Chaco | La “lealtad peronista” fue usada para el “Plan Quinquenal” de la próxima gestión
El gobernador chaqueño Jorge Capitanich lanzó el "Plan Quinquenal" y reinsertó a viejos amigos a su campaña 2023 donde busca quedarse con la reelección.
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El oficialismo provincial comenzó la semana con los tapones de punta. Luego del fallo de la oposición por tratar de “boludos” a los vecinos, principalmente en Resistencia en el contexto de “Polinicemos”, la gestión chaqueña lanzó el “Plan Quinquenal 2023-2027”.
Pero la realidad es que fue todo una pantalla, para utilizar además el Día de la Lealtad Peronista y, encubierto, lanzar la campaña a la reelección del referente político máximo del espacio: Jorge Milton Capitanich.
El gobernador chaqueño piensa en una posible reelección
El objetivo del plan es completar la infraestructura física y social, consolidar cadenas de valor y promover el empleo privado; todo se enmarca en un camino de gestión que seguramente seguiría el actual gobernador en caso de ser reelecto.
“Coki” encabezó el acto de lanzamiento enmascarado, y lo hizo inicialmente comentando y reforzando la previa presentación que se realizó sobre los objetivos y alcances de esta diagramación. Pero con el correr de los minutos de alocución, el fervor se encendió y casi que terminó siendo un típico acto de campaña.
El ex gobernador Oscar Domingo Peppo actúa como opositor, ante la falta de invitación por parte de Jorge Capitanich al Día de la Lealtad Peronista
Pero lentos de reacciones en la oposición, el que tuvo que salir con los tapones casi de punta fue el ex gobernador Oscar Domingo Peppo, que recogió el guante reclamando que no fue invitado a los festejos del 17 de octubre, falta a la clase de comprensión de discursos, y dejando entrever que no se enteró que fue utilizado como un acto de campaña.
Claramente, Peppo hoy se ve más afuera del oficialismo que dentro, y por eso empieza a jugar sus cartas. ¿De qué manera? No tuvo reparos en tentar a la oposición y manifestar que “no tendría problemas en hacer una alianza con el referente político Ángel Rozas“, algo que obviamente no caería para nada bien en los compañeros de la “V” de la victoria.
El referente radical Ángel Rozas sería tanteado por el peronista Domingo Peppo
Volviendo a la “conmemoración del 17 de Octubre”, el que sí fue llamado a sentarse a la “mesa chica” fue el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, que compartió la primera fila con referentes del riñón de “Coki” y autoridades provinciales, como segunda gran muestra de cercanía entre ellos, tras las negociaciones que llevaron a la licitación para el transporte público de pasajeros.
Con las cosas así, se empieza a ver la posibilidad de alianzas que sí se podrían dar con vistas al 2023, y otras que cada vez están más lejos de ser posibles, por cuestiones políticas y sobre todo por reacciones públicas de los actores, que no la tiran a la tribuna o casetean, y se dicen las cosas de frente a las cámaras, que ya es algo.
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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cruzó al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, por la demora en definir quiénes accederán a las viviendas que el gobierno provincial construye para las familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermitte, ocurrido en enero pasado. “Deje de jugar con la angustia de las familias y defina la lista de beneficiarios”, instó el mandatario al jefe comunal, a quien además acusó de encabezar una estafa contra los damnificados.
El planteo llegó a través de un mensaje que Torres difundió en sus redes sociales este sábado. Allí aclaró que ya le había transmitido personalmente el reclamo a Macharashvili, pero que decidió hacerlo público para insistir con un pedido de reunión. “Quiero compartir públicamente lo que hablé con las familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermite, que además fueron estafadas por el municipio. Lo invito a que nos reunamos cuanto antes y le pido que deje de jugar con la angustia y el sufrimiento de tantas familias”, expresó el gobernador.
El eje del reclamo apunta a un cuello de botella administrativo. La provincia se hizo cargo de la construcción y del financiamiento de las casas, pero la nómina de personas beneficiarias depende del municipio. Y esa lista todavía no está. “En menos de un mes estarán terminadas las primeras viviendas, gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes de Chubut. Ahora el municipio tiene la responsabilidad de definir, de una vez por todas, quiénes serán los primeros beneficiarios. Las familias no pueden seguir esperando”, manifestó Torres.
Fuentes del gobierno provincial ratificaron ese plazo y remarcaron que, una vez concluidas las obras, la entrega quedará supeditada a que Comodoro Rivadavia complete el relevamiento definitivo. En la misma línea, subrayaron que los damnificados atraviesan una situación crítica y no pueden quedar a la espera de una definición que no llega.
La acusación más fuerte del gobernador remite al origen mismo de la tragedia. Torres sostuvo que las familias “además fueron estafadas por el municipio”, en referencia a las autorizaciones que las gestiones comunales otorgaron años atrás para construir en un sector que después fue catalogado como de riesgo geológico. En un encuentro previo con los vecinos, el mandatario había sido todavía más categórico: “Lo que ocurrió con el cerro Hermitte fue, literalmente, una estafa”, afirmó, al recordar que existían informes técnicos que advertían sobre la inestabilidad del terreno. “A las familias les dijeron que podían construir y vivir en un lugar que no era apto. Eso no puede ni va a volver a ocurrir”, agregó.
El plan habitacional provincial contempla 52 viviendas destinadas a los damnificados, con las primeras unidades previstas para este mes, y una segunda etapa anunciada de otras 50 casas. Torres presentó esos números durante una reunión con las familias, acompañado por el secretario de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón, y otras autoridades del Gabinete provincial. En esa oportunidad, el gobernador aseguró que las situaciones de mayor urgencia tendrán prioridad en las adjudicaciones y fijó una advertencia sobre el modo de encarar la respuesta: “Bajo ningún punto de vista vamos a hacer lo que durante muchos años ocurrió en Chubut, que fue entregar lotes sin servicios a los vecinos, porque eso es entregarles un problema y no una solución”, afirmó. También se comprometió a sostener un diálogo permanente con los afectados hasta que todos cuenten con una solución definitiva.
El derrumbe que originó todo se produjo a principios de enero, cuando un fuerte movimiento de suelo desplazó parte del cerro Hermitte y colapsó viviendas en la zona. El episodio obligó a la evacuación de urgencia de 90 familias —unas 300 personas— que debieron abandonar sus hogares de manera inmediata. Las fracturas estructurales no solo derrumbaron paredes: rompieron cañerías y provocaron fugas masivas de gas, dejaron a la zona sin servicios y volvieron intransitables las calles. Los barrios Sismográfica y Marquesado fueron los más golpeados. Estudios geológicos posteriores determinaron que el sector presentaba un alto riesgo para la permanencia de las familias, que debieron dejar sus casas de forma definitiva.
El cruce se inscribe en una etapa de fuerte tensión política entre la Provincia y el Municipio de Comodoro Rivadavia. En los últimos días, ambas administraciones protagonizaron un enfrentamiento por el acuerdo firmado entre Chubut e YPF para el traspaso de bienes y activos vinculados a la salida de la petrolera de las áreas maduras de la provincia. Mientras el Ejecutivo provincial defiende el convenio y sostiene que permitirá recuperar activos estratégicos, desde el Municipio y sectores de la oposición cuestionan el tratamiento del pasivo ambiental y afirman que el acuerdo libera a YPF de responsabilidades futuras.
A un mes de la salida de Roberto Baradel de la conducción del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), los gremios docentes decretaron el primer paro directo contra la gestión del gobernador Axel Kicillof. Se trata de la segunda medida de fuerza del año, siendo que la primera en marzo, había sido enmarcada en una protesta de carácter nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
“Rechazamos el desfinanciamiento de la educación técnica pública, inclusiva y de calidad”, se informó en un comunicado del SUTEBA.
✋🏻 PARO PROVINCIAL DOCENTE🗓️ 3️⃣0️⃣ DE JUNIO#SomosSUTEBA pic.twitter.com/RghjMzVdfw
Cuatro de los cinco gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocaron al paro de 24 horas. Entre los sindicatos se encuentran la SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). Solo el sindicato de docentes privados (SADOP) no adhirió.
Lo verdaderamente histórico es que es la primera huelga exclusivamente dirigida contra la gestión de Kicillof desde que asumió en diciembre de 2019. El primer paro del año había sido enmarcado en una protesta contra las políticas educativas del gobierno del presidente Javier Milei. Este, en cambio, apunta de lleno a La Plata.
Para entender la novedad de este paro, hay que entender quién fue Baradel durante dos décadas. Secretario general de SUTEBA desde 2004, Baradel fue uno de los sindicalistas más cercanos políticamente a Kicillof y al kirchnerismo en general. Su liderazgo significaba que el principal gremio docente actuaba como un amortiguador de conflictos con el gobierno provincial, siendo que las bases podían estar descontentas, pero la conducción frenaba las medidas de fuerza directas contra el gobernador.
En marzo de 2026, Baradel anunció que no se presentaría a las elecciones internas de SUTEBA, poniendo fin a casi 20 años al frente del gremio. La lista oficialista que él impulsó llevó como candidata a la secretaria adjunta María Laura Torre, quien ganó las elecciones realizadas el 13 de mayo. Baradel continuará en el sindicalismo nacional como adjunto de CTERA, pero dejó de ser el interlocutor privilegiado del gobierno bonaerense en materia educativa.
— Baradel junto María Laura Torre, en la jornada de protesta de la CTERA
Su salida no fue casual ni cómoda, ya que llegó con los salarios docentes corriendo por detrás de la inflación y con un malestar creciente en las bases que se convirtió en una “encrucijada de compleja resolución” para su liderazgo.
La crisis salarial acumulada
El deterioro del poder adquisitivo docente tiene varias capas. Uno de los principales factores fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), dispuesta por el gobierno de Milei a través del DNU 280/2024, que dejó de abonarse desde diciembre de 2023. La medida implicó una reducción de entre $20.000 y $28.000 mensuales por cargo, equivalente a alrededor del 10% del salario docente. De acuerdo con SUTEBA, un trabajador con dos cargos acumuló una pérdida cercana a los $4 millones en el plazo de un año y medio.
“Necesitamos sentarnos de manera urgente con la Provincia para recomponer los salarios docentes que quedaron muy rezagados”, afirmó Liliana Olivera, titular de la FEB.
En la provincia de Buenos Aires, la administración de Kicillof buscó compensar parcialmente esa quita mediante la creación de una “Compensación FONID/Conectividad” de $28.700, acordada en la paritaria de marzo de 2026. Sin embargo, el adicional tiene carácter no remunerativo y no bonificable, por lo que no se incorpora al cálculo del aguinaldo, la antigüedad ni la jubilación, además de carecer de un mecanismo de actualización automática.
A esa situación se sumó la falta de avances en la negociación salarial. La última reunión paritaria se realizó el 12 de junio y, desde entonces, el Ejecutivo bonaerense no presentó una nueva propuesta con porcentajes de aumento. En consecuencia, los salarios de junio fueron liquidados sin incrementos, una situación que también impacta de manera directa en el cálculo del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre.
El conflicto salarial ya había comenzado a comienzos de año, cuando la oferta inicial del Gobierno provincial consistió en un aumento del 1.5% para enero, rechazado por los sindicatos por considerarlo insuficiente. Posteriormente, en marzo, las partes acordaron un incremento del 7.5% en dos tramos, aunque los gremios sostienen que esa actualización resulta insuficiente para revertir la pérdida acumulada del poder adquisitivo.
La violencia en las escuelas
El segundo eje del paro es el aumento sostenido de episodios de violencia en los establecimientos educativos bonaerenses. En la semana previa al paro, se registraron casos en Moreno (una madre golpeó a una docente y a la directora), y en el primer trimestre del año hubo incidentes graves en Bahía Blanca, Mar del Plata y Zárate, que incluyeron peleas con fracturas, ataques con gas pimienta y amenazas con armas blancas.
Los gremios exigen la implementación plena del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación —ya acordado pero no ejecutado—, y un protocolo complementario, además de la aplicación efectiva de legislación vigente para sancionar agresiones en el ámbito escolar.
Este paro representa un quiebre en la alianza estratégica entre el kirchnerismo bonaerense y el sindicalismo docente, que duró más de siete años. Con una nueva conducción en SUTEBA que ya no tiene la misma obligación política de proteger al gobernador, y con las bases presionando por recuperación salarial real, la nueva secretaria general Laura Torre enfrenta su primer gran desafío, que es negociar en junio con una deuda salarial acumulada y la presión de la izquierda sindical, que disputó seccionales en las últimas elecciones internas y buscará capitalizar el descontento.
Los gremios ya advirtieron que de no haber una convocatoria a paritarias con una propuesta concreta en el corto plazo, no se descartan nuevas medidas de fuerza indefinidas. El gobierno bonaerense, a su vez, usa como escudo el argumento del “ahogo financiero” que le impone el gobierno nacional, intentando redirigir parte del conflicto hacia Milei.
Una nueva controversia se instaló en la provincia de Santa Fe luego de que trascendiera que el sindicato docente AMSAFE destinaría alrededor de 180 millones de pesos para la realización de un espectáculo musical encabezado por la reconocida banda de cumbia La Delio Valdez.
La iniciativa, impulsada en el marco de una jornada de protesta sindical, despertó cuestionamientos de distintos sectores políticos y sociales, que consideran que los recursos del gremio deberían estar orientados prioritariamente a la defensa de los trabajadores de la educación y al fortalecimiento de los reclamos salariales.
Las voces más críticas sostienen que la contratación del espectáculo se produce en un contexto marcado por conflictos laborales, medidas de fuerza y reiteradas suspensiones de clases que afectan a miles de estudiantes santafesinos. Desde esos sectores aseguran que “los gremios deberían concentrar sus esfuerzos en la representación de los docentes y en la búsqueda de soluciones concretas para la educación”, en lugar de destinar importantes sumas de dinero a eventos masivos.
Juan Monteverde y Caren Tepp, referentes de la izquierda aliada al kirchnerismo provincial, acompañaron el ‘acto’ de la AMSAFE. “Fue emocionante encontrarme con docentes de distintos rincones de Santa Fe que, a pesar de los salarios que no alcanzan, del desgaste y de la falta de respuestas, siguen sosteniendo todos los días nuestras escuelas” dijo Tepp, ganándose luego el repudio de las voces críticas por el presunto gasto millonario que se despilfarró.
El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó este jueves a Paraná y firmó junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, un acuerdo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo que permite a la Nación y a las provincias compensar deudas y acreencias que tienen entre sí para ordenar sus cuentas públicas.
El convenio funciona, en los hechos, como un trueque contable. Nación transferirá a la provincia inmuebles del ex PRO.CRE.AR ubicados en Paraná, y Entre Ríos reconocerá el valor tasado de esos bienes. A cambio, el Estado Nacional admitió una deuda con la provincia vinculada al ajuste del Consenso Fiscal y un saldo pendiente de un convenio anterior. El objetivo, según el Gobierno, es saldar deudas de años previos y avanzar hacia una nueva relación fiscal federal, una tarea que la gestión nacional dijo estar encarando junto a la mayoría de las jurisdicciones.
La visita incluyó dos escalas más. Caputo se reunió con cámaras productivas entrerrianas, donde valoró el espacio de diálogo directo con los distintos sectores de la región. Ante los empresarios, sostuvo que “Argentina logró superar los shocks internos y externos” y consideró que eso representa “una evidencia empírica de la solvencia del programa económico”. También afirmó que “estamos ante un nuevo modelo que es mejor para todos los argentinos” y recordó que “veníamos de un desorden macroeconómico que perjudicaba a los 47 millones de habitantes”.
El ministro anticipó además la hoja de ruta del oficialismo en materia impositiva: “están llegando las inversiones y cada año van a ser más” y prometió que el Gobierno va “a seguir bajando impuestos”. “La forma de ser más competitivos es bajando impuestos, mejorando la infraestructura, generando crédito y sacando regulaciones”, agregó.
Más tarde, Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, encabezaron la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que reunió a los ministros de Economía provinciales. Allí el ministro pidió a las provincias un gesto concreto: “es fundamental del lado de las provincias dar como señal una baja concreta de impuestos para profundizar este camino”. Y enmarcó esa exigencia en una idea más amplia: “lograr una Argentina más productiva se da con responsabilidad fiscal”.
En ese mismo encuentro, el ministro y el gobernador dieron el paso más ambicioso del día: plantearon la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal entre Nación, provincias y municipios. Como anfitrión, Frigerio abrió el cónclave con un reclamo de fondo. Argentina, dijo, necesita discutir una nueva etapa fiscal, y para eso propuso construir un acuerdo federal que fije un horizonte concreto para eliminar los impuestos distorsivos que, según aseguró, encarecen la producción y restan competitividad. Mencionó tres en particular: Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones.Sobre estas últimas fue categórico: los derechos de exportación “no deberían formar parte de la estructura impositiva de un país que busca crecer, atraer inversiones y generar empleo privado”.
Caputo se ubicó en la misma línea. Señaló que la consolidación del equilibrio fiscal abre la puerta a una nueva etapa de reformas estructurales centradas en la competitividad, la inversión y la baja de la presión tributaria. El país, planteó, debe avanzar “hacia un modelo más federal” en el que las provincias tengan mayor autonomía y dependan menos de las transferencias nacionales. Un nuevo pacto fiscal, explicó, puede ordenar las responsabilidades de cada nivel de gobierno, mejorar la calidad del gasto público y generar las condiciones para una baja sostenida de impuestos. El desafío, admitió, será construir consensos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal ya alcanzado. “Tenemos que seguir todos por el camino de la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y el respeto por la propiedad privada. Eso es lo que les va a dar confianza a los actores económicos para animarse a invertir y producir más”, resumió ante los funcionarios provinciales.
Frigerio aclaró que el proceso requiere una hoja de ruta y debe resguardar la sustentabilidad de las cuentas públicas. Aun así, consideró clave avanzar en una línea de trabajo común que dé previsibilidad a quienes invierten y producen, y que establezca con claridad que Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones tendrán una reducción progresiva hasta su eliminación. El esquema también alcanza a los gobiernos locales: el gobernador pidió revisar tasas municipales que en algunos casos funcionan como impuestos encubiertos y elevan los costos de la actividad sin una contraprestación clara.
Caputo, en tanto, sumó ante los representantes provinciales una reflexión sobre el clima de negocios. Durante muchos años, dijo, en el país “habíamos normalizado no respetar la propiedad privada y es lo que más daño nos ha hecho”. Por eso reivindicó “el respeto por la santidad de los contratos”.
Frigerio y Caputo ya fueron protagonistas del último acuerdo fiscal entre Nación y provincias, suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri. Por entonces, el actual gobernador era ministro del Interior, y Caputo conducía Finanzas, después de que la cartera económica se dividiera tras la salida de Alfonso Prat Gay (con Nicolás Dujovne al frente de Hacienda). Aquel pacto, que quedó trunco tras la crisis financiera de 2018, contenía casi los mismos puntos que la agenda actual. Las provincias (con la excepción de San Luis, que no firmó) se comprometían a reducir de manera gradual Ingresos Brutos y Sellos, mientras la Nación asumía revisar el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones.
El Gobierno Nacional congeló el mecanismo de actualización del subsidio para la tarifa social del transporte, por lo que el descuento del 55% dejará de ajustarse automáticamente ante futuros aumentos del boleto. La medida trasladará parte del costo a los usuarios beneficiarios y a los municipios que decidan sostener el nivel de subsidio con recursos propios. Desde el sector del transporte advierten que la decisión podría reducir la cantidad de pasajeros y afectar la calidad del servicio.
El presidente Javier Milei publicó en el Boletín Oficial la Resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte (firmada por el secretario Mariano Plencovich, bajo la órbita del Ministerio de Economía de Luis Caputo). Esta norma modifica justamente cómo se calcula el subsidio conocido como Tarifa Social Federal, que le permite a ciertos grupos viajar en colectivo o tren con subsidio en el boleto.
A partir de julio, eso cambia. El descuento ya no se calcula sobre el precio actual del boleto, sino sobre una llamada “tarifa de referencia” fijada a los valores del próximo 30 de junio de 2026. Esa referencia no se actualizará sola, siendo que solo cambiará cuando la propia Secretaría de Transporte decida expresamente hacerlo. El artículo 2 de la resolución lo dice explícitamente, al afirmar que el valor “mantendrá su vigencia hasta tanto la Secretaría de Transporte proceda a su actualización”.
El oficialismo sostiene que el descuento del 55% sigue siendo el mismo, que no cambia el universo de beneficiarios (más de 5.5 millones de personas en todo el país) y que la medida solo busca dar “previsibilidad” al gasto del Tesoro. Los propios considerados en la resolución argumentan que la actualización automática hacía “imprevisible” el gasto nacional, ya que provincias y municipios podían aumentar sus tarifas libremente y eso generaba un gasto adicional que Nación no había decidido.
Pero el sector del transporte y los críticos señalan el verdadero mecanismo, puesto que el subsidio se congela en pesos, mientras las tarifas siguen subiendo. Es exactamente el mismo mecanismo que se usó con el bono a jubilados de $70.000, que lleva más de dos años sin actualizarse y que fue licuado por la inflación. La diferencia entre el “55% del boleto real” y el “55% del valor de junio” crecerá cada vez que haya un aumento tarifario, y esa diferencia la absorberán o los usuarios o los municipios.
La Tarifa Social Federal cubre a más de 5.5 millones de personas en todo el país que tienen su tarjeta SUBE nominalizada. Entre los beneficiarios alcanzados se encuentran jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo (AUH), estudiantes del programa Progresar, personal de casas particulares registrado, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES), y quienes perciben Pensiones No Contributivas, Seguro por Desempleo y otros programas sociales.
Son, en su mayoría, los sectores con menor capacidad de absorber aumentos en el costo de vida. Por eso el impacto potencial de esta medida es especialmente sensible.
El cálculo es simple pero potente. Supongamos que el boleto en una ciudad del interior cuesta hoy $1.000 y el beneficiario de tarifa social paga $450 (el 45% restante luego del descuento estatal). Si en agosto el gobernador decide llevar el boleto a $1.300, el cambio en el esquema de subsidios dejará en evidencia el impacto sobre los usuarios. Con el sistema anterior, el Estado continuaba cubriendo el 55% del valor actualizado del pasaje, equivalente a $715, mientras que el pasajero abonaba $585. En cambio, con el nuevo mecanismo, la asistencia oficial se mantiene congelada sobre el valor de junio y alcanza los $550, aun cuando el boleto real asciende a $1.300. De ese modo, el usuario pasa a pagar $750 y el descuento efectivo se reduce del 55% al 42.3%.
El efecto dominó: quién paga la diferencia
La resolución abre un triángulo de presiones sobre municipios, provincias, usuarios y empresas del transporte. Si las jurisdicciones locales quieren sostener para los beneficiarios de tarifa social un valor de bolsillo similar al actual o, al menos, razonable, deberán cubrir con recursos propios la diferencia que antes aportaba Nación. Así lo advirtió el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, al señalar que, “a partir de ahora, cada vez que se actualicen las tarifas, la diferencia la van a pagar los vecinos o los municipios”. Sin embargo, varias provincias ya anticiparon que no están en condiciones de absorber ese costo. En Mendoza, el subsecretario de Transporte, Luis Borrego aclaró al medio LVDiez que el impacto “no sería inmediato”, pero dejó en claro que la provincia “no puede hacerse cargo del subsidio nacional.”
— El subsecretario de Transporte de Mendoza, Luis Borrego
La otra alternativa es que el ajuste recaiga sobre el resto de los usuarios. Si municipios y provincias no compensan la pérdida, el esquema se traslada al cuadro general de tarifas, con aumentos más altos de los previstos para quienes no acceden al beneficio social.
“Lo no abonado por el usuario de la tarifa social ni el Estado Nacional será abonado por el resto de los usuarios”, subrayó un empresario del interior bonaerense, debido a que para compensar, los próximos aumentos del boleto general tendrán que ser más altos de lo que hubieran sido.
La tercera consecuencia posible es una caída en la calidad del servicio. Si ni el sector público ni los usuarios logran cubrir la brecha, las empresas advierten que se resentirá el índice pasajero-kilómetro, o sea, la cantidad de pasajeros transportados por cada kilómetro recorrido. Cuando ese indicador cae, también se reduce la recaudación y las prestatarias tienden a ajustar frecuencias. Ese escenario ya se vio en abril de 2026, cuando la circulación de colectivos en el AMBA llegó a caer hasta 40% por el aumento del gasoil y el desfasaje en los subsidios, con largas filas y unidades colmadas.
Esta medida no aparece de manera inesperada, sino que forma parte de una estrategia que la administración de Milei viene desplegando desde el inicio de su gestión. En febrero de 2024 eliminó el Fondo Compensador del Interior, que hasta entonces transfería recursos a las empresas de transporte fuera del AMBA, por un monto mensual que en ese momento ascendía a $11.500 millones. Luego, en septiembre de ese mismo año, dispuso el traspaso de 31 líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires a la jurisdicción porteña, con el consecuente retiro del subsidio nacional. Ya en 2025, la Justicia Federal habilitó a municipios y provincias a sumarse a una demanda colectiva para reclamar la restitución del Fondo Compensador. La decisión más reciente, adoptada en julio de 2026, fue el congelamiento del cálculo de la Tarifa Social Federal.
La lógica del gobierno es consistente. Reducir el gasto del Tesoro en subsidios al transporte y trasladar la responsabilidad a las jurisdicciones locales, bajo el argumento de que son ellas quienes deciden subir las tarifas y que el Estado nacional no puede financiar decisiones que no controla.
Lo más relevante de la Resolución 40/2026 es su diseño técnico. A diferencia de una quita de subsidio explícita (que generaría una reacción política inmediata), esta norma mantiene el número del 55% en el papel, pero cambia la base sobre la que se calcula. El efecto es el mismo —menos dinero real aportado por la Nación— pero el mecanismo es más gradual y menos visible políticamente.
Con inflación —aún moderada— y con aumentos tarifarios que siguen produciéndose, el valor real del subsidio congelado en pesos se irá erosionando mes a mes sin necesidad de ninguna decisión adicional. El Estado no tiene que anunciar nada, simplemente no actualiza la referencia y el subsidio se licúa solo. Es el mismo principio que convirtió al bono de $70.000 para jubilados en algo cada vez más insignificante sin haberlo eliminado formalmente.
Durante la madrugada el monumento al Estado de Israel ubicado en la plazoleta homónima, frente al Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, amaneció con pintadas que incluían consignas como “Israel genocida” y otras expresiones contra el Estado israelí.
No fue un hecho aislado, siendo que ya habría sido objeto de vandalizaciones previas, incluyendo episodios registrados en 2010 y otros más recientes. El municipio intervino rápidamente para comenzar las tareas de limpieza, aunque la restauración demandará diferentes trabajos según el material afectado —ladrillo, placas de mármol—.
Carlos Maravankin, presidente del Centro Hebraico de Neuquén, se pronunció públicamente ante los medios y planteó una postura tajante en distintos planos. Sostuvo que el ataque no solo afecta a la comunidad judía neuquina, sino que también implica un perjuicio para toda la sociedad, ya que el repintado y la restauración del espacio deben ser afrontados con fondos públicos. Además, recordó que el modus operandi es una conducta reiterada, con antecedentes similares en el pasado que refuerzan la idea de una agresión persistente contra ese espacio. En ese marco, calificó a los autores como “grupos antisociales” que “no están en condiciones de sostener un diálogo democrático y respetuoso”, y que recurren al daño sobre el espacio público como única forma de expresión.
“Después el arreglo y el repintado lo terminamos pagando todos los vecinos a través de nuestros impuestos”, afirmó Maravankin. “Evidentemente esto refleja la ignorancia de estos antisociales. Primero deberían estudiar qué significa realmente el concepto de ‘genocidio’. Si realmente hubiera existido un genocidio, un pueblo habría desaparecido. Ningún pueblo ha desaparecido en Medio Oriente”, añadió.
— El monumento al Estado de Israel está frente al Concejo Deliberante de Neuquén
A su vez remarcó el componente personal y comunitario del conflicto, al señalar que varios integrantes de la colectividad local tienen familiares y amigos en Israel que atraviesan de manera directa las consecuencias de la guerra. Por último, cuestionó el uso del término “genocidio” para referirse a la situación en Gaza, en un punto que continúa generando una fuerte controversia internacional y donde conviven interpretaciones jurídicas, académicas y políticas profundamente divergentes.
Maravankin destacó que quienes hicieron las pintadas debieron haber usar algún elemento para trepar a las partes altas del monumento, lo que sugiere cierta premeditación, ymanifestó su esperanza en que las cámaras de seguridad del Concejo Deliberante o un domo cercano permitan identificar a los responsables para que reciban las sanciones previstas por la normativa argentina sobre expresiones de odio y discriminación.
La reacción del municipio fue rápida —enviando operarios para la limpieza—, pero la cuestión de fondo es más difícil de resolver que una pintura. La comunidad judía neuquina usa la plazoleta como punto de encuentro y manifestación. En octubre de 2023, tras el ataque de Hamás, fue el lugar donde se convocaron todas las comunidades a pedir por la paz.
— Cr. David Schlereth junto al intendente capitalino Horacio Quiroga en la reinauguró la plazoleta Estado de Israel en 2017
Este hecho en Neuquén no puede entenderse sin explicar primero el fenómeno preocupante y estadísticamente documentado. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó el 28 de junio de 2026 —casi simultáneamente con el vandalismo— su Informe Anual sobre Antisemitismo en Argentina 2025.
Los datos son elocuentes. En 2025 se registraron 713 casos de antisemitismo en el país, lo que representa un incremento del 3.78% respecto de los 687 contabilizados en 2024. La cifra equivale a casi dos episodios por día a lo largo de todo el año. En ese mismo período, se denunciaron 48 agresiones antisemitas en la vía pública y en espacios comunes, prácticamente una por semana. El principal escenario de manifestación sigue siendo el ámbito digital, donde se concentró la mitad de los casos, especialmente en plataformas como X, Instagram, TikTok y Telegram.
Un video expuso la intimidad de Martín Insaurralde junto a Juan Nápoli, banquero, ex candidato de La Libertad Avanza y amigo personal de Javier Milei. El financista, cuyo banco ya fue allanado por nexos con las causas de lavado de Insaurralde, se defendió alegando que el problema fue la filtración de las imágenes.
La obra social del gremio rural moviliza unos $10.000 millones por mes y arrastra causas por contratos con droguerías y empresas ligadas al oficialismo.
En la previa del partido contra Inglaterra, el Ejecutivo habilitó por decreto la exploración petrolera en el Mar Argentino a una firma con sede en la Isla de Man, la misma plaza donde el ministro Luis Caputo resguarda su propio patrimonio.
Les preocupan las “expresiones racistas e islamofóbicas” pero no que un musulmán degenerado pueda casarse con una nena de 13 años o que traten a las mujeres como objetos.
No vamos a permitir que estos enfermos de la cabeza avancen ni un centímetro en nuestro país. https://t.co/DcPPO2ZJM5
