Juntos utiliza su “pata peronista” para poder derrocar al kirchnerismo en el 2023

"La Feliz": En Juntos comenzaron a volcarse por las opciones peronistas y les dieron espacio a principales cabecillas gremiales y políticas alternativas del Partido Justicialista.
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Juntos se ha convertido en la coalición más fuerte del Municipio de General Pueyrredón (MGP), gracias al organigrama del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, para poder encarar el famoso proyecto del “noveno concejal” en el 2023.

Si bien todas las fuerzas se encuentran direccionadas hacia los principales espacios como pueden ser Propuesta Republicana (PRO), Unión Cívica Radical (UCR) y Coalición Cívica ARI (ARI), en el último tiempo el jefe comunal comenzó a rodearse del “peronismo no K”. Todo con la idea de conocer al enemigo, se estima.

Juntos
Ilda Mercedes Morro, concejal de Vamos Juntos

Por ejemplo, en la mesa chica del mandatario local aparece Christian Lence, el famoso hijo del asesor de Juan Domingo PerónHéctor “Ronco” Lence. También, hace mella el director coordinador de la secretaría privada, Jorge Pino Olmos.

La “pata peronista” en Juntos comenzó a tener su espacio a modo de presión con principales cabecillas gremiales, políticas alternativas y hasta teniendo su apertura mediante bases dentro del mismo Partido Justicialista (PJ). Según pudimos constatar desde Data24, actualmente los primordiales son el titular de la subsecretaría de Inspección General, Marcelo Cardoso, y la concejal de Tercera Posición (3P), Ilda Mercedes Morro.

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Marcelo Cardoso, titular de la subsecretaría de Inspección General

Ambos referentes del peronismo se han encargado de darle forma a la “pata peronista”, como fue en la última ocasión que el ex presidente Eduardo “El Cabezón” Duhalde pisó Mar del Plata y tuvieron su representativa fotografía. Sumado a que el territorio de la Quinta Sección Bonaerense está en manos de los 2.

Yendo por la misma línea, Cardoso se referencia con el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, en todo momento a través de charlas y seguimiento por las redes sociales. Se podría dejar en claro que es la línea negociante más representativa.

Marcelo Cardoso on Twitter: “Mi apoyo a @MiguelPichetto ante los dichos de la diputada Zuvic. Es inaceptable que en momentos donde tenemos que consolidar la unidad opositora, algunos sean funcionales a otros intereses.@MiguelPichetto viene fortaleciendo la Unidad de Juntos por el Cambio, permanentemente !! / Twitter”

Mi apoyo a @MiguelPichetto ante los dichos de la diputada Zuvic. Es inaceptable que en momentos donde tenemos que consolidar la unidad opositora, algunos sean funcionales a otros intereses.@MiguelPichetto viene fortaleciendo la Unidad de Juntos por el Cambio, permanentemente !!

El radiopasillo del Palacio Municipal y la Dirección General de Inspección determina que hubo reuniones privadas con el director de Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart, el cual fue objeto de desplantes por parte del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Se estima que junto a su pareja, la diputada Débora Indarte, tendrían como salida ir detrás de Pichetto. Amén de que trabajaron juntos en las últimas elecciones del Partido Justicialista (PJ) en Mar del Plata.

Por el lado de la edil Mercedes Morro, algunos estiman que perder la caja de la Unión de trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) ha sido como el final. Sin embargo, el apoyo gremialista de Luis Barrionuevo (de mucha cercanía con el intendente) es imprescindible.

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Asimismo, la concejal cuenta con lineamientos relevantes y hasta comunicaciones de equipo con la presidente del PRO, Patricia Bullrich, quién tendría a Morro como uno de los ejes en la Comuna, más allá de contar con gente de la propia manga.

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ESCÁNDALO EN BARILOCHE: El chofer del intendente golpeó a un vecino que se manifestaba durante la apertura de sesiones

La apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche terminó en un escándalo con denuncias por agresiones físicas, amenazas y una mujer desmayada durante el acto encabezado por el intendente Walter Cortés

Los hechos ocurrieron en medio de un conflicto político y social por el futuro del Cerro Catedral, donde vecinos y algunos concejales de la oposición se manifestaron contra el proyecto de desarrollo impulsado por el Ejecutivo municipal y CAPSA (Catedral Alta Patagonia S.A., la empresa concesionaria de la explotación y operación del cerro, emblema de la localidad), en el marco del debate por los cambios y la definición de parámetros urbanísticos en esa zona. 

El intendente Cortés inició su discurso con un extenso informe de gestión centrado en obras y en temas de la agenda local, entre ellos la definición de parámetros para el cerro Catedral, la situación del vertedero municipal y la reforma de la Carta Orgánica prevista para este año.

Una manifestante integrante de la Asamblea de Jubilados en lucha, relató que recibió un cabezazo en el tabique nasal que le provocó un desmayo. La mujer, que debió ser hospitalizada, luego radicó una denuncia penal y debió ser hospitalizada.

También un integrante de Residentes Unidos Bariloche llevó a la Justicia las agresiones que sufrió en el acto de apertura. Este vecino explicó que al ingresar al recinto varias personas lo rodearon y lo increparon. “Estábamos acá adentro, reclamando pacíficamente. Se ve que me tienen fichado, porque apenas entré me rodearon seis personas, a las que les pregunto si me estaban rodeando a mí, a lo que me contestan que sí, que me cuide, que después nos ibas a cruzar”.

Según indicó, tras ese episodio volvió a ingresar y allí se produjo la agresión que desencadenó los disturbios. De acuerdo con su versión, un hombre vinculado al entorno del intendente le propinó un golpe de puño en la cara, una situación que quedó registrada en un video.

La denuncia penal del vecino agredido quedó asentada en la Subcomisaría 55 de Playa Serena. Según la certificación de actuaciones judiciales labrada con fecha 2 de marzo de 2026, el denunciante declaró que “siendo las 11:10 aproximadamente me hice presente en el gimnasio municipal n° 5 acompañado con un grupo, desde que entré a la asamblea gente allegada al intendente Walter Cortés me rodearon y comenzaron a increparme invitándome a salir fuera y amenazándome con que ya nos íbamos a cruzar”.

De acuerdo con esa denuncia, el hombre identificado como autor del golpe inicial fue César Milton Catrigual Guerrero. Desde el 31 de marzo de 2025 ocupó el cargo de colaborador directo del intendente Walter Cortés, en virtud de la Resolución Municipal N° 00000686-I-2025, firmada el 16 de abril de 2025. Esa resolución, dictada en el marco de la Ordenanza N° 3439-CM-2023 que aprobó la estructura política de la gestión, estableció una remuneración equivalente a dos salarios básicos de la categoría 19 más zona fría, vigentes hasta que “el Sr. Intendente disponga lo contrario”.

Medios locales también recordaron que, antes de su incorporación al Ejecutivo municipal, Catrigual Guerrero fue desvinculado de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche (CEB) tras acumular años de inasistencias injustificadas.

La concejal opositora Julieta Wallace afirmó que presenció una de las agresiones y apuntó contra el entorno de Cortés. “Fui testigo cómo el chofer de Cortés le pegó una piña a un vecino que se fue a manifestar en contra del proyecto del Cerro Catedral“.

La Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche emitió ayer lunes una resolución y se abocó de oficio a investigar los episodios de violencia registrados durante el acto oficial. El documento, firmado por la defensora Mariana Minuth, consignó empujones, gritos, una intervención policial deficiente y la caída al piso de una mujer y de su hija de 9 años, hechos que derivaron en el desmayo de la vecina y en la agresión física a otro asistente.

CÓRDOBA: El PAMI adeuda $303 millones por prestaciones médicas a jubilados y escala la presión sobre la conducción libertaria

Alrededor de casi 30 comunas de la provincia de Córdoba denunciaron que arrastran atrasos en los pagos por más de $303.273.148 en el Programa de Atención Médica Integral para jubilados (PAMI), con demoras que superan los seis meses.

La deuda, según los afectados consultados, se suma a créditos impagos anteriores con farmacias y prestadores, y empieza a afectar la provisión de medicamentos y la continuidad de prestaciones básicas para jubilados y pensionados. 

Los locales describen la situación como “insostenible”, luego de haber hecho reclamos formales y pedidos de intervención han quedado sin respuesta. La ausencia de respuestas públicas de quien es el director Ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL) III de PAMI en Córdoba desde febrero de 2024, Marcos Patiño Brizuela, representando a La Libertad Avanza (LLA) y reemplazando a Olga Riutort. Es el responsable de la gestión de la obra social local junto al integrante del mismo bloque que maneja el sistema de medicinas por medio del poder judicial, Gabriel Bornoroni.

Los municipios cordobeses actúan como prestadores temporales del PAMI en zonas sin médicos de cabecera, atendiendo consultas médicas a jubilados en sus centros de salud. Por cada consulta, el PAMI paga unos $3.000. Esta espiral se agrava por problemas similares con farmacias en Córdoba, donde las deudas alcanzan miles de millones y amenazan cierres.

Desde el PAMI ya habían afirmado que “tanto la dispensa como la provisión de medicamentos” para sus afiliados “no corre ningún riesgo”. Según explicaron, el conflicto se originó a partir de un supuesto “malentendido” derivado de una comunicación interna del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, dirigido por Germán Daniele, en la que se señalaba que no estaban llegando las notas de crédito emitidas por los laboratorios.

Desde el PAMI aseguraron que el cronograma de pagos se viene cumpliendo con normalidad y precisaron que las liquidaciones se realizan regularmente durante la última semana de cada mes.

Un relevamiento preliminar sobre la situación financiera revela que, al menos en 29 comunas, la deuda acumulada asciende a $303 millones. Especialistas advierten que el monto podría duplicarse una vez que se incorporen los datos de más de un centenar de localidades que aún no han presentado o consolidado sus cifras.

Entre los casos más significativos aparece el municipio de Inriville, que encabeza el listado con una deuda estimada en $94.048.540. Le sigue Capilla del Monte, con compromisos impagos por $32.811.083. También figuran Serrano, con alrededor de $25 millones de adeudados; Pincén, con $22.472.231; y Charras, donde el monto pendiente alcanza los $11.349.049.

El rol de Bornoroni

Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario en Diputados y referente de LLA en Córdoba, es acusado por “no atender llamadas” de intendentes. Su estudio jurídico (Bornoroni y Asociados) influye en la gestión del PAMI provincial, con su socio Marcos Brizuela como titular local, lo que genera reclamos directos.

Su otro confidente es Andrés Bauzá, el hijo de Eduardo Bauzá, el exprimer jefe de Gabinete del expresidente Carlos Menem. Andrés es hoy el delegado provincial de la ANSES, pero no es el único cargo que Bornoroni obtuvo. A Cargo del PAMI local puso a Brizuela.

“Nos dicen que van a pagar a fin de mes, pero ya se acumulan seis vencimientos impagos. Si esto no cambia, cientos de farmacias podrían dejar de atender a los afiliados”, subrayó Germán Daniele, agregando que “el sistema está colapsado”.

Sin pagos, municipios podrían cortar atención a jubilados, rompiendo la red de salud primaria en pueblos remotos y afectando a los más vulnerables. Esto refleja un “descalabro” nacional de deudas del PAMI bajo el gobierno del presidente Javier Milei, con riesgos de quiebre en servicios esenciales.

La deuda

Anteriormente, en agosto del 2024, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba dió a conocer que el PAMI mantenía una deuda cercana a los $12.000 millones con las farmacias de la provincia.

Según Germán Daniele, la suma afectaba ya a casi 1.800 establecimientos distribuidos a lo largo del territorio provincial. “Esa deuda es real”, afirmó en su momento, y advirtió que la mora compromete la sustentabilidad de muchos prestadores locales.

“El que la está padeciendo es el jubilado, que va a su farmacia de barrio, de cercanía, y no encuentra la medicación porque la farmacia no puede reponer su stock porque la droguería le cortó la cuenta por falta de pago”, demandó Germán Daniele.

Aunque la deuda disminuyó $11.697 millones, el monto a saldar aún persiste, sobre todo para quienes son “PAMI dependientes”.

El malestar social alcanzó un récord negativo en febrero

El malestar social alcanzó en febrero su peor registro desde que comenzó la serie, hace casi dos años, según el último Índice de Irascibilidad Social elaborado por la consultora Casa Tres y publicado en exclusiva por la revista digital Seúl. El indicador cayó por tercer mes consecutivo y se ubicó en -14 puntos, seis por debajo de enero.

El resultado perforó el piso de -13 puntos que se había registrado en septiembre de 2024 y septiembre de 2025, hasta ahora los meses más bajos de la medición. Según una de las comparaciones incluidas en el informe, el índice quedó además 11 puntos por debajo de noviembre del año pasado.

De acuerdo al relevamiento, el deterioro del clima social no respondió a un hecho coyuntural aislado, sino a una intensificación de los problemas que ya venían siendo detectados. La economía y el poder adquisitivo siguieron como las principales preocupaciones de los encuestados, mientras que el desempleo ganó peso y alcanzó en febrero el nivel más alto de menciones espontáneas de toda la serie.

El estudio también registró un deterioro en las expectativas. Cayó la esperanza respecto del futuro del país y empeoraron las perspectivas económicas, tanto personales como colectivas. Volvió a instalarse la percepción de que “lo peor no necesariamente quedó atrás, sino que aún podría estar por venir”.

La medición de Casa Tres condensó variables como la evaluación del Gobierno, el poder adquisitivo y el clima emocional respecto del futuro del país. Sus valores oscilaron entre -100 puntos, que expresaron el máximo nivel de descontento, y +100, que representaron el mayor grado de apoyo y conformidad.

El Gobierno mantuvo niveles de apoyo relativamente más altos entre los jóvenes, los hombres y los sectores de mayor nivel socioeconómico. En esos grupos, la conformidad con la gestión resultó superior a la irascibilidad social.

La medición se conoció pese a los avances legislativos del oficialismo, entre ellos la sanción de la reforma laboral, y planteó que los logros macroeconómicos que el Gobierno dio por alcanzados no alcanzaron para una ciudadanía que empezó a demandar mejoras concretas en su vida cotidiana. A partir del resultado de febrero, el análisis sostuvo que la sociedad pasó de un estado de “espera” a uno de “ansiedad”.

El trabajo también señaló que el oficialismo conservó un núcleo duro de apoyo. Parte de ese respaldo, indicó el análisis, se sostuvo en el “temor al pasado”, identificado como el riesgo de un retorno del kirchnerismo, más que en el entusiasmo con el presente económico. Ese factor operó como un elemento de cohesión para un tercio de la base electoral oficialista.

La Policía de Mendoza podrá usar su arma sin identificarse en situaciones de peligro inminente

La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó una reforma de la Ley 6722, norma que reguló el uso de armas de fuego por parte de la Policía provincial, y envió el proyecto nuevamente a la Cámara de Diputados para su segunda revisión. La iniciativa, impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas, obtuvo 26 votos a favor y 6 en contra.

Desde la oposición, los bloques del Partido Justicialista y del Partido Verde rechazaron la propuesta y manifestaron su preocupación por el alcance de las nuevas facultades.

La modificación apuntó a actualizar el protocolo de actuación policial, ampliar supuestos vinculados al servicio de seguridad y adecuar la actuación de los efectivos provinciales a criterios vigentes para las fuerzas federales en todo el país, en particular los vinculados al “peligro inminente”. La reforma se presentó como una herramienta para otorgar “certeza jurídica” al personal policial.

Antes de llegar al recinto, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado otorgó despacho favorable al proyecto, que propuso cambios en la ley para precisar criterios de actuación, identificación del personal y resguardo administrativo posterior a las intervenciones.

En ese marco, el Senado redefinió el protocolo de actuación y habilitó, en determinados supuestos, que el efectivo pudiera emplear su arma sin identificarse previamente cuando esa identificación pusiera en riesgo su vida o la de terceros.

La reforma amplió además el alcance del servicio de seguridad. Entre los nuevos supuestos, incluyó la actuación policial para asegurar personas y bienes ante situaciones de inseguridad y peligro inminente, así como en casos de incendio, inundación, explosión u otros siniestros. También sumó la defensa de funcionarios, agentes, empleados y bienes del Estado provincial; la posibilidad de esgrimir armas cuando resultara necesario conforme a la ley y a los principios generales; tareas de observación y vigilancia con fines específicos; y la preservación del orden en espacios públicos, la prevención de conflictos, la protección de transeúntes y el cese del delito.

En cuanto al uso de armas de fuego, amplió los casos en los que la Policía pudo recurrir a ellas y precisó con mayor detalle qué se consideró “peligro inminente”. Se contemplaron situaciones de estado de necesidad, defensa propia o de terceros, prevención de delitos particularmente graves que implicaran una seria amenaza para la vida o la integridad física, detención de personas peligrosas que opusieran resistencia y también la posibilidad de impedir su fuga. Durante el debate, además, se señaló que el nuevo esquema contempló supuestos para impedir la fuga de personas que representaran una amenaza letal y para resguardar establecimientos de detención.

Otro cambio central fue que se mantuvo la obligación de identificarse y advertir de forma clara la intención de emplear el arma de fuego, pero se habilitó la excepción cuando hacerlo generara riesgo de muerte para el agente o terceros, expusiera su ubicación, implicara desventaja numérica o táctica, incrementara la amenaza del agresor o resultara evidentemente inadecuado o inútil por las circunstancias.

También se reforzaron las obligaciones posteriores al uso del arma: cuando ocasionara lesiones o muerte, el efectivo debió prestar asistencia inmediata, solicitar servicios médicos urgentes, comunicar el hecho a la autoridad judicial competente e informar a los familiares de las personas afectadas.

Martín Kerchner Tomba, presidente provisional del Senado, defendió la actualización de la norma y recordó el tiempo transcurrido desde la sanción original. “La reforma acompaña el incremento de la violencia y brinda claridad a quien actúa ante el riesgo”.

ESCÁNDALO EN EL SENADO | La libertaria Orozco enojada con Villarruel y desesperada por los contratos para sus ñoquis: “Tengo a mis asesores esperando”

En la mañana del miércoles 4 de febrero de 2026, la Senadora nacional por Salta de La Libertad Avanza, Emilia Orozco, decidió llevar el internismo oficialista en una entrevista con Luis Gasulla.

La legisladora ya venía de protagonizar un fuerte cruce esta semana con la Diputada Nacional del Pro Florencia De Sensinota que podés leer haciendo click acá—, donde quedó expuesta por su falta de argumentos frente a la modernización de leyes laborales. Ahora, la legisladora que saltó a la fama denunciando dietas ajenas, redobló la apuesta terminó exponiendo una faceta desconocida: la de una dirigente que miente para victimizarse y alimentar relatos conspirativos de redes sociales.

Orozco aseguró que sus contratos “no salen” insinuando una supuesta saña de Victoria Villarruel contra el mileísmo, y lanzó una comparación malintencionada: afirmó que los de Jorge Capitanich se liberaron en diciembre pero los de La Libertad Avanza no. Esta es la primera gran mentira de la senadora: utiliza al exgobernador K chaqueño para sugerir solapadamente una alianza entre Villarruel y el kirchnerismo, ocultando deliberadamente que todos los Senadores de LLA que ingresaron en diciembre de 2025 ya tienen sus contratos firmados y sus equipos cobrando.

La corroboración que deja en evidencia a Orozco

Mientras la senadora intentaba instalar que hay un bloqueo contra el oficialismo, la nómina oficial del Senado le devuelve un cachetazo de realidad. Los senadores de LLA, tanto los que ingresaron en 2023 como quienes asumieron junto a ella en diciembre de 2025, ya tienen sus oficinas pobladas con números que, en muchos casos, se acercan o igualan a los de la “casta” que ella denuncia:

  • Bruno Olivera Lucero: 16 asesores.
  • Ezequiel Atauche: 15 asesores (llegó a tener 16).
  • Ivanna Arrascaeta: 14 asesores.
  • Juan Cruz Godoy (ingresó en diciembre): 12 asesores.
  • Bartolomé Abdala: 12 asesores (llegó a tener 20).
  • Francisco Paoltroni: 11 asesores.
  • Agustín Coto: 11 asesores.
  • Silvana Schneider (ingresó en diciembre): 10 asesores.
  • Enzo Fullone (ingresó en diciembre): 10 asesores.
  • Juan Pagotto: 9 asesores.
  • Nadia Márquez (ingresó en diciembre): 9 asesores.
  • Mario Cervi (ingresó en diciembre): 9 asesores.
  • Vilma Bedia: 8 asesores.
  • Patricia Bullrich (ingresó en diciembre): 4 asesores.

Otro dato curioso es que, cuando LLA tenía solo 7 Senadores, llegó a tener 88 asesores, dando un promedio de 12,6 asesores por Senador.

¿Cómo explica Orozco que a todos ellos les firmen los contratos y a ella no? La mentira quedó expuesta: no hay una orden política contra el bloque libertario, sino una Senadora que utiliza la falta de asesores como una herramienta de propaganda para ocultar su propia rebeldía institucional.

La gata flora: critica el presupuesto pero busca la caja

La contradicción de Orozco roza el absurdo. En la misma charla, chicaneó a Villarruel por haber reclamado al Ejecutivo que subsanara el presupuesto del Senado: “la única preocupación fue que no había presupuesto… yo salí con esa sensación”, asintió cuando Gasulla le preguntó si lo que importaba era “la tarasca” (SIC).

Lo que Orozco omite es que los sueldos de los asesores que ella tanto reclama salen, precisamente, de ese presupuesto que ella misma cuestiona. Orozco denunció a Capitanich por tener 18 colaboradores (ella dijo “más de 20”), pero calla ante los números de sus propios correligionarios que tienen números similares de colaboradores, e incluso llegaron a tener más, como en el caso de Abdala.

Prontuario libertario: del “modelo Abdala” a los retornos de Ponce

Este hambre por los contratos remite a los escándalos que ya salpican al espacio. El más recordado es el de Bartolomé Abdala, que confesó usar a su planta de 20 asesores del Senado para financiar su campaña a gobernador en San Luis. Pero no es el único: el jefe de bloque, Ezequiel Atauche, ostentó una de las estructuras más abultadas con 16 asesores, superando incluso los números que la propia Orozco le critica a la oposición. A esto se suma el antecedente de Celeste Ponce, excompañera de bloque de Orozco, denunciada por exigirle “retornos” a sus propios asesores.

Con estos antecedentes, el pedido de Orozco se mira bajo otra lupa: ¿realmente busca asesores técnicos, o cajas políticas para su armado en Salta?

El “acting” karinista: sarcasmo en la radio, rebeldía en el Palacio

Para esta nota, Data 24 consultó a fuentes oficiales de la Presidencia del Senado para entender la supuesta “demora”. La explicación es puramente técnica: Orozco es la única que se niega a cumplir con el protocolo que todos sus compañeros ya pasaron.

En la radio, la Senadora minimizó el procedimiento: “parece que la modalidad, y por usos y costumbres, uno tiene que pasar por la oficina de la Presidente… veremos si esa reunión se concreta”, soltó con desdén.

No es que “parece”: es la norma institucional, donde se recibe a los nuevos y se les explica el funcionamiento de la casa. Orozco cerró su actuación afirmando que ya presentó el pedido para contratar asesores, y espetó con un sarcasmo cínico: “los nuestros aún están en espera, yo calculo que debe ser una cuestión administrativa, debe estar con mucho trabajo, seguimos en la espera”. La realidad es otra: no hay trabas administrativas; hay una Senadora que no quiere ir a la reunión obligatoria porque prefiere sostener su papel de “perseguida” mediática para ganar puntos con Karina Milei en la interna contra la Vicepresidente.

Conclusión:

Con una dieta de $10 millones brutos, Emilia Orozco ha completado su metamorfosis: de la “motosierra” salteña, a una PyME política financiada por el Estado, que miente sobre la realidad de los contratos de sus colegas, omitiendo la cantidad de asesores que tienen sus compañeros para mencionar sólo el caso de Capitanich, intentando forzar una imagen de Villarruel como aliada del kirchnerismo; cerrando su relato diciendo que “está esperando que le aprueben los contratos”, en una puesta en escena que se cae sola cuando se nota que la única que espera algo es la Presidente del Senado: que la Senadora finalmente madure y pase por su oficina.



*Autor: Augusto Grinner

ROSARIO: Un sistema de videovigilancia con IA permitió detener a una banda de delincuentes que asaltaba a comerciantes

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, detuvo a un hombre de 40 años durante allanamientos realizados en la zona oeste de la ciudad de Rosario. El operativo se enmarcó en una investigación por robos calificados cometidos bajo una modalidad reiterada en distintos locales comerciales, en la que el sistema de videovigilancia Lince, que incorpora inteligencia artificial, resultó una herramienta central para reconstruir el recorrido de los delincuentes.

La causa está a cargo del fiscal Alejandro Carón del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y se inició a partir de un robo ocurrido el 27 de enero de este año en un local comercial cuando un grupo de delincuentes armados ingresó al local, redujo a las personas presentes y sustrajo efectivo y pertenencias para luego escapar rápidamente.

A partir del hecho, los investigadores avanzaron con un relevamiento exhaustivo de las cámaras de seguridad y aplicaron las herramientas del sistema Lince: una plataforma tecnológica implementada por el Gobierno de Santa Fe que utiliza inteligencia artificial para el análisis de imágenes provenientes de la red de videovigilancia. 

El procesamiento de ese material permitió detectar un vehículo asociado al robo y reconstruir su recorrido por distintos sectores de Rosario mediante el cruce de registros captados por los múltiples puntos de monitoreo que tiene la ciudad. La investigación también contó con el aporte de cámaras privadas, permitiendo así ampliar la trazabilidad del vehículo y agregando elementos probatorios para orientar las tareas de campo de las Fuerzas de Seguridad.

A través de estas tareas los agentes lograron establecer vinculaciones con otros hechos de características similares. Entre ellos, un robo ocurrido el 7 de noviembre de 2025 en un comercio de Lima al 1000 y otro episodio registrado el 13 de abril de 2024 en un local de Corrientes al 900. 

Todos los hechos presentaron un modus operandi coincidente y habrían sido cometidos por un mismo grupo delictivo que actuaba de manera coordinada.

En continuidad, se allanaron tres domicilios. En uno de ellos se detuvo a Matías Miguel R (de 40 años) sindicado integrante de esta banda vinculada a una serie de robos calificados. También se secuestraron tres teléfonos celulares, dos bandoleras y un DVR correspondiente al sistema de cámaras del domicilio. 

Sobre la utilización de la plataforma tecnológica en el caso, el secretario de Tecnologías para la Gestión de Santa Fe, Ignacio Tabares, señaló: “Cada vez que se activa el Lince, el reloj de la impunidad empieza a marcar cero. Ya no se trata de esperar que un patrullero pase por una esquina: aunque los delincuentes escapen del lugar del robo, sus movimientos quedan registrados”. El funcionario agregó que “este sistema permite seguir los pasos de quienes cometen delitos y aportar evidencia para que la investigación avance y la Justicia pueda actuar”.

El sistema Lince, detallaron fuentes de la provincia, permite procesar grandes volúmenes de imágenes en menor tiempo, identificar vehículos o patrones de movimiento y reconstruir trayectorias a partir del cruce de cámaras ubicadas en distintos puntos de monitoreo, con el objetivo de aportar datos relevantes para investigaciones judiciales.

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