03 julio, 2025

El Concejo Deliberante de Escobar aprobó un bingo pese al rechazo vecinal y provocó indignación en Maschwitz

En una sesión extraordinaria, el HCD de Escobar aprobó la construcción de un centro comercial con bingo en la Ruta 26. Vecinos denunciaron los impactos negativos en la seguridad y el entorno local.
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La reciente aprobación de un proyecto para la instalación de un bingo en Ingeniero Maschwitz generó un tensiones y debate en el partido de Escobar, destacándose como un caso paradigmático de tensión entre el desarrollo urbano y las demandas comunitarias. Durante la sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante de este viernes, los concejales avalaron la construcción de un centro comercial en la intersección de la Colectora Oeste y Ruta 26, un emprendimiento que incluyó una sala de juegos, un hotel y espacios gastronómicos.

El proyecto se presentó como un desarrollo integral destinado a diversificar la oferta comercial y recreativa local. No obstante, su componente más controvertido fue la sala de juegos, que podría operar como bingo. El intendente Ariel Sujarchuk respaldó la iniciativa al proponer que un porcentaje de los ingresos del bingo se destinara a la Cooperadora del Hospital del Bicentenario de Garín, bajo las disposiciones de la normativa provincial.

El expediente Nº 18.318/24 se presentó el pasado 6 de diciembre, y en menos de tres semanas completó su circuito legislativo. Esta rapidez fue facilitada por los dictámenes favorables emitidos en menos de 48 horas por varias áreas del Ejecutivo municipal, lo que permitió a Laura Guazzaroni, presidente del HCD, convocar a una sesión extraordinaria. Finalmente, de los 24 concejales, 20 votaron a favor.

– El bingo se instalaría en el predio que está al lado de la base de Policía Motorizada

Entre las ausencias destacaron figuras como Gabriela Hernández y Florencia Campos, del bloque Pro Libertad, quienes cuestionaron tanto el contenido del proyecto como el proceso legislativo. Por su parte, los tres concejales de La Libertad Avanza respaldaron la medida, generando críticas dentro y fuera del recinto.

Analistas locales y representantes vecinales señalaron que el tratamiento acelerado del proyecto reflejó una falta de transparencia y debilitó la legitimidad del proceso. Esta percepción se agravó considerando que el juego de azar fue un sector que, históricamente, estuvo asociado a problemáticas sociales y cuestionamientos éticos.

La instalación del bingo despertó un contundente rechazo entre los residentes aledaños a esa zona en específico de Ingeniero Maschwitz, quienes, organizados en agrupaciones como la Asociación Vecinal Ruta 26 y la Red de Seguridad de la Ruta 26, presentaron un documento en el que sintetizaron sus principales objeciones.

Una vecina describió el proyecto como un negociado y enfatizó que “el bingo no mejoró la calidad de vida; solo enriqueció a unos pocos a costa del deterioro de nuestra comunidad”. Otros residentes señalaron que “la ludopatía y los negocios oscuros asociados a los bingos trajeron consigo más pobreza y descomposición social” y que “estas iniciativas solo benefician a intereses particulares mientras descomponen el tejido social de la comunidad”.

El documento también subrayó la experiencia de otras localidades bonaerenses donde emprendimientos similares exacerbaron problemas sociales, especialmente en sectores vulnerables. Según el escrito, la instalación del bingo también podría generar mayores costos en servicios de emergencia y seguridad, recursos ya limitados en el municipio.

El comunicado también advirtió que la instalación del bingo desvalorizaría las propiedades cercanas y alteraría la identidad de Ingeniero Maschwitz, que se caracteriza por su entorno residencial y natural. Los vecinos afirmaron que continuarán movilizándose y evaluando alternativas legales para detener la iniciativa.

EL COMUNICADO DE LOS VECINOS

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El municipio defendió el proyecto como una oportunidad para generar empleo y diversificar la economía local. Sin embargo, los detractores insistieron en que aquellos empleos generados fueron temporales y precarios, mientras que los costos sociales fueron permanentes. Estudios presentados por la Asociación Vecinal Ruta 26 advirtieron, por ejemplo, que el bingo fomenta la exclusión social al incentivar el gasto en apuestas entre sectores económicamente vulnerables.

En respuesta, propusieron alternativas para el uso del predio, como la construcción de centros de capacitación laboral y espacios recreativos que promovieron la integración comunitaria. Estas propuestas subrayaron la necesidad de proyectos que fortalecieran el tejido social en lugar de fragmentarlo.

EL PROYECTO, APROBADO POR UNANIMIDAD

Proyecto-ordenanza

La ordenanza aprobada estipuló que el desarrollo debió cumplir con estrictos requisitos de sostenibilidad y garantizar audiencias públicas antes de su ejecución. La comunidad, sin embargo, se movilizó para detener la iniciativa y evaluó acciones legales para cuestionar su viabilidad.

La controversia reflejó un conflicto más amplio sobre el modelo de desarrollo urbano en Escobar y el equilibrio entre intereses económicos y las demandas sociales.

Redacción

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IOSFA, al borde del abismo: la obra social militar que abandona a sus héroes

*Por Augusto Grinner

El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que brinda cobertura a cerca de 550.000 militares, gendarmes, prefectos, jubilados y sus familias, atraviesa una crisis sin precedentes que lo llevó al borde del colapso. Un informe detallado expone una combinación explosiva de desmanejo financiero, desidia y problemas estructurales que hoy dejan a miles de servidores de la patria sin la atención médica que merecen.

La situación es crítica. En tan solo 18 meses de la era Milei, el IOSFA pasó de tener reservas positivas de $25.000 millones de pesos, a un déficit acumulado que supera los $160.000 millones. Actualmente, la obra social pierde la asombrosa cifra de $15.000 millones por mes, cifras que dibujan un panorama de quiebra inminente.

Cóctel explosivo

Por un lado, el “sinceramiento de precios” de 2024 disparó los costos de medicamentos y prestaciones médicas en más de un 300%, mientras que los ingresos por aportes de los salarios militares –ya devaluados– crecieron a un ritmo mucho menor. A esto se suma la ausencia total de asistencia estatal extraordinaria por parte del Tesoro Nacional, dejando al IOSFA a la deriva, a diferencia de otras obras sociales masivas como PAMI.

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La situación en IOSFA es dramática: reservas evaporadas, un déficit de $160.000 millones, más de 90 cortes diarios de servicios y la renuncia de su director. Ya se habla de una quiebra técnica y crece el fantasma de la privatización silenciosa. Los afiliados militares, retirados y sus familias quedan a la deriva.

Pero las críticas más duras apuntan a problemas internos de gestión que rayan en la desidia:

  • Activos ruinosos: La obra social mantiene 33 hoteles, centros de recreación y 33 farmacias que, lejos de ser rentables, son un lastre financiero constante. Una clara muestra de un despilfarro inexplicable.
  • Gasto descontrolado: Un alarmante 92% de los ingresos se destina sólo a cubrir prestaciones básicas, dejando un margen nulo para cualquier imprevisto o inversión. La gestión vive al día, al borde del precipicio.
  • Burocracia inflada: Con una planta de personal que casi duplica a otras obras sociales de tamaño similar (como IOMA), la estructura del IOSFA está sobredimensionada, devorando recursos en sueldos que no se ven reflejados en la eficiencia del servicio.
  • Ausencia de controles: La falta crítica de auditorías médicas sobre clínicas y prestadores es señalada como un agujero negro por donde el dinero desaparece sin fiscalización, alimentando sospechas de malversación y un posible vaciamiento deliberado.

El drama de los afiliados: castigos por reclamar

El colapso financiero se traduce directamente en un drama humano. Los afiliados denuncian un promedio de 90 interrupciones diarias en los servicios por falta de pago a prestadores. Las demoras en la autorización de insumos críticos como stents o marcapasos se extienden por varios meses, poniendo vidas en riesgo. Farmacias con escasez de medicamentos y reintegros que nunca llegan completan un panorama desolador.

“El servicio está en ruinas”, coinciden los afectados en redes sociales, que describen “médicos que se van, hospitales vacíos y farmacias sin medicamentos”. A pesar de la obligatoriedad del aporte, los afiliados se sienten abandonados y prisioneros de un sistema que no les permite buscar otra cobertura, se trata de una obra social cautiva, símil IOMA.

Tras la difusión de la información inicial sobre la crisis de IOSFA, este medio recibió nuevos contactos de afiliados que no sólo confirmaron cada punto expuesto, sino que agregaron una denuncia gravísima: si los familiares de los militares realizan reclamos formales ante el IOSFA por la falta de atención o cobertura, los propios militares en actividad reciben reprimendas y castigos disciplinarios dentro de sus unidades.

El parche del IAF y el temor a la privatización

La inestabilidad directiva, con el pasaje de tres presidentes en un año y medio, todos cercanos al Ministro de Defensa, Luis Petri; se evidencia la imposibilidad de contener la crisis. El préstamo de $40.000 millones del IAF (Instituto de Ayuda Financiera), una entidad clave para las jubilaciones militares, es considerado por muchos como un parche superficial que sólo prolonga la agonía y pone en riesgo los fondos de retiro. Además, este préstamo fue gestionado por la actual presidente de IOSFA cuando ésta aún trabajaba en el IAF, lo que resuena aún más.

Crece también la preocupación por un posible plan para tercerizar las prestaciones de salud, lo que muchos ven como el paso previo a la privatización total de la obra social militar. La idea es que, al dejarla quebrar, se justifique su venta; una estrategia que la comunidad militar rechaza enérgicamente, considerándola un ataque a la solidaridad y a los derechos de quienes sirvieron a la nación.

Redacción

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Diputados de Juntos respaldaron el congelamiento de sueldos para funcionarios

El bloque de diputados provinciales de Juntos por Entre Ríos manifestó su apoyo al decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, que establece la suspensión de actualizaciones salariales para funcionarios del Ejecutivo. La medida forma parte de un paquete de control del gasto público, en un contexto de marcada restricción presupuestaria.

A través de un comunicado, los legisladores señalaron que la decisión responde a “la delicada situación a la que fue conducida la provincia de Entre Ríos con la merma real de la coparticipación y la eliminación directa de transferencias del Gobierno nacional”, a lo que se suma “la realidad de tener que afrontar el vencimiento de la deuda generada por épocas de descontrol que nos precedieron”.

Desde la bancada remarcaron que el momento exige dejar de lado reproches pasados para dar prioridad a las soluciones inmediatas: “Somos conscientes de que no es tiempo de mirar para atrás, sino de anteponer soluciones o paliativos inmediatos ante la difícil situación. Y sabemos también que es necesario contarle a los entrerrianos por qué se toman esas medidas”.

En esa línea, los legisladores hicieron hincapié en la necesidad de romper con viejas prácticas de administración: “La provincia vivió décadas de desapego a la responsabilidad en la administración de los recursos públicos, pero eso quedó atrás. Ahora es tiempo de afrontar las consecuencias de aquello. Por eso avalamos la decisión anunciada por el Poder Ejecutivo. Somos conscientes de que hay que salir de esta situación de crisis, que heredamos y no buscamos, pero que obliga a actuar sin especulaciones y con la seriedad que el momento merece”.

Redacción

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“INADMISIBLE Y REPUDIABLE” | Escuelas de Río Negro izaron la bandera mapuche en los actos del 20 de junio

El pasado 20 de junio, fecha en la que la Argentina conmemora el legado de Manuel Belgrano, la Escuela Primaria N.º 154 del barrio El Frutillar, en Bariloche, incluyó la bandera mapuche Wenufoye en la tradicional promesa de lealtad a la enseña nacional realizada por alumnos de cuarto grado. Imágenes difundidas en redes sociales y medios locales mostraron a los niños, de guardapolvo blanco, izando la insignia indígena junto a la celeste y blanca, escena que de inmediato generó una fuerte polémica.

El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj, repudió el hecho en su cuenta de X: “Argentina tiene una sola bandera, la celeste y blanca. El legado de Belgrano que hoy honramos. En varias escuelas de Río Negro se hizo la promesa a la bandera mapuche. Es inadmisible y repudiable. Los docentes que lo promovieron deben ser sancionados”. La publicación se viralizó y recibió decenas de apoyos; entre ellos, mensajes que exigieron incluso “inhabilitación de por vida”.

En diálogo con el diario Río Negro, las maestras defendieron la inclusión de la Wenufoye: “Que hoy los niños vengan y nos digan que quieren presentar la Wenufoye, sin que uno se lo imponga, te llena de satisfacción”, expresó una de ellas, aludiendo al origen mapuche de varios alumnos.

El episodio destapó una práctica extendida en distintas escuelas rionegrinas. Según la Coordinadora del Parlamento Mapuche, desde 2005 los establecimientos de la provincia incorporaron actividades interculturales y, en algunos casos, el izamiento de la bandera indígena. El organismo recordó que la presentación de la Wenufoye “cuenta con un amplio respaldo legislativo” a partir de la Ley Provincial 2287/88, el artículo 42 de la Constitución de Río Negro, la Ley de Educación 4819/2013, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el convenio 169 de la OIT ratificado por Ley 24.071.

La entidad respondió a Avruj con un comunicado en el que señaló: “‘Es inadmisible y repudiable’ que un personaje nefasto, como lo es Claudio Avruj, ejerza el cargo de presidente del INAI”. Afirmó además que “la presencia de la Wenu Foye junto a la bandera Argentina en las escuelas no niega ni ofende al emblema patrio”, sino que “refleja la diversidad cultural del país”.

El debate se intensificó tras conocerse otros actos escolares similares. En General Roca, treinta alumnos de cuarto grado presentaron la Wenufoye pocos días antes del Xiñoy Tripantu (Año Nuevo Mapuche). Claudia Durjera, coordinadora de Enseñanza Intercultural Bilingüe y madre de uno de los niños, explicó que la bandera “pasa a ser propiedad de los chicos” y subrayó que cada vez más alumnos “buscan su identidad y la reafirmación” pese a posibles casos de bullying.

Redacción

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El Municipio de Mar del Plata multó a 280 trapitos en un mes a partir de denuncias vecinales vía WhatsApp

La Municipalidad de General Pueyrredon reforzó durante junio su política de fiscalización integral del espacio público. En ese período, 530 motocicletas fueron retiradas de circulación y quedaron alojadas en corralones tras constatarse infracciones a la normativa provincial y municipal que regula la seguridad vial.

La intervención —articulada por la Secretaría de Seguridad, la Dirección de Tránsito, el Cuerpo de Patrulla Municipal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires— también derivó en 281 actas a cuidacoches informales, popularmente llamados “trapitos”, a partir de reportes vecinales.

Se aprehendió a 22 personas con antecedentes penales o pedidos de captura vigentes, lo que evidencia la dimensión preventiva de los operativos.

Otro hallazgo relevante fue la detección de cinco licencias de conducir presuntamente apócrifas. El material probatorio fue remitido al Juzgado de Faltas para su evaluación y, en su caso, la aplicación de sanciones administrativas y penales.

Desde la Secretaría de Seguridad indicaron que “el objetivo es garantizar el orden en la vía pública, reducir siniestros viales y disuadir conductas delictivas vinculadas al uso indebido de motos”. La estrategia descansa sobre dispositivos móviles de control, retenes sorpresivos y patrullajes en puntos críticos identificados mediante estadísticas de accidentes y denuncias ciudadanas.

Los reportes vecinales llegan a través de un número de WhatsApp habilitado las 24 horas, herramienta que agiliza la respuesta operativa: la geolocalización y la descripción de la incidencia permiten despachar móviles en cuestión de minutos. “La participación comunitaria es clave para mantener la seguridad y la convivencia”, subrayaron las autoridades.

Funcionarios locales adelantaron que la iniciativa continuará durante el invierno con un enfoque “sostenido y planificado”, priorizando los barrios donde los indicadores de siniestralidad y de conflictividad social resulten más elevados.

Redacción

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ENTRE RÍOS | Diputados convirtió en ley la creación de la OSER: “Es un cambio fundamental y necesario”

En una sesión realizada ayer, la Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió en ley el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo provincial para crear la Obra Social de Entre Ríos (OSER), organismo que reemplazará al actual Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER).

La iniciativa fue aprobada por mayoría, sin modificaciones respecto al texto remitido por el Senado provincial, durante la quinta sesión especial del 146° período legislativo, presidida por Gustavo Hein. La ley establece que la OSER funcionará como una entidad pública con autarquía administrativa y financiera, heredando legalmente todos los derechos, obligaciones y patrimonio del IOSPER.

Durante el debate, el diputado Silvio Gallay (Juntos por Entre Ríos), presidente de la Comisión de Salud Pública, destacó la participación amplia en el tratamiento legislativo: “se detectaron graves falencias en el funcionamiento del Instituto, un déficit estructural creciente producto de una gestión ineficiente y un modelo de dirección sobredimensionado, que le costaba al Iosper 251 millones de pesos al mes”. Agregó además que, tras la intervención del IOSPER, se evidenciaron “otras irregularidades, como el retraso e incumplimiento en la entrega de más de 1.126 prótesis”.

Gallay también resaltó los beneficios que la nueva ley traerá a los afiliados: “Los usuarios van a tener garantizada la asistencia médica integral, odontológica, farmacéutica, laboratorios, auxiliares de medicina, internación, traslado por internaciones, subsidios y, naturalmente, las prestaciones médicas obligatorias que establece el marco nacional. Pero vale aclarar que este es el piso, no es el techo”.

Entre las innovaciones destacadas se mencionó la reducción del directorio a solo cuatro miembros, de los cuales dos serán designados por los gremios. Además, se establecerá un consejo consultivo ad honorem y un nuevo sistema robusto de fiscalización con dos síndicos designados por el Poder Legislativo, uno del oficialismo y otro de la oposición, para garantizar transparencia.

La diputada Gabriela Lena (JxER) defendió la reforma con énfasis: “Es un cambio fundamental y necesario, es una respuesta urgente a una situación que no podemos seguir tolerando”. Asimismo, añadió: “Con OSER se establecen límites claros, pero lo más importante es que recuperamos la confianza con un nuevo sistema de fiscalización y quienes tengan la responsabilidad de conducirla responderán con su patrimonio personal por los daños causados por actos penales”.

Por su parte, Laura Stratta (Más para Entre Ríos) cuestionó duramente la iniciativa: “no es necesaria una nueva ley” para resolver los problemas planteados y afirmó que la nueva composición del directorio “reduce la participación de los representantes de los afiliados” y “concentra el poder en el gobierno de turno”. Stratta también criticó que la aprobación del proyecto tuvo un “tratamiento exprés” y señaló deficiencias administrativas actuales como el aumento de coseguros.

El diputado Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos) también se mostró en desacuerdo con el proyecto, aunque reconoció que era “seguramente necesaria una actualización” del marco normativo. Advirtió sobre “una reducción significativa de las prestaciones actuales”.

El cierre del debate estuvo a cargo del diputado López, quien defendió la propuesta del Ejecutivo provincial como una medida necesaria para mejorar el funcionamiento de la obra social. Además, anunció que algunas inquietudes planteadas, como el impacto sobre la Mutual Municipal de Concepción del Uruguay, serán corregidas por el gobernador mediante reglamentación.

Finalmente, la ley fue aprobada con 20 votos a favor y 13 en contra, marcando un nuevo rumbo para la salud pública en la provincia de Entre Ríos.

Redacción

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Docentes de Chaco denunciaron que fueron sustituidos por piqueteros

El conflicto en la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena N°1 del barrio Toba en Resistencia, Chaco, representa un complejo entramado de disputas políticas, educativas y comunitarias que afecta directamente a la educación de cientos de estudiantes de la capital chaqueña.

Rosilda Morales, auxiliar docente, fue quien denunció haber sido desplazada de su cargo sin justificación clara. Morales, que está inscripta en la Junta de Clasificación y cuenta con formación reconocida por el Estado, señaló que “están metiendo políticamente a su gente, sus amigos piqueteros” y que “se están violando todos mis derechos como docente”.

La docente destaca que su función profesional es ser “un nexo articulador con la docente a cargo del aula” para “implementar la cultura y el idioma en el espacio curricular”, y que es “perito traductora de la provincia”. “Hay muchos referenciados en el peronismo, pero otros son piqueteros”, afirmó, agregando: “Cada uno corta la ruta por su cuenta para pedir mercadería y vivienda”.

Académicos denuncian que la actual gestión del Consejo Comunitario ha despedido a docentes con varios años de experiencia en la escuela, sustituyéndolos por “personas totalmente ajenas a la educación bilingüe intercultural, vinculadas a funcionarios del Ministerio de Educación y al Presidente del Consejo Comunitario Escolar”.

El establecimiento presenta funciones bajo un sistema de cogestión entre el Ministerio de Educación Provincial y el Consejo Comunitario Escolar, donde el 50% de los cargos docentes se cubren por Junta de Clasificación y el otro 50% es definido por el Consejo Comunitario.

Carlos Núñez y Norma Inés Ojeda fueron presidente y vicepresidente del Consejo Comunitario del barrio Toba respectivamente. Núñez, quien es miembro fundador del EPI KAMBA (Espacio Plurinacional Indígena) e integrante de la Comisión de Inclusión del Instituto Patria, ganó las elecciones del Consejo Comunitario en marzo de 2021 con el 28,5% de los votos.

El conflicto escaló cuando Nuñez y Ojeda “tomaron el establecimiento, dejando a cientos de alumnos sin clases”. El Ministerio de Educación, a través de la subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, Vilma Coria, ha trabajado para garantizar la continuidad de las clases. Las autoridades educativas han confirmado que “sí se designó con títulos”.

Según la información que trascendió, el alta de la docente Morales está fechada el 23 de abril de 2024, y su baja el 24 de septiembre del mismo año. La docente presentó notas de reclamo en septiembre de 2024, las cuales forman parte del expediente.

El director regional Manuel Acevedo confirmó que se encuentra investigando “si los procedimientos se ajustaron a normativa y si se cumplieron los plazos administrativos”. Una situación particularmente preocupante es la designación de Ricardo Núñez, cuñado de la directora, en el cargo que antes ocupaba Rosilda Morales. Durante las elecciones de 2021, se habría revelado que “lamentablemente hay docentes que no son docentes” y que “designaron a quienes no son docentes, nombraron a amigos y compañeros para devolver favores”.

Durante su gestión, la lista encabezada por Núñez y Ojeda recibió el acompañamiento de distintas organizaciones sociales como el Frente Chaqueño, movimientos y referentes comunitarios, y tuvo como base de construcción a la Organización Indígena 19 de Abril. El actual Consejo Comunitario “Nuevo Comienzo” está presidido por Luis Alberto López, conocido bajo el alias “Chocho”. Esta nueva gestión ha generado controversias por las decisiones tomadas respecto al personal educativo.

Redacción

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