Garro ELIMINA IMPUESTOS MUNICIPALES para el desarrollo de comercios
Todo se enmarca en el programa local "La Plata Reactiva" que promueve ventajas económicas y de alivio fiscal.
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El intendente de La Plata, Julio Garro, anunció que los emprendedores e inversores dejarán de pagar tributos municipales al tramitar la habilitación de sus locales. La medida se suma a los trámites expréss ya implementados, que otorgan permisos provisorios de forma remota y en 24 horas.
“Desde hoy el que quiera habilitar un comercio no pagará tributos municipales. Si queremos crecer tenemos que acompañar a los que laburan y generan trabajo“, remarcó Garro, al dar a conocer esta medida.
El intendente de La Plata sostuvo que “en un momento en el que el sector privado está pasando por una situación complicada, los apoyamos y elegimos el camino de acompañarlos, de darle herramientas y no ponerle palos en la rueda para que crezcan”.
Según se informó desde la Comuna, la quita del tributo de Habilitación, Autorización o Permiso y su correspondiente renovación abarcará a todos los rubros, favoreciendo así a todos los inversores y emprendedores que quieran cumplir con los trámites de habilitación y renovación de los comercios.
Publicación del intendente Garro en Twitter
“Mientras la crisis económica nacional perjudica el trabajo de pymes, comerciantes y emprendedores, el Municipio los escucha y respalda con políticas claras, que dan cuenta de un Estado presente”, añadió el intendente Garro. Según se anticipó, la medida abarcará a más de 20 mil comerciantes y tendrá un costo fiscal cercano a los 30 millones de pesos para la Comuna durante el 2023.
El beneficio fue dado a conocer por el jefe comunal durante su visita a un taller de neumáticos que abrió sus puertas recientemente en la ciudad a través del nuevo sistema de habilitaciones exprés que permite tramitar permisos en solo un día.
Vídeo de Garro que subió a Facebook
Ambas medidas se enmarcan en el programa de Gobierno “La Plata Reactiva”, que promueve ventajas económicas y de alivio fiscal para optimizar el trabajo del rubro, incentivar las inversiones y generar nuevas fuentes de empleo.
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La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó su “enérgico rechazo” a la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, de modificar la carga del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) mediante la activación de la denominada “quinta cuota”. La entidad que preside Ignacio Kovarsky, integrante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), indicó que el Poder Ejecutivo provincial aplicó, a través del artículo 139 de la Ley Fiscal, un incremento adicional del 25% en el tributo, concretado por la vía de duplicar el valor de la cuarta cuota que los productores rurales ya habían abonado.
CARBAP sostuvo que “esta medida es ilegal e improcedente, al adoptarse sin la aprobación del Presupuesto 2025 ni de una nueva Ley Impositiva”. Para la dirigencia ruralista, el hecho de que el aumento se hubiera instrumentado sobre la base de una Ley Impositiva prorrogada, en paralelo a la discusión del nuevo paquete fiscal bonaerense, evidenció la ausencia de la “legalidad, equidad y racionalidad tributaria” que la entidad demandó explícitamente en su comunicado.
La entidad recordó que la quinta cuota del Inmobiliario Rural bonaerense ya había sido objeto de tensiones a comienzos de año entre la organización y la gestión de Axel Kicillof, dado que la facultad de aplicar o no esa cuota quedaba sujeta a la decisión del Gobierno provincial. La Ley Fiscal sancionada en 2024 habilitó a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) a hacer uso de ese mecanismo, vinculado a la “quinta cuota del Inmobiliario Rural 2025”, y el organismo lo ejecutó. A los ojos de los dirigentes rurales, “se trata de un aumento encubierto del 25% sobre los pagos ya realizados a lo largo de este año” por los propietarios de campos bonaerenses.
Junto con el cuestionamiento jurídico y tributario, el documento de CARBAP enfatizó el contexto productivo en el que se adoptó la medida. El título del comunicado sintetizó esa lectura: “Cuando el agua ahoga, el Estado tira un salvavidas de plomo”, expresó la entidad, al vincular el incremento impositivo con la situación de inundaciones, pérdidas productivas y deterioro de la infraestructura vial rural.
En el comunicado la Confederación describió del siguiente modo el escenario que enfrentaron los productores bonaerenses: “Nunca es buen momento para aumentar los impuestos. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires ya lo hizo en 2024, aun cuando los productores veníamos de tres años de sequía. Y vuelve a hacerlo ahora, sin que el campo haya podido recuperarse, en medio de una de las peores crisis productivas de los últimos años, con millones de hectáreas que permanecen bajo el agua, caminos rurales y rutas intransitables, con miles de familias que luchan día a día contra las pérdidas, el desaliento y la incertidumbre”.
La organización agraria remarcó que la decisión oficial se tomó “en plena emergencia” y añadió que “en lugar de solidarizarse y acompañar a quienes siguen trabajando pese a todo, el Estado decide poner más peso sobre sus espaldas, agravando la asfixia fiscal en plena emergencia”. Para la conducción de CARBAP, el incremento adicional en la quinta cuota se integró a una estructura de tributos crecientes que afectó a un sector que todavía no se había repuesto de la combinación de tres años de sequía y un posterior cuadro de inundaciones extendidas.
De acuerdo con un informe técnico de la Confederación, hasta septiembre se registraban más de 2 millones de hectáreas productivas afectadas por inundaciones entre el centro bonaerense y la totalidad de la Cuenca del Río Salado. Las lluvias de principios de noviembre profundizaron el problema, en especial en municipios de la Cuarta sección electoral como Bragado y Nueve de Julio, donde la presencia de campos anegados, caminos rurales intransitables y dificultades logísticas complejizó aún más la operatoria cotidiana de los establecimientos agropecuarios.
La entidad recordó que el aumento del Inmobiliario Rural en 2024 había superado el 200% establecido en la última Ley Impositiva, debido a la quita de los beneficios de buen contribuyente. Desde la óptica de CARBAP, la combinación de incrementos previos, eliminación de bonificaciones y aplicación de la nueva “quinta cuota” configuró un esquema que reforzó la presión fiscal sobre el campo bonaerense en el mismo momento en que los rindes, las pasturas y las posibilidades de producción se vieron severamente comprometidos por el factor climático.
“Por ello, CARBAP solicita la inmediata marcha atrás de esta medida y convoca a los legisladores bonaerenses a defender la legalidad, la equidad y la racionalidad tributaria”. La entidad reclamó que la discusión del paquete de leyes que el Ejecutivo envió a la Legislatura provincial incorporara la situación de emergencia que afectó a los productores y puso el acento en el rol de diputados y senadores al momento de evaluar el alcance del incremento.
La reacción se produjo luego de que la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, cuyo plazo original se había fijado para el 12 de noviembre. “La decisión, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, garantiza que quienes estén al día con el fisco mantengan el beneficio de hasta un 10% de descuento por adhesión al débito automático”, indicaron desde el gobierno provincial.
El organismo recaudador explicó que el cambio de fecha respondió a “razones operativas” y que buscó asegurar el correcto proceso de liquidación y la disponibilidad de los medios de pago, de modo tal que todas las personas contribuyentes pudieran cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones. ARBA recordó que quienes no registraran deudas, estuvieran adheridos al débito automático y optaran por abonar la última cuota del año conservarían la bonificación de hasta el 10%, un beneficio que el Poder Ejecutivo provincial presentó como incentivo al cumplimiento tributario.
En paralelo a la controversia en torno al Inmobiliario Rural 2025, las autoridades bonaerenses remitieron a la Legislatura el paquete de leyes que incorporó la propuesta de Ley Impositiva 2026. Según el proyecto del Ejecutivo provincial, el Impuesto Inmobiliario, tanto urbano como rural, no tendría aumentos de alícuotas ni de valores fiscales y congelaría los parámetros de cálculo para 2026, con el objetivo de brindar previsibilidad a los propietarios y productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires.
El Gobierno Nacional incorporará al temario del Congreso, con la intención de tratarlo antes de fin de año, el denominado Caso Formosa, uno de los episodios más resonantes de la política institucional argentina en décadas. El anuncio anticipa un debate legislativo que se proyecta como una discusión sobre las garantías republicanas, la tutela de los derechos humanos y la distribución de poderes entre la Nación y las provincias.
El evento catalizador para que esta agenda vuelva a la discusión es el triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025. El oficialismo nacional ganó con más del 40% de los votos. En términos de renovación parlamentaria, LLA pasó de 37 a 93 diputados (sumados los aliados). El espacio pasó de 6 a 19 senadores y a partir del 10 de diciembre de 2025, los nuevos legisladores asumirán, lo que le daría al sector libertario una mayoría significativa para impulsar proyectos de alto impacto institucional.
Precisamente después de esta nueva correlación de fuerzas, Francisco Paoltroni, senador nacional por Formosa y líder del espacio libertario formoseño, declaró que después del 10 de diciembre pedirá formalmente la intervención federal de Formosa, confiando en que habrá quórum suficiente para aprobarla. No se necesitan dos tercios para una intervención federal, sino una mayoría simple, que es decisión del Presidente de la Nación Javier Milei, según la Constitución Nacional.
Para entender la magnitud de este hecho, es necesario comprender quién es el gobernador de Formosa Gildo Insfrán, alguien que a ejercido el poder de manera ininterrumpida desde el 10 de diciembre de 1995, acumulando ocho mandatos consecutivos y gobernando la región durante aproximadamente 30 años. Lo que hace extraordinaria esta continuidad es que comenzó como vicegobernador desde 1987, lo que significa que su permanencia en la fórmula ejecutiva provincial asciende a casi 40 años consecutivos.
La particularidad del régimen de Insfrán radica en que ha logrado ganar todas las elecciones provinciales con supermayorías abrumadoras, obteniendo en la mayoría de las ocasiones entre el 65% y 76% de los votos. Esta consistencia electoral ha permitido que mantenga un control casi absoluto sobre las tres ramas del gobierno provincial, siendo la policía, el poder legislativo y judicial estando bajo la influencia directa del partido gildista, limitando la posibilidad de contrapesos reales o independencia.
Paoltroni ha sido el más visible promotor de la intervención federal. Ya a finales de 2024, solicitó a Milei que dispusiera esta medida, argumentando que “la perpetuación en el poder, la falta de independencia judicial y las graves violaciones a los derechos humanos” justifican la acción, utilizado argumentos tanto legales como políticos, como el artículo 99 inciso 20 de la Constitución Nacional que faculta al Jefe de Estado para intervenir en una provincia cuando las instituciones locales no respetan la forma republicana de gobierno. En sus declaraciones más recientes, afirma que el 65% de los formoseños apoya la medida.
Una intervención federal es una medida excepcional prevista por la Constitución que permite al Gobierno Federal asumir el control de una provincia. En tal situación, las autoridades locales son suspendidas y se designa un interventor federal encargado de gobernar el territorio mientras las instituciones provinciales quedan bajo supervisión directa de la Nación. El propósito declarado de esta medida es remediar las causas que la motivaron y restablecer el pleno ejercicio de los derechos y de las autoridades legítimas.
A lo largo de la historia argentina, las intervenciones federales se han aplicado en contextos de gobiernos provinciales considerados autoritarios o en violación de la forma republicana. Ejemplos de ello son los casos de Santiago del Estero y Catamarca, donde administraciones con rasgos autoritarios fueron removidas del poder mediante este mecanismo constitucional.
La gestión de Insfrán rechaza categóricamente los pedidos de intervención, argumentando que todas las instituciones funcionan correctamente y que una decisión así sería “calamitosa”. La fiscal de Estado, la Dra. Stella Maris Zabalasostuvo que “no concurren ninguno de los requisitos” para una intervención, ya que en la región “las instituciones funcionan a pleno”. Sin embargo, sectores opositores, incluyendo legisladores, abogados y organizaciones de derechos humanos, argumentan que Formosa cumple con los requisitos constitucionales para una intervención federal debido a la falta de autonomía judicial, las violaciones sistemáticas de derechos individuales y la vulneración del principio de la República.
En diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico declarando inconstitucional la reelección indefinida en Formosa. Esta sentencia unánime se fundamentó en que la perpetuación en el poder viola el principio republicano establecido en los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional. El fallo tuvo un impacto inmediato, obligando a que Formosa realizara una reforma constitucional.
No obstante, lo ocurrido después revela la complejidad del conflicto institucional. Durante septiembre de 2025, la Convención Constituyente formoseña, controlada por el “feudo” de Insfrán, aprobó una reforma constitucional que eliminó formalmente la reelección indefinida, pero incluyó una cláusula transitoria que habilita a Insfrán a una nueva candidatura. Esta disposición considera el actual mandato de Insfrán como el “primer período” bajo la nueva normativa, permitiéndole competir nuevamente en 2027. Además, la reforma también modificó el artículo 32 de la Constitución provincial para limitar los alcances de una intervención federal, agregando requisitos complejos que restringiría la actuación de eventuales interventores del Gobierno Nacional.
Lo que caracteriza al modelo formoseño no es simplemente la permanencia en el cargo, sino el de un control político estructurado que ha construido a lo largo de los años. Este esquema opera a través de varios mecanismos, como tener a un porcentaje muy elevado de la población formoseña que depende directa o indirectamente del sector público, generando una pobreza generacional que se utiliza como control social. El sistema funciona mediante el reparto de bolsas de mercadería a cambio de votos, llevando a los ciudadanos a las urnas “con el bolsillo lleno de lo que deben meter en el sobre”.
La provincia ha empleado herramientas legales para perpetuarse en el poder, como la Ley de Lemas, que permite presentar múltiples listas para confundir al electorado. En 1999, Insfrán logró una reforma constitucional que eliminó definitivamente los límites de mandatos, permitiendo su propia reelección indefinida.
El Radar Pyme del tercer trimestre de 2025, elaborado por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC), reveló que la economía argentina atraviesa una recesión consolidada, con ventas en baja, salarios depreciados y costos en alza. Según el informe, el 40,4% de las pymes reportó malas ventas y seis de cada diez trabajan sin ganancias.
El estudio advierte que “la economía argentina continúa sin señales de recuperación” y que el sector productivo nacional “opera por debajo de su capacidad real”. La utilización promedio del aparato productivo fue de 54,6%, cifra considerada preocupante por la entidad. En la industria, el nivel fue de 54,7%, por debajo del umbral del 60% que se asocia a un uso saludable de la capacidad instalada.
La encuesta, realizada entre más de 1.000 pequeñas y medianas empresas, muestra que el 88% enfrentó aumentos de costos y el 74%debió subir precios, aunque sin poder trasladar completamente la inflación. En el sector industrial, el 45,9% de las firmas registró fuertes caídas en las ventas, lo que confirma el deterioro del mercado interno.
El presidente de ENAC aseguró que “el consumo se derrumba”
El presidente de ENAC,Leo Bilinski, advirtió que “el 13% de los empresarios evalúa cerrar antes de fin de año”, ante un escenario de demanda deprimida y suba constante de costos. “Las familias están endeudadas hasta el 130% de sus ingresos y el consumo se derrumba”, detalló el dirigente.
En el frente laboral, solo el 17,1% de las firmas incorporó personal, mientras que un 19,7% despidió trabajadores. En la industria, los despidos trepan al 28,8%, con un resultado neto de -2,99% en el empleo pyme durante el trimestre.
El financiamiento, lejos de destinarse a inversión, se volvió una herramienta de supervivencia. El 21,3% de las empresas se endeudó para pagar impuestos y el 20,5% para cubrir salarios o aguinaldos.
A su vez, el 59% de las firmas denunció demoras en los pagos de clientes y el 47% más incumplimientos, generando una asfixia de liquidez: las pymes financian a sus compradores a 37 días, pero pagan a proveedores en 30.
Las expectativas hacia el futuro tampoco son alentadoras. El 76% de los empresarios cree que la economía seguirá empeorando y el 65% no planea invertir en el próximo trimestre. Entre los principales obstáculos, destacan la caída del mercado interno (75%), la pérdida de rentabilidad (55%) y la apertura de importaciones (43%), factores que, según ENAC, “amenazan la supervivencia de miles de pymes en todo el país”.
El gobierno de Javier Milei oficializó los requisitos que deberán cumplir los legítimos usuarios para adquirir y poseer armas semiautomáticas con cargadores desmontables, similares a fusiles, carabinas o subametralladoras de calibre superior al .22 LR.
La medida se formalizó mediante la Resolución 37/2025 del Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo que reemplazó a la ANMAC, y reglamenta el Decreto 397/25, que había levantado la prohibición para este tipo de armamento.
Para acceder a la tenencia, los solicitantes deberán tener al menos cinco años de antigüedad como usuarios de armas de uso civil condicional, no registrar sanciones ni actuaciones administrativas, disponer de un sector de guarda tipo G2, y presentar una declaración jurada con los motivos de la solicitud, junto a la identificación del material y fotografías.
El requisito central será acreditar “probados usos deportivos”, mediante una certificación de entidad de tiro habilitada o participación en competencias nacionales o internacionales.
Las entidades deportivas también podrán gestionar estas armas para sus socios o con fines didácticos. El costo del trámite será equivalente al de una Tenencia Express más una Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM).
Diego Santilli inauguró este miércoles en Entre Ríos sus visitas a las provincias. Llegó a Paraná, fue recibido por el gobernador Rogelio Frigerio en la Casa de Gobierno y mantuvo con él una reunión privada de alrededor de una hora y media. Luego, ambos brindaron una conferencia de prensa en el Salón de los Escudos, donde detallaron la agenda de trabajo y remarcaron la necesidad de consensos para avanzar con reformas estructurales a nivel nacional y provincial.
Frigerio explicó que en el encuentro repasaron “todos los temas de gestión conjunta”. Señaló que “vimos los problemas que restan solucionar y también las cosas positivas” y que, además, hablaron “de los asuntos nacionales que son prioritarios para el presidente Javier Milei”. El gobernador resumió el tono de la reunión al afirmar: “Estuvimos trabajando en nuestra oficina durante un tiempo largo, viendo los problemas que todavía tenemos que solucionar y también planteando las cosas positivas. Hemos expuesto que, en la medida de lo posible, vamos a ayudar a que finalmente y después de tantos años la Argentina pueda tener las reformas estructurales que viene pateando desde hace tanto tiempo”.
Al describir la agenda entrerriana, el gobernador indicó que “son los mismos que venimos trabajando y sembrando en los primeros 20 meses de gestión y que, en los últimos 30 días, empezamos a cosechar”. En ese marco, le entregó a Santilli una carpeta con el detalle de todos los reclamos que Entre Ríos tiene pendientes con la Nación y repasó junto a él ese listado durante la reunión.
El flamante ministro del Interior, por su parte, enmarcó la visita en el inicio de una ronda de encuentros con mandatarios provinciales. “Tuvimos una reunión larga porque mi tarea es escuchar a todos los gobernadores e intentar lograr una agenda común para Argentina y las provincias. Si les va bien a los entrerrianos, les va bien a los argentinos. Ese es el camino”, sostuvo. En el mismo sentido, definió: “Mi tarea es escuchar a todos los gobernadores, intentar lograr una agenda común para la Argentina y para las provincias. Entre Ríos es un caso ejemplar en la etapa del crecimiento, que se viene”.
El ministro subrayó que el país tiene “una agenda importante de reformas”. Detalló que incluye “sancionar un presupuesto, una modernización laboral, bajar los impuestos, con el Código Penal y otra serie de propuestas que llevarán adelante en sesiones extraordinarias y ordinarias” y remarcó que “también las provincias tienen reformas importantes” y que “el trabajo tiene que ser en equipo”.
Tras repasar logros de los primeros dos años de la gestión del Gobierno nacional, Santilli anticipó que luego de alcanzar la estabilidad económica y social ahora “viene la etapa del crecimiento”. “Esa es la base para construir políticas”, añadió. Sobre el presupuesto nacional, cuya discusión se está dando en el Congreso, lo definió como “una manta corta”. “Hay que tener equilibrio. Y en ese marco ir resolviendo los temas. Necesitamos que la Argentina crezca porque eso llegará a cada una de las provincias”, postuló.
Frigerio, en sintonía, planteó que hay “una nueva etapa en este segundo tramo del Gobierno. El Presidente plantea que hay que tener más diálogo, proximidad y empatía con las provincias. La designación de Diego tiene que ver con ese criterio de mayor amplitud y menos endogamia. Él le dará un salto de calidad importante a la gestión”. Además, vinculó el equilibrio de las cuentas nacionales con la posibilidad de las provincias de acceder al crédito: “Cuando baja el riesgo país, porque el Gobierno nacional tiene equilibrio, aprueba el presupuesto y avanza en las reformas, nos permite a provincias endeudadas ir al mercado de capitales y mejorar su perfil”.
En cuanto a los puntos concretos de la agenda entrerriana, Frigerio detalló que Entre Ríos reclama su participación en las obras de dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay; el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, donde ya hubo un avance; y una mejora en la tarifa de la energía que produce la represa hidroeléctrica de Salto Grande a fin de obtener excedentes que vuelvan a la provincia para obras en la región afectada por la represa, un aspecto en el que también hubo una mejora parcial. Aclaró que, pese a esos avances, Entre Ríos mantendrá los reclamos en la Corte Suprema de Justicia “hasta que se encarrilen definitivamente”.
El gobernador mencionó además la habilitación nacional para que la provincia acceda a financiamiento de organismos multilaterales y pueda realizar obras, y la reanudación de los trabajos en las rutas nacionales que atraviesan el territorio entrerriano como la 12 y la 18. Sumó en ese capítulo las obras sobre la ruta provincial 23, la planta de agua potable de Paraná y la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Villaguay. Destacó, asimismo, que “la primera concesión de rutas nacionales sea en Entre Ríos (la autovía 12, la 14 y la conexión de Victoria y Rosario), que se iniciarán en los próximos días”, y valoró el acuerdo para poner en valor el Palacio San José y la transferencia de los terrenos del puerto de Paraná.
“Estamos seguros de que vamos a tener el acompañamiento del Ministerio del Interior”, se esperanzó Frigerio tras repasar esos temas. Santilli, a su turno, aseguró que se comprometió con el gobernador y con los entrerrianos “a hacer un trabajo en conjunto y llevarla adelante”.
Consultado por Infobae sobre el encuentro que encabezó el expresidente Mauricio Macri con referentes del PRO, Santilli respondió que es “sano que sucedan las reuniones, que se junten los representantes de los partidos. Yo soy fruto de un acuerdo LLA – PRO. Ese es el rol que me toca. La democracia partidaria está bien que suceda y que cada uno pueda relanzar sus posiciones y miradas teniendo en cuenta la Argentina que queremos todos. Nosotros queremos un país que crezca”, redondeó.
Frigerio acompañó esa mirada, pero tomó distancia de la interna partidaria. “Coincido con lo que dijo Diego. No tengo mucho tiempo para meterme en temas partidarios. Ni siquiera tenía demasiada información de esa reunión. Prefiero no opinar sobre lo que no sé. Pero celebro que haya vida en los partidos políticos. Es importante para la democracia”, expresó.
Respecto a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Santilli fue más directo. “Con todo respeto, creo que hay que ser coherente en la vida y no tener doble personalidad. Estoy visitando a los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, donde la provincia de Buenos Aires no participó. Tampoco adhirió al RIGI ni a la ley de reiterancia para terminar con la puerta giratoria. No se sumó a la ley antimafia. Y así, de manera sucesiva, puedo seguir con mil más”, enumeró. Luego recomendó: “No escriban una cosa por redes y hagan otra en lo público ¿O acaso le tienen que ir a pedir permiso a Cristina Kirchner? Seamos coherentes. Nuestra tarea es escuchar, hablar con todos los gobernadores y tener una política en común. Pero no decir una cosa en un lado y hacer otra. Yo digo lo que hago”, remató.
Santilli también se refirió al vínculo personal que lo une con Frigerio y a la decisión de iniciar en Entre Ríos su agenda federal como ministro del Interior. Definió al gobernador como “un gobernador, amigo de muchos años” y explicó: “Elegí Entre Ríos (como primer destino) porque con Rogelio me une una larga amistad y hay que comenzar por los lugares donde uno construyó una relación. Se aprende de personas como él que tienen experiencia en este cargo”.
Una serie de chats extraídos de los teléfonos de los empresarios Claudio y Marcelo Tortul describió presuntas maniobras de pago de coimas para asegurar y mejorar contratos de seguridad con Enersa (Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima) y mencionó al ex gobernador entrerriano y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, a su entorno más cercano y al senador electo Adán Bahl.
Los mensajes que la Justicia recuperó de los celulares de los empresarios de apellido Tortul, directivos de la filial argentina de Securitas, formaron parte central de la causa federal que investigó el pago de coimas para quedarse con contratos con el Estado y que se tramitó en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. En el caso de Entre Ríos, el foco estuvo puesto en Enersa, la empresa estatal eléctrica de la provincia.
De esos teléfonos surgieron más de 25 mil páginas de conversaciones entre 2016 y 2024, en las que el nombre del ex gobernador peronista y actual diputado nacional Gustavo Bordet apareció 98 veces. En las conversaciones se habló de pagos que llegarían hasta el exgobernador y se mencionó también al entonces vicegobernador y luego intendente de Paraná, Adán Bahl, quien recientemente fue electo senador nacional del PJ electo por Entre Ríos.
Entre los interlocutores que, según los chats, funcionaron como vínculo indirecto entre los empresarios y los burócratas aparecieron dos nombres. Uno se identificó con claridad: José Gervasio Laporte, mencionado como “el negro” en las conversaciones. En uno de los mensajes, incluso, figura una foto en la que Claudio Tortul y Laporte comparten un café en un bar de un hotel de la costanera de Paraná. El otro nombre apareció como “Hugo”, quien podría ser Hugo Ballay, ex ministro de Economía durante las dos gestiones de Bordet y ex presidente de Enersa, aunque esa identificación no está confirmada y su apellido no figura en los chats ni en el expediente, según remarcaron desde su entorno.
En la causa, “El Negro” fue José Gervasio Laporte, histórico secretario Legal y Técnico de la Gobernación de las gestiones peronistas de Jorge Busti, Sergio Urribarri y Gustavo Bordet, y síndico de Enersa. Su función resultó estratégica: cuidaba la firma de los gobernadores en todos los actos administrativos. Laporte falleció hace más de 5 años, en julio de 2020, pero en los mensajes previos a su muerte ocupó un rol clave en el vínculo entre los Tortul y el poder político. “Le voy a encarar a Christian. Xq aumente enersa pirq bajo epe. Huntar a christian y bordet o el negro. Porque es grande li q vamos armar. Y q le den acuerdo entre el y el negro o bordet”, escribieron los hermanos en una de las conversaciones.
En marzo de 2017 los chats registraron una nueva reunión con Laporte. “Ayer Estuvimos cn el negro. Le pedi li ascienda. Y me dijo q si. Depende de el. Y ahora le preg a bordet si ouede pinerlo de 2. Cn ginzalez parec se pudrio bastante. El negro no sabia como ahradecer. Estamos para pedir li q querramos”, dice una de las conversaciones que apuntan a un aumento del contrato con la empresa estatal eléctrica.
Un año después, los mensajes se refirieron de manera explícita a un porcentaje de sobornos vinculado a los pagos. “El Negro me dijo q si le damos el 40 saca el pago cn el ajuste. Reparte cn Bordet Julio y el. Me pidio el 50 le dije q era alevoso no x el pedido q era incobrable (sic)”, consignó Claudio Tortul en otro chat. En noviembre de 2019, y siempre según las conversaciones incorporadas al expediente, se detalló incluso el reparto de una suma millonaria. “Te paso maso en 5 numeros como quedaria los 10 palos y pico de ENERSA. Los politicos el fronting nosotros. 4000000( bordet / Negro / Gonz / Charly / Cis / Marcelo M / Aldana / Ramiro / Daniel / Vos / yo ) Participacioned en Grone . Mas 200 lucas para mi ( gastos obra social hoteles etc )”, escribió.
Los chats también dejaron constancia de la intención de los empresarios de establecer una relación más directa con el ex gobernador, sin desplazar a Laporte. “Yo hablaba cn Taincho de que en vez de usar al Negro de interlocutor cn Bordet porq esta todos kos días. Ir directamente nosotros una vez cada tanto y hablar cn el. Ain correrlo al Negro. Ni que se sienta corrido. Porq en un cambio se raya se pelean y quedamos mirando el techo. Y tenemos muchos negocios en el medio”, señaló uno de los mensajes.
En 2019, esa relación apareció ya asociada a pagos concretos. En los chats, uno de los hermanos afirmó:“esa guita se la lleve yo a Bordet” y agregó: “El jueves vamos a pagar Negro Bordet. 1,1 millon. Aceito para que paguen toda la factura de junio el dia q facturaron”. Esos intercambios formaron parte de las pericias judiciales que describieron las operaciones ilícitas entre 2016 y 2024.
Tras la muerte de Laporte, las conversaciones comenzaron a mencionar a “Hugo”. “El lunes me contesta Hugo. Habla cn Bordet y me dice. Cree que si” Con todo como lo planteas. 14 / costos / y lo que repartimos. Leestoooo”, escribió Claudio a su hermano Marcelo. En otros mensajes agregó: “Me dijo tbm q lo tuvo que alinear medio fuerte a Caminos cn el ajuste y el presupuesto cn”, “Asi que cree si le da Ok Border”, “Vamos para delante !!!”.
En paralelo, la trayectoria de Hugo Ballay dentro de Enersa y del gobierno provincial quedó detallada. Ballay se desempeñó como presidente de la empresa eléctrica casi dos años, tras ser designado por el entonces gobernador Sergio Urribarri en enero de 2012. En noviembre de 2013 dejó ese lugar para incorporarse al gabinete. Cuando Bordet llegó a la Gobernación, a fines de 2015, Ballay volvió a Enersa como director titular durante la presidencia de Alfredo Muzachiodi. Los chats que describieron las operaciones ilícitas abarcaron un período que fue desde 2016 hasta 2024.
Sin embargo, el entorno de Ballay subrayó que el ex funcionario no tuvo relación con el caso Securitas. Confirmó que conoció a Claudio Tortul, pero precisó que el vínculo no estuvo relacionado con actividades comerciales o políticas, sino sociales: el empresario era presidente del Club Rowing, uno de los más exclusivos de la capital entrerriana, que tiene a más de un socio implicado en este expediente. También remarcaron que el apellido Ballay no figura mencionado ni en los chats ni en la causa.
En el plano personal, tres fuentes cercanas a Bordet, sin relación entre sí y con altas responsabilidades en el gobierno provincial durante el período 2015-2023, confirmaron a Infobae que el actual diputado nacional tuvo con Laporte y Ballay una relación personal de larga data. Ninguna de ellas habló de amistad. El ex gobernador suele remarcar que no tiene amigos en política y que ocupar cargos públicos lo alejó de sus relaciones personales. En el caso de Ballay, la relación fue más marcada: ambos se conocieron de jóvenes en las aulas de la Universidad, son coetáneos y estudiaron para ser contadores, en los años de la vuelta a la democracia y de la primavera alfonsinista.
En el expediente también apareció mencionado Edgardo Kueider, ex senador que ahora está detenido. La jueza Arroyo Salgado no imputó ni a Bordet ni a Ballay, pero sí involucró a Kueider en la causa. Se basó en dos elementos: un mensaje –el único– en el que Claudio Tortul lo mencionó y el hecho de que, cuando era secretario General de la Gobernación, representó al Poder Ejecutivo provincial en asambleas de Enersa.
Las conversaciones recuperadas de los teléfonos de los Tortul alcanzaron también al hoy senador electo Adán Bahl, que encabezó la lista del peronismo en las elecciones legislativas de octubre y quedó segundo. Las referencias se remontaron a su etapa como intendente de Paraná. “Viste lo del hipodromo. Mañana te cuento bien. Y vamos a tener q hacer algo. Ejemplo lotear en terrenos chicos y sacar lo que se pueda. Valoshablar cn Bahl y le decimos eso”, dicen los chats en relación a un negocio inmobiliario. En otro tramo, los hermanos agregaron: “Buen dia. Ayer Bahl se ofrecio apurar el tema de los Algarrobos si necesitabanos. Asi q aprovechemos la volada y aceleremos”. Las expectativas de los empresarios sobre el dirigente quedaron expresadas en otro mensaje, vinculado a las elecciones para la Gobernación de 2023: “Si gana bahl estamos PIPI CUCU !!!”.
La reacción de Bordet llegó a través de un comunicado público. El ex gobernador aseguró que “no formé parte de ningún sistema de coimas o maniobras ilícitas vinculadas a la relación comercial entre la empresa de seguridad Securitas y ENERSA”. Tras afimar que “nunca” tuvo “ningún tipo de contacto personal ni vínculo con los hermanos Tortul ni con los responsables de la empresa Securitas”, señaló que durante su gestión “no tuve intervención en la selección, contratación ni continuidad de dicho servicio, que se mantenía dentro de los procedimientos administrativos habituales de ENERSA”. Y remarcó que “Securitas no prestó servicios ni mantuvo contratos con ningún otro organismo del Estado provincial durante mi período de gobierno”.
Las filiales argentinas de los bancos españoles aplicaron recortes drásticos ante tasas del 60%, presión cambiaria y morosidad creciente. Qué esperan del país.
Las guías municipales de Cañuelas multiplicaron su valor por cinco en lo que va del año, tras un aumento del 200% aprobado en diciembre de 2024. “En un país que está tratando de parar la inflación, esta suba va directo al bolsillo de la gente”, alertaron desde CAMyA.
La DGI denunció a Sur Finanzas, manejada por Ariel Vallejo y vinculada al presidente de la AFA, por montar un circuito de billeteras virtuales, criptoactivos y prestanombres con cuentas de personas de bajos ingresos.
Un recuerdo a Fabián Gutiérrez, el exsecretario de CFK, arrepentido en la causa Cuadernos, cuyo cuerpo apareció tiempo después semienterrado en Santa Cruz al parecer masacrado por no confesar a un grupo de muchachos donde guardaba la plata de la corrupción que le permitía llevar… pic.twitter.com/UbZKaqCkAB
