El ex automovilista Marcos Di Palma se quejó de los “paupérrimos” sueldos de los políticos argentinos
El ex piloto de carreras simpatizante del Frente de Todos comentó que, "un camionero gana más que un diputado" y agregó: "Me siento más representado por Alberto que por Macri".
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Alejado del automovilismo y tras cumplir su período de diputado, el ahora militante kirchnerista Marcos Di Palma señaló: “Volvería a la política pero te lleva mucho tiempo y lo que no me gusta es que el sueldo es paupérrimo”. Luego de haber cumplido su mandato como legislador provincial en Buenos Aires, en diciembre de 2021, Marcos Di Palma reconoció: “Veo una Argentina compleja”.
“Volvería a la política porque tengo convicciones, es bueno que cada uno piense distinto”, lanzó y, sobre la política, señaló: “Te lleva mucho tiempo y lo que no me gusta es que el sueldo es paupérrimo, excepto cuando alguno chorea y ahí es fácil“.
Marcos Di Palma se quejó de los sueldos “paupérrimos” de la política: “Un camionero mío gana más que un diputado”https://t.co/ls2ulNSL0j
Siguiendo con su razonamiento, el ex diputado del Frente de Todos (FdT), expresó: “Por mí que le pongan pena de muerte a los políticos, paga bien y yo no hago ninguna cagada”. Acto seguido, ejemplificó con su ocupación actual: “Un camionero mío gana más que un legislador”.
En cuanto a otras definiciones políticas, manifestó: “Alberto Fernández por ahí no es santo de mi devoción, pero comparado con Mauricio Macri me siento más representado. Hasta por un caniche toy”.
@marcosdipalma sabés cuánto gana un médico y todo el personal de salud??? Los docentes? Los jubilados? Y sin ningún privilegio… pic.twitter.com/35LoLGbGvm
“Creo que Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner se levantan y matan a más de uno”, también expresó Di Palma con su particular estilo. “La gran mayoría de la gente labura 12 horas para no llegar siquiera a ser pobre. El 50 por ciento está debajo de eso”, reflexionó en la charla con Radio Mitre y dijo que para él “deberíamos tener un país con mucha más industria”.
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En junio de 2026, el Ejército Argentino implementó la Orden Especial JEMGE Nro. 113/26 (Anexo 6), firmada por el teniente general Oscar Santiago Zarich y el general de brigada Roberto Martín Baroni. Este severo códigoregula la conducta digital en plataformas como Facebook, Instagram, X y WhatsApp, aplicando una fiscalización punible sobre las cuentas particulares de oficiales, suboficiales, soldados y, de manera muy controvertida, del personal civil de la institución.
La normativa prohíbe, taxativamente, la difusión de quejas, reclamos y/o manifestaciones públicas, obligando a tramitar toda inquietud por los conductos oficiales. El control digital avanza sobre las interacciones cotidianas al equiparar normativamente un simple “me gusta” (like) a publicaciones críticas o satíricas con una declaración formal de inconformidad, expandiendo la responsabilidad disciplinaria al comportamiento pasivo y prohibiendo el reenvío de información de la prensa civil.
Karina y Javier Milei junto a Carlos Presti, Ministro de Defensa.
Esta dureza busca ocultar el colapso material y operativo de la defensa nacional, donde gran parte del personal percibe salarios por debajo de la línea de la pobreza que obligaron a autorizar el pluriempleo. Al ahogo presupuestario se suman deficiencias en la obra social IOSFA y crisis extremas como el reciente corte de luz en instalaciones clave por deudas impagas superiores a los 60 millones de pesos, funcionando la directiva como una mordaza ante un personal sin derecho a huelga.
Anexo 6 de la Orden Especial JEMGE 113/26 publicada, gentileza de Real Politik.
La mordaza digital expone una contradicción brutal y un patrón sistémico de verticalismo en el poder, chocando de frente con las promesas de libertad y aceptación del disenso que pregona el presidente Milei. La realidad de la gestión contradice el relato oficial y se alinea con las confesiones explícitas de la primera línea oficialista: la senadora Florencia Arietto advirtió que en este proyecto “no hay lugar para librepensadores”, mientras que la hermanísima secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sentenció que las decisiones del Gobierno no se cuestionan, una postura que el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encargó de replicar y convalidar.
El incendio de la región del Cafayate, provincia de Salta, es la demostración clara de acción provocada donde el fuego —originado por la mano humana— destruyó con una intensidad sin precedentes en contextos de cambio climático y recortes presupuestarios al sistema de manejo del fuego.
El fuego se inició el 7 de junio de 2026 en los límites de la Finca El Monte S.A., un predio ubicado en las inmediaciones del aeródromo de Cafayate, sobre la Ruta Nacional 68, en los Valles Calchaquíes. El incendio fue contenido inicialmente el 13 de junio, pero se reactivó días después cuando las ráfagas del viento Zonda —que superaron los 70 km/h— lo reavivaron con violencia. Hasta el 21 de junio, el foco seguía activo, con un total de más de 200 hectáreas arrasadas de bosque nativo y pastizales protegidos.
“La característica de este incendio es que tenemos muchos focos subterráneos, lo que hace dificultoso el control. Hay mucho sistema radicular y muchos árboles caídos. Todo el sector del incendio fue sobre bosque nativo, sobre todo algarrobo, una especie muy longeva y de crecimiento muy lento. Fueron pérdidas totales y es lamentable”, explicó con crudeza el subsecretario de Defensa Civil de Salta, Ignacio Vílchez.
En el operativo intervinieron brigadistas de Defensa Civil, bomberos voluntarios de Cafayate, personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, policías provinciales, dos aviones hidrantes y camiones cisterna.
Desde el primer día hubo señales que apuntaban a un origen deliberado. La intendenta de Cafayate, Rita Valeria Guevara, presentó una denuncia formal el 9 de junio ante la fiscalía penal local. La denuncia señalaba que no era la primera vez, ya que en ese mismo predio ya había sido afectado por un incendio en mayo, apenas semanas antes, lo que llevó al municipio a plantear la presunción de intencionalidad.
La fiscal penal Sandra Rojas abrió una investigación para determinar si hubo “causas naturales, acción negligente o una conducta intencional susceptible de configurar el delito de estrago”. Vecinos de la zona declararon haber visto personas desconocidas merodeando la zona del aeródromo y del parque de paneles solares antes del inicio del fuego, y testigos señalaron de manera coincidente las maniobras de un vehículo particular en los límites del predio. La fiscalía también solicitó peritajes satelitales para establecer las coordenadas exactas del punto de ignición.
La empresa propietaria del terreno, Finca El Monte S.A., tiene domicilio legal en Uruguay 1037, Ciudad de Buenos Aires, y sus socios identificados incluyen a Augusti Aiello, Luis Correas, Alfredo Mattei, Juan José Case y Francisco Lávaque. El hecho de que se trate de una empresa con sede porteña propietaria de tierras en una zona protegida de alto valor ecológico alimentó las sospechas de la comunidad local sobre una posible motivación vinculada al uso del suelo o la especulación inmobiliaria.
Ante la magnitud del desastre, el Concejo Deliberante de Cafayate aprobó en sesión especial la Declaración de Emergencia Ambiental por Incendios Forestales en todo el departamento, con una vigencia de 18 meses. La ordenanza reconoce explícitamente que la gravedad supera la capacidad técnica y financiera del municipio, y faculta al Ejecutivo local a prorrogar el estado de emergencia por un plazo idéntico si persisten las condiciones de riesgo.
El artículo 1° de la resolución se enmarca en el artículo 165° de la Ley 7070 de Protección del Medio Ambiente de Salta, que establece que “toda catástrofe ambiental faculta a declarar la zona de influencia bajo estado de emergencia ecológica o ambiental”. El municipio solicitó fondos extraordinarios no reembolsables al gobierno provincial para cubrir los gastos del combate del incendio y financiar la remediación ambiental.
El valor ecológico del algarrobal que se perdió
Lo que se quemó no es cualquier vegetación. El ecosistema de los Valles Calchaquíes en Cafayate está compuesto principalmente por bosques nativos de algarrobo, una de las especies más estratégicas del noroeste argentino. El algarrobo es una especie clave, donde bajo su cobertura se moderan las temperaturas extremas, se reduce la evaporación y se redistribuyen las precipitaciones. Sus raíces fijan nitrógeno al suelo y sus bosques funcionan como “islas de fertilidad”, protegiendo el suelo de la erosión eólica e hídrica.
Estas características hacen del algarrobal la mejor defensa natural contra la desertificación en zonas áridas. Además, el bosque nativo cumple un rol cultural e histórico irremplazable en la región calchaquí. Sus frutos han sido fuente de alimento, bebidas tradicionales y artesanías gastronómicas desde tiempos prehispánicos. El problema es que el algarrobo es, como describió la propia Defensa Civil, de “crecimiento muy lento” y recuperar un bosque maduro de algarrobos tomará décadas, y si los incendios son recurrentes, los árboles perderán su capacidad de regeneración natural y producción de semillas.
La última temporada primavera-verano (octubre 2025 – marzo 2026) dejó una huella devastadora en la Patagonia argentina, dejando casi 70.000 hectáreas de bosque andino patagónico quemadas a causa de cuatro súper incendios. Greenpeace, mediante imágenes satelitales, estimó que la cifra alcanzó 60.845 hectáreas solo en bosques andino-patagónicos, concentradas principalmente en Chubut (60.304 ha), lo que equivale a una superficie equivalente a tres ciudades de Buenos Aires. Esto representó el doble de lo quemado en la temporada anterior, y diez veces el promedio de los años 2022–2024.
La situación fue tan grave que el actual presidente Javier Milei declaró el estado de emergencia y zona de desastre en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa en febrero de 2026. En el Parque Nacional Los Alerces (Chubut), un incendio atribuido a la caída de un rayo destruyó 20.000 hectáreas, en Puerto Patriada, otro superó las 23.000 hectáreas afectando hogares en Epuyén y El Hoyo. La Justicia de Chubut confirmó la presencia de restos de combustible en el punto de inicio del incendio patagónico, lo que también apunta a intencionalidad.
Los científicos son contundentes al señalar que el cambio climático no provoca los incendios por sí solo, pero crea las condiciones para que sean catastróficos. Un informe de World Weather Attribution determinó que el norte patagónico vivió en enero de 2026 el mes más seco en 25 años, y que esa “crisis de aridez” fue intensificada por las emisiones de gases de efecto invernadero. La región es hoy entre un 20% y un 25% más seca que en un mundo sin combustibles fósiles.
El meteorólogo Santiago Ignacio Hurtado detalló el fenómeno y destacó que hubo una disminución de agua disponible del 20-30% en algunas zonas y hasta 40% en el acumulado anual, combinada con un aumento de temperatura en verano de 1 a 1.5 grados. En Esquel se registraron 11 días consecutivos de temperaturas máximas extremas, el segundo período más prolongado en 65 años, en El Bolsón el 5 de enero de 2026 se alcanzaron 38.4°C, la temperatura más alta de enero desde que existen registros. Los incendios de “nueva generación” se caracterizan por propagarse de manera subterránea, por sistemas radiculares, lo que los hace especialmente difíciles de controlar —exactamente lo que describieron los brigadistas en Cafayate.
El recorte presupuestario
El límite entre lo “irreversible” y lo “inevitable” pasa por las decisiones políticas. De acuerdo al análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el gobierno de Milei consolidó un ajuste real del 70.7% en el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) respecto a 2023. En el Presupuesto 2026, la partida del SNMF fue fijada en apenas $20.131 millones, una caída real del 53.6% respecto a 2025 y del 68.9% respecto a 2023.
A esto se sumó la subejecución. En 2025, apenas se usó el 48.2% del presupuesto inicial, dejando sin ejecutar casi $20.000 millones que podrían haber fortalecido la infraestructura, el equipamiento y la capacitación de brigadistas. El gobierno además disolvió el Fondo Nacional de Manejo del Fuego mediante el Decreto 463/2025 en julio de 2025, eliminando el mecanismo de financiamiento automático preventivo. Hernán Giardini, de Greenpeace, comparó el enfoque del Estado con “intentar apagar tu casa incendiada con un vaso de agua”.
La Ley Nacional 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos —conocida como Ley de Bosques— establece presupuestos mínimos para el enriquecimiento, restauración, conservación y manejo sostenible de los bosques nativos en categorías de protección. Los bosques de los Valles Calchaquíes se encuentran en categorías de alta protección, donde las quemas a cielo abierto están expresamente prohibidas.
El propio documento del Concejo Deliberante de Cafayate argumentó que los incendios ocurrieron “violando de manera flagrante las prohibiciones expresas de quemas a cielo abierto fijadas por la normativa ambiental de Salta”. Organizaciones ambientales llevan años señalando que la ley es sistemáticamente vulnerada mediante tres mecanismos. La recategorización de zonas protegidas a categorías de menor resguardo por parte de los gobiernos provinciales, los desmontes ilegales, y los incendios “accidentales” o intencionales como forma encubierta de desmonte. La investigación en Cafayate, con una empresa urbana como propietaria de tierras protegidas y dos incendios en el mismo predio en el lapso de un mes, encaja en ese patrón.
A un mes de la salida de Roberto Baradel de la conducción del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), los gremios docentes decretaron el primer paro directo contra la gestión del gobernador Axel Kicillof. Se trata de la segunda medida de fuerza del año, siendo que la primera en marzo, había sido enmarcada en una protesta de carácter nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
“Rechazamos el desfinanciamiento de la educación técnica pública, inclusiva y de calidad”, se informó en un comunicado del SUTEBA.
✋🏻 PARO PROVINCIAL DOCENTE🗓️ 3️⃣0️⃣ DE JUNIO#SomosSUTEBA pic.twitter.com/RghjMzVdfw
Cuatro de los cinco gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocaron al paro de 24 horas. Entre los sindicatos se encuentran la SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). Solo el sindicato de docentes privados (SADOP) no adhirió.
Lo verdaderamente histórico es que es la primera huelga exclusivamente dirigida contra la gestión de Kicillof desde que asumió en diciembre de 2019. El primer paro del año había sido enmarcado en una protesta contra las políticas educativas del gobierno del presidente Javier Milei. Este, en cambio, apunta de lleno a La Plata.
Para entender la novedad de este paro, hay que entender quién fue Baradel durante dos décadas. Secretario general de SUTEBA desde 2004, Baradel fue uno de los sindicalistas más cercanos políticamente a Kicillof y al kirchnerismo en general. Su liderazgo significaba que el principal gremio docente actuaba como un amortiguador de conflictos con el gobierno provincial, siendo que las bases podían estar descontentas, pero la conducción frenaba las medidas de fuerza directas contra el gobernador.
En marzo de 2026, Baradel anunció que no se presentaría a las elecciones internas de SUTEBA, poniendo fin a casi 20 años al frente del gremio. La lista oficialista que él impulsó llevó como candidata a la secretaria adjunta María Laura Torre, quien ganó las elecciones realizadas el 13 de mayo. Baradel continuará en el sindicalismo nacional como adjunto de CTERA, pero dejó de ser el interlocutor privilegiado del gobierno bonaerense en materia educativa.
— Baradel junto María Laura Torre, en la jornada de protesta de la CTERA
Su salida no fue casual ni cómoda, ya que llegó con los salarios docentes corriendo por detrás de la inflación y con un malestar creciente en las bases que se convirtió en una “encrucijada de compleja resolución” para su liderazgo.
La crisis salarial acumulada
El deterioro del poder adquisitivo docente tiene varias capas. Uno de los principales factores fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), dispuesta por el gobierno de Milei a través del DNU 280/2024, que dejó de abonarse desde diciembre de 2023. La medida implicó una reducción de entre $20.000 y $28.000 mensuales por cargo, equivalente a alrededor del 10% del salario docente. De acuerdo con SUTEBA, un trabajador con dos cargos acumuló una pérdida cercana a los $4 millones en el plazo de un año y medio.
“Necesitamos sentarnos de manera urgente con la Provincia para recomponer los salarios docentes que quedaron muy rezagados”, afirmó Liliana Olivera, titular de la FEB.
En la provincia de Buenos Aires, la administración de Kicillof buscó compensar parcialmente esa quita mediante la creación de una “Compensación FONID/Conectividad” de $28.700, acordada en la paritaria de marzo de 2026. Sin embargo, el adicional tiene carácter no remunerativo y no bonificable, por lo que no se incorpora al cálculo del aguinaldo, la antigüedad ni la jubilación, además de carecer de un mecanismo de actualización automática.
A esa situación se sumó la falta de avances en la negociación salarial. La última reunión paritaria se realizó el 12 de junio y, desde entonces, el Ejecutivo bonaerense no presentó una nueva propuesta con porcentajes de aumento. En consecuencia, los salarios de junio fueron liquidados sin incrementos, una situación que también impacta de manera directa en el cálculo del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre.
El conflicto salarial ya había comenzado a comienzos de año, cuando la oferta inicial del Gobierno provincial consistió en un aumento del 1.5% para enero, rechazado por los sindicatos por considerarlo insuficiente. Posteriormente, en marzo, las partes acordaron un incremento del 7.5% en dos tramos, aunque los gremios sostienen que esa actualización resulta insuficiente para revertir la pérdida acumulada del poder adquisitivo.
La violencia en las escuelas
El segundo eje del paro es el aumento sostenido de episodios de violencia en los establecimientos educativos bonaerenses. En la semana previa al paro, se registraron casos en Moreno (una madre golpeó a una docente y a la directora), y en el primer trimestre del año hubo incidentes graves en Bahía Blanca, Mar del Plata y Zárate, que incluyeron peleas con fracturas, ataques con gas pimienta y amenazas con armas blancas.
Los gremios exigen la implementación plena del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación —ya acordado pero no ejecutado—, y un protocolo complementario, además de la aplicación efectiva de legislación vigente para sancionar agresiones en el ámbito escolar.
Este paro representa un quiebre en la alianza estratégica entre el kirchnerismo bonaerense y el sindicalismo docente, que duró más de siete años. Con una nueva conducción en SUTEBA que ya no tiene la misma obligación política de proteger al gobernador, y con las bases presionando por recuperación salarial real, la nueva secretaria general Laura Torre enfrenta su primer gran desafío, que es negociar en junio con una deuda salarial acumulada y la presión de la izquierda sindical, que disputó seccionales en las últimas elecciones internas y buscará capitalizar el descontento.
Los gremios ya advirtieron que de no haber una convocatoria a paritarias con una propuesta concreta en el corto plazo, no se descartan nuevas medidas de fuerza indefinidas. El gobierno bonaerense, a su vez, usa como escudo el argumento del “ahogo financiero” que le impone el gobierno nacional, intentando redirigir parte del conflicto hacia Milei.
Marcela López no llegó al Concejo Deliberante de La Quiaca por peso propio ni por una vocación de defensa del suelo argentino. Su banca es el resultado directo de una estructura subordinada a la figura de Gustavo “Chavito” Farfándentro del armado provincial de Cambia Jujuy, la maquinaria electoral que lideró Gerardo Morales. Lejos de representar una renovación con valores firmes, López opera como un engranaje menor de un diseño político transversal que utiliza sellos vecinales para acaparar cargos en el norte de nuestra frontera, sin un compromiso real con la soberanía cultural del país.
– Marcela Silvana López junto a Gustavo “Chavito” Farfán en un evento convocado por ambos.
La verdadera terminal política de esta dupla es Carlos Haquim, un dirigente de frondoso prontuario en el arte de la supervivencia y el camaleonismo estatal. Antes de reciclarse y mantenerse durante ocho años como vicegobernador de Morales en Jujuy, Haquim fue funcionario durante la presidencia Cristina Fernández de Kirchner. Su permanencia en las filas del esquema nacional kirchnerista se estiró sin culpa hasta el 10 de diciembre de 2015, sosteniendo el modelo K antes de saltar de bando para transformarse en el actual armador de la pata peronista disidente del radicalismo jujeño, demostrando una total falta de arraigo a banderas ideológicas o nacionales claras.
– Carlos Haquim hablando en el evento convocado por Farfán y López.
Retomando con la edil, el desembarco definitivo de López en el Concejo Deliberante de La Quiacase produjo a comienzos de junio de 2026, tras meses de una parálisis institucional cruzada por disputas feroces en torno a las cajas municipales y la falta de rendición de balances. Sin embargo, en lugar de honrar la representación del pueblo argentino y priorizar las urgencias que reclamaban los vecinos en las calles, la llegada de la edil a la banca marcó el inicio de una agenda legislativa con prioridades completamente distorsionadas, más ocupada en complacer agendas difusas que en defender la identidad y la realidad de la frontera.
“Chavito” Farfán entregando sus premios “El Chavito” junto a un Chavo del 8 peronista.
El delirio de la Patria Grande
La Fiesta Nacional de los Estudiantes no es un festejo vecinal ni un evento de fronteras abiertas, es un patrimonio cultural profundamente federal, denominado “Nacional” por una ley del Congreso de la Nación y consolidado como una celebración argentina donde confluyen y compiten delegaciones escolares de múltiples provincias de nuestro país. El arraigo histórico de los carroceros y la autonomía que la juventud argentina tiene en su organización son pilares de una festividad que hace a la identidad de nuestro suelo.
Sin embargo, obviando toda lógica soberana, una de las primeras medidas oficiales de la concejal Marcela López al asumir su banca fue presentar un polémico proyecto con el indiscutible sello tácito de la “Patria Grande”. La iniciativa pretendía incorporar de prepo a delegaciones de estudiantes de una localidad de Bolivia, intentando desdibujar el carácter eminentemente argentino de la fiesta bajo la burda excusa de la cercanía geográfica y la integración regional.
Desfile de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
La movida internacionalista no sólo chocó de frente con el patriotismo local, sino también con la verdad. Para intentar justificar el tratamiento del proyecto en el recinto, López mintió descaradamente al asegurar que la iniciativa ya había sido consensuada y contaba con el aval de los organizadores del evento.La respuesta de la Comisión Estudiantil local fue fulminante: salieron a desmentir públicamente a la concejal en la cara, expusieron la falsedad de sus dichos por haber legislado a sus espaldas y le archivaron el proyecto por unanimidad, dándole una lección de civismo a la edil de Cambia Jujuy.
El Gobierno confirmó este jueves la adjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal (más conocida como Hidrovía) al consorcio que integran la empresa belga Jan DeNul y su socia argentina Servimagnus.
Se trata de la privatización más grande de la gestión de Javier Milei: 25 años a cargo del dragado, el mantenimiento y la señalización del río Paraná, la principal salida al Atlántico del comercio exterior argentino.
Para dimensionar lo que estaba en juego, los especialistas en comercio exterior recurren a una comparación: la Hidrovía es, para la Argentina, lo que el Estrecho de Ormuz representa para el petróleo del mundo. Un cuello de botella estratégico cuyo control define quién cobra, quién exporta y, en buena medida, cómo circula la riqueza del país. Por sus aguas sale el 80% de las exportaciones de granos y derivados, el 95% del transporte de contenedores y la totalidad de los embarques de la industria automotriz. En el corazón de ese sistema, sobre el Gran Rosario, entre Villa Constitución y Timbúes, casi 30 terminales portuarias forman el segundo complejo agroexportador más grande del planeta, detrás del de Nueva Orleans. Solo en 2025, los barcos que navegaron por esa traza movieron US$ 52.337 millones en exportaciones agroindustriales, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
La decisión quedó formalizada en la resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada en el Boletín Oficial. Con ella el Ejecutivo cerró un proceso que llevó más de un año y medio y dio por concluida la etapa más importante de su programa de privatizaciones. La Vía Navegable Troncal tiene 1.635 kilómetros y concentra el mayor movimiento portuario y productivo del país, con cerca de 60 terminales a lo largo de su recorrido.
El beneficio que el Gobierno puso por delante es una baja inicial del 13,5% en el peaje: de los 4,30 dólares por tonelada de registro neto vigentes a 3,80 dólares, hasta que se ejecuten las obras de profundización del dragado. Esa rebaja implicaría un ahorro de entre 35 y 40 millones de dólares anuales para el sector productivo en la primera etapa. Luego la tarifa subirá a 4,65 dólares y terminará en 5,78.
CÓMO SE DEFINIÓ LA LICITACIÓN
La compulsa terminó con un empate en la oferta económica. Jan De Nul-Servimagnus y la también belga DEME (siglas en inglés de Dragado, Ingeniería Ambiental y Marina) ofertaron la tarifa mínima fijada en el pliego: 3,80 dólares por tonelada. Al ser idéntico el precio, la definición pasó al terreno técnico, y allí Jan De Nul sacó ventaja por su experiencia previa, ya que había tenido la concesión entre 1996 y 2021 y siguió con contratos provisorios mientras el Estado administró la vía. En esa evaluación obtuvo 66,20 puntos contra los 42,14 de DEME.
El origen de esa experiencia se remonta a tres décadas atrás. En 1995, el gobierno de Carlos Menem adjudicó, mediante el Decreto 253/95, el dragado y balizamiento del Paraná a Hidrovía S.A., un consorcio formado en partes iguales por Jan De Nul y la argentina EMEPA. La concesión se pactó por diez años, pero se prorrogó de manera sucesiva hasta 2021. Durante el gobierno de Mauricio Macri no hubo una nueva licitación, porque ese contrato seguía vigente; la gestión de su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se limitó a preparar pliegos y estudios para una futura concesión. Al vencer el contrato en 2021, el gobierno de Alberto Fernández dispuso, mediante el Decreto 427/2021, una administración transitoria en manos de la Administración General de Puertos (AGP), prorrogable hasta que una nueva licitación definiera al adjudicatario. Esa etapa estatal es la que ahora llega a su fin.
– Pieter Jan De Nul, Country Manager de Jan de Nul Argentina
El camino hasta esta adjudicación no fue lineal. La primera licitación de la gestión Milei, lanzada entre fines de 2024 y febrero de 2025, colapsó: terminó con una sola oferta (la de DEME) en medio de denuncias del PRO y la Coalición Cívica por presunta corrupción y direccionamiento, y con un dictamen negativo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía anticorrupción. El Gobierno declaró nulo aquel proceso y lo reencauzó con un nuevo pliego.
En esta segunda vuelta, en cambio, la adjudicación contó con el visto bueno de casi todos los actores, en especial los usuarios de la Hidrovía (los exportadores) y las provincias. No por eso estuvo exenta de tensiones: hubo cruces mediáticos, lobby, presiones diplomáticas y una denuncia de la brasileña DTA Engenharia por presunto direccionamiento, que no prosperó. El Gobierno remarcó que no hubo impugnaciones formales del competidor que quedaba en pie, DEME, y la Justicia rechazó las denuncias que intentaron frenar la licitación.
LAS CIFRAS DEL NEGOCIO
El dragado, la señalización y el mantenimiento de la Vía Navegable Troncal constituyen un negocio estimado en 15.000 millones de dólares de ingresos para el operador a lo largo de los 25 años, con un plan de inversión de 10.000 millones.Según los cálculos oficiales, Jan De Nul tardará unos 7 años en obtener ganancias y 13 en recuperar sus inversiones, dado que deberá desembolsar entre 100 y 160 millones de dólares anuales durante los primeros seis años de la licencia.
Los peajes que se cobran a los exportadores (y que estos trasladan a los productores como un descuento en el precio de compra de granos y otros productos) generarían ingresos iniciales por unos 289 millones de dólares, que crecerían hasta los 389 millones en el año seis y saltarían luego a 517 millones. El contrato contempla obras de profundización, modernización de la señalización e incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico.
Todo se hará a riesgo empresario y sin aval del Estado, que conserva el rol de autoridad de control sin intervención directa.
DEFINICIONES OFICIALES
En un comunicado, el Ministerio de Economía señaló que la finalización de la licitación “impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica, un hecho histórico para el sector privado del país”. El organismo agregó que la firma del contrato, prevista para un máximo de 30 días, “activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos, y servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Vía Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico”.
La cartera de Caputo detalló, además, que las obras previstas “permitirán que los barcos completen la carga en puertos de origen, generando un mayor ahorro y expandiendo la frontera productiva del país, e impactará de forma directa en la competitividad de los sectores productivos e industriales argentinos, disminuyendo los costos logísticos globales y potenciando la exportación”. Con esta decisión, el Ejecutivo dio por cerrada la etapa pública de gestión.
El cuestionamiento actual sobre el paper presidencial no es un hecho aislado, sino un eslabón más en una cadena de irregularidades que ponen en duda la originalidad de la obra escrita de Javier Milei. Lejos de ser la primera vez que el mandatario queda bajo la lupa por la apropiación de textos ajenos, su carrera como autor ha estado marcada por denuncias constantes sobre la falta de citación y la reproducción textual de trabajos de terceros sin crédito.
En 2024, su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” fue el centro de un escándalo cuando se reveló que contenía párrafos completos copiados de los economistas chilenos Verónica Mies y Raimundo Soto, escritos originalmente en el año 2000, sin que se les reconociera la autoría original.Ese mismo libro incluyó fragmentos no atribuidos de trabajos de autores del CONICET y de un manual de macroeconomía de Gregory Mankiw, acumulando decenas de páginas bajo sospecha de plagio.
El patrón de conducta se repite en otros títulos, como en su libro “Pandenomics”, de 2020, donde investigadores detectaron cerca de 30 páginas copiadas de al menos seis autores diferentes sin mención alguna; o el caso del prólogo escrito por Milei para la reedición de“4.000 años de controles de precios y salarios”, donde transcribió párrafos completos de la versión original del economista David L. Meiselman.
Cada uno de estos hitos refuerza un método de trabajo que, lejos de ser académico, se asemeja a una acumulación de textos ajenos presentados como propios, consolidando un historial de deshonestidad intelectual que precede a su gestión pública.
El cuestionado libro de Milei publicado en 2024, repleto de plagio.
Inteligencia artificial y autoría ajena
El paper titulado “Minimum viable scale: Extinction and escape under increasing returns” (“Escala mínima viable: extinción y escape bajo rendimientos crecientes”), presentado por Javier Milei y Demian Reidel, desató una crisis académica internacional. Jesús Fernández-Villaverde, profesor de Economía en la Universidad de Pensilvania, oriundo de España, advirtió que el estilo, formato y las derivaciones matemáticas del texto revelaban el uso de un motor de lenguaje de inteligencia artificial.
Para validar su diagnóstico, el académico utilizó un detector llamado Pangram.La herramienta arrojó una probabilidad del 100% de origen artificial en los fragmentos analizados y estimó que el 54% del documento fue generado por una IA. Fernández-Villaverde sentenció que existe una línea ética infranqueable entre usar la IA para asistir la investigación y delegar la redacción completa sin revelar el origen del texto.
Demian Reidel intentó frenar las críticas con una defensa que sólo profundizó el escándalo. Si bien reconoció haber utilizado inteligencia artificialen el paper, alegó que fue únicamente para corregir y pulir el estilo al finalizar el escrito. Reidel desestimó las acusaciones al sostener que Pangram detecta patrones de redacción y no plagio, calificando al texto como un simple “working paper”. No obstante, evitó explicar por qué el trabajo no refleja un pensamiento propio sin la mediación de un algoritmo.
Jesús Fernández-Villaverde, el profesor de economía de la Universidad de Pensilvania que cuestionó a Milei por el uso de IA en su paper.
La validación del “genio”
La obsesión de Javier Milei por la validación intelectual encuentra su ecosistema ideal en X. Según diversos reportes, el Presidente destina un promedio diario de 2 a 4 horas al uso de redes sociales, alcanzando picos de 17 horas en un día en la red social X. Este comportamiento, documentado por registros independientes que contabilizan su interacción ininterrumpida, revela una gestión paralela donde el “retweet” y el “like” ocupan una parte central de su agenda diaria.
Para el mandatario, la producción académica es un insumo de su relato político. Su búsqueda de prestigio, que incluye la aspiración de ser reconocido con un Nobel de Economía, explica por qué este jefe de Estado dedica tiempo a la creación de papers. Estos textos no buscan el rigor de la revisión por pares, sino el respaldo teórico para sostener sus políticas y alimentar la maquinaria de elogios de su entorno.
Ante cada cuestionamiento, el oficialismo activa un protocolo de defensa corporativa. La estrategia es circular: el Presidente difunde un artículo de apoyo, funcionarios como Lilia Lemoine descalifican la crítica con términos como “lógica enfermiza”, y seguidores especializados —abogados, tuiteros, economistas e influencers aliados— introducen tecnicismos para desviar el eje hacia una supuestas “falacias”. Así, la estructura mileísta blinda al Presidente y transforman cualquier cuestionamiento técnico en una “operación política”.
Retuit de Javier Milei a un escritor mileísta y a Lilia Lemoine.
El proyecto reclama que Transporte, la ANAC y Trabajo detallen el estado de la flota, los pedidos de quiebra promovidos por acreedores y las deudas salariales de la low cost.
El Gobierno nacional traspasó cinco corredores viales clave a la firma privada Corresur. El nuevo esquema elimina los subsidios estatales y traslada el riesgo operativo a las empresas controlantes. La medida incluye un plan de obras prioritarias y la digitalización obligatoria en el cobro de peajes.
Les preocupan las “expresiones racistas e islamofóbicas” pero no que un musulmán degenerado pueda casarse con una nena de 13 años o que traten a las mujeres como objetos.
No vamos a permitir que estos enfermos de la cabeza avancen ni un centímetro en nuestro país. https://t.co/DcPPO2ZJM5
