El ex automovilista Marcos Di Palma se quejó de los “paupérrimos” sueldos de los políticos argentinos
El ex piloto de carreras simpatizante del Frente de Todos comentó que, "un camionero gana más que un diputado" y agregó: "Me siento más representado por Alberto que por Macri".
10 Years Experiences
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Alejado del automovilismo y tras cumplir su período de diputado, el ahora militante kirchnerista Marcos Di Palma señaló: “Volvería a la política pero te lleva mucho tiempo y lo que no me gusta es que el sueldo es paupérrimo”. Luego de haber cumplido su mandato como legislador provincial en Buenos Aires, en diciembre de 2021, Marcos Di Palma reconoció: “Veo una Argentina compleja”.
“Volvería a la política porque tengo convicciones, es bueno que cada uno piense distinto”, lanzó y, sobre la política, señaló: “Te lleva mucho tiempo y lo que no me gusta es que el sueldo es paupérrimo, excepto cuando alguno chorea y ahí es fácil“.
Marcos Di Palma se quejó de los sueldos “paupérrimos” de la política: “Un camionero mío gana más que un diputado”https://t.co/ls2ulNSL0j
Siguiendo con su razonamiento, el ex diputado del Frente de Todos (FdT), expresó: “Por mí que le pongan pena de muerte a los políticos, paga bien y yo no hago ninguna cagada”. Acto seguido, ejemplificó con su ocupación actual: “Un camionero mío gana más que un legislador”.
En cuanto a otras definiciones políticas, manifestó: “Alberto Fernández por ahí no es santo de mi devoción, pero comparado con Mauricio Macri me siento más representado. Hasta por un caniche toy”.
@marcosdipalma sabés cuánto gana un médico y todo el personal de salud??? Los docentes? Los jubilados? Y sin ningún privilegio… pic.twitter.com/35LoLGbGvm
“Creo que Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner se levantan y matan a más de uno”, también expresó Di Palma con su particular estilo. “La gran mayoría de la gente labura 12 horas para no llegar siquiera a ser pobre. El 50 por ciento está debajo de eso”, reflexionó en la charla con Radio Mitre y dijo que para él “deberíamos tener un país con mucha más industria”.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
Desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023, la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur quedó bajo la órbita de Paola Iris Di Chiaro, militante mileísta.
Mediante el decreto 43/2024, Javier Milei oficializó el cargo de Paola Di Chiaro.
Sin embargo, en paralelo a su responsabilidad central en la defensa de los intereses nacionales sobre las islas australes, la funcionaria sostiene una participación activa en el sector privado a través de la Fundación Argentina Global, una entidad dedicada a la articulación de agendas internacionales, principalmente con Reino Unido.
Sitio web oficial de Cancillería Argentina: Di Chiaro continúa en su cargo.
La coexistencia de estos dos roles abre un debate ineludible sobre la ética pública y la coherencia en la conducción de la política exterior argentina.
Cuenta de LinkedIn de Di Chiaro, admitiendo abiertamente ser fundadora de Fundación Argentina Global y mantener un cargo dentro de la organización.
La red de vínculos con el Foreign Office
La Fundación Argentina Global, entidad cofundada por Di Chiaro, concentra gran parte de su actividad pública en la promoción de agendas internacionales y el establecimiento de vínculos con potencias extranjeras. Entre sus iniciativas más destacadas figura la organización y difusión conjunta de programas de liderazgo y becas de especialización junto a la Embajada del Reino Unido y el programa Chevening, orientado a la formación de personas en territorio británico.
Sitio web oficial de Fundación Argentina Global donde, junto a otros dos hombres, exponen a Di Chiaro como fundadora.
A pesar de la sensibilidad de la cartera que encabeza Di Chiaro —vinculada de forma directa con la defensa de los derechos soberanos en el Atlántico Sur—, los registros institucionales, perfiles profesionales vigentes y memorias de fin de año de la propia organización confirman que la secretaria mantiene un rol directivo ininterrumpido en la estructura de esta ONG, entrelazando la gestión de intereses diplomáticos extranjeros con el ejercicio de la función pública en el Estado argentino.
Página principal de la web de Fundación Argentina Global exponiendo visiblemente la conexión con la embajada británica y el sistema de becas.
Repercusión política
En el ámbito legislativo, esta superposición de roles motivó la presentación de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación impulsado por la diputada Agustina Propato (Unión por la Patria) —esposa de Sergio Berni— para exigir explicaciones formales sobre el alcance de estas actividades en paralelo a la función pública.
Tuit reciente de Fundación Argentina Global publicitando las becas y el acuerdo con la embajada de Reino Unido.
El texto solicita un detallado pedido de informes al Poder Ejecutivo —a través de la Cancillería— para que precise la vinculación actual de Paola Di Chiaro con la Fundación Argentina Global y el programa Chevening, evalúe posibles conflictos de intereses bajo la Ley de Ética Pública, informe si existe intervención o influencia del Foreign Office en su secretaría, detalle si hay personal formado por dicho organismo prestando servicios, y precise si la fundación o la funcionaria han recibido financiamiento o vínculos laborales con la diplomacia británica.
No se trata de webs “desactualizadas”, aquí publicaciones de Fundación Argentina Global en diciembre de 2025 en Instagram: Di Chiaro de negro, en el centro en ambas fotos.
Germán Díaz, concejal de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de Bragado, fue aprehendido tras un allanamiento en su vivienda de la localidad de O’Brien, sobre calle Rivadavia al 400.
La Policía Bonaerense secuestró restos de cocaína, flores de marihuana, elementos de corte y estiramiento (usados para adulterar y fraccionar droga), una balanza de precisión, un celular y una notebook. Con 52 años, Díaz quedó imputado por presunta comercialización de estupefacientes y permanece detenido a disposición de la Justicia.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°7 del Departamento Judicial de Mercedes, con la fiscal María Laura Cordiviola al frente, y cuenta con el aval del Juzgado de Garantías N°3. La causa fue caratulada como IPP N°7567-26 por comercialización de estupefacientes. Está previsto que Díaz sea trasladado este lunes a Mercedes para prestar declaración indagatoria, el primer paso formal donde podrá dar su versión de los hechos ante la fiscal.
Un dato central de la historia es cómo se construyó la causa. Según la información difundida, la investigación policial venía gestándose desde meses atrás, pero el punto de inflexión fue un encuentro comunitario con presencia del intendente municipal, donde vecinos señalaron directamente a Díaz como el presunto “dealer del pueblo”.
A partir de esa exposición pública, resultó clave la recolección de testimonios de múltiples consumidores locales, quienes habrían confirmado en sede policial la compra reiterada de sustancias al propio concejal. Este mecanismo —denuncias vecinales que empujan una causa ya latente— es habitual en pericias de microtráfico en localidades pequeñas, donde el boca a boca comunitario suele ser más eficaz que la inteligencia policial tradicional para identificar puntos de venta.
Díaz asumió como concejal en diciembre de 2023, siendo uno de los dos ediles que LLA obtuvo en Bragado en esa elección junto a Daniela Monzón, y llegó incluso a ocupar la vicepresidencia segunda del Concejo Deliberante local. Esto lo ubicaba como una figura de peso dentro del bloque libertario municipal, no un dirigente marginal.
El bloque de concejales de LLA en Bragado —integrado por Daniela Monzón (presidenta), Paola Alsina, Andrés Drunday y el consejero escolar Gabriel Blaiotta— emitió un comunicado desmarcándose de la situación personal de Díaz, remarcando que la cuestión “debe ser resuelta exclusivamente ante la Justicia” y que el bloque es “absolutamente ajeno” a la investigación, sin emitir valoraciones sobre su eventual responsabilidad.
— Comunicado oficial emitido por el Bloque de Concejales de LLA de Bragado
Además expresaron su “enérgico repudio” a cualquier hecho vinculado a la venta de estupefacientes, calificándola como “un grave flagelo para nuestra sociedad”. El presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Yaffaldano, convocó a una reunión de concejales para el martes por la mañana con el fin de evaluar institucionalmente la situación de Díaz, en el marco del Reglamento Interno y la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Clínicas y sanatorios privados de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa cortaron por completo la atención a los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) el 24 de agosto, algo que —según los propios prestadores— nunca había ocurrido, “ni en 2001”.
“Al gobierno no le importa. Quieren que las prestaciones las pague la gente, pero por ley no pueden hacerlo, entonces no hace nada. Nunca viví un mecanismo tan ridículo y tan dogmático de funcionamiento”, afirmó el dueño de un sanatorio. “Algunos profesionales dejaron de atender, entonces los afiliados de PAMI solo pueden ir a las urgencias. Es una situación muy perversa”, añadió.
Estas instituciones atienden a casi 300.000 jubilados de la región patagónica, donde PAMI representa entre el 25% y el 55% de sus prestaciones totales. La medida es la escalada final de un conflicto que se viene arrastrando desde febrero de 2026, con recortes progresivos que fueron endureciéndose mes a mes.
El corazón del conflicto sería puramente económico. Desde diciembre de 2023 los aranceles que PAMI paga a los prestadores subieron 130%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período superó el 300%, lo que implica una brecha del 75% entre lo que cobran y lo que necesitarían cobrar para empatar los costos.
Solo en lo que va de 2026, con una inflación acumulada de 19.3%, el Gobierno ofreció un aumento de apenas 6% a los prestadores, recién efectivo en octubre. Distintas cámaras del sector —como la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS)— hablan de un atraso arancelario superior al 100% respecto de diciembre de 2023, con incrementos recientes de únicamente 1.9% mensual, muy por debajo del índice de inflación del INDEC.
Andrés Sabalette, administrador del Sanatorio Juan XXIII de Río Negro, resumió el diagnóstico del sector: “No cubrimos costos y las brechas son insalvables”. Los prestadores explican que el sistema de “módulos” con el que PAMI paga —que incluye honorarios médicos, insumos, medicamentos y uso de quirófano— quedó completamente desactualizado frente al costo real de los materiales, hasta el punto de que algunos módulos “no alcanzan ni para cubrir el material descartable” que se usa en una práctica.
Desde febrero de 2026, la crisis comenzó a traducirse en una interrupción progresiva de las prestaciones. En ese mes se registraron las primeras suspensiones de prácticas programadas y ambulatorias debido a deudas impagas y a la falta de respuesta a los reclamos de los prestadores.
En abril, la situación se profundizó aún más con la suspensión de cirugías programadas en las cuatro provincias patagónicas, en reclamo de una recomposición del 70% que abarcó a 30 instituciones. Para junio, las restricciones alcanzaron las guardias, la recepción de derivaciones y la asignación de nuevos turnos en consultorios externos a nivel nacional.
— Andrés Sabalette, quien se desempeña como Gerente en el Sanatorio Juan XXIII, en General Roca, provincia de Río Negro
El proceso desembocó en un escenario inédito para los afiliados, con el corte total de las prestaciones por primera vez en la historia argentina. Esta evolución escalonada muestra que no se trata de una decisión repentina sino del punto final de casi siete meses de advertencias, negociaciones fallidas y medidas parciales que no alcanzaron para destrabar el conflicto.
Los intentos de solución
El PAMI, a través de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, ofreció incrementos de 1.9% para mayo y otro 1.9% para junio, cifras que el sector calificó de “inaceptables” frente a una inflación proyectada del 19% para el primer semestre. Más adelante, el ministro de Salud Mario Lugones habría “destrabado” un 1.9% adicional, pero según denuncian los prestadores esa promesa no se tradujo en pagos concretos.
— Esteban Leguízamo
En paralelo, existió un boletín oficial de PAMI que aprobó un aumento del 8% para ciertas prestaciones específicas (Centros de Día y Residencias de Larga Estadía) a partir de junio 2026, tomando como base los aranceles de diciembre de 2025, una cifra que —de todos modos— sigue muy por debajo de la inflación acumulada en ese lapso.
Esta crisis arancelaria coincidió, además, con la salida del exviceministro de Salud Guido Giana, cuya renuncia estuvo directamente vinculada al manejo de este conflicto, en un contexto que —según trascendió— casi terminó también con la salida del propio Lugones.
Un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA de los Trabajadores (IEF-CTAA) aporta el marco estructural detrás de estos cortes regionales. En el primer trimestre de 2026 las prestaciones de PAMI cayeron 41.3% en términos reales respecto al mismo período de 2025, mientras la deuda acumulada con médicos, clínicas y farmacias llegó a 500.000 millones de pesos (unos 370 millones de dólares).
— Guido Giana
El mismo relevamiento señala que el Tesoro nacional redujo drásticamente las transferencias a la obra social, de 0.5 billones de pesos en el primer trimestre de 2025 a 0.2 billones en el mismo período de 2026, con marzo de 2026 en cero transferencias. Esto ocurrió en simultáneo con un superávit fiscal primario de 6.8 billones de pesos en ese mismo trimestre, lo que alimenta la lectura de que el ajuste sobre PAMI forma parte de la estrategia de consolidación fiscal del gobierno del presidente Javier Milei.
El detonante estructural fue la eliminación del Impuesto PAIS en diciembre de 2024, un tributo que aportaba el 28% de la recaudación del PAMI. El Gobierno prometió cancelarla en varias etapas, pero terminó recurriendo a un mecanismo cuestionado, pagándole a las farmacias no con dinero en efectivo sino con Letras Capitalizables del Tesoro (LECAP), o sea, bonos con vencimiento a fin de julio. Esta modalidad generó fuertes críticas porque, sostuvieron, permitía “maquillar” el superávit fiscal trasladando el costo financiero a los propios prestadores, que además reclamaban un atraso arancelario superior al 100% respecto de diciembre de 2023.
El 9 de abril de 2026 el PAMI publicó la resolución 1107/2026, que modificó el esquema de pago a los médicos de cabecera, elevando el pago fijo mensual por paciente de 946 a 2.100 pesos, pero eliminó los adicionales por consulta presencial, visitas domiciliarias e incentivo al posgrado. El sindicato de la Asociación de profesionales de la salud (APPAMIA) reportó que esto implicaba, en la práctica, un recorte salarial del 50% para los profesionales, lo que desató una huelga de médicos y odontólogos de 72 horas ese mes que agravó aún más la falta de atención.
La protesta del jubilado
Este trasfondo numérico se traduce en historias concretas como la de un jubilado de 66 años que, en medio de un reclamo público, relató que pese a haber aportado 30 años y contar con cobertura de PAMI, enfrenta trabas para acceder a los controles anuales que necesita tras haber sido operado de próstata. Su frase de “me están dando vueltas para darme la atención” resume la experiencia de miles de afiliados que hoy se enfrentan a tres únicas alternativas cuando su clínica cierra la atención: pagar la consulta de forma particular, recurrir al sistema hospitalario público, o postergar el tratamiento.
Los afiliados denunciaron una cadena de recortes muy tangibles a lo largo del año. Demoras y suspensiones de tratamientos de alta complejidad, cobro de “plus” médicos no contemplados en la cobertura, dificultad para acceder a medicamentos gratuitos, y hasta la eliminación de actividades recreativas como clases de natación y gimnasia para adultos mayores. Una vecina de Mar del Plata, integrante de la Multisectorial de Jubilados, subrayó que “para operarnos cobran la anestesia y en varios lugares nos han cerrado la atención en cardiología, traumatología, dermatología y nutrición”. En paralelo, los haberes jubilatorios mínimos rondaban apenas los 400.000 y 450.000 pesos mensuales, una cifra que los propios beneficiarios calificaban de insuficiente para cubrir remedios y alquiler.
Cada vez habría menos trabajadores formales aportando al sistema mientras crece la población de jubilados, que además vive más años. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 411.613 puestos de trabajo registrados (una caída del 4,2%), lo que reduce los aportes que sostienen al organismo justo cuando más se necesitan. Sobre esto pesa además la Ley de Emergencia Sanitaria —vigente desde 2001 y prorrogada hasta diciembre de 2026— que protege a unos 5.000 prestadores privados de ejecuciones fiscales por sus propias deudas con el Estado, y cuya eventual no renovación podría agravar aún más el escenario.
A diferencia de las restricciones previas —que preservaron guardias y urgencias mientras recortaban turnos programados y cirugías electivas—, el corte anunciado para el 24 de agosto sería la primera suspensión total de cualquier tipo de prestación en la historia del sistema, incluyendo probablemente las urgencias en los establecimientos adheridos. Es un salto cualitativo respecto de las medidas de fuerza anteriores, y explica por qué los propios prestadores insisten en que “esto no pasó nunca, ni en 2001”, una referencia directa a la crisis económica y social más severa que atravesó la Argentina en las últimas décadas. El desenlace dependerá de si el aumento del 6% previsto para octubre —o el 1.9% adicional que Lugones habría comprometido— se concreta antes de esa fecha, o si la falta de respuesta empuja efectivamente a que las clínicas patagónicas ejecuten el corte total anunciado.
La organización conocida como Federación Familia Grande Hogar de Cristo, presidida por José María “Pepe” Di Paola, sacerdote católico y referente histórico de los curas villeros, con un estrecho vínculo orgánico con el kirchnerismo, celebró la resolución judicial que suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
La entidad religiosa estuvo a favor de la idea de que el sistema “no cuenta con la infraestructura edilicia, educativa y profesional necesaria para sostener los estándares mínimos que exige la normativa vigente”. Anteriormente, había promovido un hábeas corpus presentado el 31 de agosto en defensa de personas vinculadas con sus espacios, en el marco del debate sobre el régimen de imputabilidad juvenil a partir de los 14 años.
La presentación fue realizada por Gabriela Salicio, representante de una de las organizaciones integrantes de la Federación, con el patrocinio de la abogada Patricia Liguori.
— José María “Pepe” Di Paola, más conocido como Padre Pepe
La jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, hizo lugar a una medida cautelar dentro de ese hábeas corpus y suspendió preventivamente durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires. A su vez, ordenó fijar una audiencia multipropósito para el 16 de septiembre a las 10, convocando a autoridades que responden al gobernador bonaerense Axel Kicillof del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia para que informen qué medidas adoptaron, cuáles planean y en qué plazos.
La magistrada con treinta años de experiencia en protección infantil, sostuvo que “no sé trata de discutir la ley en abstracto”, con los dispositivos bonaerenses no estando en condiciones de recibir una población mayor sin riesgo para los derechos fundamentales. Su razonamiento se sustentó, entre otras normas, en la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de La Habana y las Reglas de Beijing.
Pascual remarcó que le parece “pésimo” que haya menores de 18 años que están tras las rejas, y volvió a justificar la suspensión por la falta de infraestructura y recursos para aplicar la ley.
— Marta Elba Pascual
Los defensores del fallo sostienen que un juez no necesita esperar a que ocurra el hacinamiento para proteger derechos, porque el hábeas corpus bonaerense cubre amenazas inminentes y el encierro de adolescentes exige estándares reforzados. La jurisprudencia interamericana ha considerado que el hacinamiento, la insalubridad y la falta de servicios en instituciones juveniles pueden vulnerar la integridad personal y los derechos especiales de la niñez.
“En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, afirmó la senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich en una publicación en su cuenta oficial de X, sumando cuestionamientos al propio funcionamiento “garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”.
Los críticos responden que una jueza de primera instancia no debería suspender en toda una provincia una ley penal nacional aprobada por el Congreso, particularmente mediante una estimación general sobre detenciones futuras. Usina de Justicia denunció a Pascual por presunta usurpación funcional y abuso de autoridad, alegando que el riesgo sería hipotético y que la decisión invade competencias legislativas.
En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad.Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando,… https://t.co/xCwsQmmOww
El fallo tiene un componente institucional relevante, siendo que la Ley 27.801 es nacional, pero su implementación cotidiana necesita jueces, fiscales, defensores, supervisores, centros, personal y programas que en gran medida dependen de cada provincia. El decreto reglamentario reconoce expresamente que la aplicación efectiva exige coordinación con las jurisdicciones provinciales y creó una Mesa Federal para ese fin.
El fallo no derogó la ley, no la declaró inconstitucional y no resolvió definitivamente la discusión sobre la edad de punibilidad en Argentina, solo buscó evitar que ingresaran más adolescentes al sistema bonaerense de encierro antes de verificar que existieran instalaciones, profesionales y programas adecuados.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó definitivamente el pasado miércoles, con 30 votos afirmativos y ninguno negativo, la derogación de la Ley 4.506, la norma que desde 1965 garantizaba una pensión vitalicia a quienes ocuparon la gobernación y la vicegobernación de la provincia. La votación puso fin a un régimen que llevaba 61 años de vigencia y que figuraba entre los más antiguos vinculados a la dirigencia política entrerriana.
La ley derogada establecía una prestación equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo. Por ello, quien había ejercido los cargos conservaba, hasta el final de su vida, tres cuartas partes del sueldo que percibía en funciones, sin que mediara ninguna otra condición que el haber ocupado ese lugar.
La iniciativa que terminó con ese esquema fue enviada por el Ejecutivo provincial en enero de 2024, apenas iniciada la gestión del gobernador Frigerio. El proyecto atravesó el tratamiento de ambas cámaras de la Legislatura, recibió modificaciones en el Senado y volvió a la Cámara baja.
— Gabriela Lena, diputada provincial
Frigerio y Aluani serán el primer gobernador y la primera vicegobernadora de Entre Ríos que completarán su mandato sin adquirir el derecho a cobrar el beneficio previsto por la legislación, que ahora quedó sin efecto.
En una publicación en redes, el mandatario ubicó la medida dentro de la política general de la administración: “Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos. Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”.
— Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos durante la sesión
La eliminación de las pensiones vitalicias se inscribe en una agenda que el Gobierno provincial puso en marcha desde diciembre de 2023.
En ese período, la gestión redujo prácticamente a la mitad los cargos políticos y eliminó un nivel completo de la estructura jerárquica del Estado. También terminó con los gastos reservados, avanzó sobre los sobresueldos y la acumulación de remuneraciones, redujo las adscripciones de personal y puso en marcha herramientas para transparentar la nómina estatal, los salarios y las declaraciones juradas de los funcionarios.
En la antesala de la visita de León XIV a la Argentina, el arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Sixto Rossi, lanzó unas duras declaraciones contra la gestión del presidente Javier Milei y cuestionó el impacto social de su política económica.
“Esa macroeconomía de la que no hablan y ese qué sé yo, no baja al plato”, afirmó Rossi durante una conferencia de prensa inesperada en Córdoba. En la misma línea, la Pastoral Social reivindicó la justicia social, en un claro cuestionamiento al modelo económico impulsado por el Gobierno.
“Cuando dicen ‘hemos sacado no sé cuántos millones de la pobreza’, no sé dónde los han puesto, creo que los han puesto a algunos en la miseria”, destacó Rossi sin negar literalmente que el índice de pobreza haya bajado.
Su ironía —“es cierto que los han sacado; la cosa es dónde los han puesto”— cuestiona que cruzar estadísticamente la línea de pobreza equivalga necesariamente a alcanzar una vida segura y digna. Una familia puede dejar de ser clasificada como pobre por superar apenas el valor de una canasta y, al mismo tiempo, continuar endeudada, trabajando informalmente, reduciendo consumos esenciales o sin capacidad para afrontar un imprevisto económico.
La intervención de su persona adquiere mayor peso por tres razones cruciales. Rossi es un jesuita nacido en Córdoba, arzobispo metropolitano de esa provincia desde 2021 y cardenal desde septiembre de 2023. Antes de llegar al episcopado creó la Fundación Manos Abiertas, dedicada a asistir a personas pobres y vulnerables, y abrió un hogar para personas en situación de calle; esa trayectoria ayuda a entender por qué suele leer la economía desde sus consecuencias sociales concretas.
Además, participó como elector en el cónclave de 2025 que eligió a Robert Francis Prevost como León XIV. Su relevancia no depende solamente de una supuesta cercanía personal con el actual Papa, sino que ocuparía un lugar importante en la Iglesia argentina y sería el anfitrión eclesiástico de una de las escalas más visibles del viaje. Rossi explicó que ya había conocido y tratado a Prevost en el Sínodo sobre la Sinodalidad, donde ambos integraron un grupo de trabajo por idioma, se sentaron en la misma mesa y compartieron unos dos meses de trabajo.
Córdoba será una escala de la visita papal a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, y sus afirmaciones convergen con un documento institucional de la Comisión Episcopal de Pastoral Social al término de la Semana Social 2026, hecho también en Córdoba bajo el lema de “Puentes hacia el Bien Común”. Por eso, aunque Rossi habló con un tono especialmente directo, la discusión excede de por sí su opinión personal y se conecta con la doctrina social católica y con una señal más amplia de la Iglesia argentina.
“No llega con los ojos vendados”, expresó Rossi, anticipando que el Papa encontrará un país “cascoteado” y consideró que su presencia puede contribuir a renovar la esperanza en medio de una situación social difícil, después de 39 años (la última fue de Juan Pablo II en 1987). Su primera gran gira por América Latina buscaría priorizar los países que el Papa Francisco no había visitado en su rol papal (Uruguay, Argentina y Perú).
— El Papa León XIV junto al cardenal y eclesiástico Ángel Rossi
El lunes 9 de noviembre, León XIV encabezará un homenaje especial a Francisco en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el mismo templo donde Jorge Bergoglio fue arzobispo por 15 años. Ubicó su recorrido por Córdoba para el 10 de ese mes, en la Santa Misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), con capacidad proyectada para 600.000 fieles.
Debido a la magnitud del evento, el Gobierno nacional ha creado tres comandos unificados que integran a la Policía Federal, Gendarmería y las fuerzas policiales de la Ciudad, de Buenos Aires y de Córdoba para blindar la seguridad del Pontífice. Asimismo, el Congreso y el Ejecutivo evalúan declarar días no laborables o asueto escolar y administrativo (especialmente el 9, 10 y 11 de noviembre) para ordenar el colosal movimiento de feligreses que llegarán desde todas las provincias.
— El Papa Francisco con Ángel Rossi
“Que hoy hablés de justicia social como inmoral y como aberrante, la verdad que es aberrante la frase”, subrayó Rossi, siendo que esta postura contraria al discurso oficialista es el “criterio estructurado” de la Iglesia Católica para obtener una vida estable, siendo que gracias a ella se dan “exigencias concretas de la dignidad humana” como el acceso al alimento, la vivienda, la educación, la salud y el transporte.
La Pastoral Social junto a su vez al trabajo en el centro de su diagnóstico. Lo definió como “el gran ordenador de la vida” y advirtió que la transformación tecnológica y el avance de la inteligencia artificial (IA) no deben relegar a la persona a una “variable de ajuste” en nombre de la eficiencia o el lucro.
Las armerías de toda la ciudad se quedaron sin stock durante agosto. “Cuando no había sprays, las mujeres andaban con cuchillos”, señalaron los comerciantes.
Los datos salen de un relevamiento de la Fundación Fundar sobre registros oficiales que ya acumula 17 meses de caída ininterrumpida en todas las provincias salvo Neuquén. Empresarios, industriales y diputados de distintos bloques se reunieron en el Congreso, convocados por Marcela Pagano, y reclamaron que se trate la Ley de Emergencia PyME.
El concejal platense Nicolás Morzone protagonizó un escándalo en el recinto al lanzar una arenga belicista por Malvinas y tildar de kirchneristas a los ex combatientes. Tras el repudio generalizado, intentó blindar al Gobierno exigiendo obediencia discursiva, a pesar de su propio historial de volantazos políticos.
Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires.
La magistrada reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones: “El Poder Judicial no…
