CADA VEZ PEOR | Para comprar un auto se necesitan 6 sueldos más que en diciembre
La inflación sigue dando pasos agigantados y el sector automotor es un claro reflejo de ello. Los precios de los autos no paran de subir y cada vez son más inaccesibles.
10 Years Experiences
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
En el mes de diciembre, se necesitaban 30,2 sueldos, mientras que en abril hacen falta 36,2. La información surge de un relevamiento realizado por el SIOMAA, el sistema de estadísticas de la asociación que agrupa a las concesionarias (ACARA).
El cálculo se realizó sobre un modelo pequeño con un valor en abril de $2.687.809 y un sueldo promedio de $74.295. En el mes de enero se necesitaban 31.5 sueldos para adquirirlo, en febrero unos 32,8 y en marzo subió a 34,5.
Los autos vienen sufriendo aumentos del 5% por mes como piso y en el acumulado de los últimos 12 meses, la suba es de 71%, de acuerdo a la entidad que realizó el informe que además agrega, que, en los últimos dos años, la cantidad de salarios que se necesitan para comprar un vehículo nuevo casi se duplicó: a comienzos del 2020 se requerían 19,8 sueldos para llegar a un 0km chico, en la actualidad se necesitan 36,2%.
Un dato a tener en cuenta, es que para realizar el informe se tuvo en cuenta los precios de lista oficiales, pero en el mercado se manejan otros valores debido a la falta de unidades y Los sobreprecios son algo común. Es por ello, que los 0km vienen aumentando por arriba de la inflación.
El informe detalla además, que si la comparación se realiza con años anteriores, el resultado es más significativo: en 2019, se necesitaban 17,4 sueldos promedio para adquirir un modelo como el Volkswagen Gol, mientras que en 2018 hacían falta sólo 11,2 sueldos.
[cm_ad_changer campaign_id=”2″]
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
Marcela López no llegó al Concejo Deliberante de La Quiaca por peso propio ni por una vocación de defensa del suelo argentino. Su banca es el resultado directo de una estructura subordinada a la figura de Gustavo “Chavito” Farfándentro del armado provincial de Cambia Jujuy, la maquinaria electoral que lideró Gerardo Morales. Lejos de representar una renovación con valores firmes, López opera como un engranaje menor de un diseño político transversal que utiliza sellos vecinales para acaparar cargos en el norte de nuestra frontera, sin un compromiso real con la soberanía cultural del país.
– Marcela Silvana López junto a Gustavo “Chavito” Farfán en un evento convocado por ambos.
La verdadera terminal política de esta dupla es Carlos Haquim, un dirigente de frondoso prontuario en el arte de la supervivencia y el camaleonismo estatal. Antes de reciclarse y mantenerse durante ocho años como vicegobernador de Morales en Jujuy, Haquim fue funcionario durante la presidencia Cristina Fernández de Kirchner. Su permanencia en las filas del esquema nacional kirchnerista se estiró sin culpa hasta el 10 de diciembre de 2015, sosteniendo el modelo K antes de saltar de bando para transformarse en el actual armador de la pata peronista disidente del radicalismo jujeño, demostrando una total falta de arraigo a banderas ideológicas o nacionales claras.
– Carlos Haquim hablando en el evento convocado por Farfán y López.
Retomando con la edil, el desembarco definitivo de López en el Concejo Deliberante de La Quiacase produjo a comienzos de junio de 2026, tras meses de una parálisis institucional cruzada por disputas feroces en torno a las cajas municipales y la falta de rendición de balances. Sin embargo, en lugar de honrar la representación del pueblo argentino y priorizar las urgencias que reclamaban los vecinos en las calles, la llegada de la edil a la banca marcó el inicio de una agenda legislativa con prioridades completamente distorsionadas, más ocupada en complacer agendas difusas que en defender la identidad y la realidad de la frontera.
“Chavito” Farfán entregando sus premios “El Chavito” junto a un Chavo del 8 peronista.
El delirio de la Patria Grande
La Fiesta Nacional de los Estudiantes no es un festejo vecinal ni un evento de fronteras abiertas, es un patrimonio cultural profundamente federal, denominado “Nacional” por una ley del Congreso de la Nación y consolidado como una celebración argentina donde confluyen y compiten delegaciones escolares de múltiples provincias de nuestro país. El arraigo histórico de los carroceros y la autonomía que la juventud argentina tiene en su organización son pilares de una festividad que hace a la identidad de nuestro suelo.
Sin embargo, obviando toda lógica soberana, una de las primeras medidas oficiales de la concejal Marcela López al asumir su banca fue presentar un polémico proyecto con el indiscutible sello tácito de la “Patria Grande”. La iniciativa pretendía incorporar de prepo a delegaciones de estudiantes de una localidad de Bolivia, intentando desdibujar el carácter eminentemente argentino de la fiesta bajo la burda excusa de la cercanía geográfica y la integración regional.
Desfile de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
La movida internacionalista no sólo chocó de frente con el patriotismo local, sino también con la verdad. Para intentar justificar el tratamiento del proyecto en el recinto, López mintió descaradamente al asegurar que la iniciativa ya había sido consensuada y contaba con el aval de los organizadores del evento.La respuesta de la Comisión Estudiantil local fue fulminante: salieron a desmentir públicamente a la concejal en la cara, expusieron la falsedad de sus dichos por haber legislado a sus espaldas y le archivaron el proyecto por unanimidad, dándole una lección de civismo a la edil de Cambia Jujuy.
La industria argentina paga más impuestos que la de cualquier otro país del mundo, al menos entre las empresas que cumplen con el fisco. Así lo concluye un informe del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA) que comparó ocho tributos en treinta economías y dejó al país en el primer puesto del ranking de carga sobre el sector formal, con una presión del 56%.
La distinción metodológica es central. Si se mide la presión fiscal tradicional (lo que el Estado recauda en relación al Producto Bruto Interno) Argentina aparece recién en el puesto 12 entre los treinta países analizados. El salto al primer lugar aparece cuando se descuenta la economía informal y se calcula cuánto soportan únicamente las empresas que operan dentro del sistema. Para eso, el estudio ajustó el PBI de cada país según el peso del empleo fuera del circuito formal, con datos de la Organización Internacional del Trabajo. El resultado deja expuesto que en un país con alta informalidad la carga se concentra sobre menos hombros.
Ese 56% marca un aumento de seis puntos porcentuales frente al informe anterior de la entidad, de 2023, calculado con la misma metodología. La suba se produjo pese a que el Gobierno avanzó en la baja de algunos tributos, entre ellos las retenciones.
El relevamiento comparó a los países del G20 y de Sudamérica, más España, Países Bajos y Suiza, un conjunto que representa el 81% del PBI mundial. Y midió ocho impuestos: Ganancias de Sociedades, IVA, débitos y créditos, impuesto al patrimonio, derechos de exportación, Ingresos Brutos, tasas municipales y sellos.
En cinco de esos ocho tributos Argentina quedó primera. Lidera el impuesto al cheque, donde apenas cuatro países lo aplican y el argentino es el más gravoso. Encabeza el impuesto al patrimonio, porque es el único que grava sobre base bruta, sin descontar deudas, y con un mínimo no imponible bajo. Está al tope en Ingresos Brutos y tasas municipales, un combo que la entidad describe como el más distorsivo del sistema por el efecto cascada sobre toda la cadena de producción. Y encabeza el impuesto de sellos, por la amplitud de contratos alcanzados. A esa lista se sumó este año una novedad: los derechos de exportación, que solo mantienen Argentina y Rusia, con una alícuota local del 8,68% frente al 3,9% ruso.
En los tres tributos restantes el país tampoco queda lejos. En Ganancias de Sociedades es el segundo, con una carga efectiva del 39,5% que combina la alícuota del 35% con el 7% sobre dividendos. Solo lo supera Colombia, tras la reforma de 2022. En IVA figura cuarto, detrás de Brasil, Uruguay e Italia, aunque la UIA aclara que el problema no es tanto la alícuota del 21% como los saldos a favor que las empresas no logran recuperar y que les inmovilizan capital de trabajo.
Con ese diagnóstico sobre la mesa, la central fabril reclamó un pacto fiscal federal industrial para “nivelar la cancha”. Entre las propuestas figuran una alícuota única del 25% para Ganancias, la devolución automática de saldos de IVA, la eliminación progresiva del impuesto al cheque, una reducción de Ingresos Brutos para la industria hasta llegar a cero y la eliminación de las retenciones para las manufacturas y los alimentos elaborados. La entidad también pidió un compromiso de estabilidad fiscal y jurídica por treinta años, con el RIGI como modelo.
El informe llegó en un momento delicado para el sector: la producción industrial permanece un 10% por debajo de los niveles de 2022 y se perdieron cerca de 70.000 puestos de trabajo desde mediados de 2023. La UIA reconoce que el Gobierno mostró intención de bajar la carga, pero calcula que el proceso recién se completaría hacia fines de 2027 y principios de 2028.
El gobierno de Javier Milei puso la mira sobre la mayor caja previsional del país. El Ministerio de Economía analiza utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS para financiar al mercado inmobiliario y reactivar el crédito hipotecario. La medida busca generar empleo rápido, pero vuelve a encender las alarmas sobre el uso del dinero previsional.
El FGS es, en palabras simples, un pozo de dinero, bonos y acciones que administra el Estado. Su función original es actuar como un fondo de reserva para asegurar que el pago de las jubilaciones esté garantizado en el futuro.
La jugada se delineó en reuniones del equipo económico con bancos y desarrolladores inmobiliarios. El propio Luis Caputo les propuso juntarse para armar un fondo inmobiliario común. A cambio, prometió que el Estado duplicará o triplicar ese dinero usando préstamos extranjeros y los fondos de la ANSeS.
En la jerga financiera, el Gobierno habla de “apalancar” el crédito con estos recursos. Esto significa, básicamente, usar una cantidad menor de dinero como base o garantía para conseguir un financiamiento mucho más grande. El plan oficial es que la plata de los jubilados funcione como el motor y el respaldo que los bancos privados exigen para volver a prestar.
El mecanismo técnico detrás del plan se conoce como “securitización”. En palabras simples, consiste en que los bancos agrupen los créditos hipotecarios que ya otorgaron y se los vendan en un “paquete” a ANSES. Así, los bancos recuperan su dinero de inmediato para volver a prestar, eliminando el riesgo de esperar décadas para cobrar, mientras que el Estado Nacional asume la carga de largo plazo y el riesgo.
Esta ingeniería financiera responde a la fuerte presión de las cámaras empresariales y grandes desarrolladores del sector. Con un mercado inmobiliario paralizado, altas tasas de interés y la pérdida de más de 81.000 empleos registrados en la construcción, las corporaciones del ladrillo exigieron un salvavidas estatal. La respuesta oficial fue abrir la misma caja previsional que el kirchnerismo utilizó en el pasado.
Las ventas minoristas en Córdoba cayeron un 18% interanual durante junio, con fuertes retrocesos en los comercios del centro y los principales shoppings de la ciudad. En los barrios, el consumo de alimentos continúa sin mostrar signos de recuperación y las familias restringen cada vez más sus compras. Ante la pérdida del poder adquisitivo, crece el recurso del fiado como alternativa para acceder a productos de primera necesidad.
La Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) mide mensualmente lo que ocurre en los grandes corredores comerciales, galerías y shoppings de la capital. Los datos de junio son duros, en comparación con junio de 2025, y junto con la rentabilidad de los comercios que se contrajo 20% en el mismo período. Frente al mes anterior, mayo, tampoco hubo alivio. Las unidades vendidas bajaron otro 5% y las ganancias se redujeron 9%.
El único indicador que “subió” fue el ticket promedio, que pasó de $124.000 a $150.895 entre mayo y junio. Pero esa suba no es una buena noticia, ya que solo refleja que los pocos productos que se compran son más caros (efecto inflación y financiamiento), no que la gente compre más.
La tendencia viene profundizándose desde marzo. En ese mes las ventas cayeron 10%; en abril el desplome llegó al 23%; en mayo fue del 21% y en junio se ubicó en 18%. La rentabilidad sigue un recorrido similar, pasando de -15% interanual en marzo a -24% en abril, -22% en mayo y -20% en junio. Solo el 11% de los comerciantes dijo haber cumplido sus expectativas de ventas en junio —una cifra que apenas mejora respecto al crítico 5% de abril.
Para dimensionar la gravedad, el índice de ventas minoristas pyme de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) registró a nivel nacional una caída de apenas 0.5% interanual en junio. El -18% de Córdoba Capital es, en ese contexto, un dato alarmante que supera ampliamente la tendencia nacional.
Si el panorama en el centro comercial es malo, en los almacenes de barrio es todavía más preocupante porque ahí se mide lo más básico: la compra de comida.
Según el Centro de Almaceneros de Córdoba (CAC), las ventas en comercios barriales de alimentos retrocedieron 8.6% interanual durante junio. Esto ocurre incluso en un contexto de inflación de alimentos que cayó al 1.7% mensual, el menor incremento desde julio de 2025. Es decir que, aunque los alimentos aumentan menos, la gente compra menos alimentos. La razón es simple, puesto que no tiene el dinero para comprarlos.
“Las familias ya no pueden hacer compras grandes en supermercados. Vienen al almacén todos los días, pero compran lo justo para pasar la jornada”, afirmó Germán Romero, director general del CAC.
El sistema del fiado —esa práctica de anotar la deuda en el cuadernito del almacén para pagar después— volvió a ganar terreno con una fuerza que no se veía desde hace años. Según datos del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), durante junio el 89% de los hogares debió financiar la compra de alimentos, en un escenario en el que el 39.3% recurrió al fiado en almacenes de barrio, el 38.4% utilizó tarjetas de crédito, el 11.2% pidió dinero prestado a terceros y apenas el 10.1% pudo abastecerse sin acudir a algún tipo de financiamiento.
Esto significa que prácticamente 9 de cada 10 familias no tiene dinero disponible para comprar comida al momento de comprarla. La alimentación se convirtió en un bien financiado, igual que un electrodoméstico o un auto.
— La evolución de la inflación en el año 2026 según el IETSE
La encuesta de hogares del IETSE de junio revela, a su vez, una situación de vulnerabilidad extrema. El 56.6% de los hogares no logró cubrir adecuadamente la Canasta Básica Alimentaria, mientras que el 53.2% debió reducir la cantidad de comidas diarias. Asimismo, el 32.4% atravesó situaciones de hambre sin poder resolverlas, el 21.8% se quedó sin alimentos en algún momento del mes y el 21.6% tuvo que pedir alimentos o dinero a familiares para poder alimentarse. A esto se suma que un 11.4% de los hogares afirmó haberse alimentado una sola vez al día durante algún período, reflejando el fuerte deterioro de las condiciones de vida.
Estas proporciones son coincidentes con los que la misma entidad venía registrando desde principios de año. En febrero, el Centro de Almaceneros ya señalaba que el 57% de las familias no lograba cubrir la Canasta Básica Alimentaria y describía el escenario como de “inseguridad alimentaria poblacional”.
El fiado no es solo un problema de las familias, sino que también destruye financieramente a los pequeños comerciantes. Los almaceneros venden sin recibir dinero con la expectativa de que el cliente eventualmente pague. Pero cuando los ingresos de las familias no se recuperan, ese pago nunca llega.
De acuerdo con el relevamiento, la morosidad en las ventas fiadas ya alcanza el 28%, mientras que la incobrabilidad (deudas que directamente no se cobrarán nunca) llega al 17.7%. Esto significa que casi 1 de cada 5 pesos de deuda fiada es irrecuperable. Para un almacén de barrio, que opera con márgenes muy bajos y capital de trabajo escaso, absorber esa pérdida puede significar el cierre del negocio.
El sector ya venía golpeado, cuando a fines de 2025, el Centro de Almaceneros registraba una caída interanual del 21.2% en el volumen de ventas de los comercios de proximidad, con un desplome de 34.3% solo en diciembre.
Una recuperación fragmentada y desigual
Los datos de Córdoba no son un fenómeno aislado. A nivel nacional, el consumo privado registró una recuperación muy desigual. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reportó que el PIB creció 2.3% interanual en el primer trimestre de 2026 y que el consumo privado alcanzó niveles récord en las estadísticas oficiales. Pero estos promedios esconden disparidades brutales. Las ventas en supermercados cayeron 3.7% interanual y en mayoristas 5%, mientras que los shoppings crecieron 12.6%. Es la economía de dos velocidades, donde quien tiene crédito e ingresos formales altos consume y el resto se retrae.
El gobierno del presidente Javier Milei presenta la desinflación como su principal logro. Y los números lo confirman, con su medida económica logró que en junio de 2026 el IETSE del Centro de Almaceneros de Córdoba registrara una inflación mensual de apenas 1.87%, la más baja en once meses. Esto ocurrió principalmente porque la carne vacuna —uno de los productos de mayor peso en la canasta familiar— prácticamente no tuvo aumentos durante el mes.
Sin embargo, que los precios suban menos no significa que las familias tengan más dinero. La paradoja es exactamente esa. Los precios se desaceleran, pero el poder adquisitivo de los salarios viene cayendo sistemáticamente desde hace meses. En los primeros dos meses de 2026, los salarios registrados perdieron 2% de poder adquisitivo y encadenaron seis meses consecutivos de caídas reales. Desde que asumió Milei, el salario mínimo real acumuló una pérdida de casi 38%, situándose en niveles inferiores a los de la crisis del 2001.
La lógica económica del gobierno Milei apuesta a un mecanismo de transmisión que funciona para bajar la inflación, recuperar el salario real y así reactivar el consumo. Pero ese proceso enfrenta dos problemas estructurales en la Argentina de 2026. Por un lado, la recomposición salarial avanza con lentitud. Aunque en abril de 2026 el salario medio real del empleo privado registrado creció 1.3% mensual, los trabajadores todavía arrastran varios meses de pérdida de poder adquisitivo. La situación es todavía más delicada en el sector informal y entre los empleados públicos, en especial los nacionales, que desde noviembre de 2023 acumulan una caída real del 18.35% en su capacidad de compra.
Por otro lado, los gastos fijos absorben cada vez una porción mayor del ingreso. Las tarifas de servicios públicos, como la luz, el gas y el transporte, aumentaron muy por encima de los salarios durante el plan de ajuste. Una medición de la consultora Focus Market indicó que la proporción del ingreso destinada a servicios pasó del 56.4% al 87.3% entre 2025 y 2026, lo que deja mucho menos margen para el consumo de alimentos y otros bienes básicos.
La desinflación en Córdoba es real, pero llega primero a las góndolas que al bolsillo. Los precios suben menos, pero los ingresos de millones de familias todavía no se recuperaron lo suficiente como para aprovechar esa mejora.
El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Entre Ríos, Roque Fleitas, utilizó un salón de la administración PAMI —un espacio destinado a jubilados y pensionados— para realizar un acto partidario en la ciudad de Crespo, donde defendió al exjefe de Gabinete Manuel Adorni y lanzó la campaña por la reelección del presidente Javier Milei en 2027. El hecho generó reacciones tanto fuera como dentro del propio oficialismo.
“A nosotros no nos van a correr con los medios de comunicación implementando e implantando cosas que no son ciertas y si son ciertas, lo va a determinar la justicia. Nosotros tenemos división de poderes”, afirmó Fleitas, haciendo hincapié en la inocencia de Adorni.
Fleitas es también diputado provincial de LLA. Fue elegido en la asamblea provincial de enero de 2025 como primer presidente partidario en la historia de LLA en esa provincia, tras ganar una disputa interna frente al sector del diputado nacional Beltrán Benedit. Además de su cargo partidario, es padre de Rebeca Fleitas, legisladora porteña que también participa activamente en la política entrerriana.
Al evento asistieron el diputado nacional Andrés Laumann (conocido en los medios como el “Batman libertario”) y la senadora nacional Romina Almeida. También estuvo presente María Celina Ledesma, titular de la delegación de ANSES en Paraná y vocal provincial del partido.
Durante el acto, Fleitas pronunció el llamado a la reelección de Milei y la defensa de Adorni. En ese momento, Adorni ya venía atravesando una grave crisis política y judicial por presunto enriquecimiento ilícito, compra de propiedades sin justificación patrimonial y gastos inconsistentes con su sueldo como funcionario.
— Roque Fleitas, junto a autoridades partidarias de Concordia, tras ser elegido titular del Comité Ejecutivo Provincial de LLA en 2025
Para entender el discurso de Fleitas es clave saber qué estaba pasando con Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita lo investigaba por enriquecimiento ilícito desde que asumió como funcionario, Adorni compró al menos dos propiedades —un departamento en Caballito y una casa en un barrio privado de Exaltación de la Cruz— financiadas con préstamos privados de jubiladas y policías, y realizó obras suntuosas pagadas en efectivo y sin factura.
A su vez, se investigó si viajó a Aruba y Punta del Este en vuelos privados con costos no declarados. Ante todo esto, Adorni insistió en que no cometió delitos, pero finalmente presentó su renuncia el 27 de junio de 2026.
La imagen negativa de Adorni había llegado al 80% según encuestas internas del propio oficialismo, por lo que la conducción nacional de LLA había pedido expresamente que se dejara de usarlo como “activo” político.
— Joaquín Benegas Lynch en un acto político de la conducción de Roque Fleitas en 2025
El episodio provocó dos críticas simultáneas desde Buenos Aires, ambas dirigidas al sector de Fleitas. Por un lado, le reprocharon haber salido en defensa de Adorni, cuando desde el área de comunicación del Gobierno ya se había dado la bajada de línea de no insistir con su imágen, considerado un lastre para el oficialismo. Fleitas desoyó esa directiva.
Por otro, quien salió a desmentir parte de la información fue la propia ministra Sandra Pettovello: “PAMI no está bajo la órbita del Ministerio de Capital humano sino del Ministerio de salud. Aunque mientan los pasquines vale la pena informar”.
En su entorno aseguran que existe una instrucción expresa de no mezclar la gestión de organismos públicos con actos de carácter partidario. Incluso, de acuerdo a lo trascendido, en el Gobierno comenzaron a hablar de “cortar cabezas”.
La reacción local
Lo paradójico del caso es que todos los involucrados en el acto —Fleitas, la directora de la delegación de PAMI de Crespo, Lorena Werner y Ledesma de ANSES— responden al operador político cercano a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, primo del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. Esto abre una disputa interna entre distintas facciones del propio oficialismo.
En Crespo —una ciudad conocida como la Capital Nacional de la Avicultura— vecinos y referentes locales expresaron su indignación por que se haya usado el salón de jubilados para un acto político, especialmente en un contexto de recortes y ajuste en los haberes previsionales. Ledesma, lejos de bajar el tono, salió a defender el evento en redes sociales calificando las críticas de “fake New Opereta KK”, lo que profundizó la polémica.
“En el pueblo están escandalizados porque hicieron un acto político partidario en el Salón que es de jubilados y pensionados, en este momento de ajuste en haberes y prestaciones”, subrayaron fuentes de la localidad de Crespo, al medio La Política Online.
La Ley 19.032 que creó el PAMI establece que el organismo tiene por objeto prestar servicios a jubilados y pensionados. El uso de sus instalaciones para actos proselitistas no está contemplado en ese marco y entraría en contradicción con el principio de neutralidad política que deben mantener los organismos del Estado. Adicionalmente, la Ley de Ética Pública (Ley 25.188) prohíbe a los funcionarios usar recursos del Estado en beneficio de partidos políticos. Si la directora de la delegación de PAMI en Crespo autorizó el uso del salón para el acto, podría ser pasible de sanciones administrativas e incluso penales.
El PAMI es la obra social más grande de Argentina, creada en 1971. Cubre a más de 3.8 millones de jubilados y pensionados en todo el país. Sus instalaciones —delegaciones, salones, centros de jubilados— son espacios públicos financiados con aportes de trabajadores y jubilados, destinados exclusivamente a prestaciones de salud, recreación y bienestar de los adultos mayores
El organismo tiene presencia territorial mediante delegaciones locales. En Crespo, Entre Ríos, existe una oficina del PAMI con un salón que habitualmente se usa para actividades de los jubilados afiliados. Usar ese espacio para un acto político implica convertir un recurso estatal de los jubilados en una herramienta de clientelismo partidario.
Durante la madrugada el monumento al Estado de Israel ubicado en la plazoleta homónima, frente al Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, amaneció con pintadas que incluían consignas como “Israel genocida” y otras expresiones contra el Estado israelí.
No fue un hecho aislado, siendo que ya habría sido objeto de vandalizaciones previas, incluyendo episodios registrados en 2010 y otros más recientes. El municipio intervino rápidamente para comenzar las tareas de limpieza, aunque la restauración demandará diferentes trabajos según el material afectado —ladrillo, placas de mármol—.
Carlos Maravankin, presidente del Centro Hebraico de Neuquén, se pronunció públicamente ante los medios y planteó una postura tajante en distintos planos. Sostuvo que el ataque no solo afecta a la comunidad judía neuquina, sino que también implica un perjuicio para toda la sociedad, ya que el repintado y la restauración del espacio deben ser afrontados con fondos públicos. Además, recordó que el modus operandi es una conducta reiterada, con antecedentes similares en el pasado que refuerzan la idea de una agresión persistente contra ese espacio. En ese marco, calificó a los autores como “grupos antisociales” que “no están en condiciones de sostener un diálogo democrático y respetuoso”, y que recurren al daño sobre el espacio público como única forma de expresión.
“Después el arreglo y el repintado lo terminamos pagando todos los vecinos a través de nuestros impuestos”, afirmó Maravankin. “Evidentemente esto refleja la ignorancia de estos antisociales. Primero deberían estudiar qué significa realmente el concepto de ‘genocidio’. Si realmente hubiera existido un genocidio, un pueblo habría desaparecido. Ningún pueblo ha desaparecido en Medio Oriente”, añadió.
— El monumento al Estado de Israel está frente al Concejo Deliberante de Neuquén
A su vez remarcó el componente personal y comunitario del conflicto, al señalar que varios integrantes de la colectividad local tienen familiares y amigos en Israel que atraviesan de manera directa las consecuencias de la guerra. Por último, cuestionó el uso del término “genocidio” para referirse a la situación en Gaza, en un punto que continúa generando una fuerte controversia internacional y donde conviven interpretaciones jurídicas, académicas y políticas profundamente divergentes.
Maravankin destacó que quienes hicieron las pintadas debieron haber usar algún elemento para trepar a las partes altas del monumento, lo que sugiere cierta premeditación, ymanifestó su esperanza en que las cámaras de seguridad del Concejo Deliberante o un domo cercano permitan identificar a los responsables para que reciban las sanciones previstas por la normativa argentina sobre expresiones de odio y discriminación.
La reacción del municipio fue rápida —enviando operarios para la limpieza—, pero la cuestión de fondo es más difícil de resolver que una pintura. La comunidad judía neuquina usa la plazoleta como punto de encuentro y manifestación. En octubre de 2023, tras el ataque de Hamás, fue el lugar donde se convocaron todas las comunidades a pedir por la paz.
— Cr. David Schlereth junto al intendente capitalino Horacio Quiroga en la reinauguró la plazoleta Estado de Israel en 2017
Este hecho en Neuquén no puede entenderse sin explicar primero el fenómeno preocupante y estadísticamente documentado. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó el 28 de junio de 2026 —casi simultáneamente con el vandalismo— su Informe Anual sobre Antisemitismo en Argentina 2025.
Los datos son elocuentes. En 2025 se registraron 713 casos de antisemitismo en el país, lo que representa un incremento del 3.78% respecto de los 687 contabilizados en 2024. La cifra equivale a casi dos episodios por día a lo largo de todo el año. En ese mismo período, se denunciaron 48 agresiones antisemitas en la vía pública y en espacios comunes, prácticamente una por semana. El principal escenario de manifestación sigue siendo el ámbito digital, donde se concentró la mitad de los casos, especialmente en plataformas como X, Instagram, TikTok y Telegram.
Acusado por expertos de usar IA en su último paper, Javier Milei enfrenta un nuevo cuestionamiento sobre su integridad académica. Un historial de plagios y una constante búsqueda de validación que reabre el debate sobre su honestidad intelectual.
Con más de 4.300 muertos, el titular de la Fundación FIFA, Mauricio Macri, confirmó que la entidad destinará un millón de dólares de su fondo humanitario a las tareas de socorro y reconstrucción.
La aerolínea acumula diez días de parálisis operativa mientras mantiene activo su sistema de ventas. Entre deudas millonarias, pedidos de quiebra y una flota reducida a una sola unidad, el silencio del Estado Nacional garantiza la comercialización de servicios.
Les preocupan las “expresiones racistas e islamofóbicas” pero no que un musulmán degenerado pueda casarse con una nena de 13 años o que traten a las mujeres como objetos.
No vamos a permitir que estos enfermos de la cabeza avancen ni un centímetro en nuestro país. https://t.co/DcPPO2ZJM5
