Ahora bien, el portal Data24 tuvo la posibilidad de poder ingresar al salario que percibe el jefe comunal, el cual ronda en $1.375.000,00, cuando quienes habitan la localidad de Coronel Suárez no superan los $50.000. Además, Moccero no registra ART, algo que debería tener por más allá de su lugar como político y funcionario público.
Documento que verifica los ingresos del intendente de Coronel Suárez
Por otro lado, en cuanto al consumo de tarjeta de crédito, este ronda mensualmente en $3.310.000,00 incluyendo “los plásticos” del Banco Nación, de la Provincia de Buenos Aires, Macro y Santander, siendo el triple de lo que percibe como salario.
En la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), como persona física, fue dado de baja en el 2019 por no presentar declaraciones juradas y no pagar las cargas patronales. Asimismo, el ente le hizo un juicio por evasión impositiva, junto a su socio polista Fraysenett, y además resultó embargado en todos sus bienes, cuentas bancarias y demás.
Documentación del Juzgado de Bahía Blanca que complica a Ricardo Moccero
Ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) está en situación 3, instancia prejudicial 3. Y, como si fuera poco, Moccero registra 17 automotores, con una variedad importante de marcas, modelos y demás. En esa cantidad se hace un total de 80 millones de pesos.
¿Qué hay de sucio bajo la alfombra?
Tiene una empresa llamada Tambo Malal-Co SRL, con un balance presentado en el 2018 y en el cual dijo que facturó 2804 pesos. La AFIP le hizo juicio por evasión impositiva, el cual derivó en embargo de bienes y demás.
Documentos de la AFIP que dejan contra las cuerdas al intendente de Coronel Suárez
Lo raro es que no está bancarizada, algo que debería estar, ya que cuenta con empleados por ser una actividad amplia y que necesita de trabajadores. ¿De dónde saca tantos beneficios para sus arcas?
Ante todo lo referido, cuando este portal revuelve mucho más sobre lo que hay debajo de su alfombra, se encuentra con varias controversias. En este caso, a Moccero no le cierra el blanco.
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El martes en Mar del Plata se celebró la Derecha Fest, el evento en donde los libertarios se reúnen para celebrar su propia ideología. Para esta edición, nuevamente, la gran estrella invitada fue Javier Milei, líder del movimiento, pero antes hubo otros que se subieron al escenario para hablar y arengar al público. El único que la pasó mal allí arriba fue Sebastián Pareja.
Están terminados. Lilia Lemoine, Martín Menem y Sebastián Pareja son profundamente odiados por el pueblo argentino y nadie podrá protegerlos. ¡Celebremos, bailemos y cantemos! pic.twitter.com/dAZX9BhdzQ
El armador de la provincia de Buenos Aires, de raíces kirchnerista, se ha convertido en un miembro resistido por las Fuerzas del Cieloy esto quedó bastante claro cuando la polémica Lilia Lemoine, una de las conductoras del show, lo presentó ante el público. El diputado bonaerense, con micrófono en mano, arrancó con energía su arenga, pidiendo al público que cante por Milei, quien estaba por subirse, pero la multitud le devolvió silencio.
En los videos viralizados por los propios militantes, primero hubo un vacío notorio para el dirigente y después un grupo empezó a insultarlo: “Pareja, compadre, la concha de tu madre”.
https://twitter.com/i/status/2016371921378505043
Muchos sostienen que el dirigente peronista es necesario para el armado bonaerense, algo que sostiene, entre otros, Karina Milei, y otros que entienden que es perjudicial para el partido. Esto no es ajeno al presidente y por eso los organizadores buscaron que sea Pareja quien presente en el escenario al mandatario, para mostrarlos juntos y evitar que haya insultos o silbidos.
La estrategia no funcionó y hubo militantes que aprovecharon para insultarlo.
al hijo de mil puta de sebastian Pareja no lo queremos en buenos aires pic.twitter.com/pbraij9hnN
Antes de esto, Milei había estado en el teatro Roxy-Radio City en de Mar del Plata, visitando a su ex novia, Fátima Florez. Junto a ella, se subió al escenario y cantó “El Rock del Gato” de Los Ratones Paranóicos para la alegría de sus militantes. Esta vez no hubo beso con su ex, pero sí un baile sensual.
El senador K Jorge Capitanich se encuentra en el centro de una nueva polémica por nepotismo tras revelarse que su hija, María Guillermina Capitanich, percibe más de $2 millones mensuales como personal de planta transitoria en el Senado.
Según el portal Border Periodismo, la joven fue designada con la categoría A-1, la más alta del escalafón. Desde el entorno del legislador defendieron el nombramiento señalando que la joven está “altamente formada”, tiene experiencia previa en el Congreso y es una “persona de confianza del senador”.
La filtración de los datos de Recursos Humanos de la Cámara Alta reavivó los cuestionamientos sobre la trayectoria del exgobernador de Chaco, marcada por denuncias de irregularidades administrativas. Críticos de diversos espacios señalan una práctica frecuente de “designaciones y nombramientos que privilegiaban a personas cercanas, familiares o militantes afines”.
Además, Capitanich fue acusado en el pasado de gestionar “pensiones especiales” para familiares, como en el caso de la inscripción de su madre como residente provincial para evitar costos médicos.
El marco de sospechas se intensificó tras su paso por el Ejecutivo chaqueño, cuando la actual administración denunció que recursos destinados a sectores vulnerables terminaron “en manos de familiares de dirigentes de organizaciones sociales afines”, mencionando el caso del matrimonio Sena.
Por su parte, el legislador siempre negó que estas críticas respondan a prácticas irregulares. En diversas oportunidades, Capitanich argumentó que estas acusaciones se trataban de “campañas negativas” impulsadas por sus adversarios políticos con el objetivo de desgastar su imagen pública, especialmente durante periodos electorales.
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó una actualización tarifaria de 7,17% para la Autopista Buenos Aires–La Plata y el Sistema Vial Integrado del Atlántico, ambos concesionados a la empresa AUBASA.
La medida se enmarca en el mecanismo de revisión trimestral regido por el Coeficiente de Variación Tarifario (CVT). Los nuevos valores comenzaron a regir a las 00 h del sábado 3 de enero de 2026, tras haberse cumplido la audiencia pública correspondiente y sin haber recibido objeciones por parte de los organismos de control.
El ajuste se basa en una metodología de cálculo que pondera diversos indicadores del INDEC: un “55 % del Índice de Salarios nivel general para trabajadores registrados”, un “25 % del Índice de Precios Internos al por Mayor” y un “20% del Índice de Precios al Consumidor Nivel General – IPC”.
Con esta actualización, las autoridades provinciales buscan ajustar los costos de mantenimiento de los caminos concesionados. Asimismo, se informó que los usuarios de TelePASE podrán acceder a descuentos y evitar demoras en las cabinas manuales durante la temporada alta.
En la Autopista Buenos Aires–La Plata, los precios varían según la estación y el horario de circulación. En las cabinas de Dock Sud, Hudson y Gutiérrez, un auto particular (categoría 1) pagará $1.400 en hora pico y $1.100 fuera de ese rango, mientras que los vehículos de mayor porte, como los de categoría 7, abonarán hasta $16.000.
Por su parte, en los peajes de Quilmes, Berazategui y Bernal, el costo para autos quedó fijado en $1.000 para las horas de mayor afluencia y $800 en horario no pico.
Para quienes se dirijan hacia la costa por el Sistema Vial Integrado del Atlántico, los aumentos coinciden con el inicio de la temporada turística. En las estaciones de Samborombón, La Huella y Maipú, el peaje para la categoría 1 se ubicó en $7.000, mientras que los vehículos pesados de categoría 6 deben desembolsar hasta $34.900.
En el caso de la estación de Villa Elisa, las tarifas para autos particulares serán de $700 en hora pico y $600 fuera de dicho horario.
Finalmente, en otras rutas hacia los destinos balnearios, el cruce en General Madariaga tendrá un costo de $3.000 para autos y hasta $14.700 para las categorías más altas.
En la estación de Mar Chiquita, la tarifa para la categoría 1 quedó establecida en $3.300, ascendiendo a $16.100 para la categoría 6. Estas resoluciones fueron publicadas en el suplemento del Boletín Oficial bonaerense por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
La Municipalidad de Villa Allende, en Córdoba, dispuso la colocación de portones que cerró durante la noche en calles secundarias de zonas específicas, como parte de un plan que buscó combatir hechos de inseguridad. La medida se encuadró en el “Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal”, que se convirtió en la ordenanza 14/25, y se puso en marcha entre febrero y marzo luego de un fallo judicial que rechazó recursos de amparo y habilitó al Ejecutivo local a avanzar con el cerramiento en barrios como Pan de Azúcar y Lomas Sur.
Las autoridades locales explicaron que el programa incluyó la incorporación de móviles para patrullaje, la instalación de cámaras de seguridad y domos policiales, además de mejoras de iluminación y la adquisición de un dron. En distintos detalles difundidos sobre el plan, se mencionó la incorporación de cinco móviles, la instalación de 250 cámaras y 57 domos policiales; también se informó que el programa incluyó 300 cámaras de seguridad y ocho móviles policiales adicionales, con el objetivo de establecer corredores seguros.
El punto más novedoso —y el que concentró la polémica— fue la decisión de colocar portones para restringir la circulación vehicular en determinadas cuadras. El intendente Pablo Cornet confirmó que los primeros se armaron en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar. “Es un proyecto integral que incluye duplicar las cámaras del centro de monitoreo, sumar móviles, adquirir un dron y mejorar la iluminación. Los portones vienen a facilitar la tarea de control preventivo. Buscamos dejar corredores seguros, bien iluminados y monitoreados, mientras que las calles secundarias se van a cerrar”.
Cornet atribuyó el origen de la iniciativa a recorridas barriales: “Me contaban por dónde entraban y escapaban los delincuentes. Charlando con ellos, surgió la idea de que se deberían cerrar esas calles y así se empezó a cocinar la iniciativa”. También describió robos frecuentes denunciados por vecinos: “Los vecinos están indignados porque les roban herramientas, mangueras o escaleras, generalmente cuando no están en sus casas o durante la noche. Surgieron indicios de que cerrar calles servía cuando, por una obra de pavimentación, una cuadra quedó cerrada y los propios vecinos hicieron una encuesta por WhatsApp, donde la gran mayoría sintió que mejoró la seguridad”.
– Pablo Cornet, intendente de Villa Allende
En la primera etapa, el esquema contempló la colocación de 14 portones, activos entre las 22 y las 6: algunos cerraron por completo la cuadra y otros permitieron el paso peatonal. Cornet la definió como una “prueba piloto” para que, sobre la base de la experiencia, vecinos de otros barrios decidieran si consideraron la herramienta efectiva para bajar la inseguridad.
Desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba se expresó una posición de respaldo a la potestad local y al rol policial: “La potestad del tránsito es netamente municipal y en la Policía estamos en condiciones de brindar seguridad pública en cualquier circunstancia. La autonomía municipal se respeta y si Villa Allende decidió hacer eso, son los vecinos los que tendrán que dar su opinión. Nosotros garantizamos la seguridad pública”.
La iniciativa se aplicó en la localidad ubicada a 25 kilómetros de la Ciudad de Córdoba. Allí rige una emergencia en seguridad desde 2023, aprobada en el Concejo Deliberante por el “incremento en forma sustancial de los hechos delictivos que atentan contra la integridad de las personas y la propiedad”. En otra caracterización del contexto se consignó que el 60% de los robos se registró durante la noche, según reportan datos oficiales.
La puesta en marcha se destrabó luego de un recorrido judicial. Si bien el proyecto se aprobó a mitad de año, una serie de amparos unificados presentados por vecinos frenó su avance. Luego, la Cámara Contencioso Administrativa de la Primera Nominación de Córdoba convalidó la ordenanza y permitió la ejecución del plan.
En los fundamentos se indicó que la colocación de portones e infraestructuras de seguridad no vulneró derechos constitucionales de manera “manifiesta” y que la “seguridad como valor central” justificó las medidas adoptadas por la gestión municipal. En el caso reseñado, la Cámara también consideró que los planteos de inconstitucionalidad “no son procedentes” y calificó la iniciativa como “razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública”.
Vecinos Autoconvocados de Villa Allende anunciaron que apelaron el fallo y calificaron la sentencia como un “agraviante y torpe alineamiento con la gestión municipal” que “desoye absolutamente a los vecinos”. En un comunicado sostuvieron que la Cámara Contencioso Administrativa, al admitir la colocación de portones en nombre de “preservar la seguridad como valor central”, ha hecho suyo el argumento planteado por la municipalidad de que el cierre de calles mediante portones garantizará seguridad”.
Los autoconvocados cuestionaron la falta de “estudios previos, estadísticas o experiencias concretas” que respaldaran la eficacia del cierre y citaron “antecedentes desfavorables como en Guaymallén Mendoza”. También afirmaron: “Incluso el propio intendente, reconoció en declaraciones públicas que la colocación de portones es una experiencia sujeta a prueba y error. Claro que sin aclarar que el ensayo, no lo pagarán los funcionarios sino los vecinos que además veremos desvalorizarse nuestras propiedades con un portón en la cuadra o en nuestra vereda”. Además, alertaron sobre riesgos operativos: “Son públicas además, las alertas que hemos realizado sobre la inseguridad que los portones crearán frente a inundaciones, desplazamiento de vehículos de emergencias médicas, autobombas e incluso la propia policía o seguridad ciudadana”.
La tragedia ambiental que consume el Parque Nacional Los Alerces dejó de ser un evento estrictamente climático para transformarse en un complejo expediente penal que sacude los cimientos de la administración pública.
A medida que las llamas devoran más de 35.000 hectáreas de bosque nativo, la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel, bajo la conducción del fiscal federal Santiago Roldán, puso bajo la lupa una cadena de omisiones y negligencias que apuntan directamente a la cúpula del manejo del fuego.
El centro de la investigación ya no está puesta sobre el origen del foco de incendio, atribuido a una descarga eléctrica natural, sino en la parálisis estatal (y presunta corrupción) que permitió que un evento controlable se transformara en una catástrofe sin precedentes.
La denuncia formal presentada por la Asociación de Pobladores de la Reserva fue el detonante para que la justicia investigue el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y la malversación de recursos destinados a la prevención.
En el ojo de la tormenta aparecen nombres clave que hasta hace horas estaban al frente del control del área protegida, tales los casos del desplazamiento de Danilo Otaño, intendente del Parque, y las citaciones dirigidas a Cristian Glijer, Director Nacional de Operaciones, y Jorge Heider, responsable del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
La justicia busca determinar por qué, a pesar de las alertas tempranas,el ataque inicial con medios aéreos sufrió una demora superior a las 48 horas, un tiempo vital que condenó a la reserva a las cenizas.
Asimismo, el último peritaje entregado por la división de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina sumó tensión al caso. Es que el secuestro de los registros de radio de los guardaparques y la geolocalización de las unidades de transporte sugieren que hubo recursos operativos que no fueron desplegados a tiempo, o que fueron desviados de los puntos críticos de ignición sin una justificación clara.
Mientras la Administración de Parques Nacionales tomó la decisión de intervenir el predio para garantizar que la documentación interna no sea alterada, la auditoría de la Tesorería General de la Nación sobre los fondos subejecutados en prevención de incendios promete revelar un esquema de desidia burocrática con consecuencias penales.
Lo que hoy se ventila en los tribunales de Chubut refiere a la responsabilidad de una estructura estatal que, por inoperancia o corrupción, dejó desprotegido un patrimonio natural de los argentinos.
La causa avanza ahora hacia la etapa de indagatorias, donde los registros de comunicaciones serán la prueba principal para determinar quién dio la orden de no intervenir cuando el fuego todavía era una amenaza pequeña.
Por otro lado, la parálisis en el combate del fuego en Los Alerces encuentra una explicación técnica en las planillas del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, donde la subejecución de fondos para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego alcanzó niveles críticos.
Los informes de ejecución presupuestaria revelan que, a pesar de la emergencia declarada, las partidas destinadas al mantenimiento de aviones hidrantes y el pago de viáticos para brigadistas nacionales sufrieron fuertes recortes que impidieron un despliegue logístico a la altura del desastre.
Esta falta de recursos, denunciada tanto por sindicatos de guardaparques como por la justicia federal en sus pedidos de informes a la Tesorería General de la Nación, pone el foco de responsabilidad en el Gobierno del presidente Javier Milei, cuya gestión priorizó el ajuste fiscal incluso sobre los recursos destinados a catástrofes ambientales.
Además, cabe destacar, la agenda oficial del jefe de Estado no hizo más que profundizar el malestar en la región patagónica tras optar por un perfil alejado de la gestión de la crisis, viajando a Mar del Plata y participando de La Derecha Fest.
El innegable contraste exhibe que mientras en Los Alerces se combatían focos de incendio fuera de control, el mandatario se mostraba en un ambiente de celebración, llegando incluso a subir al escenario junto a su ex pareja, Fátima Flórez, durante su espectáculo teatral.
Esta desconexión del jefe de Estado fue leída como una señal de desatención política que ya forma parte de las críticas volcadas a un entorno en el que se investiga por qué el Estado Nacional no reaccionó con la urgencia que el patrimonio requería.
Por otro lado, como ejemplo, se puede mencionar que el recorte en el manejo del fuego significó que 4.200 millones de pesos no se transfirieron para tareas críticascomo el mantenimiento de los aviones hidrantes.
Asimismo, el presupuesto para viáticos y salarios de las brigadas nacionales sufrió una caída real del 35%. El resultado fue que, al momento del desastre en Los Alerces, solo 120 de los 300 brigadistas requeridos por protocolo estaban operativos.
En otras palabras,el Estado ahorró unos 1.500 millones de pesos en prevención, pero ahora enfrenta un costo operativo de más de 12.000 millones para intentar mitigar un fuego descontrolado.
Y todo esto se resume en que mientras la tragedia ambiental escalaba, la agenda del presidente se enfocaba en Mar del Plata, autorizando partidas para los traslados y la seguridad de Milei en la costa atlántica, dejando en evidencia una brecha entre la gestión de la crisis y las prioridades políticas.
El reciente paso de Javier Milei por el festival La Derecha Fest dejó una imagen que el oficialismo intenta ocultar: el estruendoso abucheo de la militancia a figuras de la casta infiltrada como el otrora kirchnerista Sebastián Pareja, presentado como un héroe por la también ex-kirchnerista Lilia Lemoine. Este rechazo de las bases es el síntoma de un movimiento que, mientras abraza a la vieja política —como el nuevo referente mileísta, Carlos Ruckauf—, ha montado un comisariato dedicado a purgar cualquier atisbo de pensamiento crítico.
Lejos de la superioridad moral, fuentes internas de La Libertad Avanza, La Derecha Fest y Fundación Faro confirmaron a esta redacción que el festival se ha convertido en la aduana de una doctrina donde la obediencia es el único requisito para no ser arrojado al ostracismo.
Expulsiones y persecuciones
Para justificar estas purgas, la militancia mileísta suele inventar relatos de despecho por falta de cargos para ensuciar a figuras como Eduardo “El Presto” Prestofelippo, Emmanuel Danann, Augusto “De Peroncho” Grinner, Miklos Lukacs o Álvaro Zicarelli, llegando a fundamentar de manera rebuscada las expulsiones de Diana Mondino y Ramiro Marra. Sin embargo, la realidad —corroborada por integrantes del espacio que temen ser los próximos en la lista si hacen públicas sus críticas— desmiente la narrativa oficial: voces hoy proscriptas, como Danann y Grinner, rechazaron constantes candidaturas y cargos entre 2021 y 2024 para preservar su independencia. No se tolera la divergencia ni siquiera en los cuadros técnicos y académicos.
Esta paranoia llega al ámbito privado: Milei llegó a exigir a sus allegados romper vínculos personales, como su enojo con Danann por mantener su amistad con El Presto. En este ecosistema de miedo se inscribe también el caso de Juan José Gómez Centurión, condenado al ostracismo por cuestionar una dolarización que el propio Milei nunca ejecutó. Esta purga por autonomía conecta con el desplazamiento de Ramiro Marra, un caso que ya adelantamos en Data 24. A Marra no lo alejaron por falta de mérito, sino por el recelo que generaba su popularidad entre la juventud libertaria, percibida por el Triángulo de Hierro como una amenaza a la verticalidad absoluta de Karina Milei.
El brazo de la censura oficial no tiene fronteras. Mientras desde la Casa Rosada se operan llamadas directas a periodistas para exigir que se saque del aire a críticos como Zicarelli o Presto —como ocurrió con la presión ejercida para que Emmanuel Danann fuera desplazado de Polémica en el Bar luego de unas críticas hacia el Gobierno Nacional—, el Presidente intervino personalmente ante la CPAC de EE.UU. para exigir que se le quitara la franquicia a Eduardo Verástegui en México por un simple tuit crítico.
Esta pulsión autoritaria atraviesa la interna de La Derecha Fest, donde Nicolás Márquez, actuando como brazo ejecutor del pensamiento único, procedió a cancelar la participación de Danann en un evento por pedido directo de Milei. Fiel a la falta de coraje que impera en el círculo oficialista, Márquez no se atrevió a comunicárselo de frente: Emmanuel se enteró de su desplazamiento por las redes sociales. Así, el festival se ha transformado en una herramienta de disciplinamiento que prohíbe cualquier matiz que no sea la adulación irrestricta al líder.
Mientras el Gobierno intenta marginarlos, el último informe de Oxford y Reuters ubica a los proscritos Danann y El Presto en la cima de la influencia real, muy por encima de los ejecutores que no piensan que hoy parasitan las cajas del Estado.
La estafa al padre de La Derecha Fest
La cara más oscura de esta trama es la estafa contra Cristian Iturralde, creador de la marca del festival, quien fue despojado de su creación por Márquez. Según testigos que participaron de celebraciones privadas del entorno, el propio Nicolás admitió haber intentado bajar los eventos en varias ocasiones, reconociendo que solo pudieron realizarse gracias al trabajo de Iturralde. Sin embargo, tras apropiarse legalmente del nombre haciendo uso de la confianza que Iturralde tenía en él, Márquez selló su degradación moral con una vulgaridad que define su presente: “si hay que chupar pijas, prefiero chupar la pija de Milei y no la de Caponetto… busquemos los proyectos exitosos”. Esta curiosa narrativa de sumisión se complementa con la de Agustín Laje, quien celebró que la derecha por fin pudo “salir del clóset”.
“Prefiero chupar la pija de Milei” la polémica frase del “intelectual” Márquez.
El biógrafo presidencial apela a una lógica de purga que él mismo vincula con el pragmatismo soviético para disciplinar a quienes fueron sus socios y pasaron a la disidencia: “voy a citar a Lenin: Lenin decía que el problema no es cometer un error, el problema es justificarlo, agrandarlo y repetirlo”; el marplatense se refería al “error” de Iturralde es ejercer la crítica pública, algo que Márquez calificó luego como un “criterio insalvable” para mantener un “negocio en común”. Aunque hasta hace pocos años Márquez se refiriera a los liberales como “liber maricas”, ahora se presenta como un referente del liberalismo y resulta una ironía sangrienta que cite a Lenin para castigar a un amigo por decir en voz alta lo que él mismo reconoce en privado—y admite no hacer público para no enemistarse con el oficialismo—, que justifique que se aparte a un intelectual por hacer lo que debe: mantenerse crítico y objetivo. La advertencia es una sentencia de muerte civil: no elogiar al Gobierno es un “error groserísimo” y un “suicidio profesional”, expresiones vertidas por el escritor de Mar del Plata.
Rechazo público al librepensamiento
Esta doctrina de la obediencia ciega ha sido institucionalizada por Karina Milei y Martín Menem, dejando claro mediante algunos tuits que la lealtad no admite matices, que nadie debe cuestionar al Presidente. Es la validación de lo que la senadora mileísta Florencia Arietto anunció con crudeza: “dentro de LLA no hay lugar para el librepensamiento“.
Esta asfixia se traduce en la tropa propia con la confesión de Iñaki Gutiérrez, quien afirmó estar para ejecutar y no para pensar. El resultado es el camaleonismo visto en La Misa a fines de noviembre de 2024, donde el Gordo Dan y sus columnistas pasaron de defenestrar la ley de Ficha Limpiadurante todo el día, a celebrarla en vivo apenas supieron que la orden de Milei era apoyarla.
Manteniendo el relato: caja, fundaciones y castigos
Para sostener este esquema, el oficialismo cuenta con estructuras de contención. Fuentes de la redacción que aún operan dentro de las estructuras oficialistas facilitaron información que confirma cómo se cierran puertas laborales a quienes no son obsecuentes del Gobierno, lo que llaman “ser inteligente”. Sobre una conocida fundación oficialista, de hecho, recaen fuertes sospechas de financiamiento indirecto a través de cajas del Estado como YPF y la SIDE.
De hecho, en privado, al escritor Cristian Iturralde le explicitaron desde el mileísmo que no le podían dar trabajo en esa fundación por haberse mantenido crítico del Gobierno, a pesar de las reiteradas advertencias que le habían realizado.
Otros tiempos: Márquez junto a Iturralde, antes de que el “biógrafo” presidencial le robara “La Derecha Fest”
Frente a este sistema de premios y castigos, la figura de Cristian Iturralde emerge como un recordatorio de integridad. Ante las propuestas de guardarse las críticas a cambio de estabilidad, Iturralde fue tajante ante sus ex-amigos: “prefiero pasar hambre o manejar un Uber antes que tener problemas de conciencia”. Esta redacción se comunicó con Iturralde y posee registros que demuestran absolutamente todo lo aquí expuesto, confirmando que su dignidad es lo que hoy lo mantiene fuera de un oficialismo que no logra doblegar la realidad. La superioridad moral ha caído; solo queda el negocio de la obediencia y una paranoia creciente entre quienes, desde adentro, ya empezaron a filtrar la verdad.
Tras la presentación de Milei en La Derecha Fest, testimonios y registros revelaron la trama de estafas y purgas ideológicas en el entorno presidencial. Desde el robo de la marca del festival hasta el uso de la Fundación Faro como caja de disciplina, esta es la radiografía del comisariato político que exige sumisión absoluta, haciendo que el propio Nicolás Márquez apele a citar a Lenin y a sentenciar: “prefiero chuparle la pija a Milei”.
Desde el entorno del legislador kirchnerista defendieron el nombramiento señalando que la joven está “altamente formada” y es una “persona de confianza del senador”.
La investigación federal por el incendio en el Parque Nacional Los Alerces dejó de mirar el origen del foco y apunta a una presunta cadena de omisiones, demoras y posible desvío de recursos que habría convertido una emergencia controlable en una catástrofe, con funcionarios desplazados y fondos de prevención bajo auditoría.
