CADA VEZ PEOR | Para comprar un auto se necesitan 6 sueldos más que en diciembre
La inflación sigue dando pasos agigantados y el sector automotor es un claro reflejo de ello. Los precios de los autos no paran de subir y cada vez son más inaccesibles.
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En el mes de diciembre, se necesitaban 30,2 sueldos, mientras que en abril hacen falta 36,2. La información surge de un relevamiento realizado por el SIOMAA, el sistema de estadísticas de la asociación que agrupa a las concesionarias (ACARA).
El cálculo se realizó sobre un modelo pequeño con un valor en abril de $2.687.809 y un sueldo promedio de $74.295. En el mes de enero se necesitaban 31.5 sueldos para adquirirlo, en febrero unos 32,8 y en marzo subió a 34,5.
Los autos vienen sufriendo aumentos del 5% por mes como piso y en el acumulado de los últimos 12 meses, la suba es de 71%, de acuerdo a la entidad que realizó el informe que además agrega, que, en los últimos dos años, la cantidad de salarios que se necesitan para comprar un vehículo nuevo casi se duplicó: a comienzos del 2020 se requerían 19,8 sueldos para llegar a un 0km chico, en la actualidad se necesitan 36,2%.
Un dato a tener en cuenta, es que para realizar el informe se tuvo en cuenta los precios de lista oficiales, pero en el mercado se manejan otros valores debido a la falta de unidades y Los sobreprecios son algo común. Es por ello, que los 0km vienen aumentando por arriba de la inflación.
El informe detalla además, que si la comparación se realiza con años anteriores, el resultado es más significativo: en 2019, se necesitaban 17,4 sueldos promedio para adquirir un modelo como el Volkswagen Gol, mientras que en 2018 hacían falta sólo 11,2 sueldos.
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El Fondo Monetario Internacional sostiene que la canasta de bienes y servicios que usa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para calcular el Índice de Precios al Consumidor está “desactualizada” porque aún se basa en patrones de consumo de hace 15–20 años.
Eso implicaría que la importancia que se le da a rubros como alimentos, energía, servicios, alquileres o transporte no coincide con cómo gasta hoy una familia media.
— La Directora Gerente del FMI es la economista búlgara, Kristalina Georgieva
Por ejemplo, hace dos décadas se gastaba más en alimentos y menos en servicios (educación, salud, telefonía, luz, internet, etc.), y si la canasta no se actualiza, el índice puede subestimar o sobrestimar la verdadera presión sobre el bolsillo. Desde 2016 ya se advirtió que usar una encuesta de 2004/05 para 2025 generaba distorsiones, y el FMI insiste ahora en que el atraso metodológico afecta la confiabilidad del dato.
El informe del FMI indica que una nueva metodología para el IPC ya estaba preparada y debería haberse implementado hace más tiempo, pero su aplicación se retrasó en el medio de un proceso de baja de la inflación. Algunos analistas interpretan que el Ejecutivo quiso evitar que el cambio de metodología mostrara una inflación más alta en el corto plazo.
El rediseño ya fue concluido en términos técnicos bajo el titular del INDEC Pedro Lines, aunque su aplicación sigue postergada por una decisión política. En el Estado prefieren evitar cambios en un año electoral, ante el eventual impacto que podría tener sobre la medición de la inflación y la discusión salarial.
— Encuesta de la consultora Zentrix sobre la percepción pública del IPC del INDEC
Desde enero–febrero de este año, el INDEC ya puso en marcha una metodología nueva. Está basada en la Encuesta Nacional de Gastos 2017/18, con más peso en servicios y vivienda y una canasta más cercana a los hábitos actuales. Aunque esto era algo que el FMI reclamaba, el organismo sigue diciendo que el cambio debería haber sido más rápido y que el marco institucional del INDEC sigue siendo débil.
Más allá del IPC, el FMI señala que otros indicadores económicos argentinos (cuentas nacionales, sector externo, etc.) también tienen problemas por usar metodologías anticuadas o pocas fuentes de información. Por eso plantea una reforma institucional: que el INDEC tenga mayor independencia, claridad legal y protección política para que sus datos no parezcan manipulados por el Gobierno de turno.
En la práctica, eso implicaría una nueva ley del INDEC que garantice autonomía técnica, transparencia en la metodología y acceso a datos, además de fortalecer la capacidad estadística del país. El Fondo ofrece asistencia técnica para esta modernización, pero condiciona también la percepción de confiabilidad de las estadísticas argentinas.
El índice de inflación oficial se usa para indexar salarios, jubilaciones, asignaciones familiares, contratos de alquiler, cláusulas de actualización de tarifas y muchas sentencias judiciales.
Si el IPC realmente se encuentra desbalanceado, puede subestimar la verdadera pérdida de poder adquisitivo y dejar cortos los aumentos de haberes o pensiones. Además, rompe con la confianza en las estadísticas oficiales, ya que el mercado y los actores privados suelen empezar a apoyarse en mediciones alternativas para seguir la evolución de los precios.
El FMI proyecta que la inflación en Argentina cerrará 2026 alrededor del 25% anual, mientras el Gobierno habla de un orden de magnitud notablemente más bajo (de 10,1% en el presupuesto 2026). Esa diferencia de expectativas refleja justamente la desconfianza sobre cómo se mide la inflación y refuerza la presión del FMI para que el INDEC se modernice y se vuelva más creíble.
Bajo la administración de Javier Milei, el Ministerio de Defensa ha trazado una línea de prioridades que hoy arroja un saldo de muerte puertas adentro de los cuarteles. Mientras la gestión actual, encabezada por Carlos Presti, sostiene la millonaria inversión para la adquisición de los cazas F-16 —un proceso iniciado por su antecesor, Luis Petri—, la realidad del personal subalterno es de una indigencia planificada.
La “soberanía” que el Gobierno promociona en redes sociales choca de frente con la miseria salarial y el vaciamiento de la obra social militar, una decadencia que se aceleró durante la etapa de Petri y que hoy Presti administra entre el silencio y la desidia. Para el poder político, en este escenario, el capital humano de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ha pasado a ser material de descarte.
Como venimos informando en Data 24 desde hace varios años, la crisis del sistema de salud militar no es una novedad, sino una agonía denunciada de forma sistemática. El reciente portazo de Sergio Maldonado, quien renunció a la presidencia de la flamante OSFA tras apenas un mes en el cargo, terminó de exponer la inviabilidad de una estructura asfixiada por deudas y pujas internas. Su salida, precipitada tras el impacto del caso del suboficial Velázquez, confirma que el cambio de nombre de IOSFA a OSFA no fue más que un maquillaje administrativo que no logró frenar el vaciamiento iniciado bajo Luis Petri. Esta renuncia no hace más que ratificar las advertencias que este portal viene realizando sobre un “limbo sanitario” que hoy deja a miles de familias sin el derecho básico a la atención médica.
Unos sonrientes Javier Milei —a bordo de un F16—, Luis Petri y Karina Milei.
La ola de suicidios que el poder silencia
La crisis de salud mental en las Fuerzas no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un sistema que empuja a sus hombres al límite. En los últimos seis meses, una serie de suicidios ha sacudido la estructura de mandos, exponiendo la falta total de contención y la asfixia económica que sufren los cuadros.
El 10 de mayo de 2026, Alejandro David Diarte, de 28 años y perteneciente a la Gendarmería Nacional, fue hallado sin vida tras días de búsqueda en General Acha, La Pampa. Su muerte es el reflejo del aislamiento y la precariedad económica extrema que enfrentan los efectivos destinados en zonas remotas, donde el sueldo no alcanza para sostener el desarraigo.
El descargo de Cinthia Diarte, hermana de Alejandro David Diarte, Gendarmería Nacional.
El 7 de mayo de 2026, Gustavo Daniel Aquino, de 28 años, integrante del Escuadrón 54 de la Gendarmería Nacional, fue encontrado muerto en su domicilio en Tartagal. Oriundo de Formosa, se quitó la vida en un contexto de soledad y desesperación, tras verse imposibilitado de afrontar los costos básicos de vida lejos de su familia.
Gustavo Daniel Aquino, Gendarmería Nacional Argentina.
En enero de 2026, se registró la muerte de Diego Matías Kalilec, un joven de 21 años perteneciente a la Gendarmería Nacional en Santiago del Estero. Kalilec tomó la decisión fatal agobiado por una situación de vulnerabilidad financiera total, donde el haber mensual resultaba insuficiente para cubrir el alquiler de una vivienda digna y los gastos de subsistencia mínimos.
Diego Matías Kalilec, Gendarmería Nacional Argentina.
El 17 de diciembre de 2025, el atleta y suboficial principal Juan Javier Pereyra, de 48 años y con casi tres décadas de servicio en el Ejército Argentino, fue hallado muerto en el Casino de Suboficiales de Monte Caseros. Pereyra se suicidó acosado por un cuadro de estrés crónico derivado de deudas acumuladas y la imposibilidad de cumplir con sus compromisos financieros bajo la actual escala salarial de la fuerza.
Juan Javier Pereyra, Ejército Argentino.
Finalmente, el 16 de diciembre de 2025, el soldado voluntario Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, miembro del Ejército Argentino, designado en la custodia de la Quinta de Olivos, se quitó la vida en su puesto de guardia. Si bien fue víctima de una red de extorsión carcelaria, su carta de despedida dejó en claro que la falta de recursos para sostener a su familia lo llevó a un estado de desesperación psicológica irreversible.
Rodrigo Andrés Gómez, Ejército Argentino.
El abandono médico y el vaciamiento de la salud militar
El colapso de la obra social no es sólo una crisis de números y déficits acumulados durante las gestiones de Luis Petri y el actual ministro Carlos Presti; es una sentencia de muerte para quienes dependen del sistema de salud estatal. Bajo la gestión de Javier Milei, el derecho a la vida de los uniformados ha quedado supeditado a una administración que prioriza el equilibrio fiscal sobre la provisión de insumos básicos y tratamientos oncológicos para las Fuerzas.
El 1 de mayo de 2026, el suboficial mayor retirado del Ejército Argentino, Carlos Héctor Velázquez, de 77 años, se quitó la vida en San Juan. Este caso no se encuentra en el apartado anterior ya que la decisión de este jubilado fue el acto final de desesperación ante la interrupción de su tratamiento oncológico; la obra social, en pleno proceso de transición bajo el Decreto 88/2026, cortó las prestaciones por falta de pago a los proveedores, dejando a un veterano de la fuerza sin los medicamentos paliativos que necesitaba para sobrevivir.
Carlos Héctor Velázquez, Ejército Argentino.
El 23 de abril de 2026, falleció el sargento primero de la Gendarmería Nacional, Darío Molina, de 40 años, tras contraer hantavirusen el norte del país. Su muerte expone la negligencia criminal de una conducción que no proveyó los equipos de protección personal mínimos para zonas de riesgo y que, ante la emergencia, se encontró con una red sanitaria militar desmantelada y sin capacidad de respuesta inmediata.
Darío Molina, Gendarmería Nacional.
El 9 de marzo de 2026, el cabo de la Gendarmería Nacional, Mauro Agustín Ponte, de 26 años, murió en un hospital de Orán, Salta, también víctima de hantavirus. Su familia denunció un abandono de persona liso y llano por parte de la fuerza y del Ministerio: Ponte no recibió el suero necesario a tiempo y, según testimonios, el Estado no cubrió la medicación básica de urgencia, obligando a sus allegados a intentar costear de forma particular lo que la obra social ya no garantiza.
Mauro Agustín Ponte, Gendarmería Nacional.
El agujero negro de la caja y el peligro de saber demasiado
Detrás de cada certificado de defunción hay una firma administrativa. La degradación del sistema de salud militar encuentra su justificación técnica en un déficit que ya supera los $300.000 millones. Bajo el Decreto 88/2026, el Gobierno Nacional selló la disolución del IOSFA para dar paso a una transición hacia las nuevas entidades (OSFA y OSFFESEG), pero este limbo legal de 365 días se ha convertido en una trampa mortal: el Estado ha utilizado este periodo para interrumpir pagos a prestadores y farmacias, dejando a miles de afiliados en un vacío prestacional absoluto mientras se decide el destino de los fondos.
En este clima de opacidad y descalabro institucional, se destaca el caso de Matías Esequiel Carballo, de 42 años y Primer Alférez de la Gendarmería Nacional, graduado de la Licenciatura en Tecnologías Digitales, quien falleció el 15 de abril de 2026. A diferencia de los casos anteriores, la muerte de Carballo permanece bajo una densa nebulosa investigativa; como perito especializado en delitos complejos y rastreo de activos en causas de alto impacto, como la de “Adhemar Capital”, su deceso en medio del colapso de las Fuerzas genera sospechas sobre presiones institucionales inconfesables. Su partida no sólo representa una pérdida humana, sino el silenciamiento de un técnico clave en un momento donde la transparencia de las cajas oficiales es más cuestionada que nunca.
Matías Esequiel Carballo, Gendarmería Nacional.
La deuda moral de una soberanía de cartón
La situación descripta no es una fatalidad del destino, sino la consecuencia directa de una hoja de ruta política que ha decididoqué vidas valen y cuáles son prescindibles. Mientras Javier Milei y el ministro Carlos Presti exhibenuna gestión enfocada en el reequipamiento de alto perfil, el capital humano que debe operar ese despliegue se desmorona en la indigencia salarial y el desamparo sanitario. La transición forzada por el Decreto 88/2026 ha demostrado que el ajuste fiscal en las Fuerzas Armadas y de Seguridad se está pagando con certificados de defunción.
La asfixia presupuestaria ha llegado al extremo de poner en venta el patrimonio histórico de la familia militar.Como se denunció en Data 24, el Ministro de Defensa, Carlos Presti, impulsa un plan para rematar 44 inmuebles que pertenecían al IOSFA y a las propias Fuerzas, con el objetivo de cubrir parte de la deuda millonaria que hoy paraliza el sistema de salud. La lista de propiedades en revisión incluye activos estratégicos como la sede central del instituto, la Policlínica General Omar Actis y hoteles emblemáticos en Mar del Plata, La Falda y Villa General Belgrano. Esta medida, que implica la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), es vista dentro de los cuarteles como un doble agravio: tras el desmantelamiento de la cobertura médica, ahora el Gobierno avanza sobre los bienes construidos con el aporte de generaciones de uniformados, liquidando activos para financiar una crisis que la propia administración no ha sabido resolver.
El Presidente Javier Milei junto al por entonces Ministro de Defensa, Luis Petri.
El Estado argentino, que exige a sus uniformados un juramento de entrega hasta perder la vida, hoy les devuelve la espalda cuando esa vida depende de una quimioterapia o de un gabinete de asistencia psicológica. La decadencia del IOSFA, iniciada bajo la gestión de Luis Petri y profundizada en la actualidad, es el testimonio de un sistema que ha quebrado su contrato más básico con quienes portan el arma de la Nación.
Sin una corrección urgente en las prioridades de gasto y una auditoría real sobre el destino de los fondos de salud, la lista de víctimas seguirá creciendo bajo el silencio cómplice de las oficinas de Defensa. La pregunta que queda flotando en los cuarteles es tan simple como devastadora: ¿quién estará dispuesto a dar la vida por un país que, cuando llega la enfermedad o la angustia, los trata como material de descarte?
Un grupo de agentes del Complejo Penitenciario Federal VI (CPF VI) de Luján de Cuyo, Mendoza, denuncian que trabajan en condiciones que violan derechos laborales básicos. Cuentan con equipos de seguridad vencidos, instalaciones insalubres, jornadas extendidas sin pago y sin comunicación con el exterior durante sus guardias.
“Nuestras familias no saben si estamos vivos o muertos durante la guardia”, destacaron los propios agentes al medio Realpolitik.
Uno de los puntos más graves esla afirmación del uso de chalecos antibalas con más de diez años de vencimiento. Esto no es un detalle menor, según la normativa de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), la vida útil de un chaleco antibalas es de exactamente cinco años desde su fabricación. Pasado ese plazo, el chaleco no solo pierde su garantía de protección balística, sino que la propia normativa establece que debe ser destruido de forma definitiva.
Usar un chaleco vencido implica que, ante un disparo o ataque con arma blanca, el agente podría no estar protegido en absoluto, aunque crea que sí lo está. Esta misma problemática ya fue documentada en Ecuador en 2024, donde agentes mostraron públicamente chalecos con placas vencidas desde 2014, y una agente resultó herida de bala porque la protección falló.
En Argentina, el Decreto 455/2025 reconoció explícitamente la necesidad de “mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios penitenciarios”, lo que sugiere que el gobierno nacional sabe que el problema existe.
Las “garitas” o puestos de guardia donde los agentes pasan hasta 12 horas seguidas son descritas como “madriguera de roedores”, junto a olores cloacales y condiciones sanitarias extremas. Esto no es únicamente del CPF VI. La Procuración Penitenciaria ya emitió recomendaciones sobre “malas condiciones de mantenimiento, limpieza y riesgo eléctrico” en distintos penales federales. Al cierre de 2025, el Servicio Penitenciaria Federal (SPF) alojaba 12.137 personas para una capacidad de 11.536 plazas, lo que representa un 5% de sobrepoblación a nivel nacional que presiona toda la infraestructura.
El personal señala que cumple recargos de 12 horas sin cobrarlos. Un “recargo” en el lenguaje penitenciario es una extensión de la jornada normal de guardia, que debe abonarse como horas extra. La acusación de impago de recargos ya se habría dado en enero de 2026, donde trabajadores de la Unidad 1 de Coronda (Santa Fe) también expusieron “recargos permanentes sin que se efectivicen los pagos correspondientes”. Se trata de un patrón sistémico en el SPF, conducido actualmente por el inspector general Fernando Martínez, director nacional del organismo allanado en el marco de una investigación por presuntos vínculos con una empresa acusada de suministrar comida en mal estado a los internos.
“El olor a cloaca es tan insoportable que no se puede respirar, pero nos obligan a quedarnos ahí 12 horas. Tememos morir de hantavirus o cualquier infección antes que por un disparo”, subrayaron.
Las radios están en mal estado y los celulares personales están prohibidos durante el servicio. En un entorno de alta peligrosidad —el CPF VI aloja, entre otros, a internos provinciales considerados de alto riesgo— la falta de comunicación confiable es un riesgo de vida directo, lo que derivó en una presentación judicial ante el ministerio de Seguridad, que conduce la funcionaria Alejandra Monteoliva.
El CPF VI fue inaugurado el 31 de octubre de 2018 por el entonces ministro de Justicia Germán Garavano y el gobernador Alfredo Cornejo, bajo el slogan de que era “la primera cárcel federal construida en siete años.” Fue presentada como una unidad modelo, con 34.000 m² de superficie, capacidad para 1.072 plazas, sectores educativos, laborales y de visita, y los “más altos estándares en condiciones de habitabilidad”. Su apertura respondía a una crisis de superpoblación histórica en el sistema carcelario.
No obstante, ya en 2022 la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) detectó que el complejo alojaba 683 personas, casi el doble del cupo oficial de 357. Para meter a más presos sin infraestructura adecuada aún cuando parte de las instalaciones no estarían finalizadas, se instalaron camas cucheta sin ampliar servicios ni actividades. En 2025, el CPF VI de Mendoza fue uno de los complejos donde más creció la población carcelaria a nivel federal, según la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).
Por su parte, el SPF atraviesa una reestructuración bajo el gobierno del presidente Javier Milei. El Decreto 455/2025 reformó su estatuto para “modernizar la fuerza” y “mejorar las condiciones de trabajo”. Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad entonces bajo administración de Patricia Bullrich tomó medidas que priorizaron el régimen disciplinario hacia los presos (como la Resolución 429/2025 sobre trabajo carcelario), pero las denuncias de los propios oficiales muestran que las condiciones del personal no mejoraron en paralelo.
Un senador de Entre Ríos presentó formalmente un proyecto para crear un registro oficial de objetos voladores no identificados (OVNIs) en la provincia. Aunque suena a chiste, el proyecto tiene lógica política, histórica y hasta geográfica bien fundada y llega en un momento en que el mundo entero está hablando del tema.
Víctor Sanzberro es senador provincial peronista por el Departamento Victoria. El 27 de mayo de 2026, presentó ante el Senado entrerriano el proyecto número 15.702, que propone crear el Programa Provincial de Registro de Fenómenos Anómalos (PRFA). El texto ya tomó estado parlamentario y fue remitido a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Senado provincial.
El proyecto está en comisión, presidida por el médico y senador peronista Martín Oliva. Para convertirse en ley, deberá ser debatido y aprobado por el pleno del Senado entrerriano. Por ahora, el texto abrió el debate y generó repercusión nacional e internacional.
— Víctor Sanzberro propone la creación del PRFA
El objetivo central del programa es “recibir, registrar, analizar y preservar de forma sistemática los reportes de objetos o fenómenos no identificados en el espacio aéreo, terrestre o en los cursos de agua del territorio entrerriano”. Es decir, cualquier ciudadano, piloto, navegante, policía o profesional podría reportar un avistamiento extraño de forma oficial.
El proyecto contempla varios ejes concretos. Entre ellos, prevé la puesta en marcha de un sistema digital y telefónico para recibir denuncias, con confidencialidad absoluta y reserva de identidad para quienes aporten información. Además, establece la designación de un responsable por parte del Poder Ejecutivo provincial para coordinar el programa, junto con la creación de un consejo consultivo honorario integrado por siete personas, entre investigadores reconocidos, representantes de la sociedad civil y especialistas en aviación y náutica.
La iniciativa también sostiene que su implementación no implicará la creación de nuevas estructuras burocráticas ni la generación de gastos adicionales, ya que se apoyará en recursos ya existentes.
— El Museo del Ovni ubicado en Victoria, Entre Ríos
La idea de proteger la identidad de quienes reporten no es poca cosa, ya que el argumento es que pilotos, controladores de tráfico aéreo y policías suelen evitar reportar avistamientos por miedo a burlas o a consecuencias profesionales.
El proyecto no surge de la nada. Sanzberro representa a Victoria, una ciudad entrerriana que es referente mundial de la ufología. La localidad tiene un Museo del OVNI fundado por las investigadoras Silvia y Andrea Pérez Simondini a partir de los avistamientos ocurridos en la zona desde los años 90’s. El equipo Visión OVNI, radicado allí, lleva más de 30 años investigando el fenómeno.
La geografía de la zona juega un rol central. Entre Ríos posee “vastas extensiones de cielo y agua” que incluyen el río Paraná, su delta y el río Uruguay, lo que la convierte según Sanzberro en un territorio con características especiales para este tipo de reportes. De hecho, el legislador propone que Victoria sea la sede del programa provincial.
El contexto mundial que le da importancia
El proyecto nace en pleno furor global por los fenómenos anómalos no identificados (UAP). El 8 de mayo de 2026, el Departamento de Guerra de Estados Unidos inició la desclasificación histórica de archivos gubernamentales sobre OVNIs, por orden del presidente Donald Trump, quien había anunciado en febrero de 2026 que ordenaría “identificar y liberar” archivos relacionados con vida extraterrestre y UAP.
Sanzberro también citó en su fundamentación que Brasil, Chile y Uruguay ya tienen programas oficiales de seguimiento de fenómenos anómalos. A nivel nacional, la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina (CEFORA) lleva años trabajando en la desclasificación de documentos oficiales usando la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública. También mencionó a América Latina para Aeroespacios Seguros (ALAS), organización regional presidida por el piloto Pablo Ducau.
— Archivo norteamericano muestra un “faro luminoso” sobre la superficie lunar vista desde el sitio de alunizaje del Apollo 12
El propio Sanzberro anticipó las críticas con su argumento central: “Este proyecto no se trata de creencias, sino de transparencia y derecho a la información”. En otras palabras, no está pidiendo que el Estado crea en extraterrestres, está pidiendo que el Estado organice los reportes que de todas formas ya ocurren, especialmente entre profesionales aeronáuticos y náuticos.
Desde la ufología argentina lo vieron como “un avance increíble”, siendo que la CEFORA y ALAS respaldaron la iniciativa y la consideraron un antecedente para avanzar a nivel nacional. El proyecto también pone en el debate algo que Estados Unidos tardó décadas en hacer: dar un canal oficial y sin estigma para que quienes reportan fenómenos inexplicados no sean tratados como locos.
La morosidad de las familias en la provincia de Buenos Aires, bajo la administración del gobernador Axel Kicillof, llegó al 11.2% en febrero de 2026, partiendo de apenas 2.9% un año antes. Eso significa que en doce meses el porcentaje de personas que no puede pagar sus deudas se multiplicó casi por cuatro.
Si se suman las deudas con entidades no bancarias (fintech, tarjetas de supermercados, prestamistas digitales), el indicador ya supera el 14%. Para dimensionarlo, un nivel así no se veía desde al menos 2004, y hay que remontarse al colapso de la convertibilidad en los años 90 para encontrar algo comparable.
A nivel nacional, la mora general del sector privado alcanzó el 6.7% en febrero de 2026, y los préstamos personales llegaron al 13.2% de irregularidad. El Conurbano Bonaerense es la zona más golpeada, allí la mora de personas físicas trepó al 18.4% en diciembre de 2025, cuadruplicándose en un año.
El problema tiene varias raíces que se potencian entre sí, la primera sería que las negociaciones salariales no lograron compensar la inflación acumulada desde finales de 2023. Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Javier Milei eliminó o redujo subsidios a servicios públicos (luz, gas, agua), lo que encareció fuertemente las tarifas del hogar. La combinación de sueldos rezagados y facturas más caras dejó a muchas familias sin margen para pagar las cuotas de sus créditos.
Entre 2024 y 2025, el stock de préstamos creció un 54% en términos reales. Los bancos relanzaron el crédito al consumo con fuerza, pero —según el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili— en esa primera oleada “se prestó a ciegas, sin saber bien a quién”. Millones de personas accedieron al crédito formal por primera vez o tras años de exclusión, pero muchas sin capacidad real de repago.
Con una inflación que bajó más rápido de lo esperado, las cuotas de préstamos tomados a tasas del 70–80% anual no se “licuaron” con la inflación como los deudores esperaban. En cambio, se volvieron más pesadas en términos reales. A comienzos de 2026, las tasas para préstamos personales seguían en torno al 68% anual, lo que hace muy difícil refinanciar o pagar deudas viejas.
Aunque la economía creció un 11.9% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el empleo formal privado cayó un 2.9%, equivalente a unas 170.000 personas que perdieron su trabajo registrado. Sectores intensivos en mano de obra como textil, construcción y comercio minorista fueron los más afectados.
El fenómeno del “endeudamiento para comer”
Uno de los aspectos más reveladores de la crisis es para qué se usa el crédito. El presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), Juan Cuattromo, explicó que “la gente toma financiamiento para gastos del día a día”. Lo confirman los datos, como que el 44.6% de las compras en supermercados se realizan con tarjeta de crédito, cuando en 2023 ese porcentaje era del 35.4%. El uso de tarjeta de crédito en farmacias también creció, mientras que el pago con débito (dinero disponible en cuenta) cayó fuertemente.
— El presidente del BAPRO, Juan Cuattromo
Un informe del Centro de Estudios de la UBA señaló que el consumo masivo “está siendo sostenido parcialmente por mecanismos de endeudamiento, en un contexto de debilitamiento del poder adquisitivo”. En otras palabras, las familias no se endeudan para comprar un electrodoméstico o hacer un viaje, sino para comprar fideos, remedios y artículos de limpieza. Eso vuelve el endeudamiento mucho más frágil, siendo que no hay un activo que respalde la deuda, y la capacidad de pago depende exclusivamente del salario mensual.
La morosidad no afecta a todos por igual y, según el Banco Provincia, el problema golpea con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos. En los créditos inferiores a un millón de pesos, uno de cada cinco presenta atrasos, mientras que en los préstamos superiores a los 10 millones esa proporción desciende a uno de cada diez. Cuattromo señaló además que los trabajadores que perciben hasta cuatro salarios mínimos son quienes registran mayores niveles de irregularidad.
— Análisis de la consultora CML&A, del economista Pablo Curat, en base a datos del BCRA
Entre los jóvenes de 18 a 21 años, la morosidad alcanzó el 40%, cuando un año antes se ubicaba en 26.5%. En tanto, el Conurbano bonaerense exhibe una tasa de mora familiar un 48% más alta que la de la Ciudad de Buenos Aires y un 58% superior a la del interior provincial. En total, cerca de 1.4 millones de bonaerenses se encuentran en una situación de riesgo crediticio medio o alto.
El riesgo del “efecto trampa” sobre el consumo y la recuperación
El estudio del BAPRO advierte sobre un círculo vicioso que frena la recuperación económica, donde los núcleos parentales endeudados tienen menos dinero disponible para consumir, lo que deprime las ventas, lo que a su vez afecta el empleo y los ingresos. El consumo masivo registró una caída interanual del 3.4% en febrero de 2026, acumulando diez meses consecutivos de retroceso.
El punto más alarmante, es que incluso una eventual mejora salarial podría no traducirse inmediatamente en más consumo. Quienes estén al día con sus deudas o lleguen a tener algo más de margen probablemente destinen ese dinero primero a pagar los atrasos acumulados, antes que a gastar en bienes y servicios. Esto implica que la reactivación de la demanda interna podría demorar mucho más de lo que indican los números macro.
A eso se suma que el crédito nuevo se frenó desde mediados de 2025, los préstamos dejaron de crecer y en marzo de 2026 cayeron un 2.5% mensual, lo que hace más difícil refinanciar deudas existentes.
En esta situación las señales son mixtas. Bausili, declaró en mayo de 2026 que “el sistema se está saneando” y que “lo peor ya pasó”, destacando que los datos de marzo y abril muestran cierta desaceleración en el deterioro. La calificadora Moody’s proyecta una mejora gradual para 2026, especialmente en los segmentos con mejores garantías (como préstamos con descuento de haberes), no obstante, advierte que los deudores de bajos ingresos seguirán vulnerables a cualquier shock en el empleo o el salario.
El jueves de la semana pasada, la Policía del Chubut secuestró ochoteléfonos celulares y envoltorios con sustancias ilícitas durante una requisa en la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia. El procedimiento se concentró en el pabellón N°9 del establecimiento, donde los efectivos hallaron los elementos ocultos en distintas celdas.
El operativo se inscribió en el plan de controles permanentes impulsado por el Gobierno del Chubut para combatir el delito dentro de las unidades de detención. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, la requisa apuntó a desarticular maniobras delictivas que se organizan desde el interior de los penales, en particular estafas, amenazas y extorsiones cometidas a través del uso ilegal de dispositivos móviles.
El procedimiento se concretó días después de que la Legislatura del Chubut aprobara por amplia mayoría la ley impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, que prohíbe el uso de celulares y dispositivos móviles por parte de los presos en los establecimientos penitenciarios provinciales.
La normativa quedó alineada con la legislación nacional vigente. Las autoridades de la provincia explicaron que el objetivo central de la ley pasa por proteger la seguridad pública, fortalecer los mecanismos de control en las cárceles y garantizar un régimen de comunicaciones supervisadas que respete los derechos humanos de los internos.
SE TERMINÓ LA JODA EN LAS CÁRCELESMientras algunos defendían privilegios para los presos, nosotros avanzamos con una ley para sacarles los celulares y cortar de raíz las estafas, amenazas y extorsiones que se coordinaban desde adentro de las cárceles.Ayer, en una requisa en… pic.twitter.com/2Hw67TZXQT
Desde el Ministerio de Seguridad y la Policía del Chubut precisaron que los procedimientos de requisa continuarán de manera constante en todas las unidades de detención de la provincia.
La morosidad de las familias se cuadruplicó en un año y entre los jóvenes de 18 a 21 ya alcanza al 40%. El golpe es más fuerte en el Conurbano y entre los que menos ganan.
El Gobierno provincial le cortó la asistencia y la denunció ante la Justicia tras detectar consumos en cadenas de comida rápida, restoranes y kioscos. La entidad, conocida como “Movimiento Mahatma Gandhi”, estuvo conducida por Luciano “Chano” Rossi.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
