Casado fulminó a Manes: “En el ámbito médico estaba mal visto por vendehumo”
La vicegobernadora de Mendoza criticó al diputado nacional por sus intervenciones en la apertura de sesiones ordinarias. Julio Cobos defendió a Manes y repudió los dichos de Casado.
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La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, cuestionó al diputado radical Facundo Manes durante la asamblea legislativa del sábado y afirmó que, en la profesión médica, “estaba mal visto por vendehumo”.Sus declaraciones provocaron un fuerte rechazo en la Unión Cívica Radical (UCR), particularmente de parte del diputado Julio Cobos, quien sostuvo que Casado “se equivocó profundamente”.
Casado, médica de profesión, reemplazó ese día al gobernador Alfredo Cornejo en el recinto. Tras presenciar el discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei, criticó el comportamiento de Manes: “Lo que vi en el Congreso, todo el tiempo interrumpiendo al Presidente y bravuconeando. No me pareció una buena postura”. Luego añadió: “Yo lo conocía como un profesional de la salud y en el ámbito médico (Manes) estaba mal visto por vendehumo”.
La vicegobernadora también minimizó el cruce que involucró a Manes y a Santiago Caputo, asesor presidencial: “No hay que derrochar tinta en una pelea entre dos ‘machitos’, una discusión entre dos hombres como si estuviesen en la tribuna”. Elogió, además, el rol de Caputo y aseguró que “le sumó muchísimo a Milei”.
La respuesta en defensa de Manes llegó rápidamente de la mano de Cobos, quien escribió en sus redes sociales: “No se trata de la profesionalidad del médico @ManesF, se trata de un diputado nacional de la Argentina patoteado en el Congreso por un importante representante del gobierno. Es inaceptable y condenable, aunque usted no lo entienda así”. Luego criticó con dureza a Caputo al sostener que “tienen una concepción obscena de impunidad del poder” y pidió a Casado que no avale tal postura, recordándole que representa “una institución fundamental para Mendoza” e integra “un gobierno radical”.
En sintonía con Cobos, los diputados radicales mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri respaldaron a Manes al adherir al comunicado del bloque de la UCR, que calificó lo sucedido como “un atropello” que “no puede quedar sin responsables”. El texto alertó sobre “descalificaciones” durante el discurso y “agresiones” cuando Manes se retiraba del recinto.
Por su parte, Milei se refirió al incidente y aseguró: “Manes miente deliberadamente: dijo que le pegaron dos trompadas y fueron dos palmaditas en el pecho. Me sorprendió que le den tanta entidad a una cosa tan marginal”. Al mismo tiempo, Casado se mostró alineada con la postura presidencial y afirmó: “Lo que se vio fue la pelea final con (Santiago) Caputo, pero Manes estuvo todo el tiempo enfrentando al presidente”.
– El cruce entre Caputo y Manes
La vicegobernadora también habló de diferencias internas dentro del radicalismo y describió a un sector de la Capital Federal, encabezado por Martín Lousteau, como un “radicalismo kirchnerizado”, mientras que señaló al radicalismo del interior como “más de acuerdo con las medidas de Milei”. Además, deslizó una crítica hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene un distanciamiento con Milei pese a pertenecer al mismo espacio: “El problema de los vice es que aspiran a ser el número uno”.
Casado lamentó, además, la decisión de varios legisladores de no asistir al Congreso durante el discurso inaugural: “Fue chocante ver la mitad del recinto vacío. No apruebo el no ir. Es casi una obligación de los legisladores escuchar la asamblea que es para ellos”.
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Un senador de Entre Ríos presentó formalmente un proyecto para crear un registro oficial de objetos voladores no identificados (OVNIs) en la provincia. Aunque suena a chiste, el proyecto tiene lógica política, histórica y hasta geográfica bien fundada y llega en un momento en que el mundo entero está hablando del tema.
Víctor Sanzberro es senador provincial peronista por el Departamento Victoria. El 27 de mayo de 2026, presentó ante el Senado entrerriano el proyecto número 15.702, que propone crear el Programa Provincial de Registro de Fenómenos Anómalos (PRFA). El texto ya tomó estado parlamentario y fue remitido a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Senado provincial.
El proyecto está en comisión, presidida por el médico y senador peronista Martín Oliva. Para convertirse en ley, deberá ser debatido y aprobado por el pleno del Senado entrerriano. Por ahora, el texto abrió el debate y generó repercusión nacional e internacional.
— Víctor Sanzberro propone la creación del PRFA
El objetivo central del programa es “recibir, registrar, analizar y preservar de forma sistemática los reportes de objetos o fenómenos no identificados en el espacio aéreo, terrestre o en los cursos de agua del territorio entrerriano”. Es decir, cualquier ciudadano, piloto, navegante, policía o profesional podría reportar un avistamiento extraño de forma oficial.
El proyecto contempla varios ejes concretos. Entre ellos, prevé la puesta en marcha de un sistema digital y telefónico para recibir denuncias, con confidencialidad absoluta y reserva de identidad para quienes aporten información. Además, establece la designación de un responsable por parte del Poder Ejecutivo provincial para coordinar el programa, junto con la creación de un consejo consultivo honorario integrado por siete personas, entre investigadores reconocidos, representantes de la sociedad civil y especialistas en aviación y náutica.
La iniciativa también sostiene que su implementación no implicará la creación de nuevas estructuras burocráticas ni la generación de gastos adicionales, ya que se apoyará en recursos ya existentes.
— El Museo del Ovni ubicado en Victoria, Entre Ríos
La idea de proteger la identidad de quienes reporten no es poca cosa, ya que el argumento es que pilotos, controladores de tráfico aéreo y policías suelen evitar reportar avistamientos por miedo a burlas o a consecuencias profesionales.
El proyecto no surge de la nada. Sanzberro representa a Victoria, una ciudad entrerriana que es referente mundial de la ufología. La localidad tiene un Museo del OVNI fundado por las investigadoras Silvia y Andrea Pérez Simondini a partir de los avistamientos ocurridos en la zona desde los años 90’s. El equipo Visión OVNI, radicado allí, lleva más de 30 años investigando el fenómeno.
La geografía de la zona juega un rol central. Entre Ríos posee “vastas extensiones de cielo y agua” que incluyen el río Paraná, su delta y el río Uruguay, lo que la convierte según Sanzberro en un territorio con características especiales para este tipo de reportes. De hecho, el legislador propone que Victoria sea la sede del programa provincial.
El contexto mundial que le da importancia
El proyecto nace en pleno furor global por los fenómenos anómalos no identificados (UAP). El 8 de mayo de 2026, el Departamento de Guerra de Estados Unidos inició la desclasificación histórica de archivos gubernamentales sobre OVNIs, por orden del presidente Donald Trump, quien había anunciado en febrero de 2026 que ordenaría “identificar y liberar” archivos relacionados con vida extraterrestre y UAP.
Sanzberro también citó en su fundamentación que Brasil, Chile y Uruguay ya tienen programas oficiales de seguimiento de fenómenos anómalos. A nivel nacional, la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina (CEFORA) lleva años trabajando en la desclasificación de documentos oficiales usando la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública. También mencionó a América Latina para Aeroespacios Seguros (ALAS), organización regional presidida por el piloto Pablo Ducau.
— Archivo norteamericano muestra un “faro luminoso” sobre la superficie lunar vista desde el sitio de alunizaje del Apollo 12
El propio Sanzberro anticipó las críticas con su argumento central: “Este proyecto no se trata de creencias, sino de transparencia y derecho a la información”. En otras palabras, no está pidiendo que el Estado crea en extraterrestres, está pidiendo que el Estado organice los reportes que de todas formas ya ocurren, especialmente entre profesionales aeronáuticos y náuticos.
Desde la ufología argentina lo vieron como “un avance increíble”, siendo que la CEFORA y ALAS respaldaron la iniciativa y la consideraron un antecedente para avanzar a nivel nacional. El proyecto también pone en el debate algo que Estados Unidos tardó décadas en hacer: dar un canal oficial y sin estigma para que quienes reportan fenómenos inexplicados no sean tratados como locos.
Una investigación federal destapó un mecanismo de “lavado de legalidad”. Una armería ubicada en calle Chacabuco al 100 en San Miguel de Tucumán no solo vendía armas, sino que funcionaba como tapadera jurídica para el tráfico ilegal de armamento a ciudadanos chilenos.
“En algunas de estas ocasiones, las transferencias habrían sido realizadas mediante la introducción de falsedades en documentos públicos, incluyendo firmas apócrifas en los formularios de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC)”, detalla el dictamen del expediente judicial.
Tres empleados del supuesto local —identificados en los registros judiciales solo por iniciales— captaban a personas que contaban con habilitación legal para comprar armas (llamados legítimos usuarios), les pagaban para que figuraran como compradores en los papeles, y luego retiraban las armas inmediatamente para desviarlas al circuito clandestino.
El esquema se organizaba en cuatro etapas. Primero, se captaba a prestanombres, es decir, personas habilitadas ante el organismo regulador —el Registro Nacional de Armas de Argentina (RENAR) o la propia ANMAC— que aceptaban registrar las compras a su nombre, muchas de ellas de bajos recursos y pagadas por ceder sus datos.
Luego se concretaba una compra aparentemente legítima en la armería, con toda la documentación que la presentaba como una operación legal ante los organismos de control. Inmediatamente después, un intermediario retiraba el armamento y lo desviaba hacia el circuito ilegal, donde era entregado a transportistas clandestinos. Finalmente, las armas eran trasladadas hacia Mendoza y cruzadas a Chile, principalmente por el paso Cristo Redentor.
Una irregularidad llamativa detectada en la investigación, fue que una de las armas estaba registrada a nombre de una persona que ya había fallecido varios años antes de la operación— una señal clara de que el sistema de control fue deliberadamente manipulado.
Todo comenzó en diciembre de 2023 cuando Gendarmería Nacional realizó un control rutinario sobre un ómnibus de larga distancia en la localidad de Aguilares, Tucumán. Allí detectaron a dos ciudadanos chilenos —Alejandro Piero Arias Glaria (20 años, con antecedentes por robo y hurto) y Francisco Eduardo Cáceres Castillo (35 años, con antecedentes por microtráfico)— transportando entre sus ropas y equipajes ocho pistolas calibre 9 mm, 13 cargadores, municiones, dinero en distintas monedas y teléfonos celulares. Ambos tenían como destino final Chile y fueron procesados con prisión preventiva.
El análisis forense de esos teléfonos fue el hilo del que se tiró, ya que los mensajes y contactos permitieron reconstruir toda la red tucumana que había abastecido a los dos detenidos en su red criminal transnacional.
El juez federal José Manuel Díaz Vélez procesó a ocho personas involucradas directamente en los hechos sin prisión preventiva, lo que implica que enfrentan cargos formales pero permanecen en libertad con restricciones. Entre los imputados se encuentran S.A.L., J.A.R. y D.A.R.N. como prestanombres, N.A.F. y R.R.F. como intermediarios, y G.E.D. como comercializador clandestino.
Los operativos desplegados en San Miguel de Tucumán y en la localidad de Los Ralos dejaron un resultado contundente, con el secuestro de más de 20 armas de fuego, municiones, cargadores, dinero en efectivo, documentación y dispositivos electrónicos. Estos elementos permiten reconstruir el flujo financiero y operativo de la organización, que es lo que la fiscalía utilizará para avanzar hacia un juicio oral.
La megacausa detrás
Lo más importante de entender es que esta causa tucumana no es un caso aislado, sino que es una rama de una investigación de alcance global que tiene su epicentro en Mendoza.
La causa mendocina, a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz y el juez Marcelo Garnica, ya tiene 34 personas camino a juicio oral acusadas de asociación ilícita, contrabando agravado de armas, acopio de armamento de guerra y, en varios casos, también de narcotráfico. En esa red, Tucumán funcionaba como el nodo de compra y adquisición legal, mientras que Mendoza era el hub de distribución y cruce hacia Chile por el Paso Cristo Redentor.
En paralelo, una causa aún más grande tramita en el Juzgado Federal de Campana, bajo jurisdicción del juez Adrián González Charvay y el fiscal Santiago Marquevich. En abril de 2026, se realizaron 140 allanamientos simultáneos en 13 provincias —desde Tucumán hasta Tierra del Fuego— que derivaron en 35 detenidos y el secuestro de 8 ametralladoras, 55 pistolas, 25 escopetas, fusiles, más de 43.000 municiones y hasta una granada. Esta pericia también detectó vínculos con Uruguay, Paraguay y Brasil (incluyendo al Comando Vermelho).
El volumen estimado del problema es impactante, ya que se calculó que entre 2022 y 2024 más de 2.269 armas fueron desviadas del circuito legal hacia el mercado negro nacional e internacional.
El Paso Cristo Redentor se consolidó como el principal punto de cruce del armamento ilegal hacia Chile, donde la demanda proveniente del crimen organizado es alta. Las organizaciones chilenas, con menor acceso a armas de fuego que sus pares en países con marcos legales más laxos, encontraron en Argentina —donde el mercado de armas para uso civil es relativamente accesible— una fuente de abastecimiento estratégica.
La modalidad de los testaferros ante el RENAR/ANMAC se volvió el método predilecto porque explota una debilidad sistémica. Los organismos de control registran la compra inicial como legal, pero no tienen mecanismos robustos para verificar que el arma permanezca en poder del comprador habilitado. El propio sistema de control fue infiltrado y en la megacausa nacional, entre los detenidos figuran exempleados del RENAR que desde adentro facilitaban los trámites y aceleraban los procesos de habilitación.
El incendio de la región del Cafayate, provincia de Salta, es la demostración clara de acción provocada donde el fuego —originado por la mano humana— destruyó con una intensidad sin precedentes en contextos de cambio climático y recortes presupuestarios al sistema de manejo del fuego.
El fuego se inició el 7 de junio de 2026 en los límites de la Finca El Monte S.A., un predio ubicado en las inmediaciones del aeródromo de Cafayate, sobre la Ruta Nacional 68, en los Valles Calchaquíes. El incendio fue contenido inicialmente el 13 de junio, pero se reactivó días después cuando las ráfagas del viento Zonda —que superaron los 70 km/h— lo reavivaron con violencia. Hasta el 21 de junio, el foco seguía activo, con un total de más de 200 hectáreas arrasadas de bosque nativo y pastizales protegidos.
“La característica de este incendio es que tenemos muchos focos subterráneos, lo que hace dificultoso el control. Hay mucho sistema radicular y muchos árboles caídos. Todo el sector del incendio fue sobre bosque nativo, sobre todo algarrobo, una especie muy longeva y de crecimiento muy lento. Fueron pérdidas totales y es lamentable”, explicó con crudeza el subsecretario de Defensa Civil de Salta, Ignacio Vílchez.
En el operativo intervinieron brigadistas de Defensa Civil, bomberos voluntarios de Cafayate, personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, policías provinciales, dos aviones hidrantes y camiones cisterna.
Desde el primer día hubo señales que apuntaban a un origen deliberado. La intendenta de Cafayate, Rita Valeria Guevara, presentó una denuncia formal el 9 de junio ante la fiscalía penal local. La denuncia señalaba que no era la primera vez, ya que en ese mismo predio ya había sido afectado por un incendio en mayo, apenas semanas antes, lo que llevó al municipio a plantear la presunción de intencionalidad.
La fiscal penal Sandra Rojas abrió una investigación para determinar si hubo “causas naturales, acción negligente o una conducta intencional susceptible de configurar el delito de estrago”. Vecinos de la zona declararon haber visto personas desconocidas merodeando la zona del aeródromo y del parque de paneles solares antes del inicio del fuego, y testigos señalaron de manera coincidente las maniobras de un vehículo particular en los límites del predio. La fiscalía también solicitó peritajes satelitales para establecer las coordenadas exactas del punto de ignición.
La empresa propietaria del terreno, Finca El Monte S.A., tiene domicilio legal en Uruguay 1037, Ciudad de Buenos Aires, y sus socios identificados incluyen a Augusti Aiello, Luis Correas, Alfredo Mattei, Juan José Case y Francisco Lávaque. El hecho de que se trate de una empresa con sede porteña propietaria de tierras en una zona protegida de alto valor ecológico alimentó las sospechas de la comunidad local sobre una posible motivación vinculada al uso del suelo o la especulación inmobiliaria.
Ante la magnitud del desastre, el Concejo Deliberante de Cafayate aprobó en sesión especial la Declaración de Emergencia Ambiental por Incendios Forestales en todo el departamento, con una vigencia de 18 meses. La ordenanza reconoce explícitamente que la gravedad supera la capacidad técnica y financiera del municipio, y faculta al Ejecutivo local a prorrogar el estado de emergencia por un plazo idéntico si persisten las condiciones de riesgo.
El artículo 1° de la resolución se enmarca en el artículo 165° de la Ley 7070 de Protección del Medio Ambiente de Salta, que establece que “toda catástrofe ambiental faculta a declarar la zona de influencia bajo estado de emergencia ecológica o ambiental”. El municipio solicitó fondos extraordinarios no reembolsables al gobierno provincial para cubrir los gastos del combate del incendio y financiar la remediación ambiental.
El valor ecológico del algarrobal que se perdió
Lo que se quemó no es cualquier vegetación. El ecosistema de los Valles Calchaquíes en Cafayate está compuesto principalmente por bosques nativos de algarrobo, una de las especies más estratégicas del noroeste argentino. El algarrobo es una especie clave, donde bajo su cobertura se moderan las temperaturas extremas, se reduce la evaporación y se redistribuyen las precipitaciones. Sus raíces fijan nitrógeno al suelo y sus bosques funcionan como “islas de fertilidad”, protegiendo el suelo de la erosión eólica e hídrica.
Estas características hacen del algarrobal la mejor defensa natural contra la desertificación en zonas áridas. Además, el bosque nativo cumple un rol cultural e histórico irremplazable en la región calchaquí. Sus frutos han sido fuente de alimento, bebidas tradicionales y artesanías gastronómicas desde tiempos prehispánicos. El problema es que el algarrobo es, como describió la propia Defensa Civil, de “crecimiento muy lento” y recuperar un bosque maduro de algarrobos tomará décadas, y si los incendios son recurrentes, los árboles perderán su capacidad de regeneración natural y producción de semillas.
La última temporada primavera-verano (octubre 2025 – marzo 2026) dejó una huella devastadora en la Patagonia argentina, dejando casi 70.000 hectáreas de bosque andino patagónico quemadas a causa de cuatro súper incendios. Greenpeace, mediante imágenes satelitales, estimó que la cifra alcanzó 60.845 hectáreas solo en bosques andino-patagónicos, concentradas principalmente en Chubut (60.304 ha), lo que equivale a una superficie equivalente a tres ciudades de Buenos Aires. Esto representó el doble de lo quemado en la temporada anterior, y diez veces el promedio de los años 2022–2024.
La situación fue tan grave que el actual presidente Javier Milei declaró el estado de emergencia y zona de desastre en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa en febrero de 2026. En el Parque Nacional Los Alerces (Chubut), un incendio atribuido a la caída de un rayo destruyó 20.000 hectáreas, en Puerto Patriada, otro superó las 23.000 hectáreas afectando hogares en Epuyén y El Hoyo. La Justicia de Chubut confirmó la presencia de restos de combustible en el punto de inicio del incendio patagónico, lo que también apunta a intencionalidad.
Los científicos son contundentes al señalar que el cambio climático no provoca los incendios por sí solo, pero crea las condiciones para que sean catastróficos. Un informe de World Weather Attribution determinó que el norte patagónico vivió en enero de 2026 el mes más seco en 25 años, y que esa “crisis de aridez” fue intensificada por las emisiones de gases de efecto invernadero. La región es hoy entre un 20% y un 25% más seca que en un mundo sin combustibles fósiles.
El meteorólogo Santiago Ignacio Hurtado detalló el fenómeno y destacó que hubo una disminución de agua disponible del 20-30% en algunas zonas y hasta 40% en el acumulado anual, combinada con un aumento de temperatura en verano de 1 a 1.5 grados. En Esquel se registraron 11 días consecutivos de temperaturas máximas extremas, el segundo período más prolongado en 65 años, en El Bolsón el 5 de enero de 2026 se alcanzaron 38.4°C, la temperatura más alta de enero desde que existen registros. Los incendios de “nueva generación” se caracterizan por propagarse de manera subterránea, por sistemas radiculares, lo que los hace especialmente difíciles de controlar —exactamente lo que describieron los brigadistas en Cafayate.
El recorte presupuestario
El límite entre lo “irreversible” y lo “inevitable” pasa por las decisiones políticas. De acuerdo al análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el gobierno de Milei consolidó un ajuste real del 70.7% en el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) respecto a 2023. En el Presupuesto 2026, la partida del SNMF fue fijada en apenas $20.131 millones, una caída real del 53.6% respecto a 2025 y del 68.9% respecto a 2023.
A esto se sumó la subejecución. En 2025, apenas se usó el 48.2% del presupuesto inicial, dejando sin ejecutar casi $20.000 millones que podrían haber fortalecido la infraestructura, el equipamiento y la capacitación de brigadistas. El gobierno además disolvió el Fondo Nacional de Manejo del Fuego mediante el Decreto 463/2025 en julio de 2025, eliminando el mecanismo de financiamiento automático preventivo. Hernán Giardini, de Greenpeace, comparó el enfoque del Estado con “intentar apagar tu casa incendiada con un vaso de agua”.
La Ley Nacional 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos —conocida como Ley de Bosques— establece presupuestos mínimos para el enriquecimiento, restauración, conservación y manejo sostenible de los bosques nativos en categorías de protección. Los bosques de los Valles Calchaquíes se encuentran en categorías de alta protección, donde las quemas a cielo abierto están expresamente prohibidas.
El propio documento del Concejo Deliberante de Cafayate argumentó que los incendios ocurrieron “violando de manera flagrante las prohibiciones expresas de quemas a cielo abierto fijadas por la normativa ambiental de Salta”. Organizaciones ambientales llevan años señalando que la ley es sistemáticamente vulnerada mediante tres mecanismos. La recategorización de zonas protegidas a categorías de menor resguardo por parte de los gobiernos provinciales, los desmontes ilegales, y los incendios “accidentales” o intencionales como forma encubierta de desmonte. La investigación en Cafayate, con una empresa urbana como propietaria de tierras protegidas y dos incendios en el mismo predio en el lapso de un mes, encaja en ese patrón.
El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó este jueves a Paraná y firmó junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, un acuerdo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo que permite a la Nación y a las provincias compensar deudas y acreencias que tienen entre sí para ordenar sus cuentas públicas.
El convenio funciona, en los hechos, como un trueque contable. Nación transferirá a la provincia inmuebles del ex PRO.CRE.AR ubicados en Paraná, y Entre Ríos reconocerá el valor tasado de esos bienes. A cambio, el Estado Nacional admitió una deuda con la provincia vinculada al ajuste del Consenso Fiscal y un saldo pendiente de un convenio anterior. El objetivo, según el Gobierno, es saldar deudas de años previos y avanzar hacia una nueva relación fiscal federal, una tarea que la gestión nacional dijo estar encarando junto a la mayoría de las jurisdicciones.
La visita incluyó dos escalas más. Caputo se reunió con cámaras productivas entrerrianas, donde valoró el espacio de diálogo directo con los distintos sectores de la región. Ante los empresarios, sostuvo que “Argentina logró superar los shocks internos y externos” y consideró que eso representa “una evidencia empírica de la solvencia del programa económico”. También afirmó que “estamos ante un nuevo modelo que es mejor para todos los argentinos” y recordó que “veníamos de un desorden macroeconómico que perjudicaba a los 47 millones de habitantes”.
El ministro anticipó además la hoja de ruta del oficialismo en materia impositiva: “están llegando las inversiones y cada año van a ser más” y prometió que el Gobierno va “a seguir bajando impuestos”. “La forma de ser más competitivos es bajando impuestos, mejorando la infraestructura, generando crédito y sacando regulaciones”, agregó.
Más tarde, Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, encabezaron la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que reunió a los ministros de Economía provinciales. Allí el ministro pidió a las provincias un gesto concreto: “es fundamental del lado de las provincias dar como señal una baja concreta de impuestos para profundizar este camino”. Y enmarcó esa exigencia en una idea más amplia: “lograr una Argentina más productiva se da con responsabilidad fiscal”.
En ese mismo encuentro, el ministro y el gobernador dieron el paso más ambicioso del día: plantearon la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal entre Nación, provincias y municipios. Como anfitrión, Frigerio abrió el cónclave con un reclamo de fondo. Argentina, dijo, necesita discutir una nueva etapa fiscal, y para eso propuso construir un acuerdo federal que fije un horizonte concreto para eliminar los impuestos distorsivos que, según aseguró, encarecen la producción y restan competitividad. Mencionó tres en particular: Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones.Sobre estas últimas fue categórico: los derechos de exportación “no deberían formar parte de la estructura impositiva de un país que busca crecer, atraer inversiones y generar empleo privado”.
Caputo se ubicó en la misma línea. Señaló que la consolidación del equilibrio fiscal abre la puerta a una nueva etapa de reformas estructurales centradas en la competitividad, la inversión y la baja de la presión tributaria. El país, planteó, debe avanzar “hacia un modelo más federal” en el que las provincias tengan mayor autonomía y dependan menos de las transferencias nacionales. Un nuevo pacto fiscal, explicó, puede ordenar las responsabilidades de cada nivel de gobierno, mejorar la calidad del gasto público y generar las condiciones para una baja sostenida de impuestos. El desafío, admitió, será construir consensos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal ya alcanzado. “Tenemos que seguir todos por el camino de la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y el respeto por la propiedad privada. Eso es lo que les va a dar confianza a los actores económicos para animarse a invertir y producir más”, resumió ante los funcionarios provinciales.
Frigerio aclaró que el proceso requiere una hoja de ruta y debe resguardar la sustentabilidad de las cuentas públicas. Aun así, consideró clave avanzar en una línea de trabajo común que dé previsibilidad a quienes invierten y producen, y que establezca con claridad que Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones tendrán una reducción progresiva hasta su eliminación. El esquema también alcanza a los gobiernos locales: el gobernador pidió revisar tasas municipales que en algunos casos funcionan como impuestos encubiertos y elevan los costos de la actividad sin una contraprestación clara.
Caputo, en tanto, sumó ante los representantes provinciales una reflexión sobre el clima de negocios. Durante muchos años, dijo, en el país “habíamos normalizado no respetar la propiedad privada y es lo que más daño nos ha hecho”. Por eso reivindicó “el respeto por la santidad de los contratos”.
Frigerio y Caputo ya fueron protagonistas del último acuerdo fiscal entre Nación y provincias, suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri. Por entonces, el actual gobernador era ministro del Interior, y Caputo conducía Finanzas, después de que la cartera económica se dividiera tras la salida de Alfonso Prat Gay (con Nicolás Dujovne al frente de Hacienda). Aquel pacto, que quedó trunco tras la crisis financiera de 2018, contenía casi los mismos puntos que la agenda actual. Las provincias (con la excepción de San Luis, que no firmó) se comprometían a reducir de manera gradual Ingresos Brutos y Sellos, mientras la Nación asumía revisar el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones.
El Consejo de Administración del Hospital Garrahan dió a conocer en una dura carta abierta en la que denunció que la obra social de la provincia de Buenos Aires falsea al argumentar que solo les debe $8.278.254.990.97. El principal centro pediátrico del país cruzó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por asegurar que las cuentas ya estaban saldadas.
“El gobernador Axel Kicillof miente, la deuda con el Hospital Garrahan es de más de $8.278 millones”, afirmaron en la nota, subrayando que no se contabilizaron los otros intereses que se generaron a partir del momento en que se produjo el incumplimiento.
El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) es la obra social de los empleados públicos provinciales de Buenos Aires. Fundado en 1957, es la segunda obra social más grande del país, con más de 2.7 millones de afiliados, incluyendo docentes, empleados municipales, estatales activos y jubilados bonaerenses.
A comienzos de junio de 2026, el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak anunció públicamente —a través de la red social X— que el IOMA había cancelado la totalidad de su deuda con el Garrahan, pagando más de $1.230 millones. La Provincia declaró “deuda cero” y señaló que sus registros administrativos ya no mostraban obligaciones impagas. De acuerdo a la explicación oficial, ese monto surgió de una auditoría interna del IOMA que revisó las prestaciones facturadas por el hospital.
Dado el enorme tamaño de la provincia, una cantidad muy significativa de niños con esa cobertura termina siendo atendida en el Garrahan —un hospital nacional— cuando sus casos superan la capacidad del sistema provincial. Esa atención genera una deuda de IOMA hacia el Garrahan, que es exactamente lo que está en disputa.
“Los pagos que menciona el gobierno de Kicillof son pagos parciales a cuenta de deuda vencida, que además se imputarán primero a cancelar intereses”, destacaron los profesionales de la salud.
El Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, inaugurado en 1987 durante la presidencia del expresidente Raúl Alfonsín, es el centro pediátrico de alta complejidad más importante de Argentina. Su financiamiento proviene principalmente del Estado, con el 80% que lo aporta el Estado Nacional y el 20% restante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto significa que, en términos presupuestarios, es un hospital nacional. Sin embargo, tiene una fuente adicional de ingresos, con la recuperación de gastos por atender pacientes que tienen obra social o prepaga.
Cuando un niño de cualquier provincia llega al Garrahan con cobertura médica, el hospital le factura esa atención a la obra social correspondiente. IOMA es la obra social que más pacientes deriva al Garrahan.
— La carta donde el Hospital Garrahan reclama una deuda multimillonaria por parte de la obra social de la provincia de Buenos Aires
La Provincia salió a responder y fundamentó su postura en los resultados de una auditoría interna realizada por el IOMA antes de concretar el pago. Según ese relevamiento, el 85% de los montos reclamados por el Garrahan no contaba con respaldo documental, técnico ni normativo, había prestaciones que no registraban facturación formal en los sistemas del organismo, se detectaron valores fijados de manera unilateral por el hospital a través de un supuesto “Nomenclador Garrahan” que nunca fue acordado entre las partes y también se vinculó una posible sobrefacturación en medicamentos, prótesis y prácticas no cubiertas.
En consecuencia, Kicillof ratificó que no pagará los fondos restantes hasta que el hospital presente la documentación correspondiente de cada afiliado. El IOMA propuso también una auditoría conjunta para determinar de dónde viene la discrepancia.
La deuda que se arrastra desde 2017
El conflicto no es nuevo. La deuda del IOMA con el Garrahan se remonta al año 2017, cuando empezaron a acumularse facturas impagas por la atención de afiliados bonaerenses. Durante años, el hospital continuó atendiendo a esos niños —porque no puede negarse a hacerlo— mientras el saldo impago fue creciendo. Según el propio Garrahan, la deuda acumula prestaciones brindadas a 44.447 afiliados de IOMA desde 2017 hasta la actualidad.
Con el tiempo, parte de ese monto llegó a la Justicia, donde se estima que $2.500 millones están judicializados, lo que impide que el hospital disponga de esos fondos incluso si se llegara a un acuerdo.
En el documento, el hospital detalló por qué considera que ese pago que sostiene la Provincia no alcanza para saldar la deuda. Indican que el monto efectivamente adeudado asciende a $8.278 millones solo en concepto de capital, sin incluir los intereses devengados desde la mora. Además, aclara que los 1.230 millones anunciados por Kicillof constituyen apenas una cancelación parcial a cuenta de una deuda anterior y no la extinción total del pasivo.
Conforme a esa interpretación, los pagos se aplicarán primero a cubrir intereses, de modo que el capital principal permanecería prácticamente intacto. El texto también advierte que la deuda sigue incrementándose “día a día con cada nuevo paciente” que el hospital atiende. A la vez, señala que toda la documentación fue presentada al IOMA en tiempo y forma, con constancias de entrega y recepción, y que, al no haberse registrado un rechazo formal dentro de los plazos de auditoría, las facturas quedaron firmes, consentidas y exigibles.
El fake del fallecimiento de Jorge Messi que ayer difundió FlorenciaPeña desde la pantalla de LuzuTV conmocionó al ecosistema de redes.
Si bien la atención se centró en la controversial actriz, algunos usuarios hicieron eco de aquellos comunicadores que, antes de las 13:00 —horario en que Peña anunció livianamente la conmocionante primicia falsa—, ya habían publicado sobre el mismo tema en sus perfiles. Se especula que la producción del programa extrajo la “información” de alguna de esas “fuentes”.
El primero en romper el prudente secretismo de la familia Messi sobre la salud de Jorge fue EduardoFeinmann, desde el aire de Radio Mitre, la mañana siguiente al debut de la selección en el Mundial. Pero varios usuarios señalaron también al periodista de ESPN Gastón LuceroSuárez y a Evangelina Aranda, de La Derecha Diario y Neura Media. A diferencia de Feinmann, que sólo dio a conocer el mal estado de salud de Jorge Messi, Lucero Suárez y Aranda mencionaron explícitamente el fallecimiento del padre de Leo. Y el dato clave: lo hicieron una hora antes que Florencia Peña.
“Hoy confirmarían el fallecimiento del padre de Messi”, tuiteó Aranda a las 12:00. Tres horas después, la comunicadora libertaria citó el tuit de repudio del dueño de LuzuTV, Nicolás Occhiato: “Como me comí la curva que mogólica”.
Evangelina Aranda es muy cercana a un alfil clave de Karina Milei: la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez.
Trabaja en el medio del español Javier Negre al menos desde octubre de 2025. Desde las redes de La Derecha Diario entrevistó a figuras importantes de LLA, de la talla de Alejandro Álvarez, subsecretario de Universidades de Milei; Bertie Benegas Lynch, diputado nacional; y Nahuel Sotelo, cuando ejercía como secretario de Culto. También formaba parte del staff de Neura Media, el streaming de Alejandro Fantino y del diputado nacional Sergio “Tronco” Figliuolo.
Por lo demás, La Derecha Diario se sumó al repudio masivo que pesó sobre Florencia Peña con una lapidaria cobertura de las declaraciones de la actriz K, acaso desconociendo que una de sus periodistas había contribuido al bulo.
Tras el escándalo, Evangelina Aranda borró la cuenta de X con la que difundió el fake.
Lo mismo hizo Lucero Suárez, de ESPN.“Acaba de fallecer Jorge Messi, papá de Lionel”, tuiteó ayer a las 12:28. Doce horas después, antes de desaparecer del microclima, pidió disculpas: “La información me llegó por 2 fuentes distintas (posteriormente chequeadas): un allegado a la familia y un médico del Hospital Español”.
Reunidos en Paraná, el ministro de Economía y el gobernador entrerriano propusieron un acuerdo federal que fije un horizonte para eliminar Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones. En el mismo encuentro firmaron un convenio que compensa deudas cruzadas entre Nación y la provincia.
La fiscalía analiza si el foco tuvo origen deliberado tras una denuncia municipal y testimonios que apuntan a movimientos extraños en la zona. El Concejo Deliberante declaró la emergencia forestal por 18 meses.
Crecen las críticas por la carga del Inmobiliario Rural y por la posibilidad de nuevos impuestos en una de las regiones de mayor presión sobre una chacra agrícola, pagando hasta 13 veces más que en provincias como Santa Fe o Córdoba.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
