El Gobierno subirá los impuestos y el combustible aumentaría en un 10 por ciento
La actualización de los aranceles, sumado a un ajuste de las petroleras por el precio del dólar y la inflación, llevaría a un encarecimiento de la nafta y el gasoil.
10 Years Experiences
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El panorama en Argentina pinta negro para todo el mundo entre la inflación, pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las medidas del Gobierno. En esta última semana, no obstante, los perjudicados están vinculados al trasporte automotor.
Por un lado, el conflicto por los neumáticos que el Gobierno no puede controlar, mantiene en jaque a la producción y genera falta de insumos. Un hecho que podría condensarse en el robo de una de las ruedas del automóvil de Juan Manuel Fangio en la ciudad de Balcarce. Pero además, este fin de semana, el precio del combustible volverá a subir.
Publicación de Twitter sobre los incrementos en la nafta
El próximo sábado 1 de octubre, se actualizarán el Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, y como suele ocurrir, las petroleras trasladarán ese ajuste al surtidor, lo que representaría una suba cercana al 4 por ciento. Sin embargo, es probable que el incremento en el precio de las naftas y el gasoil termine siendo mayor, pues las empresas quieren aprovechar para aplicar un incremento adicional que acompañe la variación que registró el tipo de cambio y la inflación.
Como efecto directo de la crisis y la inestabilidad económica, las petroleras buscan aplicar un ajuste adicional que les permita compensar la inflación y la suba del dólar. Los salarios e insumos pesificados representan el 30 por ciento de la estructura de costos y ajustan cerca del 7 mensual en línea con la inflación, esto suma 2,1 puntos porcentuales más a los 4 puntos que ponen de piso los impuestos.
Decreto del Gobierno para que se incrementen los combustibles
A su vez, el crudo, que cotiza en dólares, representa cerca del 70 por ciento de la estructura de costos del combustible a la salida de la refinería. Una vez sumados los impuestos esa incidencia se reduce a cerca de 50 puntos del precio final. Por lo tanto, si se toma en cuenta que el dólar oficial trepo 7,1 desde la última suba de la nafta el pasado 21 de agosto, ahora debería ajustar 3,55 puntos porcentuales solo para compensar ese incremento.
Vale recordar que la suba del combustible no afecta solamente en el uso particular y cotidiano del transporte privado por medio de automotores; al ser también un insumo imprescindible de toda la cadena transportista, generalmente influye en los valores de la producción y en los precios de las góndolas, debido al encarecimiento de los costos de traslados.
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Ignacio Torres abrió las sesiones ordinarias de Chubut con una frase que funcionó como marco de la jornada. “Esperemos que esta sesión no sea tan ordinaria como la que vimos ayer”, dijo, tomando distancia del tono de la Asamblea Legislativa nacional. Reclamó “respeto e institucionalidad”.
Horas después de finalizado el discurso la Legislatura aprobó la reforma de la Ley de Pesca que incorporó el régimen de “Ficha Limpia Pesquera”.
En concreto, el cuerpo legislativo provincial modificó la Ley de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable. La actualización exige la verificación previa de antecedentes fiscales y administrativos para el otorgamiento, la renovación o la transferencia de permisos, cuotas y habilitaciones pesqueras. El proyecto lo envió el Poder Ejecutivo chubutense y alcanzó a titulares, apoderados o representantes de permisos y autorizaciones de captura, además de directores, administradores y miembros de órganos de gobierno de las empresas del sector.
Al fundamentar el proyecto, el presidente del bloque oficialista, Daniel Hollmann, sostuvo que la Ficha Limpia “contempla la inhabilitación de personas humanas y jurídicas involucradas en defraudaciones dolosas, evasión tributaria y conductas graves vinculadas a la actividad pesquera. Este proyecto se suma a la agenda de transparencia y calidad institucional que propone el gobierno”. Por su parte, la diputada Karina Otero sostuvo que la norma “no debilita la actividad, la fortalece”, y remarcó que el acceso al recurso debía estar atado al cumplimiento de obligaciones legales firmes.
Desde el bloque oficialista señalaron que la ley no habilitó bajas automáticas de permisos, sino que esas medidas solo podrían aplicarse cuando existieran resoluciones firmes. En ese marco, explicaron que las “causales de caducidad” son los motivos previstos por la norma para quitar o dar de baja un permiso pesquero, y afirmaron que el texto incorporó cambios surgidos en comisión y en reuniones con el sector privado.
Desde la oposición cuestionaron el alcance sectorial de la ley y el contexto en el que se trató. El presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, justificó el rechazo al sostener que el proyecto respondió a “una pelea sectorial”, mientras que su par Vanesa Abril pidió priorizar medidas frente a la “caída del empleo”. Otros legisladores advirtieron sobre una posible “estigmatización” del sector pesquero y plantearon que reglas similares debían aplicarse a todas las actividades extractivas.
LAS RETENCIONES A LA PESCA OSCILAN ENTRE 5% Y 9%
En su discurso de apertura, Torres ubicó a la pesca en el centro del debate económico y fiscal de la provincia. El gobernador afirmó que en 2025 Chubut alcanzó el mayor nivel de exportaciones de los últimos 20 años, con casi 4.000 millones de dólares, y remarcó el peso de la actividad pesquera en ese resultado. “Exportar más genera más trabajo y dinamiza la economía”.
En ese tramo del mensaje, cuestionó el esquema de retenciones y afirmó que de esas divisas “a la provincia le quedan cero pesos”, porque esos recursos se diluyeron en políticas nacionales que, según dijo, no regresaron al territorio.
También convocó a los legisladores nacionales a “dar la pelea en el Congreso” por el federalismo fiscal y anticipó que continuará gestionando la eliminación de las retenciones a la pesca, que oscilan entre el 5% y el 9% según la especie marina. Ese ahorro impositivo que obtendría el sector por una eventual baja de esos derechos de exportación podría destinarse a infraestructura portuaria para Chubut.
El diagnóstico del economista Federico Pastrana describe un fenómeno que los datos de CP Consultora confirman. Las plataformas digitales funcionaron como válvula de escape frente al desempleo formal, pero esa red de seguridad informal que históricamente contenía el desempleo (Uber, Rappi, Pedidos Ya, etc) se ha saturado y ya no puede cumplir ese rol.
“La destrucción de puestos formales se está acelerando. Un proceso de reconversión productiva, que no produce empleo formal, es una economía que está estancada o cayendo”, afirmó Pastrana, durante una entrevista en el medio radial Radio 10.
El informe del Centro de Estudios del Trabajo y Desarrollo (CETyD), publicado por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en julio de 2025, advierte explícitamente que este tipo de empleo “no alcanza ni podría alcanzar a contener toda la búsqueda de ocupación” y “amortigua solo transitoriamente el aumento de la desocupación”. La paradoja es que, a medida que más trabajadores expulsados del sector formal se vuelcan a las plataformas, la rentabilidad por viaje o pedido cae para todos.
El caso de Comodoro Rivadavia es ilustrativo, ya que ahí los trabajadores despedidos de la industria petrolera compraron autos para conducir Uber o Didi, pero la saturación de choferes en una ciudad cuya demanda también cae derivó en “menos viajes por menos dinero”, según testimonios de conductores con años de experiencia en el sistema. El mismo fenómeno se replica en todo el país.
La destrucción de empleo formal es sostenida y va más allá de los siete meses mencionados en el artículo. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron cerca de 150.000 empleos privados registrados. Solo en 2025, el empleo asalariado total cayó 1% interanual, lo que equivale a 106.200 puestos menos, con el sector privado concentrando 88.800 de esas bajas.
Los sectores más golpeados fueron la industria, que acumuló casi 40.000 empleos perdidos en 2025 y registró su mayor caída en el segundo semestre, y el comercio, que desde mayo de ese año resignó 22.600 puestos. También la minería, que venía impulsando el PIB, destruyó empleo durante la segunda mitad del año, al igual que la intermediación financiera y el agro.
En paralelo, la tasa de desocupación llegó al 7.9% en el primer trimestre de 2025, el nivel más alto desde 2021, afectando a cerca de 1.8 millones de personas. Para el cuarto trimestre de 2025, el dato subió al 7.5% desde el 6.6% del tercer trimestre.
El dato más revelador es que el empleo registrado total cerró 2025 “sin cambios” en términos netos, pero ese número esconde una transformación profunda. El trabajo independiente creció 3.8%, sumando 104.800 trabajadores, principalmente monotributistas, compensando casi en su totalidad las bajas del sector asalariado. Es decir, los puestos de trabajo de mayor calidad (con aportes jubilatorios completos, aguinaldo y estabilidad) están siendo reemplazados por formas más precarias.
Según el CETyD de la UNSAM, el pluriempleo pasó del 8% en 2013 al 12% en 2024. Una investigación conjunta de ocho universidades nacionales encontró que el 75% de los trabajadores de plataformas los usa como segundo empleo y que la mayoría lo hace “por necesidad”, no por elección. Los ingresos laborales en general se encuentran casi 25% por debajo de los niveles de 2017.
La reforma laboral como respaldo institucional a la precarización
En diciembre de 2025, el gobierno del presidente Javier Milei envió al Congreso el Proyecto de Modernización Laboral, que por primera vez creó la figura del “prestador independiente de plataformas tecnológicas”, excluido expresamente del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto significa que conductores y repartidores no acceden a indemnizaciones, vacaciones, aguinaldo ni licencias médicas. Tal como indica la investigación del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), más de un millón de personas obtienen ingresos de estas plataformas en Argentina, aunque solo una minoría las usa como fuente laboral principal.
Cuando una persona pierde su trabajo formal (con recibo de sueldo, aportes jubilatorios, obra social), normalmente enfrenta dos opciones. Una es registrarse como desocupado o buscar alguna actividad informal que le genere ingresos mientras tanto. La segunda opción se llama “empleo de refugio”, que no se trataría de un trabajo ideal, pero evita caer en el desempleo abierto.
Durante años, las plataformas digitales funcionaron como el refugio moderno y masivo para esos trabajadores. Alguien que perdía su empleo podía registrarse como conductor o repartidor en días, sin requisitos formales, y comenzar a generar ingresos. Esto amortiguaba el impacto social del ajuste económico y mantenía artificialmente baja la tasa de desocupación.
El mecanismo parecía funcionar en 2024, cuando el ajuste macroeconómico de la gestión de Milei comenzó a erosionar el empleo formal, aunque la tasa de desempleo no escaló tanto como se podría haber esperado, precisamente porque muchos trabajadores encontraron refugio en el cuentapropismo y las plataformas.
Pero ese sistema tiene un límite físico. Si hay demasiados conductores para la misma cantidad de pasajeros, o demasiados repartidores para los mismos pedidos, el ingreso de cada uno cae. Y eso es exactamente lo que ocurrió. En base al analista económico Pastrana, la oferta de trabajadores en las plataformas creció tanto que los ingresos reales por viaje o pedido bajaron considerablemente, precarizando el llamado “salario de reserva” —es decir, el mínimo ingreso que un trabajador acepta antes de preferir directamente no trabajar.
Un dato que ilustra la magnitud, es que en diciembre de 2025, un repartidor necesitaba completar 454 pedidos en promedio para alcanzar el costo de la Canasta Básica Total de un hogar de cuatro personas, según el “índice APP” de la Fundación Encuentro. Cuando el esfuerzo requerido es tan descomunal, el trabajo informal deja de ser un refugio atractivo y se convierte en una trampa de precariedad.
Paralelamente, el empleo asalariado privado registrado —la estadística más confiable y rigurosa del mercado laboral— acumularía siete meses consecutivos de caídas entre mayo y noviembre de 2025. En total, durante 2025 se perdieron más de 106.000 puestos asalariados (-1% interanual), con el sector privado explicando la mayor parte: -88.800 empleos. Si se amplía el horizonte, desde septiembre de 2023 hasta diciembre de 2025 se destruyeron muchos más puestos de trabajo.
Los sectores más golpeados son la industria manufacturera (casi 40.000 empleos perdidos en 2025) y comercio (22.600 puestos desde mayo). Inclusive sectores que se consideraban “ganadores” del nuevo modelo económico —agro, minería e intermediación financiera— comenzaron a destruir empleo en el segundo semestre de 2025.
La trampa del monotributo como válvula de escape
Como se mencionó anteriormente, para compensar la caída del empleo asalariado, el trabajo independiente (principalmente monotributo) creció un 3.8%, sumando 104.800 trabajadores. Esto ocultó la gravedad del problema en las estadísticas globales, porque el total de trabajadores registrados se mantuvo casi igual, pero cambió su composición hacia formas más precarias, sin cobertura médica completa, sin indemnización, sin aportes estables a la jubilación.
Este fenómeno explica por qué la tasa de desocupación del INDEC —que cerró 2025 en 7.5%, contra 6.4% en 2024— no refleja completamente la crisis. Una parte de los desempleados “reales” está encubierta en la informalidad. De hecho, la tasa de informalidad laboral alcanzó el 43% en el cuarto trimestre de 2025, con cuatro de cada diez trabajadores fuera del marco legal.
Pastrana establece una comparación con la década de 1990, que también tuvo un proceso fuerte de destrucción de empleo formal. La diferencia clave es el contexto, dado que en los 90´s había crecimiento económico (aunque desigual), lo que generaba capacidad de reabsorción laboral en otros sectores. Hoy, la economía argentina muestra estancamiento. El consumo interno cayó 1.4% interanual en diciembre de 2025, el crédito está paralizado y crece la morosidad. El gasto público cayó a su nivel más bajo en una década (entre 14.4 y 14.5% del PBI), con un recorte de 5.1 puntos porcentuales del PBI respecto a 2023.
Sin motores de demanda —ni consumo, ni gasto público, ni crédito— no hay sectores donde los trabajadores desplazados puedan reinventarse.
El programa económico liberal apostó a que la baja de la inflación —que llegó al 31.5% interanual en diciembre de 2025— recompondría gradualmente el poder adquisitivo y reactivaría el consumo. Pero Pastrana señala una tensión, si el consumo y el gasto público permanecen estancados, “las exportaciones e inversiones deberían crecer a tasas extraordinarias” para mover el PIB.De acuerdo a sus cálculos, una suba del 8% en esos sectores apenas se traduciría en un avance del 1.5% en el PIB total.
Los organismos internacionales son más optimistas. El FMI, el BID y el Banco Mundial proyectan un crecimiento del 3.8% al 4% para Argentina en 2026, atribuido principalmente a la normalización cambiaria, la continuidad del equilibrio fiscal y cierta recuperación de sectores exportadores. Pero más aún en esa estimación, el impacto en el empleo formal llegaría con rezago, y los trabajadores más vulnerables serían los últimos en sentir dicha mejora.
Para que el mercado laboral se estabilice, la baja de inflación debería ser suficientemente rápida y profunda como para recomponer salarios reales, estimular el consumo y generar incentivos genuinos de inversión que creen empleo formal. Sin ese círculo virtuoso, el desempleo seguirá escalando en los próximos trimestres.
La justicia de Bahía Blanca dictó una condena de tres años de prisión en suspenso paraFiorella Damiani,consejera escolar de La Libertad Avanza, tras quedar probado que denunció falsamente a dos hombres por una violación grupal en 2017. La sentencia, que permite a la funcionaria suspendida mantener su libertad, desató la indignación de las víctimas y de la fiscalía, que había solicitado nueve años de cárcel efectiva ante la gravedad del daño causado y la reiteración de las mentiras procesales.
Damiani junto a Carlos Kikuchi, armador nacional de LLA en 2023.
La prueba irrefutable y la burla judicial
El caso dio un vuelco irreversible gracias a la tecnología, ya que Joaquín Pereyra y Ezequiel Álvarez, los denunciados, que pasaron días detenidos basándose sólo en el testimonio de la ex-consejera mileísta, lograron salvarse gracias a videos que grabaron durante el encuentro sexual. Esos registros, protegidos bajo una clave personal, desmintieron el relato de la funcionaria: mientras ella alegaba haber sido drogada y forzada, las imágenes mostraron un acto consentido y una total lucidez de su parte.
El fiscal Mauricio Del Cero fue tajante al señalar que la mujer mintió al menos en tres oportunidades durante el proceso judicial. A pesar de la contundencia de las pruebas, el fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 1 permitió que Damiani regrese a su casa.
Damiani junto a Sebastián Pareja, diputado nacional de LLA y armador en Buenos Aires.
Joaquín Pereyra, uno de los damnificados que vio su vida paralizada por años, calificó la sentencia como una burla y un mensaje peligroso que otorga vía libre para mentir. La fiscalía y la querella ya confirmaron que apelarán ante Casación para que la condena sea de cumplimiento efectivo, denunciando que en el ámbito judicial local existe un sesgo que vulnera las garantías constitucionales de los hombres.
El impacto político no es menor: Damiani accedió a su banca como consejera escolar por La Libertad Avanza en 2023, pero fue suspendida tras el avance de la causa por falso testimonio agravado. Durante el juicio, su defensa intentó sostener que ella no recordaba lo sucedido debido al consumo de sustancias, pero los peritajes médicos y las filmaciones demolieron la estrategia. La funcionaria, que ocupaba un cargo de responsabilidad en la formación de jóvenes, quedó expuesta como el engranaje de una acusación fabricada que pudo terminar en una condena de décadas para dos inocentes.
Damiani junto a su abogado, Sebastián Martínez.
El patrón del daño irreversible
El caso Damiani no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón sistémico donde el escarnio público y la falta de presunción de inocencia suelen preceder a la verdad judicial; el fenómeno de las denuncias falsas ya ha dejado un rastro de sangre en Argentina.
En 2018, Agustín Muñoz se quitó la vida en Bariloche tras un escrache por una denuncia falsa; a pesar de que la denunciante admitió su mentira contra el muchacho de 18 años, el daño social ya era irreversible. En 2024, el docente Facundo Díaz tomó la misma decisión en Caleta Olivia tras ser blanco de una acusación sin pruebas en el jardín donde trabajaba. La lista de víctimas fatales se extendió hasta 2025 con la muerte de Thomas Pérez Ruiz, un joven peluquero de 18 años de Almirante Brown que no soportó el acoso derivado de un escrache por una falsa denuncia de abuso.
Estos casos exponen las consecuencias letales de un sistema que, en ocasiones, prioriza la condena social inmediata por sobre el rigor investigativo. Mientras la defensa de Damiani intenta minimizar el hecho, la fiscalía insiste en que la impunidad frente al falso testimonio es el combustible que alimenta estas tragedias. Se espera que el tribunal de alzada defina si la consejera libertaria deberá cumplir su deuda con la sociedad tras las rejas.
Thomas Pérez Ruiz, el joven de 18 años que se suicidó en 2025 por una falsa denuncia.
Para que el lector desprevenido entienda la magnitud del problema, primero debemos dar un contexto apropiado.
Ualá nació como la promesa de la inclusión financiera en Argentina, una aplicación móvil que permite gestionar gastos, pagar servicios y, fundamentalmente, obtener créditos de consumo de forma ágil, similar a Mercado Pago. Con el tiempo, la firma de Pierpaolo Barbieri dio el salto y se convirtió en Ualá Bank, un banco regulado por el BCRA que custodia los ahorros de millones de personas.
Sin embargo, lo que comenzó como una solución digital para quienes estaban fuera del sistema tradicional, hoy se transformó en una trampa de deuda y fallas operativas que ponen en riesgo el capital de sus usuarios.
El colapso de los números
La fachada de unicornio de Ualá se desmorona ante los datos del Banco Central: la morosidad en la aplicación ya alcanzó el 63,67%. Para el lector común, la cifra es demoledora: de cada $100 que la empresa prestó, casi $64 no están volviendo en tiempo y forma. Esta gestión de riesgo fallida evidencia un descontrol total sobre la cartera de créditos.
Para ser precisos, la crisis tiene dos caras: mientras que en el Ualá Bank (ex Wilobank) la morosidad es del 32,5%, en la aplicación móvil el descontrol es absoluto, alcanzando un 63,67% de carteras incobrables. Probablemente esta diferencia en la aplicación se deba al fenómeno del “pico y borro”: clientes que solicitan dinero y eliminan la aplicación para evadir el cobro, rompiendo una cadena de pagos que no registraba niveles tan críticos en 20 años.
Pierpaolo Barbieri (CEO de Ualá), Javier Milei y Niall Ferguson (historiador británico).
El volumen de deudores escala a 317.000 personas, de las cuales 100.000 están en mora. Es decir,1 de cada 3 usuarios que pidió un crédito, hoy no paga.
Mientras que la morosidad promedio de los bancos privados en Argentina ronda apenas el 9%, la fintech de Barbieri multiplica esa cifra por siete. Estamos ante un fenómeno marginal que el mercado tradicional no registra: una cartera “basura” que ya no responde a los estándares mínimos de salud financiera del país.
La propia empresa reconoció el naufragio de su política crediticia: las previsiones por incobrabilidad —el dinero que ya dan por perdido— se dispararon un 154% en el último año, superando los $119.000 millones.
Morosidad en la aplicación de Ualá y en el Ualá Bank.
Usuarios atrapados
La crisis saltó de los balances al celular. Miles de usuarios reportan un “corralito técnico”: es imposible transferir saldos o retirar ahorros. A esto se suman demoras de 48 horas para acreditar pagos de servicios, dejando familias sin luz o gas pese a haber pagado a término.
Esta parálisis afecta desde el consumo de comida hasta a pequeños comerciantes que ven su caja diaria retenida. Ante el miedo, muchos intentan diversificar sus fondos para protegerse de una plataforma que hoy muestra serias grietas operativas.
La trampa electoral del Gobierno
El origen de este colapso no es sólo técnico, sino profundamente político. Durante 2025, el Gobierno decidió aumentar drásticamente las tasas de interésde referencia del BCRA con un único objetivo electoralista: pisar la inflación y contener el dólarpara llegar con aire a las urnas. Esta medida, diseñada para el corto plazo, terminó convirtiéndose en una soga para el cuello de las familias argentinas.
Al mantener las tasas por las nubes, el costo de las deudas se volvió impagable para el consumidor promedio, cuyos ingresos no crecieron a la misma velocidad. Lo que el Gobierno presentó como una herramienta de estabilidad monetaria fue, en realidad, el motor que asfixió la capacidad de pago y disparó la morosidad en entidades como Ualá. Hoy, la economía paga la factura de una estrategia que priorizó el marketing político por sobre la salud del sistema financiero.
Pierpaolo Barbieri (CEO de Ualá) junto a Javier Milei.
El balance en rojo y un futuro incierto
Con una cartera de préstamos de $213.041 millones, la radiografía contable de Ualá Bank es crítica: al cierre de noviembre de 2025, el balance arrojó una pérdida acumulada de $87.451 millones.La presión sobre los depósitos de los ahorristas es una realidad que los números oficiales no pueden ocultar.
Para intentar frenar el incendio, la compañía anunció una inyección de US$195 millonesliderada por Allianz X. Si bien este capital busca sostener la estructura y financiar la expansión regional, no resuelve la desconfianza de un usuario que hoy no puede mover su dinero. Aunque se promociona esaa inyección global de Allianz X, la realidad para el ahorrista local es más modesta: sólo US$ 30 millones fueron destinados efectivamente a capitalizar la operación en Argentina.
En un escenario donde la cadena de pagos está rota, la solvencia técnica de un banco importa poco si el cliente pierde el acceso a sus propios ahorros.
STREAM] “Necesito estabilidad”: Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá, elogió “la baja de la inflación” que logró Milei, y tiene un “sueño”, que es “poder hacer hipotecas de 5 a 10 años” y que “el que no nace de dinero” no dependa “de una lotería del Estado”. 📹 @Forbes_es https://t.co/C79SqhAFRO pic.twitter.com/MBV8PA8Z9Y
La frontera norte de la República Argentina, específicamente el sector que delimita la provincia de Salta con el departamento boliviano de Tarija, atraviesa uno de los períodos de mayor erosión de la soberanía territorial en décadas. Este fenómeno responde principalmente a una compleja convergencia de expansión agrícola ilegal, desidia institucional histórica y la participación, en ocasiones explícita y en otras velada, de fuerzas de seguridad extranjeras en territorio nacional.
El Trementinal: la “anexión de facto” y el asedio a los pobladores
En el departamento salteño de San Martín, la comunidad Ava Guaraní de El Trementinal vive bajo un asedio territorial sistemático. Productores cañeros bolivianos ya consolidaron una ocupación de facto sobre 2.500 hectáreas de suelo argentino, convirtiendo selva nativa en plantaciones industriales sin control estatal. La cacica Natali Vásquez denunció que los invasores instalaron alambrados y portones en caminos comunitarios, bloqueando incluso el acceso al río Tarija.
La mecánica de la invasión es quirúrgica: durante el estiaje (cuando el río está “bajo”), cruzan el río con maquinaria pesada para ejecutar desmontes masivos en las Yungas, un ecosistema de altísimo valor biológico. Esta usurpación, que se intensificó por la falta de patrullajes y mantenimiento de mojones, ha dejado a las familias indígenas sintiéndose “encerradas en su propio país”.
Las Fuerzas de Bolivia contribuyendo en la invasión.
Ingeniería del contrabando y blindaje policial extranjero
El motor de la invasión es el mercado azucarero de Tarija. Se estima que 150.000 toneladas de caña producidas ilegalmente en Salta cruzan el río“a piso” cada temporada con destino al ingenio boliviano IABSA. Para asegurar este flujo, los usurpadores construyen escolleras y muelles de piedra que alteran la hidrodinámica del río Bermejo. Esta rudimentaria ingeniería busca desplazar la vaguada del río, criterio jurídico que define el límite internacional, para ejecutar una expansión territorial silenciosa.
La violencia es el brazo ejecutor. Productores extranjeros, a menudo armados, amedrentan a las familias guaraníes con disparos, machetes y matanza de animales para forzarlos al abandono de sus tierras ancestrales. La gravedad escala con la denuncia de la presencia de la Policía Marítima de Bolivia, que desembarca en riberas argentinas para proteger a los cañeros y amenazar con encarcelar en el país vecino a los referentes locales que intentan frenar el desmonte.
Cruce de Aguas Blancas.
Antecedentes y la “soberanía blanda” en el norte
La impunidad actual tiene raíces en precedentes de violencia militar. El 26 de octubre de 2010, una patrulla de 50 soldados del Ejército de Bolivia, al mando del coronel Willy Gareca, invadió el predio forestal “El Polvaredal” en Salta. Tras agredir a trabajadores argentinos, los militares sustrajeron maquinaria agrícola bajo la excusa de que el territorio les pertenecía. Pese a la crisis diplomática, el hecho se cerró con un sumario administrativo, alimentando la percepción de una frontera con “límites móviles”.
Esta erosión territorial se complementa con una estrategia de “soberanía blanda” en parajes como Abra de Santa Cruz. Ante la desidia del Estado argentino, Bolivia avanza construyendo escuelas y rutas en suelo nacional. La presión es institucional: se intima a los pobladores argentinos a adoptar la doble nacionalidad para acceder a educación o mantener el uso de sus tierras. A esto se suma el fraude electoral en localidades como Aguas Blancas, donde el padrón registra 5.700 electores para una población real de apenas 3.600 habitantes.
Foto de la invasión de 2010, dirigida por Willy Gareca.
La respuesta del Estado Argentino
Ante la gravedad de las denuncias, el Gobierno Nacional lanzó el Plan Güemes en Salta. El despliegue integra a 310 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval para patrullar el río Bermejo. La vigilancia suma tecnología crítica: drones de largo alcance, radares térmicos y helicópteros AgustaWestland AW169 para detectar maquinaria en las serranías de El Trementinal.
Complementariamente, el Ejército activó el Operativo Roca con el Regimiento de Monte 28 para tareas de apoyo logístico y vigilancia en áreas rurales. Bajo una política de “tolerancia cero”, el Ministerio de Seguridad busca incautar plantaciones ilegales y expulsar invasores sin residencia legal.El objetivo es restaurar la autoridad estatal en parajes donde la desidia permitió que extranjeros se sintieran “dueños de casa” en suelo argentino.
Tuit de la Senadora Nacional Patricia Bullrich, ex Ministra de Seguridad.
El intendente Mauricio Davico abrió, el pasado jueves 13, un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Gualeguaychú con un discurso atravesado por la reducción de tasas y la baja de la carga impositiva como principal marca de su gestión. En una intervención en la que también repasó obras, servicios y anuncios para 2026, el jefe comunal eligió colocar en primer plano el alivio al contribuyente, la administración austera de los recursos y la ejecución de inversiones con fondos municipales.
Desde el inicio buscó fijar ese encuadre. “Cuentas ordenadas, con inversión y con la menor carga impositiva posible para los contribuyentes”. Más adelante reforzó esa idea con otra definición de tono político: “Con total franqueza y seguridad puedo decirles que hoy tenemos un municipio económicamente ordenado. Sin excusas nos hemos adaptado a los nuevos tiempos austeros del gobierno provincial y nacional”.
El núcleo más fuerte del discurso pasó por la cuestión tributaria. Davico recordó que desde el inicio de su mandato el municipio eliminó cerca del 70% de las tasas existentes y sostuvo que esa orientación continuará durante este año. En ese marco, remarcó la reducción de la tasa sobre el consumo de energía eléctrica: “Esto implica que, en total, todos los contribuyentes van a ahorrar 2.000 millones de pesos”.
El intendente también anunció que en los próximos meses se implementará la boleta digital para las tasas municipales. “Este es el camino de la modernización y la digitalización del Estado”. Según explicó, esta medida generará un ahorro superior a los 100 millones de pesos anuales. Ese dinero será destinado específicamente a mejorar las calles.
También proyectó ese eje hacia lo que viene. “Seguiremos trabajando con esfuerzo para poder eliminar más tasas y bajar alícuotas que descompriman el bolsillo de los contribuyentes”.
En línea con la política austera que el gobierno nacional puso en agenda, el discurso intentó responder una objeción evidente frente a cualquier reducción de tasas: cómo sostener el funcionamiento del Estado mientras se aliviana la carga tributaria. “¿Cómo logramos eliminar tasas y a la vez adquirir equipamientos y hacer obras? Muy sencillo, cuidando la plata de los impuestos de los gualeguaychuenses”, señaló.
A partir de allí, el jefe comunal asoció la baja impositiva con una política de control del gasto y orden administrativo. Dijo que durante su gestión no se amplió la planta de personal municipal y destacó la implementación de controles biométricos para reducir ausentismo y mejorar la prestación de servicios. También aseguró que durante 2025 los salarios municipales superaron la inflación anual.
“No tenemos margen para descuidar los recursos del Estado. No estamos para obras sin sentido. Nuestro criterio es simple, enfocarnos en lo esencial”. Sobre esa base repasó distintas acciones en servicios públicos e infraestructura, entre ellas trabajos sobre el sistema de agua, obras cloacales, recambio de luminarias, modernización de la planta de asfalto y compra de maquinaria. “Son obras que muchas veces no se ven pero que mejoran la vida de los vecinos porque el voto de la gente nos puso acá para resolver problemas”.
Dentro del repaso de obras y equipamiento, Davico sostuvo que la inversión enmaquinaria superó los 2.187 millones de pesos y remarcó que fue realizada íntegramente con recursos municipales.
Otro pasaje con contenido político surgió al referirse a la reactivación de la obra hospitalaria, que atribuyó al compromiso del gobernador Rogelio Frigerio. En ese tramo, el jefe comunal apuntó contra una forma de hacer política asociada a anuncios prematuros y dejó una frase que recibió calurosos aplausos: “No va a haber inauguraciones por cadena nacional o para la foto o para la tribuna”.
El intendente también mencionó el avance hacia el dragado del río, el recupero de fondos de Salto Grande para obras en la ciudad y nuevos proyectos de infraestructura urbana.
La Cámara alta provincial avanzó con un proyecto que incorpora la actividad al Código de Convivencia y habilita sanciones, arrestos e intervención policial.
La destrucción del empleo formal golpea con fuerza a los sectores más intensivos en mano de obra. La sobreoferta de choferes y repartidores empuja a la baja la rentabilidad por viaje o pedido.
En la apertura de sesiones, el intendente entrerriano aseguró que los recortes de alícuotas implicarán un alivio de $2.000 millones para los contribuyentes y sostuvo que la implementación de la boleta digital liberará más de $100 millones anuales, que serán destinados a mejorar calles.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
