CADA VEZ PEOR | Para comprar un auto se necesitan 6 sueldos más que en diciembre
La inflación sigue dando pasos agigantados y el sector automotor es un claro reflejo de ello. Los precios de los autos no paran de subir y cada vez son más inaccesibles.
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En el mes de diciembre, se necesitaban 30,2 sueldos, mientras que en abril hacen falta 36,2. La información surge de un relevamiento realizado por el SIOMAA, el sistema de estadísticas de la asociación que agrupa a las concesionarias (ACARA).
El cálculo se realizó sobre un modelo pequeño con un valor en abril de $2.687.809 y un sueldo promedio de $74.295. En el mes de enero se necesitaban 31.5 sueldos para adquirirlo, en febrero unos 32,8 y en marzo subió a 34,5.
Los autos vienen sufriendo aumentos del 5% por mes como piso y en el acumulado de los últimos 12 meses, la suba es de 71%, de acuerdo a la entidad que realizó el informe que además agrega, que, en los últimos dos años, la cantidad de salarios que se necesitan para comprar un vehículo nuevo casi se duplicó: a comienzos del 2020 se requerían 19,8 sueldos para llegar a un 0km chico, en la actualidad se necesitan 36,2%.
Un dato a tener en cuenta, es que para realizar el informe se tuvo en cuenta los precios de lista oficiales, pero en el mercado se manejan otros valores debido a la falta de unidades y Los sobreprecios son algo común. Es por ello, que los 0km vienen aumentando por arriba de la inflación.
El informe detalla además, que si la comparación se realiza con años anteriores, el resultado es más significativo: en 2019, se necesitaban 17,4 sueldos promedio para adquirir un modelo como el Volkswagen Gol, mientras que en 2018 hacían falta sólo 11,2 sueldos.
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El apellido Román quedó asociado en pocos meses a dos de las operaciones de infraestructura más relevantes impulsadas durante la presidencia de Javier Milei. En junio, Servimagnus, la empresa vinculada a Ricardo y Leonardo Román, quedó como socia argentina de Jan de Nul en la concesión de la Vía Navegable Troncal, la Hidrovía.
Ahora, otra rama de la familia, encabezada por Walter Román, integra uno de los únicos dos consorcios que siguen en carrera para adquirir el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
“La novedad de la jornada fue que se bajó José Luis Manzano, que es socio de Filiberti en Edenor y en el sector se descontaba que iría por la empresa de agua. En su lugar apareció la familia Román, que viene trabajando con los Neuss en las privatizaciones”, afirmaron fuentes a La Política Online sobre los hermanos Juan y Patricio (Paddy) Neuss, amigos de la infancia del actual asesor presidencial Santiago Caputo, a quien conocen desde su paso por el colegio Saint Catherine’s Moorland.
Aunque el proceso de AySA todavía no fue adjudicado. Lo trascendido es que el consorcio encabezado por Rowing, una compañía fundada por Walter Román, quedó entre los dos oferentes técnicos admitidos a la etapa de evaluación.
El Ministerio de Economía abrió el 15 de septiembre las ofertas técnicas y anunció dos postulantes. Por un lado, “ROWING S.A. – Consorcio Rowing, Arcos, Transclor, PHX”, y por el otro, “ROGGIO ROAS S.A. – Consorcio Roggio Roas S.A.U. y otros”. El Gobierno informó que la Comisión de Evaluación debe analizar ahora si las propuestas cumplen las condiciones del pliego antes de la etapa económica y de una eventual adjudicación.
El Gobierno declaró a AySA sujeta a privatización en la Ley Bases y luego organizó la transferencia mediante el Decreto 494/2025 y las resoluciones posteriores. La Resolución 704/2026 convocó una licitación nacional e internacional, de etapa múltiple y sin base, para vender a un operador estratégico la totalidad de las acciones estatales, equivalentes al 90% del capital, con el 10% restante perteneciente a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
AySA presta el servicio de agua y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano y, según estimaciones publicadas, su área involucra a cerca de 14 millones de habitantes. Walter Román todavía no controlaría AySA, pero está a una evaluación y a una competencia económica de distancia de poder hacerlo.
El negocio, además, no consiste simplemente en comprar acciones y cobrar tarifas. El pliego impone al futuro operador un programa de expansión e inversiones que el Gobierno valuó en $2.89 billones a precios de diciembre de 2025, sin IVA, durante el ciclo 2027-2031, cifra que Economía presenta como superior a US$2.000 millones. También fija objetivos de cobertura y controles anuales a cargo del Ente Regulador de Agua y Saneamiento, ERAS. Esos compromisos hacen que la capacidad técnica y financiera de los socios sea tan relevante como el precio que finalmente ofrezcan por las acciones.
Este esquema ayuda a entender una alianza que, vista de lejos, puede parecer heterogénea, con un empresario argentino de infraestructura y logística, un histórico proveedor químico de AySA, un operador brasileño de saneamiento y un vehículo financiero extranjero.
— El emblemático Palacio de Aguas Corrientes, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Rowing realiza ingeniería y obras vinculadas con redes y saneamiento, pero no acredita por sí sola experiencia equivalente a operar una gran compañía de agua. Arcos, vinculada al Grupo Equipav y a la plataforma brasileña Aegea, cumple el componente de experiencia operativa internacional requerido por el pliego.
En el otro bloque, Roggio no se presenta solo. Aguas de Corrientes aporta experiencia local, mientras que Mekorot y Marubeni brindan respaldo técnico internacional. Sin embargo, el eventual vínculo contractual con el Estado quedaría encabezado por el consorcio liderado por Roggio.
De Rowing a un grupo diversificado
Walter Román mantiene un perfil público considerablemente menor que el tamaño de sus negocios. En su presentación profesional se identifica como fundador de Equo Capital, mientras que el propio grupo se define como una organización creada para administrar, consolidar y desarrollar un patrimonio empresarial familiar. Su portafolio abarca infraestructura, logística, distribución, servicios ambientales, salud e inversiones.
La compañía decisiva para la privatización de AySA es Rowing. De acuerdo con la información corporativa de Equo, Rowing trabaja en construcción y mantenimiento de redes de infraestructura de “última milla”, ya sea electricidad, gas, agua, cloacas y desagües, telecomunicaciones, alumbrado y sistemas de tránsito. El grupo le atribuye miles de trabajadores, centenares de profesionales, técnicos y una cartera importante de proyectos.
Equo también presenta entre sus compañías a Lógico, ConnecTec, Control Ecológico, Direct Group, Santa Catalina y Urbano Express, entre otras unidades. Esa diversidad explica por qué describir a Román solamente como “constructor” resulta incompleto, siendo que su ecosistema empresario combina obras y servicios urbanos con logística, marketing, distribución y otras inversiones. Siendo mayormente conocido por Urbano Express, la compañía de logística que en mayo de 2025 ganó una polémica licitación del PAMI para distribuir pañales en todo el país. Según la acusación, la firma tuvo facilidades para conseguir el contrato y ofreció productos de mala calidad.
La historia familiar es algo antigua, pudiendo ubicar el origen del grupo Román en el negocio de transporte y logística iniciado por Alfredo Simón Román en 1946. Décadas después, los negocios quedaron divididos entre sus hijos y las ramas siguieron caminos empresariales distintos. Walter desarrolló su propio conglomerado, Alfredo continuó otra rama de Grupo Román, Ricardo quedó ligado a los negocios en los que hoy aparece Servimagnus y Oscar se orientó al sector inmobiliario.
Ese detalle es fundamental porque evita una simplificación frecuente. Los Román no operan necesariamente como un solo holding familiar. De hecho, al explicar la participación de Servimagnus en la Hidrovía, la empresa sostuvo que su rama no mantenía supuesta relación societaria ni comercial con las otras ramas Román y que llevaba aproximadamente dos décadas desarrollando actividad propia. Pero en AySA, Walter Román no llegó solo.
El integrante que vuelve especialmente sensible la propuesta de Rowing es Mauricio Filiberti, dueño de Transclor. Durante años lo han apodado como “el Rey del Cloro” o “Señor Cloro” por el peso de su compañía en el mercado de productos químicos utilizados, entre otros destinos, para el tratamiento de agua. Filiberti también tuvo participación en Edenor junto a José Luis Manzano y Daniel Vila, lo que amplió su presencia en servicios públicos regulados.
Transclor se presenta como una empresa con décadas de trayectoria en derivados de la industria cloro-soda y destaca entre sus aplicaciones el abastecimiento de productos destinados al tratamiento y potabilización del agua.
— Mauricio Filiberti, más conocido popularmente como el “Rey del cloro”
En AySA el vínculo no comienza con la privatización. Fuentes sitúan a Transclor como proveedor de la empresa desde 2009, particularmente mediante policloruro de aluminio, conocido como PAC, un coagulante empleado durante el tratamiento de agua. En otras palabras, si el consorcio de Rowing finalmente gana, un proveedor histórico de insumos de AySA pasaría a formar parte del grupo que controlaría a la propia compañía compradora de esos insumos.
El negocio detrás del “Rey del Cloro”
El defensor adjunto bonaerense Walter Martello solicitó información sobre la valuación de los activos y el pasivo ambiental involucrado en la operación. De acuerdo con la documentación disponible, la valuación permanece dentro de un data room de acceso restringido a los potenciales oferentes, mientras que tampoco existe un inventario público y completo de las obligaciones ambientales pendientes. Esta falta de información impide que la ciudadanía pueda analizar en igualdad de condiciones si el precio que eventualmente se acuerde resguarda de manera adecuada el patrimonio estatal.
La falta de transparencia adquiere mayor relevancia ante la posibilidad de que únicamente dos ofertas lleguen a la instancia competitiva. Una licitación sin precio base puede permitir que el propio proceso determine el valor de mercado cuando existe una competencia amplia entre interesados. Sin embargo, cuando el número de oferentes es reducido, disminuye la presión competitiva y aumenta el riesgo de que el Estado termine aceptando una propuesta inferior al valor real de los activos, aun cuando el procedimiento cumpla formalmente con los requisitos legales.
La futura política de compras, los contratos entre partes relacionadas y las reglas de gobierno corporativo en asuntos especialmente relevantes para el regulador y para el control público. Esa mezcla de factores es una inferencia razonable a partir de la doble condición de Transclor —proveedor preexistente y potencial accionista—.
Ahí aparece uno de los puntos en los que la investigación exige particular cautela. Recién en 2023 una licitación de aproximadamente US$115 millones relacionada con la planta de PAC, su operación y el abastecimiento del producto fue anulada después de cuestionamientos por supuesto direccionamiento y abuso de posición dominante, y que Transclor volvió a participar cuando el proceso fue relanzado en 2025. Es decir, que hubieron cuestionamientos o denuncias sobre procedimientos de contratación.
El consorcio no termina allí. El comunicado oficial identifica además a Arcos y PHX. Arcos Saneamento e Participações, vinculada al Grupo Equipav de Brasil, y a la segunda como PHX Aqua AR B.V., un vehículo de inversión radicado en los Países Bajos. De acuerdo con las reconstrucciones del consorcio, Arcos aporta la experiencia técnica internacional y PHX el componente financiero.
La experiencia brasileña es relevante porque el universo Equipav está ligado históricamente al desarrollo de Aegea, uno de los grandes actores privados del saneamiento brasileño, y Águas do Rio opera desde 2021 concesiones de agua y saneamiento en amplias zonas del estado de Río de Janeiro. No obstante, la coincidencia que dio volumen político a la historia de Walter Román ocurrió unos meses antes, cuando Servimagnus quedó asociada con Jan de Nul en la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal.
La Resolución 36/2026 adjudicó la operación al consorcio formado por Jan de Nul N.V. y Servimagnus S.A., con una participación informada de 60% para Jan de Nul y 40% para la empresa argentina, por un plazo de 25 años según la reseña de la norma publicada tras la adjudicación. La Hidrovía conecta la navegación del Paraná con el Río de la Plata y constituye la principal salida fluvial de buena parte del comercio exterior argentino.
Servimagnus se presenta como una empresa argentina con más de veinte años de actividad en infraestructura portuaria, dragado, balizamiento, salvamento y servicios para la industria naviera. En esa compañía aparecen Ricardo y Leonardo Román. Se identificó a Ricardo como presidente y a Leonardo como vicepresidente de Servimagnus, y reconstruyó a Leonardo como hijo de Ricardo y, por lo tanto, sobrino de Walter.
Esa secuencia es la que alimentó la idea de un “avance de los Román”, donde una rama obtiene el 40% del socio concesionario local de la Hidrovía y, apenas un tiempo después, Walter Román coloca a Rowing en la final por el 90% de AySA. Las dos operaciones ocurren bajo la misma administración nacional e involucran activos o servicios de importancia sistémica.
Los registros electorales indican que Direct Group aportó $20 millones al bloque de La Libertad Avanza bonaerense el 28 de julio de 2025 y Lógico aportó otros $20 millones a la fuerza en la Ciudad al día siguiente. La primera tenía a Daniel Walter Román como presidente y la segunda estaba vinculada a su entramado empresario. Ese dato es relevante porque quien aparece relacionado con financiamiento electoral estaría compitiendo luego por un activo estatal estratégico.
El suicidio se convirtió en la principal causa de muerte entre los adolescentes y jóvenes de la Argentina y desplazó a los accidentes de tránsito, que históricamente habían ocupado ese lugar en la franja de 15 a 34 años. La conclusión surgió de un informe del Observatorio de Política Criminal que analizó estadísticas oficiales desde 2017 hasta 2025 y detectó un crecimiento sostenido del fenómeno.
Según el último reporte del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que depende del Ministerio de Seguridad, 5.209 personas se quitaron la vida en 2025. La cifra representó un aumento del 22,6% respecto de 2024 y llevó la tasa a 11,8 víctimas cada 100.000 habitantes, un registro sin precedentes en la historia argentina. El año pasado se dio, además, el mayor salto interanual de la serie, al menos desde 2017: la tasa venía de 9,7 en 2024.
El director del Observatorio, el abogado Ariel Larroude, tradujo la magnitud del número durante la presentación del informe: “El año pasado, se quitaron la vida 5209 personas. Esto equivale a 14 casos por día o uno cada dos horas. Es muchísima gente que optó por quitarse la vida, lo que es un problema social y de salud pública mayúsculo. Entre los 20 y 34 años, una franja etaria económicamente productiva, es en la que se está viendo un fuerte impacto. ¿Qué está pasando en ese grupo que está optando por quitarse la vida?”.
[Ayuda] Cuando matarse aparece como una opción en la Argentina tiene 20 páginas y se presentó en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Larroude, además de dirigir la ONG, es director del posgrado en Política Criminal y Delitos Complejos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
— (IZQUIERDA) Ariel Larroude, director del Observatorio de Política Criminal junto a Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Nuestro país padece la crisis de salud mental “más grave de su historia. Es de tal magnitud que en 2025 se dio la mayor tasa de suicidios desde que se tiene registro”, sostuvo Larroude.
El informe tomó como punto de partida 2017, cuando se registraron 3.304 suicidios, con una tasa de 8,2 cada 100.000 habitantes. El cotejo con los 5.209 de 2025 arrojó un aumento del 57,6% en la cantidad de casos, o del 43,9% si se contempla el crecimiento poblacional de esos años.
Los jóvenes, el grupo que más crece
El reporte más reciente del SNIC no incluye el desagregado por edad, pero los datos de 2024 permiten dimensionar el peso de los más jóvenes. Ese año, sobre un total de 4.249 víctimas, 561 personas de entre 20 y 24 años se quitaron la vida; 567 de entre 25 y 29, y 486 de entre 30 y 34. A ellas se sumaron las víctimas adolescentes, de 15 a 19 años. La sumatoria arrojó que el 45,3% del total nacional de 2024 correspondió a adolescentes y personas en su juventud temprana.
Entre los adolescentes de 15 a 19 años la tendencia se mantuvo pareja a lo largo de los años —con un pico de 432 casos en 2018 y un promedio cercano a los 380 anuales— e incluso bajó un 20% en 2024. Los datos de 2025 separados por edad todavía no están disponibles.
Consultado sobre el rol de los jóvenes entre las víctimas, Larroude fue categórico: “La franja de 20 a 34 es la más complicada”.
La “transmutación” de la violencia
El informe planteó un contrapunto entre dos formas de violencia letal. Mientras la tasa de homicidios dolosos bajó de 5,2 cada 100.000 habitantes en 2017 a 3,6 en 2025, la de suicidios siguió el camino inverso hasta ubicarse en 11,8, más de tres veces por encima. El equipo del Observatorio describió el proceso como una “transmutación de la violencia letal” hacia la autoinfligida, aunque aclaró que no se trata de las mismas personas ni de que un fenómeno reemplace al otro.
“Lo que tratamos de mostrar es que, si bien se puede ‘celebrar’ que Argentina bajó mucho los homicidios, hay una trasmutación de la violencia, que pasó de ser interpersonal a personal”, explicó. Y amplió: “Si bien no se cruzan esas variables, en el sentido de que de ninguna manera son las mismas personas las que cometían homicidio y ahora deciden quitarse la vida, es una fotografía del arquetipo de cómo está configurada la violencia en América Latina y en el país. Esto te obliga a intervenir como Estado”.
Para dimensionar la comparación, el autor recordó que el pico de homicidios dolosos asociados a la narcocriminalidad en Rosario a lo largo de una década fue de 24 muertes cada 100.000 habitantes, apenas por encima de la tasa provincial de suicidios más alta del país. También señaló que la cifra actual supera a la de otros momentos críticos: durante la crisis socioeconómica de 2001 se registraron 8,4 suicidios cada 100.000 habitantes. La comparación regional ubicó a la Argentina en el segundo lugar entre las tasas más altas, detrás de Uruguay y por delante de Chile.
“Estar frente a la tasa nacional de suicidios registrada más alta de la historia argentina, que esta tasa esté cuadruplicando la tasa de homicidios dolosos, que haya jurisdicciones tan comprometidas y que, para este año, tengamos el presupuesto de salud mental más bajo de los últimos años nos da una pauta de que este fenómeno social no está siendo observado”, afirmó.
El mapa provincial, (muy) dispar
Detrás del promedio nacional se esconden realidades muy distintas. La tasa de 11,8 cada 100.000 habitantes quedó casi emparejada con la de la provincia de Buenos Aires (11,9), donde reside cerca del 40% de la población. Pero varias jurisdicciones treparon muy por encima.
Entre Ríos encabezó el ranking con 20,8 suicidios cada 100.000 habitantes y una variación del 81,1% entre 2017 y 2025. La siguieron San Luis (18,9, con un salto del 152,6% en el período), Salta (17,4, con 26,6%), Santa Cruz (16, con 24,4%) y Catamarca (14,2, con 55,3%). En el extremo opuesto, las tasas más bajas correspondieron a Río Negro (6,5), Neuquén (7,8), Corrientes (8), la Ciudad de Buenos Aires (8) y Misiones (8,7). De ese grupo, solo Neuquén redujo su número de casos.
Un caso aparte fue el de La Rioja, la provincia con mayor contraste del período: pasó de 13 víctimas en 2017 a 50 en 2025, un aumento del 284,6% en nueve años.
El autor insistió en leer las tasas junto con los números absolutos. “Las tasas permiten comparar poblaciones de distinto tamaño, pero deben leerse junto con los casos absolutos”, planteó. En esa clave, la provincia de Buenos Aires concentró 1.977 hechos en 2025, el 38% del total nacional, seguida por Santa Fe (461), Córdoba (371) y Entre Ríos (288). En conjunto, esas cuatro jurisdicciones reunieron cerca de 6 de cada 10 casos del país. El propio SNIC advirtió, de todos modos, que el fuerte aumento bonaerense —del 55,4% respecto de 2024— respondió en parte a mejoras en los sistemas de carga provinciales y al cruce con registros de defunciones, por lo que no recomendó comparaciones interanuales para esa jurisdicción.
Un subregistro enorme
Una particularidad argentina es que las cifras de suicidio no provienen del Ministerio de Salud, sino del de Seguridad. Los datos surgen del SNIC y de la base pública del Sistema de Alerta Temprana de Suicidios (SAT-SS), que administra la cartera de Seguridad y que cargan las policías provinciales y las fuerzas federales.
La brecha con el registro sanitario es enorme. El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, informó 748 suicidios entre las semanas epidemiológicas 1 y 52 de 2025. Los reportes provinciales que recoge el SNIC, en cambio, superaron los 5.200. En Salud reconocen que se trata de cifras “en construcción”: el suicidio se incorporó a la lista de eventos de notificación obligatoria recién en 2023, lo que todavía provoca demoras en los reportes provinciales. Para Larroude, la información del SNIC es “más robusta” por el cotejo policial y judicial al momento de la carga.
En la Argentina, aunque el suicidio no constituye un delito, se registra en las estadísticas criminales desde la década del 60.
El reclamo por la emergencia en salud mental
El informe remarcó que 2025 fue uno de los años con más bajo porcentaje de ejecución del presupuesto de salud mental: 31,2%, incluso por debajo del 36% de 2017.
“Estamos pidiendo que se declare la emergencia en salud mental para que estas jurisdicciones tengan intervención del estado nacional y se les asignen más recursos: más psicólogos, más expertos en salud mental”, planteó Larroude, que subrayó la necesidad de instalar el tema en la agenda pública.
Entre los factores que, a su criterio, inciden en el fenómeno, mencionó lo que definió como “el triángulo histórico estudiado por la psicología. La ansiedad, la depresión y el aislamiento. Pero lo que también se ve en los jóvenes es un fuerte problema de consumo elevado de estupefacientes”. En ese punto aportó datos de la Sedronar: “Argentina tiene una tasa elevada de consumo de marihuana y cocaína en su población económicamente activa: 28 y 5 personas cada 100.000, respectivamente, las consumieron alguna vez en el último año. Es un montón y se ha triplicado en los últimos años”.
A ello sumó “la ludopatía, otro factor importante”, y vinculó el cuadro con la coyuntura económica: la falta de empleo formal y, sobre todo, la crisis de endeudamiento, que golpea con dureza a los jóvenes y a los adultos mayores, los primeros y los últimos estratos de la sociedad.
Las ventas de los comercios minoristas pyme cerraron agosto con una caída del 0,2% frente al mismo mes de 2025. El número parece inofensivo pero descansa sobre una base ya deprimida: el índice quedó en 82,7 puntos, más de diecisiete por debajo de los 100 que marcó diciembre de 2022, mes que citada entidad toma como referencia.
La comparación contra julio es más dura. En la medición desestacionalizada, que descuenta el peso propio de cada mes del calendario, la actividad retrocedió 2,7%. Con ese arrastre, el acumulado del año trepó a -2,4% y agosto se convirtió en la segunda baja interanual consecutiva.
De los ocho meses y contando solo junio dio positivo, con un magro 0,9% que quedó sepultado en julio por un derrumbe del 3,8%.
Cuatro rubros en verde y un índice en rojo
Cuatro de los siete sectores relevados terminaron agosto por encima del año pasado, y aun así el promedio general cayó. La explicación está en qué rubros crecieron y por qué.
El salto lo dio Perfumería, con un alza interanual del 12,8%. Los comerciantes atribuyen el movimiento al Día del Niño, que ubican entre las tres o cuatro jornadas de mayor facturación del año para el sector, y a la irrupción formal de dos categorías que traccionaron con fuerza durante el mes: la perfumería árabe y las líneas de cuidado facial coreanas. Textil e indumentaria avanzó 6,4%, empujado por ropa infantil y deportiva, mientras la vestimenta formal siguió planchada. Calzado y marroquinería subió 1,2% con zapatillas urbanas, calzado escolar y carteras económicas; los zapatos de vestir y las líneas de cuero para adultos quedaron paralizados, limitados a la reposición por desgaste. Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción arañó un 0,3% a fuerza de reparaciones domésticas menores y tickets de bajo valor unitario, con la obra nueva y las remodelaciones integrales postergadas.
Del otro lado del tablero está el rubro que más pesa en la góndola cotidiana. Alimentos y bebidas cayó 2,5% interanual y 3,6% contra julio, condicionado por la absorción del ingreso familiar en tarifas de servicios y por un endeudamiento de los hogares que no cede. El reinicio del ciclo lectivo y el Día del Niño empujaron panificados y repostería durante unos días, pero el volumen físico total se mantuvo pegado a la reposición de primera necesidad. Factores climáticos recortaron la disponibilidad de verduras de hoja y papa, con alzas que retrajeron el consumo de frescos, y la brecha de precios frente a las grandes superficies se llevó las compras de mayor escala fuera del barrio. Los almacenes respondieron con ofertas combinadas y fraccionamiento de productos básicos para mover inventario.
El peor desempeño del mes fue para Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles, con una baja del 4,8% interanual que estira el acumulado anual a -9,7%. El gasto decorativo quedó postergado y la demanda se limitó a la reposición indispensable de vajilla y material de cocina, después de comparaciones de precios exhaustivas. Farmacia, en tanto, retrocedió 0,5% interanual y 4,5% contra julio, la caída mensual más pronunciada de la medición: la dispensa se concentró en tratamientos crónicos, la dermocosmética profundizó su contracción y los pacientes se volcaron de manera sistemática a genéricos, al fraccionamiento de tratamientos y a llevar únicamente lo que tiene cobertura total de obra social o PAMI.
El humor del mostrador: complicado
El balance cualitativo agrega la temperatura que los porcentajes esconden. El 46,5% de los dueños consultados dijo que su negocio está peor que hace un año, dos puntos por encima del 44,5% de julio. Otro 47,4% respondió que se mantuvo igual y apenas el 6,1% reportó una mejora en su desempeño operativo.
Hacia adelante, el 43,9% espera que su situación económica siga sin cambios y el 42,8% proyecta un escenario mejor dentro de doce meses, prácticamente lo mismo que en julio. El 13,3% restante anticipa un deterioro.
La pregunta que más define el momento es la de las decisiones de fondos: el 57,9% considera que no es momento de invertir en su firma, el 28,6% no fijó postura y solo el 13,5% respondió que sí.
La organización conocida como Federación Familia Grande Hogar de Cristo, presidida por José María “Pepe” Di Paola, sacerdote católico y referente histórico de los curas villeros, con un estrecho vínculo orgánico con el kirchnerismo, celebró la resolución judicial que suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
La entidad religiosa estuvo a favor de la idea de que el sistema “no cuenta con la infraestructura edilicia, educativa y profesional necesaria para sostener los estándares mínimos que exige la normativa vigente”. Anteriormente, había promovido un hábeas corpus presentado el 31 de agosto en defensa de personas vinculadas con sus espacios, en el marco del debate sobre el régimen de imputabilidad juvenil a partir de los 14 años.
La presentación fue realizada por Gabriela Salicio, representante de una de las organizaciones integrantes de la Federación, con el patrocinio de la abogada Patricia Liguori.
— José María “Pepe” Di Paola, más conocido como Padre Pepe
La jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, hizo lugar a una medida cautelar dentro de ese hábeas corpus y suspendió preventivamente durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires. A su vez, ordenó fijar una audiencia multipropósito para el 16 de septiembre a las 10, convocando a autoridades que responden al gobernador bonaerense Axel Kicillof del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia para que informen qué medidas adoptaron, cuáles planean y en qué plazos.
La magistrada con treinta años de experiencia en protección infantil, sostuvo que “no sé trata de discutir la ley en abstracto”, con los dispositivos bonaerenses no estando en condiciones de recibir una población mayor sin riesgo para los derechos fundamentales. Su razonamiento se sustentó, entre otras normas, en la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de La Habana y las Reglas de Beijing.
Pascual remarcó que le parece “pésimo” que haya menores de 18 años que están tras las rejas, y volvió a justificar la suspensión por la falta de infraestructura y recursos para aplicar la ley.
— Marta Elba Pascual
Los defensores del fallo sostienen que un juez no necesita esperar a que ocurra el hacinamiento para proteger derechos, porque el hábeas corpus bonaerense cubre amenazas inminentes y el encierro de adolescentes exige estándares reforzados. La jurisprudencia interamericana ha considerado que el hacinamiento, la insalubridad y la falta de servicios en instituciones juveniles pueden vulnerar la integridad personal y los derechos especiales de la niñez.
“En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, afirmó la senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich en una publicación en su cuenta oficial de X, sumando cuestionamientos al propio funcionamiento “garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”.
Los críticos responden que una jueza de primera instancia no debería suspender en toda una provincia una ley penal nacional aprobada por el Congreso, particularmente mediante una estimación general sobre detenciones futuras. Usina de Justicia denunció a Pascual por presunta usurpación funcional y abuso de autoridad, alegando que el riesgo sería hipotético y que la decisión invade competencias legislativas.
En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad.Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando,… https://t.co/xCwsQmmOww
El fallo tiene un componente institucional relevante, siendo que la Ley 27.801 es nacional, pero su implementación cotidiana necesita jueces, fiscales, defensores, supervisores, centros, personal y programas que en gran medida dependen de cada provincia. El decreto reglamentario reconoce expresamente que la aplicación efectiva exige coordinación con las jurisdicciones provinciales y creó una Mesa Federal para ese fin.
El fallo no derogó la ley, no la declaró inconstitucional y no resolvió definitivamente la discusión sobre la edad de punibilidad en Argentina, solo buscó evitar que ingresaran más adolescentes al sistema bonaerense de encierro antes de verificar que existieran instalaciones, profesionales y programas adecuados.
Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del INTA y del Conicet, sostuvo que los plaguicidas que su equipo encontró en la sangre de vecinos del sudeste bonaerense constituyen un problema de salud pública. Lo afirmó en una entrevista con El Presto en Perdón por la Vehemencia, el programa que Canal Ey! emite los miércoles de 16 a 18. “Como se silencia y como se saca al mensajero de la ecuación, parece que los datos no existieran. Y sí existen y son graves”, advirtió.
Los datos surgieron de SPRINT, un proyecto aprobado por la Comisión Europea que midió más de 200 plaguicidas en suelo, agua, sedimentos, cultivos, animales y personas de once países, con un mismo protocolo. Argentina fue el único participante no europeo. A los 73 voluntarios argentinos les extrajeron sangre, les tomaron muestras de orina y materia fecal, les hicieron un hisopado nasal y les dieron una pulsera que, durante una semana, retuvo todo aquello con lo que estuvieron en contacto.
Los químicos aparecieron en productores rurales, en habitantes de pueblos fumigados y también en periodistas, enfermeras, contadores o plomeros de Mar del Plata, Tandil, Necochea, Lobería, Balcarce y Tres Arroyos. Según Aparicio, el plaguicida “termina en tu mesa, termina en el polvo de tu casa, termina en tu pulsera, termina en tu sangre”.
La ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias Virginia Aparicio, investigadora del INTA y CONICET, explica los resultados del proyecto SPRINT, financiado por la Unión Europea, que estudió la exposición a más de 200 plaguicidas.
En la región pampeana predominó el glifosato, un herbicida que el país usa de manera intensiva desde la aprobación de la soja transgénica, hace 30 años. La variedad de productos resultó menor que en Europa, pero las concentraciones “son muchas veces más elevadas que las europeas”. La Argentina usa alrededor de cinco kilos de ingrediente activo por hectárea por año, contra uno en Europa, donde además existe una política pública para reducir esa cifra a la mitad hacia 2030. “Nosotros todavía no tenemos una política pública usando cinco veces más”, lamentó.
En el agua, el hallazgo más frecuente fue la atrazina, un herbicida del maíz que funciona como disruptor endócrino, provoca desbalances hormonales y está prohibido en Europa y en Uruguay. Apareció en casi todas las muestras de agua subterránea, principal fuente de consumo en la región pampeana, junto con glifosato, metsulfurón y metolaclor. Aparicio también estudia cómo los residuos de una campaña anterior pasan del suelo a la planta por las raíces, de modo que una lechuga puede contener un producto que no le aplicaron en esa campaña. Lavar los alimentos quita lo que queda en la superficie, pero lo que está adentro “no se puede sacar”.
La científica rechazó que su trabajo implique estar en contra del campo, donde el agroquímico funciona como una herramienta. Sí cuestionó la idea de que resulta imposible producir sin plaguicidas, a la que calificó de “argumento de venta”, y comparó al Estado con un árbitro que debe advertir si unos almohadones bonitos rompen la espalda. A su entender, la ecuación económica del agro omite el costo de descontaminar suelos y agua y de atender a las personas enfermas.
El proyecto nació en 2018 desde la oficina de enlace que el propio INTA tenía en Montpellier, Francia. Cuando llegaron los resultados, en 2023, Aparicio preparó los informes individuales y organizó una reunión para explicárselos a los voluntarios. “El INTA no me la deja hacer”, contó. Después vinieron la suspensión de actividades, la salida del proyecto en diciembre de 2023 y un sumario con ocho imputaciones, entre ellas un supuesto perjuicio económico al Estado, aunque el financiamiento llegó de Europa. Según relató, el organismo rechazó a todos sus testigos y en agosto de 2026 el Consejo Directivo ratificó su exoneración y la suspensión de dos colegas. “Exonerarte significa sacarte la identidad laboral”, definió.
Sobre lo personal, habló de impotencia. Mencionó el respaldo de su marido, su hija, su madre y su hermana, y el de científicos y legisladores que pidieron explicaciones. “Un sumario significa una duda”, planteó, y reclamó que el Estado aproveche mientras tanto la información para resolver lo que considera un problema de salud global. “Si no nos lo compran, los comemos nosotros”, graficó sobre los alimentos con residuos que el mercado externo rechaza.
“Me siento profundamente servidora pública. No me arrepiento de haber trabajado en este proyecto, todo lo contrario”, aseguró.
La crisis económica actual afecta seriamente el acceso a medicamentos. Diversos informes alertan que los pacientes postergan tratamientos (especialmente no urgentes), buscan opciones más baratas, e incluso abandonan terapias crónicas.
Una parte de los pacientes ya no puede comprarlo en la cantidad, la marca o en el momento indicados. Según Vania Ilchuk, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Misiones en diálogo con LT17 Radio Provincia de Misiones, señaló que bajaron las ventas, se compra solo lo urgente, quienes tienen obra social buscan marcas con menor coste y algunas personas endeudadas están abandonando incluso tratamientos crónicos.
“Estamos en una situación complicada que nos atraviesa a todos. En nuestro sector han caído mucho las ventas, los medios de pago también han cambiado, y hay muchos intentos desregulatorios a nivel nacional que hacen mella con mucha circulación por fuera de las farmacias”, afirmó Ilchuk.
A nivel nacional el escenario es similar, con la pobreza alcanzando a más del 30% de la población, el desempleo rondando el 8%, y la inflación –aunque volvió a niveles moderados en 2024– sigue disminuyendo ingresos. Esto se refleja en una fuerte caída del consumo de medicamentos, ya que en 2025 se vendieron millones de unidades menos que en 2023.
En este contexto, los farmacéuticos misioneros han denunciado demoras en pagos de PAMI y aumentos continuos de costos operativos, amenazando con interrumpir la provisión de medicamentos a jubilados. Las consecuencias en salud pública incluyen riesgo de agravamiento de enfermedades crónicas, más consultas de urgencia y mayores costos futuros.
“Antes, la gente se armaba su botiquín o una bolsa de reserva de medicamentos, pero ahora solamente se compra lo que necesita en el momento. Se está dejando de lado todo lo que no sea de urgencia”, sostuvo Ilchuk, haciendo hincapié en que los medicamentos están compitiendo directamente con otros gastos indispensables, como alimentos, servicios, transporte y vivienda, por lo que algunas compras vinculadas a la salud comienzan a postergarse o reducirse.
— Vania Ilchuk, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones
Argentina vendría teniendo una seguidilla de años de inflación muy alta y ajuste económico. De acuerdo a fuentes oficiales, la pobreza nacional fue del 32.3% en el primer semestre de 2026 y el desempleo trepó a 7.9% en el segundo trimestre. Estos indicadores son peores en regiones del Noreste argentino como Misiones, una provincia de 1.3 millones de habitantes tradicionalmente con altos niveles de pobreza e informalidad laboral.
La combinación de alta inflación de años anteriores y ajustes a subsidios ha dejado a muchos hogares con menor poder adquisitivo. Por ejemplo, el gobierno de turno del presidente Javier Milei aplicó recortes salariales y quitó subsidios a servicios básicos, mientras que liberalizó el comercio de importaciones. Todo esto castiga especialmente a los jubilados, trabajadores informales y pacientes crónicos de bajos recursos.
En Misiones, se observa una situación similar. La provincia, gobernada por Hugo Mario Passalacqua desde 2023, tiene un PIB de unos U$S17.000 millones aproximados solo en 2018, y dependería en parte de programas sociales nacionales (como el PAMI). Los pronósticos de organismos independientes hablan de que la pobreza podría rondar el 35% a fin de 2026. Aunque no hay estadísticas públicas provinciales actualizadas de consumo farmacéutico, los datos nacionales sirven de referencia.
— La sede del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Misiones, ubicado en Posadas
En 2025 las farmacias de todo el país vendieron 5.4 millones de unidades de medicamento menos que en 2023. Esa caída (8.2% menos en el tercer trimestre de 2025 respecto a igual período de 2023) indica que la demanda se retrae ante la pérdida de ingresos.
Argentina tiene un sistema de salud fragmentado, con obras sociales sindicales, el PAMI (para jubilados), prepagas privadas, y un sistema público gratuito. Se estima que decenas de millones de argentinos cuentan con cobertura de alguna obra social o prepaga, pero esa cobertura está debilitándose.
El ministro de Salud de Buenos Aires, el Dr. Fernán González Bernaldo de Quirós reportó que unos 1.2 millones de personas perdieron su obra social o prepaga en 2024 y pasaron al sistema público. En Misiones, además de PAMI (que cubre jubilados nacionales) existe el IPS/Salud Pública Provincial para empleados públicos y las prepagas locales muy restringidas. En general, las obras sociales cubren un porcentaje (a veces el 100%) de ciertos medicamentos, pero pueden aplicar coseguro (co-pago) sobre otros. En PAMI, por ejemplo, muchos medicamentos crónicos tienen cobertura total (sin coseguro) o coseguros reducidos, pero eso varía según cada tratamiento.
Impacto en Farmacias
“Hay muchos clientes que están con muchas deudas y van dejando sus tratamientos que, en algunos casos, son de patología crónica, porque no pueden comprar los medicamentos que necesitan”, subrayó Ilchuk, añadiendo que “mucha gente está con las tarjetas colapsadas por sus gastos generales”.
Las farmacias misionesas vienen alertando sobre un deterioro grave de la cadena de suministro de medicamentos. Un comunicado oficial del Colegio de Farmacéuticos de Misiones ya había señalado su “hartazgo” ante los pagos incumplidos por PAMI. Desde 2025 los establecimientos afrontan aumentos constantes de costos operativos (insumos, alquileres, servicios, remuneraciones) y no reciben a tiempo la compensación de medicamentos entregados a jubilados. Como describen algunos gremiales, la inflación acumulada y los incrementos reiterados en los precios de los medicamentos “están asfixiando la cadena de financiamiento del sector”.
Cuando alimentos, vivienda, transporte, servicios y deudas absorben una proporción mayor del presupuesto, el hogar elimina primero cosméticos, productos de cuidado personal, medicamentos de reserva y otras compras postergables; después compra solamente la dosis inmediata, busca una presentación más barata o paga con crédito; en los casos más graves, espacia dosis o suspende el tratamiento.
El problema no comenzó con esta declaración. En agosto de 2025, el Colegio ya informaba una retracción interanual superior al 20%, compras de dosis mínimas y búsqueda de genéricos. Durante 2026, otras referencias del sector situaron la caída local de ventas aproximadamente entre 20% y 25%, aunque esos porcentajes son estimaciones sectoriales y no una estadística oficial exhaustiva de todas las farmacias misioneras.
El coseguro es la parte del precio que queda a cargo del paciente después de aplicar la cobertura de la obra social o prepaga. Es decir, una cobertura nominal del 40% no garantiza que el usuario pague exactamente el 60% de cualquier marca, ya que suele intervenir un precio de referencia, el vademécum y las condiciones particulares del plan, por eso una marca con descuento puede terminar costando más que otra alternativa equivalente.
Buscar una opción más económica no es, por sí mismo, una mala decisión sanitaria. La normativa argentina establece la prescripción por nombre genérico y permite que, a pedido del consumidor, el farmacéutico sustituya la marca sugerida por otra de menor precio que mantenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y cantidad similar de unidades.
La diferencia clave es entre sustitución segura y ajuste improvisado. Cambiar de marca con asesoramiento farmacéutico puede mantener el tratamiento y reducir el gasto. Ahora reducir la dosis, alternar días, partir comprimidos sin indicación, mezclar productos o suspender el medicamento modifica el tratamiento y puede hacerlo ineficaz o peligroso.
El dato económico regional ayuda a entender por qué una reducción moderada de ingresos puede afectar rápidamente la compra de remedios. En el primer semestre de 2026, el INDEC estimó que el 41.5% de las personas de los aglomerados urbanos del Nordeste estaban bajo la línea de pobreza, frente al 32.3% del total de los 31 aglomerados relevados.
Eso no prueba por sí solo que una persona pobre abandone medicamentos, ni permite medir cuántos misioneros lo hicieron. Sí muestra que en el NEA hay una proporción elevada de hogares con ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica total, lo cual vuelve verosímil que alimentos, servicios y medicamentos compitan dentro de presupuestos muy restringidos.
Las farmacias enfrentan un problema distinto pero conectado, siendo que entregan medicamentos con cobertura, pagan a las droguerías para reponerlos y cobran de obras sociales o convenios semanas más tarde. Ilchuk explicó que plazos que estaban entre 45 y 60 días volvieron a ubicarse entre 60 y 90 días, con una brecha financiera que solo aumenta los costos fijos y dificulta sostener stock.
¿Por qué preocupa lo crónico?
Una enfermedad crónica —como hipertensión, diabetes, epilepsia, asma o ciertos trastornos de salud mental— necesita continuidad durante meses o años. Como el beneficio del medicamento suele consistir en mantener estable al paciente y prevenir una complicación futura, la falta de dinero puede inducir una falsa sensación de que “se puede esperar” cuando todavía no existen síntomas intensos.
— Informe del INDEC sobre los indicadores seleccionados de la industria farmacéutica en Argentina para el segundo trimestre de 2026
La Organización Mundial de la Salud advierte que la baja adherencia impide obtener el beneficio completo de los medicamentos, empeora la calidad de vida y puede llevar a intervenciones más costosas, como consultas de urgencia e internaciones. Por eso, el ahorro inmediato de no comprar una caja puede convertirse después en un costo sanitario, familiar y público mucho mayor.
El efecto tampoco es igual para todos. Están más expuestos los adultos mayores, las personas con varias enfermedades simultáneas, quienes toman numerosos medicamentos, los hogares sin cobertura de obra social y quienes viven lejos de centros urbanos, porque acumulan gasto farmacéutico, consultas y transporte.
A esto se suma el debilitamiento de vías públicas de acceso. El programa Remediar tiene como función distribuir medicamentos esenciales directamente a centros de salud, pero un análisis del IECS señaló una fuerte reducción nacional de tratamientos dispensados entre 2022 y 2025 y ubicó a Misiones entre las jurisdicciones particularmente afectadas.
Así aparecen dos crisis simultáneas. Del lado de la demanda, el paciente compra menos porque no puede pagar. Mientras que del lado de la oferta, la farmacia vende menos y cobra tarde, pero debe reponer mercadería y sostener salarios, alquileres e impuestos. Si esa cadena se deteriora, una dificultad económica individual puede transformarse en menor disponibilidad o menor capacidad de atención del sistema local.
La búsqueda desesperada de precios bajos también puede empujar medicamentos hacia redes sociales, kioscos, supermercados o intercambios entre particulares. El Colegio misionero advirtió que esos circuitos impiden garantizar origen, conservación, vencimiento y trazabilidad, y recordó que la regulación provincial mantiene la venta de medicamentos dentro de farmacias habilitadas.
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