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Las expectativas para el próximo fin de semana largo son bastante altas en la hotelería marplatense. Con un índice de reserva elevado a nada de las fechas, esperan que los visitantes de último momento terminen de colmar la ciudad. “Tenemos una proyección de un 70 por ciento, que es excelente porque también hay mucha gente que decide a último momento”, destacó Eduardo Palena, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica (AEHG).
Como ocurre en cada fin de semana largo, el clima suele influir en la decisión de visitantes de Capital Federal u otras ciudades cercanas. Por el momento, se prevén tormentas para el domingo pero unos atractivos 29 grados para el sábado. El lunes, en tanto, descenderá la temperatura pero no se esperan lluvias.
La postal de Mar del Plata
El fin de semana del 19 y 20 de noviembre culminará con el feriado nacional en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. En esta jornada se recuerda la Vuelta de Obligado en 1845, en la que soldados argentinos repelieron la invasión del ejército anglo-francés que pretendía colonizar los territorios del país. El Gobierno nacional decretó al lunes 21 como feriado “con fines turísticos”, para facilitar las migraciones internas.
Mar del Plata cuenta en este tiempo con una particularidad, ya que el martes 22 se conmemora el Día de Santa Cecilia, Patrona de la ciudad de Mar del Plata, por lo que habrá asueto para el personal municipal y no habrá clases en las escuelas. Ese día coincide con el debut de Argentina en el Mundial de Qatar.
Se espera que sirva como termómetro, de cara a lo que será la temporada venidera
Según destacó Palena, la ciudad tiene disponibles unas 40 mil camas, lo que equivale a un 80 por ciento de la capacidad total. Se espera que para la temporada de verano las plazas hoteleras estén disponibles en un 95 o, incluso, un 100.
El sector hotelero se encuentra trabajando “muy bien” en los últimos meses. “Octubre fue excelente por los Juegos Evita y Boanerenses. Noviembre viene bien por los congresos, que es algo histórico pero que lo habíamos perdido por la pandemia y ahora lo estamos recuperando”, indicó el referente del sector.
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Desde diciembre de 2023, la economía soportó sucesivos paros y manifestaciones que, según el Instituto de Economía (Ineco) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), generaron perjuicios superiores a USD 1.000 millones. El cálculo abarcó dos paros generales y dos del transporte, todos posteriores al primer paro del 24 de enero de 2024 —cuya pérdida “puede haber superado los USD 500 millones”, según coincidieron economistas—, por lo que el costo total podría superar con holgura los USD 1.500 millones.
El segundo paro general, realizado el 9 de mayo de 2024 con amplia adhesión sindical, dejó de producir $489.272 millones de entonces, equivalentes a USD 544 millones. UADE precisó que esa cifra representó el 1,1 % del PBI de mayo y el 24,3 % del PBI del día. Los rubros más golpeados fueron la industria manufacturera (USD 110 millones), educación y salud (USD 90 millones) y los impuestos netos de subsidios (USD 89 millones).
“Para el cálculo de este impacto se estimó el efecto en cada uno de los sectores económicos basado en eventos similares en el pasado. Algunas actividades prácticamente no sufrieron ningún impacto y otras lo recuperaron rápidamente. Sin embargo, hubo rubros y empresas que sufrieron pérdidas irrecuperables y otros que, si bien pudieron compensar gran parte de lo perdido, lo hicieron en un plazo mucho más largo”, explicó el economista Martín Álvarez, analista de la UADE.
El 30 de octubre de 2024, la Mesa Nacional del Transporte encabezó un paro sectorial que paralizó buena parte de la logística nacional y provocó pérdidas por USD 204 millones, equivalentes al 0,3 % del PBI mensual. En esta ocasión, los “impuestos netos de subsidios” lideraron el ranking de perjuicios con USD 89 millones, seguidos por la industria manufacturera (USD 66 millones) y la educación (USD 35 millones). “Cabe destacar que la continuación del normal servicio de colectivos (UTA no adhirió) influyó en que la pérdida económica sea menor a la de anteriores paros, en los que el transporte no funcionó en su totalidad”, comentó Álvarez.
Ya en 2025, el último paro general —10 de abril— generó un impacto preliminar de $208.497 millones o USD 194 millones, es decir el 0,3 % del PBI de abril y el 6,4 % del producto diario. “En el caso de que no hubiese habido colectivos, la cifra del costo ascendería a USD 530 millones. Es decir, la posibilidad de tener al menos una línea de transporte disponible disminuye significativamente el impacto real del paro”, recalcó el economista, quien además subrayó: “Hay sectores que sin líneas de colectivos simplemente no pueden trabajar, como pasa con rubros como la construcción o el comercio, que requieren si o sí de la presencialidad”.
A estas cifras se añadió el reciente paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que afectó a más de 300 líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y varias provincias. Sin análisis específico aún, UADE estimó pérdidas cercanas a USD 300 millones.
El estudio de UADE mostró que la industria manufacturera y la construcción concentran la mayor parte del daño: registraron pérdidas difíciles de recuperar o solo compensables con mayores costos. El comercio logró recuperar apenas el 35 % de lo no vendido y los restaurantes nada. En el extremo opuesto, el sector financiero recuperó el 99 % de su operatoria, las actividades inmobiliarias el 96 % y la explotación de minas y canteras el 50 %.
Para las pymes comerciales, el impacto resultó evidente. Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), afirmó que “si bien el transporte de colectivos no se vio afectado por la medida de fuerza, se constató un menor nivel de afluencia en los locales comerciales del micro y macro centro durante la jornada del paro”. Añadió que “es evidente la necesidad que existe en el sector comercial Pyme de hacer frente a esta coyuntura de recesión, por lo que un paro de actividades repercute negativamente en este momento”.
Desde la Fundación Mediterránea, el economista Jorge Day evaluó que “a nivel macro, un impacto del 0,3 % al 1,1 % del PBI mensual no llega a mover la aguja en el total del año, pero a nivel micro el golpe es grande”. Precisó además: “Hay sectores, como el comercio, que pierden mucho con un paro general. Lo que no venden en un día es difícil que lo recuperen en otro y los empleadores tienen que pagar los sueldos igual. En otros casos el impacto no es tan grande, porque tienen forma de sustituir la actividad. En la rama financiera, por ejemplo, muchos trámites se pueden hacer online”.
Con dos paros generales y dos sectoriales medidos, la actividad económica dejó de producir más de USD 1.000 millones durante la presidencia de Javier Milei. De incluirse el primer paro del 24 de enero de 2024, cuyo costo no fue calculado con precisión pero “puede haber superado los USD 500 millones”, las pérdidas globales superarían los USD 1.500 millones.
Durante la séptima sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto del Poder Ejecutivo que actualiza la Ley del Consejo de la Magistratura. La iniciativa busca acelerar los concursos para seleccionar jueces, fiscales y defensores, al tiempo que introduce mecanismos de transparencia y mayor participación ciudadana.
Presidida por Gustavo Hein, la sesión contó con un amplio aval tras un trabajo en comisión que reunió aportes de todos los bloques. La diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, defendió la iniciativa como “una reforma que corrige, que profundiza y que actualiza un régimen que ya mostraba signos de agotamiento”. Entre los cambios más relevantes destacó la eliminación del recurso jerárquico directo para “fortalecer la autonomía y el profesionalismo”; la reducción del banco de casos de 100 a 50 por materia; la posibilidad de concursos anticipados para cubrir vacantes con mayor celeridad y la creación de una Escuela Judicial dentro del propio Consejo.
Lena subrayó además que la propuesta “nos otorga más representación, más control y más legitimidad. Amplía la participación de la sociedad civil y establece reglas claras de transparencia y publicidad digital de todos los actos del Consejo. Queremos garantizar que cada juez, fiscal y defensor lleguen por sus méritos y no por la cercanía de poder”.
Desde la bancada opositora, Laura Stratta (Más para Entre Ríos) respaldó la votación en general, aunque anunció reservas sobre artículos puntuales. Recordó que el CMER fue creado en 2003 y consagrado en la reforma constitucional de 2008: “Estamos convencidos de que necesitamos instituciones fuertes para tener una democracia fuerte”, señaló, antes de cuestionar la exclusión de la Universidad Nacional de Entre Ríos y el nuevo método de elección de los representantes de los trabajadores judiciales.
Bajo las peticiones internas, el ministro de Defensa Luis Petri se encuentra evaluando la restitución de un plus salarial del 40% para militares destacados en el exterior, beneficio que fue eliminado durante la gestión kirchnerista en 2007 mediante el decreto 1140. Esta medida, que equiparaba los ingresos de los agregados militares, con los del personal diplomático.
“Siempre nos hacen hacer shows para el público y turistas como una corrida por las playas de Mar del Plata”, afirmaron fuentes militares.
El conflicto sobrepasa la cuestión meramente económica, abarcando problemas estructurales como el mal funcionamiento de la obra social militar (IOSFA), que se encuentra “sumida en una crisis financiera y de funcionamiento profunda”.
La ex ministra de Defensa, identificada como “filo montonera” y diputada de la Juventud Peronista en 1973, Nilda Garré, implementó estas medidas en un contexto político particular que generó resistencia institucional, con una doctrina política “contra los uniformados”, agravado posteriormente con la aplicación del impuesto a las Ganancias a los funcionarios en el exterior, lo que profundizó aún más la brecha.
– El contador Roberto Fiochi, presidente del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
La estructura salarial actual de las Fuerzas Armadas presenta una distribución que va desde los 800.000 pesos para los grados inferiores hasta los 2.500.000 pesos para los rangos superiores, según el grado militar y la fuerza específica. Estos montos son considerados “muy bajos a nivel interno” y aún más insuficientes cuando se comparan con los salarios de militares de otros países de la región. La situación se ve agravada por la inflación y el costo de vida en Argentina, lo que ha llevado a que muchos militares consideren sus ingresos como “sueldos de subsistencia”, del 9% en los puestos más altos y del 35% en los rangos superiores comparado con las fuerzas de seguridad. Particularmente crítica es la situación en la Armada, donde el 55% del personal cobra por debajo de la canasta básica.
Es revelador comparar con el caso de Gendarmería, donde según reportes recientes, “un gendarme con 15 años de servicio percibe un salario aproximado de 750.000 pesos, lo que lo coloca por debajo de la línea de pobreza”. Esta realidad económica ha llevado a que algunos efectivos busquen ingresos complementarios en trabajos alternativos, como se evidencia en testimonios donde declaran ganar “más de delivery que con el miserable sueldo”.
Ante esto, el gobierno ha planteado la posibilidad de asignar militares para “combatir el crimen organizado en la frontera norte de la Argentina” similar a México, según anuncios del propio ministro Petri. Sin embargo, esta propuesta genera resistencia entre los militares, quienes reclaman “que se promueva una nueva ley que los ampare para el caso de tener que actuar en seguridad interior y no queden en la ilegalidad”.
La magnitud del malestar es tal, que las quejas han alcanzado no solo a los militares en actividad, sino también a los retirados, muchos de los cuales fueron “desafectados sin motivos claros” con la llegada del gobierno actual.
Jorge Capitanich, exgobernador chaqueño y actual candidato a diputado provincial por el peronismo, denunció recientemente que en la provincia del Chaco existía un “colapso sanitario”. Para respaldar su denuncia, difundió fotografías en medios a fines que mostraban situaciones críticas en el Hospital Perrando, una de las principales instituciones sanitarias de la región. A su vez, rápidamente se descubrió que estas eran de hace 7 años atrás.
“Es un caradura, después de gobernar 16 años y destruir la provincia”, afirmó el actual gobernador, Leandro Zdero, quien salió al cruce con duras críticas.
Las imágenes utilizadas por Capitanich para ilustrar la supuesta crisis fueron tomadas en mayo de 2018 por el Diario Norte, durante el gobierno de Domingo Peppo, quien también pertenece a su mismo espacio político. Irónicamente, muchos de los destinatarios de su mensaje, incluyendo al doctor Daniel Pascual, reconocido dirigente peronista que durante el último gobierno de Capitanich se desempeñó como director del mismo hospital Perrando, compartieron estas imágenes sin verificar su fecha de origen.
Pese a las críticas, el equipo de prensa de Capitanich, que compartió las fotos en un comunicado de su coalición, el Frente Chaco Merece Más (FCHMM), no aclaró que se trataba de material de archivo ni precisó si hubo o no una intención deliberada de desinformar al electorado. Sin embargo, esta controversia se desarrolla en un momento político particularmente sensible para la provincia del Chaco. El próximo domingo 11 de mayo de 2025 se celebrarán elecciones provinciales donde se elegirán 16 bancas de diputados provinciales.
– El exgobernador y candidato utilizó fotos del año 2018 para denunciar una “crisis sanitaria”
Zdero, quien asumió el gobierno provincial tras la gestión de Capitanich, ha denunciado repetidamente la “dramática herencia” económica y administrativa dejada por su predecesor. Según declaraciones del Ministro de Economía de Chaco, Alejandro Abraam, la administración de Capitanich dejó compromisos por 116.000 millones de pesos con una disponibilidad real de apenas 1.300 millones en caja, definiéndolo como “un maestro del dibujo”.
“Sigue mintiendo como lo ha hecho todo este tiempo”, subrayó, agregando: “A la provincia hoy le faltan 40 mil millones, y si le sumamos los 30 mil millones de las cuentas de otros sectores del Estado, ese faltante alcanza a los 70 mil millones”.
En los últimos días, una ola de renuncias sacudió al espacio libertario en la provincia de Jujuy. Un grupo de jóvenes que formaban parte de las listas locales presentó su dimisión y se bajó de la contienda electoral. Los jóvenes alegaron que habían perdido la confianza en la conducción provincial del espacio. Según expresaron, las decisiones importantes se tomaban sin consulta previa, había imposiciones de nombres en las listas y faltaba una verdadera apertura al diálogo interno.
Desde el numeroso grupo de jóvenes recalcaron que “las listas están todas contaminadas por el kirchnerismo”. “Nosotros en 2023 pusimos cuerpo y alma para armar el partido en la provincia y nos damos que en las listas hay kirchnerismo, fellnerismo, PJ y del partido VÍA”, expresó Kevin Chambi, uno de los oradores de la conferencia de prensa.
Chambi también manifestó que en algunos lugares del interior como en La Quiaca, los referentes de La Libertad Avanza impulsan a una candidata que ya tuvo un cargo político en esa ciudad, lo que generó aún mayor enojo en la juventud.
“Nosotros aguantamos hasta último momento para tratar de encontrar una solución pero no logramos ser escuchados ni atendidos por quienes manejan el partido de Milei en Jujuy”, agregó.
“No nos sentimos representados ni escuchados”, aseguraron en un comunicado que se difundió en redes sociales. También hablaron de “malos tratos”, desorganización y un manejo verticalista que no se condice con los ideales de libertad que dicen defender, lo que no tardó en generar revuelo dentro y fuera del partido. Muchos usuarios en redes sociales se mostraron sorprendidos por la noticia, mientras que otros señalaron que ya se notaban tensiones internas desde hace semanas.
Analistas políticos locales coincidieron en que el episodio refleja los desafíos que enfrentan los espacios nuevos: crecer rápido sin perder cohesión interna. “Cuando hay pocas reglas claras, el liderazgo se vuelve personalista y eso genera roces”, explicaron.
Desde la conducción libertaria en la provincia no emitieron un comunicado oficial. Algunos referentes minimizaron el impacto de las renuncias. Sin embargo, para muchos la situación encendió una luz de alerta. En una campaña electoral donde cada voto cuenta, perder referentes jóvenes —muchos de ellos muy activos en sus comunidades— podría pasar factura en las urnas.
Las renuncias se dieron en San Salvador, Perico, El Carmen, Palpalá, La Quiaca, Perico, Calilegua, entre otras localidades. Muchos de los ahora ex candidatos habían visto en el espacio libertario una alternativa fresca, pero terminaron frustrados por lo que consideraron “las mismas prácticas de siempre”.
El gobierno de Javier Milei convocó el lunes 19 de mayo a audiencias públicas para adjudicar a empresas privadas más de 4.400 kilómetros de rutas hoy administradas por Corredores Viales S.A. La Resolución 827/2025, publicada en el Boletín Oficial, abrió la inscripción hasta el 9 de junio en la página de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Corredores Viales gestiona más de 6.000 kilómetros —un tercio del tránsito de la red troncal— e incluye tramos clave como las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Jorge Newbery, las rutas nacionales 3, 5 y 7, y los accesos a los puertos del Paraná en Rosario y alrededores. Tras la adjudicación, la compañía estatal entrará en disolución y liquidación, según el procedimiento que conduce el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, junto con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
“Informar a la población, organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales, con la participación de las autoridades nacionales, provinciales y locales convocadas, respecto del Proyecto ‘Red Federal de Concesiones – Etapa II’”, estableció la resolución.
La Etapa II del plan forma parte de la Red Federal de Concesiones (RFC) y contempla ocho tramos situados en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. Vialidad precisó que el esquema “fue reconfigurado en base al análisis de las necesidades y potencialidades de los futuros concesionarios” y destacó que “se amplían las posibilidades de adjudicación a distintas empresas y se mantiene la transparencia y competencias en pos del beneficio general”.
CALENDARIO DE AUDIENCIAS
Miércoles 11 de junio, 10 h – Centro Cultural Municipal Poeta Enrique Uzal (Petracchi 646, San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires): Tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur.
Jueves 12 de junio, 10 h – Complejo Deportivo Municipal General San Martín (RN 7, Junín, provincia de Buenos Aires): Tramos Pampa, Mediterráneo y Puntano.
Viernes 13 de junio, 10 h – Auditorio Municipal Rafael de Aguiar (Maipú 22, San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires): Tramos Portuario Sur y Portuario Norte.
La RFC se organizará en tres etapas. La primera, ya concluida, abarcó 700 kilómetros del ex Corredor 18 (Ruta del Mercosur). La segunda licitará los 4.400 kilómetros anunciados y la tercera sumará otros 4.170 kilómetros. En total, el programa comprenderá 9.342,04 kilómetros distribuidos en dieciséis tramos, equivalentes al 20 % de la red nacional y al 80 % de su tránsito.
“Se recuerda que el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”, remarcó la DNV.
El organismo vial tomó posesión el 9 de abril de la Ruta del Mercosur luego del vencimiento del contrato con la ex concesionaria CRUSA. Inició relevamientos del estado de los caminos y suspendió el cobro de peajes hasta que el tramo vuelva a licitarse, proceso que fuentes oficiales estimaron entre septiembre y octubre.
“En esta instancia, se dio lugar a las consultas, propuestas e inquietudes de usuarios, vecinos y agrupaciones del sector. Sumado a ello, se realizó un Data Room donde los oferentes interesados participaron para expresar sus opiniones y proyectos. En base a esto, se analizó la documentación propuesta y se confeccionó la Versión 2 de los documentos preliminares”, añadió Vialidad.
Con las audiencias de junio, la gestión libertaria avanzó en su objetivo de transferir a operadores privados los corredores más transitados del país y concluir la liquidación de Corredores Viales S.A.
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