Funcionario K amenaza con quitarles el agua a los vecinos que votaron a Milei: “Todo tiene consecuencias”
Se trata de Javier Noguera, exintendente de Tafí Viejo y actual legislador provincial, quien amenazó con sacarles el servicio esencial a los vecinos porque votaron al ahora presidente electo Javier Milei.
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Un fuerte repudio despertó en redes tras la viralización de unas conversaciones que el exintendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, habría tenido con los vecinos mediante un grupo de WhatsApp. En los mismo se leé como el ahora legislador provincial menciona las quejas de los vecinos por falta de agua y asevera: “Se hizo el reclamo, solo pongo en conocimiento a los vecinos que aún no vieron las noticias que hay un severo ajuste en el Estado nacional y provincial luego de las elecciones del domingo“.
Es decir, el funcionario oficialista deslizó que la falta del servicio esencial corresponde a los resultados de las elecciones, aunque Alberto Fernández y su gestión están al frente hasta el 10 de diciembre. En ese sentido, Noguera explica en los mensajes que, de igual forma, solo se resolverán las necesidades de los vecinos que no hayan votado al libertario: “Eso afectará sensiblemente todos los servicios que presta el municipio. De hecho ya está suspendido el pacto fiscal con los municipios(…)”.
Intendente mafioso de Tafi Viejo Tucuman JAVIER NOGUERA se rehusa a pagar a sus empleados porque @JMilei ganó. NOS DEJA SIN AGUA Y LUZ CON 40 GRADOS DE SENSACIÓN TÉRMICA. Esto es democracia?! Si no son uds nos morimos?! @JonatanViale @edufeiok @ElPeladoDeLaTV @MileiConduccion pic.twitter.com/K8u1sZrhXz
“La falta de recursos a los municipios y provincias repercute directamente en estas cosas concretas. Estos problemas pueden agravarse. Aquí en Tafí Viejo se impuso ampliamente (Javier) Milei, toda decisión tiene consecuencias“, advirtió.
Ante la repercusión de estos mensajes que el exintendente vertió en un grupo de WhatsApp de vecinos, esclareció: “No dije eso. No soy intendente. Jamás voy a dejar de dar respuesta a los problemas de mis vecinos desde el lugar en que me toque servir, como lo hice siempre”.
En serio el ex intendente @javier_noguera y actual legislador que representa a Tafi Viejo va responder esto? La falta de agua en toda la ciudad viene hace AÑOS. Vergonzoso, adjudicarle la falta de agua a un gobierno que aún no asumió.. pic.twitter.com/9PwDP9V05u
Y siguió: “Con respecto al agua: Durante mi gestión como intendente ejecuté 9 pozos nuevos en distintos puntos de la ciudad, en la que hacía décadas no se invertía en el servicio. Pero como sabemos que los pozos son una solución a mediano plazo, y la prueba son los problemas que sufrimos en tiempos estivales, gestioné durante años la obra del viaducto de Vipos, que logró financiamiento de BID y ojalá podamos ejecutarlo con el nuevo gobierno”.
A raíz de un comentario en un grupo de wasap (que comparto con vecinos de mi ciudad donde exponemos los problemas y buscamos soluciones) se me acusa ahora de no querer dar soluciones a mis vecinos y hasta de haber cortado el agua en Tafí Viejo.Aclaro al respectoNo dije eso….
Tras describir las tareas que realizó durante su mandato como intendente, continuó: “Lamento el equívoco, le deseo lo mejor al gobierno que se inicia y ojalá nos ayuden a solucionar nuestros problemas porque aquí vamos a seguir estando dando la cara“.
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Argentina buscó tomar el control de su espacio marítimo mediante un nuevo protocolo orientado a combatir la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida apuntó a reforzar la protección de los recursos pesqueros frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), una de las principalesamenazas para la sostenibilidad del sector y para la economía vinculada al complejo pesquero nacional.
La normativa entró en vigencia a través de la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, publicada en el Boletín Oficial. La disposición fue impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, mediante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, y estableció criterios objetivos para identificar buques de bandera extranjera pescando ilegalmente.
El eje central del nuevo esquema consistió en transformar criterios técnicos complejos en estándares operativos claros, verificables y aplicables en tiempo real.
Uno de los cambios más relevantes fue la incorporación de presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento de los buques extranjeros. A partir de ese esquema, se consideró que una embarcación se encontró realizando tareas de pesca cuando navegó a menos de 6 nudos y ejecutó maniobras o cambios de rumbo compatibles con esa actividad dentro de la ZEEA, aun cuando no se detectó el arte de pesca de manera directa.
El protocolo puso especial atención sobre los buques poteros, especializados en la captura de calamar, una de las especies de mayor interés comercial y presión extractiva. En esos casos, la presunción de ilegalidad se activó si la nave se desplazó a 2 nudos o menos sin una justificación técnica válida, una medida que buscó cerrar vacíos habituales en los controles tradicionales.
El monitoreo se realizó mediante el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, que integró información satelital, registros electrónicos y datos de navegación. Esos elementos pudieron ser utilizados como evidencia objetiva para iniciar actuaciones y aplicar sanciones, fortaleciendo la capacidad de control del Estado en un área extensa y de difícil supervisión presencial.
La disposición funcionó como herramienta legal de apoyo a la labor que Prefectura vino realizando como parte de su estrategia de control de los espacios jurisdiccionales. En su carácter de autoridad nacional, con competencias y atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar y como policía auxiliar pesquera, Prefectura generó un procedimiento de detección electrónica, análisis de patrones de comportamiento de buques pesqueros e incorporación y custodia de pruebas de diversas fuentes de información. Ese procedimiento posibilitó a la autoridad pesquera nacional llevar adelante las actuaciones administrativas y, de corresponder, el proceso sancionatorio por la conducta detectada.
Según se explicó, el procedimiento y la norma emitida en consonancia por la autoridad de aplicación contribuyeron a discriminar actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros del derecho de libre navegación que les asistió, acorde el derecho internacional, permitiendo así, en caso de corresponder, actuar en consecuencia, en defensa de los recursos e intereses nacionales.
Más allá del enfoque sancionatorio, la disposición incorporó garantías de debido proceso. Los capitanes de los buques alcanzados por las presunciones pudieron presentar descargos y pruebas técnicas, como reportes meteorológicos adversos o partes de avería, que permitieron justificar los movimientos registrados. De ese modo, el esquema buscó equilibrar firmeza en el control con reglas claras y previsibilidad jurídica.
La iniciativa se enmarcó en el Principio Precautorio, que obligó a actuar de manera preventiva ante el riesgo de daños graves o irreversibles al ecosistema marino, aun cuando no existió certeza científica absoluta en el momento de la detección. Este criterio cobró relevancia en un contexto de creciente presión sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur y de expansión de flotas extranjeras en los límites de la ZEEA.
Para la Prefectura, la aplicación de la ley no se limitó al seguimiento y control de la información estática de los buques, sino que implicó detectar patrones y comportamientos que representaron indicadores de posibles actividades ilegales. Esto le permitió ser generadora de buenas prácticas jurídicas y operativas de lucha contra la pesca ilegal, reconocidas internacionalmente.
La frontera norte de la República Argentina, específicamente el sector que delimita la provincia de Salta con el departamento boliviano de Tarija, atraviesa uno de los períodos de mayor erosión de la soberanía territorial en décadas. Este fenómeno responde principalmente a una compleja convergencia de expansión agrícola ilegal, desidia institucional histórica y la participación, en ocasiones explícita y en otras velada, de fuerzas de seguridad extranjeras en territorio nacional.
El Trementinal: la “anexión de facto” y el asedio a los pobladores
En el departamento salteño de San Martín, la comunidad Ava Guaraní de El Trementinal vive bajo un asedio territorial sistemático. Productores cañeros bolivianos ya consolidaron una ocupación de facto sobre 2.500 hectáreas de suelo argentino, convirtiendo selva nativa en plantaciones industriales sin control estatal. La cacica Natali Vásquez denunció que los invasores instalaron alambrados y portones en caminos comunitarios, bloqueando incluso el acceso al río Tarija.
La mecánica de la invasión es quirúrgica: durante el estiaje (cuando el río está “bajo”), cruzan el río con maquinaria pesada para ejecutar desmontes masivos en las Yungas, un ecosistema de altísimo valor biológico. Esta usurpación, que se intensificó por la falta de patrullajes y mantenimiento de mojones, ha dejado a las familias indígenas sintiéndose “encerradas en su propio país”.
Las Fuerzas de Bolivia contribuyendo en la invasión.
Ingeniería del contrabando y blindaje policial extranjero
El motor de la invasión es el mercado azucarero de Tarija. Se estima que 150.000 toneladas de caña producidas ilegalmente en Salta cruzan el río“a piso” cada temporada con destino al ingenio boliviano IABSA. Para asegurar este flujo, los usurpadores construyen escolleras y muelles de piedra que alteran la hidrodinámica del río Bermejo. Esta rudimentaria ingeniería busca desplazar la vaguada del río, criterio jurídico que define el límite internacional, para ejecutar una expansión territorial silenciosa.
La violencia es el brazo ejecutor. Productores extranjeros, a menudo armados, amedrentan a las familias guaraníes con disparos, machetes y matanza de animales para forzarlos al abandono de sus tierras ancestrales. La gravedad escala con la denuncia de la presencia de la Policía Marítima de Bolivia, que desembarca en riberas argentinas para proteger a los cañeros y amenazar con encarcelar en el país vecino a los referentes locales que intentan frenar el desmonte.
Cruce de Aguas Blancas.
Antecedentes y la “soberanía blanda” en el norte
La impunidad actual tiene raíces en precedentes de violencia militar. El 26 de octubre de 2010, una patrulla de 50 soldados del Ejército de Bolivia, al mando del coronel Willy Gareca, invadió el predio forestal “El Polvaredal” en Salta. Tras agredir a trabajadores argentinos, los militares sustrajeron maquinaria agrícola bajo la excusa de que el territorio les pertenecía. Pese a la crisis diplomática, el hecho se cerró con un sumario administrativo, alimentando la percepción de una frontera con “límites móviles”.
Esta erosión territorial se complementa con una estrategia de “soberanía blanda” en parajes como Abra de Santa Cruz. Ante la desidia del Estado argentino, Bolivia avanza construyendo escuelas y rutas en suelo nacional. La presión es institucional: se intima a los pobladores argentinos a adoptar la doble nacionalidad para acceder a educación o mantener el uso de sus tierras. A esto se suma el fraude electoral en localidades como Aguas Blancas, donde el padrón registra 5.700 electores para una población real de apenas 3.600 habitantes.
Foto de la invasión de 2010, dirigida por Willy Gareca.
La respuesta del Estado Argentino
Ante la gravedad de las denuncias, el Gobierno Nacional lanzó el Plan Güemes en Salta. El despliegue integra a 310 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval para patrullar el río Bermejo. La vigilancia suma tecnología crítica: drones de largo alcance, radares térmicos y helicópteros AgustaWestland AW169 para detectar maquinaria en las serranías de El Trementinal.
Complementariamente, el Ejército activó el Operativo Roca con el Regimiento de Monte 28 para tareas de apoyo logístico y vigilancia en áreas rurales. Bajo una política de “tolerancia cero”, el Ministerio de Seguridad busca incautar plantaciones ilegales y expulsar invasores sin residencia legal.El objetivo es restaurar la autoridad estatal en parajes donde la desidia permitió que extranjeros se sintieran “dueños de casa” en suelo argentino.
Tuit de la Senadora Nacional Patricia Bullrich, ex Ministra de Seguridad.
A pocos metros de la costa de Lago Escondido, en un valle encajonado entre cerros que superaron los dos mil metros, Joseph Lewis avanzó con una estructura subterránea de 4.000 metros cuadrados, de características militares, sin planos visibles ni autorizaciones que avalaran la obra. Según las descripciones incorporadas en pedidos de informes, la fortificación contó con tres subsuelos y dos plantas, y quedó enterrada en morenas glaciarias con hormigón y acero.
El financista británico regresó a su estancia patagónica en enero de 2026, luego de recibir el indulto de Donald Trump tras haber sido condenado por fraude en Estados Unidos. En ese marco, supervisó los trabajos de una construcción que incluyó salas de comunicaciones, spa y peluquería, además de un piso exclusivo para su estadía. Las imágenes satelitales apenas insinuaron la magnitud de las excavaciones y, de acuerdo con lo consignado, ningún funcionario inspeccionó la obra.
La legisladora Magdalena Odarda sostuvo durante siete años pedidos de explicaciones sin respuestas y volvió a exigir precisiones sobre quién autorizó la intervención. En su presentación, describió la fortificación como “totalmente apta para uso militar” y pidió determinar si funcionó como un refugio antiaéreo o si respondió a una decisión personal del magnate. También señaló que se abrió un camino de ocho kilómetros junto a la costa que no respetó la línea de sirga establecida por ley.
Mientras se desarrollaron las excavaciones, el Ministerio de Defensa de la Nación mantuvo desactivado el visor online de áreas de frontera del Instituto Geográfico Nacional, una herramienta que, según se indicó, resultó clave para establecer si las obras vulneraron zonas sensibles vinculadas a la soberanía.
El cuadro, de acuerdo con la misma información, incluyó otros emprendimientos en la Patagonia. El Emir de Qatar contó con una residencia excavada en la roca a 1.700 metros de altura en el cerro Baguales, en un contexto en el que también se mencionó a un magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiso construir represas privadas. A su vez, el fideicomiso Amaike, de la familia real de Abu Dhabi, desplegó infraestructura en la cordillera y en la costa atlántica.
Ese último grupo adquirió del holding Tavistock, propiedad de Lewis, un aeropuerto privado en la costa atlántica rionegrina, en Sierra Grande, ubicado a 700 kilómetros en línea recta de las Islas Malvinas. Allí, según se consignó, ningún control estatal supervisó el tráfico aéreo: Gendarmería no ingresó, Prefectura no ingresó y, cuando la propia policía rionegrina intentó hacerlo, se le negó el acceso sin que se registraran consecuencias.
En paralelo, siete congresistas estadounidenses recorrieron Tierra del Fuego y Neuquén en un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sin aviso ni invitación a los gobernadores. Gustavo Melella protestó tibiamente y Rolando Figueroa se enojó con la prensa que lo sorprendió sin respuestas. A 48 horas de esa visita, el embajador Jamieson Greer, secretario comercial de la representación comercial en Argentina, firmó un acuerdo de comercio recíproco con Pablo Quirno.
Drones dotados con inteligencia artificial surcaran los cielos de Buenos Aires para cazar a los contribuyentes que tengan construcciones sin declarar en propiedades urbanas y rurales.
El pasado 23 de enero, según consta en el Boletín Oficial (licitación 380-1549-LPR25), la gestión de Axel Kicillof invirtió más de $310 millones en ampliar las capacidades de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) para detectar irregularidades que afecten el cumplimiento fiscal.
El engorde de las arcas estatales del último bastión K se apoya en la más sofisticada tecnología: el sistema se llama “M2” y utiliza algoritmos con inteligencia artificial que detectarán, a lo largo de 55.861 hectáreas de 10 distritos bonaerenses, cualquier ampliación edilicia, cerramientos de balcones, nuevas plantas, piletas, silos, galpones, tanques australianos y movimientos de tierra que indiquen nuevas explotaciones o mejoras.
La técnica, según difundieron las autoridades del Gobierno provincial, se apoya en relevamientos fotogramétricos que generan una reconstrucción 3D del terreno y ortomosaicos con resolución de hasta 5 centímetros por píxel. En términos simples, cada “cuadradito” de la imagen representa 5 cm del suelo, lo que permite distinguir bordes y modificaciones que una satelital estándar suele perder.
– La cobertura anunciada por ARBA incluye zonas rurales y periurbanas de Mercedes, Junín, Chivilcoy, Tandil, Azul, Olavarría, Tres Arroyos, Lobos, Saladillo y Chascomús
La medida orwelliana se enmarca en un contexto delicado para el campo. La política fiscal de los últimos años registró severos aumentos en el impuesto inmobiliario urbano y rural. Para 2024, la ley Impositiva contempló aumentos que alcanzaron hasta el 200% para casi la totalidad de las propiedades bonaerenses, con escalas superiores para patrimonios más elevados. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtieron que, sumando coeficientes adicionales, el incremento efectivo podía rondar el 34,4 por ciento respecto del período anterior.
El Gobierno nacional decidió suspender el proceso de actualización del TAN (Tanque Argentino Mediano) —un proyecto con base en tecnología fabricada en el país— y en su lugar adquirirá vehículos blindados Stryker de origen estadounidense, usados y más costosos, informaron fuentes del ámbito de Defensa.
La paralización del plan de modernización del TAM se dio en medio de ajustes presupuestarios y de un alineamiento estratégico con Estados Unidos. Restricciones financieras impuestas en mayo de 2025 por el Banco Central limitaron la compra de insumos en el exterior para mantener operativos los vehículos blindados de fabricación local.
Carlos Alberto Presti, flamante ministro de Defensa
La empresa estatal TAMSE, encargada de la producción y mantenimiento del TAM y sus variantes, cerró sus puertas en este contexto, lo que desmanteló parte de la cadena productiva y logística regional que sostenía esta industria. El resultado fue que gran parte de la flota quedara fuera de servicio por falta de repuestos y soporte técnico accesible.
La elección de los Stryker, modelos que han sido utilizados por el ejército estadounidense en conflictos como Afganistán e Irak, responde, según voceros oficiales, a una prioridad en movilidad y capacidad de respuesta rápida. Sin embargo, desde el propio Ejército y sectores especializados se advirtió que había opciones más convenientes y con mayor interoperabilidad técnica, como los vehículos Guaraní de Brasil, que contaban con componentes producidos en la región y menores costos de mantenimiento.
El legendario Tanque Argentino Mediano
Un aspecto que también genera polémica es el costo de la operación: el paquete de Stryker, de unos 27 vehículos blindados, ronda los 100 millones de dólares, lo que implica un desembolso significativamente mayor por unidad que las propuestas alternativas, sobre todo si se considera que provenían de excedentes usados descartados por otros ejércitos.
Estados Unidos autoriza la venta de 27 vehículos Stryker M1126 a Argentina
Los críticos de la decisión sostienen que esta compra no solo compromete la industria nacional de defensa, sino que limita la transferencia de tecnología y la creación de empleo local, aspectos que estaban presentes en los proyectos de modernización del TAMy otros programas de equipamiento militar autóctonos.
La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó una reforma de la Ley 6722, norma que reguló el uso de armas de fuego por parte de la Policía provincial, y envió el proyecto nuevamente a la Cámara de Diputados para su segunda revisión. La iniciativa, impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas, obtuvo 26 votos a favor y 6 en contra.
Desde la oposición, los bloques del Partido Justicialista y del Partido Verde rechazaron la propuesta y manifestaron su preocupación por el alcance de las nuevas facultades.
La modificación apuntó a actualizar el protocolo de actuación policial, ampliar supuestos vinculados al servicio de seguridad y adecuar la actuación de los efectivos provinciales a criterios vigentes para las fuerzas federales en todo el país, en particular los vinculados al “peligro inminente”. La reforma se presentó como una herramienta para otorgar “certeza jurídica” al personal policial.
Antes de llegar al recinto, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado otorgó despacho favorable al proyecto, que propuso cambios en la ley para precisar criterios de actuación, identificación del personal y resguardo administrativo posterior a las intervenciones.
En ese marco, el Senado redefinió el protocolo de actuación y habilitó, en determinados supuestos, que el efectivo pudiera emplear su arma sin identificarse previamente cuando esa identificación pusiera en riesgo su vida o la de terceros.
La reforma amplió además el alcance del servicio de seguridad. Entre los nuevos supuestos, incluyó la actuación policial para asegurar personas y bienes ante situaciones de inseguridad y peligro inminente, así como en casos de incendio, inundación, explosión u otros siniestros. También sumó la defensa de funcionarios, agentes, empleados y bienes del Estado provincial; la posibilidad de esgrimir armas cuando resultara necesario conforme a la ley y a los principios generales; tareas de observación y vigilancia con fines específicos; y la preservación del orden en espacios públicos, la prevención de conflictos, la protección de transeúntes y el cese del delito.
En cuanto al uso de armas de fuego, amplió los casos en los que la Policía pudo recurrir a ellas y precisó con mayor detalle qué se consideró “peligro inminente”. Se contemplaron situaciones de estado de necesidad, defensa propia o de terceros, prevención de delitos particularmente graves que implicaran una seria amenaza para la vida o la integridad física, detención de personas peligrosas que opusieran resistencia y también la posibilidad de impedir su fuga. Durante el debate, además, se señaló que el nuevo esquema contempló supuestos para impedir la fuga de personas que representaran una amenaza letal y para resguardar establecimientos de detención.
Otro cambio central fue que se mantuvo la obligación de identificarse y advertir de forma clara la intención de emplear el arma de fuego, pero se habilitó la excepción cuando hacerlo generara riesgo de muerte para el agente o terceros, expusiera su ubicación, implicara desventaja numérica o táctica, incrementara la amenaza del agresor o resultara evidentemente inadecuado o inútil por las circunstancias.
También se reforzaron las obligaciones posteriores al uso del arma: cuando ocasionara lesiones o muerte, el efectivo debió prestar asistencia inmediata, solicitar servicios médicos urgentes, comunicar el hecho a la autoridad judicial competente e informar a los familiares de las personas afectadas.
MartínKerchner Tomba, presidente provisional del Senado, defendió la actualización de la norma y recordó el tiempo transcurrido desde la sanción original. “La reforma acompaña el incremento de la violencia y brinda claridad a quien actúa ante el riesgo”.
La violencia se produjo durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante. Vecinos que protestaban pacíficamente denunciaron agresiones que atribuyeron a “patoteros” del intendente Walter Cortés.
Con 26 votos a favor y 6 en contra, el Senado provincial reformó el protocolo de actuación policial para reforzar el resguardo administrativo de los efectivos.
Impulsada por Ignacio Torres, la medida fijó la verificación de antecedentes fiscales y administrativos para otorgar, renovar o transferir permisos y habilitaciones en la actividad pesquera. El oficialismo la presentó como una herramienta de transparencia y control.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
