Córdoba: Un exintendente peronista fue denunciado por transferir $10.000.000 de fondos municipales a su cuenta
El actual edil de Viamonte, Facundo Manzoni, acusó al exintendente Gabriel Fernández de realizarse “autopréstamos financieros a intereses cero” que consignaba como “adelantos de sueldo”.
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El productor agropecuario Facundo Manzoni, conocido en Viamonte (Córdoba) como “Sulky”, asumió como intendente el 10 de diciembre y días después advirtió el estado de las cuentas que dejó el mandatario comunal anterior, Gabriel Fernández (PJ): “En los últimos días de su gestión tiró cheques para diciembre y dejó los sueldos de noviembre, los de este mes y el aguinaldo sin pagar. Ahora no tengo plata para pagar todo eso”.
“Mi objetivo es levantar el pueblo, pero no me dejaron un mango”, se sinceró.
Facundo Manzoni, intendente de Viamonte, junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich
Un mes después, Manzoni denunció que esos fondos faltantes habrían sido hurtados por el exintendente Fernández que se los enviaba a una cuenta de banco en motivo de “adelanto de sueldo”. Los retiros que hacía el ex edil “eran remitidos directamente de la cuenta de la Municipalidad a su cuenta personal, y a la cuenta cuya titularidad es mancomunada con su esposa”, detalló.
“El dinero que se autoprestaba no correspondía a la partida de salarios” sino que “estaba presupuestado para otros gastos, dándole en consecuencia un destino distinto al aprobado por el Concejo Deliberante”, explica el escrito presentado por Manzoni ante la Justicia.
En total, los fondos sustraídos del Municipio son $10.223.258,47. “Lo que hacía concretamente eran autopréstamos financieros a intereses cero, por cuanto la devolución era nominal, en medio de un contexto claramente inflacionario”, aseveró Manzoni.
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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, promulgó una enmienda constitucional que convierte a la provincia en la primera jurisdicción de Argentina sin fueros de ningún tipo. Esta decisión fue avalada por el 63.61% de los votantes en un referéndum vinculante realizado el 26 de octubre.
Los fueros (también llamados inmunidades especiales) son protecciones legales otorgadas a ciertos funcionarios públicos, magistrados, legisladores y, en algunos casos, dirigentes sindicales.
Es importante destacar que existían dos tipos de inmunidades distintas. La inmunidad de opinión protegía a los legisladores por las expresiones vertidas en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, garantizándoles la libertad de manifestar sus ideas y posiciones políticas sin temor a represalias judiciales. Por otro lado, la inmunidad de arresto y de proceso impedía que los funcionarios fueran detenidos o sometidos a juicio sin una autorización previa del Poder Legislativo, lo que comúnmente se conoce como el “desafuero”.
– El anuncio del gobernador Torres, en mayo de este año
La reforma chubutense eliminó los artículos 247 y 248 de la Constitución provincial que garantizaban estas inmunidades judiciales y de arresto. Con esto, a partir de su promulgación el pasado 7 de noviembre, ningún funcionario, legislador, magistrado ni dirigente sindical gozan de protecciones especiales que impidan su arresto, allanamiento o proceso penal.
Torres impulsó esta medida bajo el concepto de que “nadie debe estar por encima de la ley”. Su argumentación se centra en que los fueros representan “privilegios injustificados” que crean ciudadanos de primera y segunda clase. Torres enfatizó que la reforma constituye “una muestra concreta de que nadie está por encima de la ley” y describió los fueros como habiendo estado “de la mano de la desidia y la corrupción”.
El lema central de la campaña fue “Chubut sin fueros”, transmitiendo la idea de que eliminar estos privilegios avanzaría hacia mayor transparencia institucional y equidad.
Sin embargo, la reforma mantiene el “fuero de opinión”, la protección que resguarda la libertad de expresión de los representantes electos. Esta distinción es importante porque diferencia entre proteger la capacidad de hablar libremente en funciones públicas —que se mantiene— y proteger a las personas de la acción de la justicia por delitos comunes —que desaparece.
La consecuencia práctica más significativa es que ahora si una condena judicial contra cualquiera de estos funcionarios queda confirmada, puede ejecutarse inmediatamente sin necesidad de un desafuero o autorización legislativa adicional.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judicales de Chubut (AMFJCH) sostuvo que los fueros no son privilegios personales, sino garantías institucionales necesarias para proteger la independencia judicial. Según esta perspectiva, los fueros no protegen a los jueces como individuos, sino que son mecanismos destinados a permitir que el Poder Judicial funcione sin presiones políticas, económicas o mediáticas.
Los magistrados argumentaron que eliminar los fueros “pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial”y explicaron que estos fueros existen desde la antigüedad para proteger a los primeros parlamentarios de reyes todopoderosos. La idea es que sin estas protecciones, un ejecutivo poderoso podría usar la justicia como herramienta de represión contra jueces que toman decisiones que le desagradan.
Líderes gremiales argumentaron que los fueros sindicales no son para proteger delitos, sino para garantizar que los representantes de trabajadores puedan reclamar y protestar sin miedo a represalias judiciales. Omar Unquén, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Comodoro Rivadavia, advirtió que la eliminación “pondría en riesgo el derecho a la representación gremial y a la protesta”.
Un argumento sindical interesante es que varios líderes señalaron que si un sindicalista comete un delito, la justicia ya puede actuar como con cualquier otro ciudadano. En otras palabras, el fuero no protege actos delictivos en flagrancia. La distinción es sutil pero importante, ya que los fueros protegen de represalias por actividades gremiales legítimas, no de investigaciones por delitos comunes.
Lo notable de este cambio es que fue legitimado democráticamente por los ciudadanos. La Legislatura provincial aprobó la reforma constitucional en marzo de 2025, y luego se convocó a un referéndum vinculante donde los chubutenses debían decidir si respaldar o rechazar la medida.
Incluso cuando magistrados presentaron recursos judiciales intentando frenar la consulta, la Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente habilitó el referéndum, considerando que el proceso se ajustaba a los mecanismos constitucionales vigentes en la provincia. Con más de 280 mil votantes participando, quedó claro que los chubutenses, al menos mayoritariamente, preferían un sistema donde todos fueran iguales ante la ley.
El diputado Diego Santilli, fortalecido por su victoria en la provincia de Buenos Aires, planteó su objetivo de mantener la alianza con el Gobierno nacional. En declaraciones a Infobae, aseguró que el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza debe “consolidarse y preservarse”, no solo para acompañar la gestión de Javier Milei, sino también para garantizar estabilidad política en el Congreso.
Pérdida de bancas y movimientos internos
Con el recambio legislativo, el PRO pasará de tener 35 a 25 diputados. Este retroceso no solo implica una pérdida numérica, sino también un cambio en la correlación de fuerzas internas. Uno de los casos más resonantes es el de Damián Arabia, expulsado del partido por su cercanía con los libertarios, quien evalúa sumarse a La Libertad Avanza o formar un interbloque afín al oficialismo.
“Que me hayan echado hace que no haya vuelta atrás”, confió el legislador cercano a Patricia Bullrich. Su salida expone las tensiones que atraviesa la fuerza fundada por Mauricio Macri y acelera los debates sobre el rumbo político del espacio.
Bullrich, entre el respaldo electoral y la interna macrista
La ministra de Seguridad fue una de las figuras más votadas en los comicios del domingo y se posiciona como posible candidata a gobernar la Ciudad de Buenos Aires en 2027. Sin embargo, en su entorno reconocen malestar con Mauricio y Jorge Macri por lo que consideró una falta de apoyo en la campaña porteña.
En privado, Bullrich calificó de “maldad” la decisión del expresidente de respaldar solo a Fernando De Andreis, quien resultó electo diputado y es uno de los dirigentes más cercanos al fundador del PRO. En el macrismo consideran que De Andreis será una pieza central en la etapa de reorganización interna.
Reconfiguración del bloque y alineamientos
La conducción de Ritondo y Santilli buscará mantener la alianza parlamentaria con los libertarios, a la vez que reorganiza el bloque propio. Desde ese sector reconocen que “el frente formalizó un trabajo que ya venía ocurriendo desde diciembre de 2023, con el PRO colaborando con el Gobierno desde el primer día”.
Entre los diputados que mantienen esa línea se encuentran Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba, todos reelegidos. La estrategia es sostener un bloque con identidad propia, pero funcional a los proyectos de Milei en materia económica y de reforma institucional.
El rol de Macri y el diálogo con Milei
El expresidente retomó el contacto con el jefe de Estado tras las elecciones. Según trascendió, conversaron sobre las reformas laboral, tributaria y previsional que el Gobierno planea presentar el 15 de diciembre. Dirigentes del PRO, como Sergio Capozzi, Diana Fernández Molero y Finocchiaro, participan en la redacción técnica de esos proyectos dentro del llamado Consejo de Mayo.
En paralelo, el entorno de Macri busca consolidar un proceso de renovación interna, con De Andreis como figura emergente y un mensaje dirigido al propio Jorge Macri: “Recuperar los valores originales del PRO y adaptarse a los tiempos actuales”.
El reacomodamiento no solo definirá el futuro del bloque, sino también la relación del macrismo con el poder libertario. En un Congreso fragmentado, el PRO podría convertirse en el aliado indispensable para el oficialismo, o en un actor autónomo que busque reposicionarse de cara a 2027.
El Hospital Garrahan consolidó un incremento en la asignación básica destinado a su personal y lo definió como un “aumento salarial histórico”. La institución informó que implementó una suba del 61% dirigida a empleados de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución, con aplicación retroactiva a octubre. Este incremento se sumó a los bonos mensuales fijos que los trabajadores percibieron desde septiembre: $350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el personal asistencial.
En un comunicado, la administración señaló: “Gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, ese reconocimiento se consolidó con un aumento de sueldo cercano al 60% en la asignación básica, que será dirigido al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución”. Y se agregó: “En el Hospital Garrahan la eficiencia no es una palabra vacía: es lo que hace posible cuidar mejor a quienes todos los días cuidan a los niños de este país”.
– El comunicado del Hospital Garrahan (publicado en X)
La dirección del hospital afirmó que la eficiencia administrativa resultó clave para fortalecer la atención y reconocer el trabajo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. En ese sentido, el anunciado aumento es “un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. Incluso en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política afectando al personal con situaciones extorsivas, ellos siguieron trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando ni más ni menos que la salud de los niños.Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven”.
La administración del Garrahan (que desde el 10 de diciembre de 2023 inició una etapa orientada a la transparencia y la eficiencia) aceleró ese proceso en 2025 y financió los bonos y el aumento salarial con recursos propios, sin comprometer la sostenibilidad de la institución. El hospital comunicó que dispuso de los fondos necesarios para adelantar el pago del aumento, mientras aguardó la llegada de los recursos provenientes del Gobierno Nacional.
En el plano presupuestario, se indicó que, mientras uno de los vetos presidenciales del año alcanzó a la ley de emergencia pediátrica, la última modificación presupuestaria dotó de más fondos a los hospitales nacionales mediante una reasignación de partidas y sin generar déficit.
De ese refuerzo, el Garrahan absorbió más de la mitad de los nuevos recursos que obtuvo la cartera que lidera Mario Lugones, lo que le permitió beneficiarse con los bonos de septiembre.
El anuncio salarial se produjo en el marco de un conflicto gremial. A fines de octubre, la Junta Interna de ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anunciaron la toma de la dirección del hospital de alta complejidad de Parque Patricios, al denunciar fuertes descuentos salariales a enfermeras, instrumentadoras y maestras del jardín maternal en el contexto de la ola de paros. “En este momento la dirección del hospital está tomada. Vamos a hacer permanencia hasta que devuelvan la plata que se quedaron del sueldo de los trabajadores. Esa es la situación y no nos vamos a ir hasta que depositen los fondos”, manifestó Norma Lezana, secretaria general de APyT.
El viernes pasado, el conflicto escaló cuando trabajadores de la APyTocuparon durante seis horas las oficinas centrales de la dirección médica, desde el mediodía hasta las 18, en reclamo de la restitución de haberes descontados por días de paro. La organización gremial informó que la medida buscó presionar a las autoridades para revertir descuentos que, según denunciaron, alcanzaron entre $300.000 y $500.000 y afectaron en particular a trabajadoras del área de enfermería, instrumentación y docencia del jardín maternal.
El delegado de la Junta Interna ATE Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich, declaró a Infobae que el personal afectado abarcó a madres solteras que “no llegan a fin de mes”, y sostuvo que “mientras ellos usufructúan personalmente millones de pesos para sus ingresos, designan contratados como asesores que ganan $3,4 millones y hambrean al personal. La crisis del Garrahan no solo está lejos de resolverse, sino que se profundiza. Exigimos que las autoridades nos reciban, que no lo están haciendo, y que den marcha atrás con estos descuentos criminales”.
En un comunicado, la APyT calificó a la conducción del hospital como “enemigos del Garrahan y las infancias” y los acusó de actuar como “un interventor político, autoritario y prepotente”. También denunció que el Consejo de Administración fue “designado a dedo” con el objetivo de “ocultar millonarios recursos propios que generamos las y los trabajadores para destinarlos a un Fondo de Inversión”, y repudió los descuentos aplicados a quienes “defienden el Hospital Garrahan”. El texto exhortó: “Se tienen que ir porque cada minuto que pasa y están al frente del hospital, las infancias y el equipo de salud estamos peor”, al tiempo que convocó a la participación en la toma de la dirección y a la apertura de un canal de diálogo.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación cuestionó a los gremialistas, los acusó de impulsar una desestabilización vinculada a extracciones izquierdistas y de “tomar de rehén al personal administrativo y jerárquico”.
Desde la administración del Garrahan, las autoridades sostuvieron que el proceso de orden, transparencia y eficiencia iniciado recientemente apuntó a valorar el trabajo y a obtener resultados tangibles. En esa línea, ratificaron: “Es un aumento salarial histórico”.
A días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025, estalló un grave conflicto interno en la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en el distrito bonaerense de La Matanza, el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires con aproximadamente 1,2 millones de electores.
El PRO decidió retirar a los 1.000 fiscales que tenía previstos para el operativo de fiscalización en La Matanza, dejando a LLA sin el apoyo logístico necesario del partido amarillo en un distrito clave donde históricamente el peronismo ha dominado con amplios márgenes. En las últimas elecciones provinciales de septiembre de 2025, el intendente peronista Fernando Espinoza y Fuerza Patria se impusieron con el 53,9% de los votos, sacándole casi 27 puntos de diferencia a la alianza LLA-PRO.
La crisis se desató por acusaciones de malos manejos de fondos destinados a la fiscalización. El centro de las críticas es Luis “El Negro” Ontiveros, coordinador de LLA en La Matanza y diputado provincial electo, considerado un seguidor cercano de Sebastián Pareja, quien a su vez responde como brazo político de la Secretaría General de la Presidencia Karina Milei, en la agrupación llamada “Los Inquebrantables”. Desde el macrismo lo acusan de quedarse con dinero destinado al operativo de fiscalización y de negarse a compartir la coordinación con referentes del PRO.
– Luis “El Negro” Ontiveros
Según reportes, se estima que el operativo de fiscalización en La Matanza requiere alrededor de 300 millones de pesos para movilizar fiscales en las aproximadamente 4.000 mesas electorales del distrito. Desde el PRO plantean que “estamos hablando de una montaña de plata” y acusan a Ontiveros de buscar reducir la cantidad de fiscales para quedarse con esos fondos.
Alejandro Finocchiaro, diputado nacional del PRO y conductor del partido en La Matanza, quien busca renovar su banca, se encuentra en el centro del conflicto. Finocchiaro habría amenazado con retirarse del operativo de fiscalización ante la intransigencia de Ontiveros.
Esta situación interna expone las profundas tensiones en la alianza entre LLA y el PRO a pocos días de una elección crucial para el oficialismo. El conflicto no se limita a La Matanza, a su vez se reportaron problemas en otros distritos del Conurbano como Lomas de Zamora y Quilmes.
En el PRO reconocen que, debido a estos problemas, el presidente Javier Milei solo tendrá cubierto alrededor del 50% de la provincia de Buenos Aires con fiscalización “de calidad”. Desde el gobierno nacional crece la preocupación, ya que dirigentes opositores calculan que “si la falta de fiscalización supera el 30%, se pone en riesgo la elección”.
La situación generó reuniones de urgencia en Casa Rosada encabezadas por Karina Milei, presidenta de LLA, y Pareja, operador del partido en la provincia, junto a figuras como Santiago Caputo, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Patricia Bullrich para intentar aceitar el operativo.
También expresaron su malestar Leila Gianni y Eduardo “Lalo” Creus, referente bullrichista en el distrito. Ambos denunciaron que Ontiveros no quiere cederle al PRO las zonas que piden fiscalizar, especialmente Ramos Mejía, donde el partido amarillo tiene mayor presencia.
Este no es el primer conflicto por la fiscalización en La Matanza. Ya en las elecciones de septiembre, el operativo fue calificado como “desastroso”, con un gran faltante de representantes libertarios y serias fallas logísticas. En aquella ocasión, fiscales denunciaron que no recibieron ni siquiera viandas adecuadas.
Incluso en el ballotage de 2023, se produjeron cruces similares cuando Ontiveros solo le dio al PRO la fiscalización de Laferrere pero se negó a cederle las escuelas de Ramos Mejía.
Desde LLA negaron rotundamente las irregularidades y calificaron las acusaciones como “una operación política del macrismo”. Fuentes libertarias aseguraron que la fiscalización del 7 de septiembre “estuvo excelente” y que los problemas fueron excepcionales.
Defensores del operativo explicaron que “no le vamos a pagar a nadie que no ponga fiscales. La lógica de que Ontiveros no quiere poner fiscales porque se va a quedar con la plata no tiene chances”. Además, sostuvieron que contarán con “gente de afuera del partido, como si fuera una consultora” para controlar fiscal por fiscal y verificar que estén en sus puestos asignados.
Los antiguos lazos entre el kirchnerismo y el chavismo volvieron a quedar en evidencia. Luis D’Elía, histórico líder piquetero y uno de los primeros aliados del kirchnerismo, reconoció públicamente haber recibido dinero del régimen de Hugo Chávez para financiar movilizaciones en la Argentina durante los años de Néstor Kirchner.
El dirigente hizo esta confesión a fines de noviembre de 2024, en el programa Domados del canal BorderPeriodismo, durante un debate con el influencer Matías Andrés Bernal Campos, más conocido como “Herrero Liberal”. En medio de una discusión sobre la militancia y el rol del financiamiento político, Bernal Campos le preguntó de manera directa: “Te mandaron un millón de dólares de Chávez para organizar marchas”. D’Elía, lejos de desmentirlo, respondió con naturalidad: “Lo conté yo a eso, para pagar los micros de todo el país, ¿o ustedes no pagan los micros?”.
D’Elía explicó que los fondos se usaron para organizar la famosa contracumbre de Mar del Plata en 2005, en la que distintos movimientos sociales, sindicales y políticos se unieron para rechazar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsado por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush.
El dirigente social fue uno de los principales organizadores de aquella contracumbre, donde participaron líderes de izquierda latinoamericana, entre ellos Hugo Chávez y Evo Morales. En ese evento, Chávez pronunció su recordado discurso “ALCA, ALCA, ¡al carajo!”, frente a una multitud convocada por las agrupaciones alineadas con el kirchnerismo. La admisión de D’Elía parece confirmar las sospechas de que parte de esos actos fueron financiados con fondos provenientes de Caracas.
– La contramarcha
Sus declaraciones se suman a una serie de revelaciones que en los últimos años han puesto bajo la lupa los vínculos económicos entre los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y el chavismo. El ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Armando Carvajal, alias “El Pollo”, extraditado a Estados Unidos en 2023, ya había declarado en 2021 ante la Justicia española que el régimen de Chávez financió a diversos líderes de izquierda en América Latina: Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Gustavo Petro en Colombia y Fernando Lugo en Paraguay.
Según una investigación del medio español OKDiario, publicada el 20 de octubre de 2021, Carvajal detalló que Venezuela envió al menos 21 millones de dólares en efectivo a la Argentina para respaldar al kirchnerismo. En un escrito presentado ante el juez Manuel García-Castellón, el ex funcionario describió que antes de la incautación de la valija de Guido Antonini Wilson en 2007 hubo otros “20 vuelos con entregas previas de un millón de dólares cada una”. Los traslados se habrían realizado sin inconvenientes gracias al pago de sobornos a funcionarios aeroportuarios argentinos.
El episodio de Antonini Wilson, conocido como valijagate, reveló la magnitud de las operaciones entre Caracas y Buenos Aires. El empresario venezolano fue detenido en el Aeroparque Jorge Newbery con una maleta que contenía 800.000 dólares provenientes de la petrolera estatal PDVSA, fondos que estaban destinados a financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. En el mismo jet privado, contratado por la empresa estatal Enarsa, viajaban Claudio Uberti, entonces titular del OCCOVI; Victoria Carolina Bereziuk, colaboradora cercana a Néstor Kirchner, y Exequiel Espinosa, presidente de Enarsa.
La Justicia estadounidense concluyó que el dinero provenía del saqueo sistemático de PDVSA bajo el gobierno de Chávez y que parte de esos fondos se destinaron al financiamiento político en varios países latinoamericanos, entre ellos la Argentina. Antonini, quien finalmente colaboró con el FBI, aportó información clave para desentrañar la red de corrupción que conectaba a funcionarios venezolanos y argentinos en el tráfico de dinero.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó su “enérgico rechazo” a la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, de modificar la carga del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) mediante la activación de la denominada “quinta cuota”. La entidad que preside Ignacio Kovarsky, integrante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), indicó que el Poder Ejecutivo provincial aplicó, a través del artículo 139 de la Ley Fiscal, un incremento adicional del 25% en el tributo, concretado por la vía de duplicar el valor de la cuarta cuota que los productores rurales ya habían abonado.
CARBAP sostuvo que “esta medida es ilegal e improcedente, al adoptarse sin la aprobación del Presupuesto 2025 ni de una nueva Ley Impositiva”. Para la dirigencia ruralista, el hecho de que el aumento se hubiera instrumentado sobre la base de una Ley Impositiva prorrogada, en paralelo a la discusión del nuevo paquete fiscal bonaerense, evidenció la ausencia de la “legalidad, equidad y racionalidad tributaria” que la entidad demandó explícitamente en su comunicado.
La entidad recordó que la quinta cuota del Inmobiliario Rural bonaerense ya había sido objeto de tensiones a comienzos de año entre la organización y la gestión de Axel Kicillof, dado que la facultad de aplicar o no esa cuota quedaba sujeta a la decisión del Gobierno provincial. La Ley Fiscal sancionada en 2024 habilitó a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) a hacer uso de ese mecanismo, vinculado a la “quinta cuota del Inmobiliario Rural 2025”, y el organismo lo ejecutó. A los ojos de los dirigentes rurales, “se trata de un aumento encubierto del 25% sobre los pagos ya realizados a lo largo de este año” por los propietarios de campos bonaerenses.
Junto con el cuestionamiento jurídico y tributario, el documento de CARBAP enfatizó el contexto productivo en el que se adoptó la medida. El título del comunicado sintetizó esa lectura: “Cuando el agua ahoga, el Estado tira un salvavidas de plomo”, expresó la entidad, al vincular el incremento impositivo con la situación de inundaciones, pérdidas productivas y deterioro de la infraestructura vial rural.
En el comunicado la Confederación describió del siguiente modo el escenario que enfrentaron los productores bonaerenses: “Nunca es buen momento para aumentar los impuestos. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires ya lo hizo en 2024, aun cuando los productores veníamos de tres años de sequía. Y vuelve a hacerlo ahora, sin que el campo haya podido recuperarse, en medio de una de las peores crisis productivas de los últimos años, con millones de hectáreas que permanecen bajo el agua, caminos rurales y rutas intransitables, con miles de familias que luchan día a día contra las pérdidas, el desaliento y la incertidumbre”.
La organización agraria remarcó que la decisión oficial se tomó “en plena emergencia” y añadió que “en lugar de solidarizarse y acompañar a quienes siguen trabajando pese a todo, el Estado decide poner más peso sobre sus espaldas, agravando la asfixia fiscal en plena emergencia”. Para la conducción de CARBAP, el incremento adicional en la quinta cuota se integró a una estructura de tributos crecientes que afectó a un sector que todavía no se había repuesto de la combinación de tres años de sequía y un posterior cuadro de inundaciones extendidas.
De acuerdo con un informe técnico de la Confederación, hasta septiembre se registraban más de 2 millones de hectáreas productivas afectadas por inundaciones entre el centro bonaerense y la totalidad de la Cuenca del Río Salado. Las lluvias de principios de noviembre profundizaron el problema, en especial en municipios de la Cuarta sección electoral como Bragado y Nueve de Julio, donde la presencia de campos anegados, caminos rurales intransitables y dificultades logísticas complejizó aún más la operatoria cotidiana de los establecimientos agropecuarios.
La entidad recordó que el aumento del Inmobiliario Rural en 2024 había superado el 200% establecido en la última Ley Impositiva, debido a la quita de los beneficios de buen contribuyente. Desde la óptica de CARBAP, la combinación de incrementos previos, eliminación de bonificaciones y aplicación de la nueva “quinta cuota” configuró un esquema que reforzó la presión fiscal sobre el campo bonaerense en el mismo momento en que los rindes, las pasturas y las posibilidades de producción se vieron severamente comprometidos por el factor climático.
“Por ello, CARBAP solicita la inmediata marcha atrás de esta medida y convoca a los legisladores bonaerenses a defender la legalidad, la equidad y la racionalidad tributaria”. La entidad reclamó que la discusión del paquete de leyes que el Ejecutivo envió a la Legislatura provincial incorporara la situación de emergencia que afectó a los productores y puso el acento en el rol de diputados y senadores al momento de evaluar el alcance del incremento.
La reacción se produjo luego de que la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, cuyo plazo original se había fijado para el 12 de noviembre. “La decisión, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, garantiza que quienes estén al día con el fisco mantengan el beneficio de hasta un 10% de descuento por adhesión al débito automático”, indicaron desde el gobierno provincial.
El organismo recaudador explicó que el cambio de fecha respondió a “razones operativas” y que buscó asegurar el correcto proceso de liquidación y la disponibilidad de los medios de pago, de modo tal que todas las personas contribuyentes pudieran cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones. ARBA recordó que quienes no registraran deudas, estuvieran adheridos al débito automático y optaran por abonar la última cuota del año conservarían la bonificación de hasta el 10%, un beneficio que el Poder Ejecutivo provincial presentó como incentivo al cumplimiento tributario.
En paralelo a la controversia en torno al Inmobiliario Rural 2025, las autoridades bonaerenses remitieron a la Legislatura el paquete de leyes que incorporó la propuesta de Ley Impositiva 2026. Según el proyecto del Ejecutivo provincial, el Impuesto Inmobiliario, tanto urbano como rural, no tendría aumentos de alícuotas ni de valores fiscales y congelaría los parámetros de cálculo para 2026, con el objetivo de brindar previsibilidad a los propietarios y productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires.
Con el campo bajo el agua, el gobierno de Kicillof activó un polémico aumento del 25% en el Inmobiliario Rural. Los productores bonaerenses lo calificaron de “ilegal”, denunciando una “asfixia fiscal” en plena emergencia y tras un incremento superior al 200% el año pasado.
En su primera actividad oficial como ministro del Interior, Diego Santilli llegó a Paraná y, junto a Rogelio Frigerio, repasó los reclamos de Entre Ríos y respaldó el paquete de reformas de Javier Milei.
La denuncia fue presentada por el jefe de los fiscales, Edmundo Jesús Jiménez, al considerar que hubo una “campaña de hostigamiento” en su contra. La decisión judicial generó reacciones negativas de los sectores de prensa.
Un recuerdo a Fabián Gutiérrez, el exsecretario de CFK, arrepentido en la causa Cuadernos, cuyo cuerpo apareció tiempo después semienterrado en Santa Cruz al parecer masacrado por no confesar a un grupo de muchachos donde guardaba la plata de la corrupción que le permitía llevar… pic.twitter.com/UbZKaqCkAB
