29 julio, 2025

Coronel Suárez | Al intendente Ricardo Moccero NO LE CIERRA EL BLANCO

El jefe comunal kirchnerista vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de las denuncias por presunto abuso sexual.
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El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, viene siendo noticia en el último tiempo como consecuencia de las causas judiciales en su contra por presunto abuso sexual y, a su vez, el hecho de la polémica surgida tras la exposición de su socio, el polista Marcelo Frayssinet.

Ahora bien, el portal Data24 tuvo la posibilidad de poder ingresar al salario que percibe el jefe comunal, el cual ronda en $1.375.000,00, cuando quienes habitan la localidad de Coronel Suárez no superan los $50.000. Además, Moccero no registra ART, algo que debería tener por más allá de su lugar como político y funcionario público.

Coronel Suárez
Documento que verifica los ingresos del intendente de Coronel Suárez

Por otro lado, en cuanto al consumo de tarjeta de crédito, este ronda mensualmente en $3.310.000,00 incluyendo “los plásticos” del Banco Nación, de la Provincia de Buenos Aires, Macro y Santander, siendo el triple de lo que percibe como salario.

En la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), como persona física, fue dado de baja en el 2019 por no presentar declaraciones juradas y no pagar las cargas patronales. Asimismo, el ente le hizo un juicio por evasión impositiva, junto a su socio polista Fraysenett, y además resultó embargado en todos sus bienes, cuentas bancarias y demás. 

Documentación del Juzgado de Bahía Blanca que complica a Ricardo Moccero

Ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) está en situación 3, instancia prejudicial 3. Y, como si fuera poco, Moccero registra 17 automotores, con una variedad importante de marcas, modelos y demás. En esa cantidad se hace un total de 80 millones de pesos.

¿Qué hay de sucio bajo la alfombra?

Tiene una empresa llamada Tambo Malal-Co SRL, con un balance presentado en el 2018 y en el cual dijo que facturó 2804 pesos. La AFIP le hizo juicio por evasión impositiva, el cual derivó en embargo de bienes y demás.

Documentos de la AFIP que dejan contra las cuerdas al intendente de Coronel Suárez

Lo raro es que no está bancarizada, algo que debería estar, ya que cuenta con empleados por ser una actividad amplia y que necesita de trabajadores. ¿De dónde saca tantos beneficios para sus arcas?

Ante todo lo referido, cuando este portal revuelve mucho más sobre lo que hay debajo de su alfombra, se encuentra con varias controversias. En este caso, a Moccero no le cierra el blanco.

Ulises Catriel Cuenca

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Montenegro sobre la alianza: “Hay que arrancar de raíz al populismo que está atrincherado en PBA”

“El populismo peronista kirchnerista está atrincherado en la Provincia de Buenos Aires. Debemos hacerle frente y arrancarlos de raíz para que nunca más vuelvan a hacerle daño a la gente”, expresó Guillermo Montenegro tras la confirmación del acuerdo electoral.

El intendente destacó que la alianza surge desde un compromiso conjunto basado en “el respeto por el trabajo privado, la protección de los vecinos a través de las fuerzas de seguridad, y la defensa de la propiedad privada”.

El acuerdo electoral entre el PRO y LLA fue formalizado simbólicamente en el Día de la Independencia, con la presencia de importantes referentes políticos de ambos espacios, incluyendo a Cristian Ritondo, Sebastián Pareja, Diego Santilli, Martín Menem y Karina Milei. Ritondo, presidente del bloque de diputados del PRO, señaló previamente que esta alianza representaba un paso necesario y valiente, motivado por la responsabilidad de consolidar la unidad para vencer al populismo.

Redacción

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Investigan a extranjeros por presunto fraude en el examen de residencias médicas

Las autoridades sanitarias identificaron puntajes inconsistentes con los antecedentes académicos y el desempeño previo en otras evaluaciones de varios postulantes. Según fuentes oficiales del Ministerio, “son resultados incongruentes con el parámetro histórico de las universidades de donde provienen, con el promedio de la carrera de esos alumnos y en relación con otros exámenes que esos mismos alumnos rindieron”.

Una de las mayores alertas surgió al comparar los resultados obtenidos en el examen nacional con otro examen similar rendido dos días antes en el Hospital Británico. En un caso del top 10 del ranking nacional, el postulante alcanzó 95 puntos en el examen oficial, mientras que solo había obtenido 45 puntos en la prueba anterior, una diferencia significativa de 50 puntos.

La mayoría de los casos investigados provienen del Concurso Unificado para Medicina, que se realizó en Parque Roca, Ciudad de Buenos Aires, donde participaron alrededor de 8.000 médicos. En total, hubo 10.225 resultados en el examen, con 1.026 ausentes, por lo que finalmente rindieron la prueba 9.199 postulantes. Los resultados se publicaron el pasado 18 de julio.

Históricamente, médicos graduados en universidades ecuatorianas no superaban el puesto 500 en el ranking. Sin embargo, este año, más de 30 postulantes de instituciones como la Universidad Técnica de Manabí, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y Universidad Central del Ecuador, accedieron a los primeros puestos. Particularmente llamativo resultó que nueve egresados de la Universidad Técnica de Manabí, representando apenas el 0,02% del total, se ubicaron entre los 27 primeros puestos.

Además, se detectaron puntuaciones superiores a 88 puntos entre egresados colombianos de la Universidad de Boyacá y la Universidad Tecnológica Pereira. Del total de 2.833 postulantes extranjeros, se contabilizaron 1.045 provenientes de Ecuador, 787 de Colombia, 383 de Bolivia, 312 de Brasil, 114 de Venezuela y 61 de Perú.

En paralelo, una versión difundida por el medio digital Quorum informó que un grupo de aspirantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires habría denunciado ante el decano la supuesta venta de exámenes por valores entre 2.000 y 3.000 dólares, solicitando medidas inmediatas.

Desde el Ministerio también investigan indicios que sugieren ayuda externa durante el examen, como el uso de segundos teléfonos celulares para recibir respuestas mediante asistentes digitales e incluso grupos organizados a través de aplicaciones como Telegram. Fuentes ministeriales señalaron además casos en los que postulantes habrían ido hasta nueve veces al baño durante el examen, reforzando la hipótesis. Calificaron la situación como un posible “fraude masivo y organizado” y reconocieron que, de confirmarse la venta de exámenes, se habría evidenciado una falla en los controles.

En respuesta a estos hallazgos, la cartera sanitaria analiza postergar la publicación del ranking final de mérito, inicialmente prevista para el próximo lunes, que impacta directamente en la elección de los hospitales o instituciones para realizar las residencias médicas.

Este examen incorporó, además, una reciente modificación que otorga cinco puntos adicionales a quienes hayan cursado sus estudios en universidades argentinas, cambio aplicado específicamente al Concurso Unificado (Nación, CABA y Provincia de Buenos Aires), con el objetivo declarado de reducir asimetrías frente a egresados con títulos extranjeros.

Redacción

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Finocchiaro acusó al kirchnerismo de usar causas sensibles para “desestabilizar al Gobierno mediante la economía”

El diputado nacional Alejandro Finocchiaro calificó como una “estrategia de daño fiscal” la ofensiva parlamentaria de bloques opositores, principalmente Unión por la Patria, orientada a declarar la emergencia en pediatría y a reforzar el presupuesto de las universidades nacionales. Según el legislador, estas iniciativas apuntaron a “golpear y desestabilizar al Gobierno a través de la economía” porque comprometen partidas que el Poder Ejecutivo no previó en la Ley de Presupuesto.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Finocchiaro argumentó que el kirchnerismo “atrae temas nobles” que despiertan consenso social —la salud de la niñez y la educación superior— para instalar una tensión fiscal que erosione la gobernabilidad. “Hace unos cuantos meses que decidieron esta táctica”, señaló, y comparó la maniobra con la campaña electoral de 2011: “Con la misma habilidad de Cristina disfrazada de viuda negra, buscan un impacto político por la vía presupuestaria”.

El debate se estructuró en dos frentes. Por un lado, las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda emitieron dictamen de mayoría para la declaración de emergencia en el Hospital Garrahan, basados en exposiciones de directivos que describieron carencias en guardias, insumos y tratamientos complejos. Por otro, la Comisión de Educación, que preside Finocchiaro, analizó proyectos para adecuar el financiamiento universitario y reconocer el reclamo salarial de los docentes.

Finocchiaro, profesor universitario de formación, admitió que “el financiamiento universitario es un tema que hay que atender”, pero advirtió que incorporar la negociación colectiva al texto legislativo “traslada una paritaria al Congreso” y con ello se “lesiona la autonomía de las partes”, contraviniendo el artículo 14 bis de la Constitución y los convenios 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo. A su juicio, “el Legislativo no puede suplantar a la mesa paritaria entre empleador y trabajadores”.

Redacción

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Máximo Kirchner declaró $8.300 millones y casi duplicó su patrimonio en un año

Ante la Oficina Anticorrupción, el diputado nacional Máximo Kirchner declaró una fortuna de $8.311.567.011,23, cuando en el período fiscal anterior había consignado $4.719 millones. El incremento fue cercano al 76% en un año. No incorporó nuevas propiedades ni más dólares: mantuvo los mismos bienes muebles e inmuebles, y la variación respondió a la cotización de la divisa estadounidense y al aumento de la valuación de sus propiedades.

Detalló una tenencia de US$2.905.572, la misma cantidad que en el período fiscal previo. Al tipo de cambio oficial declaró $2.929.834.061,34, cifra que representó gran parte de los más de $8.300 millones que, al 31 de diciembre de 2024, poseyó.

El patrimonio incluyó 27 propiedades, de las cuales solo dos fueron adquiridas con recursos propios. Las valuó en $2.349.841.381,8. En la declaración anterior había consignado el mismo listado —casas, departamentos, terrenos (mayoritariamente en El Calafate) y un local comercial— por $1.190.524.306,16. Esos inmuebles provinieron de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner y de la donación en vida realizada por Cristina Kirchner.

Las acciones de las empresas familiares también mostraron un salto significativo. Los Sauces SA, inmobiliaria investigada por lavado de dinero que llegó a tener como principales inquilinos a Lázaro Báez y Cristóbal López, fue declarada por Máximo Kirchner en $1.507.421.976,50. Poseyó el 55% del paquete accionario. En el período anterior la valuó en $719.847.540,50. Hotesur SA, dueña del hotel Alto Calafate y también bajo investigación por maniobras de blanqueo, fue valuada en $1.086.116.594,00. El diputado declaró el 50% de sus acciones. En la declaración anterior figuró en $405.366.129,56. La tercera firma, Co.Ma. SA, nunca realizó actividades y solo cuenta con un terreno baldío en El Calafate; fue valuada en $93.354.

Declaró además deudas por $86.963.957,66, con acreencias a favor de Hotesur SA, Los Sauces SA, el Condominio Máximo Kirchner y Florencia Kirchner que administra las propiedades heredadas, y con el ARCA. Como ingresos por trabajo, alquileres y otras rentas netos de gastos, expresó $67.018.272,22. También registró dos vehículos obtenidos con ingresos propios por más de $18,5 millones.

Mientras se conoció el patrimonio de Máximo Kirchner, en el marco de la causa Vialidad la ex presidenta Cristina Kirchner fue intimada a depositar, de forma solidaria con los demás condenados, US$537 millones en concepto de decomiso. El Tribunal Oral Federal 2 indicó que esa cifra representó “gravísimos hechos de corrupción”. Si el 13 de agosto no se deposita el monto consignado, la Justicia procederá a la ejecución de bienes embargados.

El fiscal general Diego Luciani presentó un listado con todas las propiedades declaradas por Máximo Kirchner al considerar que se trató del mismo acervo patrimonial. En marzo de 2016, la ex mandataria hizo una cesión en partes iguales de su patrimonio a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Para entonces ascendía a $74 millones. Desde entonces solo conservó el usufructo de un conjunto de propiedades: el departamento de Uruguay y Juncal, el de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario, la residencia de Río Gallegos y la de El Calafate.

Su última declaración patrimonial ante la OA, correspondiente a su último año como vicepresidenta, expuso una fortuna de $250 millones. Entre sus bienes consignó tener un auto 0 km, el usufructo del departamento del barrio de Recoleta y de un terreno en la villa turística santacruceña, además de acciones de Mercado Libre y Apple, entre otras.

*Con información de Lucía Salinas (Clarín)

Redacción

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El Gobierno lanza la concesión de 4.400 km de rutas nacionales 

El Gobierno anunció el llamado a licitación pública por 4.428,93 kilómetros de rutas nacionales pertenecientes a la Etapa II del ambicioso plan Red Federal de Concesiones. Se trata de ocho corredores que atraviesan Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.

El proceso se oficializará mediante una publicación en el Boletín Oficial durante los próximos días. La resolución ya fue firmada por la Secretaría de Transporte y verificada por la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia.

Se licitarán corredores clave: el Sur (RN 3 y RN 205), Atlántico (RN 226), Pampa (RN 5), Mediterráneo (RN 7 y RN 35), Puntano (RN 8 y rutas provinciales), Portuario Sur (Campana–Rosario), Portuario Norte (San Nicolás) y Acceso Sur (autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza‑Cañuelas).

La iniciativa busca delegar en privados la explotación, administración, mantenimiento, ampliación y servicios al usuario. También se prevén proyectos colaterales para generar ingresos adicionales sin subsidios estatales.

La Resolución 827/2025 convocó audiencias públicas entre el 11 y el 13 de junio en San Miguel del Monte, Junín y San Nicolás. Esas instancias permitieron debatir los detalles con actores locales y organizaciones civiles.

La Red Federal de Concesiones totalizará unas 9.154,67 km en 18 tramos. El proyecto completo representa solo el 20 % de la red vial nacional pero concentra el 80 % del tránsito vehicular.

La primera etapa, bautizada “Ruta del Mercosur”, abarcó 741,71 km sobre las rutas 12 y 14 y tramos fronterizos. Ese proceso aún está abierto y sufrió una prórroga que postergó el cierre de ofertas hasta septiembre de 2025.

El Tramo Oriental involucra las rutas RN 12, RN 14, RN 135, A‑015 y RN 117, conectando con los puentes internacionales entre Argentina, Uruguay y Brasil. El Tramo Conexión corresponde a la RN 174 y su zona de influjo fluvial y portuario.

El plazo original para recibir ofertas vencía el 5 de agosto de 2025. El Gobierno extendió ese vencimiento hasta el 8 de septiembre tras incorporar aclaraciones y revisiones en los anexos técnicos de los pliegos.

La disolución de Vialidad Nacional en julio de 2025 pasó las funciones de planificación y control al Ministerio de Economía y a una nueva Agencia de Control de Concesiones, ligada al área de Transporte.

La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales de la República Argentina (STV y ARA) considera que la disolución de Vialidad y el traspaso a manos privadas puede generar “rutas peligrosas” y pérdida de más de 5.500 puestos de trabajo.

Redacción

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Villarruel cerró el jardín del Senado que inauguró Boudou

La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, cerró de manera definitiva el jardín maternal del Senado que había suspendido en octubre de 2024 por “irregularidades estructurales” que ponían “en riesgo la vida de los niños y el personal”. Lo dispuso mediante el decreto 401/25, después de que la Dirección de Obras y Mantenimiento evaluó “distintas propuestas” y concluyó “que su readecuación no resulta posible por sus condiciones de base”.

El inmueble será devuelto a la Dirección de Ayuda Social (DAS) del Congreso: “no existiendo la posibilidad de reabrir allí la guardería ni habiendo otra finalidad para el inmueble en cuestión que lo torne útil para el H. Senado, corresponde proceder a su devolución”. En paralelo, a través del decreto 394/25, Villarruel autorizó la donación de los bienes patrimoniales del jardín a otro establecimiento educativo del ámbito legislativo, tras solicitudes de la Asociación del Personal Legislativo (APL) y de la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados. Entre los elementos cedidos figuraron sillas de comer, un sube y baja caballito doble, pizarrones, mantas didácticas, mesas y sillas de caño, un minipelotero, camillas y practicunas, entre otros.

El “Jardín del Bosque” había sido inaugurado a fines de julio de 2015 por el entonces vicepresidente kirchnerista Amado Boudou —luego condenado por corrupción— junto al ministro de Educación Alberto Sileoni y los senadores Juan Manuel Abal Medina (Frente para la Victoria) y Alfredo Martínez (UCR). Durante el acto, Boudou afirmó: “La Presidenta Cristina lleva adelante la tarea de reparar un pasado horrible, construir el presente y sembrar el futuro para todos. Hoy estamos terminando esta etapa de gobierno con la sensación de que tenemos un presente juntos y también un futuro”.

Ni diez años duró el establecimiento. Entre Boudou y Villarruel transitaron las administraciones de la macrista Gabriela Michetti y de la propia Cristina Kirchner. En diciembre de 2023, antes de dejar la presidencia del Senado, Cristina Kirchner eliminó la normativa que compartía el financiamiento del jardín con Diputados; desde entonces, el gasto total recayó sobre el presupuesto de la Cámara alta.

En octubre de 2024, Villarruel decretó el cierre temporal y suspendió toda actividad. La resolución otorgó a los 72 padres de los menores que concurrían a la institución una licencia especial hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto generó una situación singular porque en ese lote se encontraba la senadora santacruceña Natalia Gadano.

La decisión de suspender el jardín se sostuvo “en un informe elaborado por la Dirección de Obras y Mantenimiento y acompañado por las actas de inspección de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. El texto destacó que el “Jardín Del Bosque” no cumplía “con la normativa correspondiente a la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras, UERESGP”.

Entre las irregularidades se consignaron “déficits en el plano de instalaciones contra posibles incendios; el no cumplimiento con el Plan de Autoprotección”, además de que “el edificio es compartido y requiere independizar el funcionamiento de los diferentes usos”. Otra descripción técnica puntualizó que “el plano de instalaciones contra posibles incendios (porque no declara los usos y ocupaciones real de todo el edificio y las instalaciones contra incendio solo abarca planta baja y 1er piso)”; que no se respetaba “el Plan de autoprotección (no incluye a todo el edificio en un simulacro de evacuación ni a la totalidad de los ocupantes)”; y que era necesario “independizar el funcionamiento de los diferentes usos (también funciona un centro de capacitación de APL, Asociación del Personal Legislativo)”.

La resolución inicial encomendó a la Dirección General de Administración la elaboración de un plan de acción para subsanar las observaciones edilicias informadas respecto del inmueble afectado a la guardería y jardín materno infantil. Pese a haber prometido una solución que no llegó —según deslizó su entorno en aquel momento—, la titular del Senado terminó por dar de baja el establecimiento.

Redacción

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