El peronismo APROVECHA el efecto judicial contra “La Jefa” y cierra filas pensando en el 2023
En La Plata, que tiene una fuerte impronta de militancia cristinista, los dirigentes K pusieron la semilla germinal para salir en defensa de "La Jefa" con Máximo Kirchner a la cabeza.
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El efecto político de la condena judicial por la Causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchneractivó el “operativo clamor” en defensa de la vicepresidente y en medio del proceso de reconstrucción del Frente de Todos (FdT), iniciado con el ingreso de Sergio Massa a Economía que contribuye a alinear la “tropa panperonista”.
En La Plata, que tiene una fuerte impronta de militancia cristinista (muchos de los cuadros de La Cámpora tienen base territorial platense), los dirigentes K pusieron la semilla germinal para salir en defensa de “La Jefa” y con Máximo Kirchner a la cabeza, funcionarios, jefes comunales sindicalistas y militantes se autoconvocaron en la sede del Partido Justicialista (PJ), que está en manos del camporismo.
El titular del PJ platense (sede donde también funciona el bonaerense) es el ex edil y actual diputado bonaerense Ariel Archanco. Otra de las espadas cristinistas de la ciudad es la presidente del Instituto Cultural y ex decana de Periodismo, Florencia Saintout. Dentro del Concejo Deliberante, la mayoría de los integrantes de la bancada del FdT reportan al ultrakirchnerismo.
En La Plata, además, tiene la manija del Ministerio de Desarrollo Social provincial el secretario general de La Cámpora, Andrés “El Cuervo” Larroque (uno de los presentes que puso más énfasis en la defensa de la ex Presidente).
También habló el jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, quien llamó a “defender nuestras conquistas”. Entre las presencias del equipo kicillofista, también sobresalió la del ministro de Justicia y ex alcalde local Julio Alak.
El cónclave se ideó en total hermetismo con el objetivo de organizar una demostración de fuerza a favor de la senadora nacional bajo el formato de un Congreso partidario. “Militar los barrios”, “defender las instituciones”, “fortalecer las bases territoriales”, fueron algunos de los tópicos que motorizaron el encuentro.
Según trascendió, el Congreso podría tener fecha el próximo de septiembre y la idea es que el mismo sea encabezado por la propia CFK. La idea de crear “Otro 17 de Octubre” sobrevoló el encuentro, al que asistieron más de 60 consejeros provinciales.
El encuentro tuvo ecos subterráneos en la oposición de Juntos por el Cambio (JxC), desde donde salieron a medir el ritmo de “la desesperación del peronismo” con miras al próximo año electoral.
“Aprovecharon el efecto de la llegada de Massa y ahora la condena a Cristina para intentar resucitar, pero el año que viene lo tienen perdido”, razonó un alfil del intendente Julio Garro al analizar la “puesta en escena” de la reunión pejotista.
La agenda legislativa “light” del peronismo
En el plano legislativo, el Concejo Deliberante volvió a sesionar en modo “piloto automático” sin grandes temas en agenda. Lo más trascendente fue el avance de la presentación de una propuesta de oficialismo garrista para favorecer la inserción laboral de los planes sociales.
En el recinto también se volvió a escuchar a miembros de la oposición peronista para que el Concejo vuelva a sesionar una vez por semana. Por decisión de Juntos, desde hace más de un año el deliberante abre sus puertas cada 15 días.
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En la noche del jueves 12 de febrero de 2026, cerca de las 21 horas, la pantalla de TN fue testigo de un naufragio argumentativo que dejó en evidencia las carencias de una de las figuras del oficialismo. La senadora nacional por Salta, Emilia Orozco, protagonizó un cruce de antología frente a la diputada del PRO, Florencia De Sensi. En pleno debate sobre la modernización laboral, la lógica mileísta de Orozco colapsó ante una propuesta de libertad básica: que cada trabajador elija dónde cobrar su sueldo.
Todo comenzó cuando De Sensi, con precisión técnica y el respaldo del bloque de Cristian Ritondo, planteó que el 80% de los trabajadores traspasa su sueldo de un banco a una billetera virtual apenas lo percibe: “a diferencia de lo que opina la Senadora Orozco, nosotros vemos —y de hecho el BCRA respalda la regulación de las billeteras virtuales— y sabemos que el 80% de los trabajadores que hoy perciben su salario lo traspasan inmediatamente a una billetera virtual. Lo que estaríamos haciendo es reconocer legalmente algo que ya sucede de hecho”, explicó la diputada nacional por Buenos Aires.
De Sensi, abogada con formación en derecho público y referente de la modernización estatal en el PRO, lanzó una pregunta que descolocó a la senadora salteña: “en un gobierno tan liberal, tan liberal, ¿por qué no se le permite a los trabajadores, que son los dueños de su salario, agarrar y ponerlo donde ellos decidan? En una billetera virtual, en un banco, en cualquier lado”.
Diputada del PRO Florencia de Sensi
Sin embargo, EmiliaOrozco —cuya formación académica es, paradójicamente, la Licenciatura en Comunicación— falló en lo más básico: la comprensión del mensaje. Con tono altanero, la Senadora consultó “¿de dónde es la Diputada, de qué provincia?”. Ante la respuesta de De Sensi confirmando su origen bonaerense, Orozco espetó: “bueno, ahí está. Es una mirada muy centralista. Yo te cuento la realidad del interior. Esta cuestión de traspasar el sueldo a una billetera virtual es cierta. Ahora: ¿qué pasa cuando estás en lugares donde no hay conectividad, donde no hay internet, y donde solamente tenés el cajero de los bancos? Ese traspaso a tu billetera virtual para poder hacer la extracción en físico del billete, no la tenés con esa facilidad”.
La respuesta de De Sensi fue lógica y dejó en evidencia que la Senadora no había entendido que se hablaba de una opción y no de una imposición: “¿por qué el trabajador no puede elegir? Están las dos cosas. Nunca va a estar mal la posibilidad de elegir, elegir no está mal”. El panel de periodistas de TN tuvo que sumarse a la explicación pedagógica ante la mirada de Viale, quien con los labios gesticuló un “bueh” en silencio ante la argumentación de Orozco. Desde el piso, un periodista señaló “si no hay conectividad, se deposita en un banco; donde hay conectividad, si querés, en una billetera virtual”.
Acorralada por la lógica, Orozco apeló al manual de la evasiva: “todo tiene un porqué, chicos, todo tiene un porqué”, sentenció con una sonrisa cínica, pero sin explicar jamás ese misterioso motivo.
Replicando los mensajes crípticos
El episodio fue un calco de aquel momento de 2023, también en TN, cuando Patricia Bullrich dejó estupefacto a Diego Sehinkman. En aquella oportunidad, ante la necesidad de propuestas concretas, Bullrich balbuceó: “vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en la que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad… estén todos bajo una filosofía muy interesante”.
Ante la lógica confusión del periodista, la hoy compañera de bloque de Orozco remató con un soberbio: “ya lo vas a entender”. Tres años después, desde La Libertad Avanza intentaron la misma receta para ocultar la falta de argumentos: “todo tiene un porqué”.
¿Quién es Emilia Orozco?
Este nuevo traspié de Orozco no es un hecho aislado. La misma Senadora Nacional que hoy se aferra a un porqué fantasma, es la que tildó a las universidades públicas de “cáncer de la Argentina” y la que protagonizó un bochornoso escándalo por el “carancheo” de despachos. En aquel entonces, Orozco intentó apropiarse ilegalmente de una oficina que no le correspondía con el único objetivo de estar físicamente cerca de las terminales de poder de Karina Milei y Martín Menem; una maniobra de casta que le salió mal y terminó con la legisladora desalojada de sus pretensiones.
Senadora de La Libertad Avanza Emilia Orozco
Aquella concejal que saltó a la fama en Salta escrachando a sus pares por cobrar dietas millonarias parece haber quedado en el olvido. Orozco construyó su carrera sobre la supuesta austeridad, pero hoy, instalada en la comodidad de una dieta de Senadora Nacional, cobrando cerca de $10 millones en bruto, su preocupación es otra: como ya contamos en Data 24, la salteña se quejó recientemente porque no le están liberando los contratos que ella “necesita” para engrosar su planta de asesores.
Orozco parece quedar atrapada en contradicciones que ni su título de comunicadora logra disimular. Utiliza al “interior profundo” como una muletilla para justificar el inmovilismo, mientras por lo bajo reclama la caja que antes denunciaba. Al final, el único “porqué” que quedó claro en la noche de TN es el de su propia incapacidad para sostener un debate de altura frente a una colega que le marcó la cancha con datos y sentido común.
La iniciativa de bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años (Milei pretendía que llegue a los 13) obtuvo media sanción en Diputados. La extensa sesión culminó con 149 votos afirmativos y 100 negativos. Ahora, la reforma del Régimen Penal Juvenil será tratada por el Senado el 26 de febrero buscando convertirse en ley.
Según un relevamiento de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se iniciaron causas penales contra 1.788 menores de entre 6 y 18 años sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayoría (81,4%) correspondió a delitos contra la propiedad, le siguieron delitos contra la integridad sexual (el 32,1%), contra la administración pública (el 27,8%), contra las personas (el 8%) y contra la libertad (el 8%).
Del universo de menores, el análisis por edades muestra que el año pasado el 55,2% de los involucrados tenía entre 16 y 17 años al momento del hecho, mientras que un 40,8% tenía entre 13 y 15 años. Un 4% de las causas involucró a niños de 12 años o menos.
– Informe estadístico del primer semestre de 2025 de Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
En las gradas también hubo presencia de familiares de víctimas, que siguieron la sesión desde el recinto y reclamaron que el Congreso avance con una respuesta penal ante crímenes cometidos por menores de edad.
El debate devino en las más variadas y polarizadas opiniones, tanto en las redes como en el propio recinto. La izquierda y el kirchnerismo fueron los principales detractores de la medida. El apoyo vino del oficialismo, el PRO, la UCR Provincias Unidas y bloques provinciales.
Para Cristian Ritondo el debate fue necesario. La política, dijo, se está “postergando desde hace décadas. La ley que tiene cerca de 50 años, para un país que ya no existe, para un delito que ya no existe, para una violencia desbordada”.
“El falso garantismo le regaló a estos chicos delincuentes un certificado de impunidad”
El presidente del bloque PRO en diputados recordó que, hace dos décadas, Jorge Capitanich ya había impulsado una iniciativa para fijar la imputabilidad en los 14 años y, a modo de ejemplo, señaló que durante su paso por el Ministerio de Seguridad bonaerense la discusión también estuvo presente: tanto su antecesor, Alejandro Granados, como quien lo sucedió, Sergio Berni, ambos de peronistas, se habían pronunciado en similar sentido.
Advirtió que la reforma no se agota en “cambiar el número” (de edad) en el Código Penal. Por sí sola, consideró, la baja de la imputabilidad no alcanza para resolver el problema y planteó que el fenómeno es más amplio, con redes delictivas que reclutan adolescentes porque saben que el Estado les entrega un “certificado de impunidad”. Según describió, esos chicos terminan siendo “carne de cañón”, mientras que el “falso garantismo” bloqueó durante años la posibilidad de discutir y encarar el tema de fondo.
En otro pasaje, recurrió a una ironía para tensar el intercambio. Citó la frase de Juan Domingo Perón “el trabajo dignifica” y dijo que le resultó impensado escuchar en el recinto razonamientos que, a su entender, terminan relativizando la conducta delictiva, de ahí su remate sobre “un legislador” que “dice que la delincuencia dignifica”.
– Familiares que reclamaban por la baja de la edad de imputabilidad estuvieron en la sesión en Diputados
Planteó que el eje de la discusión tiene que escaparle a los simplismos ya que “la responsabilidad penal sin garantías es arbitraria”, sostuvo, aunque remarcó que el reverso también existe, porque “garantía sin responsabilidad es impunidad”. Desde esa premisa, insistió en que el desafío es abordar el problema de manera integral, con un régimen que contemple la infraestructura, la educación y el contexto familiar y barrial, pero sin eludir el momento en que el Estado debe tomar decisiones “sensatas” y dotarse de herramientas.
Al justificar por qué 14 y no una edad menor, dijo que no se trata de una bandera ideológica sino de “prudente” criterio “científico” y de “realismo institucional”. Señaló que no hay consenso sobre una comprensión criminal plena a los 12 o 13 años y agregó que la capacidad real del Estado también impone límites, porque bajar la edad amplía el universo alcanzado por el sistema penal juvenil y exige dispositivos concretos, desde lugares adecuados hasta docentes, psicólogos, jueces y fiscales capacitados. En ese marco, advirtió que hablar de “14, 16, 13 o 12 años no es como subir y bajar la temperatura de un aire acondicionado”, porque supone decidir si el Estado puede intervenir de forma efectiva para recuperar a un chico y reinsertarlo.
Sobre el cierre, sostuvo que la reforma es una herramienta “más que necesaria” tanto para combatir el delito como para “recuperar a los chicos”, y retomó una definición de enfoque al afirmar que “se terminó el tiempo donde el Estado mira con cariño al victimario y le da la espalda” a la víctima. Además, homenajeó a Luis Mora, padre de Martín Mora Negretti, asesinado en junio de 2022 de madrugada tras ser atacado a puñaladas por dos mayores acompañados de dos menores de 13 y 14 años mientras esperaba un transporte con amigos, y le dedicó un mensaje directo al asegurar que “hoy estamos cumpliendo con él”.
El pasado domingo se llevó a cabo la primera jornada de festejos por el Año Nuevo Chino en la Plaza Parques Nacionales Argentinos, ubicada en el barrio porteño de Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad se invitó a participar de “una jornada abierta para compartir en familia y dar la bienvenida al Año del Caballo de Fuego, símbolo de la energía, el movimiento y la renovación”. La actividad fue organizada por la Dirección General de Colectividades y Migrantes de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, junto a Phoenix Dorada (una asociación de chinos comunistas que propagan la ‘Cultura del Partido’ en Argentina) y la Colectividad China en nuestro país.
Como todos los años, practicantes argentinos de la comunidad religiosa de la Escuela Buda Falun Dafa asistieron al evento. Lo hicieron vestidos con su tradicional camiseta amarilla y acompañados por su lema fundamental: “Verdad, Benevolencia, Tolerancia”. Sin embargo, de acuerdo con el material difundido por la organización, el evento no fue realmente abierto ya que personal de una empresa de seguridad contratada en los accesos les impidió el ingreso.
– Chinos tapan a Falun Dafa con una bandera del PCCh
Sucede que en China esta creencia está terminantemente prohibida y es brutalmente perseguida por el sangriento régimen comunista desde el año 1999.
Ante esa situación, los practicantes permanecieron fuera del predio repartiendo folletos informativos a quienes ingresaban al evento. Sin embargo, al atravesar los accesos, el personal de seguridad exigió a los asistentes que descartaran ese material en la basura. El episodio generó indignación entre varias personas y momentos de tensión que no escalaron en gravedad.
DATA24 tuvo acceso al comunicado difundido por la Asociación Civil Estudio de Falun Dafa en Argentina, allí se indicó que incluso se negó el paso a personas que tenían remeras amarillas siendo ajenas a Falun Dafa.
En ese marco, los practicantes de Falun Dafa afirmaron que la persecución que aún sucede en China se extendió también a la Argentina “con la colaboración de las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En el gigante asiático, explicaron, sucede “una persecución sin precedentes en la historia, un genocidio perpetrado por el régimen comunista; que incluye diversas prácticas perversas como secuestros, torturas, campos de trabajo forzado, centros de reeducación y hasta sustracción forzada de órganos”.
La información aportada indicó que en Argentina existió “un historial documentado de más de dos décadas de episodios de violencia, discriminación y censura ejecida por agentes chinos que responden a su embajada y por fuerzas de seguridad metropolitana contra ciudadanos argentinos de bien”. Según el texto las acciones policiales fueron “ostensiblemente favorables a los intereses de la Embajada de China en Buenos Aires y contrarias a la seguridad ciudadana”, en el marco de una “persecución religiosa trasnacional” contra los creyentes de esa disciplina, “reconocida oficialmente como culto religioso en nuestro país”.
La presidenta de la Asociación, LiweiFu, declaró que “como practicantes pacíficos y creyentes en Dios, participamos en estos eventos para compartir y mostrar la verdadera esencia espiritual de la cultura china, no para confrontar. Pero la historia de violencias nos obliga a alzar la voz: no podemos permitir que un régimen totalitario extranjero siga persiguiendo a creyentes pacíficos argentinos en su propio país. Instamos a la prensa, la sociedad civil y las autoridades a pronunciarse en la defensa de la soberanía y la libertad religiosa. La rectitud de nuestros líderes traerá prosperidad a Argentina, rechazando el avance maligno del comunismo chino y protegiendo a sus ciudadanos”.
El comunicado también recordó antecedentes similares. Durante la celebración del Año Nuevo Chino del año pasado, “los practicantes argentinos de Falun Dafa sufrieron una persecución brutal sin precedentes, bajo órdenes de la Embajada de China”.
Clarin Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, es un movimiento espiritual de origen chino basado en los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia. Nació en China en 1992 y llegó a reunir a decenas de millones de practicantes antes de ser prohibido por el Partido Comunista Chino en 1999.
– Fuente: Clarín
Según se puede ver en los videos a los que también accedió este medio, agentes de civil argentinos y efectivos policiales de la Ciudad colaboraron con “las agresiones violentas” ejercidas por “patotas chinas”, mientras funcionarios y el propio embajador de China observaron desde el escenario principal “sin intervenir”.
Asimismo, sostuvo que esos hechos fueron denunciados judicialmente y que se esperaba que se sumaran a “las siete causas judiciales abiertas en Argentina” por “constantes golpizas perpetradas por matones de origen chino a practicantes argentinos en su propio país”.
En relación con ese historial, Fu agregó: “En ningún otro país del mundo ocurre una situación como la que vivimos en Argentina, donde ciudadanos son hostigados únicamente por ser creyentes espirituales de una fe que es brutalmente perseguida en China por el régimen comunista. Es una vergüenza que autoridades, funcionarios y fuerzas de seguridad hayan actuado en connivencia con ese régimen, a través de la embajada china, para perseguir a ciudadanos pacíficos. La persecución no ha cesado. La embajada continúa ejerciendo su influencia en el barrio chino, frente al consulado, presionando a la policía y a la Cancillería para restringir la libertad de permanencia en ciertos lugares a practicantes argentinos. Esta situación lleva más de 20 años. No debería permitirse que algo así ocurra en nuestro país, bajo un gobierno nacional que debe garantizar el debido respeto y la protección de creyentes espirituales pacíficos que actúan conforme a los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia”.
Acerca de Falun Dafa
Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, es una creencia milenaria de la Escuela Buda basada en los principios universales de Verdad, Benevolencia y Tolerancia. Actualmente se practica libremente en más de 100 países e incluye ejercicios de qigong de alto nivel y una meditación que promueven la salud física y mental. En China, la disciplina fue difundida abiertamente al público por primera vez en 1992 y llegó a contar con más de 100 millones de practicantes en solo 7 años.
Este gran despertar espiritual en la población china de los años 90 fue tomando como una amenaza a la naturaleza atea del Partido Comunista chino (PCCh), que durante décadas buscó eliminar completamente la verdadera cultura tradicional china de 5000 años de historia, caracterizada por creer en Dios. Por eso, en 1999, el régimen comunista emprendió una enorme campaña para difamar y perseguir brutalmente a los practicantes de Falun Dafa, que continúa hasta hoy.
Esta persecución religiosa a gran escala incluye detenciones arbitrarias, torturas, campos de trabajo forzado y la sustracción forzada de órganos en vida a practicantes detenidos, calificada como un “genocidio silencioso” y “una maldad nunca vista en este planeta” por el abogado canadiense David Matas, nominado al Premio Nobel de la Paz.
La dirección de Emergencias y Catástrofes, dependiente del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que conduce Nicolás Kreplak, atraviesa una etapa de fuerte turbulencia interna. El área —clave en la coordinación del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES)— enfrenta renuncias de profesionales, reestructuraciones controvertidas y una denuncia penal que involucra directamente a su titular.
El conflicto se da en el marco de la gestión provincial actual y expone tensiones en un área estratégica para la respuesta sanitaria ante emergencias y catástrofes.
La base del exhospital Naval y el reordenamiento interno
Uno de los cambios más significativos en la estructura operativa de la dirección de Emergencias y Catástrofes fue la instalación de una base en un sector cedido por el exhospital Naval. Desde allí funciona parte del despliegue logístico de emergencias provinciales.
Sin embargo, según pudo reconstruir el portal REALPOLITIK a partir del testimonio de profesionales del área, las condiciones edilicias del lugar serían críticas. “El exhospital Naval le cedió una parte a la dirección para la base de ambulancias del SIES. Está en estado deplorable, es donde duermen choferes, enfermeros y médicos”, relataron fuentes con años de antigüedad en el servicio.
– Basura al descubierto y el improvisado sistema de ventilación
Según la descripción, los baños centrales no cuentan con duchas y solo dos habitaciones cuentan con dicho servicio básico, mientras que el resto del personal “no tiene forma de higienizarse”. “A veces en los techos se escuchan ratas”, agregaronó. Además, explicaron que esos espacios originalmente eran depósitos y “nunca estuvieron destinados a albergar personal”.
En paralelo, el reordenamiento interno habría profundizado tensiones preexistentes: “Sacaron al coordinador que teníamos porque no les gustaba que tuviera buena relación con el personal. Dos médicos renunciaron, otros dos se fueron y el clima es cada vez peor”, aseguraron profesionales.
– Los dormitorios están conformados por económicas estructuras de pino y, en algunos casos, sin luz
En el mismo sentido, señalaron que la situación impactó también en personal vinculado a la Unidad de Terapia Intensiva Móvil (UTIM): “Personalmente hace más de 15 años que trabajo ahí y la estoy pasando muy mal”, agregó una profesional, que continúa en funciones y pidió reserva de identidad.
Otro de los puntos señalados tiene que ver con el manejo de los recursos del SAMO. “Cobramos dos veces SAMO, pero no sé qué hacen con la plata, no hay control”, confió un trabajador, dejando entrever posibles irregularidades administrativas. Asimismo, indicó que el personal de ambulancias no está encuadrado bajo el régimen de trabajo por insalubridad, a diferencia del personal hospitalario, pese a tratarse —según explicó— de una tarea “mucho más insalubre y peligrosa”.
– Baños con duchas improvisadas y el menú del día
Conducción y designaciones cuestionadas
Las críticas también alcanzan al estilo de conducción del área. “Se maneja como patrón de estancia, diciéndote cosas como ‘si no te gusta ahí está la puerta’ o ‘lo hacés porque lo digo yo’”, afirmó la médica.
Según su testimonio, Chaparro Fresco —quien proviene del IOMA— habría incorporado médicos reguladores que “nunca trabajaron con nosotros y les falta capacitación”, pese a que su función es administrar recursos y definir derivaciones en situaciones críticas.
“Están en el ministerio sentados en oficinas”, sostuvo. Como ejemplo mencionaron que una de las médicas reguladoras es neonatóloga, lo que no se ajustaría a la dinámica general de emergencias.
Operativos bajo tensión
Las críticas internas no se limitan al funcionamiento administrativo. Por caso, durante los operativos desplegados en Bahía Blanca por las inundaciones, fuentes consultadas señalaron episodios que generaron incomodidad en parte del personal.
Según los relatos, durante los recambios de equipos cada tres días se realizaban encuentros que incluían celebraciones y expresiones político-partidarias, más propias de militantes que de profesionales de la salud. Si bien estos hechos no forman parte de ninguna denuncia judicial, reflejan un clima de fuerte fragmentación interna en un área que debería operar bajo estrictos criterios técnicos y sanitarios.
Chaparro Fresco, denuncia y antecedente
En paralelo al conflicto operativo, se radicó una denuncia penal por presunta extorsión contra el actual director del área, Jerónimo Chaparro Fresco. La presentación quedó registrada en el ministerio Público Fiscal de La Plata y ya cuenta con número de expediente.
Según pudo saber este medio, la denuncia se originó luego de que el funcionario amenazara a una médica con iniciarle un sumario administrativo si no renunciaba a su trabajo. “Me amenazó con un sumario si no me iba”, afirmó la médica.
– La denuncia por extorsión contra Jerónimo Chaparro Fresco
Además de la presentación penal, la profesional indicó que también realizó una denuncia ante el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, en la comisión de Violencia y Ética. “La denuncia está en fiscalía, no sé en qué instancia”, aseguró.
El nombre de Chaparro Fresco no es nuevo en el ámbito sanitario bonaerense. Durante su paso por el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), bajo la gestión de Homero Giles, ya había sido mencionado en investigaciones vinculadas a conflictos con clínicas privadas.
Vale recordar que, en diciembre de 2022, REALPOLITIK publicó una investigación sobre denuncias penales contra directivos del instituto en el marco de presuntas presiones económicas a sanatorios. En aquel expediente también figuraba su nombre.
– Jerónimo Chaparro Fresco
Silencio oficial
Mientras todo esto ocurre, profesionales del área advierten que la crisis impacta directamente en la operatividad del sistema de emergencias en territorio bonaerense, en un contexto donde la coordinación entre el SIES, el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) y los hospitales resulta clave para la atención de situaciones críticas.
El conflicto en Emergencias se suma así a un escenario más amplio de cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema sanitario provincial, que en los últimos años tuvo como eje de debate la destrucción del IOMA, la obra social del estado bonaerense que mantiene presos y sin alternativas a sus afiliados.
En distintos sectores del ámbito médico se habla de un progresivo deterioro institucional y de una creciente politización de estructuras técnicas. Las críticas apuntan a designaciones realizadas por afinidad política antes que por trayectoria profesional, en un proceso que algunos trabajadores describen como “camporización” de áreas sensibles del estado.
La dirección de Emergencias y Catástrofes, por su rol estratégico en la atención de desastres y situaciones críticas, no queda al margen de ese debate. En un sistema donde cada decisión impacta directamente en la salud de miles de bonaerenses, las denuncias internas y el malestar profesional vuelven a poner bajo la lupa el rumbo sanitario de la gestión de Axel Kicillof.
La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó una reforma de la Ley 6722, norma que reguló el uso de armas de fuego por parte de la Policía provincial, y envió el proyecto nuevamente a la Cámara de Diputados para su segunda revisión. La iniciativa, impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas, obtuvo 26 votos a favor y 6 en contra.
Desde la oposición, los bloques del Partido Justicialista y del Partido Verde rechazaron la propuesta y manifestaron su preocupación por el alcance de las nuevas facultades.
La modificación apuntó a actualizar el protocolo de actuación policial, ampliar supuestos vinculados al servicio de seguridad y adecuar la actuación de los efectivos provinciales a criterios vigentes para las fuerzas federales en todo el país, en particular los vinculados al “peligro inminente”. La reforma se presentó como una herramienta para otorgar “certeza jurídica” al personal policial.
Antes de llegar al recinto, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado otorgó despacho favorable al proyecto, que propuso cambios en la ley para precisar criterios de actuación, identificación del personal y resguardo administrativo posterior a las intervenciones.
En ese marco, el Senado redefinió el protocolo de actuación y habilitó, en determinados supuestos, que el efectivo pudiera emplear su arma sin identificarse previamente cuando esa identificación pusiera en riesgo su vida o la de terceros.
La reforma amplió además el alcance del servicio de seguridad. Entre los nuevos supuestos, incluyó la actuación policial para asegurar personas y bienes ante situaciones de inseguridad y peligro inminente, así como en casos de incendio, inundación, explosión u otros siniestros. También sumó la defensa de funcionarios, agentes, empleados y bienes del Estado provincial; la posibilidad de esgrimir armas cuando resultara necesario conforme a la ley y a los principios generales; tareas de observación y vigilancia con fines específicos; y la preservación del orden en espacios públicos, la prevención de conflictos, la protección de transeúntes y el cese del delito.
En cuanto al uso de armas de fuego, amplió los casos en los que la Policía pudo recurrir a ellas y precisó con mayor detalle qué se consideró “peligro inminente”. Se contemplaron situaciones de estado de necesidad, defensa propia o de terceros, prevención de delitos particularmente graves que implicaran una seria amenaza para la vida o la integridad física, detención de personas peligrosas que opusieran resistencia y también la posibilidad de impedir su fuga. Durante el debate, además, se señaló que el nuevo esquema contempló supuestos para impedir la fuga de personas que representaran una amenaza letal y para resguardar establecimientos de detención.
Otro cambio central fue que se mantuvo la obligación de identificarse y advertir de forma clara la intención de emplear el arma de fuego, pero se habilitó la excepción cuando hacerlo generara riesgo de muerte para el agente o terceros, expusiera su ubicación, implicara desventaja numérica o táctica, incrementara la amenaza del agresor o resultara evidentemente inadecuado o inútil por las circunstancias.
También se reforzaron las obligaciones posteriores al uso del arma: cuando ocasionara lesiones o muerte, el efectivo debió prestar asistencia inmediata, solicitar servicios médicos urgentes, comunicar el hecho a la autoridad judicial competente e informar a los familiares de las personas afectadas.
MartínKerchner Tomba, presidente provisional del Senado, defendió la actualización de la norma y recordó el tiempo transcurrido desde la sanción original. “La reforma acompaña el incremento de la violencia y brinda claridad a quien actúa ante el riesgo”.
En la mañana del miércoles 4 de febrero de 2026, la Senadora nacional por Salta de La Libertad Avanza, Emilia Orozco, decidió llevar el internismo oficialista en una entrevista con Luis Gasulla.
La legisladora ya venía de protagonizar un fuerte cruce esta semana con la Diputada Nacional del Pro Florencia De Sensi —nota que podés leer haciendo click acá—, donde quedó expuesta por su falta de argumentos frente a la modernización de leyes laborales. Ahora, la legisladora que saltó a la fama denunciando dietas ajenas, redobló la apuesta terminó exponiendo una faceta desconocida: la de una dirigente que miente para victimizarse y alimentar relatos conspirativos de redes sociales.
Orozco aseguró que sus contratos “no salen” insinuando una supuesta saña de Victoria Villarruel contra el mileísmo, y lanzó una comparación malintencionada: afirmó que los de Jorge Capitanich se liberaron en diciembre pero los de La Libertad Avanza no. Esta es la primera gran mentira de la senadora: utiliza al exgobernador K chaqueño para sugerir solapadamente una alianza entre Villarruel y el kirchnerismo, ocultando deliberadamente que todos los Senadores de LLA que ingresaron en diciembre de 2025 ya tienen sus contratos firmados y sus equipos cobrando.
La corroboración que deja en evidencia a Orozco
Mientras la senadora intentaba instalar que hay un bloqueo contra el oficialismo, la nómina oficial del Senado le devuelve un cachetazo de realidad.Los senadores de LLA, tanto los que ingresaron en 2023 como quienes asumieron junto a ella en diciembre de 2025, ya tienen sus oficinas pobladas con números que, en muchos casos, se acercan o igualan a los de la “casta” que ella denuncia:
Bruno Olivera Lucero: 16 asesores.
Ezequiel Atauche: 15 asesores (llegó a tener 16).
Ivanna Arrascaeta: 14 asesores.
Juan Cruz Godoy (ingresó en diciembre): 12 asesores.
Bartolomé Abdala: 12 asesores (llegó a tener 20).
Francisco Paoltroni: 11 asesores.
Agustín Coto: 11 asesores.
Silvana Schneider (ingresó en diciembre): 10 asesores.
Enzo Fullone (ingresó en diciembre): 10 asesores.
Juan Pagotto: 9 asesores.
Nadia Márquez (ingresó en diciembre): 9 asesores.
Mario Cervi (ingresó en diciembre): 9 asesores.
Vilma Bedia: 8 asesores.
Patricia Bullrich (ingresó en diciembre): 4 asesores.
Otro dato curioso es que, cuando LLA tenía solo 7 Senadores, llegó a tener 88 asesores, dando un promedio de 12,6 asesores por Senador.
¿Cómo explica Orozco que a todos ellos les firmen los contratos y a ella no? La mentira quedó expuesta: no hay una orden política contra el bloque libertario, sino una Senadora que utiliza la falta de asesores como una herramienta de propaganda para ocultar su propia rebeldía institucional.
La gata flora: critica el presupuesto pero busca la caja
La contradicción de Orozco roza el absurdo. En la misma charla, chicaneó a Villarruel por haber reclamado al Ejecutivo que subsanara el presupuesto del Senado: “la única preocupación fue que no había presupuesto… yo salí con esa sensación”, asintió cuando Gasulla le preguntó si lo que importaba era “la tarasca” (SIC).
Lo que Orozco omite es que los sueldos de los asesores que ella tanto reclama salen, precisamente, de ese presupuesto que ella misma cuestiona. Orozco denunció a Capitanich por tener 18 colaboradores (ella dijo “más de 20”), pero calla ante los números de sus propios correligionarios que tienen números similares de colaboradores, e incluso llegaron a tener más, como en el caso de Abdala.
Prontuario libertario: del “modelo Abdala” a los retornos de Ponce
Este hambre por los contratos remite a los escándalos que ya salpican al espacio. El más recordado es el de Bartolomé Abdala, que confesó usar a su planta de 20 asesores del Senado para financiar su campaña a gobernador en San Luis. Pero no es el único: el jefe de bloque, Ezequiel Atauche, ostentó una de las estructuras más abultadas con 16 asesores, superando incluso los números que la propia Orozco le critica a la oposición. A esto se suma el antecedente de Celeste Ponce, excompañera de bloque de Orozco, denunciada por exigirle “retornos” a sus propios asesores.
Con estos antecedentes, el pedido de Orozco se mira bajo otra lupa: ¿realmente busca asesores técnicos, o cajas políticas para su armado en Salta?
El “acting” karinista: sarcasmo en la radio, rebeldía en el Palacio
Para esta nota, Data 24 consultó a fuentes oficiales de la Presidencia del Senado para entender la supuesta “demora”. La explicación es puramente técnica: Orozco es la única que se niega a cumplir con el protocolo que todos sus compañeros ya pasaron.
En la radio, la Senadora minimizó el procedimiento: “parece que la modalidad, y por usos y costumbres, uno tiene que pasar por la oficina de la Presidente… veremos si esa reunión se concreta”, soltó con desdén.
No es que “parece”: es la norma institucional, donde se recibe a los nuevos y se les explica el funcionamiento de la casa. Orozco cerró su actuación afirmando que ya presentó el pedido para contratar asesores, y espetó con un sarcasmo cínico: “los nuestros aún están en espera, yo calculo que debe ser una cuestión administrativa, debe estar con mucho trabajo, seguimos en la espera”. La realidad es otra: no hay trabas administrativas; hay una Senadora que no quiere ir a la reunión obligatoria porque prefiere sostener su papel de “perseguida” mediática para ganar puntos con Karina Milei en la interna contra la Vicepresidente.
Conclusión:
Con una dieta de $10 millones brutos, Emilia Orozco ha completado su metamorfosis: de la “motosierra” salteña, a una PyME política financiada por el Estado, que miente sobre la realidad de los contratos de sus colegas, omitiendo la cantidad de asesores que tienen sus compañeros para mencionar sólo el caso de Capitanich, intentando forzar una imagen de Villarruel como aliada del kirchnerismo; cerrando su relato diciendo que “está esperando que le aprueben los contratos”, en una puesta en escena que se cae sola cuando se nota que la única que espera algo es la Presidente del Senado: que la Senadora finalmente madure y pase por su oficina.
La violencia se produjo durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante. Vecinos que protestaban pacíficamente denunciaron agresiones que atribuyeron a “patoteros” del intendente Walter Cortés.
Con 26 votos a favor y 6 en contra, el Senado provincial reformó el protocolo de actuación policial para reforzar el resguardo administrativo de los efectivos.
Impulsada por Ignacio Torres, la medida fijó la verificación de antecedentes fiscales y administrativos para otorgar, renovar o transferir permisos y habilitaciones en la actividad pesquera. El oficialismo la presentó como una herramienta de transparencia y control.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
