechos y el acompañamiento de los afectados.

Redacción

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El fuego en El Bolsón arrasó con casi 3 mil hectáreas y continúa activo

En un informe publicado esta mañana por el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), se supo que 2.723 hectáreas han sido totalmente calcinadas, dadas las condiciones extremas del ambiente, como la baja probabilidad de lluvias, provocó “múltiples focos secundarios que continuaron su avance hacia Mallin del Medio por alrededor de 9 kilómetros”.

Se detalló que “cinco medios aéreos y aproximadamente 300 personas” continúan trabajando en la contención del incendio en El Bolsón. El objetivo principal según declararon es evitar “rebrotes” y “dar frente a un evento de enorme magnitud”.

Según el reporte, el fuego se inició el 30 de enero a las 16 horas, cuando se detectó “una columna de humo en el sector denominado Loma de los Piches, próximo a la Confluencia de los ríos Blanco y Azul”. Desde entonces, las llamas “continúan activas” debido a las condiciones meteorológicas adversas en la región. El viento, con ráfagas que oscilarán entre 10 y 20 km/h y que podrían llegar “hasta 35”, siguen siendo un factor clave.

Medios locales informaron que “más de cien viviendas fueron afectadas” por los incendios y que, hasta el momento, “un poblador rural perdió la vida” a causa del avance del fuego. El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, afirmó que “está probado que el incendio fue intencional”, luego de que se hallaron botellas en la zona donde se originó. Sin embargo, aclaró que no existe vínculo político detrás del hecho, destacando que lo ocurrido representa un daño “a la vida”.

Son más de 192 brigadistas y voluntarios quienes trabajan en el terreno con apoyo de diferentes equipos especializado y no especializado, con un total de 33 herramientas de extinción entre móviles, aviones hidrantes, camiones cisterna, helicópteros, entre otros.

Diversas organizaciones de emergencia han emitido un comunicado conjunto en el que hacen un llamado urgente al Estado Nacional, exigiendo que el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) “habilite de manera urgente los recursos de despliegue” necesarios para el traslado de fuerzas auxiliares.

Entre los firmantes se destacan el Soporte de Alerta Temprana de Eventos Meteorológicos (SATEM), el Cuerpo Argentino de Socorrismo y Asistencia (CASA), y la Asociación Civil de Rescatistas Voluntarios Argentinos (RVA), junto a otras entidades.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos la formación, la voluntad y la experiencia. Lo único que falta es la decisión política que por ahora brilla por su ausencia”, subrayan en su reclamo, recalcando que “el fuego no espera”.

Redacción

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SANTA CRUZ | Vidal impulsó un examen toxicológico para empleados públicos y desató la furia de los gremios

Ayer martes, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se refirió al examen toxicológico que el Ministerio de Salud buscó implementar, en primera instancia, en el personal de esa cartera. La iniciativa aprobó un protocolo para verificar el consumo de sustancias y generó reparos en sectores gremiales como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Vidal afirmó no entender “la preocupación que generó el reciente anuncio que hizo el Ministerio de Salud, al aprobar un protocolo para realizar un examen toxicológico para verificar el consumo de sustancias al personal de la cartera”. Subrayó que “lo vamos a implementar en todo el Estado Provincial” y puntualizó que “no llegamos al gobierno para hacer, exactamente, lo mismo que el anterior y creo que los trabajadores que prestan servicios en el Estado deben recuperar para esta sociedad la cultura de trabajo”.

El mandatario insistió en su postura al declarar: “Corresponde, cuál sería el inconveniente. A ver, yo soy trabajador. Trabajé bajo relación de dependencia. Lo lógico y lo que corresponde es respetar las normas de convivencia que hay dentro de un sector de trabajo. No entiendo porque la preocupación. La verdad que no lo entiendo. Se armó todo un escándalo con esto”.

Ante el rechazo de algunos gremios, Vidal recordó su pasado como representante sindical y expresó: “No entiendo el drama porque, en definitiva, si nosotros prestamos un servicio en algún lugar y recibimos un salario por eso, creo que tenemos que ir en condiciones para hacer esa labor”. Agregó: “Sobre todo porque somos responsables de garantizar la integridad física de los otros trabajadores que están alrededor”.

Redacción

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Huawei inaugura su primera academia en Argentina de formación en IA, 5G y ciberseguridad

En un paso inédito para la educación y la digitalización en el interior del país, la ciudad entrerriana de Gualeguaychú avanza en la creación de la ICT Academy Huawei. La iniciativa prevé capacitar a 2.000 personas en inteligencia artificial, 5G y ciberseguridad, con el respaldo de la renombrada empresa internacional. Además, se busca fortalecer el desarrollo profesional de los habitantes y potenciar la innovación en sectores productivos clave de la región, como el agro y la hotelería.

La reunión para concretar la iniciativa se llevó a cabo este martes por la mañana y fue encabezada por el intendente Mauricio Davico, quien calificó el anuncio como una “excelente noticia para la ciudad”. El jefe comunal destacó la importancia de la iniciativa al señalar: “Gualeguaychú será el primer municipio de Argentina en contar con una Academia Huawei, que otorgará títulos certificados a nivel mundial por esta reconocida empresa”. Además, resaltó que “estas son herramientas que, verdaderamente, generarán oportunidades y un mejor desarrollo profesional a los vecinos, ya que se van a poder formar en cursos y diplomaturas de nivel internacional”.

Por su parte, Gustavo Costanzo, responsable del Centro de Desarrollo del Conocimiento, subrayó la relevancia del proyecto: “Desde diciembre del año pasado se vienen haciendo gestiones para generar capacitaciones que ofrece la empresa Huawei desde su plataforma digital. Se lanzó una capacitación de inteligencia artificial y esta semana se lanza la próxima, que tiene que ver con la utilización del 5G. La parte más importante es que esta reunión trae, por pedido y gestión del Centro de Desarrollo, la posibilidad de generar en Gualeguaychú la ICT Academy Huawei”.

Durante la jornada, también se abordaron temas vinculados a la relación entre tecnología y turismo, tecnología y pymes, y la posible participación de Huawei en un foro educativo y en una expo tecnológica a realizarse este año. “Se cumplieron los ejes principales y, además, se charlaron de otros temas que nos pueden unir como municipio y empresa privada, como los concursos informáticos y el desarrollo de las TICs en la región”, agregó Costanzo.

En tanto, Federico Forastier, gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social de Huawei Argentina, enfatizó la dimensión global del programa: “Huawei Academy es un programa global que ya está en 110 países y cuenta con más de 2.600 universidades, 11.000 instructores y 200.000 estudiantes. Es una plataforma viva, con capacitaciones que se actualizan constantemente. Actualmente hay 30 cursos en español y habrá más, ya que Huawei está cada vez más presente en Latinoamérica”.

Forastier destacó el potencial que implica la llegada de la academia para la economía local: “Comenzamos con Huawei Gualeguaychú primero con los cursos más generales, para que la mayor cantidad de gente pueda tomarlos, pero estamos en tratativas de sectorizar y ofrecer capacitaciones específicas para el agro y la hotelería, sectores productivos clave en la región”.

– Al encuentro asistieron, además del intendente Davico, la viceintendente Julieta Carrazza, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, la asesora de la Dirección de Educación, Berta Baldi Coronel y el responsable del Centro de Desarrollo del Conocimiento Gustavo Costanzo. En representación de Huawei Argentina participaron Juan Bonora (vicepresidente), Federico Forastier (gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social) y Javier Cortes (gerente de Comunicación)

Asimismo, Juan Bonora, vicepresidente de Huawei Argentina, recalcó la apuesta de la empresa por la formación de talentos: “Estamos haciendo junto al intendente el lanzamiento de la Academia Huawei para el entrenamiento de 2.000 personas en ciberseguridad, inteligencia artificial, procesamiento de datos y 5G. Huawei lleva más de 20 años en Argentina y siempre se ha enfocado en la generación de talentos, porque por más que esté la tecnología, si no se sabe cómo emplearla, no sirve de nada”.

Redacción

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Indignación por una militante que usó a su pequeña hija como “escudo humano” durante las protestas en el Congreso

La tarde del miércoles se vivió una situación de extrema tensión en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la protesta semanal de jubilados. En medio de incidentes, un grupo de militantes kirchneristas y de izquierda agredió a un cronista y a un camarógrafo de la señal LN+ mientras realizaban la cobertura de la marcha.

Al mismo tiempo, las cámaras registraron el momento en que una mujer llevó a una niña equipada con antiparras y barbijo, en un contexto de inminente peligro por la posible utilización de gases lacrimógenos de parte de la policía.

El cronista Nicolás Edwin, fue increpado por un joven de remera gris que le gritó: “Son cómplices ustedes, son cómplices”. Segundos después, el mismo hombre tomó el micrófono y lanzó: “¿Esto vienen a cubrir, cómo le pegan a los jubilados?”, antes de agredir al camarógrafo. Edwin intentó recuperar su herramienta de trabajo, pero el manifestante respondió con un ademán obsceno y volvió a golpear la cámara, acusando a los periodistas de haberlo golpeado primero con el equipo.

En plena agresión, se sumó la mujer que llevaba a una niña del brazo. La menor, con antiparras y barbijo, quedó en el foco de la polémica por estar expuesta a una situación de violencia en la que se aplicaría, según las fuerzas de seguridad, un protocolo antipiquetes para disuadir el corte de la Avenida Rivadavia. Entre insultos y gestos ofensivos, el cronista continuó intentando obtener testimonios más alejados del tumulto. Finalmente, un jubilado se acercó y expresó: “Les agradezco a ustedes que han venido y disculpen que hay algunos que no los entienden a ustedes, y nosotros los entendemos porque están siempre con nosotros”.

El periodista relató luego: “Este es el tercer año en la calle y nunca me pasó algo así”, en referencia a la agresión que padeció junto a su equipo. La protesta concluyó con dos detenidos y dos policías heridos, uno con fractura de tobillo y otro con quebradura de muñeca, según indicaron fuentes policiales. 

La utilización de menores en este tipo de protestas ya había generado alto grado de repudio en redes. El 19 de diciembre de 2023, el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, reconoció durante una entrevista radial con Alejandro Fantino que llevan niños a las marchas para evitar desalojos violentos. 

Fantino planteó: “Si se te viene la caballería encima y estás con los chicos, corren riesgo no solo tu vida sino la vida de un chiquito”, a lo que Solano respondió: “¿Sabés cómo se soluciona eso? Que no vaya la caballería”. El conductor sugirió: “O que no lleven a los chicos a la marcha”, frente a lo cual el piquetero contestó: “¿Para que nos caguen a palos?”.

Redacción

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Productores pampeanos exigen soluciones a Ziliotto y denuncian el cobro indebido de impuestos y el mal estado de los caminos

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó, ayer jueves, su disconformidad con las políticas del gobierno provincial de La Pampa en relación con la emergencia agropecuaria, la infraestructura vial y el cobro de impuestos. Los ruralistas señalaron que la gestión de la emergencia no resolvió los problemas en tiempo ni forma, lo que derivó en la desaparición de productores, sobre todo en zonas desfavorables. “Sobre la emergencia, no se solucionan los problemas de los afectados ni en tiempo ni en forma, y resultado de ello es la desaparición de productores principalmente de las zonas desfavorables; el reclamo es continuo y la desesperación en los asociados que ven como se les va su empresa”, indicaron.

Los productores advirtieron que “urge buscar alternativas superadoras que aproximen las soluciones necesarias y no sirve ‘posponer’ el pago de impuestos, ya que tarde o temprano se paga con ‘cero’ producción”. También consideraron insuficientes las medidas de alivio que se implementaron, al afirmar: “No sirven por ejemplo ‘5000 kg’ de maíz por productor para 100 o 200 vacas, no sirve un préstamo subsidiado al 25% anual, si se tiene ‘cero’ producción”.

– Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP

En materia de infraestructura, señalaron que los caminos rurales se volvieron intransitables pese a la existencia de un fondo específico para su conservación creado por la Ley provincial 2358, que se financió mediante el impuesto inmobiliario. “No da resultado, ya que los caminos son intransitables, aun con saldos contables disponibles en las cuentas asignadas a tal efecto. Es por ello que desde CARBAP consideramos que se debe dejar de cobrar dicho fondo”, aseguraron. Además, ofrecieron colaborar en la búsqueda de soluciones: “Hay alternativas posibles para la mantención y/o funcionamiento de los caminos vecinales que funcionan en otras provincias, e inclusive en otros países donde los caminos vecinales son perfectamente transitables. Para ello, nos ofrecemos a consensuar alternativas, con el propósito de poder solucionar dicho problema”.

En cuanto al sistema impositivo, CARBAP denunció que La Pampa siguió cobrando impuestos, como las llamadas “Guías de Traslado”. “Estamos en un total desacuerdo con la existencia de las ‘Guías de Traslado’, basadas en ley nacional 23939 y ley provincial 1601, llamadas de otra manera para disimular un impuesto que no puede cobrarse y que a nuestro modesto entender es inconstitucional (art 10 y 11 de nuestra constitución nacional)”, afirmaron. Sostuvieron que dicha figura careció de contraprestación y solo buscó “recaudar para derivar fondos a cuestiones políticas que en nada mejoran el bienestar general de la sociedad”.

– El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto

Por otro lado, el 27 de diciembre de 2024, la entidad también difundió un comunicado para llamar la atención de los intendentes del interior de Buenos Aires y La Pampa. Allí se manifestó una “enérgica preocupación por el aumento desmedido de las tasas municipales” que, en algunos casos, superó el 200%. Según los ruralistas, dichos incrementos resultaron injustificados y no se tradujeron en mejores servicios, tal como ocurre con la red vial. “Les solicitamos con urgencia que junto a los concejales de todos los espacios políticos, revean los aumentos de tasas previstos en las ordenanzas fiscales e impositivas para el año 2025. No pueden seguir adelante con políticas fiscales que solo agravan la crisis”, señalaron. Asimismo, pidieron priorizar “la reducción drástica del gasto público con mejora en la eficiencia de la gestión municipal”.

Los planteamientos de CARBAP provinieron de un “constante reclamo” de los productores, quienes aseguraron que la ausencia de soluciones eficaces puso en riesgo la continuidad de muchas empresas agropecuarias. Pese a la reciente rebaja de derechos de exportación a nivel nacional —vigente hasta el próximo 30 de junio—, desde la Confederación remarcaron que en La Pampa todavía faltaron políticas que atendieran en profundidad la emergencia agropecuaria, el estado de los caminos y el cobro de impuestos que consideran injustos. Concluyeron que estos factores impactaron seriamente en la rentabilidad y subsistencia del sector.

Redacción

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Waldo Wolff impulsa un proyecto para endurecer las penas contra los trapitos

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, confirmó este jueves que el gobierno presentará en marzo un proyecto para endurecer las penas contra los cuidacoches, más conocidos como “trapitos”, tras el brutal ataque a un médico en el barrio de Flores. La iniciativa busca modificar la legislación actual, que solo considera esta actividad como una contravención, y permitir la detención efectiva de los infractores.  

La decisión se tomó luego de episodios recientes de violencia, entre los que destacó el caso del médico golpeado con una madera por negarse a pagar $5000 por el estacionamiento. El agresor, actualmente detenido, fue uno de los 600 “trapitos” arrestados durante enero, aunque todos fueron liberados debido a que la normativa vigente no permite retenciones prolongadas sin agresiones comprobadas.  

“Tenemos un problema legislativo porque hoy es una contravención y ni siquiera va detenida la persona”, explicó Wolff. Según detalló, la ley actual establece penas de uno a dos días de trabajo comunitario o multas de alrededor de $30.000, que “nunca se cobran”. El ministro subrayó que, sin cambios en el Código Penal, la policía “no puede hacer más” y pidió que los legisladores nacionales avancen con el proyecto de reiterancia delictiva, que busca evitar la “puerta giratoria” judicial.  

Wolff criticó la falta de avances en el tratamiento de la reiterancia a nivel nacional, clave para endurecer las consecuencias ante reincidencias. “Si no cambiamos la legislación, la policía más no puede hacer”, afirmó. El proyecto nacional propone considerar reincidente a quien haya recibido dos o más condenas firmes a penas privativas de libertad, excluyendo delitos amnistiados o cometidos por menores de 18 años. Además, establece que las condenas en el extranjero serán válidas si el delito amerita extradición.  

La víctima del ataque en Flores, cuyo caso impulsó la medida, relató que sigue “conmocionado” por lo ocurrido. “Estoy para ayudar a la gente, y estar implicado en una situación en la que te tenés que agarrar a trompadas para salvarte la vida es una locura”, declaró. Narró que, al estacionar, el “trapito” le exigió dinero y, al no tener efectivo, el sujeto lo amenazó: “Si no, te rompo todo, te mato”. Tras intentar calmarlo, el médico recibió un golpe en la cara con una tabla, lo que le provocó lesiones en la boca y la pera.  

Wolff mencionó que, en eventos masivos, los “trapitos” detenidos son llevados a un “corralito” temporal, pero deben ser liberados por orden fiscal. La propuesta porteña, coordinada con el jefe de gobierno Jorge Macri, apunta a que estos casos deriven en prisión efectiva. El ministro insistió en que “quienes están en el ámbito legislativo deben darle herramientas a la policía y fiscales” para evitar más episodios violentos.

Redacción

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