CORRIENTES | Exintendente condenado por narcotráfico ahora preside el PJ en Itatí

Condenado por facilitar el traslado de 700 kilos de marihuana desde Paraguay, el exfuncionario quedará al frente del PJ itateño. Empresarios y militantes rechazan su designación.
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Roger Natividad Terán, exintendente de Itatí y condenado en 2017 por integrar una red narco en la frontera con Paraguay, asumió el 20 de marzo como presidente del Consejo Municipal del Partido Justicialista. Su designación ocurrió una década después de su detención en el Operativo Sapucay, que lo vinculó al crimen organizado.

Tras haber pasar aproximadamente dos años en prisión, Terán acordó un juicio abreviado en el que reconoció su participación en una asociación ilícita, aceptando una condena de tres años que le permitió recuperar la libertad en 2019. Es importante señalar que, aunque la Justicia lo inhabilitó para ocupar cargos públicos, esta restricción solo estuvo vigente durante el tiempo que duró su condena, lo que legalmente le permitió retomar actividades políticas después de cumplida la pena.

Luego de su liberación en 2019, Terán ya había manifestado su intención de volver a la política, afirmando que fue alentado por “el acompañamiento de los vecinos itateños, que siempre me estuvieron apoyando y creyendo en mi inocencia”. El anuncio de su nombramiento fue realizado a través del sitio oficial del PJ de Corrientes, liderado por la senadora Ana Almirón, aunque la publicación omitió cualquier referencia a su pasado y se tomó sin consultar a las bases militantes.

Su hija, Vanina Soledad Terán, fue electa concejal en 2018, mientras que su hermano Nelson Javier Terán ocupó el mismo cargo a partir de 2020, mandato que concluye este año.

El Operativo Sapucay, desarrollado en 2017, dejó al descubierto una extensa red de narcotráfico que operaba con protección de familiares, funcionarios políticos, judiciales y policiales en Itatí. La investigación, que comenzó en 2014 bajo la dirección del Juzgado Federal N°12 a cargo del juez Sergio Torres, culminó con la detención simultánea de Roger Terán y su viceintendente Fabio Aquino, dejando momentáneamente acéfala a la localidad de aproximadamente 6.000 habitantes, culminando en 37 órdenes de detención y la incautación de 40 vehículos, tres embarcaciones y dos camiones.

– Terán había sido condenado en 2017 por una asociación ilícita vinculada al narcotráfico

Entre los imputados figuraban el entonces comisario, Diego “Negro” Ocampo Alvarenga, un sargento de la Policía Federal, un comandante de Gendarmería y un agente de Prefectura. Durante el juicio, se comprobó que Ocampo Alvarenga era uno de los “aliados clave”, brindando protección directa a la organización, permitiendo el tráfico de droga sin interferencias de las fuerzas nacionales.

Las pericias revelaron que Terán facilitaba el traslado de hasta 700 kilos de marihuana desde Paraguay a través del río Paraná en embarcaciones que demoraban apenas cuatro minutos en completar el cruce. La organización estaba liderada por Carlos “Cachito” Bareiro, en alianza con el jefe narco Federico “Morenita” Marín, quien, tras su captura en 2018, logró fugarse en febrero de 2023 y murió en un enfrentamiento con Gendarmería en agosto del mismo año. Se estima que entre 2011 y 2017, la red traficó al menos 18 toneladas de marihuana, con destino a villas del Área Metropolitana de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca.

El caso también salpicó al exjuez federal Carlos Soto Dávila, con competencia electoral en Corrientes durante más de dos décadas, quien favoreció con sus fallos a múltiples narcotraficantes hasta ser detenido y procesado en 2018.

Encuestas del Observatorio Político del Nordeste Argentino indican que el 68% de los correntinos consideran que el justicialismo “protege a dirigentes corruptos”, cifra que se eleva al 83% en Itatí. En respuesta a su nombramiento, el bloque de 15 intendentes independientes y el Frente Renovador retiraron su apoyo explícito al PJ en la legislatura provincial, mientras que la Cámara de Comercio de Corrientes congeló sus aportes al partido, exigiendo una “depuración de cuadros directivos” como condición para reactivarlos.

El malestar también se hizo sentir en las bases militantes. Dos días antes de la asunción, grupos pertenecientes a la Corriente Peronista por la Transparencia realizaron una protesta en la que quemaron simbólicamente carnets partidarios en reclamo de una auditoría interna. Pese a las controversias, Terán consolidó su regreso.

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SANTA CRUZ | Vidal impulsa la restitución de un ex procurador desplazado por los Kirchner hace 30 años

El gobernador Claudio Vidal envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para restituir al ex procurador general de Justicia, Eduardo Sosa, apartado del cargo en 1995 durante la gobernación de Néstor Kirchner.

El cargo de Procurador General fue eliminado en 1995 por una ley impulsada por Kirchner, que desdobló ese puesto en dos. Desde entonces, Sosa litiga en la justicia nacional reclamando su restitución.

La Corte Suprema emitió en varias ocasiones fallos —en 1998, 2001, 2009 y 2010— ordenando que se cumpla el restablecimiento de Sosa en el cargo, pero Santa Cruz nunca los acató. Vidal sostuvo que reponer a Sosa será más que un acto simbólico: “cerrar una herida histórica de Santa Cruz”.

El proyecto fue presentado por el diputado Pedro Luxen y contempla la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial provincial para reinstalar la figura del Procurador General como jefe del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia. Además, Vidal convocó una sesión extraordinaria para tratar la iniciativa, cuya aprobación requerirá mayoría especial en la Legislatura, dado que la modificación reorganiza instituciones judiciales provinciales.

Eduardo Sosa aceptó la posibilidad de volver al cargo, siempre que pueda hacerlo en condiciones que garanticen la independencia institucional del Procurador y sin injerencias políticas. El conflicto tiene antecedentes legales: Daniel Peralta, ex gobernador, fue procesado por la Corte Suprema por incumplir mandatos judiciales de restitución.

El regreso de Eduardo Sosa al frente de la Procuración reabre un expediente que el kirchnerismo creyó enterrado. Fue desplazado en 1995 por Néstor Kirchner, entonces gobernador, en una maniobra que la Corte Suprema declaró inconstitucional tres años después. Aun así, Santa Cruz ignoró todos los fallos, protegida por la impunidad política que marcó a fuego a la provincia durante décadas.

Hoy, con Vidal al mando y una Corte que insiste en que Sosa debe volver, el gobierno santacruceño enfrenta una decisión incómoda: acatar la ley o seguir desafiando la institucionalidad. La jugada parece más un intento de despegarse del pasado K que una reparación real.

El Gobierno confirma el cierre del tren Buenos Aires–Bahía Blanca y deja a miles de pasajeros sin conexión

El servicio ferroviario que unía la Ciudad de Buenos Aires con la localidad bonaerense de Bahía Blanca, uno de los trayectos de larga distancia más representativos del país, fue suspendido de manera indefinida, en medio de la emergencia ferroviaria nacional vigente desde junio de 2024.

Si bien el ramal estaba suspendido desde marzo de 2023, luego del descarrilamiento de una formación cerca de Olavarría, en estas horas Trenes Argentinos oficializó su baja definitiva al argumentar que el mal estado de las vías y los altos costos de reparación hacían inviable su continuidad.

Sin embargo, la decisión se enmarca en la “Emergencia Ferroviaria” decretada en 2024, que otorga al Ejecutivo la potestad de clausurar servicios y talleres con el argumento del deterioro de la infraestructura.

El 21 de marzo de 2023 fue la última vez que Trenes Argentinos brindó el servicio que une Bahía Blanca con Buenos Aires. Esa noche, la locomotora, el furgón y dos coches pullman descarrilaron en Olavarría con 247 pasajeros a bordo y 19 tripulantes. No hubo que lamentar heridos.

En julio de ese año, se clausuró la estación Bahía Blanca Sud, declarada monumento histórico nacional, que desde entonces permanece bajo custodia policial. En tanto, el cierre definitivo implica la pérdida de empleo para una veintena de trabajadores que se desempeñaban en el trayecto.

Gustavo Ruiz Díaz, secretario general de la Unión Ferroviaria, sostuvo que este tren de pasajeros “era un servicio muy importante para la ciudad” y lamentó que “el Gobierno nacional decidió darle completamente la baja”.

“Cierre definitivo es una forma de decir, ya que hay trabajadores. El Gobierno nacional te hace creer que reduce el personal, pero gente de mecánica y de infraestructura está dentro de la estación, trabajando, y tienen que ir a marcar como si fueran a trabajar todos los días sin un servicio, porque no lo van a restituir”, amplió.


*Fuente: Agencias

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