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Las legisladores provinciales de Juntos, Julieta Quintero y Florencia Barcia, reclamaron la inmediata intervención del Gobierno de Axel Kicillof para que “proceda a intimar a la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) a reestablecer de manera inmediata el servicio en todas aquellas zonas afectadas por el deficiente o nulo suministro“.
Las legisladoras le exigieron a la empresa que “brinde una respuesta inmediata a los vecinos de la ciudad de La Plata que, una vez más, cuando comienzan las altas temperaturas, se ven perjudicados tanto por la baja presión de agua en algunos hogares como por la falta total de la misma en otros“.
La diputada bonaerense Julieta Quintero Chasman
“El desabastecimiento de agua en situación de elevadas temperaturas implica no sólo la vulneración de un derecho básico humano sino también la exposición a una situación de peligro para toda la comunidad, especialmente para niños pequeños y ancianos“, añadieron en el proyecto elevado en ambas cámaras legislativas.
Finalmente, resaltaron que “ante tal situación, corresponde al Poder Ejecutivo intimar a la empresa ABSA para que sea reestablecido a la brevedad el suministro de agua en todos los hogares afectados, de manera eficiente y continuado”.
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Manifestantes yerbateros y tareferos se cruzaron con militantes libertarios y agentes de seguridad durante una breve recorrida de la hermana del presidente, Karina Milei, por las calles del centro de Oberá.
“Milei, no somos la casta, somos tareferos. Nos prometiste otra cosa”, afirmaron los manifestantes. “Esto no es Buenos Aires, vayanse a la mierda”, agregaron.
El incidente se dio luego de una movilización organizada por parte de productores yerbateros y tareferos que se apostaron desde temprano en el centro cívico de la Capital del Monte. Los protestantes llevaron pancartas con mensajes directos hacia el presidente, reclamando un “precio justo” para la producción yerbatera.
Karina hasta entonces realizaba su recorrida protocolar junto a su comitiva, como el candidato a diputado provincial, Diego Hartfield, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el influencer libertario, Iñaki Gutiérrez y el presidente de La Libertad Avanza por Misiones, Adrián Núñez, en un encuentro que generó una escalada de tensión que derivó en empujones, golpes, insultos y corridas que obligaron a la suspensión inmediata del acto previsto en una gira por Misiones que formaba parte de una estrategia de consolidación territorial de LLA en la provincia.
La caminata programada desde la calle Entre Ríos hasta la intersección de Bolívar con San Lorenzo fue concebida como “una demostración de apoyo popular al proyecto político libertario”. No obstante, la interrupción por parte de los yerbateros transformó el acto en una expresión visible de rechazo.
“El poder de negociación del productor es muy bajo porque la industria sabe que tenemos que vender”, subrayaron los yerbateros, contra la nueva estructura de mercado que ha transferido el poder de fijación de precios completamente hacia las industrias procesadoras, eliminando los mecanismos de protección que existían para los productores primarios.
Desde los primeros días del gobierno de Javier Milei, la desregulación del mercado de la yerba mate, activada el 1 de abril de 2024 como parte del controvertido DNU 70/2023, eliminó las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para negociar y fijar precios de referencia. Esta medida representó un cambio fundamental, siendo que el último valor del kilo de yerba cosechada fijado por el organismo fue de 370 pesos, que tras el proceso de estacionamiento, deshidratación y picado alcanzaba los 1.406 pesos antes de llegar a las industrias. Sin embargo, la desregulación trasladó completamente el poder de negociación hacia las empresas.
La problemática se agravó significativamente con la acefalía prolongada en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, situación que motivó una denuncia penal por parte de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) contra el presidente Milei y funcionarios del área económica. La falta de designación de un presidente para el INYM provoca, según los denunciantes, un incumplimiento de deberes como funcionarios públicos que contraviene la Ley Nacional 25.564.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos abrió las puertas del Salón de los Pasos Perdidos para revelar en detalle cómo avanzaron, durante 2024, los programas provinciales de economía social. El informe llegó de la mano de la Dirección General de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Humano y reunió a legisladores, funcionarios y personal parlamentario con un objetivo central: transparentar números y alcances de las políticas que buscan fortalecer los emprendimientos de base y el trabajo genuino en toda la provincia.
El presidente de la Cámara baja, Gustavo Hein, encabezó la presentación junto al secretario de Gestión Social, Pablo Omarini, y la directora general de Economía Social, Bárbara Erbes.
“Esta es una buena oportunidad para compartir la información con los diputados, que son agentes de territorio y a quienes llegan las inquietudes y tienen la necesidad de dar respuestas. Este acontecimiento nos brinda la posibilidad de hablar con certeza”, introdujo Hein antes de ceder la palabra a los técnicos de Desarrollo Humano.
Hein subrayó también el rol del parlamento como motor de iniciativas en favor de la comunidad: “Desde la Cámara, con el acompañamiento de los diputados y la disposición de los trabajadores, intentamos ser una usina de ideas para ser útiles a la sociedad entrerriana”.
Al detallar la estrategia oficial, Omarini enfatizó la necesidad de orientar las políticas sociales hacia una cobertura amplia y equitativa: las ayudas puntuales —advirtió— resultan insuficientes si no avanzan hacia la universalización. “Generamos políticas de activación para quienes llevan adelante un microemprendimiento, mediante tres puntos básicos: la capacitación, el financiamiento y la comercialización”, precisó, y recalcó que el esquema se apoya a la vez en la federalización de recursos y en la transparencia de la gestión.
Con la mirada puesta en 2025, los funcionarios coincidieron en que la continuidad y el fortalecimiento de los programas de economía social dependerán de mantener el flujo de información pública y de sumar propuestas que acerquen herramientas concretas a emprendedores de cada rincón de Entre Ríos.
Bajo las peticiones internas, el ministro de Defensa Luis Petri se encuentra evaluando la restitución de un plus salarial del 40% para militares destacados en el exterior, beneficio que fue eliminado durante la gestión kirchnerista en 2007 mediante el decreto 1140. Esta medida, que equiparaba los ingresos de los agregados militares, con los del personal diplomático.
“Siempre nos hacen hacer shows para el público y turistas como una corrida por las playas de Mar del Plata”, afirmaron fuentes militares.
El conflicto sobrepasa la cuestión meramente económica, abarcando problemas estructurales como el mal funcionamiento de la obra social militar (IOSFA), que se encuentra “sumida en una crisis financiera y de funcionamiento profunda”.
La ex ministra de Defensa, identificada como “filo montonera” y diputada de la Juventud Peronista en 1973, Nilda Garré, implementó estas medidas en un contexto político particular que generó resistencia institucional, con una doctrina política “contra los uniformados”, agravado posteriormente con la aplicación del impuesto a las Ganancias a los funcionarios en el exterior, lo que profundizó aún más la brecha.
– El contador Roberto Fiochi, presidente del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
La estructura salarial actual de las Fuerzas Armadas presenta una distribución que va desde los 800.000 pesos para los grados inferiores hasta los 2.500.000 pesos para los rangos superiores, según el grado militar y la fuerza específica. Estos montos son considerados “muy bajos a nivel interno” y aún más insuficientes cuando se comparan con los salarios de militares de otros países de la región. La situación se ve agravada por la inflación y el costo de vida en Argentina, lo que ha llevado a que muchos militares consideren sus ingresos como “sueldos de subsistencia”, del 9% en los puestos más altos y del 35% en los rangos superiores comparado con las fuerzas de seguridad. Particularmente crítica es la situación en la Armada, donde el 55% del personal cobra por debajo de la canasta básica.
Es revelador comparar con el caso de Gendarmería, donde según reportes recientes, “un gendarme con 15 años de servicio percibe un salario aproximado de 750.000 pesos, lo que lo coloca por debajo de la línea de pobreza”. Esta realidad económica ha llevado a que algunos efectivos busquen ingresos complementarios en trabajos alternativos, como se evidencia en testimonios donde declaran ganar “más de delivery que con el miserable sueldo”.
Ante esto, el gobierno ha planteado la posibilidad de asignar militares para “combatir el crimen organizado en la frontera norte de la Argentina” similar a México, según anuncios del propio ministro Petri. Sin embargo, esta propuesta genera resistencia entre los militares, quienes reclaman “que se promueva una nueva ley que los ampare para el caso de tener que actuar en seguridad interior y no queden en la ilegalidad”.
La magnitud del malestar es tal, que las quejas han alcanzado no solo a los militares en actividad, sino también a los retirados, muchos de los cuales fueron “desafectados sin motivos claros” con la llegada del gobierno actual.
La política formoseña tuvo este fin de semana un episodio cargado de tensión cuando el senador nacional Francisco Paoltroni intentó lanzar su campaña en la localidad de El Colorado. El acto, que buscaba posicionarlo como figura fuerte en el sur provincial, terminó abruptamente tras un fuerte cruce con el intendente Mario Brignole.
Brignole, lejos de ignorar la visita, decidió enfrentar al legislador a metros de la Municipalidad. Allí se produjo un tenso cruce verbal entre el jefe comunal, Paoltroni y la diputada provincial radical Agostina Villaggi, quien lidera la campaña opositora de cara a las elecciones del 29 de junio.
“¡Tocame si te animás, papito!”, desafió Villaggi a Brignole, en una escena que rápidamente se viralizó. El intendente amagó con sacar un rebenque, aparentemente para espantar al caballo de la legisladora, lo que generó mayor tensión. “Brignole le aplicó un guachazo al caballo para desestabilizarme”, denunció la diputada, aludiendo a un intento deliberado por hacerla caer.
En diálogo con medios locales, Villaggi relató que el grupo oficialista los esperó con insultos “violentos y misóginos” y que uno de sus colaboradores fue agredido físicamente, recibiendo un golpe en el rostro que le provocó lesiones en un ojo.
El vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, generó una fuerte polémica al denunciar públicamente lo que calificó como una situación “escandalosa” en el manejo de fondos públicos.
“El Gobierno de Córdoba respondió que la compra de Sildenafil (conocido por la marca Viagra) y otros insumos médicos responden a diferentes tratamientos indicados por médicos de hospitales externos”, declararon fuentes oficiales de la administración cordobés.
La controversia surgió cuando Corvalán detectó, durante su labor de control de gastos, una factura oficial del Servicio Penitenciario de Córdoba correspondiente a abril de 2024 que incluía la compra de medicamento “Magnus” de 100 mg, más conocido por su nombre comercial viagra.
La factura, que ascendía a un total de $948.961, incluía específicamente tres cajas de Magnus 100 mg por un valor de $52.213,17, además de otros productos como pastillas anticonceptivas, cremas humectantes, antigás y shampoo anticaspa.
– Beltrán Corvalán, presidente del Tribunal de Cuentas
“Es una cuestión escandalosa, que el Servicio Penitenciario, el gobierno de la provincia de Córdoba, haya comprado Viagra para los reclusos”, afirmó Corvalán. “Mientras en los hospitales no hay ni lo más básico, vemos que se compran estos insumos para las cárceles. Es un bochorno”, agrego.
Según la denuncia de Corvalán, la factura gubernamental incluía diversos productos que consideró inapropiados para el contexto carcelario; tres cajas cerradas Sildenafilo y factor AG, este último se usa para evaluar el estado nutricional, la función hepática o detectar enfermedades como cirrosis, síndrome nefrótico o mieloma múltiple.
El Gobierno de Córdoba respondió la situación a través del jefe del Departamento de Sanidad del Servicio Penitenciario, Ariel Salari, quien explicó que la compra del medicamento fue realizada por indicación médica y no con fines recreativos: “Dentro del servicio penitenciario de Córdoba, en toda la provincia, tenemos pacientes con hipertensión pulmonar, esta es una enfermedad crónica cuyo tratamiento sintomático es el Sildenafil”, subrayó Salari, detallando que en 2024, momento de la compra, cuatro internos tenían indicación médica para recibir esta medicación: dos por hipertensión pulmonar y dos por hiperplasia prostática.
Corvalán, contador público y desempeñado como miembro del Tribunal de Cuentas representando a la mayoría en este organismo de control. Fue elegido mediante voto popular en las elecciones de mayo de 2023, cuando la lista de Juntos por el Cambio obtuvo la mayor cantidad de sufragios, consagrándolo junto con la Dra. Fernanda Leiva como vocales por la mayoría.
Es importante destacar que por primera vez desde que se implementó el voto directo para la elección de los tribunos, este organismo está conducido por un signo político diferente al del ejecutivo provincial. Corvalán pertenece al Frente Cívico y fue concejal durante la gestión de Luis Juez en la ciudad de Córdoba.
El Aviso ARA Alférez Sobral partió el lunes desde la Base Naval de Mar del Plata remolcado por unidades de la Armada —ARA Puerto Argentino, ARA Bahía Agradable, corbeta ARA Espora y patrullero rápido ARA CL Cordero— rumbo a las coordenadas 39° 54′ S y 59° 30′ W, donde fue hundido en alta mar. La maniobra replicó el destino que años atrás recibió el Comandante Luis Piedrabuena y puso fin a más de cuatro décadas de servicio activo y simbólico.
Adolfo Schweighofer, veterano de la Guerra de Malvinas y presidente del Centro de Excombatientes de Santa Fe, expresó su dolor: “El Sobral es un buque que estuvo en Malvinas, que fue atacado por los usurpadores ingleses, que tiene ocho muertos a bordo y varios heridos. Hubo la posibilidad de traerlo como buque museo, lo ofreció la Armada en su momento, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que era muy difícil”. Recordó que la nave permaneció años amarrada sin mantenimiento: “Ya estaba oxidado totalmente, desmantelado. El paso del tiempo hizo imposible económicamente conservarlo”.
El ex tripulante santafesino Ricardo Abel Cuevas resumió el sentimiento de la dotación: “Me causa mucha tristeza, porque lo consideramos parte de nuestra subsistencia en la guerra”. Cuevas recordó la noche del 2 de mayo de 1982: “En aquel combate el Sobral perdió a ocho de sus tripulantes, incluido su comandante”. Aquellos caídos fueron el capitán de corbeta Sergio Raúl Gómez Roca; los cabos principal Ramón Omar Cabrera y Mario Aurelio Alancay; los cabos segundo César Gustavo Rodríguez y Héctor Daniel Medina; y los marineros Mario Gustavo Alcaraz, Jorge Oscar Gualdieri y Juan Domingo Baldini.
Tras el ataque con misiles Sea Skua lanzados desde helicópteros británicos, la nave quedó seriamente dañada, pero su dotación—liderada de facto por el teniente de navío Sergio Bazán luego de la muerte del comandante—logró mantenerla a flote y arribó tres días después a la costa continental, tras emitir sucesivos mensajes de “Mayday” en morse. Los hierros retorcidos del puente de navegación se exhiben hoy en el Museo Naval de la Nación.
Años de gestiones para salvar al buque fracasaron. El 10 de septiembre pasado la Armada lo ofreció en subasta junto a otras unidades; el lote se retiró de la puja tres días después para permitir que veteranos y privados buscaran fondos. Remolcarlo exigía al menos 250 mil dólares y ningún plan prosperó. Hubo propuestas para llevarlo a Olivos, Ushuaia, Santa Cruz, Chubut, Entre Ríos y Santa Fe—donde excombatientes imaginaban un museo flotante—pero la falta de presupuesto las frustró.
Construido en 1944 en Estados Unidos como USS Salish, el buque de 43,6 metros de eslora y 10,3 de manga sirvió en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. En 1972 pasó a la Armada Argentina y recibió el nombre de Alférez José María Sobral, explorador antártico. Ese mismo año asistió al célebre buque Calypso de Jacques Cousteau.
Cuevas criticó el final elegido: “Al igual que hicieron con el buque Comandante Luis Piedrabuena, lo llevan a altamar para tomarlo como blanco de tiro y hundirlo. No merece ese final. Lo están tratando como chatarra, como un fierro oxidado”. También lamentó que desde 2021 no le permitieran subir a bordo: “Cada 3 de mayo nos reuníamos toda la tripulación con vida y oficiábamos una vigilia a bordo del Sobral en honor a nuestros caídos”.
Schweighofer coincidió: “Nos habíamos entusiasmado con la posibilidad de tenerlo en Santa Fe, un buque histórico que sirviera como atractivo visual, turístico y un homenaje a los muchachos que murieron”. Al conocer la decisión definitiva, concluyó: “Argentina tiene que valorar más su historia. Hay otros buques que ya han sido hundidos porque el tiempo pasa y tenerlo flotando en el puerto significa un costo muy grande”.
Con el hundimiento, sólo algunas piezas—como la campana, un cañón y mobiliario—quedaron preservadas. El resto del casco descansa ahora en el fondo del Atlántico, convertido en tumba de acero para aquel “viejo guerrero” que escribió una página decisiva en la historia naval argentina.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
