“La Grieta” se trasladó a la toma de los colegios con el desembarco de Kicillof
Tanto desde Juntos por el Cambio (JxC) como del Frente de Todos (FdT) se han encargado de ingresar en el debate por las tomas.
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El conflicto que se desató en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por la protestas de los estudiantes que tomaron algunos colegios, cruzó la General Paz y se convirtió en el tema en el que, tanto de un lado como del otro de la grieta, intentaron sacar su propio rédito al manifestar su postura. Axel Kicillof no perdió la oportunidad y hasta mantuvo un encuentro con jóvenes en la Casa de Gobierno.
Está claro que desde un largo tiempo hasta esta parte, las discusiones políticas pasaron a disputarse directamente en la arena de lo ideológico y lo simbólico. Obviamente este caso no fue la excepción y a través de una serie de discursos, cada uno de los protagonistas de la historia sentó sus bases para cautivar a un electorado que todavía está disperso.
Uno de los tantos colegios tomados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
Tanto desde el Frente de Todos (FdT) como desde Juntos por el Cambio (JxC) cometen exactamente el mismo error: profundizar su núcleo duro en lugar de ampliar el espectro de votantes. Y en cada discusión como la que se presentó en estos últimos días, la secuencia se repite una y otra vez, con mensajes y acciones que solo retroalimentan esa división.
Por el lado de Kicillof, recogió el guante y criticó al Gobierno porteño, haciendo foco en Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña: “Siempre se hacen los guapos, pero con pibes de 16 años y no con los poderosos”.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof ingresó en la pelea política por la toma de colegios
Lejos de mermar sus objeciones, el gobernador redobló la apuesta y afirmó en declaraciones radiales que “en la Ciudad está apareciendo la cuestión del desfinanciamiento y las dificultades en el sistema educativo, que se reflejan en la falta de prioridad que le dieron en la provincia cuando gestionó María Eugenia Vidal y en Nación con Mauricio Macri“.
Pero, además de las palabras, desde el oficialismo bonaerense buscaron ejecutar un hecho político que se enfrente a la postura de Horacio Rodríguez Larreta y compañía. Para ello, acondicionaron el Salón Dorado de la Casa de Gobierno y Kicillof mantuvo un encuentro con decenas de jóvenes pertenecientes al Consejo Consultivo de Estudiantes Secundarios.
La ministra de Educación, Soledad Acuña
La batalla no pasa solamente por lo ideológico, sino también por lo electoral. Mientras Larreta apunta a seguir cautivando un público determinado, radicalizando más sus discursos y corriéndose cada vez más a la derecha apurado por la propia interna de JxC, el ex ministro de Economía apunta a seducir a los más jóvenes que están descontentos con la política.
Un rumor que comenzó a correr
Más allá de lo estrictamente ligado a la discusión por las escuelas, un rumor que incumbe al gobernador comenzó a tomar fuerza en los últimos días. Presuntamente, con el empuje de los intendentes peronistas de la provincia, existiría la posibilidad de que Kicillof trepara hacia Nación para poder competir por la presidencia en el 2023.
La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner se encarga de decidir quiénes lideran la lista del Frente de Todos (FdT)
Ese sería uno de los motivos por los cuales el mandatario se subió a la pelea de los colegios en CABA, como una forma de emparejarse con Rodríguez Larreta, quién asoma como el principal candidato a encabezar una posible fórmula de JxC para las elecciones del próximo año. De todos modos, hay algunas cuestiones que no le terminan de cerrar al entorno del mandatario bonaerense.
Si bien el escenario virtual es una especulación y, obviamente no hay nada confirmado, las pocas expectativas que existen en el FdT de una eventual victoria a nivel nacional, le ponen un freno a este anhelo ideado por los alcaldes. Incluso, el tema de las PASO forma parte de toda esa misma rosca en la que se intenta vislumbrar la mejor atmósfera posible para el oficialismo.
Uno de los tantos colegios tomados en CABA
Naturalmente todo está supeditado a lo que decida hacer Cristina Fernández de Kirchner. En el caso de que la vicepresidenta decida jugar nuevamente, las piezas se reordenarán según la conveniencia y en ese caso Kicillof apostaría por renovar su mandato.
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Diego Santilli inauguró este miércoles en Entre Ríos sus visitas a las provincias. Llegó a Paraná, fue recibido por el gobernador Rogelio Frigerio en la Casa de Gobierno y mantuvo con él una reunión privada de alrededor de una hora y media. Luego, ambos brindaron una conferencia de prensa en el Salón de los Escudos, donde detallaron la agenda de trabajo y remarcaron la necesidad de consensos para avanzar con reformas estructurales a nivel nacional y provincial.
Frigerio explicó que en el encuentro repasaron “todos los temas de gestión conjunta”. Señaló que “vimos los problemas que restan solucionar y también las cosas positivas” y que, además, hablaron “de los asuntos nacionales que son prioritarios para el presidente Javier Milei”. El gobernador resumió el tono de la reunión al afirmar: “Estuvimos trabajando en nuestra oficina durante un tiempo largo, viendo los problemas que todavía tenemos que solucionar y también planteando las cosas positivas. Hemos expuesto que, en la medida de lo posible, vamos a ayudar a que finalmente y después de tantos años la Argentina pueda tener las reformas estructurales que viene pateando desde hace tanto tiempo”.
Al describir la agenda entrerriana, el gobernador indicó que “son los mismos que venimos trabajando y sembrando en los primeros 20 meses de gestión y que, en los últimos 30 días, empezamos a cosechar”. En ese marco, le entregó a Santilli una carpeta con el detalle de todos los reclamos que Entre Ríos tiene pendientes con la Nación y repasó junto a él ese listado durante la reunión.
El flamante ministro del Interior, por su parte, enmarcó la visita en el inicio de una ronda de encuentros con mandatarios provinciales. “Tuvimos una reunión larga porque mi tarea es escuchar a todos los gobernadores e intentar lograr una agenda común para Argentina y las provincias. Si les va bien a los entrerrianos, les va bien a los argentinos. Ese es el camino”, sostuvo. En el mismo sentido, definió: “Mi tarea es escuchar a todos los gobernadores, intentar lograr una agenda común para la Argentina y para las provincias. Entre Ríos es un caso ejemplar en la etapa del crecimiento, que se viene”.
El ministro subrayó que el país tiene “una agenda importante de reformas”. Detalló que incluye “sancionar un presupuesto, una modernización laboral, bajar los impuestos, con el Código Penal y otra serie de propuestas que llevarán adelante en sesiones extraordinarias y ordinarias” y remarcó que “también las provincias tienen reformas importantes” y que “el trabajo tiene que ser en equipo”.
Tras repasar logros de los primeros dos años de la gestión del Gobierno nacional, Santilli anticipó que luego de alcanzar la estabilidad económica y social ahora “viene la etapa del crecimiento”. “Esa es la base para construir políticas”, añadió. Sobre el presupuesto nacional, cuya discusión se está dando en el Congreso, lo definió como “una manta corta”. “Hay que tener equilibrio. Y en ese marco ir resolviendo los temas. Necesitamos que la Argentina crezca porque eso llegará a cada una de las provincias”, postuló.
Frigerio, en sintonía, planteó que hay “una nueva etapa en este segundo tramo del Gobierno. El Presidente plantea que hay que tener más diálogo, proximidad y empatía con las provincias. La designación de Diego tiene que ver con ese criterio de mayor amplitud y menos endogamia. Él le dará un salto de calidad importante a la gestión”. Además, vinculó el equilibrio de las cuentas nacionales con la posibilidad de las provincias de acceder al crédito: “Cuando baja el riesgo país, porque el Gobierno nacional tiene equilibrio, aprueba el presupuesto y avanza en las reformas, nos permite a provincias endeudadas ir al mercado de capitales y mejorar su perfil”.
En cuanto a los puntos concretos de la agenda entrerriana, Frigerio detalló que Entre Ríos reclama su participación en las obras de dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay; el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, donde ya hubo un avance; y una mejora en la tarifa de la energía que produce la represa hidroeléctrica de Salto Grande a fin de obtener excedentes que vuelvan a la provincia para obras en la región afectada por la represa, un aspecto en el que también hubo una mejora parcial. Aclaró que, pese a esos avances, Entre Ríos mantendrá los reclamos en la Corte Suprema de Justicia “hasta que se encarrilen definitivamente”.
El gobernador mencionó además la habilitación nacional para que la provincia acceda a financiamiento de organismos multilaterales y pueda realizar obras, y la reanudación de los trabajos en las rutas nacionales que atraviesan el territorio entrerriano como la 12 y la 18. Sumó en ese capítulo las obras sobre la ruta provincial 23, la planta de agua potable de Paraná y la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Villaguay. Destacó, asimismo, que “la primera concesión de rutas nacionales sea en Entre Ríos (la autovía 12, la 14 y la conexión de Victoria y Rosario), que se iniciarán en los próximos días”, y valoró el acuerdo para poner en valor el Palacio San José y la transferencia de los terrenos del puerto de Paraná.
“Estamos seguros de que vamos a tener el acompañamiento del Ministerio del Interior”, se esperanzó Frigerio tras repasar esos temas. Santilli, a su turno, aseguró que se comprometió con el gobernador y con los entrerrianos “a hacer un trabajo en conjunto y llevarla adelante”.
Consultado por Infobae sobre el encuentro que encabezó el expresidente Mauricio Macri con referentes del PRO, Santilli respondió que es “sano que sucedan las reuniones, que se junten los representantes de los partidos. Yo soy fruto de un acuerdo LLA – PRO. Ese es el rol que me toca. La democracia partidaria está bien que suceda y que cada uno pueda relanzar sus posiciones y miradas teniendo en cuenta la Argentina que queremos todos. Nosotros queremos un país que crezca”, redondeó.
Frigerio acompañó esa mirada, pero tomó distancia de la interna partidaria. “Coincido con lo que dijo Diego. No tengo mucho tiempo para meterme en temas partidarios. Ni siquiera tenía demasiada información de esa reunión. Prefiero no opinar sobre lo que no sé. Pero celebro que haya vida en los partidos políticos. Es importante para la democracia”, expresó.
Respecto a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Santilli fue más directo. “Con todo respeto, creo que hay que ser coherente en la vida y no tener doble personalidad. Estoy visitando a los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, donde la provincia de Buenos Aires no participó. Tampoco adhirió al RIGI ni a la ley de reiterancia para terminar con la puerta giratoria. No se sumó a la ley antimafia. Y así, de manera sucesiva, puedo seguir con mil más”, enumeró. Luego recomendó: “No escriban una cosa por redes y hagan otra en lo público ¿O acaso le tienen que ir a pedir permiso a Cristina Kirchner? Seamos coherentes. Nuestra tarea es escuchar, hablar con todos los gobernadores y tener una política en común. Pero no decir una cosa en un lado y hacer otra. Yo digo lo que hago”, remató.
Santilli también se refirió al vínculo personal que lo une con Frigerio y a la decisión de iniciar en Entre Ríos su agenda federal como ministro del Interior. Definió al gobernador como “un gobernador, amigo de muchos años” y explicó: “Elegí Entre Ríos (como primer destino) porque con Rogelio me une una larga amistad y hay que comenzar por los lugares donde uno construyó una relación. Se aprende de personas como él que tienen experiencia en este cargo”.
Una serie de chats extraídos de los teléfonos de los empresarios Claudio y Marcelo Tortul describió presuntas maniobras de pago de coimas para asegurar y mejorar contratos de seguridad con Enersa (Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima) y mencionó al ex gobernador entrerriano y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, a su entorno más cercano y al senador electo Adán Bahl.
Los mensajes que la Justicia recuperó de los celulares de los empresarios de apellido Tortul, directivos de la filial argentina de Securitas, formaron parte central de la causa federal que investigó el pago de coimas para quedarse con contratos con el Estado y que se tramitó en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. En el caso de Entre Ríos, el foco estuvo puesto en Enersa, la empresa estatal eléctrica de la provincia.
De esos teléfonos surgieron más de 25 mil páginas de conversaciones entre 2016 y 2024, en las que el nombre del ex gobernador peronista y actual diputado nacional Gustavo Bordet apareció 98 veces. En las conversaciones se habló de pagos que llegarían hasta el exgobernador y se mencionó también al entonces vicegobernador y luego intendente de Paraná, Adán Bahl, quien recientemente fue electo senador nacional del PJ electo por Entre Ríos.
Entre los interlocutores que, según los chats, funcionaron como vínculo indirecto entre los empresarios y los burócratas aparecieron dos nombres. Uno se identificó con claridad: José Gervasio Laporte, mencionado como “el negro” en las conversaciones. En uno de los mensajes, incluso, figura una foto en la que Claudio Tortul y Laporte comparten un café en un bar de un hotel de la costanera de Paraná. El otro nombre apareció como “Hugo”, quien podría ser Hugo Ballay, ex ministro de Economía durante las dos gestiones de Bordet y ex presidente de Enersa, aunque esa identificación no está confirmada y su apellido no figura en los chats ni en el expediente, según remarcaron desde su entorno.
En la causa, “El Negro” fue José Gervasio Laporte, histórico secretario Legal y Técnico de la Gobernación de las gestiones peronistas de Jorge Busti, Sergio Urribarri y Gustavo Bordet, y síndico de Enersa. Su función resultó estratégica: cuidaba la firma de los gobernadores en todos los actos administrativos. Laporte falleció hace más de 5 años, en julio de 2020, pero en los mensajes previos a su muerte ocupó un rol clave en el vínculo entre los Tortul y el poder político. “Le voy a encarar a Christian. Xq aumente enersa pirq bajo epe. Huntar a christian y bordet o el negro. Porque es grande li q vamos armar. Y q le den acuerdo entre el y el negro o bordet”, escribieron los hermanos en una de las conversaciones.
En marzo de 2017 los chats registraron una nueva reunión con Laporte. “Ayer Estuvimos cn el negro. Le pedi li ascienda. Y me dijo q si. Depende de el. Y ahora le preg a bordet si ouede pinerlo de 2. Cn ginzalez parec se pudrio bastante. El negro no sabia como ahradecer. Estamos para pedir li q querramos”, dice una de las conversaciones que apuntan a un aumento del contrato con la empresa estatal eléctrica.
Un año después, los mensajes se refirieron de manera explícita a un porcentaje de sobornos vinculado a los pagos. “El Negro me dijo q si le damos el 40 saca el pago cn el ajuste. Reparte cn Bordet Julio y el. Me pidio el 50 le dije q era alevoso no x el pedido q era incobrable (sic)”, consignó Claudio Tortul en otro chat. En noviembre de 2019, y siempre según las conversaciones incorporadas al expediente, se detalló incluso el reparto de una suma millonaria. “Te paso maso en 5 numeros como quedaria los 10 palos y pico de ENERSA. Los politicos el fronting nosotros. 4000000( bordet / Negro / Gonz / Charly / Cis / Marcelo M / Aldana / Ramiro / Daniel / Vos / yo ) Participacioned en Grone . Mas 200 lucas para mi ( gastos obra social hoteles etc )”, escribió.
Los chats también dejaron constancia de la intención de los empresarios de establecer una relación más directa con el ex gobernador, sin desplazar a Laporte. “Yo hablaba cn Taincho de que en vez de usar al Negro de interlocutor cn Bordet porq esta todos kos días. Ir directamente nosotros una vez cada tanto y hablar cn el. Ain correrlo al Negro. Ni que se sienta corrido. Porq en un cambio se raya se pelean y quedamos mirando el techo. Y tenemos muchos negocios en el medio”, señaló uno de los mensajes.
En 2019, esa relación apareció ya asociada a pagos concretos. En los chats, uno de los hermanos afirmó:“esa guita se la lleve yo a Bordet” y agregó: “El jueves vamos a pagar Negro Bordet. 1,1 millon. Aceito para que paguen toda la factura de junio el dia q facturaron”. Esos intercambios formaron parte de las pericias judiciales que describieron las operaciones ilícitas entre 2016 y 2024.
Tras la muerte de Laporte, las conversaciones comenzaron a mencionar a “Hugo”. “El lunes me contesta Hugo. Habla cn Bordet y me dice. Cree que si” Con todo como lo planteas. 14 / costos / y lo que repartimos. Leestoooo”, escribió Claudio a su hermano Marcelo. En otros mensajes agregó: “Me dijo tbm q lo tuvo que alinear medio fuerte a Caminos cn el ajuste y el presupuesto cn”, “Asi que cree si le da Ok Border”, “Vamos para delante !!!”.
En paralelo, la trayectoria de Hugo Ballay dentro de Enersa y del gobierno provincial quedó detallada. Ballay se desempeñó como presidente de la empresa eléctrica casi dos años, tras ser designado por el entonces gobernador Sergio Urribarri en enero de 2012. En noviembre de 2013 dejó ese lugar para incorporarse al gabinete. Cuando Bordet llegó a la Gobernación, a fines de 2015, Ballay volvió a Enersa como director titular durante la presidencia de Alfredo Muzachiodi. Los chats que describieron las operaciones ilícitas abarcaron un período que fue desde 2016 hasta 2024.
Sin embargo, el entorno de Ballay subrayó que el ex funcionario no tuvo relación con el caso Securitas. Confirmó que conoció a Claudio Tortul, pero precisó que el vínculo no estuvo relacionado con actividades comerciales o políticas, sino sociales: el empresario era presidente del Club Rowing, uno de los más exclusivos de la capital entrerriana, que tiene a más de un socio implicado en este expediente. También remarcaron que el apellido Ballay no figura mencionado ni en los chats ni en la causa.
En el plano personal, tres fuentes cercanas a Bordet, sin relación entre sí y con altas responsabilidades en el gobierno provincial durante el período 2015-2023, confirmaron a Infobae que el actual diputado nacional tuvo con Laporte y Ballay una relación personal de larga data. Ninguna de ellas habló de amistad. El ex gobernador suele remarcar que no tiene amigos en política y que ocupar cargos públicos lo alejó de sus relaciones personales. En el caso de Ballay, la relación fue más marcada: ambos se conocieron de jóvenes en las aulas de la Universidad, son coetáneos y estudiaron para ser contadores, en los años de la vuelta a la democracia y de la primavera alfonsinista.
En el expediente también apareció mencionado Edgardo Kueider, ex senador que ahora está detenido. La jueza Arroyo Salgado no imputó ni a Bordet ni a Ballay, pero sí involucró a Kueider en la causa. Se basó en dos elementos: un mensaje –el único– en el que Claudio Tortul lo mencionó y el hecho de que, cuando era secretario General de la Gobernación, representó al Poder Ejecutivo provincial en asambleas de Enersa.
Las conversaciones recuperadas de los teléfonos de los Tortul alcanzaron también al hoy senador electo Adán Bahl, que encabezó la lista del peronismo en las elecciones legislativas de octubre y quedó segundo. Las referencias se remontaron a su etapa como intendente de Paraná. “Viste lo del hipodromo. Mañana te cuento bien. Y vamos a tener q hacer algo. Ejemplo lotear en terrenos chicos y sacar lo que se pueda. Valoshablar cn Bahl y le decimos eso”, dicen los chats en relación a un negocio inmobiliario. En otro tramo, los hermanos agregaron: “Buen dia. Ayer Bahl se ofrecio apurar el tema de los Algarrobos si necesitabanos. Asi q aprovechemos la volada y aceleremos”. Las expectativas de los empresarios sobre el dirigente quedaron expresadas en otro mensaje, vinculado a las elecciones para la Gobernación de 2023: “Si gana bahl estamos PIPI CUCU !!!”.
La reacción de Bordet llegó a través de un comunicado público. El ex gobernador aseguró que “no formé parte de ningún sistema de coimas o maniobras ilícitas vinculadas a la relación comercial entre la empresa de seguridad Securitas y ENERSA”. Tras afimar que “nunca” tuvo “ningún tipo de contacto personal ni vínculo con los hermanos Tortul ni con los responsables de la empresa Securitas”, señaló que durante su gestión “no tuve intervención en la selección, contratación ni continuidad de dicho servicio, que se mantenía dentro de los procedimientos administrativos habituales de ENERSA”. Y remarcó que “Securitas no prestó servicios ni mantuvo contratos con ningún otro organismo del Estado provincial durante mi período de gobierno”.
La Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA) denunció que la municipalidad de Cañuelas aplicó en 2025 un aumento desmedido sobre la guía municipal que se cobró por cada animal trasladado al Mercado Agroganadero de esa localidad bonaerense. Según un informe de la entidad, lo que en enero de este año se cobró 1.965 pesos por animal comenzó a valer 4.409,75 pesos sin IVA desde diciembre, es decir, una suba del 124,4%, con la que las guías “multiplicaron su valor por cinco en lo que va del año”, muy por encima de una inflación que, entre enero y octubre, rondó el 24,8% y registró una variación interanual del 31,3%.
CAMyA señaló que, de haberse actualizado al ritmo de los precios de la economía, la guía municipal debería haber llegado a unos 2.455 pesos. La cámara precisó que “la diferencia generada excede la inflación en $1.954,75 por guía. Esto constituye un sobrecosto injustificado para el matarife frente al resto de la cadena cárnica”.
El informe advirtió que la suba “se convierte en un gasto operativo directo y afecta la estructura de costos y la competitividad”, que podría conducir al sector a “ajustar tarifas, trasladar mayor costo al precio final de la carne y reducir el margen operativo”. “Esto afecta principalmente al consumo interno, que ya enfrenta caída de demanda y presión impositiva”, añadieron.
CAMyA vinculó el aumento de las guías con la política tributaria local que el Concejo Deliberante de Cañuelas aprobó a fines de 2024, cuando otorgó por amplia mayoría un incremento en torno al 200% para las tasas municipales. Ese esquema, según la cámara, se sumó a la decisión de la gestión de la intendente de Fuerza Patria, Marisa Fassi, que impulsó el ajuste sobre la guía municipal con aval del Concejo.
En declaraciones al portal de noticias agropecuarias Bichos de Campo (Sofia Selasco), el vicepresidente de CAMyA, Sergio Pedace, describió el impacto recaudatorio del esquema vigente: “La guía es por animal. En Cañuelas entran por mes unas 100.000 cabezas. Imaginate que por eso recaudarían unos 400 millones de pesos por mes. Es una locura”.
– Sergio Pedace
El dirigente añadió que el valor de la tasa se fijó en función del precio del novillo. “Las guías siempre manejaban montos más normales. Ahora lo pusieron en base a la relación de lo que vale el novillo y claro, ellos están cubiertos con cada aumento”, sumó el matarife.
En paralelo a la escalada de las guías, los matarifes debieron afrontar también un aumento del 40% en los aportes destinados al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que debieron ser abonados de manera compulsiva tanto por los productores como por los frigoríficos.
Ese reajuste se decidió luego de casi dos años sin cambios, ya que los aportes no se modificaban desde enero de 2024. De acuerdo con lo resuelto por el Consejo de Representantes del IPCVA, a partir del 1° de diciembre el aporte quedó fijado en 1.185 pesos por cada animal bovino que los productores enviaron a faena, mientras que el frigorífico donde se realizó la tarea debió pagar otros 535 pesos. De esta manera, el Instituto pasó a recibir 1.720 pesos por vacuno faenado.
“Todo se va a trasladar a carne. Son todas cajas que le hacen mal al precio de la carne y al mercado local”, lamentó el vicepresidente de CAMyA.
Pedace se refirió también al impacto de la tasa aprobada en Cañuelas. “En un país que está tratando de parar la inflación, esta suba va directo al bolsillo de la gente, porque es un costo. Esa es la realidad”, afirmó. Sobre el mecanismo de cobro, cuestionó que “lo cobran solamente porque llega Cañuelas al mercado y del mercado se va al frigorífico, al feedlot o a donde vaya”.
El directivo planteó que el incremento de la guía se tradujo en un encarecimiento directo sobre la hacienda que pasó por el mercado concentrador. “Es un costo directo al precio del novillo y después por ende a la carne. El animal más chico paga más porque los 4 mil y pico de pesos hay que dividirlos por 300 kilos. Una vaca de 500 kilos, para exportación, termina pagando menos porque va por cabeza y no por kilo”, explicó.
– La intendente junto al presidente de la Sociedad Rural Argentina, NicolásPino (segundo de derecha a izquierda)
Frente a este escenario, Pedace anticipó que la cámara analizaba acciones institucionales contra la suba. “El comité trabaja arduamente y estamos evaluando de hacer alguna presentación a la municipalidad para que dé marcha atrás con estos aumentos. Eso lo estamos evaluando”, comentó.
El reclamo de los matarifes se dio en un contexto particular para el Mercado Agroganadero de Cañuelas. En 2022, el entonces Mercado de Liniers se trasladó desde el barrio porteño de Mataderos a su sede actual en Cañuelas, ubicada a la vera de la Ruta Provincial 6. Según recordó, esa plaza concentró algo más del 10% de la hacienda que se faenó en Argentina y se constituyó en referencia de precios ganaderos a nivel nacional.
A nivel local, distintas fuentes reconocieron que la instalación del predio “cambió la dinámica del pueblo” aunque todavía no llegaron las grandes inversiones que se esperaban. En ese contexto, el sensible aumento en los valores de traslado al mercado de Cañuelas implicó un gasto promedio de 180.000 pesos para una jaula con 40 novillos, según los cálculos difundidos.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, promulgó una enmienda constitucional que convierte a la provincia en la primera jurisdicción de Argentina sin fueros de ningún tipo. Esta decisión fue avalada por el 63.61% de los votantes en un referéndum vinculante realizado el 26 de octubre.
Los fueros (también llamados inmunidades especiales) son protecciones legales otorgadas a ciertos funcionarios públicos, magistrados, legisladores y, en algunos casos, dirigentes sindicales.
Es importante destacar que existían dos tipos de inmunidades distintas. La inmunidad de opinión protegía a los legisladores por las expresiones vertidas en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, garantizándoles la libertad de manifestar sus ideas y posiciones políticas sin temor a represalias judiciales. Por otro lado, la inmunidad de arresto y de proceso impedía que los funcionarios fueran detenidos o sometidos a juicio sin una autorización previa del Poder Legislativo, lo que comúnmente se conoce como el “desafuero”.
– El anuncio del gobernador Torres, en mayo de este año
La reforma chubutense eliminó los artículos 247 y 248 de la Constitución provincial que garantizaban estas inmunidades judiciales y de arresto. Con esto, a partir de su promulgación el pasado 7 de noviembre, ningún funcionario, legislador, magistrado ni dirigente sindical gozan de protecciones especiales que impidan su arresto, allanamiento o proceso penal.
Torres impulsó esta medida bajo el concepto de que “nadie debe estar por encima de la ley”. Su argumentación se centra en que los fueros representan “privilegios injustificados” que crean ciudadanos de primera y segunda clase. Torres enfatizó que la reforma constituye “una muestra concreta de que nadie está por encima de la ley” y describió los fueros como habiendo estado “de la mano de la desidia y la corrupción”.
El lema central de la campaña fue “Chubut sin fueros”, transmitiendo la idea de que eliminar estos privilegios avanzaría hacia mayor transparencia institucional y equidad.
Sin embargo, la reforma mantiene el “fuero de opinión”, la protección que resguarda la libertad de expresión de los representantes electos. Esta distinción es importante porque diferencia entre proteger la capacidad de hablar libremente en funciones públicas —que se mantiene— y proteger a las personas de la acción de la justicia por delitos comunes —que desaparece.
La consecuencia práctica más significativa es que ahora si una condena judicial contra cualquiera de estos funcionarios queda confirmada, puede ejecutarse inmediatamente sin necesidad de un desafuero o autorización legislativa adicional.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judicales de Chubut (AMFJCH) sostuvo que los fueros no son privilegios personales, sino garantías institucionales necesarias para proteger la independencia judicial. Según esta perspectiva, los fueros no protegen a los jueces como individuos, sino que son mecanismos destinados a permitir que el Poder Judicial funcione sin presiones políticas, económicas o mediáticas.
Los magistrados argumentaron que eliminar los fueros “pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial”y explicaron que estos fueros existen desde la antigüedad para proteger a los primeros parlamentarios de reyes todopoderosos. La idea es que sin estas protecciones, un ejecutivo poderoso podría usar la justicia como herramienta de represión contra jueces que toman decisiones que le desagradan.
Líderes gremiales argumentaron que los fueros sindicales no son para proteger delitos, sino para garantizar que los representantes de trabajadores puedan reclamar y protestar sin miedo a represalias judiciales. Omar Unquén, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Comodoro Rivadavia, advirtió que la eliminación “pondría en riesgo el derecho a la representación gremial y a la protesta”.
Un argumento sindical interesante es que varios líderes señalaron que si un sindicalista comete un delito, la justicia ya puede actuar como con cualquier otro ciudadano. En otras palabras, el fuero no protege actos delictivos en flagrancia. La distinción es sutil pero importante, ya que los fueros protegen de represalias por actividades gremiales legítimas, no de investigaciones por delitos comunes.
Lo notable de este cambio es que fue legitimado democráticamente por los ciudadanos. La Legislatura provincial aprobó la reforma constitucional en marzo de 2025, y luego se convocó a un referéndum vinculante donde los chubutenses debían decidir si respaldar o rechazar la medida.
Incluso cuando magistrados presentaron recursos judiciales intentando frenar la consulta, la Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente habilitó el referéndum, considerando que el proceso se ajustaba a los mecanismos constitucionales vigentes en la provincia. Con más de 280 mil votantes participando, quedó claro que los chubutenses, al menos mayoritariamente, preferían un sistema donde todos fueran iguales ante la ley.
El Hospital Garrahan consolidó un incremento en la asignación básica destinado a su personal y lo definió como un “aumento salarial histórico”. La institución informó que implementó una suba del 61% dirigida a empleados de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución, con aplicación retroactiva a octubre. Este incremento se sumó a los bonos mensuales fijos que los trabajadores percibieron desde septiembre: $350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el personal asistencial.
En un comunicado, la administración señaló: “Gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, ese reconocimiento se consolidó con un aumento de sueldo cercano al 60% en la asignación básica, que será dirigido al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución”. Y se agregó: “En el Hospital Garrahan la eficiencia no es una palabra vacía: es lo que hace posible cuidar mejor a quienes todos los días cuidan a los niños de este país”.
– El comunicado del Hospital Garrahan (publicado en X)
La dirección del hospital afirmó que la eficiencia administrativa resultó clave para fortalecer la atención y reconocer el trabajo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. En ese sentido, el anunciado aumento es “un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. Incluso en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política afectando al personal con situaciones extorsivas, ellos siguieron trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando ni más ni menos que la salud de los niños.Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven”.
La administración del Garrahan (que desde el 10 de diciembre de 2023 inició una etapa orientada a la transparencia y la eficiencia) aceleró ese proceso en 2025 y financió los bonos y el aumento salarial con recursos propios, sin comprometer la sostenibilidad de la institución. El hospital comunicó que dispuso de los fondos necesarios para adelantar el pago del aumento, mientras aguardó la llegada de los recursos provenientes del Gobierno Nacional.
En el plano presupuestario, se indicó que, mientras uno de los vetos presidenciales del año alcanzó a la ley de emergencia pediátrica, la última modificación presupuestaria dotó de más fondos a los hospitales nacionales mediante una reasignación de partidas y sin generar déficit.
De ese refuerzo, el Garrahan absorbió más de la mitad de los nuevos recursos que obtuvo la cartera que lidera Mario Lugones, lo que le permitió beneficiarse con los bonos de septiembre.
El anuncio salarial se produjo en el marco de un conflicto gremial. A fines de octubre, la Junta Interna de ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anunciaron la toma de la dirección del hospital de alta complejidad de Parque Patricios, al denunciar fuertes descuentos salariales a enfermeras, instrumentadoras y maestras del jardín maternal en el contexto de la ola de paros. “En este momento la dirección del hospital está tomada. Vamos a hacer permanencia hasta que devuelvan la plata que se quedaron del sueldo de los trabajadores. Esa es la situación y no nos vamos a ir hasta que depositen los fondos”, manifestó Norma Lezana, secretaria general de APyT.
El viernes pasado, el conflicto escaló cuando trabajadores de la APyTocuparon durante seis horas las oficinas centrales de la dirección médica, desde el mediodía hasta las 18, en reclamo de la restitución de haberes descontados por días de paro. La organización gremial informó que la medida buscó presionar a las autoridades para revertir descuentos que, según denunciaron, alcanzaron entre $300.000 y $500.000 y afectaron en particular a trabajadoras del área de enfermería, instrumentación y docencia del jardín maternal.
El delegado de la Junta Interna ATE Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich, declaró a Infobae que el personal afectado abarcó a madres solteras que “no llegan a fin de mes”, y sostuvo que “mientras ellos usufructúan personalmente millones de pesos para sus ingresos, designan contratados como asesores que ganan $3,4 millones y hambrean al personal. La crisis del Garrahan no solo está lejos de resolverse, sino que se profundiza. Exigimos que las autoridades nos reciban, que no lo están haciendo, y que den marcha atrás con estos descuentos criminales”.
En un comunicado, la APyT calificó a la conducción del hospital como “enemigos del Garrahan y las infancias” y los acusó de actuar como “un interventor político, autoritario y prepotente”. También denunció que el Consejo de Administración fue “designado a dedo” con el objetivo de “ocultar millonarios recursos propios que generamos las y los trabajadores para destinarlos a un Fondo de Inversión”, y repudió los descuentos aplicados a quienes “defienden el Hospital Garrahan”. El texto exhortó: “Se tienen que ir porque cada minuto que pasa y están al frente del hospital, las infancias y el equipo de salud estamos peor”, al tiempo que convocó a la participación en la toma de la dirección y a la apertura de un canal de diálogo.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación cuestionó a los gremialistas, los acusó de impulsar una desestabilización vinculada a extracciones izquierdistas y de “tomar de rehén al personal administrativo y jerárquico”.
Desde la administración del Garrahan, las autoridades sostuvieron que el proceso de orden, transparencia y eficiencia iniciado recientemente apuntó a valorar el trabajo y a obtener resultados tangibles. En esa línea, ratificaron: “Es un aumento salarial histórico”.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó debilidades en los mecanismos de control interno del Instituto Nacional del Cáncer (INC)en la gestión de los fondos otorgados a proyectos de investigación entre 2020 y 2022. Según el organismo de control, hubo falencias en la presentación, evaluación y rendición de cuentas de los subsidios, que ponen en duda la transparencia del proceso y la eficacia del seguimiento institucional.
El informe, aprobado en abril de 2025, evaluó la “Asistencia Financiera VI” del Programa de Promoción de la Investigación en Cáncer, que otorga apoyo económico a grupos de investigación en todo el país. En ese período, el crédito presupuestario asignado fue de $38,8 millones de pesos, de los cuales se ejecutó un 82%. La auditoría examinó una muestra de 15 ideas-proyecto sobre un total de 21 presentadas.
Entre las principales observaciones, el informe señala que el Programa no realizó controles formales sobre el cumplimiento de los requisitos y condiciones de admisibilidad de los proyectos: “Solamente se verificó la existencia de un archivo informal en Excel denominado ‘Análisis Admitidos-No Admitidos’, del cual no surge su autor”, indica el organismo gubernamental. Además, se constató que en ningún caso se acreditó documentalmente que los directores de los proyectos no tuvieran rendiciones pendientes de convocatorias anteriores, como exige la normativa.
Tampoco se presentaron copias de DNI ni títulos habilitantes de los directores de proyecto, lo que implica “incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria”. A esto se suma la falta de claridad en los criterios de adjudicación: “No surge con claridad la metodología utilizada para la adjudicación de los proyectos, lo que genera incertidumbre sobre si se ha efectuado la mejor asignación de recursos”, advirtió el organismo.
– María Verónica Pesce, exdirectora del Instituto Nacional de Cáncer
La SIGEN detectó inconsistencias entre los puntajes otorgados por los evaluadores y los proyectos finalmente adjudicados. Por ejemplo, en la línea de investigación clínica se seleccionó un proyecto ubicado en el puesto 22, con un promedio de 65,7%, cuando el promedio general de las postulaciones fue de 78,4%. Casos similares se repitieron en las líneas de investigación básica e implementación. Además, “las evaluaciones de los evaluadores internos y externos no estaban firmadas”, y en varios casos se realizaron en hojas de cálculo “altamente manipulables”.
Otro de los puntos críticos fue la falta de seguimiento de los desembolsos. En algunos casos, los investigadores recibieron los fondos con hasta cinco meses de demora, lo que los obligó a modificar cronogramas y a afectar los resultados previstos. Aun cuando las demoras provinieron de las entidades administradoras, la SIGEN cuestionó que “el organismo no realizó un seguimiento oportuno respecto de los desembolsos y la ejecución de los proyectos”, lo que atentó contra el cumplimiento de los objetivos.
– La auditoría de la Sindicatura General de la Nación
También se verificó que los segundos desembolsos se realizaron sin controles adecuados sobre el avance y cumplimiento normativo de los proyectos. En la mitad de los casos relevados, los objetivos fueron alcanzados solo de manera parcial. La SIGEN ejemplificó con dos proyectos puntuales. En el primero, “los objetivos se cumplieron parcialmente debido a la falta de equipamiento, contaminación de muestras y motivos de salud del director”; en el segundo, “la cantidad de pacientes estudiados fue muy inferior a la propuesta original”.
El informe detalla, además, que hubo demoras excesivas en la aprobación de reformulaciones presupuestarias, con plazos que en algunos casos superaron los seis meses. Esto afectó el desarrollo normal de los proyectos y, en ocasiones, las modificaciones se aprobaron cuando el período de ejecución ya había concluido. En un caso, la SIGEN constató que una solicitud de prórroga presentada en julio de 2022 fue aprobada recién en enero de 2023, fecha que coincidía con la finalización del proyecto original.
Las rendiciones de cuentas también mostraron importantes deficiencias: en 13 de los 15 proyectos auditados, el Programa no verificó la documentación exigida por el instructivo administrativo. El organismo recordó que las rendiciones “que no presenten toda la documentación requerida deben ser devueltas sin excepción”, algo que no ocurrió.
La auditoría concluyó que el Instituto Nacional del Cáncer “no realizó acciones para verificar el avance de las tareas programadas y medir el cumplimiento de los cronogramas de trabajo”. Para la SIGEN, las falencias detectadas revelan la necesidad de fortalecer los controles internos en todas las etapas del proceso: desde la admisibilidad de las ideas-proyecto hasta la rendición final de los fondos otorgados.
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