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Dos abogados que representan los intereses de Juntos disputan la representación de la coalición en el Consejo de la Magistratura: el cordobés Carlos Matterson (abogado de Daniel Angelici) y Miguel Piedecasas, el jurista que cuenta con el apoyo del gobernador jujeño Gerardo Morales y la Unión Cívica Radical (UCR) orgánica.
Piedecasas aspira a suceder a Matterson como principal representante de los abogados. En su plan está llevar en la misma lista a Jimena de la Torre, consejera por Propuesta Republicana (PRO), quien buscaría la reelección en cualquier escenario.
Crisis en Juntos: Morales salió con los tapones de punta pidiendo presencia radical en el Consejo de la Magistratura…@UCRNacional @cmagistratura @GerardoMorales #MultimediosNOVA #Crisis #Internahttps://t.co/bVQzmdb6k6
También tiene reservado el tercer renglón de la lista para un delegado del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el más grande del país, que controla un viejo conocido: Ricardo Gil Lavedra.
Tras el fallo de la Corte que reconfiguró el Consejo de la Magistratura, los abogados eligen 4 sillas por distrito único, por eso los de CABA son clave: hay más de 60 mil colegiados habilitados para votar. Entonces, Gil Lavedra es quien puede inclinar la balanza de una manera decisiva. No la tiene fácil: más allá de sus preferencias, llegó a conducir a los abogados porteños tras un acuerdo de 14 agrupaciones.
El gobernador jujeño Gerado Morales es el máximo exponente radical dentro de la alianza Juntos
Carlos Matterson, abogado de Daniel Angelici enfrenta a Miguel Piedecasas, el candidato de los radicales para el Consejo de la Magistratura. El macrismo también impulsa a Diego Marías y Jimena de la Torre, para tener la supremacía en el organismo de elige y sanciona jueces.
Con el apoyo de Gerardo Morales y Mario Negri, entre otros jefes del radicalismo, Piedecasas creyó que tenía el camino asfaltado para volver al Consejo de la Magistratura. Sin embargo, Matterson, quien trabaja con Angelici en el ámbito privado, logró una medida cautelar que ratificó que podrá competir nuevamente por la representación de los abogados, por tratarse de mandatos para la nueva configuración del ente.
El ex Presidente encuentra dicha puja de poder como el camino hacia el 2023 desde Juntos
La pelea entre abogados encendió las alertas en la Mesa Nacional de Juntos: divididos, podrían perder lugares estratégicos en el Consejo de la Magistratura. El Frente de Todos (FdT) se encolumnaría detrás de la candidatura de Héctor Recalde. Por eso, no se descarta que la conducción simbólica de la coalición opositora intervenga. Está claro que Mauricio Macri prefiere a Matterson.
Por ahora, Piedecasas y Matterson siguen en campaña, aunque el primero le agregó un hashtag a sus publicaciones en redes sociales: #NoParamos. Matterson hizo otra jugada astuta: se fotografió junto a Juan Bautista Torres López, integrante de la alianza que llevó a Gil Lavedra al frente del Colegio de Abogados de CABA.
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En las últimas horas, fuentes de la SIDE aseguraron a revista Noticias que, a instancias de Javier Milei, los agentes libertarios que responden a Sergio Neiffert evalúan pedirles asistencia a sus colegas del Mossad israelí en la crisis de los audios que involucran a la hermana del Presidente y al ex funcionario Diego Spagnuolo.
La explicación es que todo lo que podía fallar ya falló: un desconocido grabó al ex titular de la Andis hablando de coimas del 3 por ciento para Karina Milei, otro entró a la Casa Rosada y captó la voz de ella en su propio despacho, nadie pudo detener la filtración a los medios y solo el desesperado manotazo de un juez impidió que hoy se conociera el material completo de esos audios.
¿Y la SIDE? Bien, gracias. Uno de los agentes del organismo, que viene de gestiones anteriores, le contó a Noticias lo siguiente: “Hay mucha bronca con Neiffert por la inacción que mostraron en este caso, y por eso Milei quiere pedirle ayuda al servicio de Inteligencia de Israel, básicamente para que les enseñe a los de la SIDE cómo prevenir este tipo de situaciones y que no los sigan grabando a todos en todos lados. Primero Spagnuolo, después Karina, y no sabemos cómo sigue…”.
Otra de las fuentes consultadas dentro del organismo se sincera: “Están en eso. Les da miedo que los israelíes les respondan que no, por inútiles. Les da vergüenza todo lo que está pasando, digamos”.
– Sergio Neiffert, secretario de Inteligencia
El agente consultado abunda: “Esto es responsabilidad del área de Contrainteligencia, que no pudo impedir que a un funcionario despechado y a la propia hermana del Presidente los grabasen con un simple celular. El que maneja Contrainteligencia dentro de la SIDE es un hombre al que puso ‘Jaime’ Stiuso”.
Según las fuentes consultadas, Stiuso -el poderoso ex director general de Operaciones de la SIDE- hoy continúa teniendo gran influencia en el organismo. Los libertarios lo consultan y hasta dejaron que llenara algunos casilleros de la Secretaría. Los agentes que hablan en esta nota cuentan que el propio Santiago Caputo, el asesor estrella del Presidente bajo cuya órbita está la SIDE, se muestra insatisfecho con el trabajo de su titular Neiffert, un hombre suyo.
Las críticas también le llueven a Caputo: Karina Milei y los primos Martín y “Lule” Menem lo señalan porque los agentes bajo su mando no pudieron prevenir absolutamente nada en todo este escándalo. “Caputo está pintado”, dicen cerca de “Lule”.
El Hogar de Ancianos “Cura Jeannot Sueyro” de Gualeguaychú recibirá un aporte regular de la Justicia Federal, con un primer desembolso que supera los 4 millones de pesos. La iniciativa surge de gestiones del intendente Mauricio Davico ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú y se enmarca en los mecanismos reparatorios previstos por el nuevo Código Procesal Penal Federal.
El jefe comunal y el juez federal Hernán Viri recorrieron la residencia junto al presidente de su comisión directiva, Gustavo Píccoli. También estuvieron el fiscal federal Pedro Rebollo; el jefe de Gabinete, Luciano Garro; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el concejal Benito Bacigalupo e integrantes de la comisión del Hogar.
Durante la visita, Viri explicó el origen de los fondos. “El nuevo Código Procesal Penal Federal establece que en ciertos delitos, cuando no son graves, puede haber una resolución alternativa, donde hay una reparación económica. Esto es un acuerdo al que llega el fiscal con la defensa, me presentan el acuerdo, yo lo homologo y le damos el destino a ese dinero a alguna entidad benéfica”.
En el último año, gran parte de esos recursos se dirigieron al Hospital Centenario, por más de 100 millones de pesos, al Centro de Salud Juan Baggio, a Madres Cuidadoras y a Cáritas.
La meta, dijo, es ampliar el alcance: “La idea es tratar de diversificar esta ayuda económica, como para que lo reciba la mayor cantidad de personas”, e insistió: “pretendemos, sobre todo en la medida de lo posible, que sea constante para que puedan tener un aporte sostenido en el tiempo, porque el trabajo que hacen es muy, muy valioso, muy valorable. Tenemos que apoyarlos”.
Por su parte, el intendente Davico valoró la rapidez de la respuesta judicial a su pedido para el Hogar: “Es tan importante este gesto, que debería ser contagioso. Ojalá pase más seguido, tener funcionarios judiciales con solidaridad, pensando realmente en las cosas importantes”, y remarcó el foco de su gestión: “para nosotros, los gurises y los adultos mayores son muy importantes”.
Píccoli, por su parte, agradeció el acompañamiento del Municipio y de la Justicia. La recorrida incluyó sectores del edificio —casi centenario— donde se ejecutan mejoras con colaboración del Rotary Club y de otros actores sociales.
El Obispado de Río Gallegos aclaró que la candidatura a diputado nacional del sacerdote Juan Carlos Molina respondió exclusivamente a una decisión personal y no representó la posición institucional de la Iglesia. En un comunicado oficial firmado por el obispo Ignacio Medina, la diócesis informó que le otorgó una licencia canónica y que, en consecuencia, el presbítero no ejercería el ministerio sacerdotal en forma pública ni privada durante el período de campaña electoral y, en su caso, durante el ejercicio de un eventual mandato legislativo.
El documento eclesiástico, difundido por los canales institucionales y emitido desde la sede episcopal en la ciudad de Río Gallegos, subrayó que “dicha postulación en ningún caso expresa la voluntad, ni el parecer de la Iglesia diocesana de Río Gallegos” y enfatizó que “ninguna de las manifestaciones que se viertan en campaña o durante su posible mandato, deben ser entendidas como expresión de la voluntad de esta Diócesis”. De este modo, la autoridad eclesiástica se despegó de cualquier vinculación con la actividad proselitista del sacerdote.
Molina, de 58 años, encabezó la lista de unidad del peronismo en Santa Cruz por el frente Fuerza Santacruceña, que integraron el Partido de la Victoria, Kolina, el Partido Justicialista y el Instrumento Electoral por la Unidad Popular. En un encuentro con vecinos dijo, en tono de ‘chiste’, que todos aquellos que “no pongan la cruz en la lista 3” van a sufrir el castigo divino de “irse al infierno”.
En un acto en la sede del PJ de El Calafate, acompañado por los intendentes Javier Belloni y Pablo Grasso, declaró: “Quiero que Cristina esté libre”, y convocó a cerrar filas: “No hay último ni primero, somos un todo y dejémonos de joder. Si no nos dejamos de joder, pierde el pobre, pierde el laburante, pierde la mucama que se está quedando sin trabajo porque no se puede viajar más a El Calafate. Pierde el minero, pierden los petroleros. Nadie se salva solo”.
En declaraciones a Infobae, el sacerdote sostuvo que su postulación surgió del pedido de referentes locales y afirmó: “Cristina fue la primera que apoyó mi candidatura cuando me lo pidieron los compañeros y compañeras de Santa Cruz. Parece que fui elegido como punto de unidad. Yo, la verdad, no lo esperaba ni lo busqué”.
Durante el acto en El Calafate, Molina se autodefinió como un “díscolo” de la política y pidió que no lo llamaran más padre: “Me agregan 120 años, a partir de ahora soy el compañero Juan Carlos”. También aseguró que sufrió persecución: “Yo lo sufrí en carne propia”, al referirse a las investigaciones contra la Fundación Valdocco, creada por él en Santa Cruz.
Esa causa, iniciada en Caleta Olivia por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública, continuó su trámite en el Juzgado de Instrucción N°2 de Río Gallegos. En ese mismo contexto, la presidenta del Consejo de Educación, Iris Rasguido, pidió la intervención de la justicia por posible vulneración de derechos de menores en la sede de Caleta Olivia, pero ese expediente se archivó.
La trayectoria pública de Molina incluyó su paso al frente del Sedronar entre 2013 y 2015, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei fue citada por la Comisión Investigadora al estar mencionada en la causa $LIBRA tras haber permitido el ingreso a la Casa Rosada de los promotores de la criptomoneda. Su papel resulta clave en la investigación, ya que fue quien facilitó las reuniones entre su hermano, el Presidente, y los creadores de la estafa cripto.
Según lo recabado, los registros de la Casa Rosada muestran múltiples visitas de los principales involucrados en el esquema, incluyendo a Hayden Mark Davis (CEO de Kelsier Ventures), Julian Peh (KIP Protocol), los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy (organizadores del Tech Forum), y Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Además, han surgido acusaciones más graves. De acuerdo con mensajes de texto revelados por el sitio web CoinDesk, Hayden Davis subrayó que podía “controlar” al actual mandatario debido a los pagos que realizaba a su hermana.
– La Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA designó al diputado nacional Maximiliano Ferraro, del bloque de la Coalición Cívica, como presidente
“Yo controlo a ese negro. Le envío dinero a su hermana y él firma lo que yo digo y hace lo que yo quiero”, afirmó Hayden Davis.
La comisión aprobó un reglamento interno que le otorga facultades extraordinarias, incluyendo la posibilidad de solicitar el auxilio de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de funcionarios citados. Esta medida fue pensada específicamente para casos como el de Karina Milei, donde existía la posibilidad de que los señalados se rehúsen a comparecer ante la Justicia.
En total, 19 personas fueron convocadas a declarar ante la comisión investigadora. Entre los funcionarios gubernamentales figuran la propia Karina Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el asesor presidencial, Damián Reidel, el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik y la exintegrante de la UTI $LIBRA, María Florencia Zicavo.
A la lista se suman otros nombres vinculados a la investigación, cómo Walter Kerr, traductor de Casa Rosada, Diógenes Casares, empresario que denunció el pago de sobornos y Charles Hoskinson, cocreador de Ethereum.
Aparte de las citaciones, la comisión decidió enviar un cuestionario escrito a Javier Milei, quien tiene cinco días hábiles para responder. Esta decisión se tomó como una vía intermedia antes de considerar una citación directa al mandamás.
El caso ha escalado a acusaciones de corrupción severas. Casares, hijo del empresario millonario Wenceslao Casares, aseguró en una entrevista que una autoridad estatal cobró por el tuit de Milei donde promocionaba el activo. Hoskinson, reveló que allegados al gobierno le ofrecieron sobornos para organizar una reunión con el presidente. Estas acusaciones se han visto reforzadas por el análisis de las transacciones de dinero digital, que revelan que tres de las cuatro billeteras que se beneficiaron con 100 millones de dólares aparecen etiquetadas con el nombre “Milei”.
– Gabriel Bornoroni (LLA): “se está vulnerando la representación de las mayorías y las minorías, en un mecanismo que va a dejar un precedente que vamos a impugnar”
La nueva estructura investigativa está bajo el liderazgo de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien fue designado presidente de la Comisión Investigadora después de cuatro meses de parálisis institucional. La comisión había permanecido empantanada debido al empate de 14 diputados oficialistas y 14 de oposición, situación que se resolvió cuando la oposición impuso una resolución que permite elegir autoridades basándose en los bloques que representen más diputados.
Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), fue nombrado secretario, mientras que la vicepresidencia quedó vacante debido al retiro del oficialismo. El oficialismo libertario impugnó esta designación y anunció que apelarán la decisión.
El gobierno intentó crear una “autoinvestigación” a través del Ministerio de Justicia y la Oficina Anticorrupción. Zicavo fue designada al frente de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI), aunque críticos señalaron que era imposible que una funcionaria investigue seriamente a su propio jefe. La Oficina Anticorrupción, dirigida por Melik (exsocio del ministro de Justicia), cerró su investigación en junio de 2025 sin encontrar irregularidades, una acción que generó desconfianzas adicionales.
Luego de la patética derrota electoral sufrida por La Libertad Avanza, comenzaron a surgir pedidos de oxigenación al interior del espacio. Incluso, caídos de la gestión libertaria se pronunciaron al respecto, como el exlegislador y candidato a jefe de Gobierno Ramiro Marra, quien sorprendió en redes sociales con dos publicaciones cargadas de simbolismo político: un pasaje de la célebre película El Padrino, y una referencia bíblica del Evangelio.
“Doy mi palabra de honor de que no intentaré vengarme y olvidaré las ofensas pasadas. Saldré de aquí lleno de buena voluntad”, escribió Marra, retomando un discurso de Don Corleone. Y agregó: “Permítanme decirles que debemos velar siempre por nuestros intereses. Todos nosotros somos hombres sin un pelo de tontos, que nos hemos negado a ser muñecos en manos de los poderosos”.
En ese mismo mensaje, el referente libertario remarcó la importancia de ponderar lo colectivo por encima de las disputas personales. “El bien común es lo primero. Esta es mi palabra de honor. Y todos los aquí reunidos saben que mi palabra ha sido siempre sagrada”, expresó, en lo que fue leído como una apelación directa a la unidad dentro del espacio oficialista.
A su vez, Marra apeló a un tono religioso y compartió un versículo bíblico que puede leerse como un mensaje directo al entorno más cercano de Javier Milei:“San Mateo 5:30: ‘Y si tu mano –incluso tu mano más fuerte– te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno’”, escribió en su cuenta de X. Ambas citas dan lugar a múltiples lecturas sobre el mensaje político que Marra buscó transmitir, y sobre todo a quiénes van dirigidas, en un escenario marcado por tensiones internas después del fracaso electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
Marra (uno de los fundadores y líder natural de La Libertad Avanza) también le pidió al presidente que escuche a su militancia.
Un informe realizado por el Tribunal de Cuentas reveló la situación financiera del municipio de Allen (Río Negro). En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, los ediles presentaron un documento de aproximadamente 80 páginas solicitado al organismo de control, que describió el estado de las cuentas de la gestión del intendente libertario, Marcelo Román.
Según el informe, al 30 de junio de 2025 la deuda con proveedores casi llega a los $3.000 millones, mientras que el total de ingresos (coparticipación nacional y provincial e ingresos propios) rondó los $1.387 millones.
En esa sesión, el concejal Guillermo Pennesi (Juntos Somos Río Negro) calculó que, comparando ingresos y egresos, el municipio contó con aproximadamente $18 millones disponibles para lo que restó de 2025: “Estos recursos deberían destinarse a combustibles, repuestos, infraestructura y obras. Como todos sabrán, 18 millones para un municipio es ínfimo; con este número solo, la situación se vuelve extremadamente preocupante”, afirmó.
Los gastos en eventos deportivos y culturales se destacaron entre los rubros observados. Para la Fiesta Nacional de la Pera, el municipio destinó $14.405.675 en 2024 y elevó ese gasto a $567.113.095 en 2025.
Además, en 2024 el triatlón de la Pera implicó $907.900. Un patrón similar se registró en los festejos del 25 de Mayo, que también coinciden con el aniversario de la ciudad: el gasto fue de $907.900 en 2024 y ascendió a $251.261.879 en 2025.
El cuerpo legislativo también puso atención en el gasto en publicidad y asesorías. Según el relevamiento, el Ejecutivo destinó $34.548.568 al rubro publicidad y $58 millones a distintas asesorías.
– Junto a la diputada nacional de LLA, Lorena Villaverde
La revisión de las horas extras constituyó otro foco de críticas. El Tribunal de Cuentas registró un promedio mensual de 5.307 horas extras. Hasta junio de 2025, el municipio informó 209 funcionarios y contratados, y una planta permanente de 214 empleados. La planta permanente acumuló más de 3.331 horas extras y los contratados sumaron 2.357: “Uno se pone a dividir las horas extras y hay gente que hizo casi 80 horas, es imposible, no duermen, hay un desmanejo administrativo”. fustigaron.
Durante la sesión se barajó la posibilidad de declarar la emergencia económica ante el cuadro financiero descrito. El concejal Gustavo Addamo (JSRN) sostuvo que “estamos frente a una desidia importante y si los números no cierran, es complejo panorama”, y aseguró que hasta el viernes previo el cuerpo no recibió “ningún proyecto, propuesta o declaración por parte del Ejecutivo” sobre la situación. Por su parte, Agustina Sánchez (JSRN) manifestó que en varias ocasiones se advirtió de este escenario y afirmó que “es deber del Ejecutivo velar por los recursos públicos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales, algo que hace rato no está sucediendo”.
LA RESPUESTA DE ROMÁN
El intendente libertario Marcelo Román cuestionó públicamente el informe del Tribunal. “¡Basta de operaciones políticas disfrazadas de control institucional!”, publicó en redes.
“No vamos a permitir que le sigan mintiendo a nuestros vecinos”, agregó. Luego emitió un comunicado en el que expresó: “Desde el Gobierno Municipal expresamos nuestro enérgico rechazo al informe recientemente enviado por la actual presidente del Tribunal de Cuentas, Belén Villar, al Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Consideramos dicho documento un acto irresponsable, con claros fines políticos, que busca generar confusión y malestar en la ciudadanía a través de datos falsos y omisiones deliberadas”.
– Segmento del comunicado del intendente, publicado en su muro de Facebook
Respecto de las cifras, Román aseguró que la deuda actual real “es mucho menor a la denunciada por el Tribunal de cuentas, la misma resulta ser $830.000.000, aproximadamente, cifra afrontable en el contexto de las finanzas municipales”.
También señaló que se omitió la deuda que contribuyentes mantienen con el municipio, que, según sus palabras, ascendió a más de $3.100.000.000, y mencionó $29.000.000 en regalías mensuales que el municipio destinó a obras públicas.
Sobre la Fiesta de la Pera, sostuvo que “dicha celebración no solo fue histórica en cuanto a convocatoria popular, sino que generó un impacto económico altamente positivo para el comercio local”. “La cultura, lejos de ser un gasto, es una inversión social que promueve identidad, turismo y movimiento económico”, remarcó.
VÍNCULOS DEL INTENDENTE CON UN EMPRESARIO LOCAL
A finales de julio, la Justicia retiró documentación del municipio de Allen en el marco de una investigación preliminar por peculado contra Román y por usurpación de cargo público contra Sebastián Ocampo, tras otra una denuncia del Tribunal de Cuentas. Días antes, la policía había allanado propiedades de Ocampo. Según informó la defensa del intendente, a cargo del abogado Matías Rubio, la Fiscalía presentó una solicitud de entrega voluntaria de documentos y no resultó necesario allanar, porque el municipio entregó la documentación requerida.
El organismo señaló que Sebastián Ocampo “ejerce funciones propias del cargo de intendente del municipio de Allen sin tener la facultad legal para ello. Esto incluye la toma de decisiones en la gestión municipal, participación activa en reuniones de gabinete, decisiones sobre compras, contrataciones y asignaciones presupuestarias”. El Tribunal indicó que contó con testimonios que certificaron la existencia de ese ejercicio irregular, constató la línea telefónica que Ocampo utiliza y que abona la comuna, y describió pagos de honorarios mediante publicidad a su radio y una supuesta triangulación de facturas a través de un empleado de sus medios.
La denuncia que inició la fiscalía el 26 de junio llevó las firmas de Florencia Torres Castaños y María Belén Villar, integrantes del Tribunal de Cuentas, y del asesor letrado Ezequiel Martínez, y consignó también a Matías Piergentili (presidente del cuerpo) y a Facundo Jara Godoy.
– Allanamientos en la propiedades de Sebastián Ocampo, el pasado jueves
El día del procedimiento se observaron policías provinciales en la municipalidad y un medio local registró que la oficina del intendente permaneció cerrada. La actividad se concentró en la Secretaría de Hacienda. En paralelo, Román enfrentó renuncias de funcionarios que se alejaron del gabinete y manifestaron irregularidades, aunque no radicaron denuncias penales.
DATA24 accedió al informe del Tribunal de Cuentas de Allen (Río Negro). Con el municipio en crisis, el intendente Marcelo Román destinó millones a cuatro festivales locales, gastos que luego justificó como inversión cultural.
Dan Parisini, Ramiro Marra, siguen queriendo presentar un mundo que no es. Karina Milei es Milei. Pareja es Milei. El Nene Vera es Milei. Luis Caputo es Milei. Como Kikuchi fue Milei. Javier Milei es el jefe de la banda de los chorros. Javier Milei es quien expulsó a Marra y es… pic.twitter.com/LZ6kWbMWYR
