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El intendente de La Plata, Julio Garro, supervisó la instalación de nuevos dispositivos en Los Hornos. “Trabajamos en brindarles soluciones concretas a los vecinos”, sostuvo. Las cámaras de vigilancia captan imágenes que serán visualizadas en vivo por integrantes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), quiénes cuentan con comunicación directa al 911 para solicitar la intervención de la Policía, Bomberos, Protección Civil o el SAME las 24 horas.
“La seguridad es un tema que nos preocupa y nos importa, por eso trabajamos en brindarles soluciones concretas a los vecinos”, expresó Garro. Y agregó: “Cada una de estas cámaras, son monitoreadas las 24 horas desde el COM, un sitio modelo en el país que inauguramos en 2018 y nos permite actuar ante una emergencia“.
Son más de 1200 artefactos los que se reparten en los distintos barrios de La Plata
Según informaron al respecto desde la Comuna, los aparatos poseen visión tanto diurna como nocturna en alta resolución y admiten un amplio rango dinámico, lo que proporciona grabaciones eficientes aún frente a condiciones de luz adversas.
Hasta el momento, son más de 1200 los artefactos que ya funcionan en el Casco Urbano, Villa Elvira, Abasto, Arturo Seguí, City Bell, El Peligro, Etcheverry, Gonnet, Gorina, Hernández, Los Hornos, Romero, Olmos, Ringuelet, San Carlos, Sicardi/Villa Garibaldi, Tolosa, Villa Castells y más barrios del Partido.
El intendente Julio Garro supervisó las labores en el barrio Los Hornos
La instalación de cámaras de seguridad se enmarca en la red integral de prevención inteligente y lucha contra el delito que lleva adelante la Municipalidad, que incluye también la incorporación de nuevos móviles en las calles, la incorporación de luces LED en espacios públicos y la construcción de casetas de seguridad en plazas y parques.
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La tarde del miércoles se vivió una situación de extrema tensión en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la protesta semanal de jubilados. En medio de incidentes, un grupo de militantes kirchneristas y de izquierda agredió a un cronista y a un camarógrafo de la señal LN+ mientras realizaban la cobertura de la marcha.
Al mismo tiempo, las cámaras registraron el momento en que una mujer llevó a una niña equipada con antiparras y barbijo, en un contexto de inminente peligro por la posible utilización de gases lacrimógenos de parte de la policía.
El cronista Nicolás Edwin, fue increpado por un joven de remera gris que le gritó: “Son cómplices ustedes, son cómplices”. Segundos después, el mismo hombre tomó el micrófono y lanzó: “¿Esto vienen a cubrir, cómo le pegan a los jubilados?”, antes de agredir al camarógrafo. Edwin intentó recuperar su herramienta de trabajo, pero el manifestante respondió con un ademán obsceno y volvió a golpear la cámara, acusando a los periodistas de haberlo golpeado primero con el equipo.
En plena agresión, se sumó la mujer que llevaba a una niña del brazo. La menor, con antiparras y barbijo, quedó en el foco de la polémica por estar expuesta a una situación de violencia en la que se aplicaría, según las fuerzas de seguridad, un protocolo antipiquetes para disuadir el corte de la Avenida Rivadavia. Entre insultos y gestos ofensivos, el cronista continuó intentando obtener testimonios más alejados del tumulto. Finalmente, un jubilado se acercó y expresó: “Les agradezco a ustedes que han venido y disculpen que hay algunos que no los entienden a ustedes, y nosotros los entendemos porque están siempre con nosotros”.
El periodista relató luego: “Este es el tercer año en la calle y nunca me pasó algo así”, en referencia a la agresión que padeció junto a su equipo. La protesta concluyó con dos detenidos y dos policías heridos, uno con fractura de tobillo y otro con quebradura de muñeca, según indicaron fuentes policiales.
La utilización de menores en este tipo de protestas ya había generado alto grado de repudio en redes. El 19 de diciembre de 2023, el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, reconoció durante una entrevista radial con Alejandro Fantino que llevan niños a las marchas para evitar desalojos violentos.
Fantino planteó: “Si se te viene la caballería encima y estás con los chicos, corren riesgo no solo tu vida sino la vida de un chiquito”, a lo que Solano respondió: “¿Sabés cómo se soluciona eso? Que no vaya la caballería”. El conductor sugirió: “O que no lleven a los chicos a la marcha”, frente a lo cual el piquetero contestó: “¿Para que nos caguen a palos?”.
El municipio de General José de San Martín, en la provincia del Chaco, se encontró en el centro de la polémica tras la instauración de un sistema de cobro ilegal para el ingreso de mercadería. Comerciantes y especialistas en derecho tributario denunciaron que el intendente Mauro Leiva creó una “aduana paralela”, donde exigió el pago de 56 mil pesos por vehículo y 76 mil pesos si incluía acoplado. Estos montos se abonaron sin recibir facturas ni recibos formales, y quienes se negaron a pagarlos quedaron imposibilitados de ingresar con sus cargas.
Abogados especializados en derecho constitucional advirtieron que la medida contradijo la Carta Magna argentina, que prohíbe aduanas internas entre jurisdicciones. “Una medida de esta naturaleza viola la constitución nacional y configura un delito que debe ser investigado de inmediato por la Justicia”, explicó un abogado representante de los comerciantes afectados.
La situación de Leiva se tornó aún más controversial debido a antecedentes judiciales. Meses atrás, la Justicia archivó una causa en su contra por un siniestro vial en el que falleció un joven motociclista de veinte años. El hecho ocurrió en la ruta nacional 11, a la altura del kilómetro 1014. Las pericias concluyeron que Leiva conducía a alta velocidad y por el carril contrario, pero el caso no avanzó de forma significativa. “Me sorprendió la rapidez con la que se desestimaron las apelaciones y la causa quedó cerrada. Como profesional del derecho, considero que el tratamiento de este caso fue, cuanto menos, irregular”, sostuvo el abogado Justo Mencía, quien representó a la familia de la víctima.
Otro de los proyectos inconclusos de la gestión de Leiva fue la nueva terminal de ómnibus de la ciudad, que permaneció inactiva pese a superar el 95 por ciento de avance. La obra, inaugurada simbólicamente en abril de 2023, no operó por falta de infraestructura básica.
A la polémica de la “aduana paralela” se sumaron graves denuncias contra el director del hospital Félix A. Pertile, José Luis Aguilera. Vecinos y pacientes aseguraron que Aguilera cobró 50 mil pesos para permitir el uso de la ambulancia en casos de urgencia. “Cualquier persona que tenga una emergencia debe pedir permiso a la unidad sanitaria para mover la ambulancia del hospital y pagar en el momento 50 mil pesos para el traslado”, denunció una de las víctimas.
A la crisis sanitaria se suma una situación alarmante relacionada con la salud mental. Una familia de General José de San Martín ha solicitado reiteradamente que su hijo, quien sufre problemas de adicción y ha cometido numerosos robos en la ciudad, sea trasladado a una clínica psiquiátrica para su internación. Sin embargo, el director Aguilera se niega a derivarlo, argumentando falta de combustible para la ambulancia.
La atención médica en General José de San Martín también enfrentó deficiencias por falta de profesionales, insumos y turnos. No hubo pediatra ni médico clínico, y los pacientes debieron esperar desde la noche anterior para conseguir cupos que en muchos casos no alcanzaron. Además, la situación de un joven con adicciones complicó aún más el panorama: la familia pidió reiteradas veces su internación psiquiátrica, pero el director del hospital se negó a derivarlo alegando falta de combustible en la ambulancia. El joven, detenido en varias oportunidades por cometer robos, presentó un documento del Hospital Pertile que certificó su estado mental, lo que propició su liberación inmediata.
La Comisión Nacional de Monumentos aprobó sin modificaciones, el 6 de enero, el proyecto que propuso demoler parcialmente y ampliar el estadio Luna Park, declarado Monumento Histórico Nacional en 2007. La iniciativa fue impulsada por el Arzobispado de Buenos Aires y el empresario Diego Finkelstein, quien controla el recinto a través de DF Entertainment, en el marco de una concesión de 40 años. El plan incluyó elevar la capacidad de 8.400 a 13.000 espectadores —o incluso 14.030, según una carta de intención— y generó controversia debido a que la normativa vigente prohíbe modificaciones estructurales en bienes protegidos.
La resolución se firmó en apenas dos meses, un plazo inusualmente corto para este tipo de trámites y en pleno receso de verano. Organizaciones como la Fundación Ciudad y Basta de Demoler denunciaron la falta de transparencia del proceso y solicitaron sin éxito acceso a la documentación oficial. Según dichas entidades, la modernización del estadio sería posible sin transgredir la normativa patrimonial.
El proceso estuvo encabezado por Mónica Capano, presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, y por el vocal Juan Vacas, quien además se desempeñó como subsecretario de Paisaje Urbano en el gobierno de Jorge Macri. Este doble rol llamó la atención, especialmente porque la administración porteña había rechazado inicialmente la viabilidad de las reformas. Finkelstein, por su parte, pagó un millón de dólares al Arzobispado al asumir la gestión del estadio y debe abonar un canon anual del mismo monto.
La historia del Luna Park tomó un giro decisivo en 2013, cuando, tras la muerte de Ernestina Devecchi —viuda de Tito Lectoure—, el estadio pasó a manos de la Iglesia Católica al quedar como única heredera. El 23 de octubre pasado, la sociedad propietaria del recinto, Stadium Luna Park SA, firmó una carta de intención para concesionar el estadio por 20 años, con posibilidad de prórroga por otros 20, a Live Nation Entertainment y DF Entertainment. El acuerdo contempló la construcción de un edificio independiente dentro del perímetro actual y la elevación del techo en cuatro metros para alojar nuevas gradas. También consideró la restauración de fachadas y la reconfiguración de los accesos, lo que generó reparos por la posible alteración de las icónicas entradas del estadio.
El Luna Park ocupó un lugar central en la cultura argentina: allí fue velado Carlos Gardel, se realizó el mayor acto nazi en Latinoamérica, se conocieron Juan Domingo y Eva Perón, se disputaron históricas peleas de boxeo y se llevaron a cabo recitales memorables. Además, albergó el último acto político de Néstor Kirchner y la presentación del último libro de Javier Milei. Pese a su protección patrimonial, la Comisión Nacional de Monumentos avaló avanzar con las modificaciones, y ahora la última palabra recayó en el Gobierno de la Ciudad y en el papa Francisco, ya que el recinto pertenece a la Iglesia Católica.
Este lunes 10 de marzo, en la ciudad de Colón, se llevó a cabo una reunión de trabajo encabezada por el intendente local, José LuisWalser, en su carácter de presidente de la Mancomunidad “Tierra de Palmares”, y por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. El tema central fue el pedido de relocalización de una planta de e-combustibles que proyectaban instalar en Paysandú, frente a la costa colonense.
Del encuentro surgió un Comunicado Oficial con el apoyo de todos los participantes, dirigido al gobernador Rogelio Frigerio, para que tomara posición al respecto y continuara con las gestiones ante Cancillería. Walser afirmó ante los presentes: “El gobernador ya avanzó con Cancillería en la posibilidad de pedir la relocalización de este emprendimiento”. Agregó que “para Colón es un sacudón importante la posibilidad de esta instalación y lo debe ser para la microrregión, sin lugar a dudas. Estamos con la guardia alta y tenemos en claro lo que queremos”.
Al tomar la palabra, el presidente municipal de Colón declaró: “Entendemos que esta es una amenaza para nuestra principal industria que es el turismo, pudiendo perjudicar nuestro desarrollo”. Por su parte, Gustavo Hein señaló: “Nunca estaríamos en contra de una inversión privada, pero sí estamos a favor de que esto sea en consulta”. El presidente de la Cámara de Diputados también afirmó que “el gobernador avala y acompaña la consulta popular respecto a una relocalización. Fue claro en que esto no puede demorarse. Se están haciendo gestiones frente a Cancillería; lo que viene hacia adelante son acciones directas”. Y concluyó: “El impacto ambiental y visual está de manifiesto, es un tema que hace meses se viene hablando y si lo dejamos avanza. Tiene que haber normas, una cierta estructura que contemple el no avasallamiento sobre la margen del río”.
También estuvieron presentes representantes del Parque Nacional El Palmar, Cecom Colón, AHGA, guías de Turismo, Coprotuer, Termas Colón, Molino Aventura, la Asociación de Cabañeros, la Escuela Normal de Colón, la Multisectorial Somos Ambiente, profesionales de turismo, vecinos de la región y otros actores vinculados a la actividad turística. Todos manifestaron su respaldo a la solicitud de relocalizar la planta de e-combustibles y pidieron al gobernador Frigerio que acompañara la medida y reforzara las presentaciones ante los organismos nacionales competentes.
Efectivos de Gendarmería Nacional en la localidad formoseña de Las Lomitas organizaron el último sábado una venta de pollos para paliar la “falta de provisión de insumos” que, según denunciaron, dificultó su labor cotidiana. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Pileta del Camping de Gendarmería Nacional sobre la Ruta 81, casi Ruta 28 y tuvo como fin recaudar fondos destinados a la compra de artículos de limpieza, pintura, arreglo de oficinas y combustible para los vehículos de la fuerza.
“GENDARMERÍA ORGANIZA VENTA DE POLLOS PARA CUBRIR FALTA DE INSUMOS”, se tituló el comunicado difundido por los agentes, donde explicaron: “Debido a la Falta de Provisión de Insumos que desde hace un tiempo viene sufriendo la Gendarmería Nacional, Personal del Escuadrón de dicha Localidad, organizó para este Sábado venta de pollos para juntar dinero que será destinado a la compra de Suministros”. Los organizadores afirmaron que sus salarios fueron “fuertemente golpeados por la inflación” y que, en muchos casos, no superaron los 780.000 pesos.
La situación salarial de los gendarmes incluyó un aumento del 5% en el primer trimestre, otorgado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, pero lo consideraron insuficiente.“La situación es insostenible”, remarcaron los efectivos, quienes también advirtieron que Patricia Bullrich no envió los elementos suficientes para combatir el delito en la región y que “muchos gendarmes están dejando la fuerza porque no pueden sostenerse con sus ingresos”.
A inicios de febrero, familiares de suboficiales de la Gendarmería Nacional anticiparon una protesta por los bajos salarios, la imposibilidad de cubrir gastos básicos y la falta de cumplimiento de otros derechos laborales. “La situación es insostenible. Queremos visibilizar lo que está ocurriendo y pedir soluciones”, señalaron los gendarmes. Además, exigieron no trabajar más de 48 horas semanales y recibir suplementos por tareas de seguridad en puntos calientes de Rosario y Buenos Aires.
Los familiares informaron que la protesta se realizaría el 25 de febrero frente a comandos regionales de la fuerza, aunque aún no indicaron si las medidas de fuerza continuarían tras el incremento salarial anunciado por el Gobierno. Según los organizadores, su reclamo por una mejora en las condiciones laborales y salariales seguirá vigente hasta recibir respuestas concretas de las autoridades competentes.
La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, cuestionó al diputado radical Facundo Manes durante la asamblea legislativa del sábado y afirmó que, en la profesión médica, “estaba mal visto por vendehumo”.Sus declaraciones provocaron un fuerte rechazo en la Unión Cívica Radical (UCR), particularmente de parte del diputado Julio Cobos, quien sostuvo que Casado “se equivocó profundamente”.
Casado, médica de profesión, reemplazó ese día al gobernador Alfredo Cornejo en el recinto. Tras presenciar el discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei, criticó el comportamiento de Manes: “Lo que vi en el Congreso, todo el tiempo interrumpiendo al Presidente y bravuconeando. No me pareció una buena postura”. Luego añadió: “Yo lo conocía como un profesional de la salud y en el ámbito médico (Manes) estaba mal visto por vendehumo”.
La vicegobernadora también minimizó el cruce que involucró a Manes y a Santiago Caputo, asesor presidencial: “No hay que derrochar tinta en una pelea entre dos ‘machitos’, una discusión entre dos hombres como si estuviesen en la tribuna”. Elogió, además, el rol de Caputo y aseguró que “le sumó muchísimo a Milei”.
La respuesta en defensa de Manes llegó rápidamente de la mano de Cobos, quien escribió en sus redes sociales: “No se trata de la profesionalidad del médico @ManesF, se trata de un diputado nacional de la Argentina patoteado en el Congreso por un importante representante del gobierno. Es inaceptable y condenable, aunque usted no lo entienda así”. Luego criticó con dureza a Caputo al sostener que “tienen una concepción obscena de impunidad del poder” y pidió a Casado que no avale tal postura, recordándole que representa “una institución fundamental para Mendoza” e integra “un gobierno radical”.
En sintonía con Cobos, los diputados radicales mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri respaldaron a Manes al adherir al comunicado del bloque de la UCR, que calificó lo sucedido como “un atropello” que “no puede quedar sin responsables”. El texto alertó sobre “descalificaciones” durante el discurso y “agresiones” cuando Manes se retiraba del recinto.
Por su parte, Milei se refirió al incidente y aseguró: “Manes miente deliberadamente: dijo que le pegaron dos trompadas y fueron dos palmaditas en el pecho. Me sorprendió que le den tanta entidad a una cosa tan marginal”. Al mismo tiempo, Casado se mostró alineada con la postura presidencial y afirmó: “Lo que se vio fue la pelea final con (Santiago) Caputo, pero Manes estuvo todo el tiempo enfrentando al presidente”.
– El cruce entre Caputo y Manes
La vicegobernadora también habló de diferencias internas dentro del radicalismo y describió a un sector de la Capital Federal, encabezado por Martín Lousteau, como un “radicalismo kirchnerizado”, mientras que señaló al radicalismo del interior como “más de acuerdo con las medidas de Milei”. Además, deslizó una crítica hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene un distanciamiento con Milei pese a pertenecer al mismo espacio: “El problema de los vice es que aspiran a ser el número uno”.
Casado lamentó, además, la decisión de varios legisladores de no asistir al Congreso durante el discurso inaugural: “Fue chocante ver la mitad del recinto vacío. No apruebo el no ir. Es casi una obligación de los legisladores escuchar la asamblea que es para ellos”.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
En el año 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por…
