Estas sospechas nacieron en la provincia de Jujuy luego de que se realizaran varios allanamientos en diversos domicilios y sedes de organizaciones sociales, estas medidas fueron ordenadas por el Ministerio Público de la Acusación y el fiscal Diego Funes.
Los allanamientos se realizaron con otros fines hace dos semanas, se investigan extorsiones y la conformación de una asociación ilícita, pero en estos allanamientos encontraron estos escritos incriminantes a los que el fiscal se refirió, “esto sería otro delito”.
“Se encontró documentación donde hay manuscritos con un plan de acción. Se menciona concretamente la palabra ‘atentados'” dijo en rueda de prensa Funes y detalló: “Esto será motivo de una pericia caligráfica para ver quienes realizaron estos escritos”.
Los denunciantes de estas organizaciones que serían, Nuestra América; Evita; Llankaj Maku; MTE; FPDS-CP y FOL, comentaron que eran extorsionados por sus dirigentes y que los amenazaban con quitarle los planes sociales si no realizaban aportes o si no asistían a las marchas.
Los militantes y dirigentes de estas organizaciones realizaron declaraciones a los medios luego de estos allanamientos y desmintieron las acusaciones: “Hasta el día de hoy no se tiene claridad en calidad de qué están investigando a las personas y organizaciones, los allanamientos fueron irregulares…”.
Sebastián Fernández del FOL afirmó que todo el procedimiento fue irregular y agregó: “Realizaron allanamientos sin que hayan personas imputadas, anoche notificaron a varias personas allanadas que se presenten con perito de parte sin garantizar ni siquiera las 24 horas de anticipación que está establecido por ley…”.
Las declaraciones del fiscal
Si bien por el momento no hay demorados ni imputados, según confirmó el fiscal Funes, la causa está avanzando constantemente, están extrayendo información de celulares y organizadores que fueron confiscados en los allanamientos.
“No hay demorados, ni tiene restricciones a su libertad. Tampoco hay imputados formales que se les haya promovido acción penal de la fiscalía”, pero Diego si señaló que que personas sindicadas como posibles autores del delito de extorsión. También detalló que de llegar a comprobarse la culpabilidad, las condenas de estos delitos suelen ser 5 años como mínimo.
En cuanto a las declaraciones de los supuestos damnificados, especificó: “Hasta ahora lo que se analizó corrobora la existencia de una cierta obligatoriedad para concurrir a las marchas, y un control muy exhaustivo en los que van, con planillas de asistencia y el conteo de las horas donde ingresaban y se retiraban”.
En referencia a los aportes que supuestamente obligaban a realizar a sus militantes, el fiscal confirmó: “Hay un aporte periódico de las personas a las organizaciones”, pero admitió que lo que debe confirmarse en que lo hacían porque los obligaban y extorsionaban: “Debemos determinar que lo hacían con una libertad afectada, es decir que no prestaron su voluntad para hacerlo”.
Por el momento el hallazgo de los escritos en el que planificaban los atentados es reciente, es por ello que aún está en etapa de investigación y a la espera de la información que se pueda obtener de la tecnología secuestrada en los allanamientos.
