ESCÁNDALO INSTITUCIONAL | Mientras los chaqueños festejaban el triunfo de la Selección, Capitanich eliminó las PASO
El bloque de la UCR provincial denunció un nuevo “avasallamiento” por parte de Eli Cuesta, la presidente de la Legislatura, por la medida que beneficia al gobernador. El referente del PRO nacional, Lucas Figueras, consideró que "no es Capitanich, sino un sistema donde la endogamia de persecusión del poder del kirchnerismo".
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Aprovechando que la mirada de la sociedad se encuentra posada en lo que sucede en otro continente con la Selección Argentina, Jorge Capitanich se encuentra haciendo de las suyas en el territorio chaqueño: el gobernador eliminó las PASO del próximo año electoral.
Legisladores de la oposición denunciaron que la presidente de la Legislatura, Eli Cuesta, reformó unilateralmente la composición de la comisión de Asuntos Constitucionales, dónde tenía mayoría la oposición, incorporando de manera ilegal y arbitraria legisladores peronistas para poder tratar la eliminación de las PASO y la autorización de Colectoras.
Eli Cuesta reformó unilateralmente la composición de la comisión de Asuntos Constitucionales incorporando peronistas de manera ilegal y arbitraria.
Señalaron que, mientras se desarrollaba la sesión, simularon la reunión de comisión de Asuntos Constitucionales. Luego, de manera relámpago, firmaron el despacho de la ley solo con legisladores peronistas. “Evidentemente están peor de lo que imaginamos en la valoración de la gente, porque el atropello y avasallamiento que vivimos hoy es una locura”. aseguraron.
Por su parte, el integrante de la UCR, Lucas Figueras, explicó que la resolución que cambió a los integrantes, se hizo en el medio del tratamiento del presupuesto, es decir, el que antes estaba en la comisión no se enteró que lo habían sacado y el nuevo que vino ya firmó un proyecto sin el correcto tratamiento y sin contar con los dos tercios requeridos por ley.
Lucas Figueras explicó que la resolución que cambió a los integrantes se hizo en medio del tratamiento del presupuesto.
Asimismo, el referente radical calificó al sistema como “burdo” para que alguien pueda hacerlo de esta manera y aseguró que “Capitanich tiene el remedio procesal para solucionarlo porque él lo puede vetar, porque sabe que es nulo, ilegal e inconstitucional. Veamos qué hace”.
Por otro lado, afirmó: “Yo creo que no es Capitanich, sino un sistema donde la endogamia de persecusión del poder del kirchnerismo hace que utilicen distintos medios, estén o no de acuerdo, porque este mismo tema se habló en 2017 y Capitanich se oponía porque decía que se rompía con la orgánica partidaria y hoy la aplica porque le conviene”.
“Capitanich tiene el remedio procesal para solucionarlo porque él lo puede vetar, porque sabe que es nulo, ilegal e inconstitucional. Veamos qué hace”- Figueras.
“No habiendo PASO tiene que haber un sistema de colección electoral. Ahí gana el que tiene más billetera, porque es el que puede bancar más candidatos. Entonces quién tiene el poder, tiene mayor ventaja cuanti y cualitativa para poder llevar adelante eso”, detalló.
Respecto al impacto que tiene este tema en los chaqueños, señaló que a pesar de tener un gran impacto en la libertad electoral de la gente, es lo suficientemente técnico para que no todo el mundo se interese o le despierte el interés, ya que puede ser difícil de sobrellevar.
Figueras consideró que la resolución tiene un gran impacto en la libertad electoral de la gente, pero que es lo suficientemente técnico para que no todo el mundo se interese.
Finalmente, contó que la transmisión del vivo se cortó y luego, lo que había quedado, fue editado. “La verdad es que es tan burdo que creo que o lo hacen por miedo o lo hacen porque no les importa nada. Ya llegamos a un extremo que decis ‘che vamos a dar por aprobado una resolución en contradicción de toda una normativa’, es muy loco. No tiene explicación lógica”, concluyó.
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El gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó una actualización tarifaria de 7,17% para la Autopista Buenos Aires–La Plata y el Sistema Vial Integrado del Atlántico, ambos concesionados a la empresa AUBASA.
La medida se enmarca en el mecanismo de revisión trimestral regido por el Coeficiente de Variación Tarifario (CVT). Los nuevos valores comenzaron a regir a las 00 h del sábado 3 de enero de 2026, tras haberse cumplido la audiencia pública correspondiente y sin haber recibido objeciones por parte de los organismos de control.
El ajuste se basa en una metodología de cálculo que pondera diversos indicadores del INDEC: un “55 % del Índice de Salarios nivel general para trabajadores registrados”, un “25 % del Índice de Precios Internos al por Mayor” y un “20% del Índice de Precios al Consumidor Nivel General – IPC”.
Con esta actualización, las autoridades provinciales buscan ajustar los costos de mantenimiento de los caminos concesionados. Asimismo, se informó que los usuarios de TelePASE podrán acceder a descuentos y evitar demoras en las cabinas manuales durante la temporada alta.
En la Autopista Buenos Aires–La Plata, los precios varían según la estación y el horario de circulación. En las cabinas de Dock Sud, Hudson y Gutiérrez, un auto particular (categoría 1) pagará $1.400 en hora pico y $1.100 fuera de ese rango, mientras que los vehículos de mayor porte, como los de categoría 7, abonarán hasta $16.000.
Por su parte, en los peajes de Quilmes, Berazategui y Bernal, el costo para autos quedó fijado en $1.000 para las horas de mayor afluencia y $800 en horario no pico.
Para quienes se dirijan hacia la costa por el Sistema Vial Integrado del Atlántico, los aumentos coinciden con el inicio de la temporada turística. En las estaciones de Samborombón, La Huella y Maipú, el peaje para la categoría 1 se ubicó en $7.000, mientras que los vehículos pesados de categoría 6 deben desembolsar hasta $34.900.
En el caso de la estación de Villa Elisa, las tarifas para autos particulares serán de $700 en hora pico y $600 fuera de dicho horario.
Finalmente, en otras rutas hacia los destinos balnearios, el cruce en General Madariaga tendrá un costo de $3.000 para autos y hasta $14.700 para las categorías más altas.
En la estación de Mar Chiquita, la tarifa para la categoría 1 quedó establecida en $3.300, ascendiendo a $16.100 para la categoría 6. Estas resoluciones fueron publicadas en el suplemento del Boletín Oficial bonaerense por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
La Municipalidad de Villa Allende, en Córdoba, dispuso la colocación de portones que cerró durante la noche en calles secundarias de zonas específicas, como parte de un plan que buscó combatir hechos de inseguridad. La medida se encuadró en el “Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal”, que se convirtió en la ordenanza 14/25, y se puso en marcha entre febrero y marzo luego de un fallo judicial que rechazó recursos de amparo y habilitó al Ejecutivo local a avanzar con el cerramiento en barrios como Pan de Azúcar y Lomas Sur.
Las autoridades locales explicaron que el programa incluyó la incorporación de móviles para patrullaje, la instalación de cámaras de seguridad y domos policiales, además de mejoras de iluminación y la adquisición de un dron. En distintos detalles difundidos sobre el plan, se mencionó la incorporación de cinco móviles, la instalación de 250 cámaras y 57 domos policiales; también se informó que el programa incluyó 300 cámaras de seguridad y ocho móviles policiales adicionales, con el objetivo de establecer corredores seguros.
El punto más novedoso —y el que concentró la polémica— fue la decisión de colocar portones para restringir la circulación vehicular en determinadas cuadras. El intendente Pablo Cornet confirmó que los primeros se armaron en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar. “Es un proyecto integral que incluye duplicar las cámaras del centro de monitoreo, sumar móviles, adquirir un dron y mejorar la iluminación. Los portones vienen a facilitar la tarea de control preventivo. Buscamos dejar corredores seguros, bien iluminados y monitoreados, mientras que las calles secundarias se van a cerrar”.
Cornet atribuyó el origen de la iniciativa a recorridas barriales: “Me contaban por dónde entraban y escapaban los delincuentes. Charlando con ellos, surgió la idea de que se deberían cerrar esas calles y así se empezó a cocinar la iniciativa”. También describió robos frecuentes denunciados por vecinos: “Los vecinos están indignados porque les roban herramientas, mangueras o escaleras, generalmente cuando no están en sus casas o durante la noche. Surgieron indicios de que cerrar calles servía cuando, por una obra de pavimentación, una cuadra quedó cerrada y los propios vecinos hicieron una encuesta por WhatsApp, donde la gran mayoría sintió que mejoró la seguridad”.
– Pablo Cornet, intendente de Villa Allende
En la primera etapa, el esquema contempló la colocación de 14 portones, activos entre las 22 y las 6: algunos cerraron por completo la cuadra y otros permitieron el paso peatonal. Cornet la definió como una “prueba piloto” para que, sobre la base de la experiencia, vecinos de otros barrios decidieran si consideraron la herramienta efectiva para bajar la inseguridad.
Desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba se expresó una posición de respaldo a la potestad local y al rol policial: “La potestad del tránsito es netamente municipal y en la Policía estamos en condiciones de brindar seguridad pública en cualquier circunstancia. La autonomía municipal se respeta y si Villa Allende decidió hacer eso, son los vecinos los que tendrán que dar su opinión. Nosotros garantizamos la seguridad pública”.
La iniciativa se aplicó en la localidad ubicada a 25 kilómetros de la Ciudad de Córdoba. Allí rige una emergencia en seguridad desde 2023, aprobada en el Concejo Deliberante por el “incremento en forma sustancial de los hechos delictivos que atentan contra la integridad de las personas y la propiedad”. En otra caracterización del contexto se consignó que el 60% de los robos se registró durante la noche, según reportan datos oficiales.
La puesta en marcha se destrabó luego de un recorrido judicial. Si bien el proyecto se aprobó a mitad de año, una serie de amparos unificados presentados por vecinos frenó su avance. Luego, la Cámara Contencioso Administrativa de la Primera Nominación de Córdoba convalidó la ordenanza y permitió la ejecución del plan.
En los fundamentos se indicó que la colocación de portones e infraestructuras de seguridad no vulneró derechos constitucionales de manera “manifiesta” y que la “seguridad como valor central” justificó las medidas adoptadas por la gestión municipal. En el caso reseñado, la Cámara también consideró que los planteos de inconstitucionalidad “no son procedentes” y calificó la iniciativa como “razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública”.
Vecinos Autoconvocados de Villa Allende anunciaron que apelaron el fallo y calificaron la sentencia como un “agraviante y torpe alineamiento con la gestión municipal” que “desoye absolutamente a los vecinos”. En un comunicado sostuvieron que la Cámara Contencioso Administrativa, al admitir la colocación de portones en nombre de “preservar la seguridad como valor central”, ha hecho suyo el argumento planteado por la municipalidad de que el cierre de calles mediante portones garantizará seguridad”.
Los autoconvocados cuestionaron la falta de “estudios previos, estadísticas o experiencias concretas” que respaldaran la eficacia del cierre y citaron “antecedentes desfavorables como en Guaymallén Mendoza”. También afirmaron: “Incluso el propio intendente, reconoció en declaraciones públicas que la colocación de portones es una experiencia sujeta a prueba y error. Claro que sin aclarar que el ensayo, no lo pagarán los funcionarios sino los vecinos que además veremos desvalorizarse nuestras propiedades con un portón en la cuadra o en nuestra vereda”. Además, alertaron sobre riesgos operativos: “Son públicas además, las alertas que hemos realizado sobre la inseguridad que los portones crearán frente a inundaciones, desplazamiento de vehículos de emergencias médicas, autobombas e incluso la propia policía o seguridad ciudadana”.
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