La oposición intenta rearmarse en Necochea para desterrar al Frente de Todos

El espacio opositor local de Necochea se encuentra en pleno armado, más allá de los "Halcones" y "Palomas".
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La disputa por la lapicera de Juntos en Necochea no da tregua. Convencidos de que la casi hiperinflación, la inseguridad en aumento y la bronca de una parte importante de la ciudadanía al reparto indiscriminado de planes sociales, les abrirá la puerta a una victoria electoral, una horda de candidatos se pisan los callos para ponerse en primera fila.

Hoy ya no se habla de unidad (salvo en la UCR, pero es parte del discurso ancestral de los boina blanca y nadie lo tiene en cuenta) y cada sector intenta posicionarse frente a un electorado que ya no come vidrio y está harto de las artimañas de campaña de los candidatos, que se las ven en figuritas para hablarle a gente que no los quiere escuchar y convencer a quienes ya no les creen nada.

El intendente de Necochea, Arturo Rojas.
El intendente de Necochea, Arturo Rojas.

Desde la estrategia del UCR de poner una “cabeza de turco” al frente para armar a su antojo la lista de candidatos a concejales, a la postulación de Martín Migueles, que se vende como nacido del repollo cuando tiene un historial altamente cuestionable sobre su espalda. Juntos afronta el desafío de reinventarse para ganar terreno en Necochea o quedar rezagado en la oferta electoral como una fuerza testimonial.

Los postulantes para desbancar a Rojas

Alberto Esnaola, el monje negro del radicalismo, sorprendió a sus correligionarios con un titular que hizo temblar los cimientos del Comité Emiliano Abásolo: el elegido por los patriarcas es el comerciante quequenense que tuvo un paso mediocre por la secretaría del Concejo Deliberante y al que se recuerda según los dichos de ediles y secretarios de los diferentes bloques como “poco hábil para el trabajo”.

El reconocido abogado Martín Migueles.
El reconocido abogado Martín Migueles.

Un viejo radical (por militancia más que por edad) afirma que Esnaola y sus adláteres están convencidos de que más allá de que Juntos logre una buena performance electoral a nivel nacional y provincial, en Necochea va a ser muy difícil ganarle al intendente Arturo Rojas. Por lo que ponen un candidato extrapartidario, manejable y sin un entorno fuerte, para dar “sensación de coalición ” y de esa manera quedarse con el sello opositor y no compartir ni repartir lugares en la lista de precandidatos a concejales.

Sin embargo, aunque en la cabeza de los ideólogos el plan no tenía fallas, hay radicales que no aceptan que un extrapartidario encabece la lista. Uno de los primeros en saltar fue el abogado Damian Unibaso que lanzado de lleno aspira a “a ser precandidato con un partido unido y una interna lo más sana posible”.

El concejal de la Unión Cívica Radical, Alberto Esnaola.
El concejal de la Unión Cívica Radical, Alberto Esnaola.

“La rosca” de Necochea

Los compañeros de ruta de la ex concejal Marcela Fernández Palma la miran de reojo y con bastante suspicacia. La rubia hizo historia en el 2015 cuando encabezando la lista de concejales del PRO, salió a hacer campaña en contra de Leonardo Ruggiero, su precandidato a intendente.

Despechada al ser desplazada, Fernández Palma reconoció en su momento que “nos obligaron a unificar las listas” y se convirtió en la principal detractora de la lista que la llevó a ocupar una banca en el Concejo Deliberante durante 4 años. Actualmente se referencia en Patricia Bullrich y afirma ser quien le está armando la Quinta Sección Electoral. Junto a Matías Ferrazzini buscan “conseguir la Intendencia o al menos lograr sentar concejales”.

La ex edil de Propuesta Republicana, Marcela Fernández Palma.
La ex edil de Propuesta Republicana, Marcela Fernández Palma.

¿En qué queda todo?

Martín Migueles, ex concejal y anterior presidente de la Usina que aunque proclama transparencia y eficiencia a la hora de utilizar los recursos del Estado, cuando estuvo al frente de la cooperativa todavía no había aprendido la lección. La realidad es que nadie resiste un archivo y el nuevo “Golden Boy” de la política local no es la excepción.

El ex concejal formó parte del semillero político del fallecido líder sindical Gerónimo Venegas. Fue titular de la cooperativa eléctrica, la Usina para los necochenses, a la que casi fundió y fue además uno de los presidentes con mayor conflictividad gremial ligada mayoritariamente al nombramiento de personal por fuera de la bolsa de trabajo del gremio de Luz y fuerza, pero como la memoria es flaca cuando conviene ningún antecedente cuenta a la hora de amontonarse para rasguñar un voto, no tiene inconvenientes a la hora de sumar socios.

La precandidata presidencial Patricia Bullrich y el titular del Club Náutico de Necochea, Matías Ferrazzini.
La precandidata presidencial Patricia Bullrich y el titular del Club Náutico de Necochea, Matías Ferrazzini.

La gran danza de nombres

En su paso por la presidencia del Concejo Deliberante, Hernán Trigo Gutiérrez, marcó impronta. Fue uno de los titulares más activos y su participación no se limitó a dirigir las sesiones. Este es autor de una ordenanza que tiene como objeto capacitar a los ediles electos para evitar las burradas a las que nos tienen acostumbrados y durante la pandemia por Covid-19 decretó el estado de sesión permanente.

También fue un asiduo visitante al interior del distrito, algo que todos prometen en campaña y ninguno se acuerda de cumplir. Cercano a la precandidata a Presidente, Patricia Bullrich, Trigo aprovechó la visita de esta última a Mar del Plata para compartir charlas y proyectos.

El presidente del Concejo Deliberante de Necochea, Hernán Trigo Gutiérrez.
El presidente del Concejo Deliberante de Necochea, Hernán Trigo Gutiérrez.

Todo indica que el ex concejal tiene el visto bueno de Bullrich y en los próximos días se estaría realizando su presentación como candidato formal del espacio junto a un equipo de asesores y profesionales de diferentes áreas de los que saldrían candidatos a concejales y futuros funcionarios.

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Entre Ríos: Rogelio Frigerio saca lustre al legado desarrollista y propone una ley de infraestructura

Rogelio Frigerio aprovechó un encuentro del Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) para anunciar un proyecto de Ley de Infraestructura Provincial para Entre Ríos. El gobernador habló de “una verdadera política de Estado” para que las obras “no dependan más de la discrecionalidad de un gobierno”.

En la presentación, explicó que se trata de una iniciativa que busca institucionalizar la planificación a largo plazo de la obra pública para que sea producto de una estrategia consensuada entre todos los ámbitos de la política local “para las próximas décadas”.

La iniciativa busca dar un mensaje a dos bandas. Por un lado, para que los gobiernos que se sucedan, aun siendo de distinto palo, tengan una continuidad de objetivos. Por el otro, para dar un marco de tranquilidad al empresariado del sector respecto de los proyectos, de los que además participarán en la elegibilidad de acuerdo a parámetros objetivos.

¿Qué dicen en el gobierno de la Ley de Infraestructura para Entre Ríos?

En la Casa Gris se encargan de subrayar el diálogo entre sectores. El público con el privado, representado por los empresarios, pero también la relación con los obreros de la construcción, que fue vital al comienzo de la gestión cuando suspendieron la obra pública hasta ordenar los pagos pendientes y poder recomenzar.

Por indicación de Frigerio, los funcionarios repiten como un mantra las palabras “orden, transparencia, planificación y diálogo”, y tratan de ejecutarlas. Así, al menos en las formas y embanderándose con la obra pública y la importancia de la infraestructura, se permiten, sin hacer alardes, marcar sutiles diferencias con sus socios electorales de La Libertad Avanza.

Un funcionario que pasa el día en la sede del gobierno explicó que con la Ley de Infraestructura la priorización de obras se hará por capas. Cada una de estas capas se ponderará distinto. La infraestructura en sí será una. La importancia en cuanto a su impacto en las cadenas productivas, otra. La relevancia económica en el turismo es otro ejemplo, al igual que otros ítems. En el ministerio de Obras analizan que con estos criterios objetivos se tomarán decisiones menos arbitrarias.

De qué trata la ley de infraestructura de Rogelio Frigerio

La ley, que está en estado de borrador antes de ser elevada a la Legislatura, propone crear la primera cartera unificada de proyectos de infraestructura provincial. Busca que esa cartera sea elaborada junto con la delegación local de Camarco y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y que ingrese al Banco Federal de Proyectos de ese organismo.

En el frigerismo se entusiasman y claman que será una ley que trascenderá gobiernos y que asegurará “que las obras de hoy no dependan del humor de un funcionario”.

¿Cómo financiar las obras?

La administración explica que gestiona financiamiento ante organismos de crédito multilaterales con avales del gobierno. Dicen que no es solo para aumentar la capacidad de ejecución, sino para impulsar a partir del año que viene un plan de rehabilitación de infraestructura vial.

Cuentan que ya avanzaron con la Corporación Andina de Fomento (CAF), con el Banco Centroamericano de Inversión y Desarrollo y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por unos 300 millones de dólares. Además de los acuerdos con el CFI.

Relacionado a lo financiero, el gobierno asegura que implementó un nuevo sistema de redeterminación de precios, para lo que tomó aportes del sector de la construcción y avanzó en un esquema en el que los certificados de obra “se pagan en tiempo y forma y sin intereses”.

¿En qué obras están pensando?

110 proyectos están en contemplación en áreas como vialidad y logística; obras portuarias y ferroviarias; de energía; de gestión hídrica y riego; saneamiento y agua potable; y educación y seguridad.

Entre los ejemplos que se destacan en un informe del gobierno entrerriano, se cuentan el Puente Paraná – Santa Fe; la doble vía para el puente que une Victoria con Rosario; el corredor Bioceánico Sur; la ampliación del Aeropuerto de Paraná; la reconfiguración del Puerto Ibicuy; y el Acueducto del Norte Entrerriano. Además, plantas potabilizadoras y la construcción de nuevas unidades penales, escuelas técnicas y playones deportivos inclusivos.


*Fuente: Letra P

SANTA CRUZ | Vidal impulsa la restitución de un ex procurador desplazado por los Kirchner hace 30 años

El gobernador Claudio Vidal envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para restituir al ex procurador general de Justicia, Eduardo Sosa, apartado del cargo en 1995 durante la gobernación de Néstor Kirchner.

El cargo de Procurador General fue eliminado en 1995 por una ley impulsada por Kirchner, que desdobló ese puesto en dos. Desde entonces, Sosa litiga en la justicia nacional reclamando su restitución.

La Corte Suprema emitió en varias ocasiones fallos —en 1998, 2001, 2009 y 2010— ordenando que se cumpla el restablecimiento de Sosa en el cargo, pero Santa Cruz nunca los acató. Vidal sostuvo que reponer a Sosa será más que un acto simbólico: “cerrar una herida histórica de Santa Cruz”.

El proyecto fue presentado por el diputado Pedro Luxen y contempla la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial provincial para reinstalar la figura del Procurador General como jefe del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia. Además, Vidal convocó una sesión extraordinaria para tratar la iniciativa, cuya aprobación requerirá mayoría especial en la Legislatura, dado que la modificación reorganiza instituciones judiciales provinciales.

Eduardo Sosa aceptó la posibilidad de volver al cargo, siempre que pueda hacerlo en condiciones que garanticen la independencia institucional del Procurador y sin injerencias políticas. El conflicto tiene antecedentes legales: Daniel Peralta, ex gobernador, fue procesado por la Corte Suprema por incumplir mandatos judiciales de restitución.

El regreso de Eduardo Sosa al frente de la Procuración reabre un expediente que el kirchnerismo creyó enterrado. Fue desplazado en 1995 por Néstor Kirchner, entonces gobernador, en una maniobra que la Corte Suprema declaró inconstitucional tres años después. Aun así, Santa Cruz ignoró todos los fallos, protegida por la impunidad política que marcó a fuego a la provincia durante décadas.

Hoy, con Vidal al mando y una Corte que insiste en que Sosa debe volver, el gobierno santacruceño enfrenta una decisión incómoda: acatar la ley o seguir desafiando la institucionalidad. La jugada parece más un intento de despegarse del pasado K que una reparación real.

Gerardo Zamora gastó más de $3.000 millones en mesas y sillas

En Santiago del Estero, donde Gerardo Zamora maneja la provincia con mano de hierro desde hace casi dos décadas, se acaba de publicar una licitación pública que ya despierta todas las sospechas. Se trata del expediente 7/25 del ministerio de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, cuyo objeto es la adquisición de 3 mil mesas, 15 mil sillas y 2 mil camas cuchetas, por un monto estimado en 3.085 millones de pesos.

Hasta ahí, podría parecer un proceso normal. Pero como suele suceder en el zamorismo, el diablo está en los detalles:

– Un pliego inaccesible: el simple derecho a participar en la licitación cuesta 3 millones de pesos. Un monto desorbitante que funciona como la primera barrera para evitar la competencia. ¿Quién va a pagar semejante fortuna por un pliego, cuando todos saben que el contrato ya tiene dueño?

– Plazos exprés imposibles: la apertura de sobres fue fijada para el 22 de septiembre, apenas cuatro días después de la publicación oficial (con un fin de semana en el medio). En ese tiempo, una empresa debería conseguir el pliego, preparar la propuesta, reunir documentación, inscribirse en registros cerrados y diseñar la logística de entrega. Algo imposible para cualquiera, salvo para quien ya conoce de antemano cada requisito.

– Entrega en siete días: según empresarios que han participado en procesos similares, la entrega de los muebles debe realizarse en apenas una semana. Se trata de un volumen de decenas o cientos de camiones cargados de sillas, mesas y camas que deberían distribuirse en tiempo récord. Otra condición pensada para que sólo una empresa “elegida” pueda cumplir.

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– Registro de proveedores bloqueado: se exige estar inscripto en el Registro Único de Proveedores de la provincia, pero dicho registro lleva años cerrado. Empresarios que intentaron inscribirse labraron actas notariales al constatar que las oficinas les negaban el trámite, con el argumento insólito de que el cupo estaba “completo”.

– Opacidad total: el pliego completo no se publica en ningún lado. Los oferentes deben viajar hasta Santiago del Estero para solicitarlo, y aun así enfrentan demoras deliberadas en su entrega. Un mecanismo que desalienta a cualquier competidor externo.

ESQUEMA REPETIDO

Nada de esto es nuevo. En Santiago del Estero, el monopolio de las licitaciones de mobiliario escolar, hospitalario y de viviendas sociales tiene nombre y apellido: Stilnovo Equipamiento, la empresa santiagueña de Domingo Serrano que desde hace más de quince años se lleva todos los contratos millonarios de la provincia.

El modus operandi es siempre el mismo: licitaciones convocadas con poca anticipación, plazos de entrega imposibles, pliegos caros e inaccesibles, registros cerrados y competidores “fantasma” que nunca cumplen los requisitos. La firma Stilnovo es siempre la única oferente válida, y sus propuestas coinciden sospechosamente al centavo con los presupuestos oficiales.

En julio de 2024, la misma empresa se quedó con un contrato por 3.085 millones de pesos para equipar viviendas sociales. En agosto de ese año, obtuvo otro por 1.208 millones para mobiliario hospitalario. En ambos casos, la “competencia” fue una firma llamada Offinet SRL, cuyo titular figura en los registros como empleado de la propia StilnovoComo era de esperarse, fue descalificada por “errores básicos”.

Las irregularidades son tan burdas que hasta los precios resultan escandalosos: un armario que en Neuquén se adquiere a 250 mil pesos, en Santiago del Estero fue comprado a 950 mil, casi cuatro veces más. El sobreprecio es la verdadera matriz del negocio.

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LA COMPLICIDAD DEL PODER

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Lo más grave es que nada de esto sería posible sin la complicidad del propio gobierno de Gerardo Zamora. Ningún organismo de control —ni el Tribunal de Cuentas, ni la fiscalía de Estado, ni las asesorías legales de los ministerios— ha objetado jamás estas maniobras. Por el contrario, todos los decretos de adjudicación llevan la firma del gobernador y de sus ministros de confianza.

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Lejos de velar por la transparencia y la competencia, el zamorismo convirtió a la licitación pública en una parodia. Los empresarios locales lo saben bien: participar es una pérdida de tiempo, porque el resultado ya está escrito.

*Fuente: REALPOLITIK

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