CADA VEZ PEOR | Para comprar un auto se necesitan 6 sueldos más que en diciembre
La inflación sigue dando pasos agigantados y el sector automotor es un claro reflejo de ello. Los precios de los autos no paran de subir y cada vez son más inaccesibles.
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En el mes de diciembre, se necesitaban 30,2 sueldos, mientras que en abril hacen falta 36,2. La información surge de un relevamiento realizado por el SIOMAA, el sistema de estadísticas de la asociación que agrupa a las concesionarias (ACARA).
El cálculo se realizó sobre un modelo pequeño con un valor en abril de $2.687.809 y un sueldo promedio de $74.295. En el mes de enero se necesitaban 31.5 sueldos para adquirirlo, en febrero unos 32,8 y en marzo subió a 34,5.
Los autos vienen sufriendo aumentos del 5% por mes como piso y en el acumulado de los últimos 12 meses, la suba es de 71%, de acuerdo a la entidad que realizó el informe que además agrega, que, en los últimos dos años, la cantidad de salarios que se necesitan para comprar un vehículo nuevo casi se duplicó: a comienzos del 2020 se requerían 19,8 sueldos para llegar a un 0km chico, en la actualidad se necesitan 36,2%.
Un dato a tener en cuenta, es que para realizar el informe se tuvo en cuenta los precios de lista oficiales, pero en el mercado se manejan otros valores debido a la falta de unidades y Los sobreprecios son algo común. Es por ello, que los 0km vienen aumentando por arriba de la inflación.
El informe detalla además, que si la comparación se realiza con años anteriores, el resultado es más significativo: en 2019, se necesitaban 17,4 sueldos promedio para adquirir un modelo como el Volkswagen Gol, mientras que en 2018 hacían falta sólo 11,2 sueldos.
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La subordinación ideológica y los homenajes automáticos hacia el Estado de Israel se convirtieron en el eje central de la política exterior de Javier Milei. Desde el inicio de su mandato a fines de 2023, el Presidente consolidó una alianza ciega caracterizada por repetidos viajes a Jerusalén, visitas al Muro de los Lamentos y promesas de traslado diplomático, priorizando la agenda geopolítica extranjera por encima de los intereses soberanos de la Argentina. Esta bajada de línea importada desde la Casa Rosada encontró rápidamente eco en gobernadores y administraciones provinciales ansiosos por congraciarse con el poder central.
La pantomima de esta cercanía artificial tuvo uno de sus puntos más grotescos el 6 de octubre de 2025. En plena presentación de su libro en el Movistar Arena, y con la excusa de conmemorar el aniversario de los ataques en Medio Oriente, Milei entonó públicamente el tradicional canto festivo “Hava Nagila” —cuya letra celebra la alegría, la felicidad y convoca a bailar— frente a miles de personas. Lejos de guardar un respetuoso luto, el mandatario convirtió la tragedia en un show, coreando torpemente frases festivas para conmemorar un atentado, exponiendo la farsa de un fervor religioso y cultural construido exclusivamente para la tribuna.
Javier Milei y Lilia Lemoine cantando una celebración por el atentado del 7 de octubre de 2023.
Importación de homenajes
La lógica de la sumisión geopolítica bajada desde la Casa Rosada encontró un correlato directo en el interior del país. La Policía de Córdoba y la Legislatura provincial decidieron bautizar oficialmente una de las dependencias estratégicas del sistema de emergencias con el nombre de Roni Eshel, una joven militar extranjera de 19 años que integraba las Fuerzas de Defensa de Israel y resultó asesinada el 7 de octubre de 2023. El acto, llevado a cabo con la participación del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y la cúpula policial, incluyó la visita especial de la familia de la soldado, que viajaron desde Israel.
La familia Eshel recibiendo un homenaje.
La homenajeada no tenía ninguna relación con la Argentina ni con la provincia de Córdoba. Se desempeñaba en tareas de observación en la frontera de su país de origen, un conflicto geopolítico ajeno a las problemáticas locales. A través de este nombramiento, el poder político cordobés adoptó un símbolo internacional en una dependencia de seguridad pública local, replicando gestos de pleitesía hacia la agenda exterior impulsada por el Ejecutivo nacional.
Los padres de Roni Eshel en el centro de monitoreo que lleva el nombre de su hija.
La decisión responde al denominado “Proyecto Oz”, una iniciativa de alcance global impulsada por instituciones de la comunidad judía que busca replicar el nombre de la soldado en dieciocho centrales de monitoreo de distintos países. Así, una bajada de línea internacional importada por la DAIA se incrustó directamente en la estructura de seguridad cordobesa, con un aval legislativo exprés que condecoró a los familiares con un beneplácito oficial.
La familia Eshel junto a la placa que homenajea a su hija a casi 13.000 km de donde perdió la vida.
El contraste y el abandono propio
El homenaje oficial a una militar extranjera choca de manera violenta con la realidad diaria que atraviesan los efectivos de las fuerzas de seguridad en la Argentina. Mientras el poder político cordobés desfila junto a funcionarios y familiares llegados desde Medio Oriente, los policías provinciales y federales arriesgan y pierden la vida en las calles del país enfrentando al delito cotidiano, sepultados bajo el desinterés institucional y sueldos de miseria.
Esta subordinación selectiva y desconectada de las urgencias reales también ignora conflictos bélicos de magnitud global que llevan años cobrándose vidas a escala masiva, como la guerra en Ucrania. Al final, el despliegue de pleitesía en Córdoba demuestra que la obediencia a la agenda exterior importa más que honrar a los caídos propios.
Con la promesa de “señales de mejora en el clima social” estampada en la tapa, Zentrix difundió su Monitor de Opinión Pública de agosto. La consultora sostiene que se mantiene firme la base que respalda el modelo económico de cara a 2027, aunque los datos que eligió hacer públicos dibujan un país que llega a fin de mes a fuerza de préstamos. El 60,2% de los encuestados tomó alguna deuda o crédito en los últimos seis meses.
Lo que se compra con esa plata dice más que el porcentaje. El 55,6% de quienes se endeudaron lo hizo para cubrir alimentos y salud, otro 20,4% para pagar tarifas y servicios, y apenas el 10,7% para adquirir bienes durables, la clase de deuda que suele leerse como apuesta al futuro y que acá empata con las situaciones imprevistas (10,3%). Entre los menores de 40 la proporción de endeudados trepa al 67,1%, baja al 63,5% en la franja de 40 a 59 y se ubica en el 54% entre los mayores de 60.
Al día 5 ya se quedó sin ingresos el 12,2%. Al 10, uno de cada cuatro. Al 20, el 65%. Solo el 22,9% llega a fin de mes con lo justo y un 10,7% logra además guardar algo.
Si en la clase alta el 39,4% termina el mes ahorrando y otro 53,3% llega sin sobresaltos, en la clase baja nadie ahorra y el 87,6% agota su dinero antes del día 20, con más de un tercio (35,5%) en rojo antes del 10. En la clase media, el 51,4% se queda sin plata antes del 20 y solo un 16,3% consigue reservar algo.
Mientras la desaceleración de los precios se presenta como el gran activo del Gobierno, el 81,2% de los consultados siente que su salario pierde contra la inflación y apenas el 14,3% cree que le gana. Tampoco el termómetro oficial convence: para el 65,8%, el índice del INDEC no refleja lo que paga en el supermercado, contra un 31,6% que le da crédito.
Tal vez por eso la inflación, que durante años encabezó cualquier sondeo, cayó al último lugar del ranking de preocupaciones con el 12,7%. El miedo se mudó al recibo de sueldo. Ingresos y salario lideran con el 50,1%, pegados a la incertidumbre económica (49,8%), y detrás se ordenan el desempleo (40,9%), la corrupción (39,6%) y las tarifas de servicios públicos (35,2%).
Puertas adentro, el 29,8% califica su situación económica como buena o muy buena, un 32,4% la considera regular y el 37,6% la ve mala o muy mala. Cuando la pregunta se corre al país, el juicio se endurece y el 59,4% responde mal o muy mal, con un 43,3% que elige directamente la peor opción.
Incertidumbre, angustia, miedo, tristeza. Esas fueron las palabras que más se repitieron cuando la encuesta pidió resumir en una sola lo que despiertan los próximos doce meses. “Esperanza” aparece como el término positivo con más peso, aunque rodeada de “bronca”, “preocupación” y “desesperanza”.
Documentos del Foreign Agents Registration Act (FARA) del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron que la campaña de influencia digital que el consultor político del presidente Donald Trump, Brad Parscaleorganizó para el Estado de Israel el pago de al menos 702.002.50 dólares a firmas vinculadas a su socio comercial en América Latina, el argentino Fernando Cerimedo.
El dinero estaría vinculado dentro de un contrato de 9 millones de dólares canalizado a través de Havas Media Germany, lo que reabre la pregunta de si esa misma infraestructura tecnológica se usó para operaciones de desinformación en campañas políticas argentinas. La información salió a la luz antes de que el gobierno estadounidense borrara del sitio web el contrato original con las cifras.
Para entender el entramado de negocios encubiertos hasta ahora, cabe explicar el rol de sus protagonistas. Cerimedo es un consultor político argentino, dueño de Madero Media Group —holding que incluye el portal de noticias La Derecha Diario— y de la consultora Numen, que se convirtió en la principal estructura de comunicación digital detrás de la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. Desde entonces expandió su modelo de negocio a Bolivia (campaña de Rodrigo Paz) y Honduras (Nasry Asfura), replicando en cada país el mismo esquema de “batalla cultural” digital que perfeccionó en Argentina.
Lo distintivo de su historial es que él mismo admitió públicamente, en entrevistas de 2022 y 2023, administrar “granjas” de decenas de miles de cuentas creadas artificialmente —unas 50.000 solo para Argentina, según contó a Infobae— y reconoció haber usado mensajes falsos por WhatsApp en la campaña del expresidente Jair Bolsonaro en Brasil en 2022.
Cerimedo distinguió en su momento entre “campaña negativa” (exponer información real mal vista por un rival) y “campaña sucia” (difundir noticias falsas), y negó haber incurrido en esta última, aunque distintas investigaciones señalaron que La Derecha Diario difundió contenidos falsos durante la campaña de Milei en 2023, incluido un video editado que hacía parecer que el director Juan José Campanella respaldaba a la campaña de Sergio Massa. Además, la Policía Federal de Brasil lo señaló en una investigación sobre redes de desinformación electoral vinculadas al intento de golpe tras las elecciones de 2022.
En agosto de 2026 Cerimedo fue detenido en Bolivia por una tentativa de asesinato contra su expareja Nadia Beller, y en allanamientos vinculados a esa causa se halló una “mini granja de bots”, dinero en efectivo y armas, lo que reactivó el escrutinio sobre sus negocios digitales en toda la región.
Brad Parscale, por otro lado, es exjefe de campaña digital de Donald Trump en 2016 y 2020, es dueño de Clock Tower X LLC y desde enero de 2025 director de estrategia (Chief Strategy Officer) de Salem Media Group, la mayor red de medios conservadores cristianos de Estados Unidos.
Desde hace un par de años, Parscale y Cerimedo serían socios comerciales a través de Numen, la consultora de Buenos Aires. Parscale aportaría la infraestructura tecnológica —las plataformas Campaign Nucleus (gestión de datos de votantes y donantes) y EyesOver (segmentación de audiencias por receptividad al mensaje)— mientras Cerimedo ejecuta la operación en suelo latinoamericano.
En marzo de 2025 Cerimedo anunció formalmente que era el representante exclusivo para América Latina de ambas plataformas, convirtiendo la tecnología de Parscale en un producto que él mismo comercializa en la región. En palabras del propio Cerimedo: “Brad armó toda la infraestructura con la que trabajo”.
El contrato con Israel y los pagos a firmas ligadas a Cerimedo
El 18 de septiembre de 2025, Clock Tower X LLC registró ante el DOJ la ficha FARA número 7649, declarando como principal extranjero al Estado de Israel, representado por Havas Media Germany GmbH, para ejecutar una campaña de comunicación estratégica en Estados Unidos originalmente valuada en 6 millones de dólares y luego ampliada a 9 millones (1.5 millones de dólares mensuales). El objetivo declarado incluía campañas contra el antisemitismo, generación de contenido con inteligencia artificial, optimización para buscadores (SEO) e integración con las propiedades de Salem Media Network.
Dentro de esa misma operación, EyesOver LLC fue contratada junto con Salem Media Representatives, cobrando en conjunto al menos 702 mil dólares, de los cuales Salem Media Representatives percibió al menos 566.002.50 dólares por publicidad. Otros beneficiarios de la cadena de pagos incluyen a SparkFire (unos 6 millones de dólares) y Portman Road/Mike Shields (unos 5 millones de dólares), de acuerdo con reconstrucciones basadas en los propios registros FARA.
El problema estructural que señalan los informes es que Parscale ocupa simultáneamente dos roles incompatibles, siendo dueño de Clock Tower X, la empresa que cobra por ejecutar la campaña de Israel, y al mismo tiempo director de estrategia de Salem Media Group, la misma red mediática que recibe parte de ese dinero por publicidad.
Organizaciones de transparencia señalan que esto configuraría una propia violación del artículo 22 USC 614(b) de la ley FARA, que exige declarar a todos los agentes o vendedores que participan de una campaña de un principal extranjero. Salem Media no figura como entidad divulgada en el registro original.
El contrato completo entre Israel y Clock Tower X, canalizado por Havas Media Germany, llegó a un valor formal de 9 millones de dólares, aunque reportes posteriores —incluido uno de The Intercept— elevaron la cifra de ingresos efectivamente recibidos a unos 15 millones de dólares en un semestre, con desembolsos por unos 13 millones distribuidos entre distintos subcontratistas.
Una declaración suplementaria firmada por Parscale en mayo de 2026 intentó además corregir retroactivamente el registro, alegando que la conexión con el Estado de Israel había “terminado” en octubre de 2025 por un “error”, aunque el propio texto de esa enmienda sigue describiendo el trabajo como ejecución de una campaña aún activa del gobierno israelí desde 2018.
La puerta abierta para Argentina
El punto que conecta esta trama geopolítica con la política argentina sería que Cerimedo admitió en 2023 administrar granjas de trolls y cuentas automatizadas que puso al servicio de la campaña de Milei, y ahora se confirmaría documentalmente que una de las plataformas que él representa comercialmente en la región —EyesOver— cobró dinero dentro de una operación de influencia internacional de su socio Parscale.
Esto no prueba por sí mismo que fondos de origen israelí hayan financiado directamente operaciones de desinformación en Argentina, pero sí establece que la misma infraestructura tecnológica, comercial y humana —Numen, Cerimedo, Parscale, Campaign Nucleus, EyesOver— opera simultáneamente en campañas electorales en América y en la campaña de influencia de Israel en Estados Unidos, lo que aumenta las sospechas sobre superposición de recursos, personal y tecnología entre ambas esferas para el control del continente.
— Brad Parscale
Esto cobra mayor relevancia en el contexto argentino actual, donde la causa judicial que investiga irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en agosto de 2026 testimonios que vinculan a Cerimedo con cobros de hasta 800.000 dólares mensuales por servicios de comunicación e influencia digital, lo que reactivó el interrogante sobre el origen de esos fondos y su relación con el entramado del Grupo Numen y La Derecha Diario.
Lo que sí se sabe es que los documentos de FARA muestran que Clock Tower X construyó una red de al menos once marcas de consumo (entre ellas Allies for Peace, FactSignal y Culturavia) para distribuir contenido sin la marca “Clock Tower X” visible, y que el contrato contemplaba metas de 50 millones de impresiones digitales mensuales, con foco en generación Z en TikTok, Instagram y YouTube.
Varios analistas destacaron un componente diseñado para influir en cómo los modelos de inteligencia artificial (ChatGPT, Gemini, Grok) responden sobre temas vinculados a Israel y Gaza, lo que la propia jerga interna del contrato denomina “GPT framing”. Este es el ecosistema tecnológico y financiero del que, para la evidencia disponible, forma parte la plataforma que Cerimedo representa comercialmente.
La controversia por el destino de las reservas de oro que el Banco Central trasladó al exterior en 2024 sumó un nuevo capítulo después de que la senadora Juliana Di Tullio acusara al presidente de la entidad, Santiago Bausili, de haber mentido ante el Senado sobre la ubicación real de los lingotes.
“Bausili le mintió al Senado. El oro está en Londres, en el Bank of England”, sostuvo la legisladora en diálogo con el medio Infobae. “Vos no me podés decir que está en Basilea cuando está en Londres. Vos lo que me podés decir es: está en el BIS, pero con asiento en Londres”, vinculando la forma en que el Gobierno presentó la información con el reciente endurecimiento del discurso oficial alrededor de la cuestión Malvinas.
Tras casi dos años de mantener bajo reserva los detalles de la operación, Bausili aseguró ante la Cámara alta que unas 13 toneladas de oro fueron trasladadas y depositadas en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), cuya sede se encuentra en Basilea, Suiza. El funcionario sostuvo además que los movimientos estaban documentados y que la Auditoría General de la Nación (AGN), presidida por Juan Manuel Olmos había tenido acceso a la información correspondiente.
Sin embargo, la AGN aclaró posteriormente que todavía no concluyó el análisis específico sobre la trazabilidad de las reservas. El organismo confirmó haber recibido documentación del Banco Central, pero señaló que el proceso de auditoría continúa en curso, por lo que actualmente no puede certificar de manera definitiva el recorrido, la localización física y las condiciones bajo las cuales fueron colocados los lingotes.
Di Tullio sostuvo que el oro no se encuentra físicamente en Basilea, sino en Londres, bajo custodia del Bank of England, aunque eventualmente pueda estar depositado o contabilizado mediante una operación vinculada al BIS. Para la senadora, Bausili presentó ante el Congreso una respuesta que confundió la institución depositaria con el lugar donde estarían materialmente almacenadas las barras.
Una cosa es determinar qué institución administra o registra financieramente el activo y otra establecer dónde se encuentran físicamente los lingotes. Precisamente, la trazabilidad completa de esas reservas es uno de los puntos que la auditoría todavía debe esclarecer. “A pesar del carácter reservado de la información, no ha concluido el análisis pertinente de la documentación remitida por el BCRA”, aseveró Manuel Olmos en una nota referida a Di Tullio.
— Presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos
Durante su exposición, Bausili defendió la decisión de trasladar parte del oro al exterior y argumentó que mantener determinados lingotes inmovilizados en las bóvedas del Banco Central reducía su utilidad financiera. Para explicarlo recurrió a la comparación con los dólares denominados “cara chica”, para así “convertir ese oro de calidad más baja en oro de calidad más alta”.
Según planteó, el activo conserva su valor, pero determinadas características pueden dificultar su utilización en operaciones internacionales. El traslado habría permitido convertir las barras en activos de mayor aceptación y aprovechar mejores condiciones en el mercado internacional.
Di Tullio y el senador Martín Soria subrayan que la documentación disponible ubica físicamente el oro en Inglaterra y acusan al titular del Central de haber dado una respuesta falsa o incompleta. La senadora anticipó que buscará ampliar la denuncia penal contra Bausili y promover una nueva citación para que explique ante la Cámara alta dónde están los lingotes y bajo qué modalidad se encuentran depositados.
“Acorralamos a Bausili y se largó a hablar, y creo que de más. Contradijo, mintió a todos”, remarcó Soria a Radio 10. El diputado sumó que “hasta ahora, la AGN no pudo auditar los envíos de oro al exterior”.
— Carta oficial de la AGN firmada por Manuel Olmos, y dirigida a la senadora nacional Di Tullio el 10 de septiembre de 2026
En junio, julio y agosto de 2024 se habrían realizado cuatro transferencias de 250 lingotes cada una, correspondido el 18 de junio, 2 de julio, 31 de julio y 13 de agosto. Esa reconstrucción aparece en actuaciones conocidas de la AGN y totaliza 1.000 barras, asociadas públicamente con algo más de 13 toneladas.
“Vamos a ampliar la denuncia que ya le hicimos a Bausili”, aseguró Di Tullio. agregando que sería una presentación penal realizada hace aproximadamente dos años, complementaria con la nueva documentación de la AGN.
El 2 de septiembre de 2024, el BCRA reconoció oficialmente que había completado “transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas”, pero no identificó el destino, la cantidad ni condiciones de la operación. Sostuvo que el rebalanceo no modificaba el volumen total de las reservas de oro —entonces valuadas en aproximadamente USD$4.981 millones— y justificó la reserva informativa por razones de seguridad.
— Pedido de formal dirigido a la AGN por parte de la senadora Di Tullio sobre los balances del Banco Central y la trazabilidad de las reservas de oro
Esa declaración fue importante porque confirmó que hubo movimientos, pero no resolvió las preguntas centrales, como qué barras salieron, hacia dónde, bajo qué contrato, en qué cuenta quedaron, qué operación financiera se realizó, cuánto costó y qué rendimiento o beneficio obtuvo el BCRA.
“La de 2024 es solamente sobre los balances del Banco Central. No tiene nada que ver con el oro”, indicó Di Tullio, y añadió que “por eso me mintió. Nos mintió”.
La afirmación de Bausili
En su exposición del 9 de septiembre de 2026, realizada durante el debate de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, Bausili sostuvo que el oro trasladado fue depositado en el BIS y “en Suiza, donde sigue estando”. También aseguró que los movimientos estaban documentados y registrados, y que las auditorías de 2023, 2024 y 2025 habían terminado sin observaciones.
Su explicación económica fue que el BCRA aprovechó una coyuntura favorable para transformar lingotes viejos o de calidad más difícil de certificar en barras de mayor calidad y liquidez, con un costo de aceptación menor al habitual. El BIS efectivamente ofrece a bancos centrales servicios relacionados con oro, como compra y venta, depósitos, swaps, refinación, mejora de calidad y cambio de localización.
La Auditoría General de la Nación mantiene distintos grados de avance sobre la documentación vinculada al Banco Central y al traslado de las reservas de oro. Los estados contables generales correspondientes a 2023 y 2024 ya fueron aprobados mediante resoluciones del organismo, mientras que los estados de 2025 continúan bajo análisis y todavía no fueron tratados por el Colegio de Auditores.
No obstante, la aprobación de los balances de 2023 y 2024 no permite acreditar por sí sola el recorrido físico y contractual de cada lingote. Este procedimiento demuestra que los estados contables, considerados en su conjunto, recibieron el tratamiento correspondiente, pero no equivale a una certificación específica sobre el destino de las reservas trasladadas al exterior.
La auditoría especial destinada a reconstruir la trazabilidad del oro todavía no concluyó. Por ese motivo, la AGN no se encuentra aún en condiciones de certificar de manera definitiva el destino físico de los lingotes, la cadena de custodia ni las operaciones realizadas con esas reservas.
La situación también contradice la interpretación de que la Auditoría ya habría cerrado el análisis del ejercicio correspondiente sin formular observaciones. Mientras la revisión específica permanezca abierta, no puede sostenerse que el organismo haya confirmado integralmente dónde se encuentra el oro ni cuál fue su recorrido desde que salió de las bóvedas del Banco Central.
La AGN informó que el BCRA habría completado la entrega de la información requerida, pero aclaró que el material sigue siendo inspeccionado debido a una demora en facilitar el acceso.
“Cuando el Banco Central expone sus posiciones financieras, está invitando al resto de los agentes a operar en contra; le hace más difícil y costoso al Banco Central, entonces se resguarda cierta información para que no le operen en contra, se publica con rezago por los controles”, consideró Bausili. siendo que era “optimó aprovechar esa ventana de oportunidad”.
El Banco de Inglaterra declara que custodia oro de otros bancos centrales en cuentas asignadas. El cliente conserva el título sobre barras específicas. También incluye que, cuando se negocia oro entre clientes de sus bóvedas londinense, normalmente no se mueve físicamente la barra, solo cambia el titular en el registro, ya que su custodia permite a los bancos centrales argentinos acceder a la liquidez del mercado londinense.
En diciembre de 2025, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al BCRA responder pedidos de acceso a la información o justificar punto por punto por qué cada dato solicitado implicaría un riesgo. La decisión rechazó que una invocación genérica de seguridad bastara para reservar todo el expediente.
Clínicas y sanatorios privados de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa cortaron por completo la atención a los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) el 24 de agosto, algo que —según los propios prestadores— nunca había ocurrido, “ni en 2001”.
“Al gobierno no le importa. Quieren que las prestaciones las pague la gente, pero por ley no pueden hacerlo, entonces no hace nada. Nunca viví un mecanismo tan ridículo y tan dogmático de funcionamiento”, afirmó el dueño de un sanatorio. “Algunos profesionales dejaron de atender, entonces los afiliados de PAMI solo pueden ir a las urgencias. Es una situación muy perversa”, añadió.
Estas instituciones atienden a casi 300.000 jubilados de la región patagónica, donde PAMI representa entre el 25% y el 55% de sus prestaciones totales. La medida es la escalada final de un conflicto que se viene arrastrando desde febrero de 2026, con recortes progresivos que fueron endureciéndose mes a mes.
El corazón del conflicto sería puramente económico. Desde diciembre de 2023 los aranceles que PAMI paga a los prestadores subieron 130%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período superó el 300%, lo que implica una brecha del 75% entre lo que cobran y lo que necesitarían cobrar para empatar los costos.
Solo en lo que va de 2026, con una inflación acumulada de 19.3%, el Gobierno ofreció un aumento de apenas 6% a los prestadores, recién efectivo en octubre. Distintas cámaras del sector —como la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS)— hablan de un atraso arancelario superior al 100% respecto de diciembre de 2023, con incrementos recientes de únicamente 1.9% mensual, muy por debajo del índice de inflación del INDEC.
Andrés Sabalette, administrador del Sanatorio Juan XXIII de Río Negro, resumió el diagnóstico del sector: “No cubrimos costos y las brechas son insalvables”. Los prestadores explican que el sistema de “módulos” con el que PAMI paga —que incluye honorarios médicos, insumos, medicamentos y uso de quirófano— quedó completamente desactualizado frente al costo real de los materiales, hasta el punto de que algunos módulos “no alcanzan ni para cubrir el material descartable” que se usa en una práctica.
Desde febrero de 2026, la crisis comenzó a traducirse en una interrupción progresiva de las prestaciones. En ese mes se registraron las primeras suspensiones de prácticas programadas y ambulatorias debido a deudas impagas y a la falta de respuesta a los reclamos de los prestadores.
En abril, la situación se profundizó aún más con la suspensión de cirugías programadas en las cuatro provincias patagónicas, en reclamo de una recomposición del 70% que abarcó a 30 instituciones. Para junio, las restricciones alcanzaron las guardias, la recepción de derivaciones y la asignación de nuevos turnos en consultorios externos a nivel nacional.
— Andrés Sabalette, quien se desempeña como Gerente en el Sanatorio Juan XXIII, en General Roca, provincia de Río Negro
El proceso desembocó en un escenario inédito para los afiliados, con el corte total de las prestaciones por primera vez en la historia argentina. Esta evolución escalonada muestra que no se trata de una decisión repentina sino del punto final de casi siete meses de advertencias, negociaciones fallidas y medidas parciales que no alcanzaron para destrabar el conflicto.
Los intentos de solución
El PAMI, a través de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, ofreció incrementos de 1.9% para mayo y otro 1.9% para junio, cifras que el sector calificó de “inaceptables” frente a una inflación proyectada del 19% para el primer semestre. Más adelante, el ministro de Salud Mario Lugones habría “destrabado” un 1.9% adicional, pero según denuncian los prestadores esa promesa no se tradujo en pagos concretos.
— Esteban Leguízamo
En paralelo, existió un boletín oficial de PAMI que aprobó un aumento del 8% para ciertas prestaciones específicas (Centros de Día y Residencias de Larga Estadía) a partir de junio 2026, tomando como base los aranceles de diciembre de 2025, una cifra que —de todos modos— sigue muy por debajo de la inflación acumulada en ese lapso.
Esta crisis arancelaria coincidió, además, con la salida del exviceministro de Salud Guido Giana, cuya renuncia estuvo directamente vinculada al manejo de este conflicto, en un contexto que —según trascendió— casi terminó también con la salida del propio Lugones.
Un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA de los Trabajadores (IEF-CTAA) aporta el marco estructural detrás de estos cortes regionales. En el primer trimestre de 2026 las prestaciones de PAMI cayeron 41.3% en términos reales respecto al mismo período de 2025, mientras la deuda acumulada con médicos, clínicas y farmacias llegó a 500.000 millones de pesos (unos 370 millones de dólares).
— Guido Giana
El mismo relevamiento señala que el Tesoro nacional redujo drásticamente las transferencias a la obra social, de 0.5 billones de pesos en el primer trimestre de 2025 a 0.2 billones en el mismo período de 2026, con marzo de 2026 en cero transferencias. Esto ocurrió en simultáneo con un superávit fiscal primario de 6.8 billones de pesos en ese mismo trimestre, lo que alimenta la lectura de que el ajuste sobre PAMI forma parte de la estrategia de consolidación fiscal del gobierno del presidente Javier Milei.
El detonante estructural fue la eliminación del Impuesto PAIS en diciembre de 2024, un tributo que aportaba el 28% de la recaudación del PAMI. El Gobierno prometió cancelarla en varias etapas, pero terminó recurriendo a un mecanismo cuestionado, pagándole a las farmacias no con dinero en efectivo sino con Letras Capitalizables del Tesoro (LECAP), o sea, bonos con vencimiento a fin de julio. Esta modalidad generó fuertes críticas porque, sostuvieron, permitía “maquillar” el superávit fiscal trasladando el costo financiero a los propios prestadores, que además reclamaban un atraso arancelario superior al 100% respecto de diciembre de 2023.
El 9 de abril de 2026 el PAMI publicó la resolución 1107/2026, que modificó el esquema de pago a los médicos de cabecera, elevando el pago fijo mensual por paciente de 946 a 2.100 pesos, pero eliminó los adicionales por consulta presencial, visitas domiciliarias e incentivo al posgrado. El sindicato de la Asociación de profesionales de la salud (APPAMIA) reportó que esto implicaba, en la práctica, un recorte salarial del 50% para los profesionales, lo que desató una huelga de médicos y odontólogos de 72 horas ese mes que agravó aún más la falta de atención.
La protesta del jubilado
Este trasfondo numérico se traduce en historias concretas como la de un jubilado de 66 años que, en medio de un reclamo público, relató que pese a haber aportado 30 años y contar con cobertura de PAMI, enfrenta trabas para acceder a los controles anuales que necesita tras haber sido operado de próstata. Su frase de “me están dando vueltas para darme la atención” resume la experiencia de miles de afiliados que hoy se enfrentan a tres únicas alternativas cuando su clínica cierra la atención: pagar la consulta de forma particular, recurrir al sistema hospitalario público, o postergar el tratamiento.
Los afiliados denunciaron una cadena de recortes muy tangibles a lo largo del año. Demoras y suspensiones de tratamientos de alta complejidad, cobro de “plus” médicos no contemplados en la cobertura, dificultad para acceder a medicamentos gratuitos, y hasta la eliminación de actividades recreativas como clases de natación y gimnasia para adultos mayores. Una vecina de Mar del Plata, integrante de la Multisectorial de Jubilados, subrayó que “para operarnos cobran la anestesia y en varios lugares nos han cerrado la atención en cardiología, traumatología, dermatología y nutrición”. En paralelo, los haberes jubilatorios mínimos rondaban apenas los 400.000 y 450.000 pesos mensuales, una cifra que los propios beneficiarios calificaban de insuficiente para cubrir remedios y alquiler.
Cada vez habría menos trabajadores formales aportando al sistema mientras crece la población de jubilados, que además vive más años. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 411.613 puestos de trabajo registrados (una caída del 4,2%), lo que reduce los aportes que sostienen al organismo justo cuando más se necesitan. Sobre esto pesa además la Ley de Emergencia Sanitaria —vigente desde 2001 y prorrogada hasta diciembre de 2026— que protege a unos 5.000 prestadores privados de ejecuciones fiscales por sus propias deudas con el Estado, y cuya eventual no renovación podría agravar aún más el escenario.
A diferencia de las restricciones previas —que preservaron guardias y urgencias mientras recortaban turnos programados y cirugías electivas—, el corte anunciado para el 24 de agosto sería la primera suspensión total de cualquier tipo de prestación en la historia del sistema, incluyendo probablemente las urgencias en los establecimientos adheridos. Es un salto cualitativo respecto de las medidas de fuerza anteriores, y explica por qué los propios prestadores insisten en que “esto no pasó nunca, ni en 2001”, una referencia directa a la crisis económica y social más severa que atravesó la Argentina en las últimas décadas. El desenlace dependerá de si el aumento del 6% previsto para octubre —o el 1.9% adicional que Lugones habría comprometido— se concreta antes de esa fecha, o si la falta de respuesta empuja efectivamente a que las clínicas patagónicas ejecuten el corte total anunciado.
La historia del Barrio Amarillo de Lobos toma relevancia, tras el tratamiento de un proyecto de treinta viviendas sociales cuyo financiamiento comenzó en 2017 y que, nueve años más tarde, sigue sin alcanzar su objetivo de entregar las casas terminadas.Durante la presentación, el secretario de Gobierno municipal, Pablo Hasper, manifestó que el objetivo era alcanzar un ritmo de “cien viviendas por año”.
En abril de 2017 se anunció un convenio por $22.861.383 entre el Instituto de la Vivienda bonaerense (entonces conducido por Evert Van Tooren) y la Municipalidad de Lobos. En septiembre de ese año el municipio llamó formalmente a licitación y dejó asentado que existían fondos para la obra.
En marzo de 2018, la propia Municipalidad de Lobos presentó públicamente el proyecto de unas treinta viviendas industrializadas de unos 56 m², sobre terrenos de aproximadamente 300 m², ubicadas en Empalme, entre los barrios PROCREAR y Blanco, tendría dos dormitorios, cocina, baño y estar. El municipio informó entonces una contratación por $21.7 millones y estimó comenzar el movimiento de suelos en abril de 2018.
Esta historia no terminó allí. Hubo modificaciones de obra, ampliaciones financieras, una nueva estructura de financiamiento, licitaciones que no consiguieron contratista y, finalmente, una adjudicación municipal de febrero de 2025 a DAC Diseño y Construcciones SRL por $1.401.960.260. El decreto oficial establece expresamente que DAC fue el único oferente y que el objeto seguía siendo la “terminación de viviendas”.
La investigación publicada por el medio de RealPolitik sostuvo que fotografías incorporadas el 22 de mayo de 2026 al expediente administrativo municipal 30.887/26 mostraban las viviendas todavía inconclusas, con estructuras de hormigón y mampostería y sin condiciones de habitabilidad.
La distinción más importante es que hay evidencia sólida de una obra extraordinariamente demorada y de graves interrogantes de transparencia. Todavía no habría una prueba pública que permita afirmar como hecho consumado que se desviaron o malversaron los $1.401 millones. El reclamo actual busca precisamente conseguir los documentos que permitirían determinarlo, respondiendo qué sucedió con los recursos asignados durante las distintas etapas.
El convenio original y la primera adjudicación corresponden a la exgobernación de María Eugenia Vidal, con el actual gobernador Axel Kicillof asumiendo la gestión en diciembre de 2019 y su administración intervino después mediante una reactivación por $210 millones actualizables por UVI —Unidades de Vivienda—. En el plano municipal, Jorge Etcheverry gobierna Lobos desde 2015, por lo cual su administración atraviesa toda la secuencia local.
En 2018 la contratación ya estaba prácticamente encaminada, pero poco después comenzaron las modificaciones. El Decreto 343/18 señala que el Instituto de la Vivienda había exigido nuevos requerimientos y que se necesitaban “modificaciones y adaptaciones” sobre las construcciones que ya estaban en ejecución. Ese decreto contiene, a su vez, una diferencia de $500.000.
En octubre de 2018 apareció otra adecuación. El Decreto 721/18 registra una adenda al convenio original y amplía el financiamiento en $8.720.291,13, aplicando mecanismos de adecuación previstos por el Instituto de la Vivienda. Es decir que, ya en los primeros años el precio inicial había dejado de ser un monto suficiente para el financiamiento.
Luego el proyecto volvió a trabarse. La documentación recopilada en la investigación muestra que en 2019 empezó a hablarse de la “terminación de veintiuna viviendas”. Los documentos públicos posteriormente vuelven a utilizar treinta y, en 2023, la licitación municipal describía las veintiuna como una “Etapa I de un total de 30 viviendas”. De todo ello, solo se llegó a concluir simplemente nueve casas.
Los antecedentes financieros tratados
Para 2023 la propia política local reconocía que la obra estaba paralizada. En febrero de ese año, la agrupación Primero Lobos decía públicamente que se estaba gestionando un nuevo convenio de renegociación con la Provincia para poder reactivarla.
Y efectivamente llegó esa renegociación. La Ordenanza municipal 3159/2023 convalidó un convenio entre el Instituto de la Vivienda y Lobos. Lo fundamental es que el nuevo acuerdo “deja sin efecto el monto de financiamiento” del convenio anterior y establece $210.308.326,32, equivalentes a 1.302.299,38 UVI, utilizando como fecha de referencia el 30 de noviembre de 2022.
Parte de estos actos son adecuaciones o renegociaciones de financiamiento anterior, y el convenio de 2023 expresamente sustituye un monto precedente. Para calcular el dinero efectivamente transferido habría que reconstruir anticipos, certificados de obra, descuentos por trabajos anteriores, órdenes de pago y saldos.
En agosto de 2023 el municipio volvió a llamar a licitación, esta vez por la terminación de veintiuna casas como primera etapa del total de treinta. La investigación indica que ese procedimiento terminó desierto y que un segundo llamado realizado ese mismo año tampoco tuvo oferentes.
Aquí hay una pequeña corrección respecto de una de las versiones que circula. Los dos llamados desiertos que se identifica corresponden a 2023. En agosto de 2024 hubo otra licitación —ya nuevamente por las treinta viviendas—, pero esa operación siguió otro camino y fue posteriormente anulada porque las ofertas superaban el presupuesto oficial, de acuerdo a la reconstrucción documental. El Decreto 1078/2024 confirma al menos el llamado municipal.
— Jorge Etcheverry junto a Axel Kicillof
Finalmente, en enero y febrero de 2025 se abrió otro procedimiento. Esta vez apareció un solo oferente, que es DAC Diseño y Construcciones SRL. El 13 de febrero el intendente Jorge Etcheverry firmó el Decreto 287/2025, adjudicando la terminación de las treinta viviendas por $1.401.960.260.
Y ahí está el núcleo del escándalo, siendo que después de casi ocho años de historia administrativa, el Estado volvió a contratar la terminación de las mismas treinta casas con una cifra de más de $1.400 millones; quince meses después, lo revelado se incorpora al reclamo de mayo de 2026, donde se las seguía mostrando inconclusas.
A primera vista, pasar de $22.86 millones en 2017 a $1.401,96 millones en 2025 parece una multiplicación gigantesca. Nominalmente, el monto de 2025 es aproximadamente 61.3 veces el anunciado originalmente. Pero en una economía como la argentina, comparar directamente pesos nominales separados por ocho años puede producir una conclusión muy engañosa. Los propios expedientes comenzaron a expresar el financiamiento en UVI, precisamente para que el valor contractual pudiera actualizarse.
El 22 de mayo de 2026, vecinas iniciaron el expediente administrativo municipal 30.887/26, solicitando información sobre el Barrio Amarillo, el financiamiento y la política habitacional, donde se sumaron decenas de ciudadanos patrocinadas por las abogadas Mariana Cosso y Leticia Lardiès. y, ante la falta de respuesta, se presentó un pronto despacho el 23 de julio.
El tema también llegó al Concejo Deliberante, difundida por la Asociación Civil Multisectorial Lobos, caratulada como el Expediente 84/2026 y reclama explicaciones sobre el estado de las viviendas, los fondos y la documentación administrativa, ante una posible malversación de fondos como hipótesis de la obra desde 2016.
La responsabilidad recaería tanto a la administración municipal de Jorge Etcheverry como al Instituto de la Vivienda, encabezado por Diego Menéndez y Hernán Ralinqueo; al ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, conducido por Silvina Batakis; y, en última instancia a Kicillof.
El significado de los montos y las verdaderas prioridades de Kicillof
La primera adjudicación de 2018 tuvo tres postulantes y recayó en Consinarq por $21.7 millones. En cambio, DAC fue el único oferente de la licitación de 2025 y recibió la adjudicación por $1.401.960.260. La Ley Orgánica municipal bonaerense establece que la autoridad no está obligada a aceptar ninguna propuesta y que el intendente y el presidente del Concejo, cada uno en su esfera, deciden las adjudicaciones.
RealPolitik señala expresamente que no se conoce públicamente cuánto fue efectivamente transferido, qué certificados se pagaron ni cuál es el avance físico-financiero reconocido.
Incluso el Decreto 287/2025 exige una lectura cuidadosa. Su artículo primero utiliza la expresión “adjudíquese y páguese”, seguida de los $1.401.960.260. Pero un decreto de adjudicación no es equivalente a un extracto bancario que pruebe que toda esa suma salió de las cuentas públicas de una sola vez.
Mientras la desocupación crece en la Provincia de Buenos Aires, Kicillof gasta hasta más de tres millones de dólares para modernizar un avión ejecutivo en las puertas de la campaña política. Se trata del avión Cessna 550 Citation II, matrícula LV-WEJ, número de serie 550-0724, que está sin volar en el aeródromo de La Plata desde hace aproximadamente una década.
— El avión ejecutivo Cessna 550 Citation II con la matrícula argentina LV-WEJ, pertenece a la Dirección de Aeronáutica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
La contratación, que ya fue adjudicada a una alianza privada transitoria entre una empresa de Tandil y otra de San Fernando mediante una licitación pública a la que accedió Clarín, es para dar “servicios especializados, repuestos, puesta en valor y cursos de capacitación” para el jet. La firma elegida, “Redimec SA- Cielos SA”, cobrará USD$3.358.001. Conforme el dictamen de la comisión de preadjudicación, esta unión transitoria de empresas fue elegida por plantear “la oferta de menor valor y ajustarse técnicamente a lo solicitado en base a lo informado por el Departamento de Ingeniería y Técnica Aeronáutica y la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeroportuaria (DPAO)”.
El contrato tramitó a través de la estructura administrativa del Ministerio de Seguridad. Lo impulsó la DPAO, a cargo de Ángel Pedretti, un expiloto del Ejército designado allí por Sergio Berni. El pliego de la licitación no incluyó módulo sanitario (la infraestructura donde se trasladan camillas o incubadoras) ni menciones sobre una función de esta índole para la nueva etapa de este avión.
Fabricado en 1993, el Cessna 550 Citation II fue incorporado a la flota bonaerense en 1994. La provincia lo compró nuevo y con módulo sanitario. De hecho, en el gobierno de Eduardo Duhalde llegó a hacer vuelos con pacientes , pero rápidamente su destino pasó a ser ejecutivo: traslado de funcionarios. El equipamiento médico quedó obsoleto, al igual que el teléfono satelital con el que llegó equipado.
Con el tiempo también se deterioraron más componentes, primero un motor y después otras partes, y finalmente el jet quedó parado en los hangares del predio ubicado en la avenida 7 y 610, al sureste de La Plata. Aunque su estado de conservación interna y su pintura exterior se mantienen óptimos, no volvió a volar.
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