Córdoba: Un exintendente peronista fue denunciado por transferir $10.000.000 de fondos municipales a su cuenta
El actual edil de Viamonte, Facundo Manzoni, acusó al exintendente Gabriel Fernández de realizarse “autopréstamos financieros a intereses cero” que consignaba como “adelantos de sueldo”.
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El productor agropecuario Facundo Manzoni, conocido en Viamonte (Córdoba) como “Sulky”, asumió como intendente el 10 de diciembre y días después advirtió el estado de las cuentas que dejó el mandatario comunal anterior, Gabriel Fernández (PJ): “En los últimos días de su gestión tiró cheques para diciembre y dejó los sueldos de noviembre, los de este mes y el aguinaldo sin pagar. Ahora no tengo plata para pagar todo eso”.
“Mi objetivo es levantar el pueblo, pero no me dejaron un mango”, se sinceró.
Facundo Manzoni, intendente de Viamonte, junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich
Un mes después, Manzoni denunció que esos fondos faltantes habrían sido hurtados por el exintendente Fernández que se los enviaba a una cuenta de banco en motivo de “adelanto de sueldo”. Los retiros que hacía el ex edil “eran remitidos directamente de la cuenta de la Municipalidad a su cuenta personal, y a la cuenta cuya titularidad es mancomunada con su esposa”, detalló.
“El dinero que se autoprestaba no correspondía a la partida de salarios” sino que “estaba presupuestado para otros gastos, dándole en consecuencia un destino distinto al aprobado por el Concejo Deliberante”, explica el escrito presentado por Manzoni ante la Justicia.
En total, los fondos sustraídos del Municipio son $10.223.258,47. “Lo que hacía concretamente eran autopréstamos financieros a intereses cero, por cuanto la devolución era nominal, en medio de un contexto claramente inflacionario”, aseveró Manzoni.
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En la mañana del miércoles 4 de febrero de 2026, la Senadora nacional por Salta de La Libertad Avanza, Emilia Orozco, decidió llevar el internismo oficialista en una entrevista con Luis Gasulla.
La legisladora ya venía de protagonizar un fuerte cruce esta semana con la Diputada Nacional del Pro Florencia De Sensi —nota que podés leer haciendo click acá—, donde quedó expuesta por su falta de argumentos frente a la modernización de leyes laborales. Ahora, la legisladora que saltó a la fama denunciando dietas ajenas, redobló la apuesta terminó exponiendo una faceta desconocida: la de una dirigente que miente para victimizarse y alimentar relatos conspirativos de redes sociales.
Orozco aseguró que sus contratos “no salen” insinuando una supuesta saña de Victoria Villarruel contra el mileísmo, y lanzó una comparación malintencionada: afirmó que los de Jorge Capitanich se liberaron en diciembre pero los de La Libertad Avanza no. Esta es la primera gran mentira de la senadora: utiliza al exgobernador K chaqueño para sugerir solapadamente una alianza entre Villarruel y el kirchnerismo, ocultando deliberadamente que todos los Senadores de LLA que ingresaron en diciembre de 2025 ya tienen sus contratos firmados y sus equipos cobrando.
La corroboración que deja en evidencia a Orozco
Mientras la senadora intentaba instalar que hay un bloqueo contra el oficialismo, la nómina oficial del Senado le devuelve un cachetazo de realidad.Los senadores de LLA, tanto los que ingresaron en 2023 como quienes asumieron junto a ella en diciembre de 2025, ya tienen sus oficinas pobladas con números que, en muchos casos, se acercan o igualan a los de la “casta” que ella denuncia:
Bruno Olivera Lucero: 16 asesores.
Ezequiel Atauche: 15 asesores (llegó a tener 16).
Ivanna Arrascaeta: 14 asesores.
Juan Cruz Godoy (ingresó en diciembre): 12 asesores.
Bartolomé Abdala: 12 asesores (llegó a tener 20).
Francisco Paoltroni: 11 asesores.
Agustín Coto: 11 asesores.
Silvana Schneider (ingresó en diciembre): 10 asesores.
Enzo Fullone (ingresó en diciembre): 10 asesores.
Juan Pagotto: 9 asesores.
Nadia Márquez (ingresó en diciembre): 9 asesores.
Mario Cervi (ingresó en diciembre): 9 asesores.
Vilma Bedia: 8 asesores.
Patricia Bullrich (ingresó en diciembre): 4 asesores.
Otro dato curioso es que, cuando LLA tenía solo 7 Senadores, llegó a tener 88 asesores, dando un promedio de 12,6 asesores por Senador.
¿Cómo explica Orozco que a todos ellos les firmen los contratos y a ella no? La mentira quedó expuesta: no hay una orden política contra el bloque libertario, sino una Senadora que utiliza la falta de asesores como una herramienta de propaganda para ocultar su propia rebeldía institucional.
La gata flora: critica el presupuesto pero busca la caja
La contradicción de Orozco roza el absurdo. En la misma charla, chicaneó a Villarruel por haber reclamado al Ejecutivo que subsanara el presupuesto del Senado: “la única preocupación fue que no había presupuesto… yo salí con esa sensación”, asintió cuando Gasulla le preguntó si lo que importaba era “la tarasca” (SIC).
Lo que Orozco omite es que los sueldos de los asesores que ella tanto reclama salen, precisamente, de ese presupuesto que ella misma cuestiona. Orozco denunció a Capitanich por tener 18 colaboradores (ella dijo “más de 20”), pero calla ante los números de sus propios correligionarios que tienen números similares de colaboradores, e incluso llegaron a tener más, como en el caso de Abdala.
Prontuario libertario: del “modelo Abdala” a los retornos de Ponce
Este hambre por los contratos remite a los escándalos que ya salpican al espacio. El más recordado es el de Bartolomé Abdala, que confesó usar a su planta de 20 asesores del Senado para financiar su campaña a gobernador en San Luis. Pero no es el único: el jefe de bloque, Ezequiel Atauche, ostentó una de las estructuras más abultadas con 16 asesores, superando incluso los números que la propia Orozco le critica a la oposición. A esto se suma el antecedente de Celeste Ponce, excompañera de bloque de Orozco, denunciada por exigirle “retornos” a sus propios asesores.
Con estos antecedentes, el pedido de Orozco se mira bajo otra lupa: ¿realmente busca asesores técnicos, o cajas políticas para su armado en Salta?
El “acting” karinista: sarcasmo en la radio, rebeldía en el Palacio
Para esta nota, Data 24 consultó a fuentes oficiales de la Presidencia del Senado para entender la supuesta “demora”. La explicación es puramente técnica: Orozco es la única que se niega a cumplir con el protocolo que todos sus compañeros ya pasaron.
En la radio, la Senadora minimizó el procedimiento: “parece que la modalidad, y por usos y costumbres, uno tiene que pasar por la oficina de la Presidente… veremos si esa reunión se concreta”, soltó con desdén.
No es que “parece”: es la norma institucional, donde se recibe a los nuevos y se les explica el funcionamiento de la casa. Orozco cerró su actuación afirmando que ya presentó el pedido para contratar asesores, y espetó con un sarcasmo cínico: “los nuestros aún están en espera, yo calculo que debe ser una cuestión administrativa, debe estar con mucho trabajo, seguimos en la espera”. La realidad es otra: no hay trabas administrativas; hay una Senadora que no quiere ir a la reunión obligatoria porque prefiere sostener su papel de “perseguida” mediática para ganar puntos con Karina Milei en la interna contra la Vicepresidente.
Conclusión:
Con una dieta de $10 millones brutos, Emilia Orozco ha completado su metamorfosis: de la “motosierra” salteña, a una PyME política financiada por el Estado, que miente sobre la realidad de los contratos de sus colegas, omitiendo la cantidad de asesores que tienen sus compañeros para mencionar sólo el caso de Capitanich, intentando forzar una imagen de Villarruel como aliada del kirchnerismo; cerrando su relato diciendo que “está esperando que le aprueben los contratos”, en una puesta en escena que se cae sola cuando se nota que la única que espera algo es la Presidente del Senado: que la Senadora finalmente madure y pase por su oficina.
La frontera norte de la República Argentina, específicamente el sector que delimita la provincia de Salta con el departamento boliviano de Tarija, atraviesa uno de los períodos de mayor erosión de la soberanía territorial en décadas. Este fenómeno responde principalmente a una compleja convergencia de expansión agrícola ilegal, desidia institucional histórica y la participación, en ocasiones explícita y en otras velada, de fuerzas de seguridad extranjeras en territorio nacional.
El Trementinal: la “anexión de facto” y el asedio a los pobladores
En el departamento salteño de San Martín, la comunidad Ava Guaraní de El Trementinal vive bajo un asedio territorial sistemático. Productores cañeros bolivianos ya consolidaron una ocupación de facto sobre 2.500 hectáreas de suelo argentino, convirtiendo selva nativa en plantaciones industriales sin control estatal. La cacica Natali Vásquez denunció que los invasores instalaron alambrados y portones en caminos comunitarios, bloqueando incluso el acceso al río Tarija.
La mecánica de la invasión es quirúrgica: durante el estiaje (cuando el río está “bajo”), cruzan el río con maquinaria pesada para ejecutar desmontes masivos en las Yungas, un ecosistema de altísimo valor biológico. Esta usurpación, que se intensificó por la falta de patrullajes y mantenimiento de mojones, ha dejado a las familias indígenas sintiéndose “encerradas en su propio país”.
Las Fuerzas de Bolivia contribuyendo en la invasión.
Ingeniería del contrabando y blindaje policial extranjero
El motor de la invasión es el mercado azucarero de Tarija. Se estima que 150.000 toneladas de caña producidas ilegalmente en Salta cruzan el río“a piso” cada temporada con destino al ingenio boliviano IABSA. Para asegurar este flujo, los usurpadores construyen escolleras y muelles de piedra que alteran la hidrodinámica del río Bermejo. Esta rudimentaria ingeniería busca desplazar la vaguada del río, criterio jurídico que define el límite internacional, para ejecutar una expansión territorial silenciosa.
La violencia es el brazo ejecutor. Productores extranjeros, a menudo armados, amedrentan a las familias guaraníes con disparos, machetes y matanza de animales para forzarlos al abandono de sus tierras ancestrales. La gravedad escala con la denuncia de la presencia de la Policía Marítima de Bolivia, que desembarca en riberas argentinas para proteger a los cañeros y amenazar con encarcelar en el país vecino a los referentes locales que intentan frenar el desmonte.
Cruce de Aguas Blancas.
Antecedentes y la “soberanía blanda” en el norte
La impunidad actual tiene raíces en precedentes de violencia militar. El 26 de octubre de 2010, una patrulla de 50 soldados del Ejército de Bolivia, al mando del coronel Willy Gareca, invadió el predio forestal “El Polvaredal” en Salta. Tras agredir a trabajadores argentinos, los militares sustrajeron maquinaria agrícola bajo la excusa de que el territorio les pertenecía. Pese a la crisis diplomática, el hecho se cerró con un sumario administrativo, alimentando la percepción de una frontera con “límites móviles”.
Esta erosión territorial se complementa con una estrategia de “soberanía blanda” en parajes como Abra de Santa Cruz. Ante la desidia del Estado argentino, Bolivia avanza construyendo escuelas y rutas en suelo nacional. La presión es institucional: se intima a los pobladores argentinos a adoptar la doble nacionalidad para acceder a educación o mantener el uso de sus tierras. A esto se suma el fraude electoral en localidades como Aguas Blancas, donde el padrón registra 5.700 electores para una población real de apenas 3.600 habitantes.
Foto de la invasión de 2010, dirigida por Willy Gareca.
La respuesta del Estado Argentino
Ante la gravedad de las denuncias, el Gobierno Nacional lanzó el Plan Güemes en Salta. El despliegue integra a 310 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval para patrullar el río Bermejo. La vigilancia suma tecnología crítica: drones de largo alcance, radares térmicos y helicópteros AgustaWestland AW169 para detectar maquinaria en las serranías de El Trementinal.
Complementariamente, el Ejército activó el Operativo Roca con el Regimiento de Monte 28 para tareas de apoyo logístico y vigilancia en áreas rurales. Bajo una política de “tolerancia cero”, el Ministerio de Seguridad busca incautar plantaciones ilegales y expulsar invasores sin residencia legal.El objetivo es restaurar la autoridad estatal en parajes donde la desidia permitió que extranjeros se sintieran “dueños de casa” en suelo argentino.
Tuit de la Senadora Nacional Patricia Bullrich, ex Ministra de Seguridad.
Argentina buscó tomar el control de su espacio marítimo mediante un nuevo protocolo orientado a combatir la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida apuntó a reforzar la protección de los recursos pesqueros frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), una de las principalesamenazas para la sostenibilidad del sector y para la economía vinculada al complejo pesquero nacional.
La normativa entró en vigencia a través de la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, publicada en el Boletín Oficial. La disposición fue impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, mediante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, y estableció criterios objetivos para identificar buques de bandera extranjera pescando ilegalmente.
El eje central del nuevo esquema consistió en transformar criterios técnicos complejos en estándares operativos claros, verificables y aplicables en tiempo real.
Uno de los cambios más relevantes fue la incorporación de presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento de los buques extranjeros. A partir de ese esquema, se consideró que una embarcación se encontró realizando tareas de pesca cuando navegó a menos de 6 nudos y ejecutó maniobras o cambios de rumbo compatibles con esa actividad dentro de la ZEEA, aun cuando no se detectó el arte de pesca de manera directa.
El protocolo puso especial atención sobre los buques poteros, especializados en la captura de calamar, una de las especies de mayor interés comercial y presión extractiva. En esos casos, la presunción de ilegalidad se activó si la nave se desplazó a 2 nudos o menos sin una justificación técnica válida, una medida que buscó cerrar vacíos habituales en los controles tradicionales.
El monitoreo se realizó mediante el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, que integró información satelital, registros electrónicos y datos de navegación. Esos elementos pudieron ser utilizados como evidencia objetiva para iniciar actuaciones y aplicar sanciones, fortaleciendo la capacidad de control del Estado en un área extensa y de difícil supervisión presencial.
La disposición funcionó como herramienta legal de apoyo a la labor que Prefectura vino realizando como parte de su estrategia de control de los espacios jurisdiccionales. En su carácter de autoridad nacional, con competencias y atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar y como policía auxiliar pesquera, Prefectura generó un procedimiento de detección electrónica, análisis de patrones de comportamiento de buques pesqueros e incorporación y custodia de pruebas de diversas fuentes de información. Ese procedimiento posibilitó a la autoridad pesquera nacional llevar adelante las actuaciones administrativas y, de corresponder, el proceso sancionatorio por la conducta detectada.
Según se explicó, el procedimiento y la norma emitida en consonancia por la autoridad de aplicación contribuyeron a discriminar actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros del derecho de libre navegación que les asistió, acorde el derecho internacional, permitiendo así, en caso de corresponder, actuar en consecuencia, en defensa de los recursos e intereses nacionales.
Más allá del enfoque sancionatorio, la disposición incorporó garantías de debido proceso. Los capitanes de los buques alcanzados por las presunciones pudieron presentar descargos y pruebas técnicas, como reportes meteorológicos adversos o partes de avería, que permitieron justificar los movimientos registrados. De ese modo, el esquema buscó equilibrar firmeza en el control con reglas claras y previsibilidad jurídica.
La iniciativa se enmarcó en el Principio Precautorio, que obligó a actuar de manera preventiva ante el riesgo de daños graves o irreversibles al ecosistema marino, aun cuando no existió certeza científica absoluta en el momento de la detección. Este criterio cobró relevancia en un contexto de creciente presión sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur y de expansión de flotas extranjeras en los límites de la ZEEA.
Para la Prefectura, la aplicación de la ley no se limitó al seguimiento y control de la información estática de los buques, sino que implicó detectar patrones y comportamientos que representaron indicadores de posibles actividades ilegales. Esto le permitió ser generadora de buenas prácticas jurídicas y operativas de lucha contra la pesca ilegal, reconocidas internacionalmente.
El Gobierno nacional decidió suspender el proceso de actualización del TAN (Tanque Argentino Mediano) —un proyecto con base en tecnología fabricada en el país— y en su lugar adquirirá vehículos blindados Stryker de origen estadounidense, usados y más costosos, informaron fuentes del ámbito de Defensa.
La paralización del plan de modernización del TAM se dio en medio de ajustes presupuestarios y de un alineamiento estratégico con Estados Unidos. Restricciones financieras impuestas en mayo de 2025 por el Banco Central limitaron la compra de insumos en el exterior para mantener operativos los vehículos blindados de fabricación local.
Carlos Alberto Presti, flamante ministro de Defensa
La empresa estatal TAMSE, encargada de la producción y mantenimiento del TAM y sus variantes, cerró sus puertas en este contexto, lo que desmanteló parte de la cadena productiva y logística regional que sostenía esta industria. El resultado fue que gran parte de la flota quedara fuera de servicio por falta de repuestos y soporte técnico accesible.
La elección de los Stryker, modelos que han sido utilizados por el ejército estadounidense en conflictos como Afganistán e Irak, responde, según voceros oficiales, a una prioridad en movilidad y capacidad de respuesta rápida. Sin embargo, desde el propio Ejército y sectores especializados se advirtió que había opciones más convenientes y con mayor interoperabilidad técnica, como los vehículos Guaraní de Brasil, que contaban con componentes producidos en la región y menores costos de mantenimiento.
El legendario Tanque Argentino Mediano
Un aspecto que también genera polémica es el costo de la operación: el paquete de Stryker, de unos 27 vehículos blindados, ronda los 100 millones de dólares, lo que implica un desembolso significativamente mayor por unidad que las propuestas alternativas, sobre todo si se considera que provenían de excedentes usados descartados por otros ejércitos.
Estados Unidos autoriza la venta de 27 vehículos Stryker M1126 a Argentina
Los críticos de la decisión sostienen que esta compra no solo compromete la industria nacional de defensa, sino que limita la transferencia de tecnología y la creación de empleo local, aspectos que estaban presentes en los proyectos de modernización del TAMy otros programas de equipamiento militar autóctonos.
Ignacio Torres abrió las sesiones ordinarias de Chubut con una frase que funcionó como marco de la jornada. “Esperemos que esta sesión no sea tan ordinaria como la que vimos ayer”, dijo, tomando distancia del tono de la Asamblea Legislativa nacional. Reclamó “respeto e institucionalidad”.
Horas después de finalizado el discurso la Legislatura aprobó la reforma de la Ley de Pesca que incorporó el régimen de “Ficha Limpia Pesquera”.
En concreto, el cuerpo legislativo provincial modificó la Ley de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable. La actualización exige la verificación previa de antecedentes fiscales y administrativos para el otorgamiento, la renovación o la transferencia de permisos, cuotas y habilitaciones pesqueras. El proyecto lo envió el Poder Ejecutivo chubutense y alcanzó a titulares, apoderados o representantes de permisos y autorizaciones de captura, además de directores, administradores y miembros de órganos de gobierno de las empresas del sector.
Al fundamentar el proyecto, el presidente del bloque oficialista, Daniel Hollmann, sostuvo que la Ficha Limpia “contempla la inhabilitación de personas humanas y jurídicas involucradas en defraudaciones dolosas, evasión tributaria y conductas graves vinculadas a la actividad pesquera. Este proyecto se suma a la agenda de transparencia y calidad institucional que propone el gobierno”. Por su parte, la diputada Karina Otero sostuvo que la norma “no debilita la actividad, la fortalece”, y remarcó que el acceso al recurso debía estar atado al cumplimiento de obligaciones legales firmes.
Desde el bloque oficialista señalaron que la ley no habilitó bajas automáticas de permisos, sino que esas medidas solo podrían aplicarse cuando existieran resoluciones firmes. En ese marco, explicaron que las “causales de caducidad” son los motivos previstos por la norma para quitar o dar de baja un permiso pesquero, y afirmaron que el texto incorporó cambios surgidos en comisión y en reuniones con el sector privado.
Desde la oposición cuestionaron el alcance sectorial de la ley y el contexto en el que se trató. El presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, justificó el rechazo al sostener que el proyecto respondió a “una pelea sectorial”, mientras que su par Vanesa Abril pidió priorizar medidas frente a la “caída del empleo”. Otros legisladores advirtieron sobre una posible “estigmatización” del sector pesquero y plantearon que reglas similares debían aplicarse a todas las actividades extractivas.
LAS RETENCIONES A LA PESCA OSCILAN ENTRE 5% Y 9%
En su discurso de apertura, Torres ubicó a la pesca en el centro del debate económico y fiscal de la provincia. El gobernador afirmó que en 2025 Chubut alcanzó el mayor nivel de exportaciones de los últimos 20 años, con casi 4.000 millones de dólares, y remarcó el peso de la actividad pesquera en ese resultado. “Exportar más genera más trabajo y dinamiza la economía”.
En ese tramo del mensaje, cuestionó el esquema de retenciones y afirmó que de esas divisas “a la provincia le quedan cero pesos”, porque esos recursos se diluyeron en políticas nacionales que, según dijo, no regresaron al territorio.
También convocó a los legisladores nacionales a “dar la pelea en el Congreso” por el federalismo fiscal y anticipó que continuará gestionando la eliminación de las retenciones a la pesca, que oscilan entre el 5% y el 9% según la especie marina. Ese ahorro impositivo que obtendría el sector por una eventual baja de esos derechos de exportación podría destinarse a infraestructura portuaria para Chubut.
La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó una reforma de la Ley 6722, norma que reguló el uso de armas de fuego por parte de la Policía provincial, y envió el proyecto nuevamente a la Cámara de Diputados para su segunda revisión. La iniciativa, impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas, obtuvo 26 votos a favor y 6 en contra.
Desde la oposición, los bloques del Partido Justicialista y del Partido Verde rechazaron la propuesta y manifestaron su preocupación por el alcance de las nuevas facultades.
La modificación apuntó a actualizar el protocolo de actuación policial, ampliar supuestos vinculados al servicio de seguridad y adecuar la actuación de los efectivos provinciales a criterios vigentes para las fuerzas federales en todo el país, en particular los vinculados al “peligro inminente”. La reforma se presentó como una herramienta para otorgar “certeza jurídica” al personal policial.
Antes de llegar al recinto, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado otorgó despacho favorable al proyecto, que propuso cambios en la ley para precisar criterios de actuación, identificación del personal y resguardo administrativo posterior a las intervenciones.
En ese marco, el Senado redefinió el protocolo de actuación y habilitó, en determinados supuestos, que el efectivo pudiera emplear su arma sin identificarse previamente cuando esa identificación pusiera en riesgo su vida o la de terceros.
La reforma amplió además el alcance del servicio de seguridad. Entre los nuevos supuestos, incluyó la actuación policial para asegurar personas y bienes ante situaciones de inseguridad y peligro inminente, así como en casos de incendio, inundación, explosión u otros siniestros. También sumó la defensa de funcionarios, agentes, empleados y bienes del Estado provincial; la posibilidad de esgrimir armas cuando resultara necesario conforme a la ley y a los principios generales; tareas de observación y vigilancia con fines específicos; y la preservación del orden en espacios públicos, la prevención de conflictos, la protección de transeúntes y el cese del delito.
En cuanto al uso de armas de fuego, amplió los casos en los que la Policía pudo recurrir a ellas y precisó con mayor detalle qué se consideró “peligro inminente”. Se contemplaron situaciones de estado de necesidad, defensa propia o de terceros, prevención de delitos particularmente graves que implicaran una seria amenaza para la vida o la integridad física, detención de personas peligrosas que opusieran resistencia y también la posibilidad de impedir su fuga. Durante el debate, además, se señaló que el nuevo esquema contempló supuestos para impedir la fuga de personas que representaran una amenaza letal y para resguardar establecimientos de detención.
Otro cambio central fue que se mantuvo la obligación de identificarse y advertir de forma clara la intención de emplear el arma de fuego, pero se habilitó la excepción cuando hacerlo generara riesgo de muerte para el agente o terceros, expusiera su ubicación, implicara desventaja numérica o táctica, incrementara la amenaza del agresor o resultara evidentemente inadecuado o inútil por las circunstancias.
También se reforzaron las obligaciones posteriores al uso del arma: cuando ocasionara lesiones o muerte, el efectivo debió prestar asistencia inmediata, solicitar servicios médicos urgentes, comunicar el hecho a la autoridad judicial competente e informar a los familiares de las personas afectadas.
MartínKerchner Tomba, presidente provisional del Senado, defendió la actualización de la norma y recordó el tiempo transcurrido desde la sanción original. “La reforma acompaña el incremento de la violencia y brinda claridad a quien actúa ante el riesgo”.
La violencia se produjo durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante. Vecinos que protestaban pacíficamente denunciaron agresiones que atribuyeron a “patoteros” del intendente Walter Cortés.
Con 26 votos a favor y 6 en contra, el Senado provincial reformó el protocolo de actuación policial para reforzar el resguardo administrativo de los efectivos.
Impulsada por Ignacio Torres, la medida fijó la verificación de antecedentes fiscales y administrativos para otorgar, renovar o transferir permisos y habilitaciones en la actividad pesquera. El oficialismo la presentó como una herramienta de transparencia y control.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
