Elena García, la periodista de TN que nuevamente difundió propaganda terrorista de Hamás en la TV argentina
La periodista española de TN afirmó que la mayoría de los rehenes de Hamás en Gaza fueron asesinados por ataques israelíes, alineándose con la narrativa de Hamás, aunque sin pruebas que lo respalden.
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La periodista de Todo Noticias (TN), Elena García, afirmó que “la mayoría” de los rehenes secuestrados por Hamás cautivos en Gaza “fueron asesinados por ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel”. Esa frase es parte de la narrativa que utiliza el grupo terrorista Hamás, pero que no se fundamenta con ninguna prueba.
García se refirió al video publicado por la Embajada de Israel en la Argentina, en referencia al momento en que secuestraron a David Cunio (de nacionalidad argentino-israelí) en el kibutz Nir Oz el pasado 7 de octubre.
“El audio es en realidad la llamada de emergencia que hace su mujer, Sharon, a la policía. Allí dicen que se ahogan por el humo. Hamás prendió fuego la vivienda y se escucha a la niña decir ‘mamá no te mueras'”, indicó la periodista.
Elena Garcia continuó: “La mujer y las niñas fueron liberadas en la pasada tregua a la que llegó el grupo terrorista con Israel en noviembre, pero el padre sigue allí”.
La periodista concluyó: “De los 120 rehenes hay un tercio de ellos están muertos, la mayoría por los propios ataques de las FDI”. Lo dicho por García no está confirmado y no hay ninguna prueba que respalde esa afirmación sino que es la información que brinda Hamás para que se difunda a nivel internacional.
García ya había repetido la propaganda terrorista hace apenas unas semanas cuando en diálogo con el analista internacional, Gabriel Ben-Tasgal, se refirió a la cantidad de muertos en Gaza. “La cifra que repetís es del Hamás, no hay especialistas en temas militares que lo confirman”, le dijo Ben-Tasgal al aire exponiendo la narrativa.
*Con información de Vis Á Vís
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Durante la inauguración de la nueva sede de La Libertad Avanza (LLA) en el municipio bonaerense de San Martín, Sebastián Pareja, principal armador político de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, fue sorprendido por un inesperado baldazo de agua justo cuando se disponía a dirigirse a los asistentes. El hecho se produjo en el momento en que Daniel Mollo, histórico relator de Boca Juniors y coordinador local del partido, había dado lectura a la presentación de Pareja. El ataque, habría provenido de una vecina desde un balcón, se puede observar en videos que documentaron el episodio.
“Vinimos a cambiar la Argentina, la Provincia, San Martín. Vamos a volver a gobernar San Martín. Va a volver a ser un distrito que crezca, que sea sano”, exclamó Pareja, antes de ser mojado, destacando que la gestión peronista está “agotada”.
Hasta el momento se desconoce el nombre propio de quién estaría detrás, aunque circula la hipótesis de que “sería alguien que se encuentra disconforme con su modo de conducir y repartir los cargos”. Fuentes internas de LLA admitieron que “la gente ya está bastante desencantada con el gobierno, incluso muchos de los propios”, lo que estaría sumiendo al bloque en “su momento más complejo desde la llegada de Javier Milei a la presidencia”.
El foco de la tensión interna radicaría en la puja por el armado territorial entre dos sectores antagónicos: el vinculado a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, y el alineado con Santiago Caputo, asesor presidencial cuya influencia ha crecido notablemente en los últimos meses. Sebastián Pareja encabeza el primer grupo, ocupando un lugar clave para la expansión de LLA en el distrito electoral más grande del país y designado por Karina para darle “un lavado de imágen” al armado bonaerense.
Por su parte, Santiago Caputo ha denunciado públicamente el uso de recursos territoriales por parte del ala de Karina Milei, señalando el reparto de las cajas del PAMI en distintas provincias como una práctica de clientelismo. El propio Caputo envió un mensaje directo a Pareja y otros operadores del partido, acrecentando la interna.
Un antecedente reciente que refleja la tensión entre ambos sectores fue el caso de Marina Biagetti, militante de la agrupación juvenil “Las Fuerzas del Cielo” que responde a Caputo. Biagetti fue expulsada por Alberto Pascual, coordinador de La Libertad Avanza en Junín que respondía a Pareja. Este suceso generó la inmediata reacción tanto de Caputo como de Daniel Parisini (“el Gordo Dan”), quienes lograron no solo reintegrarla sino también la expulsión de Pascual.
Lo más significativo del caso fue la intervención directa del presidente Javier Milei, quien desde su cuenta de Twitter respaldó a Biagetti, inclinando la balanza llamativamente en favor de su asesor. Este gesto presidencial fue interpretado como un respaldo a Caputo en la puja interna.
“Tienen que intentar ser un poco menos pelotudos porque van a salir todos volando a patadas en el culo. El Presidente nunca defrauda. Porque la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados sino de las Fuerzas que vienen Del Cielo”, escribió Caputo desde su cuenta oficial de X.
El gobierno de Milei también busca desarrollar una estrategia para meterse de lleno en la interna peronista para intentar romper al principal espacio opositor de cara a las elecciones de octubre, algo que a la larga llevaría a usar como moneda de cambio las votaciones en la Legislatura bonaerense para hacer crecer la interna en el PJ y aprovechar la fractura entre La Cámpora y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof para “echar nafta al fuego”.
La Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN), presidida por el Dr. Abel Albino, se encuentra en una situación crítica. En un llamado directo a la ciudadanía, pidió ayuda económica mensual para sostener los programas de prevención y tratamiento de la desnutrición infantil que funcionan desde hace más de tres décadas en todo el país. “¿Nos pueden donar lo que vale medio tanque de nafta por mes? ¿Nos pueden donar lo que vale una caja de leche de un kilo por mes?”, preguntó el médico con desesperación.
La situación, sin embargo, ha tomado también una dimensión política. Desde AMProS, el gremio que agrupa a profesionales de la salud en Mendoza, su secretaria general Claudia Iturbe fue contundente: “No podemos permitir que una institución que salva vidas se cierre”. El sindicato pidió que el Gobierno provincial intervenga de inmediato, dada la gravedad del desfinanciamiento y el impacto directo en la atención de más de 400 niños que reciben contención y tratamientos en CONIN Mendoza.
El centro especializado ha logrado recuperar a más de 45.500 niños en sus distintos centros a lo largo del país. Sin embargo, el aumento de costos, la inflación y la falta de financiamiento público han obligado al cierre de servicios esenciales como odontología, psicopedagogía y fonoaudiología. “No puedo pagar los sueldos del personal altamente calificado. Hemos tenido que cerrar servicios”, denunció el Dr. Albino.
El hospital de CONIN en Mendoza es el único de su tipo en Argentina y recibe niños con desnutrición grave de todas las provincias. Según su fundador, la mortalidad estimada en estos casos supera el 28%, pero en 23 años de funcionamiento solo han tenido un fallecimiento. Un logro que ahora está en peligro.
Desde AMProS insisten en que no se puede dejar caer una red sanitaria que cumple una función que el Estado no está garantizando. Por eso, además del pedido solidario a la comunidad, ahora también hay una exigencia clara al Gobierno: que se involucre para sostener una institución fundamental.
Para colaborar con CONIN, se puede ingresar al sitio web de la fundación https://conin.org.ar/ o comunicarse al +54 261 3346021 (de lunes a viernes de 8 a 14 hs).
En plena recta hacia las elecciones legislativas, Ramiro Marra —candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires— presentó un plan que busca desmantelar las villas porteñas mediante “desalojos inmediatos” y la restitución de los predios ocupados. El dirigente atribuyó la expansión de estos asentamientos al Plan Patria Grande lanzado por Néstor Kirchner en 2006 y advirtió sobre sus consecuencias en materia de seguridad y urbanismo.
Según los cálculos que expuso, la población que habita en villas se multiplicó por diez en las últimas dos décadas: de 50.000 a casi 500.000 personas. Marra denunció que este crecimiento “agravó la criminalidad y profundizó la inseguridad” en los barrios linderos. “Las villas son focos de narcotráfico, violencia e ilegalidad; terrenos usurpados, calles tomadas y ciudadanos rehenes del miedo”, afirmó, cuestionando la “inacción” del Gobierno porteño ante lo que considera un delito flagrante.
El postulante sostuvo que el problema ya no es solo urbanístico, sino social: “Los altos niveles de droga, inseguridad y delincuencia impactan de lleno en los vecinos”. En esa línea, responsabilizó directamente al Plan Patria Grande por “habilitar asentamientos ilegales sobre terrenos estatales” y disparar “un crecimiento exponencial de las villas”.
Para revertir la situación, Marra planteó la recuperación de los predios ocupados y el desalojo de sus moradores: “Vamos a terminar con las villas desalojando a los usurpadores; recuperar los terrenos de la Ciudad es clave para devolver el orden y la seguridad”, señaló, al tiempo que prometió promover en la Legislatura un paquete de medidas “drásticas que devolverán la tranquilidad a los porteños”.
El gobierno dio inicio el pasado martes 15 de abril un despliegue militar sin precedentes en las fronteras norte y noreste del país. La “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, también conocida simplemente como “Operación Roca”, muestra un cambio en la estrategia de seguridad fronteriza, otorgando a las Fuerzas Armadas un rol más activo que busca combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en zonas consideradas críticas.
Una característica distintiva del operativo es la creación de un Comando Conjunto específico para dirigir las acciones militares. Según lo trascendido, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Isaac, será responsable de ejecutar el accionar conforme al planeamiento militar vigente. Este Comando Conjunto contará con un comandante designado para la conducción directa de las tareas en terreno, quien coordinará los esfuerzos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en las zonas delimitadas.
La maniobra se sustenta en un marco jurídico que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad fronteriza bajo circunstancias específicas. Esta iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 11 de abril y firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri.
Este se integra adyacente con el Plan Güemes, otra actividad de seguridad fronteriza que ya venía ejecutándose desde el año pasado. En un acto realizado en Tartagal, Luis Petri y Patricia Bullrich, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzaron la segunda fase del Plan Güemes simultáneamente.
“Esta es una zona crítica de nuestra frontera, y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas”, afirmó el gobernador Sáenz.
El despliegue abarca una extensa área limítrofe con Bolivia, Paraguay y Brasil, considerada especialmente vulnerable por su geografía y por la histórica presencia de actividades ilícitas transnacionales. Entre las regiones específicamente mencionadas en los planes, se encuentran las provincias de Salta (Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza), Corrientes (departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, Paso de los Libres y Monte Caseros), Formosa y Chaco, junto con algunas zonas de Misiones.
El despliegue inicial incluye tropas del Regimiento de Monte 28 de Tartagal, unidad especializada en operaciones en terrenos de difícil acceso y con amplia experiencia en la región. Progresivamente, se sumarán efectivos y equipamiento de las tres fuerzas armadas, con especial énfasis en las zonas rurales y de frontera seca.
Históricamente, las Fuerzas Armadas habían participado en operativos con un papel secundario, proporcionando principalmente apoyo logístico, transporte y comunicaciones a las fuerzas de seguridad. Luis Petri, ha impulsado desde su asunción “la necesidad de emplear el instrumento militar con mayor participación en funciones de cooperación con las fuerzas de seguridad en escenarios críticos de la frontera del país”.
Se ampara principalmente en dos instrumentos legales, como la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y la Ley de Seguridad Interior N° 24.059. La primera define a la defensa nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas”, enfatizando su papel en la protección de la soberanía territorial y los intereses vitales de Argentina. Por su parte, la Ley de Seguridad Interior establece el marco para la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en zonas de frontera, especialmente ante riesgos que afecten la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos argentinos.
Adicionalmente, el operativo se fundamenta en el Decreto-Ley N° 15.385/44 y el reciente Decreto Reglamentario N° 1112/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que habilita al Ministerio de Defensa a “tomar las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y control en las Zonas de Seguridad de Fronteras por parte de las Fuerzas Armadas”.
En los últimos días, una ola de renuncias sacudió al espacio libertario en la provincia de Jujuy. Un grupo de jóvenes que formaban parte de las listas locales presentó su dimisión y se bajó de la contienda electoral. Los jóvenes alegaron que habían perdido la confianza en la conducción provincial del espacio. Según expresaron, las decisiones importantes se tomaban sin consulta previa, había imposiciones de nombres en las listas y faltaba una verdadera apertura al diálogo interno.
Desde el numeroso grupo de jóvenes recalcaron que “las listas están todas contaminadas por el kirchnerismo”. “Nosotros en 2023 pusimos cuerpo y alma para armar el partido en la provincia y nos damos que en las listas hay kirchnerismo, fellnerismo, PJ y del partido VÍA”, expresó Kevin Chambi, uno de los oradores de la conferencia de prensa.
Chambi también manifestó que en algunos lugares del interior como en La Quiaca, los referentes de La Libertad Avanza impulsan a una candidata que ya tuvo un cargo político en esa ciudad, lo que generó aún mayor enojo en la juventud.
“Nosotros aguantamos hasta último momento para tratar de encontrar una solución pero no logramos ser escuchados ni atendidos por quienes manejan el partido de Milei en Jujuy”, agregó.
“No nos sentimos representados ni escuchados”, aseguraron en un comunicado que se difundió en redes sociales. También hablaron de “malos tratos”, desorganización y un manejo verticalista que no se condice con los ideales de libertad que dicen defender, lo que no tardó en generar revuelo dentro y fuera del partido. Muchos usuarios en redes sociales se mostraron sorprendidos por la noticia, mientras que otros señalaron que ya se notaban tensiones internas desde hace semanas.
Analistas políticos locales coincidieron en que el episodio refleja los desafíos que enfrentan los espacios nuevos: crecer rápido sin perder cohesión interna. “Cuando hay pocas reglas claras, el liderazgo se vuelve personalista y eso genera roces”, explicaron.
Desde la conducción libertaria en la provincia no emitieron un comunicado oficial. Algunos referentes minimizaron el impacto de las renuncias. Sin embargo, para muchos la situación encendió una luz de alerta. En una campaña electoral donde cada voto cuenta, perder referentes jóvenes —muchos de ellos muy activos en sus comunidades— podría pasar factura en las urnas.
Las renuncias se dieron en San Salvador, Perico, El Carmen, Palpalá, La Quiaca, Perico, Calilegua, entre otras localidades. Muchos de los ahora ex candidatos habían visto en el espacio libertario una alternativa fresca, pero terminaron frustrados por lo que consideraron “las mismas prácticas de siempre”.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a quedar en el ojo de la tormenta, esta vez por una maniobra que combina nepotismo, negocios privados y utilización de recursos públicos. Su hija, Guadalupe Quintela, fue designada como gerente de la empresa privada de su padre, Establecimiento Agrícola – Ganadero El Mistol SRL. No se trata de un hecho aislado: desde septiembre de 2021, Guadalupe también figura como empleada del gobierno de La Rioja, con un sueldo mensual de 1.250.000 pesos.
La firma fue constituida el 4 de noviembre de 2014 por el propio Quintela junto a su socio, Ricardo Ezequiel Albrecht, y se dedica a un amplio abanico de actividades agropecuarias, comerciales, industriales, inmobiliarias y de servicios. Según el acta constitutiva publicada por la Justicia de La Rioja, su domicilio legal se encuentra en San Isidro 292, barrio Tiro Federal de la capital provincial, y su capital social inicial fue de apenas 100 mil pesos.
Pero no todo en El Mistol es producción rural: el Banco Central de la República Argentina todavía destaca en su Central de Deudores del Sistema Financiero que, allá por 2021, la empresa extendió un cheque por 205 mil pesos que fue rechazado por falta de fondos. El dato financiero resalta aún más en contraste con la designación de la hija del gobernador como máxima autoridad administrativa de la firma.
El caso deja al descubierto una trama de vínculos familiares y discrecionalidad en el manejo del poder. No solo Guadalupe Quintela dirige la firma, sino que, al mismo tiempo, cobra un contrato estatal por más de un millón de pesos mensuales, en una provincia marcada por los altos índices de pobreza y desempleo.
Denuncia y amenazas
Este escándalo se suma a una serie de recientes denuncias por amenazas e irregularidades que afectan directamente al mandatario riojano. Guillermo Galván, director nacional de Equipamiento Federal del ministerio de Seguridad y exviceintendente de la capital provincial, denunció recientemente a Quintela en la Justicia Federal por amenazas e intimidación mediante mensajes encriptados. Según Galván, el gobernador le habría advertido que “no vas a poder vivir más en La Rioja”.
Galván, que milita en la Unión Cívica Radical (UCR) y actualmente responde a Patricia Bullrich, también denunció que la Nación le rechazó la rendición de cuentas a la provincia por más de 675 millones de pesos en obras públicas no justificadas, como las terminales de ómnibus de Chilecito, Chepes y Milagro.
Mientras crecen las sospechas sobre el manejo de los fondos públicos, la familia Quintela parece blindada: el gobernador reparte cargos, empresas y contratos dentro de su propio círculo, en un esquema que mezcla negocios privados y estructura estatal sin ningún tipo de control externo. Porque en La Rioja, la política y la empresa familiar son lo mismo.
El candidato a legislador por CABA criticó al Plan Patria Grande del kirchnerismo: “La población de las villas se multiplicó por diez en la última década”.
Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita https://t.co/iR3szxwz3A
