Intendentes bonaerenses PRO ratifican la autonomía y se alinean detrás de Garro
El jefe comunal platense armó una agenda que compartida con su par de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, durante una recorrida por la capital de la provincia de Buenos Aires.
10 Years Experiences
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Madura entre los jefes comunales de Propuesta Republicana (PRO) una movida tendiente a empoderar a los Ejecutivos municipales en el orden de la autonomía de sus políticas. Es una iniciativa que, entre otros, viene impulsando el platense Julio Garro con una agenda que incluye el control de la Policía Local, o por caso, el manejo de la gestión de la infraestructura escolar, tema que se puso nuevamente en agenda en estos días cuando la ola polar expuso frenos entre la burocracia provincial y los consejos escolares.
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Ese fue el tema de conversación entre Julio Garro y su par de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quienes aprovecharon una visita de Valenzuela para experiencias de gestión y planificar proyectos en conjunto. Así las cosas, lo que en principio era un encuentro en el marco del programa de entrevistas de Valenzuela (Conurbano Tierra de Oportunidades) devino, en una jornada de rosca política.
Recibí a @dievalen y recorrimos las distintas atracciones históricas que tenemos en la Ciudad. Además, charlamos sobre experiencias de gestión en La Plata y Tres de Febrero y coordinamos hacer una jornada sobre autonomía municipal junto a intendentes, concejales y académicos. pic.twitter.com/hPfowB5tpn
Con la idea de realizar una emisión sobre La Plata, almorzaron en la icónica Cervecería Modelo y Garro hizo de guía turístico del jefe comunal del oeste en un recorrido histórico por la Capital Provincial. Durante la recorrida, acordaron realizar una jornada sobre autonomía municipal junto a intendentes, concejales y académicos instruidos en el tema.
“El objetivo es tener un espacio para reflexionar y trazar un camino de reformas y proyectos, tanto legislativos como políticos, para poder seguir desarrollando los distritos”, sostuvo a Data 24 una fuente cercana al Ejecutivo platense. También conversaron sobre la actualidad de Juntos en la provincia de Buenos Aires y los desafíos electorales que se vienen. Y un dato más, los intendentes bonaerenses del PRO se preparan para realizar una cumbre para afianzar esta agenda de Autonomía Municipal.
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El gobierno de San Luis estableció esta semana que los alumnos que ejerzan bullying u otras formas de violencia en las escuelas de la provincia podrán perder total o parcialmente el beneficio económico del programa “Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro”. La medida se formalizó mediante un decreto que el gobernador Claudio Poggi firmó para modificar la Ley N° VIII-0752-2011, que regula el Estímulo Educativo y la Concientización del Ahorro a través del mencionado programa.
La nueva normativa estableció que los estudiantes deberán acreditar una conducta escolar basada en el respeto y la convivencia. Así, los alumnos que incurran en prácticas de bullying (acoso, extorsión, amenazas o cualquier forma de violencia física, sexual, psicológica o verbal) ya sea de manera personal o virtual, quedarán alcanzados por un esquema de sanciones que contemplará descuentos importantes en el beneficio económico, la exclusión parcial del programa o la pérdida total de las estampillas acumuladas.
Según informó la Agencia de Noticias de San Luis, la normativa precisó que los alumnos que incurran en alguna de esas conductas serán pasibles del descuento del equivalente en estampillas correspondiente al año en curso al momento del hecho.
– El gobernador de San Luis, Claudio Poggi
En caso de verificarse la reiteración de la conducta en tres oportunidades, en un mismo ciclo lectivo o en años continuos o discontinuos, el Ministerio de Educación procederá al descuento total de las estampillas acumuladas hasta esa fecha y los ‘imputados’ podrían perder hasta 1200 dólares. El esquema sancionatorio entrará en vigencia a partir del ciclo lectivo 2026.
El decreto incorporó además la obligación de que los estudiantes mantengan un comportamiento adecuado no solo con sus compañeros, sino también con docentes, directivos, preceptores, personal administrativo y de maestranza, a modo de garantizar el normal funcionamiento del establecimiento educativo.
Encabezada por Guillermo Araujo, la cartera educativa señaló que el programa buscó fomentar el ahorro escolar y propuso convertirse en un instrumento de promoción de la convivencia pacífica y el respeto dentro de las escuelas de la provincia de San Luis.
– El ministro de Educación de San Luis, Guillermo Araujo
En diálogo con medios locales, el ministro ahondó en la iniciativa: “La escuela es la caja de resonancia de lo que va pasando en la sociedad. Se busca reconstruir el tejido social y fomentar un ambiente sano en la escuela, forma parte de eso. No podemos permitir que un chico tenga miedo de ir a la escuela, porque no aprende”.
Asimismo, sumó que la intención es concientizar acerca de que el bullying es un flagelo que “no se puede dejar pasar”.
La medida decretada por la provincia “es una herramienta sancionatoria más. También tenemos otro mecanismo para intervenir, mediar, tener reuniones, evaluar las actas con hechos objetivos, charlar con compañeros, no es sólo a partir de la denuncia. La idea no es llegar a la sanción. También enviamos un proyecto de ley para que los padres se hagan responsables penalmente con tres días de arresto y aumento del trabajo comunitario si sus hijos tienen estas conductas. Los actos tienen consecuencias”, consideró el burócrata.
¿Cómo es el programa de ahorro del gobierno de San Luis?
El programa “Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro” se implementó en San Luis en el año 2011 como un estímulo educativo y una herramienta de concientización del ahorro. Las estampillas funcionaron como un incentivo que los alumnos de escuelas públicas y privadas acumularon a lo largo de la primaria y la secundaria. Cada año, el estudiante que promocionó el grado o curso anterior recibió la estampilla correspondiente y la coleccionó en una libreta. En el nivel primario, cada estampilla tuvo un valor equivalente a u$s50; en el nivel secundario, las estampillas valieron u$s100 de 1º a 6º año y u$s300 en el último año. Al finalizar sus estudios, el alumno logró un ahorro equivalente a u$s1.200, que pudo canjear en pesos para financiar estudios superiores o emprendimientos.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó su “enérgico rechazo” a la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, de modificar la carga del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) mediante la activación de la denominada “quinta cuota”. La entidad que preside Ignacio Kovarsky, integrante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), indicó que el Poder Ejecutivo provincial aplicó, a través del artículo 139 de la Ley Fiscal, un incremento adicional del 25% en el tributo, concretado por la vía de duplicar el valor de la cuarta cuota que los productores rurales ya habían abonado.
CARBAP sostuvo que “esta medida es ilegal e improcedente, al adoptarse sin la aprobación del Presupuesto 2025 ni de una nueva Ley Impositiva”. Para la dirigencia ruralista, el hecho de que el aumento se hubiera instrumentado sobre la base de una Ley Impositiva prorrogada, en paralelo a la discusión del nuevo paquete fiscal bonaerense, evidenció la ausencia de la “legalidad, equidad y racionalidad tributaria” que la entidad demandó explícitamente en su comunicado.
La entidad recordó que la quinta cuota del Inmobiliario Rural bonaerense ya había sido objeto de tensiones a comienzos de año entre la organización y la gestión de Axel Kicillof, dado que la facultad de aplicar o no esa cuota quedaba sujeta a la decisión del Gobierno provincial. La Ley Fiscal sancionada en 2024 habilitó a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) a hacer uso de ese mecanismo, vinculado a la “quinta cuota del Inmobiliario Rural 2025”, y el organismo lo ejecutó. A los ojos de los dirigentes rurales, “se trata de un aumento encubierto del 25% sobre los pagos ya realizados a lo largo de este año” por los propietarios de campos bonaerenses.
Junto con el cuestionamiento jurídico y tributario, el documento de CARBAP enfatizó el contexto productivo en el que se adoptó la medida. El título del comunicado sintetizó esa lectura: “Cuando el agua ahoga, el Estado tira un salvavidas de plomo”, expresó la entidad, al vincular el incremento impositivo con la situación de inundaciones, pérdidas productivas y deterioro de la infraestructura vial rural.
En el comunicado la Confederación describió del siguiente modo el escenario que enfrentaron los productores bonaerenses: “Nunca es buen momento para aumentar los impuestos. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires ya lo hizo en 2024, aun cuando los productores veníamos de tres años de sequía. Y vuelve a hacerlo ahora, sin que el campo haya podido recuperarse, en medio de una de las peores crisis productivas de los últimos años, con millones de hectáreas que permanecen bajo el agua, caminos rurales y rutas intransitables, con miles de familias que luchan día a día contra las pérdidas, el desaliento y la incertidumbre”.
La organización agraria remarcó que la decisión oficial se tomó “en plena emergencia” y añadió que “en lugar de solidarizarse y acompañar a quienes siguen trabajando pese a todo, el Estado decide poner más peso sobre sus espaldas, agravando la asfixia fiscal en plena emergencia”. Para la conducción de CARBAP, el incremento adicional en la quinta cuota se integró a una estructura de tributos crecientes que afectó a un sector que todavía no se había repuesto de la combinación de tres años de sequía y un posterior cuadro de inundaciones extendidas.
De acuerdo con un informe técnico de la Confederación, hasta septiembre se registraban más de 2 millones de hectáreas productivas afectadas por inundaciones entre el centro bonaerense y la totalidad de la Cuenca del Río Salado. Las lluvias de principios de noviembre profundizaron el problema, en especial en municipios de la Cuarta sección electoral como Bragado y Nueve de Julio, donde la presencia de campos anegados, caminos rurales intransitables y dificultades logísticas complejizó aún más la operatoria cotidiana de los establecimientos agropecuarios.
La entidad recordó que el aumento del Inmobiliario Rural en 2024 había superado el 200% establecido en la última Ley Impositiva, debido a la quita de los beneficios de buen contribuyente. Desde la óptica de CARBAP, la combinación de incrementos previos, eliminación de bonificaciones y aplicación de la nueva “quinta cuota” configuró un esquema que reforzó la presión fiscal sobre el campo bonaerense en el mismo momento en que los rindes, las pasturas y las posibilidades de producción se vieron severamente comprometidos por el factor climático.
“Por ello, CARBAP solicita la inmediata marcha atrás de esta medida y convoca a los legisladores bonaerenses a defender la legalidad, la equidad y la racionalidad tributaria”. La entidad reclamó que la discusión del paquete de leyes que el Ejecutivo envió a la Legislatura provincial incorporara la situación de emergencia que afectó a los productores y puso el acento en el rol de diputados y senadores al momento de evaluar el alcance del incremento.
La reacción se produjo luego de que la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, cuyo plazo original se había fijado para el 12 de noviembre. “La decisión, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, garantiza que quienes estén al día con el fisco mantengan el beneficio de hasta un 10% de descuento por adhesión al débito automático”, indicaron desde el gobierno provincial.
El organismo recaudador explicó que el cambio de fecha respondió a “razones operativas” y que buscó asegurar el correcto proceso de liquidación y la disponibilidad de los medios de pago, de modo tal que todas las personas contribuyentes pudieran cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones. ARBA recordó que quienes no registraran deudas, estuvieran adheridos al débito automático y optaran por abonar la última cuota del año conservarían la bonificación de hasta el 10%, un beneficio que el Poder Ejecutivo provincial presentó como incentivo al cumplimiento tributario.
En paralelo a la controversia en torno al Inmobiliario Rural 2025, las autoridades bonaerenses remitieron a la Legislatura el paquete de leyes que incorporó la propuesta de Ley Impositiva 2026. Según el proyecto del Ejecutivo provincial, el Impuesto Inmobiliario, tanto urbano como rural, no tendría aumentos de alícuotas ni de valores fiscales y congelaría los parámetros de cálculo para 2026, con el objetivo de brindar previsibilidad a los propietarios y productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires.
El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) emitió una grave advertencia y prohibió el consumo de agua en diez municipios bonaerenses, tras actualizar su “Mapa de Arsénico” y detectar niveles tóxicos de este químico.
El estudio se basó en la recolección de más de 350 muestras de agua y confirmó que los valores de arsénico superaron los parámetros considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud, con una situación que afectó directamente a más de veinte municipios de la provincia de Buenos Aires y de otras regiones del país.
El informe clasificó las zonas según su nivel de peligrosidad mediante un sistema de colores: el verde indicó agua segura, el amarillo advirtió sobre posibles enfermedades y el rojo marcó el escenario más crítico, donde se prohibió explícitamente beber el agua o utilizarla para cocinar.
Mapa de Arsénico en Argentina
– Podes acceder al mapa del ITBA haciendo click en esta imagen
Diez localidades quedaron en la “zona roja”, con la recomendación directa de no consumir agua de red ni de pozo. Entre ellas se encontraron Chivilcoy, Mercedes, Escobar, General Rodríguez, Cañuelas, Monte, Roque Pérez, Azul, Villarino, Almirante Brown, Ezeiza y San Vicente. Además, el estudio identificó otras diez localidades en “zona amarilla”, donde la población debió permanecer atenta: General Pueyrredón (Mar del Plata), Villa Gesell, Tres Arroyos, Olavarría, Junín, San Pedro, Bolívar, Baradero, Salliqueló y La Plata, junto a otros municipios del Gran Buenos Aires.
Según el trabajo de los expertos, las personas quedaron expuestas al arsénico a través del agua que ingirieron de forma directa o que usaron para cocinar, regar y realizar actividades industriales. La ingesta sostenida en el tiempo de agua con niveles elevados de arsénico, por encima de los límites fijados por la OMS, incrementó el riesgo de padecer Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE). Esta patología se vinculó con cuadros graves como cáncer de pulmón, cáncer de laringe, cáncer de vejiga y de riñón, enfermedades cardiovasculares, tos crónica y/o persistente, fibrosis pulmonar y alteraciones neurológicas, especialmente en niños.
Un aspecto que el informe consideró preocupante fue que el arsénico careció de olor y sabor, de modo que el agua contaminada pudo verse cristalina y parecer segura. Para detectar la presencia del químico y definir si era necesario instalar sistemas de potabilización, el ITBA subrayó que resultó fundamental analizar periódicamente el agua que salió por la canilla, aun cuando cumpliera con otros parámetros de potabilidad vigentes.
El “Mapa de Arsénico” del ITBA se presentó como una herramienta esencial para monitorear la presencia de este elemento en reservorios de agua subterránea y superficial a lo largo del país. El Instituto anunció el relanzamiento del mapa, que ofreció una visión detallada de la distribución de arsénico y se consolidó como referencia tanto para investigadores como para la población en general, al brindar datos accesibles y confiables sobre un problema de salud pública de alta relevancia. La actualización mejoró la interfaz y la accesibilidad del recurso gracias al trabajo de la alumna Lucía Digón, de la carrera de Ingeniería Informática.
El proyecto quedó bajo la responsabilidad del Dr. Jorge Daniel Stripeikis, Director del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales del ITBA, y contó con la colaboración del Dr. Jhon Alejandro Ávila, docente de la institución y Responsable del Laboratorio de Ingeniería Química y Medio Ambiente (LIQMA). Ávila llevó a cabo todas las mediciones, su actualización y la comunicación de los resultados. Durante la pandemia, la recepción de nuevas muestras disminuyó drásticamente y, en ese contexto, el ITBA relanzó un llamado a la comunidad para que se sumara nuevamente a la iniciativa y permitiera seguir actualizando el mapa con datos precisos.
“Somos una universidad comprometida con el desarrollo del país y con este tipo de proyectos buscamos aportar datos valiosos que ayuden a la toma de decisiones proactivas en una de las principales problemáticas de la comunidad que es el acceso a una fuente de agua segura”, comentó Stripeikis.
El estudio advirtió que la presencia de arsénico en aguas subterráneas de la Argentina, en niveles superiores a los recomendados por la OMS, podía afectar potencialmente a más de cuatro millones de habitantes. El ITBA destacó que esta exposición se registró principalmente en la llanura Chaco-Pampeana y en zonas andinas de Cuyo y del NOA, aun cuando el agua cumpliera con otros parámetros establecidos para considerarse potable.
Stripeikis detalló el origen mayoritariamente natural del problema: “La contaminación por arsénico es mayoritariamente natural y obedece a fenómenos que se produjeron hace millones de años cuando se levantó la estructura de lo que hoy conocemos como la Cordillera de los Andes. En nuestro país, las áreas geográficas más damnificadas con este fenómeno son el 70 por ciento de la provincia de Buenos Aires, particularmente lo que es el corredor de la ruta 5, como son las localidades de 9 de julio, Bragado, Casares y Trenque Lauquen, y también zonas aledañas a Mar del Plata. Además, se encuentra en todo el sur de Córdoba y Santa Fe y en La Pampa y Mendoza. En el norte, en particular Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa”.
Tras el estudio del ITBA, estas regiones quedaron bajo una alerta por la gran cantidad de arsénico presente en el agua, en especial en áreas donde la población accedió casi exclusivamente a aguas subterráneas. El relevamiento señaló como zonas afectadas a casi el 70% del territorio de la provincia de Buenos Aires —sobre todo el corredor de la ruta 5 (9 de Julio, Bragado, Carlos Casares, Trenque Lauquen) y áreas cercanas a Mar del Plata—, al sur de Córdoba y Santa Fe, a gran parte de La Pampa y Mendoza y a las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.
Una serie de chats extraídos de los teléfonos de los empresarios Claudio y Marcelo Tortul describió presuntas maniobras de pago de coimas para asegurar y mejorar contratos de seguridad con Enersa (Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima) y mencionó al ex gobernador entrerriano y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, a su entorno más cercano y al senador electo Adán Bahl.
Los mensajes que la Justicia recuperó de los celulares de los empresarios de apellido Tortul, directivos de la filial argentina de Securitas, formaron parte central de la causa federal que investigó el pago de coimas para quedarse con contratos con el Estado y que se tramitó en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. En el caso de Entre Ríos, el foco estuvo puesto en Enersa, la empresa estatal eléctrica de la provincia.
De esos teléfonos surgieron más de 25 mil páginas de conversaciones entre 2016 y 2024, en las que el nombre del ex gobernador peronista y actual diputado nacional Gustavo Bordet apareció 98 veces. En las conversaciones se habló de pagos que llegarían hasta el exgobernador y se mencionó también al entonces vicegobernador y luego intendente de Paraná, Adán Bahl, quien recientemente fue electo senador nacional del PJ electo por Entre Ríos.
Entre los interlocutores que, según los chats, funcionaron como vínculo indirecto entre los empresarios y los burócratas aparecieron dos nombres. Uno se identificó con claridad: José Gervasio Laporte, mencionado como “el negro” en las conversaciones. En uno de los mensajes, incluso, figura una foto en la que Claudio Tortul y Laporte comparten un café en un bar de un hotel de la costanera de Paraná. El otro nombre apareció como “Hugo”, quien podría ser Hugo Ballay, ex ministro de Economía durante las dos gestiones de Bordet y ex presidente de Enersa, aunque esa identificación no está confirmada y su apellido no figura en los chats ni en el expediente, según remarcaron desde su entorno.
En la causa, “El Negro” fue José Gervasio Laporte, histórico secretario Legal y Técnico de la Gobernación de las gestiones peronistas de Jorge Busti, Sergio Urribarri y Gustavo Bordet, y síndico de Enersa. Su función resultó estratégica: cuidaba la firma de los gobernadores en todos los actos administrativos. Laporte falleció hace más de 5 años, en julio de 2020, pero en los mensajes previos a su muerte ocupó un rol clave en el vínculo entre los Tortul y el poder político. “Le voy a encarar a Christian. Xq aumente enersa pirq bajo epe. Huntar a christian y bordet o el negro. Porque es grande li q vamos armar. Y q le den acuerdo entre el y el negro o bordet”, escribieron los hermanos en una de las conversaciones.
En marzo de 2017 los chats registraron una nueva reunión con Laporte. “Ayer Estuvimos cn el negro. Le pedi li ascienda. Y me dijo q si. Depende de el. Y ahora le preg a bordet si ouede pinerlo de 2. Cn ginzalez parec se pudrio bastante. El negro no sabia como ahradecer. Estamos para pedir li q querramos”, dice una de las conversaciones que apuntan a un aumento del contrato con la empresa estatal eléctrica.
Un año después, los mensajes se refirieron de manera explícita a un porcentaje de sobornos vinculado a los pagos. “El Negro me dijo q si le damos el 40 saca el pago cn el ajuste. Reparte cn Bordet Julio y el. Me pidio el 50 le dije q era alevoso no x el pedido q era incobrable (sic)”, consignó Claudio Tortul en otro chat. En noviembre de 2019, y siempre según las conversaciones incorporadas al expediente, se detalló incluso el reparto de una suma millonaria. “Te paso maso en 5 numeros como quedaria los 10 palos y pico de ENERSA. Los politicos el fronting nosotros. 4000000( bordet / Negro / Gonz / Charly / Cis / Marcelo M / Aldana / Ramiro / Daniel / Vos / yo ) Participacioned en Grone . Mas 200 lucas para mi ( gastos obra social hoteles etc )”, escribió.
Los chats también dejaron constancia de la intención de los empresarios de establecer una relación más directa con el ex gobernador, sin desplazar a Laporte. “Yo hablaba cn Taincho de que en vez de usar al Negro de interlocutor cn Bordet porq esta todos kos días. Ir directamente nosotros una vez cada tanto y hablar cn el. Ain correrlo al Negro. Ni que se sienta corrido. Porq en un cambio se raya se pelean y quedamos mirando el techo. Y tenemos muchos negocios en el medio”, señaló uno de los mensajes.
En 2019, esa relación apareció ya asociada a pagos concretos. En los chats, uno de los hermanos afirmó:“esa guita se la lleve yo a Bordet” y agregó: “El jueves vamos a pagar Negro Bordet. 1,1 millon. Aceito para que paguen toda la factura de junio el dia q facturaron”. Esos intercambios formaron parte de las pericias judiciales que describieron las operaciones ilícitas entre 2016 y 2024.
Tras la muerte de Laporte, las conversaciones comenzaron a mencionar a “Hugo”. “El lunes me contesta Hugo. Habla cn Bordet y me dice. Cree que si” Con todo como lo planteas. 14 / costos / y lo que repartimos. Leestoooo”, escribió Claudio a su hermano Marcelo. En otros mensajes agregó: “Me dijo tbm q lo tuvo que alinear medio fuerte a Caminos cn el ajuste y el presupuesto cn”, “Asi que cree si le da Ok Border”, “Vamos para delante !!!”.
En paralelo, la trayectoria de Hugo Ballay dentro de Enersa y del gobierno provincial quedó detallada. Ballay se desempeñó como presidente de la empresa eléctrica casi dos años, tras ser designado por el entonces gobernador Sergio Urribarri en enero de 2012. En noviembre de 2013 dejó ese lugar para incorporarse al gabinete. Cuando Bordet llegó a la Gobernación, a fines de 2015, Ballay volvió a Enersa como director titular durante la presidencia de Alfredo Muzachiodi. Los chats que describieron las operaciones ilícitas abarcaron un período que fue desde 2016 hasta 2024.
Sin embargo, el entorno de Ballay subrayó que el ex funcionario no tuvo relación con el caso Securitas. Confirmó que conoció a Claudio Tortul, pero precisó que el vínculo no estuvo relacionado con actividades comerciales o políticas, sino sociales: el empresario era presidente del Club Rowing, uno de los más exclusivos de la capital entrerriana, que tiene a más de un socio implicado en este expediente. También remarcaron que el apellido Ballay no figura mencionado ni en los chats ni en la causa.
En el plano personal, tres fuentes cercanas a Bordet, sin relación entre sí y con altas responsabilidades en el gobierno provincial durante el período 2015-2023, confirmaron a Infobae que el actual diputado nacional tuvo con Laporte y Ballay una relación personal de larga data. Ninguna de ellas habló de amistad. El ex gobernador suele remarcar que no tiene amigos en política y que ocupar cargos públicos lo alejó de sus relaciones personales. En el caso de Ballay, la relación fue más marcada: ambos se conocieron de jóvenes en las aulas de la Universidad, son coetáneos y estudiaron para ser contadores, en los años de la vuelta a la democracia y de la primavera alfonsinista.
En el expediente también apareció mencionado Edgardo Kueider, ex senador que ahora está detenido. La jueza Arroyo Salgado no imputó ni a Bordet ni a Ballay, pero sí involucró a Kueider en la causa. Se basó en dos elementos: un mensaje –el único– en el que Claudio Tortul lo mencionó y el hecho de que, cuando era secretario General de la Gobernación, representó al Poder Ejecutivo provincial en asambleas de Enersa.
Las conversaciones recuperadas de los teléfonos de los Tortul alcanzaron también al hoy senador electo Adán Bahl, que encabezó la lista del peronismo en las elecciones legislativas de octubre y quedó segundo. Las referencias se remontaron a su etapa como intendente de Paraná. “Viste lo del hipodromo. Mañana te cuento bien. Y vamos a tener q hacer algo. Ejemplo lotear en terrenos chicos y sacar lo que se pueda. Valoshablar cn Bahl y le decimos eso”, dicen los chats en relación a un negocio inmobiliario. En otro tramo, los hermanos agregaron: “Buen dia. Ayer Bahl se ofrecio apurar el tema de los Algarrobos si necesitabanos. Asi q aprovechemos la volada y aceleremos”. Las expectativas de los empresarios sobre el dirigente quedaron expresadas en otro mensaje, vinculado a las elecciones para la Gobernación de 2023: “Si gana bahl estamos PIPI CUCU !!!”.
La reacción de Bordet llegó a través de un comunicado público. El ex gobernador aseguró que “no formé parte de ningún sistema de coimas o maniobras ilícitas vinculadas a la relación comercial entre la empresa de seguridad Securitas y ENERSA”. Tras afimar que “nunca” tuvo “ningún tipo de contacto personal ni vínculo con los hermanos Tortul ni con los responsables de la empresa Securitas”, señaló que durante su gestión “no tuve intervención en la selección, contratación ni continuidad de dicho servicio, que se mantenía dentro de los procedimientos administrativos habituales de ENERSA”. Y remarcó que “Securitas no prestó servicios ni mantuvo contratos con ningún otro organismo del Estado provincial durante mi período de gobierno”.
La izquierda nativa no descansa. Sus ocurrencias sorprenden en las redes; la última es una campaña para que ciudadanos argentinos soliciten la “ciudadanía palestina” como gesto de repudio a Israel, a Donald Trump, a Javier Milei y, en general, a todo lo que autopercibe como “extrema derecha mundial”.
Bajo el lema “Yo quiero ser palestino”, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino coordinó una movida que incluyó recolección de formularios en varias provincias, actos frente a cámaras y una puesta en escena cuidadosamente amplificada en redes sociales. Todo desembocó en la elegante casona de Riobamba 981, en Recoleta, la sede de la Embajada en Buenos Aires, donde los organizadores se presentaron para entregar los pedidos de “ciudadanía simbólica”.
Según informó la propia embajada, el encargado de negocios, Riad Al-Halabi, recibió más de 700 solicitudes, reunidas “a lo largo y ancho” del país, en el marco de las actividades por el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Para el diplomático, el gesto argentino expresa un “compromiso político y moral que va más allá del simbolismo”.
Quienes se anotan en esta campaña —señala el comunicado— no solo piden un papel simbólico: dicen “compartir la identidad de un pueblo que lucha desde hace décadas por su libertad, sus derechos nacionales y su autodeterminación”. Por supuesto, no se habla de Hamas ni de terrorismo, ni de las víctimas civiles israelíes; la trama se cuenta en blanco y negro: de un lado, “la resistencia heroica”; del otro, “el genocidio”.
El movimiento de marketing se sostuvo en una serie de reels y videos breves, difundidos principalmente en Instagram, la plataforma del magnate capitalista Mark Zuckerberg, a la que la militancia anticapitalista recurre cada vez que necesita dar su batalla cultural.
En uno de esos materiales, una joven militante de izquierda anuncia con entusiasmo que, “a partir de hoy”, es “oficialmente palestina”, igual que “los más de 200 jóvenes” que habrían completado el formulario en todo el país. La escena continúa con la intervención de Al-Halabi, que delante de la cámara “proclama” como palestinos a los presentes, como si se tratara de una naturalización exprés a fuerza de consignas.
La militante remata invocando un panteón de referencias locales y revolucionarias: Rodolfo Walsh, Diego Maradona, el Che Guevara, Eve de Bonafini y “toda la resistencia palestina”. La consigna final condensa en una rimita: “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Yo quiero ser palestina”.
Otra cara visible de la campaña es Celeste Fierro, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), figura del Frente de Izquierda – Unidad y diputada electa en la Legislatura porteña. En su reel, Fierro presenta la iniciativa como una herramienta más de denuncia del “genocidio” y de apoyo al “pueblo heroico” palestino.
La tercera voz protagonista es la de Marina Hidalgo Robles, trabajadora social, militante socialista, feminista y abolicionista, que articula de manera directa el puente con la política local. En su video, sostiene que el “gobierno sionista y genocida de Netanyahu” cuenta con el apoyo de Trump, Milei y toda la extrema derecha mundial, que —según su lectura— estarían empeñados en “exterminar a todo un pueblo”.
Mientras las cámaras registraban las declaraciones de coyuntura, la embajada elaboraba su propio balance. En su comunicado, subrayó que el pedido de “ciudadanía palestina simbólica” constituye una “declaración clara de rechazo al genocidio continuo” y a los crímenes del Estado ocupante en Cisjordania, incluida Jerusalén, con especial énfasis en los asentamientos y en los ataques de colonos. El texto insiste en que la solidaridad argentina “no es solo una postura simbólica” sino una forma de lucha contra los “intentos de silenciar la verdad”.
Junto al cuerpo diplomático se ubicó el secretario del sindicato del Subte y el Premetro, Jorge “Tano” Pisani, uno de los voceros sindicales de la campaña. Pisani señaló que las imágenes diarias del conflicto lo llevaron, junto con otros gremios y organizaciones sociales, a adoptar la iniciativa como un gesto “ético, humano y político” frente a un supuesto bloqueo mediático.
La nómina de organizaciones presentes da una pista del armado político detrás de la campaña. Entre las adhesiones figuran la Confederación General del Trabajo (CGT), el sindicato docente de Córdoba, el sindicato del Subte y el Premetro (SUBTE), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), la red NODAL, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, además de diversos centros culturales, movimientos sociales y agrupaciones universitarias.
Buena parte de quienes impulsan la jugada tienen representación en el Estado, acceso a recursos públicos o presencia institucional en universidades y medios. No es exactamente un elenco marginal.
Diego Santilli inauguró este miércoles en Entre Ríos sus visitas a las provincias. Llegó a Paraná, fue recibido por el gobernador Rogelio Frigerio en la Casa de Gobierno y mantuvo con él una reunión privada de alrededor de una hora y media. Luego, ambos brindaron una conferencia de prensa en el Salón de los Escudos, donde detallaron la agenda de trabajo y remarcaron la necesidad de consensos para avanzar con reformas estructurales a nivel nacional y provincial.
Frigerio explicó que en el encuentro repasaron “todos los temas de gestión conjunta”. Señaló que “vimos los problemas que restan solucionar y también las cosas positivas” y que, además, hablaron “de los asuntos nacionales que son prioritarios para el presidente Javier Milei”. El gobernador resumió el tono de la reunión al afirmar: “Estuvimos trabajando en nuestra oficina durante un tiempo largo, viendo los problemas que todavía tenemos que solucionar y también planteando las cosas positivas. Hemos expuesto que, en la medida de lo posible, vamos a ayudar a que finalmente y después de tantos años la Argentina pueda tener las reformas estructurales que viene pateando desde hace tanto tiempo”.
Al describir la agenda entrerriana, el gobernador indicó que “son los mismos que venimos trabajando y sembrando en los primeros 20 meses de gestión y que, en los últimos 30 días, empezamos a cosechar”. En ese marco, le entregó a Santilli una carpeta con el detalle de todos los reclamos que Entre Ríos tiene pendientes con la Nación y repasó junto a él ese listado durante la reunión.
El flamante ministro del Interior, por su parte, enmarcó la visita en el inicio de una ronda de encuentros con mandatarios provinciales. “Tuvimos una reunión larga porque mi tarea es escuchar a todos los gobernadores e intentar lograr una agenda común para Argentina y las provincias. Si les va bien a los entrerrianos, les va bien a los argentinos. Ese es el camino”, sostuvo. En el mismo sentido, definió: “Mi tarea es escuchar a todos los gobernadores, intentar lograr una agenda común para la Argentina y para las provincias. Entre Ríos es un caso ejemplar en la etapa del crecimiento, que se viene”.
El ministro subrayó que el país tiene “una agenda importante de reformas”. Detalló que incluye “sancionar un presupuesto, una modernización laboral, bajar los impuestos, con el Código Penal y otra serie de propuestas que llevarán adelante en sesiones extraordinarias y ordinarias” y remarcó que “también las provincias tienen reformas importantes” y que “el trabajo tiene que ser en equipo”.
Tras repasar logros de los primeros dos años de la gestión del Gobierno nacional, Santilli anticipó que luego de alcanzar la estabilidad económica y social ahora “viene la etapa del crecimiento”. “Esa es la base para construir políticas”, añadió. Sobre el presupuesto nacional, cuya discusión se está dando en el Congreso, lo definió como “una manta corta”. “Hay que tener equilibrio. Y en ese marco ir resolviendo los temas. Necesitamos que la Argentina crezca porque eso llegará a cada una de las provincias”, postuló.
Frigerio, en sintonía, planteó que hay “una nueva etapa en este segundo tramo del Gobierno. El Presidente plantea que hay que tener más diálogo, proximidad y empatía con las provincias. La designación de Diego tiene que ver con ese criterio de mayor amplitud y menos endogamia. Él le dará un salto de calidad importante a la gestión”. Además, vinculó el equilibrio de las cuentas nacionales con la posibilidad de las provincias de acceder al crédito: “Cuando baja el riesgo país, porque el Gobierno nacional tiene equilibrio, aprueba el presupuesto y avanza en las reformas, nos permite a provincias endeudadas ir al mercado de capitales y mejorar su perfil”.
En cuanto a los puntos concretos de la agenda entrerriana, Frigerio detalló que Entre Ríos reclama su participación en las obras de dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay; el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, donde ya hubo un avance; y una mejora en la tarifa de la energía que produce la represa hidroeléctrica de Salto Grande a fin de obtener excedentes que vuelvan a la provincia para obras en la región afectada por la represa, un aspecto en el que también hubo una mejora parcial. Aclaró que, pese a esos avances, Entre Ríos mantendrá los reclamos en la Corte Suprema de Justicia “hasta que se encarrilen definitivamente”.
El gobernador mencionó además la habilitación nacional para que la provincia acceda a financiamiento de organismos multilaterales y pueda realizar obras, y la reanudación de los trabajos en las rutas nacionales que atraviesan el territorio entrerriano como la 12 y la 18. Sumó en ese capítulo las obras sobre la ruta provincial 23, la planta de agua potable de Paraná y la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Villaguay. Destacó, asimismo, que “la primera concesión de rutas nacionales sea en Entre Ríos (la autovía 12, la 14 y la conexión de Victoria y Rosario), que se iniciarán en los próximos días”, y valoró el acuerdo para poner en valor el Palacio San José y la transferencia de los terrenos del puerto de Paraná.
“Estamos seguros de que vamos a tener el acompañamiento del Ministerio del Interior”, se esperanzó Frigerio tras repasar esos temas. Santilli, a su turno, aseguró que se comprometió con el gobernador y con los entrerrianos “a hacer un trabajo en conjunto y llevarla adelante”.
Consultado por Infobae sobre el encuentro que encabezó el expresidente Mauricio Macri con referentes del PRO, Santilli respondió que es “sano que sucedan las reuniones, que se junten los representantes de los partidos. Yo soy fruto de un acuerdo LLA – PRO. Ese es el rol que me toca. La democracia partidaria está bien que suceda y que cada uno pueda relanzar sus posiciones y miradas teniendo en cuenta la Argentina que queremos todos. Nosotros queremos un país que crezca”, redondeó.
Frigerio acompañó esa mirada, pero tomó distancia de la interna partidaria. “Coincido con lo que dijo Diego. No tengo mucho tiempo para meterme en temas partidarios. Ni siquiera tenía demasiada información de esa reunión. Prefiero no opinar sobre lo que no sé. Pero celebro que haya vida en los partidos políticos. Es importante para la democracia”, expresó.
Respecto a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Santilli fue más directo. “Con todo respeto, creo que hay que ser coherente en la vida y no tener doble personalidad. Estoy visitando a los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, donde la provincia de Buenos Aires no participó. Tampoco adhirió al RIGI ni a la ley de reiterancia para terminar con la puerta giratoria. No se sumó a la ley antimafia. Y así, de manera sucesiva, puedo seguir con mil más”, enumeró. Luego recomendó: “No escriban una cosa por redes y hagan otra en lo público ¿O acaso le tienen que ir a pedir permiso a Cristina Kirchner? Seamos coherentes. Nuestra tarea es escuchar, hablar con todos los gobernadores y tener una política en común. Pero no decir una cosa en un lado y hacer otra. Yo digo lo que hago”, remató.
Santilli también se refirió al vínculo personal que lo une con Frigerio y a la decisión de iniciar en Entre Ríos su agenda federal como ministro del Interior. Definió al gobernador como “un gobernador, amigo de muchos años” y explicó: “Elegí Entre Ríos (como primer destino) porque con Rogelio me une una larga amistad y hay que comenzar por los lugares donde uno construyó una relación. Se aprende de personas como él que tienen experiencia en este cargo”.
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