El ex automovilista Marcos Di Palma se quejó de los “paupérrimos” sueldos de los políticos argentinos

El ex piloto de carreras simpatizante del Frente de Todos comentó que, "un camionero gana más que un diputado" y agregó: "Me siento más representado por Alberto que por Macri".
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Alejado del automovilismo y tras cumplir su período de diputado, el ahora militante kirchnerista Marcos Di Palma señaló: “Volvería a la política pero te lleva mucho tiempo y lo que no me gusta es que el sueldo es paupérrimo”. Luego de haber cumplido su mandato como legislador provincial en Buenos Aires, en diciembre de 2021, Marcos Di Palma reconoció: “Veo una Argentina compleja”.

“Volvería a la política porque tengo convicciones, es bueno que cada uno piense distinto”, lanzó y, sobre la política, señaló: “Te lleva mucho tiempo y lo que no me gusta es que el sueldo es paupérrimo, excepto cuando alguno chorea y ahí es fácil“.

Radio Mitre on Twitter: “Marcos Di Palma se quejó de los sueldos “paupérrimos” de la política: “Un camionero mío gana más que un diputado”https://t.co/ls2ulNSL0j / Twitter”

Marcos Di Palma se quejó de los sueldos “paupérrimos” de la política: “Un camionero mío gana más que un diputado”https://t.co/ls2ulNSL0j

Siguiendo con su razonamiento, el ex diputado del Frente de Todos (FdT), expresó: “Por mí que le pongan pena de muerte a los políticos, paga bien y yo no hago ninguna cagada”. Acto seguido, ejemplificó con su ocupación actual: “Un camionero mío gana más que un legislador”.

En cuanto a otras definiciones políticas, manifestó: “Alberto Fernández por ahí no es santo de mi devoción, pero comparado con Mauricio Macri me siento más representado. Hasta por un caniche toy”.

sandra ponce on Twitter: “⁦@marcosdipalma⁩ sabés cuánto gana un médico y todo el personal de salud??? Los docentes? Los jubilados? Y sin ningún privilegio… pic.twitter.com/35LoLGbGvm / Twitter”

⁦@marcosdipalma⁩ sabés cuánto gana un médico y todo el personal de salud??? Los docentes? Los jubilados? Y sin ningún privilegio… pic.twitter.com/35LoLGbGvm

“Creo que Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner se levantan y matan a más de uno”, también expresó Di Palma con su particular estilo. “La gran mayoría de la gente labura 12 horas para no llegar siquiera a ser pobre. El 50 por ciento está debajo de eso”, reflexionó en la charla con Radio Mitre y dijo que para él “deberíamos tener un país con mucha más industria”.

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Una nueva embestida de Moyano contra el campo amenaza con encarecer la carne

El gremio de Camioneros desembarcó en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, el principal centro de comercialización de hacienda vacuna en pie del país, con un reclamo que encendió las alarmas entre los transportistas. Pablo Moyano, secretario general adjunto del sindicato, se reunió con representantes de las ocho empresas más grandes que trasladan y exportan ganado desde el predio y les exigió un adicional del 15% sobre el convenio vigente para los choferes, más un ítem salarial específico por las tareas que, según el gremio, exceden la conducción del camión.

Uno de los empresarios que participó del encuentro le anticipó al portal especializado Bichos de Campo (Sofia Selasco) que el aumento se trasladará de inmediato a los precios: “Si se confirma ese 15% de aumento, en el corto plazo deberemos aumentar la tarifa de los fletes entre un 15% y un 20%”. Recordó que el gasoil subió durante todo el año y que las transportistas no tocan sus tarifas desde hace ocho meses. El reclamo gremial se convierte así en un costo más que se suma al sector y que viaja con cada animal a lo largo de una cadena cuyo último eslabón es la carnicería.

Para las empresas, el margen de negociación resultó mínimo. Según la misma fuente, Camioneros les dio dos alternativas: “Si no aceptamos nos van a obligar a que pongamos un acompañante en el camión, como hacen los vehículos de Coca-Cola. El chofer maneja y el acompañante baja los bultos. Nos dijeron a elegir y, por como están los números del sector, no podemos contratar a otro chofer”. El empresario admitió que la charla “se dio en buenos términos”, pero reconoció que no estaban en condiciones “de decir que no”.

El sindicato llegó a Cañuelas con el acuerdo ya armado. Ese mismo texto ya lo firmaron empresas de Ayacucho, Tandil, Tres Arroyos y Necochea. De acuerdo con Infocamioneros, el portal de noticias del gremio, entre ellas figuran La Chiflina S.A., de Ayacucho; Alonso Juan y Alonso Mauricio, de Tandil, y Agroindia Tandil SRL. “Esto no empezó acá. Esto empezó afuera y vino todo cocinado”, resumió el transportista.

—Corrales del Mercado Agroganadero de Cañuelas, por donde pasan en promedio 6.000 cabezas de ganado por día

Moyano habló de una “necesidad urgente” y fundamentó el pedido en que “el chofer no solamente cumple la tarea de chofer, sino que le han designado tareas adicionales”. Entre ellas mencionó la carga y descarga de los animales. También contó que, cuando un animal se cae durante el viaje, el conductor debe picanearlo, lo que demora el traslado, y que los trabajadores contraen enfermedades por la contaminación de la hacienda. Según el dirigente, el acuerdo beneficiaría a “cientos y cientos de trabajadores” de una actividad que definió como “tan especial, tan sacrificada”. Hoy, un transportista de hacienda cobra entre 2,3 y 2,8 millones de pesos por mes, según los kilómetros que recorre.

Ninguna empresa firmó en la reunión. Acordaron de palabra continuar con las negociaciones, y el empresario consultado puso una condición: “Nosotros firmaremos si podemos convalidar el aumento con nuestros clientes. Si no se nos va a complicar”. También estimó que, si el acuerdo prospera, regirá “seguramente a partir de enero”. Moyano se mostró mucho más confiado. Aseguró que “hay buena voluntad” de “las siete u ocho empresas más grandes que entran al mercado” y que, “si Dios quiere, la semana que viene estaremos en condiciones de firmarlo”. 

El plan no termina en Cañuelas: “Después será un trabajo gremial trasladarlo a todo el país”, anticipó. El próximo paso será enviar la propuesta a las empresas que transportan ganado en el resto del territorio.

Referentes de la CGT y la CTA de Cañuelas acompañaron a Moyano. La CGT local explicó que el dirigente fue al mercado para “destrabar el conflicto” y avanzar en la regularización de la actividad. “Seguimos donde hay que estar: en cada lugar de trabajo, defendiendo la actividad y a los compañeros”, expresó la central obrera.

La visita también salpicó a las autoridades del MAG, que funciona desde mayo de 2022 sobre la Ruta Provincial 6, en reemplazo del histórico Mercado de Liniers. Ocupa 110 hectáreas y tiene capacidad para recibir unas 12.000 cabezas por día. El gremio pretendía que el mercado verificara que los camiones que descargan allí estuvieran afiliados. “En promedio pasan 6 mil cabezas de ganado a diario por acá. La mirada de Moyano era que nosotros controláramos que los camiones que atracan en el mercado estén afiliados, pero esa afiliación no es tarea nuestra”, dijo el vicepresidente del MAG, Fernando Sáenz Valiente. Contó que el mercado cedió un salón para el encuentro y que él pasó a saludar, pero que se retiró porque el tema no tiene que ver con el rol de la institución.

El presidente del mercado, Carlos Colombo, coincidió con ese planteo. Señaló que controlar que los camiones estén asegurados y que los choferes estén correctamente inscriptos les corresponde a las empresas. “Si están o no adheridos a un gremio, eso es un acuerdo de cada empresa particular. Nosotros actuamos como cualquier mercado concentrador del país”, sostuvo.

La presión tiene antecedentes. Nicolás Franchini, coordinador general del MAG, recordó que “ni bien se realizó la mudanza, hubo una carpa sobre la Ruta 205” desde la que el gremio paraba y relevaba a los transportistas. Para Franchini, a la reunión “le quisieron dar un marco institucional”, aunque el mercado no tiene relación contractual con las empresas de transporte y las comodidades que ofrece a los choferes, como espacios de aseo y descanso, fueron “una cuestión solidaria”.

Otra fuente del sector, que pidió reserva de su nombre, fue más allá: “La personalidad de Moyano la conocemos todos. Él hablaba de los trabajadores como si nosotros no los valoráramos. Es la postura que tiene siempre. Y trabajador no es solo que él va arriba de un camión. Ese aumento del 15% no es por un trabajo nuevo, sino por algo que se hizo desde siempre”.

Karina autorizó adjudicaciones multimillonarias a la empresa de un exespía ligado a la “cancillería clandestina” de la SIDE en EEUU

Tras una investigación realizada por el periodista Manuel Román, se reveló que distintas dependencias del Estado nacional adjudicaron 23 contrataciones millonarias a OCP Tech, empresa vinculada a Leonardo Scatturice, exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), empresario relacionado con el asesor presidencial Santiago Caputo y propietario de la aerolínea Flybondi.

Según el relevamiento, las adjudicaciones se concretaron durante la gestión del actual presidente Javier Milei e involucraron a distintos organismos públicos, entre ellos la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei. Los contratos, establecidos tanto en dólares como en pesos, alcanzan un valor cercano a los 7 millones de dólares y superan los 1.400 millones de pesos en moneda nacional, con un monto conjunto estimado en alrededor de 10.000 millones de pesos para realizar gestiones en Estados Unidos.

Desde diciembre de 2023 distintos organismos estatales habrían adjudicado contrataciones por un valor estimado de 6.95 millones de dólares. De ese total de operaciones identificadas, 18 fueron pactadas en moneda estadounidense y las cinco restantes en pesos argentinos. La adjudicación de mayor valor alcanzó aproximadamente 1.79 millones de dólares y correspondió al Ministerio Público Fiscal.

Lo trascendido originalmente en junio de 2026 describió solo 16 contrataciones, de aproximadamente 5.8 millones de dólares y 1.510 millones de pesos, con una equivalencia calculada de unos 8.280 millones de pesos. No se sabía, por lo tanto, que el mismo recuento se extendía aún más para Scatturice, quien es un conocido empresario argentino con antecedentes en el ámbito de la inteligencia y actividades en tecnología, aviación y representación de intereses con referentes republicanos estadounidenses.

Del mismo modo, Scatturice mantiene vínculos empresariales con distintas compañías que desarrollan actividades en los sectores tecnológico, financiero y de consultoría internacional. Entre ellas se encuentra la misma OCP Tech, dedicada a la provisión de equipamiento tecnológico, licencias de software y servicios informáticos.

El empresario también está relacionado con Tactic Global y Tactic COC, firmas vinculadas a servicios de consultoría y representación de figuras como Barry Bennett, consultor político estadounidense vinculado al trumpismo, con quien Scatturice participó en actividades empresariales. Una de estas compañías suscribió un acuerdo con la SIDE para realizar tareas de asesoramiento y vinculación institucional en territorio estadounidense, convenio que fue declarado ante las autoridades de ese país. Por otra parte, Scatturice está asociado a COC Global Enterprise, grupo inversor que adquirió una participación mayoritaria en la aerolínea argentina Flybondi durante el año 2025.

Existirían documentos oficiales que permiten comprobar dichas operaciones concretas, como archivos del Ministerio Público Fiscal donde adjudicó a OCP Tech distintas contrataciones destinadas a la adquisición de infraestructura tecnológica, servicios informáticos y equipamiento de conectividad. Entre las operaciones identificadas figura la licitación pública 44/24, correspondiente a la contratación de un sistema de hiperconvergencia para integrar distintas funciones informáticas de un centro de datos, por un monto de 685.732,90 dólares. Conforme al Boletín Oficial, la adjudicación favoreció a OCP Tech, mientras que otra de las ofertas presentadas fue desestimada por incumplimientos técnicos.

Asimismo, mediante la licitación pública 2/25, el organismo adjudicó a la compañía un contrato de 96.800 dólares para la suscripción de servicios de soporte técnico y capacitación vinculados al sistema operativo Red Hat para Linux. La operación quedó formalizada a través de la Resolución ADM 74/25.

Por otra parte, la licitación pública 42/24 contempló la contratación de trabajos de cableado de datos para puntos de acceso a redes wifi. En ese procedimiento se adjudicaron tres renglones por 55.844, 28.166 y 30.292 dólares, respectivamente. Posteriormente, una resolución administrativa dispuso una ampliación contractual por otros 2.986 dólares.

El papel de Karina Milei

OCP Tech obtuvo la mayoría de las adjudicaciones para suministrar insumos informáticos y de red de parte de la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de la hermana del presidente en diciembre de 2024. En ese procedimiento también participaron otras compañías adjudicatarias en una supuesta “cancillería clandestina”.

El 12 de febrero de 2025, la SIDE firmó un acuerdo con Tactic Global para desarrollar actividades de asesoramiento y vinculación institucional en Estados Unidos. El contrato fue presentado ante el Departamento de Justicia estadounidense el 16 de junio de 2025, en cumplimiento de la legislación norteamericana sobre representación de intereses extranjeros (FARA).

El documento establecía una compensación de 10.000 dólares mensuales y contemplaba tareas como coordinar reuniones entre funcionarios argentinos y estadounidenses, facilitar contactos y brindar asesoramiento estratégico a la SIDE, a pesar de ya existir una estructura diplomática para representar los intereses argentinos en otros países, siendo trabajado correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, las embajadas y los consulados.

El dato fundamental sería que el convenio con Tactic Global terminó sin pagos declarados por parte de la SIDE. En otro texto presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, correspondiente al período terminado el 30 de noviembre de 2025, informa expresamente que la Secretaría de Inteligencia argentina no realizó pagos a esa compañía.

A su vez, el periodista Ignacio Grimaldi confirmó el pasado 10 de septiembre de 2026, que el acuerdo había finalizado sin pagos declarados y que fuentes vinculadas al caso sostenían que las tareas contratadas nunca llegaron a ejecutarse, así como se sospechaba de las contrataciones de OCP Tech en relación a un episodio anterior. En julio de 2024, Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 656/2024, que establecía una ampliación presupuestaria de 100.000 millones de pesos para la SIDE, destinados al fortalecimiento del sistema de inteligencia y con carácter reservado.

El Congreso de la Nación rechazó ese decreto y generó cuestionamientos de distintos sectores políticos por la magnitud de los recursos asignados y los mecanismos de control sobre su utilización. El 21 de agosto, la Cámara de Diputados rechazó el decreto con 156 votos en contra, 52 a favor y seis abstenciones, lo que representó un primer revés legislativo para la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Posteriormente, el 13 de septiembre de 2024, el Senado también rechazó la disposición, lo que determinó la derogación definitiva del DNU e impidió que el Gobierno mantuviera vigente la ampliación presupuestaria destinada al organismo de inteligencia.

— El empresario argentino Leonardo Scatturice, que incluye vínculos con OCP Tech, el grupo COC Global Enterprise y la aerolínea Flybondi

Tras la decisión del Congreso, el Ejecutivo informó que se había completado, el 7 de octubre de 2024, la devolución al Tesoro Nacional de 80.000 millones de pesos previamente transferidos a la SIDE. Constatando a las declaraciones oficiales, esos recursos fueron restituidos mediante las correspondientes operaciones administrativas y presupuestarias.

Compensación de esos fondos

La hipótesis sería que algunas contrataciones públicas podrían haber servido como mecanismos alternativos para financiar operaciones relacionadas con inteligencia o gestiones políticas después del rechazo legislativo.

El beneficio de la duda estaría algo respaldada por el nombre de Scatturice, que aparece relacionado con un episodio polémico ocurrido el 25 de febrero de 2025, cuando un Bombardier Global 5000 de la empresa OCP Tech aterrizó en la Argentina transportando a Laura Arrieta, una exazafata y empresaria liberal argentina de 32 años, miembro del comité organizador de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), la cumbre internacional de líderes de derecha que se realizó en Buenos Aires, entró y sacó del país 10 valijas que fueron enviadas a las Islas Canarias.

Su rol en el comité organizador de la CPAC en la edición de Buenos Aires (celebrada en el Hotel Hilton de Puerto Madero) sirvió de puente para entablar un asiduo contacto con la Casa Rosada y posar en fotografías junto al mandatario Javer Milei. Previamente trabajó bajo la supervisión directa de Scatturice, desempeñándose como vicepresidenta y gerente de operaciones corporativas en COC Global Enterprise y empleada de la firma OCP Tech.

El viaje fue objeto de críticas por presuntas irregularidades en los controles aduaneros del equipaje, contando con las valijas de ambos individuos que no habrían sido inspeccionadas con intervención de Santiago Caputo.

Mendoza | El Gobierno abre el exzoológico a negocios gastronómicos con 952 animales todavía encerrados

El influencer Jonathan Coniglione, conocido en las redes sociales como “El Joni”, denunció públicamente que el Gobierno provincial de Mendoza está avanzando con proyectos gastronómicos y comerciales en el antiguo Zoológico de Mendoza mientras numerosos animales continúan encerrados, además de acusar de que toda la reconversión fue una maniobra para favorecer negocios clientelistas.

“Al final, por lo único que se preocuparon es por abrir restaurantes y hacer negocios. Y los animales siguen encerrados acá”, destacó Coniglione.

El antiguo zoológico habría cerrado en 2016 para iniciar su transformación en un ecoparque. Sin embargo, según se pudo ver en el video que se viralizó rrapidamente, todavía permanecen 952 animales en el establecimiento, aunque las autoridades afirman haber trasladado a otros 2.011 durante el proceso de reconversión. En el video que dura aproximadamente un minuto y trece segundos, el creador de contenido aparece recorriendo distintos sectores exteriores del antiguo zoológico y mostrando animales detrás de alambrados, instalaciones del acuario y áreas del Ecoparque.

Primero, cuestiona el verdadero motivo del cierre del zoológico y sostiene que la transformación del establecimiento no habría tenido como finalidad principal proteger a los animales, sino habilitar espacios comerciales y gastronómicos. Las imágenes muestran ejemplares, aparentemente ciervos u otros ungulados, detrás de alambrados. El protagonista considera que, después de tantos años, deberían haberse construido ambientes más amplios y adecuados.

“Los animales no pueden hablar, pero nosotros sí. Dejá de quedarte callado y mirar para otro lado. Comentá y compartí este video. Ayudemos y que esto llegue a donde tenga que llegar”, expresó Coniglione, añadiendo que “acabo de ver una fiesta con comida, bebidas, luces, música. El espacio ya está listo para eventos, pero los animales siguen encerrados atrás.”

Afirma que algunos animales trasladados a otros establecimientos murieron y que peces y tortugas del antiguo acuario estarían muriendo. Cuestiona el silencio de los mendocinos, pide que la denuncia se comparta y llama a recuperar los animales del zoológico y del acuario.

“Van a demoler todo eso para construir un polo gastronómico y un teatro. Ese era el objetivo para cerrar el zoológico, no cuidar a los animales”, afirmó Coniglione, y hacia el final aparecen imágenes de personas reunidas en instalaciones del establecimiento y de sectores donde siguen alojados animales. Mediante ese montaje, contrapone el avance de las actividades humanas con la permanencia de ejemplares en cautiverio.

El Zoológico Provincial de Mendoza funcionó durante décadas dentro del Parque General San Martín, en las inmediaciones del Cerro de la Gloria. Como ocurría con muchos zoológicos tradicionales, su principal atractivo consistía en exhibir animales de diferentes especies para que fueran observados por los visitantes. No obstante, con el paso del tiempo surgieron cuestionamientos por las condiciones de cautiverio, la infraestructura, la sobrepoblación y las necesidades de las especies exóticas.

En 2016, durante la primera gobernación de Alfredo Cornejo, se impulsó una transformación institucional y ambiental. La Legislatura provincial sancionó el 27 de diciembre de ese año la Ley 8.945, que creó la Dirección Ecoparque Mendoza. La norma estableció como objetivos la conservación de la biodiversidad, el bienestar animal, la rehabilitación y derivación de fauna, la investigación científica y la educación ambiental. También prohibió la compraventa y el intercambio de animales entre instituciones.

El cambio era importante porque significaba abandonar progresivamente el modelo del zoológico tradicional. Antes, los animales eran una atracción turística. Con el nuevo sistema, se pretendía que su exhibición dejara de ser el propósito principal. Uno de los antecedentes más relevantes fue el caso de la chimpancé Cecilia, declarada sujeto de derechos no humano por una jueza mendocina en noviembre de 2016. La Justicia dispuso su traslado a un santuario de Brasil y reclamó medidas para mejorar las condiciones de otros animales del zoológico.

¿Cuántos animales siguen encerrados?

De los 952 animales que todavía permanecen dentro del establecimiento, aproximadamente 600 son animales de corral, más de 200 son exóticos y más de 100 pertenecen a especies autóctonas. Entre los animales exóticos se encuentran cebras, camellos, antílopes y diferentes especies de monos.

Por otra parte, según la información proporcionada por las autoridades, los 2.011 traslados efectuados durante la última década se distribuyen entre 1.454 ejemplares derivados mediante adopción responsable, 488 trasladados a santuarios y 69 reinsertados en distintos hábitats naturales. El Gobierno mendocino responde que no todos pueden volver a la naturaleza y que existen limitaciones para encontrar santuarios apropiados, siendo algo que se contrapone con los deseos de un proyecto gastronómico.

El 6 de noviembre de 2026 se publicó una licitación pública para refuncionalizar y explotar comercialmente la denominada Unidad de Servicios Puerta Norte Ecoparque, localizada sobre la avenida del Libertador al 4400. La convocatoria contempla recuperar la antigua boletería, el kiosco, los sanitarios y espacios exteriores vinculados al acceso histórico. También incluye la intervención del exfocario, proyectado como un anfiteatro cultural y educativo.

El proyecto incluye la restauración de construcciones históricas, la recuperación de baños públicos y la posibilidad de ampliar determinadas superficies de servicio. El oferente adjudicado deberá afrontar las intervenciones comprometidas.

El artículo 6, inciso 6, de la Ley 8.945 faculta a la Dirección del Ecoparque a otorgar concesiones para servicios compatibles con los fines del establecimiento. Por lo tanto, la presencia de un restaurante no constituye, por sí misma, una irregularidad. La cuestión jurídica y política consiste en examinar si los servicios comerciales respetan los objetivos ambientales, el patrimonio público y los procedimientos de contratación.

¿Qué sucedió con los animales trasladados que posteriormente murieron?

Uno de los antecedentes más relevantes de las denuncias sobre el traslado de animales del antiguo Zoológico de Mendoza es el caso de la elefanta Pocha, que en mayo de 2022 fue trasladada junto a su hija Guillermina a un santuario especializado en Mato Grosso, Brasil, como parte del proceso de reconversión del establecimiento.

Sin embargo, el 6 de octubre de ese mismo año, aproximadamente cinco meses después de su llegada, Pocha murió. Los resultados de la necropsia revelaron que padecía una enfermedad renal crónica grave, asociada a una infección por Mycobacterium tuberculosis, la bacteria causante de la tuberculosis. El fallecimiento reavivó los cuestionamientos sobre las condiciones sanitarias de los ejemplares y los procedimientos de traslado.

Otro punto que conviene tratar es sobre que el acuario y el zoológico no son el mismo establecimiento ni dependen exactamente de la misma administración. El antiguo Acuario Municipal, ubicado en la Ciudad de Mendoza, inició su reconversión en 2021 por decisión del gobierno municipal. Su objetivo declarado fue transformarse en un Centro para la Conservación de la Biodiversidad. La Municipalidad anunció entonces la suspensión de las visitas, el cese de nuevas incorporaciones de animales y la evaluación de posibles derivaciones.

Uno de los casos más conocidos fue el de la tortuga Jorge, trasladado a Mar del Plata. A su vez, el Gobierno provincial informó sobre una derivación conjunta de más de cien animales a un centro especializado de Santa Fe, entre ellos más de sesenta tortugas, un yacaré, monos y loros. Los reptiles procedían del antiguo acuario municipal.

— Pocha y Guillermina

El hecho alcanzó directamente a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y al director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, puesto que ambos protagonizaron intercambios polémicos en las redes sociales.

“Los animales están en condiciones dignas, no las que nos gustaría, que sería en libertad, pero también tenemos que ser conscientes de que muchos no pueden volver a estar en libertad por causas que nosotros mismos, la acción antrópica, les hemos causado”, destacó Latorre,

Latorre cuestionó los contenidos de Coniglione y los calificó de “berretadas”. Por su parte, Haudet respondió con una expresión despectiva frente a críticas realizadas por otros usuarios. El creador de contenido también manifestó haber recibido amenazas luego de difundir esas imagenes.

La posición institucional del Gobierno es que la reconversión produjo una mejora importante frente al zoológico tradicional. Las autoridades sostienen que ahora los animales no son utilizados como principal atractivo de exhibición, que existen mejores mecanismos de rehabilitación y que los ejemplares alojados reciben atención veterinaria. Estas explicaciones no eliminan la necesidad de fiscalización. El cumplimiento de los objetivos ambientales debe poder demostrarse mediante información verificable, no solamente a través de declaraciones oficiales.

Salta autorizó la caza de 30.000 iguanas coloradas para el negocio del cuero

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta habilitó la caza comercial de la iguana colorada para la temporada 2026/2027, con un cupo de 30.000 cueros y un pago de $10.000 por cada uno. La Resolución 899, firmada el 2 de noviembre y publicada dos días después en el Boletín Oficial, rige hasta el 31 de marzo de 2027 en Anta, San Martín, Rivadavia, Orán y el municipio de El Galpón, en Metán.

La presa es la Salvator rufescens, también conocida como lagarto colorado o caraguay, un reptil que puede medir hasta 1,30 metros del hocico a la cola. Cada cuero deberá tener al menos 30 centímetros de ancho, y los que no lleguen a esa medida irán a decomiso.

Los $10.000 se pagarán al contado al cazador. El acopiador abonará a la Provincia una tasa de $300 por pieza antes de obtener la guía de legítima tenencia. El precio subió mucho en pocos años: la resolución de 2023/2024 había fijado $3.000 y la de 2024/2025, $5.000. El cupo, en cambio, bajó desde los 40.000 cueros del ciclo anterior.

La norma obligó a los acopiadores a inscribirse en un registro, con un arancel equivalente a 50 litros de nafta premium. También deberán anotar el nombre, el DNI y el paraje o la comunidad de cada cazador, junto con la cantidad de cueros, la fecha y el pago, con firmas y recibo. Los traslados requerirán hojas de ruta certificadas por fuerzas de seguridad y, fuera de Salta, guías de tránsito. El incumplimiento podrá costar la inhabilitación por una o más temporadas, según el daño ambiental.

El Gobierno justificó la medida en el uso tradicional del animal por parte de comunidades originarias y criollas del Chaco salteño, que lo cazan en verano, cuando está activo. Según el texto oficial, la venta de cueros alivia sus “deprimidas economías”. También recordó que la especie figura en el Apéndice II de CITES, la convención que regula el comercio internacional de fauna y flora silvestres, y que no tiene restricciones nacionales ni internacionales para su comercio.

Para vigilar las poblaciones, los técnicos contarán los cueros, registrarán medidas y sexo y analizarán los datos para detectar cambios demográficos que justifiquen futuras habilitaciones o restricciones. Ese monitoreo surgió de una Carta Acuerdo firmada en 2000 con la Dirección de Fauna Silvestre de la Nación, en el marco del Proyecto Tupinambis. La resolución citó además la Ley 5513, que dispone que las autorizaciones para la caza comercial serán solicitadas “sólo cuando no produzcan una alteración del equilibrio biológico”.

Según un informe de CITES de 2022, la Argentina exportó casi 31 millones de cueros de iguana entre 1941 y 1998, destinados sobre todo a botas y mallas de reloj. Desde el pico de los años 80, ese comercio cayó más de un 90%. El mismo documento advirtió que la principal amenaza para la especie es la expansión agrícola y la pérdida de hábitat.

Los empresarios que se reunirán con León XIV, pero cuyos negocios estarían flojos de santidad

La visita de la máxima autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana a Sudamérica ha copado la agenda política y mediática de esta semana. Pero poco se mencionan las aparentes contradicciones entre quienes figuran como aportantes para su visita y los mensajes papales.

Entre las empresas que figuran como donantes en el sitio oficial de la visita de León XIV figuran: Corporación América; Santander; Edenor; Edemsa; Mercedes-Benz; Grupo Techint; Vista Energy, y varias más.

Ahora bien, la pregunta es si los empresarios detrás de estas marcas representan lo que el líder del Vaticano promulga en sus encíclicas.

Contra la concentración económica

En el documento papal llamado Dilexi te (Te he amado), que recientemente cumplió un año de su publicación, León XIV afirma textualmente: “Al compromiso concreto por los pobres también es necesario asociar un cambio de mentalidad que pueda incidir en la transformación cultural. En efecto, la ilusión de una felicidad que deriva de una vida acomodada mueve a muchas personas a tener una visión de la existencia basada en la acumulación de la riqueza y del éxito social a toda costa, que se ha de conseguir también en detrimento de los demás y beneficiándose de ideales sociales y sistemas políticos y económicos injustos, que favorecen a los más fuertes. De ese modo, en un mundo donde los pobres son cada vez más numerosos, paradójicamente, también vemos crecer algunas élites de ricos, que viven en una burbuja muy confortable y lujosa, casi en otro mundo respecto a la gente común. Eso significa que todavía persiste —a veces bien enmascarada— una cultura que descarta a los demás sin advertirlo siquiera y tolera con indiferencia que millones de personas mueran de hambre o sobrevivan en condiciones indignas del ser humano”.

Es decir, cuestiona la concentración económica en detrimento de masas poblacionales.

Daniel Vila y José Luis Manzano son propietarios de dos empresas distribuidoras de energía eléctrica: EDEMSA (Mendoza) y EDENOR (Buenos Aires).

Juntas concentran el 22,13% de este negocio en la Argentina. Es decir, cerca de 1 de cada 4 usuarios dependen de estos empresarios.

Hay un dato anecdótico sobre la ética empresarial en este caso. El 30 de junio de 2021 se llevó a cabo una audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador Eléctrico de Mendoza vía Zoom.

Esto era para autorizar un incremento en el costo del valor de distribución eléctrica (que es la parte de la factura que le corresponde netamente a EDEMSA en este caso).

El argumento principal llevado adelante por Andrés Carnevale en representación de la empresa de Vila-Manzano era que había un atraso en el reconocimiento de los costos y mayor morosidad por el contexto de la pandemia.

Esto implicaba mayores “esfuerzos” de EDEMSA para sostener y hasta mejorar los servicios, por lo que se pedía autorizar el incremento.

El tema es que mientras se hablaba de la difícil situación que supuestamente atravesaba la distribuidora eléctrica, en Ciudad de Buenos Aires se estaba autorizando la compra de EDENOR por unos U$ 100 millones.

Luego de esa audiencia pública se autorizó el incremento en la factura.  

Ternium Argentina es una de las empresas pertenecientes al grupo Techint de Paolo Rocca. Tiene una capacidad productiva de más de 3.159 millones de toneladas de acero según datos de la misma firma.

Según datos del INDEC, en 2025 se produjeron 4.024 millones de toneladas de acero crudo en el país.

Es decir, concentra el 78,5% del mercado nacional de este rubro. 

Con respecto a Eduardo Eurnekian, es propietario de Corporación América, accionista mayoritario de Aeropuertos Argentina 2000.

Según documentación presentada en 2025 por la misma empresa, se asegura que esta maneja el 93,4% del tráfico aéreo comercial argentino.

En otras palabras, 9 de cada 10 pasajeros dependen de esta empresa para volar.

En 2020, Aeropuertos Argentina 2000 consiguió una prórroga de diez años de su concesión, hasta febrero de 2038.

Cabe mencionar que en 2025 la Auditoría General de la Nación publicó un documento en el que advertía que la prórroga de 2020 tenía algunas cláusulas de inversión que no contenían criterios objetivos para verificar su cumplimiento total o parcial.

Recomendó también mejorar los mecanismos de control sobre las obligaciones del concesionario.

Pero en septiembre de 2026 se firmó un nuevo acuerdo de readecuación contractual que contempla extender la concesión hasta febrero de 2056, sujeto a condiciones, entre ellas una inversión adicional de US$600 millones en Ezeiza.

La educación como herramienta dignificadora

En su carta “Dibujando nuevos mapas de esperanza”, el líder católico afirma: “…el Concilio Vaticano II articuló el derecho a la educación y sus principios fundacionales como universalmente válidos. Destacó las responsabilidades impuestas tanto a los padres como al Estado. Consideraba que la provisión de una educación que permita a los estudiantes “evaluar valores morales con la conciencia correcta” era un “derecho sagrado” y hacía un llamamiento a las autoridades civiles para que respetaran este derecho. También advertía contra subordinar la educación al mercado laboral y a la lógica a menudo dura e inhumana de las finanzas”.

Sin embargo, la familia Vila tiene un conflicto de 40 años con la Universidad Nacional de Cuyo.

En la década del 60’ Alfredo Vila (padre de Daniel) ocupó unas 32 hectáreas de terrenos ubicados en el piedemonte mendocino que formaban parte del polígono de tiro del Ejército Nacional. 

Allí instaló una ripiera con la que comenzó a usufructuar con bienes estatales.

En 1980 el Estado nacional le cedió a la Casa de Altos Estudios 32 hectáreas de esos terrenos.

En 1986 se inició un conflicto legal contra Dalvian S.A., el barrio privado más antiguo y extenso de la Provincia, fundado por Vila (padre).

Tras fallos judiciales favorables para la familia empresarial, la UNCUYO llevó el caso ante la Corte Suprema, que en 2012 falló a favor de la universidad.

No obstante, lo dictado siguió sin ejecutarse.

En septiembre de 2017 el juez federal Leopoldo Rago Gallo dispuso que debían devolverse cinco hectáreas a la UNCUYO y también ordenó la ejecución de sentencia indicando que corresponde “el desalojo del actor del terreno” (Dalvian).

Sin embargo, a casi diez años de eso la universidad sigue sin poder hacer uso de los terrenos que le fueron usurpados. 

La cuestión ambiental

En la encíclica antes mencionada de León XIV cita frases de Laudato. Si, la que escribió su antecesor argentino.

Allí dice: «no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas». De hecho, «el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta».

En 2020 la ONG mendocina Xumek (Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas acudieron a la justicia para frenar una explotación petrolera concedida a Grecoil y Cia, propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano.

Esta fue beneficiada por la resolución 355/19 de la Dirección de Protección Ambiental (en ese momento a cargo de Humberto Mingorance) que permitía usar el método fracking en el área denominada “La brea” en el departamento de Malargüe, ubicado al sur de Mendoza.

El argumento de los denunciantes fue que los funcionarios públicos intervinientes en ese momento “arbitrariamente rechazaran todas las pruebas ofrecidas para demostrar los riesgos e impactos socio-ambientales del Fracking… niegan sistemáticamente el aporte de pruebas, considerándolas inconducentes e irrelevantes, afectando de manera contundente el debido proceso e incumpliendo acuerdos del Estado Argentino asumidos frente a la Comunidad Internacional, como el derecho a la información y participación pública”, comunicó en ese entonces Xumec.

Entre los incumplimientos del Estado mendocino estaban la consulta pública, libre e informada a los pueblos originarios intervinientes, además de ignorar múltiples riesgos ambientales asociados a la actividad.

Ese mismo año salió a la luz que el gobierno de Alfredo Cornejo le había concedido el uso de agua de un arroyo para fracking a otra empresa de Vila-Manzano a través del Departamento General de Irrigación (cuando el titular de ese organismo había negado el uso de agua dulce para esa metodología extractiva). 

Fue por medio de la resolución n° 004/18 que se le permitía a la Petrolera El Trébol (de la cual los citados empresarios son accionistas) a tomar 18 millones de litros del arroyo “El Alamito” pagando tan sólo dos centavos el litro de agua pura cordillerana.

Años antes, entre 2007 y 2008 otra empresa petrolera vinculada a Vila-Manzano estuvo bajo sospecha. Esto porque durante la gestión de Celso Jaque (PJ), el Gobierno de Mendoza adjudicó a Ketsal-Kilwer siete de once áreas petroleras.

La controversia radicó en que explícitamente el pliego decía que se podía otorgar un máximo de cinco áreas por empresa.  

Independientemente de cómo los creyentes católicos interpreten la foto de León XIV con estos y otros empresarios, hay algo que los datos revelan: las operaciones comerciales de estos magnates estarían flojas de santidad.




*Por: Franco D’Amelio | Especial para Data24.com.ar

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