03 septiembre, 2025

Gerardo Morales exigió presencia radical en el Consejo de la Magistratura

El gobernador jujeño y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) comenzó desprender a Juntos de sus proyectos políticos.
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Dos abogados que representan los intereses de Juntos disputan la representación de la coalición en el Consejo de la Magistratura: el cordobés Carlos Matterson (abogado de Daniel Angelici) y Miguel Piedecasas, el jurista que cuenta con el apoyo del gobernador jujeño Gerardo Morales y la Unión Cívica Radical (UCR) orgánica.

Piedecasas aspira a suceder a Matterson como principal representante de los abogados. En su plan está llevar en la misma lista a Jimena de la Torre, consejera por Propuesta Republicana (PRO), quien buscaría la reelección en cualquier escenario.

Multimedios NOVA on Twitter: “Crisis en Juntos: Morales salió con los tapones de punta pidiendo presencia radical en el Consejo de la Magistratura…@UCRNacional @cmagistratura @GerardoMorales #MultimediosNOVA #Crisis #Internahttps://t.co/bVQzmdb6k6 / Twitter”

Crisis en Juntos: Morales salió con los tapones de punta pidiendo presencia radical en el Consejo de la Magistratura…@UCRNacional @cmagistratura @GerardoMorales #MultimediosNOVA #Crisis #Internahttps://t.co/bVQzmdb6k6

También tiene reservado el tercer renglón de la lista para un delegado del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el más grande del país, que controla un viejo conocido: Ricardo Gil Lavedra.

Tras el fallo de la Corte que reconfiguró el Consejo de la Magistratura, los abogados eligen 4 sillas por distrito único, por eso los de CABA son clave: hay más de 60 mil colegiados habilitados para votar. Entonces, Gil Lavedra es quien puede inclinar la balanza de una manera decisiva. No la tiene fácil: más allá de sus preferencias, llegó a conducir a los abogados porteños tras un acuerdo de 14 agrupaciones.

Juntos
El gobernador jujeño Gerado Morales es el máximo exponente radical dentro de la alianza Juntos

Carlos Matterson, abogado de Daniel Angelici enfrenta a Miguel Piedecasas, el candidato de los radicales para el Consejo de la Magistratura. El macrismo también impulsa a Diego Marías y Jimena de la Torre, para tener la supremacía en el organismo de elige y sanciona jueces.

Con el apoyo de Gerardo Morales y Mario Negri, entre otros jefes del radicalismo, Piedecasas creyó que tenía el camino asfaltado para volver al Consejo de la Magistratura. Sin embargo, Matterson, quien trabaja con Angelici en el ámbito privado, logró una medida cautelar que ratificó que podrá competir nuevamente por la representación de los abogados, por tratarse de mandatos para la nueva configuración del ente.

Juntos
El ex Presidente encuentra dicha puja de poder como el camino hacia el 2023 desde Juntos

La pelea entre abogados encendió las alertas en la Mesa Nacional de Juntos: divididos, podrían perder lugares estratégicos en el Consejo de la Magistratura. El Frente de Todos (FdT) se encolumnaría detrás de la candidatura de Héctor Recalde. Por eso, no se descarta que la conducción simbólica de la coalición opositora intervenga. Está claro que Mauricio Macri prefiere a Matterson.

Por ahora, Piedecasas y Matterson siguen en campaña, aunque el primero le agregó un hashtag a sus publicaciones en redes sociales: #NoParamos. Matterson hizo otra jugada astuta: se fotografió junto a Juan Bautista Torres López, integrante de la alianza que llevó a Gil Lavedra al frente del Colegio de Abogados de CABA.

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Caminos rurales intransitables frenaron la producción de un tambo y el intendente pidió que “sigan pagando y recen que no llueva”

El establecimiento lechero de Matías Santa María, en el partido de Carlos Casares en el noroeste bonaerense, con más de 900 vacas en ordeñe y 22 empleados, se vio obligado a desmontar su producción esta semana porque los caminos rurales que lo conectan con la localidad de Ordoqui quedaron intransitables tras meses de inundaciones. La respuesta del intendente de Unión por la Patria, Daniel Stadnik, disparó la indignación.

“Sigan pagando y recen para que no llueva”, afirmó Standik, tras sufrir un “colapso” de 200 mm solo en julio y entre un 75% y 80% del promedio anual en el primer cuatrimestre de 2025. El municipio cobraría a los productores para mantener dichos caminos, pero los fondos terminaron siempre “en cualquier otra cosa”.

En apenas cuatro meses cayeron cerca de 1.000 mm, el doble del promedio anual. La saturación del suelo y la ausencia de escurrimiento natural en esta “región arreica” convirtieron los caminos de tierra en verdaderos canales de barro. Sin obras ni mantenimiento, el tambo redujo bruscamente su infraestructura, trasladando 400 vacas a un campo en Bolívar, donde se secó “de urgencia” y se vendió el resto de los animales.

Tras una protesta de productores en el mes de mayo, el propio Stadnik, quien es ingeniero civil, admitió la crisis pero argumentó que se debía a la falta de recursos municipales y pidió “rezar” para que dejara de llover. El 29 de ese mes, la provincia declaró la Emergencia/Desastre Agropecuario para Carlos Casares y otros 11 partidos, con más de 32 km sin dragar, sumado a la falta de alcantarillas y alteos, provoca cada año enormes pérdidas productivas que, según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), superan los US$5.000 millones.

“El barro en el que hemos estado metidos desde marzo, cuando comenzó la inundación, es peor que el otro barro de la política, yo no sé qué me da más miedo”, ironizó Andrea Passerini, productora agropecuaria y coordinadora en CARBAP.

Stadnik sostuvo que “la tasa vial no alcanza” y que las “grandes obras” dependen de Nación, subrayando que solo el 70% de lo recaudado se destina a caminos rurales, el resto va a gastos corrientes. Los productores exigen que el 100% de la tasa vial se use en caminos y que Nación reactive el tramo IV del Plan Salado. Además, acusan de una “falta de federalismo” que los deja solos ante la crisis.

“El municipio no reconoce el problema”

Las alcantarillas rurales llevan dos décadas sin renovarse, según los productores. El relieve plano forma una “palangana” que retiene el agua; sin drenajes ni limpieza de canales, la escorrentía es mínima. El resultado es un corte recurrente de los accesos, impidiendo el paso a tractores o camionetas 4×4 para movilizarse, leche venciendo y alumnos sin escuela durante semanas.

“No hubo respuesta del Estado en ninguno de sus tres niveles, ni municipal, ni hablar, no existe. Quieren salir a hacer remiendos ahora cuando debieron haber hecho las obras en su momento, y ahora no se puede hacer nada”, enfatizó el presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, José Erreca, en una nota periodística.

Los productores exigieron obras hidráulicas claves, como el canal aliviador entre 25 de Mayo y Casares, que están inconclusas. Esto genera una menor oferta de leche cruda en una provincia que aporta el 36% del consumo nacional, así como escuelas rurales aisladas, servicios de salud interrumpidos y pérdida de empleo.

*Con información de Bichos de Campo

Un juzgado federal donó el dinero recaudado por delitos a un hogar de ancianos

El Hogar de Ancianos “Cura Jeannot Sueyro” de Gualeguaychú recibirá un aporte regular de la Justicia Federal, con un primer desembolso que supera los 4 millones de pesos. La iniciativa surge de gestiones del intendente Mauricio Davico ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú y se enmarca en los mecanismos reparatorios previstos por el nuevo Código Procesal Penal Federal. 

El jefe comunal y el juez federal Hernán Viri recorrieron la residencia junto al presidente de su comisión directiva, Gustavo Píccoli. También estuvieron el fiscal federal Pedro Rebollo; el jefe de Gabinete, Luciano Garro; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el concejal Benito Bacigalupo e integrantes de la comisión del Hogar.

Durante la visita, Viri explicó el origen de los fondos. “El nuevo Código Procesal Penal Federal establece que en ciertos delitos, cuando no son graves, puede haber una resolución alternativa, donde hay una reparación económica. Esto es un acuerdo al que llega el fiscal con la defensa, me presentan el acuerdo, yo lo homologo y le damos el destino a ese dinero a alguna entidad benéfica”.

En el último año, gran parte de esos recursos se dirigieron al Hospital Centenario, por más de 100 millones de pesos, al Centro de Salud Juan Baggio, a Madres Cuidadoras y a Cáritas. 

La meta, dijo, es ampliar el alcance: “La idea es tratar de diversificar esta ayuda económica, como para que lo reciba la mayor cantidad de personas”, e insistió: “pretendemos, sobre todo en la medida de lo posible, que sea constante para que puedan tener un aporte sostenido en el tiempo, porque el trabajo que hacen es muy, muy valioso, muy valorable. Tenemos que apoyarlos”.

Por su parte, el intendente Davico valoró la rapidez de la respuesta judicial a su pedido para el Hogar: “Es tan importante este gesto, que debería ser contagioso. Ojalá pase más seguido, tener funcionarios judiciales con solidaridad, pensando realmente en las cosas importantes”, y remarcó el foco de su gestión: “para nosotros, los gurises y los adultos mayores son muy importantes”.

Píccoli, por su parte, agradeció el acompañamiento del Municipio y de la Justicia. La recorrida incluyó sectores del edificio —casi centenario— donde se ejecutan mejoras con colaboración del Rotary Club y de otros actores sociales. 

La oposición empuja una nueva comisión investigadora sobre $LIBRA

La investigación parlamentaria sobre la criptomoneda $Libra, que involucra al presidente Javier Milei en una presunta estafa millonaria, enfrenta una grave crisis política que la mantiene paralizada desde abril de 2025. La comisión creada para investigar no logró conformarse formalmente debido a un empate entre oficialismo y oposición, con 14 diputados de cada lado, lo que bloqueó la elección de autoridades y frenó el inicio de las pesquisas.

El oficialismo sostiene que el plazo de 90 días para funcionar venció el 30 de julio y exige la disolución de la comisión. Desde ese espacio político, se argumenta que no tiene sentido mantener una instancia sin resultados concretos ni avances, y que el desgaste político solo perjudica a la institucionalidad.

En cambio, la oposición denuncia una maniobra para enterrar la investigación y exige que el conteo del plazo de funcionamiento se reinicie solo cuando la comisión cuente con presidente y autoridades electas. Para ellos, esta situación evidencia una estrategia para proteger a los involucrados y evitar que se llegue a esclarecer la verdad.

Con este escenario, la oposición propuso modificaciones reglamentarias para romper el empate y poner en marcha la comisión. La iniciativa plantea que el bloque con mayor representación en Diputados pueda designar al presidente en caso de empate, además de redefinir las condiciones para la constitución del quórum y facultar al presidente para dirimir empates en votaciones futuras.

Estas modificaciones serán debatidas en un plenario el 12 de agosto, en una sesión que promete ser decisiva. Si se rechazan los cambios, la oposición ya anunció que evaluará recurrir a mecanismos más fuertes, en los que se incluye la posibilidad de iniciar un juicio político para forzar la continuidad del caso.

– “Vamos a destrabar el bloqueo con el que el oficialismo y sus aliados frenaron toda la investigación durante tres meses”

La primera versión del proyecto fijaba una composición diseñada para garantizarle mayoría a la oposición. El texto establecía que cada bloque con al menos cinco diputados obtendría un representante. Los bloques con más de cinco podrían reclamar dos. Y además, se sumaría un miembro adicional por cada veinte bancas. Con esta lógica, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica se aseguraban controlar la comisión investigadora.

Pero esa arquitectura política se desmoronó en tiempo récord. El PRO, junto con el MID de Oscar Zago y el monobloque Somos Fueguinos, se reconfiguró como interbloque con 41 integrantes y reclamó cuatro lugares, uno más de los previstos. La Libertad Avanza hizo lo mismo al sumar al monobloque CREO, de la tucumana Paula Omodeo. Poco después, los llamados “radicales con peluca” rompieron con el armado tradicional y conformaron la Liga del Interior.

El resultado fue un escenario de empate perfecto. Catorce diputados con voluntad de avanzar en la investigación a fondo, y otros catorce sin intenciones de tocar al oficialismo. Entre los primeros estaban seis de UxP, dos de Encuentro Federal, dos de Democracia para Siempre, dos de la Coalición Cívica y dos del Frente de Izquierda. Del otro lado, se alinearon cuatro de La Libertad Avanza, cuatro del bloque PRO/MID, dos radicales orgánicos, dos de la UCR libertaria y dos de Innovación Federal. Así, todo quedó congelado.

La Libertad Avanza y el PRO sellaron una alianza electoral en CABA 

La Libertad Avanza y el PRO acordaron hoy competir juntos en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. El frente se inscribió dos días antes del cierre oficial y confirmó un reparto que consolidó la supremacía libertaria: las dos candidaturas titulares al Senado y los tres primeros lugares de la lista a Diputados quedaron en manos del oficialismo; el PRO obtuvo los lugares 5 y 6.

Karina Milei y Mauricio Macri lideraron una negociación exprés que destrabó el pacto luego de varias jornadas de tensión. En la etapa preliminar, las tratativas estuvieron a cargo de Pilar Ramírez por LLA y Ezequiel Sabor por el PRO.

– Las conversaciones se frenaron cuando el PRO rechazó inicialmente los puestos que consideró de baja competitividad

La boleta porteña exhibirá exclusivamente la marca libertaria y su color violeta: no contendrá ni el nombre ni el tradicional amarillo PRO, condición central impuesta por LLA y aceptada por el macrismo. Entre los nombres propuestos por el PRO para sus posiciones figuran la consejera de la Magistratura Jimena de la Torre, el exsecretario general de la Presidencia Fernando de Andreis y el escritor Hernán Iglesias Illa.

La lista al Senado estaría encabezada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, acompañada por otro referente libertario. El PRO no ocupará lugares titulares en la Cámara Alta, pero podría ubicar un suplente de confianza de Macri.

Las conversaciones se frenaron cuando el PRO rechazó inicialmente los puestos que consideró de baja competitividad. Desde la sede de Uspallata, Jorge Macri y María Eugenia Vidal reclamaron lugares más altos; sin embargo, el macrismo adoptó finalmente una estrategia pragmática y se integró a la alianza. Vidal confirmó que no será candidata en esta tanda y adelantó que no acompañará los vetos del presidente Javier Milei en la Cámara de Diputados.

Además del reparto de candidaturas, Karina Milei y Mauricio Macri acordaron crear una mesa de coordinación entre la Casa Rosada y la Jefatura de Gobierno porteña para gestionar préstamos internacionales destinados a obras de infraestructura, entre ellas la ampliación de la red de subterráneos.

FORMOSA | Convencionales opositores abandonaron la constituyente: “Se está gestando la primera constitución chavista en Argentina”

La Convención Constituyente de Formosa atraviesa una crisis política profunda luego de la renuncia de seis miembros de la oposición. Los convencionales libertarios Atilio Basualdo, Sofía Fridman y Pablo Míguez, la dirigente de Nuevo País, Gabriela Neme, sumados a Francisco Paoltroni y Guillermo Evans, de Libertad, Trabajo y Progreso, decidieron abandonar el recinto. Alegan que el oficialismo incumple sistemáticamente el reglamento, lo que convierte el proceso en una “farsa”.

Esa renuncia destruye cualquier fachada de pluralidad en un cuerpo que empezó con mayoría oficialista: el bloque peronista domina con 21 de los 30 miembros. La salida de los seis opositores deja a la UCR como única voz disidente, reduciendo aún más la representatividad institucional.

Los convencionales acusaron al PJ de violar derechos fundamentales en el debate: aprobaron artículos sin proyectarlos ante la oposición, bloquearon mociones, silenciaron a los minoritarios con cortes de micrófono y prohibición de nombrarse entre sí. Denuncian una “gravedad institucional” que desnaturaliza la discusión democrática.

Gabriela Neme resumió la situación con crudeza: sesiones a contrarreloj, falta de herramientas básicas, ausencia de apoyo técnico y desigualdad abrumadora frente al oficialismo. “Ellos tenían todo: personal, impresoras, acceso a los textos. Nosotros, nada.”

La carta jueza no solo refleja disconformidad técnica, sino también ideológica. Neme sostuvo: “No podemos legitimar una puesta en escena… se está gestando la primera constitución chavista en Argentina”.

– La renuncia presentada por Gabriela Neme

Gildo Insfrán impulsa esta convención luego de que la Corte Suprema invalidó la reelección indefinida en Formosa. El artículo inconstitucional fue introducido por él mismo en 2003 para perpetuarse en el poder. Ahora, busca adaptar la Carta Magna ante ese fallo, aunque la oposición acusa manipulación política.

El peronismo formoseño argumenta que la reforma amplía derechos de tercera y cuarta generación, buscando legitimar su gesto institucional. Sin embargo, la oposición considera que se trata de una maniobra para sortear el fallo judicial mediante un maquillaje democrático.

El radicalismo, pese a compartir el rechazo al oficialismo, optó por permanecer en la convención. Su presidente provincial, Miguel Montoya, justificó su permanencia como una estrategia: permanecer les permite recolectar argumentos para futuras impugnaciones judiciales.

Montoya sostuvo que retirarse significaría abandonar la arena institucional. “En política, se representa. Nos votaron para estar ahí”, y remarcó que la democracia “no se forjó abandonando luchas”.

CÓRDOBA | Taxistas protestaron frente al Concejo para frenar la habilitación de Uber

Uber, DiDi y Cabify defendieron esta semana ante la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante de Córdoba la necesidad de una ordenanza “sin barreras que vuelvan inviable el modelo”. Las compañías coincidieron en objetar el artículo 9.º del despacho oficialista, que fijó un cupo máximo de 4.000 vehículos.

Pedro Martino, responsable de Asuntos Públicos de Uber para el Cono Sur, recordó que la plataforma registró “más de 20.000 socios conductores activos por mes” y advirtió que “con el cupo, el 80 % quedaría afuera”. Antonio Canale, de DiDi, calculó que la medida excluiría “entre 7.000 y 13.000 conductores”, lo que restringiría la oferta especialmente en los barrios alejados.

Uber también cuestionó la exigencia de licencia profesional y la presentación de antecedentes penales provinciales previstas en el artículo 5.º; propuso aceptar constancias de trámite para no demorar entre dos y seis meses el inicio de la actividad. En el plano técnico, rechazó el límite de 10 años de antigüedad de los vehículos —que, según calculó, excluiría a más de la mitad de los conductores actuales— y sugirió extenderlo a 14,3 años, en línea con el promedio nacional del parque automotor. La empresa solicitó, además, eliminar la exigencia de una capacidad mínima de baúl por considerarla “difícil de verificar”.

Martino remarcó que el modelo de plataformas funciona sobre tres tasas clave —entrada, salida y reingreso de conductores— y sostuvo que un cupo fijo “distorsionaría esa dinámica y afectaría la eficiencia del servicio”.

Desde Cabify, Ignacio Escuti avaló la regulación “pero sin barreras”. María Eva Juncos, de She Taxi, defendió el cupo como “herramienta de ordenamiento” y subrayó que “las apps no reemplazan al transporte masivo; son un complemento”. Entre los conductores, José Bini alertó que con la limitación “faltará oferta y se encarecerá el servicio”, mientras Romina Lescano pidió evitar un “monopolio de empresas multinacionales” y sugirió que la Universidad Nacional de Córdoba definiera técnicamente el número de licencias.

El concejal Javier Fabre (UCR) advirtió que crear un cupo generaría “un recurso escaso que se vuelve negociable” y señaló “el gran riesgo constitucional” de limitar la actividad privada. Su par Jessica Rovetto Yapur (Córdoba en Libertad) calificó de “inaplicable y perjudicial” cualquier tope de vehículos y denunció el ingreso “hostil e intimidatorio” de referentes del taxi al recinto.

Afuera, la protesta de taxistas y remiseros comenzó a las 8 y bloqueó por completo la avenida Costanera y el Puente Alvear con bengalas amarillas y verdes —prohibidas por la normativa municipal—. Miguel Arias, titular del Sindicato de Peones de Taxis, advirtió: “No estamos dispuestos a perder nuestra fuente de trabajo. Vamos a defender la actividad hasta las últimas consecuencias”.

El presidente de la comisión, Marcos Vázquez (Hacemos Unidos por Córdoba), consideró que el intercambio “es un avance” para evitar que la norma sea “inaplicable o inconstitucional”. “La información que hoy trajeron todas las plataformas y los trabajadores nos sirvió para construir una mejor regulación”, sostuvo. No obstante, la comisión aún no fijó la fecha para enviar el proyecto al recinto.

Uber concluyó que el cupo provocaría “menores oportunidades económicas, menos disponibilidad de viajes y mayores valores y tiempos de espera”, mientras que los sindicatos tradicionales convocaron a “21 días de lucha hasta el final” bajo el lema “Por el honor, la lealtad y el orgullo de ser taxistas y remiseros”. El debate continuará en las próximas sesiones.

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