Chaco | La “lealtad peronista” fue usada para el “Plan Quinquenal” de la próxima gestión
El gobernador chaqueño Jorge Capitanich lanzó el "Plan Quinquenal" y reinsertó a viejos amigos a su campaña 2023 donde busca quedarse con la reelección.
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El oficialismo provincial comenzó la semana con los tapones de punta. Luego del fallo de la oposición por tratar de “boludos” a los vecinos, principalmente en Resistencia en el contexto de “Polinicemos”, la gestión chaqueña lanzó el “Plan Quinquenal 2023-2027”.
Pero la realidad es que fue todo una pantalla, para utilizar además el Día de la Lealtad Peronista y, encubierto, lanzar la campaña a la reelección del referente político máximo del espacio: Jorge Milton Capitanich.
El gobernador chaqueño piensa en una posible reelección
El objetivo del plan es completar la infraestructura física y social, consolidar cadenas de valor y promover el empleo privado; todo se enmarca en un camino de gestión que seguramente seguiría el actual gobernador en caso de ser reelecto.
“Coki” encabezó el acto de lanzamiento enmascarado, y lo hizo inicialmente comentando y reforzando la previa presentación que se realizó sobre los objetivos y alcances de esta diagramación. Pero con el correr de los minutos de alocución, el fervor se encendió y casi que terminó siendo un típico acto de campaña.
El ex gobernador Oscar Domingo Peppo actúa como opositor, ante la falta de invitación por parte de Jorge Capitanich al Día de la Lealtad Peronista
Pero lentos de reacciones en la oposición, el que tuvo que salir con los tapones casi de punta fue el ex gobernador Oscar Domingo Peppo, que recogió el guante reclamando que no fue invitado a los festejos del 17 de octubre, falta a la clase de comprensión de discursos, y dejando entrever que no se enteró que fue utilizado como un acto de campaña.
Claramente, Peppo hoy se ve más afuera del oficialismo que dentro, y por eso empieza a jugar sus cartas. ¿De qué manera? No tuvo reparos en tentar a la oposición y manifestar que “no tendría problemas en hacer una alianza con el referente político Ángel Rozas“, algo que obviamente no caería para nada bien en los compañeros de la “V” de la victoria.
El referente radical Ángel Rozas sería tanteado por el peronista Domingo Peppo
Volviendo a la “conmemoración del 17 de Octubre”, el que sí fue llamado a sentarse a la “mesa chica” fue el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, que compartió la primera fila con referentes del riñón de “Coki” y autoridades provinciales, como segunda gran muestra de cercanía entre ellos, tras las negociaciones que llevaron a la licitación para el transporte público de pasajeros.
Con las cosas así, se empieza a ver la posibilidad de alianzas que sí se podrían dar con vistas al 2023, y otras que cada vez están más lejos de ser posibles, por cuestiones políticas y sobre todo por reacciones públicas de los actores, que no la tiran a la tribuna o casetean, y se dicen las cosas de frente a las cámaras, que ya es algo.
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El fallecimiento de LuisBrandoni dejó en Mendoza, y especialmente en San Rafael, un dolor con matiz de gratitud. Más allá de su extensa trayectoria en el cine y el teatro, el queridísimo actor dejó una huella concreta en el distrito de Las Paredes: donó parte de un predio familiar para que allí se construyera una escuela secundaria y, en octubre de 2023, viajó hasta el lugar para presidir el acto de imposición del nombre de la institución, a la que eligió llamar “José Domingo Brandoni”, en honor a su padre.
José Domingo Brandoni fue un empleado bancario que adquirió tierras en San Rafael por iniciativa del dueño de la entidad donde trabajaba. A su muerte, en 1985, Luis y su hermano Gerardo heredaron esos terrenos, donde ya vivían decenas de familias en condiciones precarias. Fue entonces cuando los hermanos tomaron la decisión de donar parte del predio con una única condición: que allí se construyeran una escuela, una comisaría y un centro de salud.
El 24 de octubre de 2023, Brandoni llegó al establecimiento 4-245. La comunidad educativa esperaba ese momento desde 2017, cuando inició la búsqueda de una identidad propia. Originalmente, la elección parecía definida: “Luis Brandoni” había sido el nombre más votado entre opciones como “Los Carolinos” o “El Chañaral”. Sin embargo, fue el propio actor quien cambió el rumbo con un gesto que marcó el espíritu de la jornada.
“Cuando me plantearon poner mi nombre, razoné que no había hecho méritos suficientes para semejante honor. Por eso propuse el de mi papá”, confesó, visiblemente conmovido, durante el acto. Y agregó: “Mi padre se merece este reconocimiento porque fue un hombre de bien, un hombre decente, que quiso mucho a San Rafael”.
Viviana Pizarro, directora de la institución en aquel entonces, describió el largo camino que llevó al bautismo del colegio y el impacto que tuvo la conversación con el actor. “Nos contó la historia de su familia y manifestó que lo más justo sería que el nombre fuera el de su papá. La comunidad aceptó de inmediato”, recordó la docente.
Hoy, la Escuela José Domingo Brandoni funciona como el testimonio vivo de una decisión familiar que cambió el futuro de una comunidad.
En la sesión especial de hoy miércoles en la Cámara Baja, Gisela Scaglia votó afirmativamente el apartamiento de reglamento solicitado por Eduardo Valdés, diputado de Unión por la Patria, para habilitar el tratamiento de una iniciativa vinculada al conflicto en Medio Oriente. El acta nominal registró 121 votos afirmativos, 117 negativos y 4 abstenciones, pero la moción no prosperó porque requería una mayoría de tres cuartos. En ese listado, Scaglia apareció con voto afirmativo, por Santa Fe y dentro del bloque Provincias Unidas.
El movimiento tuvo peso político porque el foco del episodio estuvo en la contradicción de una dirigente presentada como cercana al PRO que terminó acompañando una moción impulsada por Valdés para expresar “rechazo y preocupación” por el posicionamiento de JavierMilei y de su canciller, Pablo Quirno, frente a la escalada bélica que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.
El proyecto de resolución K pidió, en su primer artículo, expresar “el más enérgico rechazo y preocupación” por las declaraciones del Presidente libertario a favor de Estados Unidos e Israel. También exhortó al Gobierno a abstenerse de asumir compromisos o ejecutar acciones que impliquen involucrar a la Argentina en conflictos armados internacionales y recordó que corresponde exclusivamente al Congreso autorizar al Poder Ejecutivo para “declarar la guerra o hacer la paz” y disponer la salida de fuerzas nacionales al exterior, tal como establecen los incisos 25 y 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
En los fundamentos, Valdés sostuvo que Milei se refirió en varias oportunidades al conflicto y citó frases como “Irán es el enemigo” y “vamos a ganar la guerra”. El texto también consignó que el canciller Quirno no descartó el envío de buques y cuestionó el alineamiento del Gobierno.
Así, la santafesina quedó ubicada entre los 121 votos afirmativos que respaldaron la maniobra de Valdés, en una votación que terminó beneficiando el planteo de Unión por la Patria contra la postura internacional de Milei.
El gesto cobró todavía más relieve por el perfil político de la propia diputada. Presentada como una dirigente cercana al PRO y parte del universo opositor no kirchnerista, Scaglia terminó votando en la misma línea que el bloque peronista en un tema de fuerte contenido político y diplomático. La moción fracasó, pero su voto a la propuesta K quedó asentado en el acta.
El discurso oficial del Gobierno de Javier Milei se construyó sobre una premisa innegociable: “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada” y “el que las hace, las paga”, con un combate sin cuartel contra la corrupción de la “casta”. Sin embargo, cuando la denuncia surge desde las entrañas de las Fuerzas que el propio Presidente prometió reivindicar, la respuesta no es la investigación, sino el castigo.
El cabo Miguel Ángel Montiel no es un teórico de la política; es un efectivo que, tras nueve años de servicio, decidió encadenarse a metros de la oficina presidencial para exponer una red de “planillas fantasma” y desvío de fondos en la Superintendencia de Transporte de la PFA. Lo hizo a cara descubierta, con su uniforme y la honestidad de quien ya no tiene nada que perder.
La reacción del Ejecutivo fue un silencio ensordecedor.Ni Karina Milei, ni la ministra Alejandra Monteoliva, ni la hoy senadora Patricia Bullrich —quien históricamente se embanderó en la defensa de la “familia uniformada”— se dignaron a cruzar la calle para escuchar al denunciante. En lugar de una citación para auditar las cajas negras de la fuerza, Montiel recibió un mensaje mafioso: una “zona liberada” en su domicilio de Burzaco, donde una operación de inteligencia disfrazada de robo le arrebató las pruebas (pendrives, fotos, documentos y su notebook) que sustentaban su denuncia, bajo la vigilancia previa de drones que nadie pudo —o quiso— explicar.
Montiel esposado a las rejas de la Casa Rosada.
Entre el patrullero, el taller y la prohibición
La degradación de las Fuerzas de Seguridad no comenzó ayer, pero bajo la gestión actual ha alcanzado niveles de cinismo inéditos. Montiel confesó recientemente en una entrevista televisiva lo que es un secreto a voces en los pasillos de las comisarías: un sueldo de $850.000 tras casi una década de servicio no alcanza para sostener a una familia. Para poner un plato de comida en la mesa, el cabo debe sacarse el uniforme y ponerse el overol demecánico, realizando “changas” extrasque completen el salario que el Estado le mezquina.
Esta realidad de “policías pluriempleados” choca de frente con una burocracia estatal que parece ensañarse con el eslabón más débil. Mientras el Gobierno se jacta de una filosofía liberal que defiende la libertad de trabajo, a los efectivos se les persigue y prohíbe generar ingresos extra a través de aplicaciones de transporte o delivery como Uber, Pedidos Ya o Rappi.
Es la cumbre de la humillación: el Estado les otorga salarios por debajo de la línea de pobreza, les quiebra la obra social (dejando a miles de familias sin cobertura médica digna) y, al mismo tiempo, les cierra la puerta a cualquier salida laboral honesta para sobrevivir. A quien se atreve a reclamar por esta miseria planificada, como hizo Montiel el pasado 2 de abril, la institución le responde con la persecución de su propia cúpula, tratándolo como a un delincuente por el solo hecho de querer ganar el dinero que el propio Ministerio de Seguridad no le garantiza.
Montiel junto a una madre y su hijo en la movilización frente al Edificio Centinela.
Danann y el peso de la traición electoral
El sentimiento de desamparo que recorre las filas de la fuerza encontró su voz política en el acto frente al edificio Centinela. Fue Emmanuel Danann quien, con la contundencia que el momento exigía, puso nombre y apellido al malestar de miles de uniformados.
Como señaló Danann en su discurso, este gobiernose embanderó con la defensa de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas para ganar votos, asegurando que el apoyo sería total. Sin embargo, en la práctica, la realidad es diametralmente opuesta. No sólo se mantienen salarios de miseria, sino que se ha permitido el vaciamiento de la obra social (IOSFA / OSPFA), dejando a los efectivos y sus familias en un estado de vulnerabilidad absoluta ante cualquier problema de salud.
La traición es doble porque no sólo es económica, sino moral. El mileísmo, que se jacta de combatir a los “corruptos”, ha decidido amparar a las cúpulas denunciadas mientras utiliza el aparato de inteligencia para perseguir a los que, como Montiel, se atreven a señalar dónde se fuga el dinero. La reivindicación prometida resultó ser un espejismo: el apoyo del Estado hoy no es para el policía que arriesga la vida en la calle, sino para el sistema que garantiza que nada cambie.
Junto a Miguel Montiel, Emmanuel Danann en el discurso que dio el 2 de abril.
Operación de inteligencia y amenazas a la familia
La persecución contra Montiel no sólo es política, es quirúrgica y mafiosa. El ingreso a su domicilio en Burzaco el pasado 12 de febrero no tuvo las características de un robo común. El uso de drones para vigilancia previay la permanencia de los delincuentes dentro de la casa, incluso al notar que se trataba de la vivienda de un policía, delatan una operación de inteligencia. El objetivo fue claro: sustraer una notebook, fotos, dos pendrives y la documentación probatoria de la corrupción denunciada. Si fuera un “robo al voleo”, ¿a qué delincuente puede interesarle robar pendrives, fotos y documentación?
Al cabole habrían mandado a robar las pruebas, pero además le dejaron un mensaje claro: su familia está marcada. El asedio ha escalado hasta las amenazas directas contra su entorno, una táctica de terrorismo institucional para quebrar la voluntad de quien decidió no ser cómplice.
El alambre por donde ingresaron los delincuentes: cortadoUna de las puertas forzadasLa habitación revuelta, la campera de la PFA a la vista
En paralelo, el asedio continuó en el plano administrativo con una desprolijidad que roza el absurdo. La Subinspector Celia Rejas —como encargada— y los cabos Álvaro Cabrera y Luis Andrada —como testigos— se presentaron para notificar al denunciante de resoluciones que exponen el apuro de la cúpula por desplazarlo. En un acto de negligencia documental, las actas oficiales registran periodos de “disponibilidad” fechados erróneamente en 2025, un yerro técnico que demuestra cómo se están armando expedientes a contrarreloj para intentar dar un barniz de legalidad a la persecución.
En un video publicado el martes 7 de abril en su Instagram, Montiel dijo: “hoy tuve la agradable visita, e inesperada, de mis camaradas de la comisaría Belgrano Norte, para notificarme. Me hicieron firmar tres actas de notificaciones […] están analizando qué es lo que van a hacer: si me van a echar de la policíao si continúo en servicio pasivo”.
La maniobra final es la más perversa: la patologización del reclamo. Apenas Montiel expuso las cajas negras de la fuerza, el sistema respondió pasándolo a revista de forma inmediata. Ahora que el cabo sumó a su denuncia el reclamo por mejoras salariales y el estado terminal de la obra social, la institución activa el protocolo del silencio: dicen que “está loco”. La revisión de la Junta Médica para evaluar su “aptitud psicofísica” no es un examen de salud, es el mecanismo histórico para declarar “no apto” al que señala la suciedad, buscando quitarle el uniforme y la credencial para silenciar su testimonio mientras el Estado le respira en la nuca a su familia.
Como parte de este desarme simbólico, la cúpula le exigió la entrega inmediata de su uniforme y equipo. Sin embargo, Montiel se negó rotundamente a ceder sus atributos de mando, ya que aún posee estado policial. Sabe que el objetivo… de esta intimación es despojarlo de su identidad policial para que no pueda aparecer uniformado en videos o ante la prensa, intentando restarle peso a su denuncia. A pesar de que ya le han prohibido formalmente presentarse en eventos públicos y medios de comunicación, el cabo resiste: entiende que el uniforme no le pertenece a la cúpula que lo persigue, sino al juramento que ellos mismos traicionaron.
Video subido por Miguel Montiel a sus redes sociales explicando la entrega de notificaciones.
La persecución contra Montiel saltó de la calle a la pantalla de televisión. El miércoles 8 de abril, el cabo se presentó uniformado en el piso de Crónica TV, en una visita gestionada por Emmanuel Danann y Augusto Grinner, para exponer ante todo el país lo que el Ministerio de Seguridad intenta ocultar. Con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder, Montiel adelantó lo que era un secreto a voces: que su expulsión de la fuerza era cuestión de horas.
Su capacidad de anticipación fue milimétrica. Sólo 12 horas después de su aparición televisiva, la cúpula policial envió a su domicilio el acta de defunción de su carrera policial. Al momento de estampar la firma en el acta que pretende silenciarlo, el cabo, retirado del Ejército, dejó un mensaje de puño: “En disconformidad. ¡Viva la Patria!”.
El cementerio de la desidia y el grito de “los buenos”
La crisis que atraviesan las Fuerzas de Seguridad no es sólo administrativa o salarial; es una tragedia humanitaria que se mide en vidas perdidas. Mientras el Gobierno se jacta de un superávit fiscal construido, en parte, sobre el hambre de quienes arriesgan la vida, la realidad en las barriadas del conurbano y el interior del país es desoladora. Los suicidios de tres efectivos policiales en los últimos días—en Temperley, Entre Ríos y Merlo— son el síntoma terminal de un sistema que asfixia al personal, les quiebra la salud mental y les quita la cobertura médica básica.
Montiel, visiblemente afectado por la pérdida de sus pares mientras él mismo resiste el asedio oficial, fue tajante al referirse al agente de la PFA que se quitó la vida: “Quería […] mandarle mis condolencias a los familiares de mi camarada fallecido en el día de ayer, que sepan que no están solos“, frase que no es sólo un pésame, sino además una denuncia contra la soledad a la que el Estado arroja a sus efectivos. El cabo, que hoy debe trabajar como mecánico para subsistir, sintetizó el sentimiento de quienes aún honran el uniforme a pesar de la cúpula:“los de azul son los buenos”.
María Belén Ferreyra Suicidada el 28 de marzoDaniela Giuliana Lezcano Balzer Suicidada el 2 de abrilJuan Antonio Laundolfi Suicidado el 6 de abril
La resistencia del cabo Montiel ha dejado al descubierto la grieta que separa el relato oficial de la cruda realidad de las comisarías: mientras en los despachos gubernamentales se celebran los números macroeconómicos, en la calle los efectivos enfrentan el desamparo de una obra social quebrada, salarios que no cubren la canasta básica y un sistema que, lejos de proteger al honesto, parece diseñado para silenciarlo bajo amenazas y amonestaciones.
El caso de Montiel no es un hecho aislado, sino el espejo de una Fuerza que exige a gritos ser dignificada antes de que el silencio y la desidia se sigan cobrando vidas.
El último reporte de Ejecución Físico Financiera emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto confirmó que el gasto de Defensa en el 2025 fue de apenas 0,28% del PBI: el monto más bajo de los últimos cuatro años.
Pese a que el gobierno de Javier Milei reportó, según datos oficiales, un crecimiento del 4,4% del PBI durante el año pasado, la inversión en Defensa —medida en dólares y correspondiente al mencionado período— fue una de las más reducidas durante el período comprendido entre los años 2022 y 2025.
Conforme a lo detallado en el reporte correspondiente al último cuatrimestre del año pasado, la Oficina Nacional de Presupuesto concluye que “la participación del gasto de la función (Defensa) sobre el total de las erogaciones de la APN (Administración Pública Nacional) presenta una tendencia creciente a lo largo de los ejercicios, alcanzando el máximo de la serie en el año 2024. Sin embargo, se evidencia una tendencia decreciente en términos del PBI desde el ejercicio 2023”.
Las dificultades presupuestarias se pudieron apreciar en todas las Fuerzas. Un ejemplo de ello fue la Fuerza Aérea Argentina, la cual registró “un desvío negativo en ambas medidas (horas de operación y ejercicios), que se explica por la falta de disponibilidad de materiales para llevar adelante las actividades. Esta situación se originó en el costo del combustible aeronáutico y los inconvenientes financieros imperantes, que impidieron la realización oportuna de tareas de mantenimiento de radares y aeronaves, e implicó cancelaciones y reprogramaciones” tal cual detalla el reporte de la Oficina Nacional de Presupuesto.
En el caso de la Armada Argentina, pese a que se reportaron mejores números que en el 2024, en algunos casos no se lograron alcanzar las metas propuestas para el 2025. Así fue el caso de los días de navegación, ítem que reportó un desvío negativo del 10%.
Las restricciones presupuestarias también tienen un impacto directo en los distintos proyectos y programas para recuperar, modernizar y adquirir nuevo material, mejora de infraestructura, entre otros. Ni hablar de los desafíos que se enfrentan en el aspecto logístico, mantenimiento y sostén, donde en varios casos se han presentado serias limitaciones.
A estos inconvenientes se le suma la cuestión salarial y las dificultades que enfrenta la obra social de las Fuerzas Armadas. Pese a que no cuentan con el alto perfil de proyectos de compra, por ejemplo, estos dos problemas son los que están acarreando mayores incidencias en las Fuerzas Armadas.
El gobierno del presidente Javier Milei puso bajo revisión un total de 44 inmuebles distribuidos en todo el país que estaban bajo la órbita del anteriormente conocido como Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), hoy Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
Un documento oficial fechado el 19 de marzo de 2026 —elaborado por la Subgerencia de Servicios Generales del organismo— propone anular transferencias en curso, retirar estas propiedades del balance contable del instituto y redefinir su titularidad. La medida está a cargo del ministro de Defensa, Carlos Presti y genera una fuerte resistencia dentro de las propias Fuerzas Armadas.
El dictamen fechado el 19 de marzo de 2026 responde, en los hechos, a una pregunta que hasta ahora no había sido contestada. En el marco de la aplicación del DNU 88/2026, el texto plantea una serie de medidas técnicas que, en la práctica, abren el camino para una eventual venta de esos 44 inmuebles. Entre ellas figura la anulación de las transferencias en curso que habían dispuesto el traspaso de esas propiedades al IOSFA, la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que retome la jurisdicción sobre los bienes, su exclusión del patrimonio neto del IOSFA/OSFA y el archivo definitivo de los expedientes administrativos vinculados a esos activos.
El memorándum detalla la gestión de inmuebles asignados y en transferencia al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), incluyendo propuestas para la anulación de asignaciones y la solicitud de nuevos trámites. Se menciona la necesidad de cumplir con normativas específicas y se presenta una lista de 44 inmuebles a considerar para reasignación.
En la Ciudad de Buenos Aires, el listado incluye la sede central del IOSFA, el edificio San José, la Policlínica General Omar Actis, la Farmacia Pedro Mallo, el Hotel Ushuaia y el Archivo e imprenta de Trelles. En la provincia de Buenos Aires aparecen los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, en Mar del Plata, junto con el Hotel Cóndor, el Hotel Metropol, las delegaciones de Bahía Blanca, La Plata y Tandil, y los centros recreativos de San Clemente y Zárate.
En Córdoba figuran el Hotel Social de La Falda, el Hotel Villa General Belgrano, la Residencia Cosquín y la Colonia Miraflores. En Santa Fe se incluyen las farmacias de Rosario y Santa Fe, además de las delegaciones de ambas ciudades. La nómina también alcanza a la delegación de Corrientes y a inmuebles ubicados en Salta y Tierra del Fuego.
Muchos de estos bienes —como los hoteles en Mar del Plata o la residencia en Cosquín— pertenecían originalmente a las propias fuerzas y fueron transferidos al IOSFA en décadas pasadas, por lo que su posible venta genera un doble agravio. Primero se pierde la obra social, y luego se pierde el patrimonio construido a lo largo de décadas.
Esta situación no ocurre de la nada. El Gobierno Nacional tiene en marcha un plan integral de venta de activos públicos que incluye tanto inmuebles militares como empresas estatales. El Decreto 950/2024 ya había habilitado a la AABE para vender o transferir un listado de 309 inmuebles nacionales declarados “innecesarios”, y en 2025 ya se concretaron algunas ventas, como el edificio del Comando Conjunto de Ciberdefensa en Puerto Madero por USD$34 millones.
En paralelo, el gobierno evalúa crear un fondo específico con el 10% de lo recaudado por privatizaciones y ventas de bienes públicos para financiar la recompra de armamento y el reequipamiento militar. El Ejecutivo calcula que podría reunir entre USD$1.500 y USD$3.000 millones con ese mecanismo. En teoría, esto permitiría “compensar” la pérdida de patrimonio histórico con nueva capacidad de combate.
“Quieren pagar la deuda rematando el Estado”
La reacción dentro de las Fuerzas Armadas fue de enojo y desconfianza. Un militar en actividad consultado por el medio La Política Online fue contundente: “Toda esa lista de inmuebles van a ser afectados a la venta para poder pagar la deuda o parte de la deuda”.
El mismo informante señaló lo llamativo de la situación: “algunos bienes son de las fuerzas, por ejemplo los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, la residencia Cerrón a la Falda… esos eran hoteles de las fuerzas que después pasaron al IOSFA”.
El malestar se agrava por otros flancos. El ministro Presti, siendo él mismo un militar, tomó la decisión de poner al Ejército a conducir la nueva obra social OSFA, lo que generó enojo en la Fuerza Aérea. Además, cuando el Ministerio de Economía se negó a aportar fondos para cubrir las deudas del IOSFA, el gobierno recurrió a las partidas operativas de las propias Fuerzas Armadas, financiando la crisis de salud a costa del presupuesto de defensa.
El IOSFA fue creado en 2013 mediante el Decreto 637/13 para unificar las coberturas médico-asistenciales del personal de las Fuerzas Armadas y de determinadas fuerzas de seguridad federales (Prefectura Naval y Gendarmería Nacional). Era la tercera obra social más grande del país, con cerca de 600.000 afiliados.
La institución colapsó financieramente a lo largo de 2024 y 2025. Según una auditoría interna, la deuda pasó de aproximadamente $70.000 millones en marzo de 2024 a $173.000 millones al cierre de ese año.
De acuerdo con los expedientes, la obra social recibió un superávit de $25.000 millones cuando el exministro de Defensa de la Nación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, Luis Petri asumió. Sin embargo, ese colchón fue consumido rápidamente. Bajo la conducción de Oscar Sagaz (primer hombre de Petri en el organismo), se tomó un préstamo de $14.000 millones al Instituto de Ayuda Financiera (IAF) que nunca fue devuelto. Luego se pidió un segundo préstamo de $42.000 millones, supuestamente para equipamiento médico, pero utilizado para pagar deudas con proveedores, lo que agravó aún más el déficit. A cargo de su administración la deuda creció hasta superar los $200.000 millones.
La causa principal fue la falta de pago de aportes y contribuciones patronales por parte del Estado Nacional —es decir, el propio gobierno no cumplía con lo que le correspondía pagar como empleador—, lo que generó una brecha crítica entre los ingresos del instituto y el costo real de las prestaciones médicas. El déficit mensual llegó a los $15.000 millones. Para octubre de 2025, por primera vez en su historia, el IOSFA tuvo que pedir un “salvataje” de emergencia al Ministerio de Defensa para pagar deudas con droguerías proveedoras de medicamentos.
Las consecuencias para los afiliados fueron gravísimas, entre ellas el recorte sistemático de prestaciones, falta de medicamentos oncológicos, hospitales sin cobertura en ciudades como Mar del Plata, Trelew, Bahía Blanca, Tucumán y otras provincias del norte.
Previamente, en febrero de 2026, se dictó el DNU 88/2026, mediante el cual dispuso la disolución del IOSFA y la creación de dos nuevas obras sociales, la OSFA, bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional. El decreto también estableció un período de transición de hasta 365 días para ordenar el traspaso de afiliados, bienes, personal y obligaciones, con el objetivo declarado de garantizar la continuidad de las prestaciones de salud.
El decreto argumentó que la separación permitiría una gestión más eficiente y adaptada a las realidades de cada situación. Sin embargo, el decreto no especificó ningún mecanismo concreto para saldar la deuda heredada, ni un cronograma de transición, ni un sistema de control externo independiente.
Las dos contrataciones cuestionadas
El 18 de marzo de 2026, el administrador designado del IOSFA, el coronel mayor (R) Ariel Guzmán, aprobó una contratación directa “por especialidad” por $108 millones para el mantenimiento del “sistema asistencial” durante seis meses, con opción a prórroga.
La empresa adjudicada fue Tekhne SA, presentada como única oferente. La firma es presidida por Rodolfo Héctor Montonati y dirigida por Enrique Alberto Cuello y Valeria Esther Montonati. No se trata de un vínculo nuevo, ya que los registros del propio IOSFA muestran que Tekhne SA ya había sido la única ofertante en una contratación directa por especialidad para el “mantenimiento y actualización del Sistema SIA” en 2023, lo que indica una relación comercial reiterada bajo la misma modalidad.
La modalidad de “contratación directa por especialidad” es un mecanismo excepcional del régimen de compras públicas que permite adjudicar sin competencia abierta cuando se justifica que solo una empresa cuenta con las capacidades técnicas necesarias. Lo que no cierra es que el proceso fue iniciado en diciembre de 2025, mientras el organismo ya estaba en camino a su liquidación.
Apenas días antes, el 2 de marzo de 2026, el gerente general Sergio Maldonado había autorizado, mediante la disposición DI-2026-145-APN-GG#IOSFA, una licitación privada por $86.578.259,04 para contratar una consultora externa que elabore un Programa Integral de Prestaciones (PIP).
El objetivo formal era diseñar el modelo de cobertura médica del IOSFA. Sin embargo, el propio gobierno ya había decidido disolver el organismo semanas antes. En los fundamentos del pliego, el IOSFA admite que no cuenta internamente con el equipo técnico necesario para esa tarea.
Estas decisiones contrastan con la lógica que suele esperarse en un proceso de disolución. En teoría, una institución en liquidación debería concentrarse en reducir compromisos y gastos corrientes, auditar la situación heredada y ordenar el cierre de manera transparente y controlada.
La continuidad de gastos elevados y el uso de mecanismos que eluden la competencia abierta alimentan sospechas de un posible “vaciamiento de último momento” antes del cierre definitivo del organismo.
El hecho de que el llamado para la contratación de Tekhne SA se remonte a diciembre de 2025 —antes del decreto de disolución— no elimina la incógnita sobre si era necesario formalizar este contrato una vez conocida la decisión de liquidar el organismo.
El gobierno provincial de Río Negro, encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck por el partido Juntos Somos Río Negro (JSRN), destinó un contrato de $932,4 millones para el dictado de cursos virtuales de inglés en el marco del programa “Río Negro Bilingüe”.
El proceso, identificado como licitación pública 112/2025, generó cuestionamientos por tres razones centrales. El organismo estatal que impulsó la medida fue la Secretaría de Energía y Ambiente, y no el Ministerio de Educación. A ello se sumó el descarte de la oferta más barata y un costo por alumno muy por encima de los valores de mercado.
El programa habría sido lanzado en octubre de 2025 por Weretilneck con el argumento de fortalecer el capital humano provincial en un contexto de desarrollo energético e inversiones productivas. La iniciativa prevé la entrega de 10.000 licencias anuales de formación en inglés con modalidad virtual y asincrónica, complementada con talleres presenciales optativos en distintas localidades.
La propuesta estaría dirigida a un perfil amplio de beneficiarios que incluye a trabajadores vinculados a los sectores de energía, logística y servicios, así como a empleados públicos de áreas como salud, seguridad, policía y bomberos. También alcanza a emprendedores, comerciantes y prestadores turísticos, además de estudiantes de los últimos años del nivel secundario, terciario y universitario. A su vez, contempla a adultos que se encuentran fuera del sistema formal y buscan mejorar sus condiciones de empleabilidad.
La formación está estructurada en 10 niveles alineados al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), con tutorías sincrónicas y uso de inteligencia artificial. Hacia diciembre de 2025 ya había alcanzado 6.667 preinscriptos y la provincia amplió su cobertura territorial hacia la zona andina (Bariloche, Dina Huapi, El Bolsón) y la costa atlántica.
Una de las críticas más llamativas es que la contratación fue impulsada desde la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, a cargo de Andrea Confini, actual esposa del mandatario, y no desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Si bien el programa fue presentado como una articulación entre ambas áreas, la licitación y adjudicación quedaron bajo la órbita energética.
Esto genera interrogantes legítimos sobre el circuito administrativo. Los ministerios de educación provinciales son los organismos naturales para contratar servicios de formación académica, cuentan con equipos técnicos especializados y son los que habitualmente articulan con universidades e institutos terciarios. Que sea el área de energía quien adjudique una plataforma educativa resulta, cuanto menos, atípico desde el punto de vista de la lógica institucional.
¿Por qué energía y no educación?
La justificación oficial es que el bilingüismo se enmarca en la estrategia de desarrollo económico y la transición energética de la provincia, por lo que Energía tiene incumbencia directa. Sin embargo, esto no elimina la pregunta sobre por qué no se canalizó a través de instituciones con capacidad instalada para ofrecer estos servicios, como universidades públicas o institutos provinciales de formación docente.
“En Río Negro hay un triángulo de poder que maneja muy mal la provincia”, afirmó José Luis Berros, presidente de Vamos con Todos y vicepresidente del Partido Justicialista de Río Negro, en una entrevista con LUVER. El dirigente se mostró además crítico con la conducción provincial por su “escaso apego a la rendición de cuentas”. “El triángulo está compuesto por Facundo López (líder del armado legislativo de JSRN), la señora del Gobernador y el propio gobernador”, agregó, y cuestionó su desempeño al señalar que “están manejando muy mal la cuestión pública”.
La apertura de sobres se realizó el 16 de enero en Viedma, con la participación de tres empresas. EL LAB Taller de Idiomas SRL presentó la oferta más elevada, por $1.100.000.000, mientras que SDC SRL realizó la propuesta más baja, por $893.000.000. Por su parte, EDIR Emprendimientos SRL ofertó $932.4 millones y resultó finalmente adjudicada.
El 3 de febrero, la Comisión de Preadjudicación descartó a SDC SRL —la empresa más barata— argumentando que su plataforma “no era específica para la adquisición de lenguas”, sino que tenía un enfoque más cercano a una implementación tecnológica general.
Esta decisión dejó el camino libre para EDIR Emprendimientos SRL, cuya oferta era $39 millones más cara que la descartada. La justificación técnica del descarte no se hizo pública en detalle, lo que alimenta las dudas sobre si los criterios aplicados fueron objetivos o respondieron a intereses particulares.
A su vez, el punto que concentra mayor controversia es el costo unitario del servicio. Con 10.000 licencias anuales y un contrato total de $932.4 millones, el cálculo arroja un costo de aproximadamente $93.240 por alumno al año, equivalente a unos $7.770 mensuales por usuario.
En comparación, el mercado ofrece alternativas de menor costo o con mayores prestaciones. La suscripción individual a Duolingo Plus ronda los $56.454 anuales con impuestos incluidos, mientras que un curso online del Instituto Cambridge en Buenos Aires tiene una matrícula que va de $63.500 a $90.500, a lo que se suman cuotas mensuales de entre $83.000 y $97.000 por clases en vivo de dos horas semanales. Por su parte, ABA Lenguas ofrece cursos online cuatrimestrales con clases en vivo desde $256.000, lo que equivale a unos $512.000 al año.
En el ámbito público, la Ciudad de Buenos Aires implementó un programa casi idéntico denominado “Ciudad Bilingüe”, a través del cual contrató a la empresa Edusoft para brindar una modalidad similar —virtual, asincrónica, con 10 niveles y certificación— de manera gratuita para los porteños.
EDIR Emprendimientos SRL es una empresa familiar radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en la avenida Lope de Vega 1620. Fue constituida el 10 de diciembre de 2016 por Miguel Eduardo Schriftman y Yaniv Schriftman, padre e hijo que desde entonces han diversificado sus actividades en distintos rubros.
Según sus registros, la firma opera en servicios de consultoría en tecnología de la información y en el área de enseñanza desde 2017. Posteriormente, en 2018, incorporó actividades vinculadas al sector inmobiliario. A partir de 2020, amplió su alcance hacia la venta mayorista de instrumental médico y artículos ortopédicos, así como de libros y publicaciones.
La empresa no figura como empleadora ni surge, al menos de forma visible, que tenga personal declarado, lo que resulta llamativo para una firma que pretende gestionar un programa de formación para 10.000 usuarios. Se trata, en apariencia, de una firma de estructura reducida y sin personal declarado. No obstante, tiene antecedentes concretos en el sector educativo. En octubre de 2025 el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires registró la prórroga de un contrato adjudicado a EDIR Emprendimientos SRL (en unión transitoria con Ediciones Logos SA) para la “actualización de la plataforma de aprendizaje para la enseñanza de idioma inglés por medios electrónicos” en CABA. Esto indica que EDIR tiene al menos un antecedente relevante con el gobierno porteño en el mismo rubro.
Un patrón de contrataciones cuestionadas
La licitación 112/2025 no constituye un hecho aislado. La administración de Weretilneck acumula una serie de contrataciones directas y procesos licitatorios que han sido cuestionados de manera sistemática por la oposición legislativa.
Entre los casos señalados se encuentran la contratación directa de Epoge SRL por parte de la Subsecretaría de Medios, con un costo cercano a los $750.000 diarios por servicios de seguimiento de medios y redes sociales, en medio de versiones sobre presuntos vínculos políticos. También se objeta la contratación de una consultoría jurídica externa para la Fiscalía de Estado por $96 millones, así como una consultoría en comunicación interpersonal para el Tribunal de Cuentas por $10.350.000.
A estos antecedentes se suma la contratación directa de publicidad institucional en enero de 2026 por más de $128 millones, una cifra que, según los cuestionamientos, supera ampliamente el tope legal vigente.
El legislador provincial Luciano Delgado Sempé, del bloque Vamos con Todos, es uno de los opositores más activos en la denuncia de estas presuntas irregularidades y llegó a presentar una nota formal ante el Procurador General solicitando investigación por posibles delitos contra la administración pública.
Un procedimiento conjunto con el municipio de General Pueyrredón terminó con la demolición de más de 170 puestos instalados durante décadas en la Rambla.
Vecinos y referentes sostienen que desde la provincia buscaban “tapar el agua” con clientelismo y que muchas familias continúan con serias dificultades.
Según FADA, la carga tributaria sobre la carne supera por separado al feedlot, al frigorífico y a la carnicería, y también tiene fuerte incidencia en otros alimentos básicos: representa el 24% del precio del pan y el 26% del sachet de leche.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
