05 febrero, 2025

Diputada de Capitanich responsabilizó A LA PROPIA CECILIA por lo sucedido

La diputada Claudia Panzardi, que acompañó al gobernador de Chaco en su última conferencia de prensa, dijo que nunca hubo denuncias que evidencien la violencia contra Cecilia: "Dejen de mentir". También, la responsabilizó por su asesinato.
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La diputada K de Chaco, Claudia Panzardi, alineada con Jorge Capitanich, desestimó este miércoles que Cecilia Strzyzowski fuera víctima de violencia de género. Puso de manifiesto que la joven no había presentado denuncias por ese delito en el marco del matrimonio con César Sena y reprodujo una frase que causó polémica. “Se dice que sufría violencia de género. Sin embargo, Cecilia fue la que eligió erróneamente, seguramente, a esa familia”, sostuvo.

Panzardi habló sobre el caso de Cecilia Strzyzowski durante la sesión de la Legislatura provincial de este miércoles. Realizó una encendida defensa de la gestión oficialista y reiteró los argumentos que el gobernador de Chaco expuso en la conferencia de prensa que brindó el martes, de la que también participó. La diputada se ubicó al costado del mandatario mientras cuestionaba la cobertura mediática de la investigación judicial y acusaba a los medios de un “ataque sistemático” en su contra.

La diputada chaqueña se refirió a las acusaciones por violencia cuando le contestó a la legisladora Andrea Canteros Reiser, miembro del espacio UCR Evolución, quien había cuestionado el rol de la Gobernación en el asunto. Panzardi inició su discurso (habló 25 minutos) manifestando su solidaridad con la familia de Cecilia Strzyzowski, y señaló que la provincia está atravesada por “el dolor” . No obstante, cuestionó a la oposición a la que acusó de intentar sacar un rédito político.

“Acá hay muchas cuestiones que acá se acaban de manifestar que son de una falsedad absoluta y constituyen una real malicia. ¿Por qué digo real malicia? Porque quien hacía uso de la palabra es abogada y habló de un montón de hechos que no fueron denunciados. Y si lo fueron, que los exhiba por favor así tomamos conocimiento todos y podemos ayudar”, dijo. Y agregó: “Es fácil hablar de aprietes y de un montón de cuestiones. ¿Y las denuncias dónde están?”.

Panzardi profundizó en ese sentido sus críticas a la legisladora opositora al hablar de César Sena, imputado en la investigación. “Ha puesto en sus palabras afirmaciones como diciendo que Cecilia que era víctima de violencia de género”, dijo. Y remarcó: “Sin embargo, Cecilia fue la que eligió erróneamente, seguramente, a esa familia”. “Hacía muy poco que se habían casado y nunca hubo una sola denuncia por violencia de género. Dejen de mentir”, lanzó.

La legisladora oficialista sostuvo que la madre de Cecilia Strzyzowski, Gloria Romero manifestó (según ella describió) que nunca pensó que “pudiera haber violencia entre ellos” y llegó a decir que creía que tenía “un yerno divino”. Por eso mismo desafió a la oposición. “¿Por qué vienen a hablar de violencia de género? Si había y si sabía, ¿por qué no lo denunciaron?”, planteó. Aunque admitió: “Pudo haberlo. No digo que no”. Sin embargo, insistió en que no se denunciaron los hechos.

Claudia Lorena Panzardi on Twitter: “Pido DISCULPAS PÚBLICAS nuevamente y dejo el video completo de mi exposición. La misma fue en respuesta al contexto de acusación y agresión permanente con un caso tan doloroso q lo sufrimos mucho, lastima demasiado y podemos cometer errores al expresarnos. https://t.co/Qx78QwLSVJ / Twitter”

Pido DISCULPAS PÚBLICAS nuevamente y dejo el video completo de mi exposición. La misma fue en respuesta al contexto de acusación y agresión permanente con un caso tan doloroso q lo sufrimos mucho, lastima demasiado y podemos cometer errores al expresarnos. https://t.co/Qx78QwLSVJ

Varias horas después de su intervención en la Legislatura, Panzardi pidió “disculpas públicas” y subió el video completo de sus palabras. Aseguró que su exposición “fue en respuesta al contexto de acusación y agresión permanente con un caso tan doloroso” y que “lastima demasiado”. Lo hizo al compartir un mensaje pasada la medianoche en sus redes. “Podemos cometer errores al expresarnos”, dijo.

A su vez, a través de una publicación en Facebook, señaló que sus dichos no “fueron lo suficientemente claros” para lo que necesitaba expresar. “No significa de ninguna manera que esté culpando a Cecilia, sino todo lo contrario. Lo que quise decir es que ella ni su familia pudieron alertar sobre esa situación de existir con anterioridad a la desaparición y que mucho menos entonces se podría haber actuado desde fuera, porque no había forma de saberlo”, expresó.

Redacción

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Un municipio de Salta construirá un muro de 200 metros en la frontera con Bolivia para frenar los cruces clandestinos: “Era un descontrol total”

El municipio argentino de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, confirmó la construcción de un alambrado de 200 metros en la frontera con Bolivia y desató la indignación del país vecino. El interventor de esa comuna, Adrián Zigarán, aseguró que la iniciativa apuntó a que todas las personas realicen los trámites migratorios correspondientes y detalló que la firma del convenio se concretó mediante una licitación publicada en el Boletín Oficial salteño, bajo la Resolución 17/2025 y en el expediente 056/25.

La polémica se originó luego de que la cancillería boliviana divulgara un comunicado en el que advirtió que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”. En esa línea, las autoridades de Bolivia expresaron: “El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su preocupación ante el anuncio del Gobierno de Argentina de instalar una cerca de 200 metros en la frontera entre ambos países” y anticiparon que solicitarían, a través de los canales diplomáticos, la información oficial sobre la valla.

Zigarán, quien reemplazó al exintendente condenado Manuel Cornejo, precisó que el alambrado tendría unos 2,5 metros de alto y se ubicaría en la rivera del Río Bermejo, entre la Terminal de Ómnibus de Aguas Blancas y la oficina de Migraciones. “Era un descontrol total”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales, y explicó que buscaban “evitar que la gente llegue al pueblo, salte por un paredón que hay en la zona para evitar inundaciones y cruce al país vecino sin hacer migraciones”.

Según expuso, la iniciativa formó parte del “Plan Güemes”, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Patricia Bullrich, para fortalecer las fronteras del norte y combatir delitos federales. Ese programa ya había desplegado fuerzas de seguridad en la zona el año anterior. En ese sentido, Zigarán evaluó que la narcofrontera “se había corrido 300 kilómetros dentro de Salta” y consideró que los nuevos controles “vienen teniendo buenos resultados”.

La construcción del vallado generó malestar en el gobierno de Luis Arce. El ministro de Justicia boliviano, César Siles, se quejó por la medida y la calificó como “vulneratoria de los principios más elementales de la convivencia pacífica en el nivel internacional” y afirmó que “esto iría en contra de los tratados internacionales”. También solicitó que organismos como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) “deberían conminar estas determinaciones” y añadió: “Esperemos que solo sea un anuncio y no algo real. Esperemos que el presidente de Argentina pueda reflexionar”.

Por su parte, Zigarán aseguró: “Me llamó la atención que se preocupe el gobierno boliviano porque las autoridades nacionales hace más de un mes nos llaman para que refuercen los dos pasos que tenemos”. El interventor cuestionó a Bolivia por una supuesta falta de colaboración en los controles: “Así que es bienvenido que ahora se hayan despertado”. Además, relató que, durante las fiestas de fin de año, ese país envió solo a un oficial migratorio, lo que provocó grandes demoras en la frontera.

En la zona afectada, las personas suelen cruzar a diario cargando mercadería. “Esta gente, que viene de la pobreza, viene en tabla de surf por el río y traen esta mercadería, pero no saben qué hay adentro”, dijo Zigarán, y calificó a quienes transitan por la noche con bolsas de consorcio como “chancheros”, enfatizando la dificultad de controlar esos ingresos.

El interventor de Aguas Blancas expresó que la falta de un cercado claro en el paso fronterizo había facilitado la actividad de bagayeros y el ingreso de productos sin declarar: “En ese marco, Nación entiende que ya se dio el tiempo suficiente para que entiendan que se tiene que entrar y salir por donde corresponde“. El vallado se configuró como un modo de canalizar el tránsito hacia Migraciones y la Aduana, con el objetivo de reducir el cruce irregular en un pueblo de alrededor de 3000 a 4000 habitantes, donde, según Zigarán, “unas 15 mil personas” cruzaban al país vecino “sin pasar por controles”.

Bolivia, a través de su cancillería, reiteró en su comunicado: “Bolivia continuará apoyando el diálogo constructivo como la vía para solucionar los asuntos de común interés”. Sin embargo, aseguró que analizaría la información requerida a Argentina antes de definir los pasos a seguir. El gobierno salteño, por su parte, ratificó la continuidad de la obra e indicó que el alambrado perimetral buscaría delimitar la frontera de manera más efectiva, sin descartar la implementación de futuras medidas de seguridad en la zona.

Redacción

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Montenegro endurece controles contra los “cuidacoches” | “Con el trapito van a terminar puliendo los barrotes de la celda”

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, reforzó los controles en Mar del Plata contra los denominados “trapitos” mediante operativos de seguridad que buscan desalojarlos de las zonas cercanas a las playas. Estas acciones se implementaron en plena temporada estival, ante la llegada masiva de turistas y el aumento de denuncias por extorsión en la vía pública.

“A partir de diciembre te encontrás con que viene gente de otros lugares de la Argentina para generar caos y hacerse dueña de la calle, y eso no lo voy a permitir. No solamente es un delito, sino que también está la situación de extorsión permanente en el espacio público”, afirmó Montenegro en declaraciones públicas.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal compartió un video donde un agente de la Secretaría de Seguridad desalojó a un trapito que cobraba a los automovilistas frente a la playa Bristol, en pleno centro de la ciudad. En la grabación, el policía le explica al acusado: “Como es un espacio público, no se puede pedir dinero. Retírese”. Montenegro acompañó el video con un mensaje contundente: “Con el trapito van a terminar puliendo los barrotes de la celda”.

“ESTO NO ES UN TRABAJO”

La viralización del video generó un impacto inmediato: solo en el día de su publicación se recibieron 25 denuncias adicionales en la línea de WhatsApp (223-3406177) habilitada para reportar estas prácticas. Esta herramienta, disponible las 24 horas, permite a los ciudadanos enviar fotografías y videos como evidencia de situaciones de coacción en la vía pública.

El secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves, respaldó la medida y la calificó como “razonable”. En una entrevista, destacó que la iniciativa busca diferenciar entre quienes solicitan colaboración de manera voluntaria y quienes emplean métodos coercitivos. “Los que amedrentan, aprietan y ponen precios son delincuentes; quienes no hacen esto no tendrán problemas”, aclaró. Además, hizo un llamado a la Policía de la Provincia de Buenos Aires para intensificar su colaboración en la prevención de este fenómeno.

Entre las conductas denunciadas figuran amenazas, cobro de tarifas fijas por estacionamiento, violencia verbal, consumo de alcohol en la vía pública y la reserva ilegal de espacios. Montenegro enfatizó que estas prácticas generan temor en los ciudadanos: “La gente dejó de disfrutar de la calle porque tiene miedo de estacionar el auto y de salir a la mañana”.

El intendente señaló que la proliferación de los trapitos no es un fenómeno aislado, sino que responde a una organización con vínculos políticos. Comparó la situación con la toma de El Marquesado, ocurrida hace dos años, donde acusó a sectores liderados por Juan Grabois de utilizar el espacio público de manera ilegal. “Cuatro vivos te usurpan el espacio público y hacen plata. Eso no lo voy a permitir”, sentenció Montenegro.

Montenegro destacó que Mar del Plata ya no es solo un destino de temporada, sino que se consolidó como una ciudad atractiva para turistas jóvenes durante todo el año. “Generamos eventos deportivos y culturales que permiten sostener la actividad más allá del verano. Antes, uno de cada cinco visitantes eran jóvenes, y ahora es uno de cada tres”, resaltó.

Con el lema “Esto no es un trabajo”, el jefe comunal dejó en claro que el municipio continuará combatiendo estas prácticas. En un mensaje reciente en la red social X, el intendente reafirmó su postura: “El espacio público no es de nadie, no te pueden cobrar. No podés estar pensando que vas a tener un problema cuando estacionás el auto”.

Redacción

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Cristina acudirá a la Justicia para recuperar su millonaria jubilación de privilegio

La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner recurrirá nuevamente a la Justicia Federal para reclamar la restitución de su jubilación especial, luego de que el gobierno de Javier Milei suspendiera su cobro. La expresidenta percibía dos haberes en simultáneo: su pensión como exjefa de Estado y la asignación correspondiente como viuda de Néstor Kirchner, lo que le permitía recibir una suma millonaria.

Cabe recordar que la exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, según lo ratificó la Cámara Federal de Casación Penal. El fallo la encontró responsable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, aunque aún restan instancias judiciales para que la sentencia quede firme.

Según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en mayo de 2024, la expresidenta percibía un monto bruto mensual que equivalía aproximadamente a 385 jubilaciones mínimas de aquel entonces.

El abogado Facundo Fernández Pastor, representante legal de Cristina Kirchner, presentó ante la ANSES un escrito en el que sostiene que la suspensión de los pagos “vulnera los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional” y exigió el reintegro de los montos retenidos. En su denuncia, calificó la medida como “un acto más de persecución con fines vengativos, hostigamiento y sectarismo político” por parte del Gobierno. Asimismo, insistió en que la ANSES carece de facultades legales para revocar este tipo de beneficios.

Fuentes del organismo previsional confirmaron que ni Cristina Kirchner ni Amado Boudou —condenado por el caso Ciccone— están cobrando actualmente sus asignaciones especiales. “Por ahora, no cobran un peso”, indicaron.

El pasado 14 de noviembre, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció en conferencia de prensa la decisión de revocar tanto la jubilación como la pensión de la exmandataria. En ese contexto, señaló que la medida representaba “un ahorro de unos $21.827.624 para los argentinos”.

Desde el Gobierno buscan rechazar el reclamo de Cristina Kirchner, argumentando que su situación encuadra en el concepto de “indignidad” previsto en el artículo 29 de la ley 24.018, que impide otorgar beneficios previsionales a quienes hayan cometido delitos dolosos contra el Estado con fines de enriquecimiento. La normativa establece que estos haberes no podrán ser percibidos por quienes hayan sido destituidos mediante juicio político o sumario debido a un mal desempeño en sus funciones.

Redacción

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Balearon a otro policía de la Ciudad en el Conurbano y crece la bronca de Waldo Wolff contra Axel Kicillof

Un policía de la Ciudad fue victima de un nuevo ataque en el Conurbano: recibió un disparo en el abdomen cuando intentaron robarle en La Matanza. El hecho fue denunciado por el ministro de Seguridad de Jorge Macri, Waldo Woff, en el marco de una escalada de ataques violentos a agentes de la Policía de la Ciudad en la provincia de Buenos Aires.

El ministro Wolff detalló en las redes sociales que el efectivo baleado se llama Ernesto Andrés Mamani. Fue abordado por delincuentes que quisieron robarle y recibió un disparo por el que se encuentra internado luego de una intervención quirúrgica.

“Como a tantos bonaerenses, a él esta vez quisieron robarle delincuentes en La Matanza. Van 30 enfrentamientos armados de policías de la Ciudad que viven en el Conurbano al entrar o salir de sus casas en lo que va de 2025. Seguimos a disposición y esperando la reunión fallida entre nuestros equipos técnicos de ambos distritos para encontrar soluciones”, sostuvo el funcionario en X, quien agregó: “Qué mas tiene que pasar? Cuántos muertos más? Los problemas existen aunque no hablen de ellos”.

El oficial porteño Mamani fue atacado en la zona de Villa Palito cuando iba a trabajar como agente de la Policía de la Ciudad. El ataque violento sucedió sobre Camino de Cintura y Mendoza, cerca de la Ruta 21. Allí, se produjo un enfrentamiento y Mamani recibió un disparo en el abdomen.

Ahora se encuentra en el Hospital Balestrini de La Matanza, donde fue intervenido en la mañana de ayer martes. Desde el Gobierno porteño comunicaron que, si su estado de salud lo permite, será trasladado con un helicóptero del SAME al Hospital Italiano.

CRECE LA BRONCA ENTRE CIUDAD Y PROVINCIA:

El ataque en cuestión se inscribe en una escalada de hechos violentos que tienen a policías de la Ciudad que viven en el Conurbano bonaerense como víctimas. Se tratan de ataques que vienen registrándose desde el año pasado, lo que contribuyó a deteriorar el vinculo entre los Gobiernos de CABA y la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad pública.

Hace unos días hubo un intento de acercamiento entre Waldo Wolff y su par de Provincia, Javier Alonso, con miras a elaborar un plan coordinado para dotar de mayor seguridad a los municipios peligrosos del Conurbano y así evitar más ataques a policías porteños. Sin embargo, el encuentro terminó con acusaciones políticas a un lado y otro de las posiciones en conflicto.

Redacción

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El Gobierno calificó de “ridículo” el informe de Amnistía sobre el protocolo antipiquetes

“Es un informe absolutamente desconectado de lo que vive la sociedad argentina. Están del lado de los delincuentes, mientras nosotros trabajamos para proteger a los 46 millones de argentinos que fueron víctimas de los piqueteros y la extorsión durante décadas”, afirmó Bullrich en declaraciones a El Observador FM. La ministra también aseguró que el protocolo busca resolver de manera pacífica y profesional una problemática histórica, permitiendo reducir los bloqueos y garantizando el derecho al libre tránsito. Según sus palabras, esta medida representa un cambio estructural en la gestión del espacio público.

El informe de Amnistía Internacional, titulado “Uso excesivo de la fuerza”, documenta más de mil heridos en al menos 15 protestas ocurridas durante 2024. Además, denuncia el uso desproporcionado de balas de goma, gases lacrimógenos y bastones contra manifestantes que, según el organismo, ejercían su derecho a protestar pacíficamente. El documento también destaca que 50 trabajadores de prensa resultaron heridos mientras cubrían las manifestaciones, lo que, según Amnistía, evidencia un patrón de represión que afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.

“Amnistía Internacional no entiende nada” – Patricia Bullrich

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Entre los episodios destacados, se menciona la movilización frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases, que derivó en 33 detenidos y numerosos focos de incendio, incluyendo un móvil de Cadena 3 incendiado por manifestantes. Este evento fue utilizado por el Gobierno para enfatizar la necesidad del protocolo, destacando que no solo busca regular las protestas, sino también garantizar la seguridad de bienes y personas en contextos de manifestaciones masivas.

El Gobierno, sin embargo, rechazó categóricamente estas acusaciones. Bullrich defendió la implementación del protocolo como una medida necesaria para poner fin a años de caos en las calles. “Durante 25 años, los piqueteros se adueñaron de las calles y extorsionaron a millones de argentinos. Ahora, con este protocolo, hemos logrado establecer el orden y proteger a la ciudadanía”, declaró. La ministra también cuestionó la falta de atención del informe a los desmanes ocurridos en algunas protestas, como el incendio de un móvil de Cadena 3 frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases.

Amnistía también alertó sobre la “criminalización de la protesta”, destacando que 73 manifestantes fueron detenidos en distintos episodios, acusados de delitos como resistencia a la autoridad, aunque la mayoría recuperó la libertad pocas horas después. Por otro lado, el informe señala que 33 personas sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, resultando en daños severos a la visión. Asimismo, destaca que entre las víctimas se encuentran niños y niñas que estuvieron expuestos a situaciones de violencia represiva.

En respuesta, Bullrich aseguró que las fuerzas de seguridad actuaron con profesionalismo y respetando los principios de proporcionalidad. “No avalamos para nada ese informe. Este es un año en el que la Argentina logró ley y orden, y lo hizo con el uso mínimo de la fuerza. Es fácil criticar desde un escritorio, pero estas medidas están pensadas para defender a la ciudadanía y poner fin a años de caos”, sostuvo. Además, la ministra remarcó que el protocolo incluye instancias de negociación previas a cualquier acción policial, buscando siempre una resolución pacífica de los conflictos.

Por su parte, Amnistía Internacional recomendó la derogación del protocolo y la adopción de regulaciones que garanticen el respeto por los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. También instó a limitar el uso de armas no letales y a investigar las denuncias de violencia policial. Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, destacó la importancia de proteger el derecho a la protesta como un pilar fundamental de la democracia. “Las imágenes de violencia y represión evidencian la necesidad urgente de revisar las políticas de seguridad pública y garantizar el respeto por los derechos humanos fundamentales”, concluyó.

El informe también incluye recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional, instando a organismos como la ONU y la CIDH a monitorear la situación en Argentina y a exigir medidas concretas que promuevan el respeto por los derechos humanos en el país. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad continúa defendiendo su gestión y subrayando los resultados positivos en materia de orden público y seguridad ciudadana, destacando una disminución significativa en los bloqueos y cortes de calle en todo el territorio nacional.

Redacción

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El Concejo de Gualeguaychú aprobó la reducción de impuestos a las telecomunicaciones

El Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú realizó, este jueves a las 10:30, una sesión extraordinaria presidida por la Dra. Julieta Carrazza. Participaron los ediles de Juntos por Entre Ríos, Maximiliano Lesik, Micaela Rodríguez, María José Carro, Juan Pablo Castillo, Benito Bacigalupo y Jorge Roko; de La Libertad Avanza, Mirta Sulzyk y Marcelo Rodríguez; y de Más para Entre Ríos, Delfina Herlax, Emiliano Zapata, Jorge Maradey y María Sira Ghisi.

Durante la sesión ingresó un proyecto presentado por los concejales de Juntos por Entre Ríos para disminuir la alícuota por el cobro de instalación de soporte de sistemas de telecomunicaciones. La iniciativa buscó “mejorar la conectividad en la ciudad”, permitir el acceso a mayor cobertura en servicios de telefonía móvil e internet a la población en general y atraer inversiones para fomentar el emprendimiento y la productividad.

Asimismo, se presentó otro proyecto que modificó artículos de la Ordenanza 12.418/2020. Entre los cambios figuró el Nº 22, que establecía el Registro Público Municipal de Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones. A partir de la propuesta, se anexó la obligación de que los Operadores de Servicios de Telecomunicaciones, Operadores de Comunicaciones Móviles y empresas propietarias y proveedoras de infraestructuras de soporte para telefonía celular, redes de fibra óptica y cable coaxial presentaran a la Dirección de Rentas una Declaración Jurada detallando las estructuras existentes, su localización, metros de altura y la cantidad de metros lineales de tendido. Además, se dispuso que adjuntaran un informe emitido por un profesional competente sobre el control y el mantenimiento estructural periódico, el cual sería supervisado por el Municipio.

Redacción

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