DENGUE: La diputada Acosta presentó un pedido de informe para que se aclare la grave situación en Entre Ríos

Con el avance incesante de los casos de dengue, la diputada de Juntos por el Cambio Ayelén Acosta, exigió respuestas al Ministerio de Salud provincial: "El gobierno no informa a los vecinos sobre las precauciones que deben tomarse".
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En la Cámara de Diputados entrerriana ingresó un pedido de informe de la diputada de Juntos por el Cambio y precandidata a intendente de Paraná, Ayelén Acosta, en donde exige precisiones al Poder Ejecutivo de su territorio sobre el avance del dengue.

Según detalló la diputada, teme a que la situación epidemiológica se esté saliendo de control y solicitó respuestas por parte del Ministerio de Salud. Además, consultó sobre los fondos destinados al Municipio de Paraná en parte de publicidad de prevención en contra de la enfermedad que trasmite el mosquito.

Ayelén Acosta, diputada provincial y precandidata a intendente de Paraná, Entre Ríos.
Ayelén Acosta, diputada provincial y precandidata a intendente de Paraná, Entre Ríos

En ese sentido, la legisladora señaló que en el caso de que no haya sido reglamentada la Ley 10.860 (la cual dicta que “toda persona física o jurídica, propietaria, poseedora o tenedora de terrenos baldíos o inmuebles en construcción en zonas urbanas y espacio periurbano, deberá proceder al corte de la hierba o maleza del mismo” con el fin de mantener el orden y limpieza de los espacios) se deberían explicar las razones y si se lleva adelante alguna campaña de difusión, prevención y atención a nivel provincial para el control de la plaga de mosquitos.

Puntualmente, en el pedido de informes se requiere saber si efectivamente el Ejecutivo provincial reglamentó la ley mencionada y -de ser así- cómo se aplica tal normativa.

Detalles de la Ley 10.860

Para Acosta es “necesario conocer y contar con información clara y precisa para la toma decisiones”, bajo esa línea agregó: “Es imprescindible que tengamos información sobre el dengue. En cada recorrida que hago en Paraná los vecinos me dicen que el gobierno no informa sobre las precauciones que deben tomarse. Por eso, con mi equipo siempre recomiendo la descacharrización”.

Sobre esto último sugirió: “Sería bueno que el Municipio de Paraná además de hacer afiches con publicidad de una avenida asfaltada también use parte de ese espacio en la vía pública para hacer prevención sobre los cuidados que cada uno puede tener en su casa”.

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El Gobierno confirma el cierre del tren Buenos Aires–Bahía Blanca y deja a miles de pasajeros sin conexión

El servicio ferroviario que unía la Ciudad de Buenos Aires con la localidad bonaerense de Bahía Blanca, uno de los trayectos de larga distancia más representativos del país, fue suspendido de manera indefinida, en medio de la emergencia ferroviaria nacional vigente desde junio de 2024.

Si bien el ramal estaba suspendido desde marzo de 2023, luego del descarrilamiento de una formación cerca de Olavarría, en estas horas Trenes Argentinos oficializó su baja definitiva al argumentar que el mal estado de las vías y los altos costos de reparación hacían inviable su continuidad.

Sin embargo, la decisión se enmarca en la “Emergencia Ferroviaria” decretada en 2024, que otorga al Ejecutivo la potestad de clausurar servicios y talleres con el argumento del deterioro de la infraestructura.

El 21 de marzo de 2023 fue la última vez que Trenes Argentinos brindó el servicio que une Bahía Blanca con Buenos Aires. Esa noche, la locomotora, el furgón y dos coches pullman descarrilaron en Olavarría con 247 pasajeros a bordo y 19 tripulantes. No hubo que lamentar heridos.

En julio de ese año, se clausuró la estación Bahía Blanca Sud, declarada monumento histórico nacional, que desde entonces permanece bajo custodia policial. En tanto, el cierre definitivo implica la pérdida de empleo para una veintena de trabajadores que se desempeñaban en el trayecto.

Gustavo Ruiz Díaz, secretario general de la Unión Ferroviaria, sostuvo que este tren de pasajeros “era un servicio muy importante para la ciudad” y lamentó que “el Gobierno nacional decidió darle completamente la baja”.

“Cierre definitivo es una forma de decir, ya que hay trabajadores. El Gobierno nacional te hace creer que reduce el personal, pero gente de mecánica y de infraestructura está dentro de la estación, trabajando, y tienen que ir a marcar como si fueran a trabajar todos los días sin un servicio, porque no lo van a restituir”, amplió.


*Fuente: Agencias

SANTA CRUZ | Vidal impulsa la restitución de un ex procurador desplazado por los Kirchner hace 30 años

El gobernador Claudio Vidal envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para restituir al ex procurador general de Justicia, Eduardo Sosa, apartado del cargo en 1995 durante la gobernación de Néstor Kirchner.

El cargo de Procurador General fue eliminado en 1995 por una ley impulsada por Kirchner, que desdobló ese puesto en dos. Desde entonces, Sosa litiga en la justicia nacional reclamando su restitución.

La Corte Suprema emitió en varias ocasiones fallos —en 1998, 2001, 2009 y 2010— ordenando que se cumpla el restablecimiento de Sosa en el cargo, pero Santa Cruz nunca los acató. Vidal sostuvo que reponer a Sosa será más que un acto simbólico: “cerrar una herida histórica de Santa Cruz”.

El proyecto fue presentado por el diputado Pedro Luxen y contempla la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial provincial para reinstalar la figura del Procurador General como jefe del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia. Además, Vidal convocó una sesión extraordinaria para tratar la iniciativa, cuya aprobación requerirá mayoría especial en la Legislatura, dado que la modificación reorganiza instituciones judiciales provinciales.

Eduardo Sosa aceptó la posibilidad de volver al cargo, siempre que pueda hacerlo en condiciones que garanticen la independencia institucional del Procurador y sin injerencias políticas. El conflicto tiene antecedentes legales: Daniel Peralta, ex gobernador, fue procesado por la Corte Suprema por incumplir mandatos judiciales de restitución.

El regreso de Eduardo Sosa al frente de la Procuración reabre un expediente que el kirchnerismo creyó enterrado. Fue desplazado en 1995 por Néstor Kirchner, entonces gobernador, en una maniobra que la Corte Suprema declaró inconstitucional tres años después. Aun así, Santa Cruz ignoró todos los fallos, protegida por la impunidad política que marcó a fuego a la provincia durante décadas.

Hoy, con Vidal al mando y una Corte que insiste en que Sosa debe volver, el gobierno santacruceño enfrenta una decisión incómoda: acatar la ley o seguir desafiando la institucionalidad. La jugada parece más un intento de despegarse del pasado K que una reparación real.

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