CADA VEZ PEOR | Para comprar un auto se necesitan 6 sueldos más que en diciembre
La inflación sigue dando pasos agigantados y el sector automotor es un claro reflejo de ello. Los precios de los autos no paran de subir y cada vez son más inaccesibles.
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En el mes de diciembre, se necesitaban 30,2 sueldos, mientras que en abril hacen falta 36,2. La información surge de un relevamiento realizado por el SIOMAA, el sistema de estadísticas de la asociación que agrupa a las concesionarias (ACARA).
El cálculo se realizó sobre un modelo pequeño con un valor en abril de $2.687.809 y un sueldo promedio de $74.295. En el mes de enero se necesitaban 31.5 sueldos para adquirirlo, en febrero unos 32,8 y en marzo subió a 34,5.
Los autos vienen sufriendo aumentos del 5% por mes como piso y en el acumulado de los últimos 12 meses, la suba es de 71%, de acuerdo a la entidad que realizó el informe que además agrega, que, en los últimos dos años, la cantidad de salarios que se necesitan para comprar un vehículo nuevo casi se duplicó: a comienzos del 2020 se requerían 19,8 sueldos para llegar a un 0km chico, en la actualidad se necesitan 36,2%.
Un dato a tener en cuenta, es que para realizar el informe se tuvo en cuenta los precios de lista oficiales, pero en el mercado se manejan otros valores debido a la falta de unidades y Los sobreprecios son algo común. Es por ello, que los 0km vienen aumentando por arriba de la inflación.
El informe detalla además, que si la comparación se realiza con años anteriores, el resultado es más significativo: en 2019, se necesitaban 17,4 sueldos promedio para adquirir un modelo como el Volkswagen Gol, mientras que en 2018 hacían falta sólo 11,2 sueldos.
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Una encuesta nacional de la consultora Zuban Córdoba, realizada sobre 1.400 casos (margen con 95% de confianza), preguntó a los argentinos si había que limitar la compra de tierras por parte de extranjeros.
El resultado fue contundente, con un 77% respondiendo que sí hay que limitarla, un 16.7% dijo estar en desacuerdo con esas restricciones, y un 6.3% no tenía una posición definida sobre el tema. Es decir, prácticamente ocho de cada diez argentinos rechazan la idea de “extranjerizar” la tierra, más allá de las diferencias ideológicas que suelen dividir a la opinión pública en otros temas.
Este dato es relevante porque se conoció justo antes de la votación clave en el Senado, y funciona como una señal política que la oposición y las organizaciones sociales usan para presionar a los legisladores indecisos.
La encuesta se enmarca en el debate por la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, un proyecto que el Gobierno del presidente Javier Milei envió al Congreso en marzo de 2026, como parte del paquete de reformas anunciado en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo.
No se trata de una ley exclusivamente sobre tierras, sino de una iniciativa que reúne varios capítulos. En materia de expropiaciones, establece criterios más estrictos para definir la “utilidad pública” y garantiza una indemnización plena al expropiado, calculada sobre la base de la valuación previa al anuncio de la medida.
En cuanto a los desalojos, incorpora un mecanismo sumarísimo para expulsar usurpadores, aunque, tras la negociación con la oposición dialoguista, se resolvió ampliar a diez días los plazos para los inquilinos en mora, dejando la entrega inmediata solo para los casos de usurpación. Además, modifica la Ley de Manejo del Fuego y deroga artículos de la norma sancionada en 2020, durante el impulso de Máximo Kirchner, que prohibía por 60 años la venta de bosques nativos, humedales y áreas protegidas afectadas por incendios. El capítulo más polémico, sin embargo, es el referido a la Ley de Tierras Rurales, que introduce cambios sobre la ley 26.737, vigente desde 2011.
La Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011 durante el segundo mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fijó una serie de restricciones a la propiedad extranjera sobre tierras rurales que hoy están en el centro del debate. La norma estableció un límite del 15% de tierras rurales en manos de extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal, dispuso que una misma nacionalidad no pudiera concentrar más del 30% de ese porcentaje, impidió que un mismo titular extranjero adquiriera más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo —o su equivalente en otras regiones— y prohibió la compra de inmuebles que contengan o sean lindantes con cuerpos de agua permanentes, una disposición que cobró notoriedad por el caso de Lago Escondido, propiedad del empresario británico Joseph Lewis.
El proyecto de Milei, redactado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, buscaba eliminar directamente esos topes porcentuales para las adquisiciones privadas y reemplazarlos por un sistema de autorizaciones administrativas y avales provinciales. Según cálculos oficiales, esto podría triplicar la superficie en manos extranjeras, que hoy asciende a 13.2 millones de hectáreas, concentradas principalmente en ciudadanos de Estados Unidos, Italia y España.
Entre los puntos más sensibles que señalan especialistas y organizaciones ambientales está la posible derogación del artículo que prohíbe comprar tierras ribereñas de lagos y ríos permanentes, lo que habilitaría, por ejemplo, la venta de lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, zonas de cordillera con minerales críticos y acuíferos que abastecen a millones de personas. También se modificaría el régimen de tierras en zonas de frontera, algo que genera preocupación por posibles efectos sobre el contrabando y el narcotráfico si se habilita la extranjerización de áreas limítrofes.
Quién gana y quién se opone
Entre los interesados en la eliminación del límite del 15%, se encuentran el Grupo Benetton —ya uno de los mayores productores de lana de oveja del país— y fondos soberanos de países árabes. Del otro lado, el rechazo social es amplio: se movilizan la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) bajo la consigna "por la tierra y el agua", la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT, con el lema "nuestro suelo es soberanía, no mercancía"), organizaciones campesinas e indígenas, sectores eclesiásticos y ambientalistas, y referentes de la oposición como la diputada peronista Cecilia Moreau, quien llamó a "salir a las calles" el 6 de agosto.
Curiosamente, incluso la Sociedad Rural —tradicionalmente alineada con el Gobierno— apoya mantener ciertas restricciones, lo que muestra que el rechazo no es solo de sectores kirchneristas o progresistas, sino que atraviesa a actores del propio universo agropecuario.
— Cecilia Moreau
El proyecto tuvo un trámite accidentado desde el comienzo. En mayo de 2026 obtuvo dictamen en comisiones tras varias modificaciones, donde se eliminó por completo el capítulo que afectaba el programa de regularización de tierras en villas (RENABAP), a pedido de la Iglesia Católica, y se moderó el mecanismo de desalojo sumarísimo.
Pese a esos cambios, el oficialismo intentó llevarlo al recinto en julio y fracasó cuatro veces consecutivas por falta de quórum o de votos suficientes, lo que llevó a Milei a calificar a los opositores como "enemigos del progreso”.
Tras ese cuarto fracaso, la senadora nacional y jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich, junto a Sturzenegger negociaron una nueva versión (el dictamen número 15) que introduce cambios para intentar destrabar la votación. La medida deja a cada provincia la jurisdicción plena sobre su territorio, prohíbe la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera —salvo autorización provincial y del Poder Ejecutivo— y elimina el artículo de "silencio administrativo" que daba por autorizada una venta si el Estado no se pronunciaba en seis meses.
— Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger
El Senado tiene previsto retomar el debate y votar el proyecto el jueves 6 de agosto de 2026. Bullrich aseguró que el bloque oficialista ya cuenta con los votos necesarios gracias al respaldo de gobernadores dialoguistas, pero la incertidumbre persiste, especialmente por la postura de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, presionados en su provincia para votar en contra del capítulo de tierras.
Para ese mismo día, organizaciones sociales, ambientales, eclesiásticas, sindicales y de la oposición —agrupadas bajo consignas como "por la tierra y el agua" y "Argentina no se vende"— convocaron a una movilización frente al Congreso, con el hashtag #lasoberanianosenegocia. La semana previa ya se realizaron talleres, radios abiertas y banderazos preparatorios. La apuesta de estos sectores es que la presión, sumada al fuerte rechazo social que muestra la encuesta de Zuban Córdoba, termine de inclinar a los senadores todavía indecisos.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó su informe sobre Proveedores No Financieros de Crédito, un segmento que incluye billeteras virtuales, fintech y plataformas de economía digital. En ese informe, el organismo dedicó un apartado específico a la llamada “economía gig” —término en inglés para los trabajos por encargo o “a la demanda”, como el delivery, la cadetería o el transporte de pasajeros—.
El dato central del estudio es la explosión de deudores. La cantidad de repartidores que accedieron a créditos otorgados por las plataformas para las que trabajan creció 177% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, y volvió a aumentar otro 122% a lo largo de 2025.
“Las firmas multinacionales utilizan estos esquemas financieros como un mecanismo de presión operativa”, afirmó Belén D’Ambrosio, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SITRAREPA), denunciando que las tasas de interés anuales podrían llegar al 700% anual en 2026.
La flexibilidad horaria es una de las marcas más visibles de la “economía gig”, ya que no existe un horario fijo y, al menos en teoría, el trabajo se realiza cuando cada persona decide pedir algo. A ello se suma un vínculo laboral atípico, en el que la relación no se encuadra en un contrato de empleo tradicional, sino que el trabajador aparece registrado como independiente o monotributista. En paralelo, la digitalización total del dinero ordena cada cobro y cada pago a través de la aplicación, dejando además un rastro financiero propio.
Ese tercer punto es clave. Como todos los movimientos de dinero son digitales, la plataforma acumula datos de comportamiento financiero de cada repartidor, como cuántos pedidos hace, en qué horarios, qué calificaciones recibe. Eso funciona como un scoring alternativo —un puntaje crediticio— para otorgar préstamos a quienes los bancos tradicionales ignorarían por falta de historial formal.
Solo en dos años, el universo de trabajadores endeudados con sus propias apps se multiplicó a una velocidad inusual. A fines de 2025, la deuda promedio por repartidor monotributista se ubicó en $900.000, mientras que para los comercios adheridos a esas mismas plataformas el promedio era siete veces superior.
⚠️ALERTA REPARTIDORES: Esclavitud financieraRappi y Pedidos Ya promueven préstamos a tasas abusivas de más del 700% anual para explotar repartidores por aplicación ¡Mira las placas y lee el comunicado completo! pic.twitter.com/iatwZwPhw4
Pedidos Ya —la empresa más activa en este segmento— confirmó que desde 2022 otorgó 57.000 préstamos por un total de USD$84 millones. El 54% de ese monto fue a comercios, y el resto, a repartidores individuales. Para acceder al crédito, los repartidores deben cumplir con métricas de desempeño dentro de la app, ya fuese antigüedad, tasa de aceptación de pedidos, calificación de usuarios y disponibilidad en horarios de alta demanda.
La mayoría de los préstamos tiene un destino concreto para comprar, reparar o mejorar la bicicleta o la moto con la que el repartidor trabaja. Es decir, el trabajador pide prestado para mantener la herramienta que le permite seguir generando ingresos para pagar el préstamo que sacó para comprar esa herramienta. Un círculo que se retroalimenta e incrementa con el tiempo la deuda.
No es casualidad que los créditos están dirigidos a quienes más horas trabajan y más disponibles están en horarios pico. Desde Pedidos Ya lo presentan como “inclusión financiera” para personas que no califican para un banco tradicional —por falta de recibo de sueldo, historial crediticio o documentación— ahora tienen acceso a préstamos. El argumento tiene algo de real, siendo que un repartidor sin acceso a ningún crédito formal que necesita arreglar su moto, en el pasado solo podía acudir a un prestamista informal con tasas aún más abusivas o pedir fiado en el taller.
El problema está en el precio de ese acceso. Las plataformas responden que sus tasas son “competitivas dentro del segmento de entidades no bancarias”. El BCRA, en su informe, no publicó las tasas individuales de cada empresa y con una tasa anual del 700%, la cuenta se vuelve rápidamente asfixiante. Traducido a términos concretos, si un repartidor toma un préstamo de $900.000, el promedio mencionado, a seis meses, el interés acumulado puede terminar superando con amplitud el capital original.
La economista Lucrecia Simes lo sintetizó al describir que “si un trabajador pide USD$500 para arreglar la moto, paga USD$800 de intereses y termina trabajando más horas para la misma plataforma durante seis meses, eso no es inclusión. Es captura.”
Cabe aclarar que la tasa del 700% es el techo denunciado por el sindicato, no la única tasa. Las plataformas ofrecen distintas condiciones según el perfil del repartidor.
El mecanismo de cobro
Uno de los puntos más relevantes para entender el modelo es que las cuotas no se pagan como en un banco. No llega una factura, no hay fecha de vencimiento que el repartidor tenga que recordar. El dinero se descuenta automáticamente de cada pedido completado.
Cada vez que un repartidor entrega un pedido y cobra una comisión, una parte de esa comisión va directo al pago de la deuda, antes de que el repartidor reciba lo que sobra. La plataforma cobra primero.
Esto explica un dato que, a primera vista, parece paradójico. La tasa de mora de Pedidos Ya entre sus repartidores deudores es del 11.7%, inferior al promedio del sistema bancario para familias (12.7%). ¿Cómo puede ser que trabajadores informales, sin garantías, paguen mejor que el promedio bancario?
La respuesta a ello no es que los repartidores sean más responsables, es que no pueden elegir no pagar. Al no poder interceptar el pago antes de que la plataforma lo descuente, la posibilidad de entrar en mora se reduce drásticamente. La mora del 11.7% no refleja buena salud financiera, demuestra que el sistema de cobro hace casi imposible evitar el descuento.
Los críticos del modelo señalan que debido a esto las jornadas laborales se extienden hasta 12 horas diarias para poder cubrir los costos de la deuda. Las comisiones por pedido oscilan entre $1.500 y $3.000, independientemente del valor de la compra. Con una deuda promedio de $900.000 y tasas elevadas, el repartidor necesita completar un volumen muy alto de pedidos para pagar la cuota y tener algo de ingreso propio.
“El problema no es que la plataforma preste. El problema es que presta a quien trabaja exclusivamente para ella, a tasas que solo pueden pagar trabajando más horas para esa misma plataforma. Es un círculo que se cierra sobre el propio trabajador”, sostuvo sobre el tema la economista Laura Ventura.
Los datos del BCRA confirman esa dinámica. Los que toman estos préstamos son principalmente los repartidores que dependen exclusivamente del delivery como fuente de ingresos. Los que usan las apps como ingreso complementario no los toman, porque tienen alternativas más baratas.
El dato demográfico más preocupante es que el 70% de los deudores de plataformas tiene menos de 40 años. Son trabajadores jóvenes cuya primera experiencia formal de crédito es con la app para la que trabajan. Si esa experiencia termina en mora, extensión de jornada o sensación de trampa, podrían llegar a la adultez con una relación deteriorada con el sistema financiero, justo cuando deberían estar en condiciones de acceder a créditos hipotecarios o productivos.
Capitanich Agropecuaria SAS, la firma fundada en 1983 por Héctor Wilmar Capitanich —hermano mayor del exgobernador chaqueño y actual senador nacional Jorge Capitanich— atraviesa una crisis financiera severa.
La empresa familiar acumula 188 cheques rechazados por más de $3.697 millones, sostiene una deuda bancaria superior a $7.292 millones y enfrenta demandas judiciales, embargos y un conflicto por una cosecha de algodón en Santiago del Estero.
— A la izquierda, Héctor Capitanich junto a sus dos hijos, Leonardo Capitanich e Iván Alejandro Capitanich
La información trascendida une dos planos. Por un lado, el escrutinio sobre negocios familiares vinculados a dirigentes políticos con poder político territorial. Por otro, el deterioro estructural del sector agropecuario chaqueño-santiagueño, donde varias empresas del rubro (como Italar SRL, con $16.200 millones de deuda) muestran el mismo patrón de insolvencia.
Aunque se constituyó formalmente como sociedad por acciones simplificada (SAS) en noviembre de 2019, la actividad agropecuaria de la familia Capitanich se remonta a 1983, cuando arrancó cultivando algodón y girasol sobre apenas 100 hectáreas en Chaco. Con los años, la firma escaló hasta explotar alrededor de 6.000 hectáreas entre Chaco y Santiago del Estero, diversificando en soja, maíz, trigo, sorgo, girasol y ganadería bovina, combinando campos propios con tierras arrendadas.
En 2021 llegó a tener notoriedad nacional al quedarse con el primer lote de trigo de la campaña, mostrando un perfil de crecimiento con incorporación de tecnología. Hoy la administran Leonardo, Iván y Gisella Capitanich, hijos de Héctor, mientras el propio Héctor —hermano mayor de Jorge— sigue identificado como cabeza visible de la firma.
Para dimensionar la gravedad del problema, conviene distinguir dos indicadores que utiliza el Banco Central para evaluar la salud crediticia. Los cheques rechazados, documentos de pago que la entidad girada devuelve, por lo general por falta de fondos, y que quedan asentados en la Central de Cheques Rechazados del BCRA. En el caso de Capitanich Agropecuaria, ya suman 188 por más de $3.697 millones, y lo más preocupante es que los últimos rechazos corresponden a la misma semana del informe, una señal de que la tensión de liquidez sigue agravándose en tiempo real y no responde a un episodio aislado del pasado.
A su vez, la deuda bancaria clasificada en la Central de Deudores del BCRA ordena a cada deudor en una escala que va de la situación 1, considerada normal, a la 5, catalogada como irrecuperable, según su capacidad de pago. En ese registro, buena parte de las obligaciones de la empresa ya figura en situación 3 y 4, categorías que reflejan un deterioro crediticio importante y la proximidad del incumplimiento total antes de una declaración de pérdida irrecuperable.
Los principales acreedores bancarios son Banco Galicia ($1.828,9 millones) y John Deere Credit ($1.749,8 millones, la financiera vinculada a la venta de maquinaria agrícola), seguidos por Santander, Banco del Sol, Nuevo Banco del Chaco, Banco Nación, BBVA, Banco Ciudad y varias sociedades de garantía recíproca (SGR). Este último dato es relevante porque las SGR son entidades que avalan créditos a pymes agropecuarias con garantía estatal indirecta, así que su exposición añade un componente de riesgo sistémico regional, no solo privado.
De las demandas a los embargos
La crisis financiera ya se trasladó a los tribunales comerciales, donde se acumulan juicios ejecutivos de Banco Ciudad, Syngenta Agro, Depsa Valores, Polo Valores, Innova SGR y Crecer SGR. El hecho más ilustrativo es el de Syngenta Agro, la multinacional agroquímica que reclama U$S466.606,20 después de que Capitanich Agropecuaria incumpliera un convenio de refinanciación firmado en 2025, en el que había reconocido una deuda original de U$S582.447 y solo pagó la primera cuota completa y parte de la segunda, lo que aceleró el vencimiento de todo el pasivo.
Como consecuencia, la Justicia ordenó embargar cuentas bancarias de la empresa en Galicia, Santander, Nuevo Banco del Chaco y otras entidades por ese monto más U$S100.000 de intereses y costas. En otra causa, Depsa Valores obtuvo el embargo de créditos y derechos de cobro por U$S111.979, que incluso alcanza pagos pendientes que le debe Aceitera General Deheza a la firma por operaciones comerciales. Esto significa que la empresa ya no solo debe dinero, sino que sus propios ingresos futuros están comprometidos legalmente antes de llegar a su caja.
“Estamos buscando que cesen estos actos de atropello e impunidad con lo que se maneja Capitanich”, afirmó uno de los representantes legales de la corporación santiagueña Halgon S.A.S., Lucas Cabañas.
Paralelamente, Capitanich Agropecuaria disputa con la firma Halgon S.A.S. el derecho a explotar un establecimiento rural llamado “La Montenegrina”, en Vilelas, departamento Juan Felipe Ibarra (Santiago del Estero). El litigio no es sobre la propiedad del campo sino sobre quién tenía derecho contractual a levantar una cosecha de unas 520 hectáreas de algodón en tierras arrendadas. Halgon denuncia que Capitanich ingresó al predio y cosechó la producción pese a contratos vigentes a su favor, e inició acciones penales por presunto hurto de cosecha y daños.
“Nos apuntaron con armas, impidiendo cualquier tipo de diálogo”, relató Cabañas al medio Info del Estero.
El conflicto escaló en julio, cuando la defensa de Halgon recusó a los fiscales que investigan la causa, denunciando un supuesto favorecimiento hacia Capitanich, y alertó que los rollos de algodón podrían venderse antes de que la Justicia resolviera el fondo del asunto. Efectivamente, de acuerdo a reportes posteriores, hombres vinculados a Capitanich habrían violado una medida cautelar que prohibía la circulación y comercialización del algodón, sacando los rollos hacia una planta desmontadora en Quimilí, sin que la Fiscalía de Tierras del Ministerio Público Fiscal santiagueño haya respondido a los pedidos de intervención de los abogados de Halgon. Esto agrega una dimensión de posible incumplimiento de resoluciones judiciales, no solo de deudas comerciales.
Distintas fuentes del sector agropecuario mencionan con fuerza la posibilidad de que la empresa solicite un concurso preventivo de acreedores, aunque hasta el momento no hay ninguna presentación judicial formal en ese sentido. Un concurso preventivo es el mecanismo legal argentino (Ley 24.522) que permite a una empresa insolvente pero no liquidada renegociar sus deudas bajo supervisión judicial para evitar la quiebra directa, que sería el mismo camino que ya tomó otra empresa agropecuaria chaqueña, Italar SRL, con sede en Charata, que también acumula más de 40 cheques rechazados y una deuda bancaria aún mayor, de $16.200 millones.
Para comprender el alcance real de la vulnerabilidad social,resulta clave diferenciar entre la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional. Mientras que el método tradicional del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) se limita a contrastar la suma del dinero mensual que entra a un hogar con la valorización de las canastas básicas, el enfoque multidimensional mide el acceso efectivo a derechos fundamentales. De esta forma, la medición va más allá del bolsillo diario para evaluar si una familia padece carencias estructurales en áreas críticas comola vivienda digna, la salud, la educación, los servicios básicos y la seguridad alimentaria.
Esta distinción técnica explica por qué un descenso coyuntural en la tasa de inflación o una mejora puntual en el poder de compra monetario no implican necesariamente una salida automática de la pobreza. Si bien la estabilidad de precios o la asistencia social inmediata pueden mover las cifras monetarias en el corto plazo, no resuelven de manera directa deudas de fondo como el hacinamiento crítico, la falta de cobertura médica, las deficiencias en la infraestructura urbana o la imposibilidad de garantizar un esquema de alimentación adecuado y variado en el tiempo.
En este marco cobra centralidad la definición de la “pobreza persistente”, elaborada por el economista Agop Karagoz. Este concepto describe la situación de aquel núcleo social golpeado por una doble vulnerabilidad: la falta recurrente de ingresos suficientes combinada con una privación estructural de derechos esenciales. Al quedar atrapados en esa intersección, los hogares no sólo enfrentan dificultades para cubrir su canasta mensual, sino que además carecen del soporte de infraestructura básica y servicios que les permitiría salir de esa condición de vulnerabilidad social de largo plazo.
La medición en CABA y su metodología
Los datos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires confirman que las privaciones estructurales han mostrado un avance sostenido en los últimos años. De acuerdo con las mediciones del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), la pobreza multidimensional en los hogarespasó del 15,3% en 2019 al 17,5% en 2021—post-pandemia—, para escalar finalmente al 18,8% en la medición actual. Esta tendencia evidencia que, más allá de los vaivenes económicos de coyuntura, la proporción de familias con privaciones no monetarias no ha dejado de crecer.
El impacto de estos números cobra una relevancia particular al considerar la jurisdicción en la que se registran. Se trata de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito que cuenta con el mayor presupuesto por habitante de todo el país y con una infraestructura de servicios públicos históricamente consolidada. Que casi dos de cada diez hogares porteños padezcan carencias de tipo multidimensional expone los límites del gasto local para evitar el deterioro social en el territorio capitalino.
Para capturar esta realidad, el IDECBA utiliza la información proveniente de la Encuesta Anual de Hogares (EAH) bajo el denominado “método consensual”. Esta metodología implica que los indicadores de privación no se fijan de manera arbitraria o puramente teórica, sino a partir de lo que la propia sociedad porteña define como el conjunto de bienes, servicios y condiciones de vida indispensables para alcanzar un nivel de bienestar digno en la Ciudad.
Las dimensiones con mayor impacto
Al desglosar las carencias por áreas, el rubro “alimentación” se consolida como el factor de mayor deterioro y presión sobre las familias porteñas. La privación en este indicador saltó del 22,4% en 2021 al 25,6% en 2025, impulsada por un número creciente de hogares que se vieron obligados a reducir las porciones de sus comidas, alterar la variedad de los alimentos consumidos o, en los casos más severos, directamente saltearse alguna de las ingestas diarias.
Por su parte, el bloque de “servicios e infraestructura urbana” también mostró un avance en sus niveles de carencia, pasando del 12,1% al 14,5% en el mismo período. Este incremento refleja dificultades persistentes en el acceso a condiciones adecuadas de habitabilidad y entorno, mientras que otros indicadores vinculados al equipamiento del hogar mostraron un amecetamiento o leves variaciones, evidenciando un escenario donde el presupuesto familiar priorizó la subsistencia diaria por sobre la renovación de bienes.
Infancia y disparidad territorial
La vulnerabilidad multidimensional adquiere un sesgo aún más preocupante al observar la composición de los hogares. En aquellos donde viven niños, niñas y adolescentes, la tasa de privación estructural alcanza el 20,6%. Este dato pone de manifiesto que las deficiencias en el acceso a condiciones de vida dignas afectan de manera directa el desarrollo integral de las infancias en el territorio porteño.
A esta brecha generacional se le suma una profunda fractura geográfica que divide a la Capital Federal en dos realidades contrapuestas. Mientras que en la zona norte la pobreza multidimensional afecta a tan sólo el 6,5% de los hogares, en la zona sur esta problemática trepa de manera crítica hasta alcanzar al 30,4%. De esta forma, casi un tercio de las familias del sur de la Ciudad conviven con privaciones estructurales en sus derechos básicos.
La paradoja del indicador
El informe oficial concluye exponiendo una clara paradoja en la dinámica social porteña. Mientras que el denominado “núcleo duro” —aquellos hogares que sufren simultáneamente pobreza monetaria y privación multidimensional— se redujo al 6,3%, la proporción de familias que sufren privaciones de derechos pero cuyos ingresos quedan formalmente por encima de la línea de pobreza subió al 12,6%.
Este fenómeno deja al descubierto que tener un ingreso que supere la canasta monetaria ya no garantiza el acceso a una vida digna, visibilizando la persistente deuda de infraestructura, servicios y garantías de derechos en la Ciudad de Buenos Aires.
El embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela, confirmó públicamente que Israel inició las gestiones formales para instalar un consulado honorario en Ushuaia, cuya jurisdicción abarcaría la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La elección de esa demarcación geográfica —que incluye nominalmente las Malvinas— no es inocente. Al reconocer esa jurisdicción, Israel está avalando implícitamente que esas islas pertenecen a la esfera soberana argentina.
El mismo embajador Sela recordó que esta apertura se enmarca en una postura ya expresada por el canciller israelí Gideon Sa’ar, quien durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en febrero de 2026 dijo que“Israel está a favor de una negociación entre Argentina y Reino Unido sobre el futuro de las islas”.
— Embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela
Un consulado honorario es una forma de representación diplomática más liviana que un consulado de carrera. Sus funciones son limitadas, pero cumplen un papel clave en la asistencia a ciudadanos del país que representa en el exterior, la promoción comercial, económica, cultural y turística, y la gestión de trámites consulares básicos. Además, contribuye al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y permite ampliar la presencia de la embajada en zonas alejadas o de difícil cobertura.
“En el sillón de Rivadavia gestiona el Departamento de Estados Unidos, y en el Ministerio de Seguridad está el Mossad. Estamos viviendo una intervención similar a la dictadura militar”, afirmó el excombatiente de Malvinas y socio fundador del Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM), Ernesto Alonso.
A diferencia de un cónsul de carrera —funcionario de Estado con rango diplomático pleno—, el cónsul honorario suele ser un ciudadano del país receptor (en este caso, un argentino de confianza) que actúa de manera honorífica, sin sueldo estatal ni inmunidad diplomática de plena jerarquía. Lo que importa no es la robustez institucional de la sede, sino el mensaje político que envía al mundo al crearse bajo esa jurisdicción.
— El canciller israelí Gideon Sa’ar
El pasado 18 de febrero de 2026, durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU presidida por el Reino Unido, Gideon Sa’ar respondió a las críticas británicas sobre la política israelí en Cisjordania con un golpe retórico que sorprendió a todos. En lugar de una respuesta técnica, Sa’ar comparó la situación de Israel en sus territorios históricos con el reclamo británico sobre las Malvinas.
“Es nuestro país. No están a 13.000 kilómetros de nuestro país, como las Falkland Islands, que los argentinos llaman Islas Malvinas. Es una disputa que no resolvieron con Argentina hasta el día de hoy”, afirmó Sa’ar.
— Reunión bilateral celebrada en el Palacio San Martín, durante la visita oficial del entonces Canciller de Israel a Argentina en noviembre de 2025
La frase fue calculada, ya que en el foro más importante del mundo, con el representante británico presidiendo la sesión, Israel le recordó a Londres que tiene sus propios problemas irresueltos de soberanía a miles de kilómetros de distancia. El argumento central era que quien mantiene disputas territoriales a 13.000 km de su hogar no tiene autoridad moral para dar lecciones sobre territorios propios a otros. La mención fue viral y el presidente Javier Milei agradeció personalmente a Sa’ar por ello, en una reunión bilateral en Washington.
La elección de Ushuaia tampoco es un punto de vista llamativamente estratégico. Ushuaia se presenta como una ciudad con rasgos geográficos y geopolíticos singulares. Es uno de los principales puntos logísticos de acceso a la Antártida, a poco más de 1.000 kilómetros del continente blanco, y cumple además un rol central como plataforma turística y científica hacia esa región.
La elección del presidente Javier Milei fue un doble milagro: para Argentina y para el pueblo judío.Su victoria en las elecciones parlamentarias del mes pasado fue un paso importante para consolidar su gobierno y encaminar a Argentina por la senda correcta.Su amor por el… pic.twitter.com/CumKBK5Koq
Su ubicación estratégica también la vincula con el área de influencia del Estrecho de Magallanes y del Canal de Beagle, dos pasos naturales bioceánicos que funcionan como alternativas al Canal de Panamá y que tienen relevancia para el comercio marítimo internacional. En ese mismo tablero, la Antártida cobra peso por sus recursos potenciales, entre ellos agua dulce, hidrocarburos y minerales estratégicos, en un escenario marcado por las restricciones del Tratado Antártico y por la discusión que se abriría hacia 2041, cuando comience a definirse parte de su futuro.
En ese escenario, el interés de Estados Unidos por una eventual base naval en Ushuaia, impulsado en 2025, se inscribe en una lógica más amplia de alineamiento de la Argentina con Washington.
Israel habla de soberanía… y también perfora
Mientras el gobierno israelí apoya diplomáticamente la posición argentina, la empresa israelí Navitas Petroleum avanza activamente en la extracción de petróleo en las aguas de Malvinas bajo licencias otorgadas por la administración británica de las islas.
Navitas Petroleum, compañía que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv y cuenta con financiamiento parcial de fondos de pensión israelíes, firmó un memorando de entendimiento para adquirir el 65% de la licencia PL001, en la Cuenca Norte de Malvinas, un área con un potencial estimado de 3.100 millones de barriles. La firma también controla el 65% del proyecto Sea Lion, considerado el mayor desarrollo petrolero del Atlántico Sur fuera de Brasil, con una inversión superior a los 2.000 millones de dólares y una producción prevista para 2028. En ese emprendimiento, Navitas tiene como socia a Rockhopper Exploration, una empresa británica sancionada por Argentina desde 2013.A su vez, el Estado argentino sancionó a Navitas en 2022, al declararla “clandestina” e inhabilitarla para operar durante 20 años.
Ante la protesta argentina, el canciller Sa’ar salió a decir que Navitas “es una empresa privada y no una compañía estatal” y que el Estado israelí no tiene vinculación con sus operaciones. Sin embargo, como señala el Observatorio Malvinas, la empresa cotiza bajo la regulación de la Autoridad de Valores de Israel —un organismo estatal— y sus principales inversores son fondos institucionales israelíes, incluyendo fondos previsionales del Estado.
El escándalo fue tan grande que, en diciembre de 2025, el gobierno argentino puso “en pausa” el traslado de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén —una de las promesas más simbólicas de Milei— como señal de disgusto. La situación quedó reencauzada meses después, cuando Milei viajó a Israel en abril de 2026 y firmó los Acuerdos de Isaac con su homólogo Benjamín Netanyahu.
Todo lo anterior ocurre dentro de una alianza bilateral sin precedentes históricos. Desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en brindar un apoyo activo total a Israel durante la guerra en Gaza. En ese marco, Milei realizó tres visitas a ese país en menos de tres años y fue distinguido en abril de 2026 con la medalla presidencial del honor israelí.
A su vez, ambos Estados avanzaron en la firma de los Acuerdos de Isaac, un esquema de cooperación estratégica en materia de defensa, democracia y lucha contra el terrorismo. A ello se sumó el anuncio de una ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv operada por El Al a partir de noviembre de 2026, junto con la apertura de una agregaduría económica israelí en Buenos Aires para promover inversiones en sectores como energía, salud digital y ciberseguridad. En ese contexto, el canciller Sa’ar sostuvo que 2025 había sido “el mejor año” en la relación bilateral entre Israel y Argentina y anticipó que 2026 podría superarlo.
En este marco, el respaldo a Malvinas y el consulado en Ushuaia se inscriben en una lógica de reciprocidad diplomática. Argentina apoya a Israel en los foros internacionales donde está aislado (por Gaza), e Israel apoya a Argentina en la causa Malvinas donde está aislada (por la negativa británica a negociar).
Israel no respaldaría a Argentina por convicción sobre el derecho argentino a las Malvinas —de hecho, su empresa privada más relevante en la región está extrayendo recursos bajo licencia británica—, sino porque ese respaldo le sirve como palanca de presión simbólica contra el Reino Unido en el contexto de la ruptura por el reconocimiento de Palestina. Al mismo tiempo, le permite profundizar su relación estratégica con el gobierno de Milei, que es uno de los poquísimos aliados que Israel tiene en América Latina y en los foros multilaterales.
La fractura Israel-Reino Unido por Palestina
Para entender por qué Israel usó Malvinas como munición diplomática, hay que retroceder a septiembre de 2025, cuando el Reino Unido —junto a Canadá, Australia y Portugal— reconoció formalmente al Estado de Palestina. Israel reaccionó con dureza, y su cancillería calificó la decisión como “una recompensa para Hamás” y la describió como “el fruto de la masacre del 7 de octubre”.
Históricamente, el Reino Unido fue uno de los aliados más confiables de Israel en foros multilaterales. El reconocimiento palestino rompió esa relación y dejó a Israel buscando nuevas cartas en el tablero diplomático. La hipótesis que señala el Observatorio Malvinas Argentinas de la Legislatura de Río Negro es que Israel estaría utilizando su respaldo a la postura argentina como señal de represalia simbólica hacia Londres.
No se trata de un reconocimiento formal de soberanía argentina —que tendría consecuencias diplomáticas muy costosas con Londres y Washington—, sino de una presión táctica que “juega a la incomodidad” de Gran Bretaña sin cruzar líneas rojas.
El consumo interno de carne vacuna cerró la primera mitad de 2026 con su registro más flojo en tres décadas. El dato se desprende del informe económico mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), la entidad que agrupa a los frigoríficos y comercializadores del sector. El abastecimiento del mercado doméstico cayó 11,5% interanual entre enero y junio. En números concretos, el consumo aparente se ubicó en 1.019.430 toneladas res con hueso: casi 132 mil toneladas menos que en el mismo período de 2025.
El promedio de los últimos doce meses del consumo por habitante quedó en 47 kilos al año, 8,2% por debajo del nivel de un año atrás. En la práctica, cada argentino comió 4,2 kilos menos de carne vacuna que en junio de 2025.
Para la cámara la explicación central estuvo en el bolsillo. La caída del 11,5% es “producto del menor poder de compra de los hogares, explicado por el aumento que registró el precio relativo de la carne vacuna en el último año”, señaló Ciccra.
Los datos que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que Ciccra recopila mostraron por qué. En doce meses, el rubro carnes y derivados aumentó 45%,muy por encima del 33,4% que acumuló el índice general de precios al consumidor en el mismo lapso. Dentro de ese rubro, los cortes vacunos treparon 53,6% anual, mientras que el pollo entero —su principal competidor en la góndola— subió apenas 29,9%. Esa brecha empujó a muchas familias a comprar menos kilos o a inclinarse por el pollo.
El golpe se sintió con fuerza en los cortes más populares. En la comparación interanual a junio, la carne picada común encabezó las subas con 56,2%, seguida por el asado, con 54,3%. Detrás quedaron la paleta (53,6%), el cuadril (53,2%) y la nalga (50,9%). La caja de hamburguesas congeladas aumentó 58,7%.
A la presión de los precios se sumó la dinámica de la oferta. En el primer semestre se faenaron 6,02 millones de cabezas de ganado vacuno, casi 9% menos que un año atrás, en un contexto de menor disponibilidad de hacienda que la industria arrastra desde hace tiempo. Esa menor faena derivó en una producción de 1,428 millones de toneladas res con hueso, con una baja de 6,2% interanual.
Ese cuello de botella tuvo un origen preciso. El informe de mayo de la propia cámara lo atribuyó a una fase de tres años de intensa liquidación de existencias, en la que los productores enviaron a faena más hembras de lo habitual, como respuesta a una sucesión de eventos climáticos adversos que golpearon al campo desde 2022 y se extendieron hasta mediados del año pasado.
La producción, sin embargo, no cayó al ritmo del consumo, porque las exportaciones tomaron el camino inverso. En los primeros seis meses del año, los envíos al exterior sumaron 408,6 mil toneladas res con hueso, 10,2% más que en 2025. Así, una porción mayor de la carne producida en el país viajó a los mercados externos y quedó menos disponible para las carnicerías locales: la proporción destinada a exportación pasó de 24,4% a 28,6% entre un semestre y otro, mientras que la volcada al mercado interno bajó de 75,6% a 71,4%.
EL PISO DE TRES DÉCADAS
Al mirar la serie histórica, que arranca a mediados de los años noventa, el primer semestre de 2026 apareció como el más bajo en materia de consumo interno. Ni los años más duros de las últimas tres décadas, marcados por crisis económicas o por procesos de liquidación de hacienda, habían mostrado un abastecimiento doméstico tan magro. La cámara aclaró que, como actualiza y corrige la serie con el tiempo, los valores más antiguos pueden sufrir ajustes menores en informes futuros.
El deterioro se profundizó mes a mes. En el acumulado de enero a mayo, el consumo aparente ya mostraba una caída de 11,1% interanual, con un per cápita de 47,5 kilos; al sumar junio, el retroceso se estiró hasta 11,5% y el promedio por habitante bajó a 47 kilos.
El resultado llegó, además, en un momento bisagra para el sector. Ciccra viene marcando que la ganadería argentina podría estar cerrando esa fase de liquidación de tres años y entrando en una etapa de recomposición del rodeo. En los últimos meses, la participación de las hembras en la faena total se ubicó en 45,3% en junio, apenas por encima del rango que la industria considera necesario para sostener el stock, y un nivel que no se veía desde junio de 2021. Por ahora, esa transición todavía no se reflejó en el consumo, que siguió en baja.
Detrás de los 800 mil dólares frenados en Aeroparque hubo más de diez viajes previos con maletas que sí llegaron a destino, un noveno pasajero ligado a la inteligencia chavista que los grandes medios pasaron por alto y una ruta del dinero que terminaba en cuentas suizas.
La carencia alimentaria fue el rubro que más empeoró y ya son uno de cada cuatro los hogares porteños que redujeron porciones, cambiaron lo que comen o saltean comidas. En los hogares con chicos la privación estructural trepa al 20,6%.
El guía de montaña Julián Pajarola denunció que le cerraron el paso al cerro Ezpeleta, en una parcela de 1.672 hectáreas a nombre de Gernot Langes-Swarovski.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
