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La Ciudad no acepta cubrir el subsidio que quitará Javier Milei para los colectivos y el boleto en las líneas porteñas se iría a 642 pesos.
Hoy el costo del viaje en colectivo en las 31 líneas de jurisdicción nacional pero que tienen recorrido solo por dentro de la Ciudad de $863. De ese importe, el pasajero paga $371, la Nación aporta en subsidio $271 y el gobierno porteño aporta $221.
Al retirarse el aporte de la Nación, como la Ciudad mantiene su parte del subsidio actual, el Gobierno Nacional debería establecer una nueva tarifa en $642 para sustituir la quita del subsidio nacional.
“Sin dudas el Gobierno Nacional tiene la potestad de bajar o eliminar subsidios al transporte público de Colectivos en el Amba, también tiene la responsabilidad de definir la tarifa, la habilitación, los recorridos, etc.”, comentaron fuentes del gobierno porteño.
“Lo que el Gobierno Nacional no puede hacer es quitar los subsidios sin corregir las tarifas. No hay pensamiento mágico en esto, o hay subsidio o hay tarifa. Una u otra decisión son potestad plena y exclusivas del Gobierno Nacional”, dicen en la Ciudad.
En el entorno de Jorge Macri se quejan de que el gobierno nacional pretende dejar de aportar a los subsidios de las 31 líneas de colectivos que circulan por la Ciudad, pero mantener el poder de fiscalización de todo el servicio y fijar las tarifas y los montos de las compensaciones, que pretende que sean soportadas por la Ciudad.
“Es decir, la Nación decide todo y quiere que la Ciudad pague las consecuencias de sus decisiones”, protestan en la Ciudad. Lo mismo asegura el gobierno bonaerense. El razonamiento de Jorge Macri (al igual que el de Kicillof) es que Milei no les quiere dar los subsidios pero quiere que asuman ellos el costo para que no suba el boleto y no se dispare la inflación.
*Fuente: LPO –
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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara a la educación como “Servicio Estratégico Esencial”, con el fin de garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas del país y evitar que los alumnos pierdan días de clases por los paros docentes. La iniciativa recibió 131 votos afirmativos, 95 negativos y dos abstenciones.
El proyecto tuvo el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques aliados del oficialismo como el MID, CREO, Independencia, Producción y Trabajo, y Buenos Aires Libre, en tanto que fue rechazado por el grueso de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
El documento, que ahora se debatirá en la Cámara de Senadores, estipula un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice un 30% de presencialidad del personal docente y no docente en los escenarios de paro o cese de actividades.
EDUCACIÓN COMO SERVICIO ESENCIAL: LA EXPLICACIÓN DE ALEJANDROFINOCCHIARO
El impulsor de la ley y presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, explicó las bases y los objetivos y señaló una contradicción entre el derecho a huelga y el derecho a los niños a educarse.
“Esta ley dará el marco para que buenos gobiernos puedan revertir la tragedia educativa argentina”, aseguró el diputado del PRO.
Y agregó: “Acá están representados los padres que se dieron cuenta que sus hijos no sabían leer o escribir en pandemia, porque acá proponemos escuelas abiertas”.
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO EN DIPUTADOS PARA REGULAR LAS HUELGAS DOCENTES?
La iniciativa declara a la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo.
La iniciativa legislativa propone que, en caso de declararse paro, el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de huelga. De esta manera se busca garantizar la continuidad de las clases incluso en días de manifestación.
En caso de que la la medida de fuerza se prolongue por más de dos días, el documento propone un cambio en el porcentaje y este se incrementa al 50%. De esta manera, si bien el proyecto no impide la realización de las protestas, si estipula reglas estrictas sobre las que las mismas deben llevarse a cabo.
En detalle, uno de los artículos también plantea que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deberán informar a las autoridades sobre la “nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento” de esta medida.
El documento recoge aportes de otras propuestas similares presentadas por diferentes legisladores y llega al recinto luego de ser aprobada en la Comisión de Educación. La iniciativa cuenta con un amplio consenso entre los diputados del PRO, UCR, CC, LLA, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, pero es rechazado por los diputados de Unión por la Patria y la Izquierda, que consideran que, de aprobarse, afectaría al derecho a huelga.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, dijo que “este proyecto beneficia a toda la sociedad” y agregó que “pone en el centro del debate educativo a los chicos, sin los cuales no habría sistema educativo”. “Tenemos que encontrar un equilibrio entre el derecho a educarse y el derecho a huelga. Claramente en nuestro país en los últimos años hay una colisión entre dos derechos. El derecho de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse”, precisó.
Añadió que el proyecto busca que “en el caso de una medida de fuerza federal, la escuela debe estar abierta, los directivos deben ser responsables de que eso suceda”. “Y que debe haber una guardia de directivos docentes y no docentes que ese día reciban a los chicos que den clase de acuerdo a la organización de la escuela y que además garanticen los otros derechos que hoy garantiza la escuela, como el derecho alimentario”, remarcó.
Desde la oposición, la diputada kirchnerista Blanca Osuna indicó que el proyecto lo único que busca “es regular el derecho de huelga como ya lo ha dicho claramente el informante del oficialismo”. “A nosotros estamos planteando es que eso nos avergüenza”, agregó y señaló: “El verdadero problema es el agravamiento de la situación de hambre y de nutrición lo vemos en cada rincón, en cada centro de salud del país”.
Por su parte, el diputado radical Julio Cobos afirmó que respaldaba este proyecto porque tienen que “hacer todo el esfuerzo posible para que esa relación se mantenga en la cantidad de días establecidos para cumplir con un calendario académico de 180 o 190 días”.
La diputada de izquierda, Vanina Biasi, por su parte, sostuvo: “Nosotros vamos a defender la docencia, el derecho a la protesta. Quienes quieren prohibirlo son los verdaderos responsables de que la educación no sea de calidad en la Argentina”.
El pasado miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, participó del Ciclo de Debate “Nuevos escenarios de la democracia”, un espacio de diálogo centrado en la reforma política electoral que impulsa el gobernador de esa provincia, Rogelio Frigerio. El evento, que tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, fue presentado por el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Luciano Filipuzzi.
Durante su intervención, Hein confirmó que el proyecto de reforma electoral, que incluye la implementación de la Boleta Única de Papel, será presentado “en breve” en la Cámara de Diputados para su debate en comisión. “El proyecto llegará en breve a Diputados para que lo debatamos en comisión”, aseguró Hein, subrayando la importancia de alcanzar consensos amplios antes de su tratamiento legislativo.
La reforma electoral en Entre Ríos fue uno de los ejes principales de la gestión de Frigerio, quien en la apertura del ciclo de debate se mostró confiado en que la Boleta Única de Papel será implementada en los comicios de 2027: “No es una reforma personal, me preocupé en que esto no tuviera un nombre propio, ni siquiera de un color partidario. Tiene que ser nuestra reforma, la reforma de los entrerrianos”, afirmó el gobernador, destacando el carácter inclusivo y participativo del proceso.
Hein, alineado con esta visión, señaló que el ciclo de debates es “clave para la nueva manera en que los entrerrianos vamos a disponer nuestro voto”. Además, resaltó que la reforma busca incorporar los matices y puntos de vista de diferentes sectores, con el fin de evitar que el proyecto ingrese “de una manera forzada” en la Legislatura. “Estamos trabajando para lograr unanimidad de criterios, que es lo que buscamos todos”, manifestó.
El proyecto de Boleta Única de Papel es uno de los cambios más significativos propuestos en el sistema electoral de la provincia. Hein destacó que, si bien ya existen borradores trabajados por la Bicameral, el enfoque inicial fue escuchar a todas las partes involucradas. “Hay consensos sobre la boleta única, se está trabajando en borradores, pero primero la idea era escuchar a los diferentes sectores”, explicó el presidente de la Cámara baja.
El Ciclo de Debate “Nuevos escenarios de la democracia” contó con la participación de destacadas figuras políticas y académicas, quienes abordaron diversas perspectivas sobre la reforma electoral. Entre los disertantes se encontraban el ministro de Gobierno y Trabajo de la Provincia, Manuel Troncoso; la intendenta de Paraná y exlegisladora, Rosario Romero; el exsecretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación y exdiputado nacional, Adrián Pérez; y la profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional del Litoral, Mariela Uberti.
La denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández tuvo sus repercusiones en Córdoba, porque un grupo de legisladores de la oposición volvió a pedirle al gobernador Martín Llaryora que aparte de su cargo al ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill, quien está imputado en una causa de violencia de género.
En marzo pasado, la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, pidió la elevación a juicio de la causa, en la que el ministro provincial está imputado por lesiones leves calificadas por el vínculo y por violencia de género.
Gill ratificó su inocencia en relación con los cargos presentados en su contra por una expareja cuando él ejercía como intendente de Villa María.
El funcionario provincial amplió este año su testimonio ante la fiscalía y reiteró su posición de inocencia. Tras la imputación, hubo un pedido de elevación a juicio que fue apelado por el acusado y aún no fue confirmada la elevación a juicio.
La semana pasada, cuando se conoció la denuncia contra el expresidente, en el recinto de la Legislatura de Córdoba hubo legisladores de la oposición que plantearon que el ministro debía renunciar y pidieron al mandatario provincial que tome una decisión al respecto.
El bloque del Frente Cívico había presentado un pedido de informes en el que solicitó se dé cuenta de casos de violencia de género en el Poder Ejecutivo. Esto fue lo que también generó que algunos opositores aprovecharan para insistir en el recinto con el apartamiento de Gill.
“Si a (Gabriel) Bermúdez (imputado por acoso y denunciado por violencia de género) Daniel Passerini (intendente de la ciudad de Córdoba) le pidió la renuncia en cuanto se enteró de que tenía esa causa, Martín Gill es el único que está procesado. Cualquier persona que trabaje en una fábrica, en la parte privada, cualquier hombre que llegue a tener una denuncia de esta magnitud y esté procesado, es sacado de inmediato; lo dejan sin trabajo. Si este hombre no está a la altura para estar ahí moralmente, le tendrían que haber pedido que se retire, que se aparte hasta que se esclarezca su causa”, expresó Nancy Almada, legisladora del Frente Cívico, quien había planteado el pedido de informes.
“Llaryora no le pide la renuncia porque se lo está pidiendo la oposición y él tiene que mostrar con una gran soberbia cuánto poder tiene. Piensa que le van a llevar puestos a los ministros. Un pensamiento soberbio”, insistió Almada.
Viviana Martocci, también legisladora del Frente Cívico, fundamentó por qué el ministro debería ser apartado. “Debe renunciar porque se encuentra imputado en una causa de violencia de género elevada a juicio; es decir que para la Justicia existen elementos de convicción sobre los graves delitos que se le endilgan. De ninguna manera puede un funcionario continuar en su cargo en esa situación. Evidentemente, el ministro no se aparta de su función porque es amparado por una estructura de poder que silencia y normaliza la impunidad ante la violencia de género”, manifestó.
“El gobernador jamás debió designarlo, pero hoy debe exigirle la renuncia en forma inmediata si en verdad quiere demostrar su compromiso con la erradicación de la violencia de género, porque la omisión implica complicidad”, agregó.
La presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, la radical Alejandra Ferrero, coincidió con la importancia de que ante la imputación Gill no continúe en el cargo.
“Debe ser inmediatamente apartado del cargo, porque no sólo pesa una denuncia, sino una imputación y tiene un procesamiento con elevación a juicio por una causa de violencia de género. Y me parece que el Gobierno debe predicar no sólo con la palabra sino con el ejemplo. Declaman la lucha contra la violencia de género, pero no la ejercen. A Llaryora le falta decisión política, el coraje para pedirle la renuncia. Passerini de inmediato le pidió la renuncia a Bermúdez sin que este ni siquiera haya sido imputado; con la sola denuncia lo apartó de su cargo. Es vergonzoso”, dijo.
“Vemos la hipocresía, la misma que hubo a nivel nacional, de un gobierno embanderado en la lucha contra la violencia de género y que tiene a la vista resultados como los de Alberto Fernández, Fernando Espinoza, José Alperovich”, insistió.
En abril pasado, el legislador ex-Coalición Cívica Gregorio Hernández Maqueda había planteado el pedido de tratamiento sobre tablas para la realización de un juicio político contra Gilltras conocerse su imputación, pero no tuvo los votos necesarios para su tratamiento.
¿QUÉ DICE EL OFICIALISMO CORDOBÉS?
En el oficialismo, el tema fue debatido en su momento a puertas cerradas y primó la postura de que debe pesar la “presunción de inocencia”. Por lo tanto, el gobernador no tendría razón ni motivos para apartarlo de su cargo. “Es una denuncia de instancia privada, no tiene aún elevación a juicio, no interfiere en lo más mínimo en el desempeño como ministro. Entonces, ¿por qué apartarlo? ¿Por qué la renuncia?”, se preguntó un hombre con llegada al Centro Cívico.
“Esto es más de la politiquería barata de la oposición, que pone a todos en la misma bolsa”, lanzó este dirigente del oficialismo, quien aseguró que hay coincidencias en la mesa chica del gobernador y razones por las que Gill no presenta la renuncia.
“Ahora quieren que se aparte; mañana pedirán que se aparte otro ministro. Denuncian que no se hace nada, que se oculta, que se encubre, pero por qué no miran a la Justicia, donde están siendo juzgados los funcionarios con elevación a juicio, a los que les debe caer el peso de la ley”, se sinceró otro hombre próximo al Centro Cívico al referirse al proceso que se lleva adelante contra Diego Concha, exdirector de Defensa Civil, imputado de “homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en abuso de sus funciones y por mediar un contexto de violencia de género”.
“¿Por qué quieren exponerlo como si fuera Concha? Porque quieren hacer politiquería”, dijo otro funcionario que defendió la decisión de evitar una renuncia.
Entre algunas legisladoras oficialistas, en cambio, hay malestar por el tema, sobre todo, entre las que abrazan desde hace años la bandera de la lucha contra la violencia de género. Aunque respetan la decisión del ministro.
En el recinto en la Legislatura, la justicialista Julieta Rinaldi se llevó los aplausos de varios de sus pares cuando, al responder el pedido de informes sobre los casos de violencia de género en el Poder Judicial, dijo que esto debía ser contestado en este ámbito, pero que también estaba interesada en conocer ese detalle.
Fue en ese marco que Rinaldi alzó la voz para insistir. “Sea del Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, del que sea, los violentos tienen que caer. Caiga quien caiga”, dijo la legisladora, quien el año pasado integró el jury para destituir al exjuez Martín Flores, denunciado por violencia de género y abuso sexual en perjuicio de una de sus exparejas.
También la legisladora del PRO Karina Bruno pidió, en el marco del mismo debate legislativo, que se trabaje puertas adentro en la Legislatura en la elaboración de un protocolo de violencia de género para ese ámbito. Recordó que lo presentó en abril pasado y está a la espera de ser abordado. “La llave también la tenemos nosotros en esta Legislatura”, dijo, al referirse a los opositores más críticos al Gobierno provincial.
Desde el círculo cercano a Gill dijeron que no hablará sobre el tema y que no hay novedades al respecto. Se insistió que el ministro se presentó ante la Justicia para ejercer su derecho de defensa y que hasta el momento no hay una elevación a juicio de la causa.
En un reciente relevamiento realizado por la Consultora Escenarios, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se posicionó como el dirigente con la mejor imagen diferencial a nivel nacional, destacándose con un diferencial positivo de 8,93%. Este resultado proviene de una encuesta a nivel país que incluyó 1.057 casos, con un nivel de confianza del 95% y llevado a cabo entre el 24 de junio y el 14 de julio de 2024.
Según el análisis, Frigerio posee una imagen positiva del 32,56% y una negativa del 23,63%. En segunda posición, se encuentra la vicepresidenta VictoriaVillarruel con un diferencial de 6,57% (45,26% positiva y 38,69% negativa). El presidente JavierMilei sigue en el tercer lugar con un diferencial de 4,64% (47,64% positiva y 43% negativa), y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ocupa el cuarto puesto con un 3,8% (47,1% positiva y 43,3% negativa). Por otro lado, el gobernador de Santa Fe, MaximilianoPullaro, se encuentra en el quinto lugar, pero su diferencial es negativo con -0,66% (26,98% positiva y 27,65% negativa).
En comparación con otros gobernadores, Frigerio también se destaca favorablemente. En el ranking de la consultora CB, que evaluó a los 23 gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Frigerio se ubica en una posición intermedia. A pesar de los resultados negativos para otros mandatarios provinciales como Axel Kicillof y Jorge Macri, Frigerio mantiene una imagen favorable en comparación con estos líderes, quienes tienen diferenciales negativos. Kicillof presenta un diferencial de -6,43% y Macri de -5,15%.
El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, brindó un crudo análisis de realidad provincial con números críticos de las cuentas públicas. En un contexto tensionado por los reclamos salariales, advirtió por la fuerte caída de los ingresos, fundamentalmente de los nacionales que explican el 75% de los recursos del Estado entrerriano.
“Estamos peor que en la pandemia“, enfatizó este martes el mandatario provincial durante una ronda de diálogo con periodistas de la provincia.
Según indicó, los recursos se ubicaron en agosto un 20% por debajo del año pasado e incluso advirtió que “son menos que en pandemia”.
Durante el encuentro en la Casa Gris, se compartió un informe que da cuenta que la Provincia enfrenta una profunda caída en sus fuentes tributarias, apenas morigerada por el ingreso extraordinario del Impuesto a las Ganancias en mayo, que permitió cancelar el vencimiento del segundo vencimiento de deuda en dólares heredada.
Por otro lado, indicaron que no se han recibido transferencias presupuestarias del Gobierno Nacional, entre ellas las destinadas a financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, motivo por el cual el Tesoro Provincial debe suplir dicho recorte. En ese sentido, destacó las medidas de austeridad del gasto público y las reformas en el sistema previsional con el objetivo de “desandar la bomba”.
“La emergencia se sostiene y los objetivos no son los que trazamos al inicio de gestión“, lamentó Frigerio, quien destacó que no se observa una proyección de mejora de la actividad que impacte positivamente en los recursos. En esa línea, dijo que la prioridad hoy es sostener la provisión de alimentos y garantizar el empleo público -que significa el 90% de los recursos corrientes- y que no cierren puestos de trabajo en el sector privado -ya son 5.000 en el año, precisó.
En este contexto, el gobernador reconoció que los salarios quedaron muy bajos frente a la inflación. Planteó que la realidad de las familias se agravó con aumentos importantes como tarifas “por decisión del Gobierno nacional”. De todos modos, aseguró que siguen buscando “alternativas para poder realizar una propuesta superadora a los gremios”.
En un esfuerzo por agilizar y facilitar el proceso de habilitación comercial, la Municipalidad de Gualeguaychú implementó una serie de medidas innovadoras que transformaron radicalmente el panorama para emprendedores y comerciantes de la localidad entrerriana. Bajo la dirección de Diana Visconti, la Dirección de Habilitaciones logró revertir años de burocracia e ineficiencia, logrando un aumento en la productividad y eficiencia que supera el 100%.
Desde el lanzamiento del programa de Habilitaciones Express en marzo de 2024, el número de habilitaciones mensuales creció más del 110%, pasando de 49% en julio de 2023 a 103% en el mismo mes de este año. En el primer semestre de 2024, se emitieron 575 resoluciones, superando las 554 de todo el año anterior. Este notable incremento es el resultado de una política exhaustiva que incluye la eliminación de tasas, derechos y sellados, así como la creación de un Equipo Técnico de Inspecciones Comerciales.
Directora de Habilitaciones de Gualeguaychú, Diana Visconti
La introducción de las Habilitaciones Express significó un cambio de 180 grados en los procedimientos administrativos: “Nosotros sacamos la rehabilitación, donde tenían que presentar todos los papeles como si la solicitaran nuevamente. Hoy se hace solamente una actualización de datos y ver si el lugar está en condiciones“, explicó Visconti entrevistada por los medios. Este enfoque simplificó los trámites para comercios y actividades económicas no riesgosas, reduciendo costos y tiempos de espera para los contribuyentes.
Uno de los aspectos más destacados del nuevo régimen es la solicitud online, que permite a los comerciantes iniciar el trámite sin necesidad de desplazarse. Una vez recepcionada la solicitud, la Dirección de Habilitaciones coordina con otras áreas municipales —como Obras Privadas, Catastro y Rentas— para evaluar y ejecutar las inspecciones necesarias. Este sistema no solo agiliza el proceso, sino que también asegura una mayor transparencia y eficiencia.
Además, el programa “Habilitaciones más Cerca” lleva la atención al público a diferentes barrios e instituciones de la ciudad, facilitando el acceso a la información y resolviendo dudas de los vecinos. Esta iniciativa, señalan desde el Municipio, fortaleció la relación con los contribuyentes y emprendedores, promoviendo una colaboración más estrecha entre la municipalidad y la comunidad.
El intendente Mauricio Davico enfatizó sobre la importancia de estas medidas como parte de su compromiso con la mejora del sector comercial y la reducción de la burocracia: “Este nuevo enfoque administrativo no solo reduce costos para los contribuyentes, sino que también impulsa la regularización y fomenta el crecimiento económico de nuestra ciudad”, señaló.
A pesar de la simplificación de los trámites, la normativa en materia de seguridad e higiene sigue siendo rigurosa. “Queremos que todos los actores trabajemos articuladamente, porque no es solo los trabajadores del Estado, sino también de la persona, para que envíe la documentación que se le está solicitando y que cumplimente cuando va la gente de Bromatología e Higiene. Todos somos partícipes de esto”, subrayó Visconti.
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.
