El peronismo APROVECHA el efecto judicial contra “La Jefa” y cierra filas pensando en el 2023
En La Plata, que tiene una fuerte impronta de militancia cristinista, los dirigentes K pusieron la semilla germinal para salir en defensa de "La Jefa" con Máximo Kirchner a la cabeza.
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El efecto político de la condena judicial por la Causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchneractivó el “operativo clamor” en defensa de la vicepresidente y en medio del proceso de reconstrucción del Frente de Todos (FdT), iniciado con el ingreso de Sergio Massa a Economía que contribuye a alinear la “tropa panperonista”.
En La Plata, que tiene una fuerte impronta de militancia cristinista (muchos de los cuadros de La Cámpora tienen base territorial platense), los dirigentes K pusieron la semilla germinal para salir en defensa de “La Jefa” y con Máximo Kirchner a la cabeza, funcionarios, jefes comunales sindicalistas y militantes se autoconvocaron en la sede del Partido Justicialista (PJ), que está en manos del camporismo.
El titular del PJ platense (sede donde también funciona el bonaerense) es el ex edil y actual diputado bonaerense Ariel Archanco. Otra de las espadas cristinistas de la ciudad es la presidente del Instituto Cultural y ex decana de Periodismo, Florencia Saintout. Dentro del Concejo Deliberante, la mayoría de los integrantes de la bancada del FdT reportan al ultrakirchnerismo.
En La Plata, además, tiene la manija del Ministerio de Desarrollo Social provincial el secretario general de La Cámpora, Andrés “El Cuervo” Larroque (uno de los presentes que puso más énfasis en la defensa de la ex Presidente).
También habló el jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, quien llamó a “defender nuestras conquistas”. Entre las presencias del equipo kicillofista, también sobresalió la del ministro de Justicia y ex alcalde local Julio Alak.
El cónclave se ideó en total hermetismo con el objetivo de organizar una demostración de fuerza a favor de la senadora nacional bajo el formato de un Congreso partidario. “Militar los barrios”, “defender las instituciones”, “fortalecer las bases territoriales”, fueron algunos de los tópicos que motorizaron el encuentro.
Según trascendió, el Congreso podría tener fecha el próximo de septiembre y la idea es que el mismo sea encabezado por la propia CFK. La idea de crear “Otro 17 de Octubre” sobrevoló el encuentro, al que asistieron más de 60 consejeros provinciales.
El encuentro tuvo ecos subterráneos en la oposición de Juntos por el Cambio (JxC), desde donde salieron a medir el ritmo de “la desesperación del peronismo” con miras al próximo año electoral.
“Aprovecharon el efecto de la llegada de Massa y ahora la condena a Cristina para intentar resucitar, pero el año que viene lo tienen perdido”, razonó un alfil del intendente Julio Garro al analizar la “puesta en escena” de la reunión pejotista.
La agenda legislativa “light” del peronismo
En el plano legislativo, el Concejo Deliberante volvió a sesionar en modo “piloto automático” sin grandes temas en agenda. Lo más trascendente fue el avance de la presentación de una propuesta de oficialismo garrista para favorecer la inserción laboral de los planes sociales.
En el recinto también se volvió a escuchar a miembros de la oposición peronista para que el Concejo vuelva a sesionar una vez por semana. Por decisión de Juntos, desde hace más de un año el deliberante abre sus puertas cada 15 días.
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La última sesión del Concejo Deliberante de Villa Gesell terminó en un escándalo que dejó al descubierto, con fuerza inusitada, las tensiones políticas acumuladas en ese municipio de la costa bonaerense. Al menos tres concejales de la oposición fueron agredidos dentro del recinto y en las inmediaciones del edificio luego de que la totalidad del bloque votara en contra del presupuesto municipal 2026 impulsado por el intendente kirchnerista Gustavo Barrera, quien gobierna la localidad desde 2014.
Lo que ocurrió después quedó registrado en videos que circularon en redes sociales y provocó repudio inmediato de dirigentes del PRO y de La Libertad Avanza.
Según relataron los propios afectados, una vez consumada la negativa, militantes kirchneristas vinculados al sindicato de trabajadores municipales y al Sindicato de Camioneros irrumpieron en el recinto. Hubo insultos, empujones y golpes. A la concejal Clarisa Armando le arrojaron una botella. El concejal Luis Vivas también resultó golpeado.
Armando fue atacada también afuera del Concejo en circunstancias que describió como particularmente graves. “Tuve que salir a acompañar a una de las concejales que se descompensó a la ambulancia. Nos atacaron físicamente, no solo a nosotras, sino al personal de salud que se había hecho presente para asistir a la concejal”, detalló.
– Gustavo Barrera
Esta escena involucró agresiones directas a una médica, una enfermera y un ambulanciero que simplemente intentaban asistir a una funcionaria con una descompensación.
La sesión se desarrolló “en un marco de mucha violencia convocada por el intendente, los funcionarios y el sindicato de Camioneros” desde antes de que comenzaran las agresiones. Los ediles opositores, que especularon que la jornada sería picante más no que escalara de esa manera, señalaron que las autoridades del Concejo no actuaron en ningún momento para contener la situación: “La presidenta del Concejo, en ningún momento pidió la intervención de la Secretaría de Seguridad ni de la Policía. La poca fuerza policial que estaba presente la habíamos solicitado nosotros. Abrieron todas las puertas, dejaron que entraran, dejaron que pudiéramos salir sin protección. Realmente liberaron para que esto pasara”.
Como se dijo, el trágico episodio sucede a raíz de la discusión en torno al presupuesto municipal 2026: ascendía a 64 millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar el municipio hasta entonces.
El documento público “disparaba las tasas municipales a un 80%, aumentaba el gasto público, creaba nuevas secretarías y el impuesto a la nafta”. En concreto, incorporaba seis nuevas áreas dentro de la estructura municipal en un momento en que “todo el país está achicando en gastos y achicando las plantas políticas”. El 68% de ese presupuesto estaba destinado al pago de salarios.
La oposición no llegó al rechazo de un día para otro. La propuesta presupuestaria auspiciada por el intendente venía resistiendo su aprobación desde noviembre del año pasado, cuando los concejales de la composición saliente se negaron a dar quórum. Desde el PRO local la exigencia fue la eliminación de los nuevos cargos y aumento cero de tasas municipales. “En los últimos tres años aumentó un 168% por encima de la inflación”, señaló Armando.“Nosotros tenemos una de las tasas más caras de la provincia de Buenos Aires. Tenemos las habilitaciones comerciales más caras de la provincia de Buenos Aires”. Otra parte de la oposición pedía al menos contener el aumento al 25%. Pero el texto que llegó al recinto no incorporó ninguna de estas modificaciones.
Uno de los elementos más perturbadores de la sesión fue la revelación pública de dos datos que la oposición había ido construyendo con la información disponible. El primero involucra a los empleados municipales: el presupuesto rechazado contemplaba 2.600 cargos, mientras que el municipio declara formalmente tener 1.700. La diferencia de 900 personas corresponde a empleados que cobran sueldo pero que nadie puede ubicar físicamente. “No sabemos a dónde están”.
– Edición Nº 30219 del Boletín Oficial de PBA, jueves 16 de abril de 2026
El Tribunal de Cuentas, en paralelo, ya había observado inconsistencias en la planta municipal. En la rendición 2024 detectó 2.680 cargos aprobados frente a 3.256 ocupados (una diferencia de 576), confirmó el reparo por falta de depuración de agentes y aplicó sanciones al intendente y a funcionarios del área.
El segundo dato tiene que ver con la deuda flotante del municipio. Armando la describió como el dinero que el municipio gasta “como si fuera con tarjeta de crédito”. Esa cifra pasó de 1.000 millones de pesos a 9.000 mil millones en “los últimos tres años” y representa actualmente el 20% del presupuesto total.
La oposición dijo que lleva años reclamando acceso actualizado al RAFAM, el sistema informático que permite a los concejales monitorear en tiempo real los gastos del municipio. El acceso nunca fue garantizado de forma plena. “El ocultamiento del dato es parte de esta gestión” sentenció Armando.
La presencia del sindicato de Camioneros en la violenta sesión tiene una historia propia que la concejal develó en detalle. El gremio del clan Moyano habría hecho campaña por Barrera en 2023 para conseguirle los votos que le faltaban bajo la promesa de mantener el contrato del servicio de barrido de la ciudad. Barrera, ya reelecto, recortó ese servicio.
Según trascendió, el intendente habría intentado trasladar la responsabilidad de ese incumplimientocomunicándole a los dirigentes del sindicato, “en la última reunión que tuvieron”, que el motivo era el rechazo al presupuesto por parte de los concejales opositores.
Esa maniobra explicaría el por qué la protesta del sindicato terminó dirigida contra el Concejo Deliberante y no contra el despacho del intendente.
REPUDIOS
El PRO local fue el primero en articular una respuesta pública. “El oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto”, sostuvo el partido en un comunicado, y añadió: “Les pegaron adentro del recinto. Le patearon la ambulancia a otra concejal que se descompensó. Eso es lo que hacen cuando pierden”.
El PRO bonaerense también expresó su repudio y habló de una “patota” que habría actuado dentro del recinto.
La Libertad Avanza, por su parte, calificó lo ocurrido como de “gravedad institucional inaceptable” y advirtió que “no se trató de un hecho aislado, sino de una expresión más de un modelo que, cuando es cuestionado, responde con aprietes en lugar de argumentos”. Dirigentes de ambos espacios exigieron que se identifique y sancione a los responsables.
Armando construyó una lectura que va más allá del episodio puntual. Barrera viene gobernando ininterrumpidamente desde 2014, siempre con mayoría en el Concejo. Recordó que “es un intendente que viene aprobando presupuestos tras presupuestos porque tenía mayoría”. La violencia del lunes, dijo, no fue una anomalía sino una consecuencia lógica de ese esquema de poder: “Es el resultado de un modelo de gestión que cuando no consigue lo que quiere actúa de esta manera, con la violencia. Éste es el modelo kirchnerista que los resultados son como ellos quieren o son a la fuerza”.
La gravedad del episodio se vio amplificada por la dimensión personal de las amenazas. En un municipio de escala reducida el anonimato no existe. “Hubo amenazas. En Villa Gesell vivimos 45.000 habitantes, que nos conocemos todos, que al día siguiente salimos a la calle y saben dónde vivimos, nos encontramos en el súper, en la carnicería”.
La concejal no dejó margen para la ambigüedad respecto de su posición: “No vamos a claudicar: no le tenemos miedo”, escribió en redes sociales.
Antes del finde largo, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció el envío a la Legislatura provincial del proyecto de adhesión a la Ley Nacional 27.786 de Organizaciones Criminales, popularmente conocida como “Ley Antimafia”, y confirmó la creación por decreto de la Mesa de Desfederalización del Narcomenudeo.
La decisión del ejecutivo se produjo luego del megaoperativo realizado durante la madrugada del pasado viernes en Comodoro Rivadavia, en el marco de la investigación por el doble homicidio ocurrido el 22 de abril, cuyas víctimas fueron Rodrigo Nieves y AgustinaAsencio, una trabajadora del natatorio municipal que, según medios locales, había conocido a Nieves apenas diez días antes y era ajena al conflicto investigado.
El procedimiento incluyó 16 allanamientos simultáneos en distintos sectores de la zona norte y sur de la ciudad. Según la información oficial, la Policía del Chubut logró detener a tres sospechosos, entre ellos dos presuntos coautores vinculados directamente al doble homicidio. Además, se secuestraron elementos clave para la causa, entre ellos armas de fuego, municiones y el vehículo presuntamente utilizado durante el ataque.
Torres destacó el trabajo de la fuerza policial y afirmó: “la semana pasada dijimos que queríamos presos a los Vera y a los Nieves, dos familias que desde hace décadas vienen atemorizando a los comodorenses”. Luego agregó: “hoy, gracias al trabajo de nuestra fuerza policial, detuvimos a los implicados en el doble homicidio ocurrido hace pocos días”.
El mandatario también confirmó la detención del presunto autor del homicidio de Ariel Cardozo, ocurrido el 5 de octubre de 2025 en una estación de servicio de Comodoro Rivadavia. El sospechoso permaneció prófugo desde sucedido el hecho.
De acuerdo con la información difundida, la investigación avanzó a partir de una labor de inteligencia realizada por la División Policial de Investigaciones (DPI), que permitió identificar a los presuntos coautores del doble crimen y localizar el vehículo usado en el ataque. Luego, el Ministerio Público Fiscal solicitó los allanamientos y las detenciones correspondientes.
En ese contexto, Torres sostuvo que las nuevas herramientas apuntaron a fortalecer la capacidad del Estado provincial frente a organizaciones delictivas y evitar que los detenidos recuperen rápidamente la libertad. “No alcanza con detenerlos: necesitamos que sigan presos, que no salgan en pocos meses y que el resto de los implicados y autores intelectuales tampoco”.
La adhesión a la Ley Antimafia fue presentada por el Ejecutivo provincial como una medida para combatir organizaciones criminales complejas, endurecer penas, ampliar herramientas de investigación y abordar estructuras delictivas de manera integral.
Desde el Gobierno de Chubut señalaron que la iniciativa buscó otorgar mayores facultades a fiscales y fuerzas de seguridad frente a bandas vinculadas al narcotráfico, homicidios, extorsiones y otros delitos organizados.
“Son herramientas fundamentales para que estas familias estén donde tienen que estar, que es en la cárcel”. Torres remarcó además que la adhesión permitió avanzar en una mayor coordinación entre la Justicia federal y provincial, especialmente en causas con conexiones entre el narcomenudeo y hechos de violencia extrema.
La Mesa de Desfederalización del Narcomenudeo, creada por decreto, tuvo como objetivo coordinar acciones para que la Justicia provincial interviniera de manera más directa en delitos vinculados a la venta minorista de drogas. Según el Ejecutivo la medida buscó “descomprimir el sistema federal” y “agilizar investigaciones” relacionadas con el narcotráfico urbano.
Desde el Gobierno provincial sostuvieron que la desfederalización permitió acelerar allanamientos, investigaciones y procesos judiciales vinculados con kioscos de droga y estructuras barriales asociadas al delito organizado, una problemática que en los últimos años mostró un fuerte crecimiento en distintas ciudades de la provincia patagónica.
El jueves de la semana pasada, la Policía del Chubut secuestró ochoteléfonos celulares y envoltorios con sustancias ilícitas durante una requisa en la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia. El procedimiento se concentró en el pabellón N°9 del establecimiento, donde los efectivos hallaron los elementos ocultos en distintas celdas.
El operativo se inscribió en el plan de controles permanentes impulsado por el Gobierno del Chubut para combatir el delito dentro de las unidades de detención. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, la requisa apuntó a desarticular maniobras delictivas que se organizan desde el interior de los penales, en particular estafas, amenazas y extorsiones cometidas a través del uso ilegal de dispositivos móviles.
El procedimiento se concretó días después de que la Legislatura del Chubut aprobara por amplia mayoría la ley impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, que prohíbe el uso de celulares y dispositivos móviles por parte de los presos en los establecimientos penitenciarios provinciales.
La normativa quedó alineada con la legislación nacional vigente. Las autoridades de la provincia explicaron que el objetivo central de la ley pasa por proteger la seguridad pública, fortalecer los mecanismos de control en las cárceles y garantizar un régimen de comunicaciones supervisadas que respete los derechos humanos de los internos.
SE TERMINÓ LA JODA EN LAS CÁRCELESMientras algunos defendían privilegios para los presos, nosotros avanzamos con una ley para sacarles los celulares y cortar de raíz las estafas, amenazas y extorsiones que se coordinaban desde adentro de las cárceles.Ayer, en una requisa en… pic.twitter.com/2Hw67TZXQT
Desde el Ministerio de Seguridad y la Policía del Chubut precisaron que los procedimientos de requisa continuarán de manera constante en todas las unidades de detención de la provincia.
Darián Maximiliano G., el adolescente de 17 años que en marzo de 2024 asesinó al playero Bruno Bussanich cuando tenía apenas 15, volvió a quedar tras las rejas. La Policía de Santa Fe lo detuvo durante la madrugada del domingo en Rosario, junto a otros dos jóvenes, acusado de portación de arma de fuego de guerra.
Hoy, la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena le dictó prisión preventiva por 60 días.
El operativo se desarrolló alrededor de las 5.30 AM. Agentes del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar tras una denuncia por detonaciones de arma de fuego e interceptaron a tres sospechosos. Junto a Darián G. quedaron demorados Sergio Leonel F., también de 17 años, y Laureano Ángel R., de 20.
Durante la requisa los efectivos secuestraron una pistola Bersa calibre .380 con un cargador colocado y municiones adicionales. El mayor del grupo llevaba el arma cargada con nueve cartuchos y en uno de sus bolsillos otros doce.
Aguirre Guarrochena imputó a Darián G. como coautor del delito de portación de arma de fuego de guerra y dispuso su prisión preventiva hasta el 17 de julio próximo. Mientras tanto, el delincuente permanecerá alojado en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, con participación de la Dirección de Intervención Interdisciplinaria.
El nombre de Darián G. quedó marcado a fuego en la historia reciente de Rosario por el crimen de Bussanich. El 9 de marzo de 2024, el joven playero de 25 años murió de tres disparos mientras trabajaba. El homicidio quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y se inscribió en la ola de narcoterrorismo que sacudió a Rosario en esos meses.
Tras varios días de búsqueda intensa los investigadores identificaron al autor material: un menor de 15 años. La pesquisa, a cargo de los fiscales Adrián Spelta y Patricio Saldutti, determinó que el homicidio fue ordenado desde la cárcel de Coronda por un preso que se comunicaba mediante videollamadas con personas fuera del penal y con el propio adolescente que ejecutó el ataque.
El propio acusado confesó que cometió el asesinato por encargo del narco apodado “Chuky Monedita” y que recibió un pago de 400.000 pesos. También aseguró que tenía la orden de dispararle “a cualquiera” y que mató a Bussanich porque fue la primera persona con la que se topó. Los investigadores, además, lo sindicaron como autor material del asesinato de dos taxistas ocurrido antes del crimen del playero.
Como al momento del homicidio tenía 15 años, Darián G. era inimputable. Quedó a disposición de un juzgado de menores e ingresó a un programa de protección de testigos. La Justicia dispuso entonces su traslado fuera de la provincia, medida que el joven nunca cumplió.
Su nombre ya había reaparecido en otra causa penal antes del operativo del fin de semana. En noviembre de 2025, la Policía de Santa Fe volvió a detenerlo en Rosario con droga empaquetada para la venta entre sus pertenencias y la Justicia lo puso nuevamente a disposición.
El caso Bussanich tuvo también su lamentable capítulo político. Pocos días después del asesinato del playero, el senador peronista Marcelo Lewandowski cosechó repudio al referirse al autor del crimen en plena sesión donde se debatía el mega DNU del presidente Javier Milei. “No hay una cultura de estos chiquitos, de estos jóvenes, que la piensan a 20, a 25 años, y saben que su vida está en plazo fijo. No les interesa”, afirmó el legislador de Unión por la Patria en la Cámara Alta. Y agregó: “¿Sabe cómo iba vestido el chiquito que mató al playero? Iba en pantuflas y medias, y salió corriendo y se subió a un auto. No estamos hablando de grupos comando que atacaron. Estamos hablando de jóvenes que están jugados en la vida y que no les importa, ni vale la vida de ellos, ni mucho menos la que tienen en frente”.
Las declaraciones del legislador kirchnerista, que en su momento romantizaron el delito, volvieron a circular tras esta nueva captura.
La Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) concluyó el mega operativo simultáneo en varias villas y asentamientos de Buenos Aires para hacer controles, allanamientos y clausuras. Según las coberturas oficiales, el objetivo fue frenar delitos como narcomenudeo, armas ilegales, vehículos con pedido de secuestro y comercios irregulares.
“Vamos a impedir que la ciudad se parezca a lo peor del conurbano”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Más de 1.500 uniformados formaron parte del procedimiento, entre dos helicópteros, un vehículo blindado, drones y fuerzas especiales, de acuerdo con lo trascendido. La aglomeración policialcomenzó pasadas las 7 de la tarde y se registraron al menos 27 personas y la clausura de 25 comercios.
Los lugares alcanzados incluyeron villas y barrios como 31, 1-11-14, 21-24, Zavaleta, Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrio 15, INTA-Bermejo, Padre Múgica, Cildañez y Barrio Mitre. La novedad no fue solo la cantidad de personal, sino la simultaneidad, siendo que la idea fue actuar en muchos puntos a la vez para evitar que los grupos delictivos se lograsen reacomodar.
El operativo apuntó a tres frentes. El primero y más importante, fue capturar personas con pedido de detención, desactivar puntos de venta de droga y revisar vehículos y comercios sospechosos. En los primeros minutos de la misión, incluso se reportó el hallazgo de armas cortas y dosis de cocaína listas para la venta minorista.
Además del componente policial, hubo una parte de “ordenamiento urbano”, con retiro de autos abandonados, control de chatarrerías, inspección de locales, clausuras y limpieza de espacios ocupados de forma irregular. Eso muestra que el gobierno porteño no lo planteó solo como un operativo contra el delito, sino también como una intervención sobre el espacio público.
El nombre elegido por el Ministerio de Seguridad porteño para este despliegue fue el de “Tormenta Negra”. Jorge Macri lo presentó como algo “sin antecedentes en la Ciudad” y lo vinculó con la necesidad de “orden” y “seguridad”. En sus declaraciones, sostuvo que no quieren que el delito de la provincia, administrada por el gobernador Axel Kicillof, se instale en la Ciudad y dijo que van a perseguir a quienes “vengan de afuera a molestar a los porteños”.
En la Villa 31, en el barrio porteño de Retiro, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, marcó con aerosol uno de los puntos detectados como búnker de venta de drogas. Al señalar la fachada de la vivienda con una cruz roja, destacando que en el lugar “tenían dosis listas para la venta y armas”. Luego de los operativos, personal porteño levanta una pared interior para impedir que la casa vuelva a ser ocupada por narcos y que el punto de venta retome su actividad.
En la villa 31 fueron detenidas cinco personas por infracción a la Ley 23.737, que sanciona la tenencia, el tráfico y la comercialización de estupefacientes. Asimismo, durante los procedimientos se secuestraron envoltorios con marihuana y pasta base, además de teléfonos celulares y armas de fuego. En paralelo, por distintas infracciones de tránsito, las autoridades secuestraron 14 motocicletas y cinco automóviles por falta de documentación.
Además del búnker narco clausurado en la Villa 31, el operativo previó medidas similares en otros tres puntos identificados como centros de comercialización de drogas. Los inmuebles destacados estarían ubicados en las villas 15, Zavaleta y Fraga.
Desde el Gobierno porteño señalaron que estos procedimientos especiales orientados a la prevención del delito se incorporan a los operativos de control que ya se desarrollan en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. En ese marco, precisaron que durante los últimos ocho meses fueron inspeccionados 110.000 vehículos y 123.000 personas en los puntos de ingreso y egreso del territorio porteño, tanto en la avenida General Paz como en los puentes que atraviesan el Riachuelo.
En esos controles aleatorios de identidad fueron detenidas 98 personas con pedidos de captura vigentes por delitos como robo, hurto, lesiones, encubrimiento, desobediencia y resistencia a la autoridad. Además, las autoridades informaron que se labraron 15.000 infracciones a conductores de vehículos.
Más tarde, durante una entrevista con el medio de LN+, Jorge Macri aseguró que se trata del primer operativo de control realizado en las villas porteñas y se remarcó que “en la Ciudad tiene que haber orden y no se puede construir en cualquier lado”.
A la medianoche, felicitó al ministro de Seguridad porteño, al secretario de Seguridad Maximiliano Piñeiro, al jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló y a los efectivos que participaron del operativo. A través de un mensaje, agradeció “el compromiso, el esfuerzo y el trabajo que hacen todos los días para que la ley se cumpla y el orden se respete”.
El general de brigada retirado Sergio Maldonado renunció a la presidencia del directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), la nueva entidad creada apenas en febrero de 2026. Lo llamativo es que su renuncia se produce con apenas un mes de gestión desde que la nueva estructura entró en funcionamiento el 1 de abril de 2026. Maldonado adelantó su decisión al ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, quien ahora buscaría designar a un oficial superior en actividad para reemplazarlo.
Desde la Fuerza Aérea habrían denunciado que la estructura militar se había “teñido de verde”, en referencia a la fuerte presencia de oficiales del Ejército en los puestos clave del Ministerio de Defensa y en la nueva OSFA. Esta tensión entre las distintas fuerzas complica aún más la gestión de una entidad que ya enfrenta problemas estructurales gravísimos.
El Ministerio de Defensa proyecta designar a un oficial superior en actividad en lugar de un retirado, lo que podría marcar un cambio en el perfil de la conducción. La deuda que acarrea con los prestadores privados sigue sin resolver, las fuerzas de seguridad aún no habrían pagado su parte correspondiente, y miles de afiliados siguen esperando una cobertura que legalmente están obligados a recibir.
En este contexto, el punto de inflexión se dio el 1 de mayo de 2026, luego del fallecimiento en San Juan del suboficial retirado Carlos Héctor Vázquez, de 77 años, tras ingerir un frasco entero de pastillas. Ya había protagonizado un primer intento, cuando se disparó en el abdomen frente al monumento al general San Martín. En una carta encontrada en su mochila, Vázquez explicaba que llevaba más de seis décadas pagando la obra social desde que ingresó al Ejército a los 16 años, y que estaba atravesando un cáncer y otras enfermedades graves sin recibir atención.
“Nunca vi que un presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y su ministro abandonaran a sus soldados”, subrayó en la nota.
El caso generó impacto dentro de la estructura castrense y, según versiones internas, habría influido en la salida de Maldonado. Desde OSFA rechazan esa interpretación. Sostienen que el general retirado había sido convocado para encabezar la primera etapa de creación del nuevo organismo y que esa instancia ya estaba cumplida. También remarcan que Maldonado continuaba la línea de gestión iniciada por Betina Surballe, designada durante la administración de Luis Petri como gerente general.
La cobertura médica de los militares, retirados y sus familias estaba a cargo del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), considerada la tercera obra social más grande del país con más de 550.000 beneficiarios. Esta entidad venía acumulando una deuda millonaria que, según estimaciones, creció de $44.000 millones al inicio de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) hasta superar los $300.000 millones durante la gestión de Petri.
Las consecuencias concretas de esa deuda fueron devastadoras para los afiliados, con suspensión de prestaciones médicas en múltiples provincias, falta de medicamentos para tratamientos de alta complejidad como cáncer, VIH y diabetes, y cancelación de internaciones y cirugías programadas. En Mar del Plata, el único hospital de referencia llegó a suspender la atención de cerca de 20.000 afiliados por deudas impagas que superaban los $800 millones solo con ese centro.
— Militares llevando urnas por montañas a pueblos alejados en las lecciones presidenciales 2023
En febrero de 2026, el presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, mediante el cual disolvió el IOSFA y lo reemplazó por dos organismos separados. Por un lado quedó la OSFA, dependiente del Ministerio de Defensa y destinada a militares en actividad, civiles y retirados. Por el otro, estaría la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, para Gendarmería y Prefectura Naval.
El gobierno argumentó que las fuerzas armadas y las de seguridad tienen “características funcionales, operativas, demográficas y laborales sustancialmente distintas” que justificaban la separación. También estableció que el 80% de los ingresos debía destinarse a prestaciones médicas, con solo un 8% para gastos administrativos.
El problema central es que disolver el IOSFA no hizo desaparecer su deuda. Al 31 de marzo de 2026, el Ministerio de Defensa informó ante el Congreso que la deuda del IOSFA ascendía a $248.600.811.333. El Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, habría rechazado hacerse cargo de esa deuda acumulada, dejando al Ministerio de Defensa en la difícil situación de tener que usar recursos de su propio presupuesto operativo para sostener el sistema.
Mientras tanto, los afiliados quedaron en un “limbo sanitario”, donde continúan pagando sus aportes mensuales pero sin recibir cobertura real. La situación fue particularmente grave en el interior del país —Formosa, Trelew, Tucumán, Bahía Blanca— donde la cobertura era, de acuerdo con los propios afectados, prácticamente inexistente.
La ministra de Capital Humano se reunió con el Sumo Pontífice tras una semana de encuentros sobre educación, empleo e inteligencia artificial. La eventual visita papal a la Argentina quedó afuera de las conversaciones oficiales.
El proyecto ingresó al Senado entrerriano y ya fue girado a comisión. La iniciativa propone un sistema de recepción, análisis y resguardo de información sobre objetos o fenómenos no identificados.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
