CADA VEZ PEOR | Para comprar un auto se necesitan 6 sueldos más que en diciembre
La inflación sigue dando pasos agigantados y el sector automotor es un claro reflejo de ello. Los precios de los autos no paran de subir y cada vez son más inaccesibles.
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En el mes de diciembre, se necesitaban 30,2 sueldos, mientras que en abril hacen falta 36,2. La información surge de un relevamiento realizado por el SIOMAA, el sistema de estadísticas de la asociación que agrupa a las concesionarias (ACARA).
El cálculo se realizó sobre un modelo pequeño con un valor en abril de $2.687.809 y un sueldo promedio de $74.295. En el mes de enero se necesitaban 31.5 sueldos para adquirirlo, en febrero unos 32,8 y en marzo subió a 34,5.
Los autos vienen sufriendo aumentos del 5% por mes como piso y en el acumulado de los últimos 12 meses, la suba es de 71%, de acuerdo a la entidad que realizó el informe que además agrega, que, en los últimos dos años, la cantidad de salarios que se necesitan para comprar un vehículo nuevo casi se duplicó: a comienzos del 2020 se requerían 19,8 sueldos para llegar a un 0km chico, en la actualidad se necesitan 36,2%.
Un dato a tener en cuenta, es que para realizar el informe se tuvo en cuenta los precios de lista oficiales, pero en el mercado se manejan otros valores debido a la falta de unidades y Los sobreprecios son algo común. Es por ello, que los 0km vienen aumentando por arriba de la inflación.
El informe detalla además, que si la comparación se realiza con años anteriores, el resultado es más significativo: en 2019, se necesitaban 17,4 sueldos promedio para adquirir un modelo como el Volkswagen Gol, mientras que en 2018 hacían falta sólo 11,2 sueldos.
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El frigorífico Pico de La Pampa, encargado de la fabricación de hamburguesas Paty, suspendió a sus 450 empleados en las últimas horas, en medio de una severa crisis que golpea la producción del sector y de muchas otras industrias en todo el país.
La noticia se conoce al tiempo que se informa el cierre de dos plantas textiles en Corrientes y Chaco, y que deja a 260 trabajadores en la calle, poniendo de relieve que la crítica situación económica atraviesa de manera transversal a los diferentes rubros.
En el caso de la compañía que se volvió un símbolo del medallón de carne picada, la medida adoptada se argumentó por una caída de las ventas y la acumulación de deudas superiores a los $30.000 millones.
Pico pagó el precio de un consumo interno estancado en mínimos históricos y de una merma de las exportaciones que impactó de lleno en el sector.
Según detallaron desde la firma, pasaron de faenar cerca de 600 cabezas de ganado vacuno por día a apenas 50, ilustrando el derrumbre de un sector que -sin embargo- no se privó de registrar aumentos de precio que duplicaron la inflación durante el año pasado.
La retracción de las exportaciones de carnes durante 2025 redondeó un 7,3%, con una reducción dominante de los envíos a China -principal destino del producto nacional- del 12,3%.
Como Pico dependía en buena medida del comercio exterior para sostener su estructura operativa, sus ingresos se vieron comprometidos.
En la localidad pampeana de Trenel, donde el frigorífico es uno de los principales motores económicos, crece la preocupación por un eventual cierre definitivo. La paralización de la planta no solo afecta a los trabajadores directos, sino también a comerciantes, transportistas y productores vinculados a la cadena cárnica.
LAS PEORES HORAS DEL SECTOR TEXTIL:
Como se mencionó, la textil Emilio Alal cerró sus plantas productivas de hilados y telas en Corrientes y Chaco, y despidió a 260 operarios. Se suma a un escenario lapidario que padece el sector que -desde la asunción de Milei en 2023- acumuló una pérdida de más de 16.000 puestos de trabajo registrados en todo el país.
La compañía estaba dedicada a la fabricación de insumos para la industria del calzado, accesorios y talabartería, además de la producción de hilados de algodón y telas, según consignó el diario El Litoral.
El nivel de producción del sector solo es comparable con los momentos más complejos de la pandemia.
En octubre, la utilización de la capacidad instalada del sector descendió al 32,5%, lo que representó una baja de 4,6 puntos porcentuales respecto de septiembre y de 15,3 puntos frente a octubre de 2024.
El cierre se suma al de otras empresas del sector que en los últimos meses anunciaron cierres o reducciones de sus plantas, con caída en el empleo.
La firma, con más de 100 años de trayectoria, dijo que la decisión responde al “actual contexto económico y comercial adverso”, cada vez más dominado por los importaciones y apuntó a problemas estructurales que “afectan la competitividad de la industria nacional”.
Los directivos hablaron de un escenario inviable para la continuidad de sus operaciones y sin perspectivas de mejora en el corto y mediano plazo.
La empresa cuestionó la apertura “indiscriminada” de importaciones de hilados, telas y prendas de vestir, tanto nuevas como usadas. También se remarcó la caída del poder adquisitivo; los altos costos financieros, laborales y energéticos; y la elevada carga impositiva.
La compañía dijo que ese escenario “generó una pérdida significativa de competitividad para la producción nacional”.
Según la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la actividad del sector registró una caída interanual del 24% en octubre de 2025, muy por encima del retroceso promedio de la industria manufacturera, que fue del 2,9% en el mismo período.
El Gobierno nacional decidió suspender el proceso de actualización del TAN (Tanque Argentino Mediano) —un proyecto con base en tecnología fabricada en el país— y en su lugar adquirirá vehículos blindados Stryker de origen estadounidense, usados y más costosos, informaron fuentes del ámbito de Defensa.
La paralización del plan de modernización del TAM se dio en medio de ajustes presupuestarios y de un alineamiento estratégico con Estados Unidos. Restricciones financieras impuestas en mayo de 2025 por el Banco Central limitaron la compra de insumos en el exterior para mantener operativos los vehículos blindados de fabricación local.
Carlos Alberto Presti, flamante ministro de Defensa
La empresa estatal TAMSE, encargada de la producción y mantenimiento del TAM y sus variantes, cerró sus puertas en este contexto, lo que desmanteló parte de la cadena productiva y logística regional que sostenía esta industria. El resultado fue que gran parte de la flota quedara fuera de servicio por falta de repuestos y soporte técnico accesible.
La elección de los Stryker, modelos que han sido utilizados por el ejército estadounidense en conflictos como Afganistán e Irak, responde, según voceros oficiales, a una prioridad en movilidad y capacidad de respuesta rápida. Sin embargo, desde el propio Ejército y sectores especializados se advirtió que había opciones más convenientes y con mayor interoperabilidad técnica, como los vehículos Guaraní de Brasil, que contaban con componentes producidos en la región y menores costos de mantenimiento.
El legendario Tanque Argentino Mediano
Un aspecto que también genera polémica es el costo de la operación: el paquete de Stryker, de unos 27 vehículos blindados, ronda los 100 millones de dólares, lo que implica un desembolso significativamente mayor por unidad que las propuestas alternativas, sobre todo si se considera que provenían de excedentes usados descartados por otros ejércitos.
Estados Unidos autoriza la venta de 27 vehículos Stryker M1126 a Argentina
Los críticos de la decisión sostienen que esta compra no solo compromete la industria nacional de defensa, sino que limita la transferencia de tecnología y la creación de empleo local, aspectos que estaban presentes en los proyectos de modernización del TAMy otros programas de equipamiento militar autóctonos.
Argentina buscó tomar el control de su espacio marítimo mediante un nuevo protocolo orientado a combatir la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida apuntó a reforzar la protección de los recursos pesqueros frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), una de las principalesamenazas para la sostenibilidad del sector y para la economía vinculada al complejo pesquero nacional.
La normativa entró en vigencia a través de la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, publicada en el Boletín Oficial. La disposición fue impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, mediante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, y estableció criterios objetivos para identificar buques de bandera extranjera pescando ilegalmente.
El eje central del nuevo esquema consistió en transformar criterios técnicos complejos en estándares operativos claros, verificables y aplicables en tiempo real.
Uno de los cambios más relevantes fue la incorporación de presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento de los buques extranjeros. A partir de ese esquema, se consideró que una embarcación se encontró realizando tareas de pesca cuando navegó a menos de 6 nudos y ejecutó maniobras o cambios de rumbo compatibles con esa actividad dentro de la ZEEA, aun cuando no se detectó el arte de pesca de manera directa.
El protocolo puso especial atención sobre los buques poteros, especializados en la captura de calamar, una de las especies de mayor interés comercial y presión extractiva. En esos casos, la presunción de ilegalidad se activó si la nave se desplazó a 2 nudos o menos sin una justificación técnica válida, una medida que buscó cerrar vacíos habituales en los controles tradicionales.
El monitoreo se realizó mediante el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, que integró información satelital, registros electrónicos y datos de navegación. Esos elementos pudieron ser utilizados como evidencia objetiva para iniciar actuaciones y aplicar sanciones, fortaleciendo la capacidad de control del Estado en un área extensa y de difícil supervisión presencial.
La disposición funcionó como herramienta legal de apoyo a la labor que Prefectura vino realizando como parte de su estrategia de control de los espacios jurisdiccionales. En su carácter de autoridad nacional, con competencias y atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar y como policía auxiliar pesquera, Prefectura generó un procedimiento de detección electrónica, análisis de patrones de comportamiento de buques pesqueros e incorporación y custodia de pruebas de diversas fuentes de información. Ese procedimiento posibilitó a la autoridad pesquera nacional llevar adelante las actuaciones administrativas y, de corresponder, el proceso sancionatorio por la conducta detectada.
Según se explicó, el procedimiento y la norma emitida en consonancia por la autoridad de aplicación contribuyeron a discriminar actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros del derecho de libre navegación que les asistió, acorde el derecho internacional, permitiendo así, en caso de corresponder, actuar en consecuencia, en defensa de los recursos e intereses nacionales.
Más allá del enfoque sancionatorio, la disposición incorporó garantías de debido proceso. Los capitanes de los buques alcanzados por las presunciones pudieron presentar descargos y pruebas técnicas, como reportes meteorológicos adversos o partes de avería, que permitieron justificar los movimientos registrados. De ese modo, el esquema buscó equilibrar firmeza en el control con reglas claras y previsibilidad jurídica.
La iniciativa se enmarcó en el Principio Precautorio, que obligó a actuar de manera preventiva ante el riesgo de daños graves o irreversibles al ecosistema marino, aun cuando no existió certeza científica absoluta en el momento de la detección. Este criterio cobró relevancia en un contexto de creciente presión sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur y de expansión de flotas extranjeras en los límites de la ZEEA.
Para la Prefectura, la aplicación de la ley no se limitó al seguimiento y control de la información estática de los buques, sino que implicó detectar patrones y comportamientos que representaron indicadores de posibles actividades ilegales. Esto le permitió ser generadora de buenas prácticas jurídicas y operativas de lucha contra la pesca ilegal, reconocidas internacionalmente.
La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) dio a conocer su “semáforo” de economías regionales. En noviembre de 2025, el informe registró cinco actividades en “verde”, ocho en “amarillo” y seis en “rojo”, con una única novedad intermensual: la cadena aviar bajó de “verde” a “amarillo” por “un deterioro en los componentes de negocio y mercado”.
El reporte evaluó tres componentes: “negocio”, “productivo” y “mercado”. En el primero, midió la evolución de precios y costos en términos mensuales e interanuales; en el segundo, consideró área o stock y producción; y en el tercero, siguió exportaciones, importaciones y consumo interno.
En el corte de noviembre, las actividades ubicadas en rojo fueron yerba mate, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas y algodón. En amarillo quedaron forestal, maní, leche, tabaco, cítricos dulces, mandioca, peras y manzanas, y avícola. En verde se ubicaron bovinos, porcinos, ovinos, granos y miel.
Sobre el cambio de categoría del complejo aviar, Coninagro precisó quelos precios subieron 16% en los últimos 12 meses, por debajo de la inflación general del 31%. En paralelo, las exportaciones se redujeron 13% y las importaciones aumentaron 12%, mientras que el consumo creció 1%. Aun así, la entidad indicó que el componente productivo contuvo una baja mayor, debido a que “los indicadores continúan siendo positivos: el stock de aves creció 4% y la producción aumentó 3% en el último año”.
Más allá de la evolución mensual, Coninagro incluyó un análisis retrospectivo del período 2016–2025. Según la entidad agropecuaria, en más de diez años de publicaciones del semáforo, ocho de las 19 economías analizadas pasaron más de la mitad del tiempo en rojo. Entre las más comprometidas ubicó a la vitivinicultura y a los cítricos dulces, que permanecieron en rojo cerca del 70% de los meses. Detrás se ubicaron la lechería y el arroz, con 63%, y luego la producción ovina, junto con peras y manzanas y papa, que rondaron el 55% del período en esa situación.
En el extremo opuesto algunas actividades mostraron recorridos más estables. Las carnes porcina, aviar y bovina permanecieron en verde en más del 45% del tiempo, y el mismo comportamiento registraron la producción manicera y el complejo granos.
En su capítulo de comercio exterior, el informe consignó que, entre enero y noviembre de 2025, las 19 actividades relevadas sumaron exportaciones por U$S 54.193 millones, lo que representó un salto del 65% frente al promedio histórico de la última década (U$S 32.802 millones). El análisis advirtió una fuerte concentración: el 76% de los ingresos provino de los complejos granarios (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) y el 9,4% correspondió al sector bovino. El 14,6% restante, equivalente a unos U$S 7.912 millones, lo aportó el conjunto de las demás economías regionales.
En importaciones, el total promedió U$S 3.145 millones entre enero y noviembre. El complejo granario explicó el 72% de las compras externas, seguido por la actividad forestal (9%), el sector porcino (4%) y el algodón (3%), mientras que el 12% restante se distribuyó entre otras producciones.
Al comparar con el promedio del mismo período de los últimos nueve años, Coninagro marcó que algunos sectores crecieron con fuerza y otros retrocedieron. En el ranking exportador, el tabaco lideró con U$S 590 millones, un 293% por encima de su promedio histórico. Le siguió el arroz con U$S 414 millones (+181%) y luego el complejo forestal con U$S 148 millones (+154%). El complejo lácteo se destacó con U$S 1.621 millones, un 129% de crecimiento frente a los U$S 738 millones del promedio 2016–2024. En sentido contrario, la única caída relevante la registró la actividad avícola, con U$S 87 millones, un retroceso del 64% frente al promedio histórico (U$S 218 millones).
En importaciones, Coninagro informó que cuatro complejos prácticamente duplicaron o más que duplicaron sus compras externas respecto del promedio 2016–2024. Los cítricos dulces encabezaron el incremento con U$S 24,6 millones (+118%), seguidos por el maní con U$S 1,7 millones (+102%). En niveles similares se ubicaron el complejo bovino con U$S 97 millones (+98%) y la vitivinicultura con U$S 43 millones (+97%). En el otro extremo, el informe indicó bajas cercanas al 50% en papa (de U$S 20 millones a U$S 10 millones), apicultura (de U$S 96.000 a U$S 45.000), hortalizas (de U$S 31 millones a U$S 15 millones) y el complejo ovino (U$S 2 millones frente a U$S 3 millones del período anterior).
La tragedia ambiental que consume el Parque Nacional Los Alerces dejó de ser un evento estrictamente climático para transformarse en un complejo expediente penal que sacude los cimientos de la administración pública.
A medida que las llamas devoran más de 35.000 hectáreas de bosque nativo, la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel, bajo la conducción del fiscal federal Santiago Roldán, puso bajo la lupa una cadena de omisiones y negligencias que apuntan directamente a la cúpula del manejo del fuego.
El centro de la investigación ya no está puesta sobre el origen del foco de incendio, atribuido a una descarga eléctrica natural, sino en la parálisis estatal (y presunta corrupción) que permitió que un evento controlable se transformara en una catástrofe sin precedentes.
La denuncia formal presentada por la Asociación de Pobladores de la Reserva fue el detonante para que la justicia investigue el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y la malversación de recursos destinados a la prevención.
En el ojo de la tormenta aparecen nombres clave que hasta hace horas estaban al frente del control del área protegida, tales los casos del desplazamiento de Danilo Otaño, intendente del Parque, y las citaciones dirigidas a Cristian Glijer, Director Nacional de Operaciones, y Jorge Heider, responsable del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
La justicia busca determinar por qué, a pesar de las alertas tempranas,el ataque inicial con medios aéreos sufrió una demora superior a las 48 horas, un tiempo vital que condenó a la reserva a las cenizas.
Asimismo, el último peritaje entregado por la división de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina sumó tensión al caso. Es que el secuestro de los registros de radio de los guardaparques y la geolocalización de las unidades de transporte sugieren que hubo recursos operativos que no fueron desplegados a tiempo, o que fueron desviados de los puntos críticos de ignición sin una justificación clara.
Mientras la Administración de Parques Nacionales tomó la decisión de intervenir el predio para garantizar que la documentación interna no sea alterada, la auditoría de la Tesorería General de la Nación sobre los fondos subejecutados en prevención de incendios promete revelar un esquema de desidia burocrática con consecuencias penales.
Lo que hoy se ventila en los tribunales de Chubut refiere a la responsabilidad de una estructura estatal que, por inoperancia o corrupción, dejó desprotegido un patrimonio natural de los argentinos.
La causa avanza ahora hacia la etapa de indagatorias, donde los registros de comunicaciones serán la prueba principal para determinar quién dio la orden de no intervenir cuando el fuego todavía era una amenaza pequeña.
Por otro lado, la parálisis en el combate del fuego en Los Alerces encuentra una explicación técnica en las planillas del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, donde la subejecución de fondos para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego alcanzó niveles críticos.
Los informes de ejecución presupuestaria revelan que, a pesar de la emergencia declarada, las partidas destinadas al mantenimiento de aviones hidrantes y el pago de viáticos para brigadistas nacionales sufrieron fuertes recortes que impidieron un despliegue logístico a la altura del desastre.
Esta falta de recursos, denunciada tanto por sindicatos de guardaparques como por la justicia federal en sus pedidos de informes a la Tesorería General de la Nación, pone el foco de responsabilidad en el Gobierno del presidente Javier Milei, cuya gestión priorizó el ajuste fiscal incluso sobre los recursos destinados a catástrofes ambientales.
Además, cabe destacar, la agenda oficial del jefe de Estado no hizo más que profundizar el malestar en la región patagónica tras optar por un perfil alejado de la gestión de la crisis, viajando a Mar del Plata y participando de La Derecha Fest.
El innegable contraste exhibe que mientras en Los Alerces se combatían focos de incendio fuera de control, el mandatario se mostraba en un ambiente de celebración, llegando incluso a subir al escenario junto a su ex pareja, Fátima Flórez, durante su espectáculo teatral.
Esta desconexión del jefe de Estado fue leída como una señal de desatención política que ya forma parte de las críticas volcadas a un entorno en el que se investiga por qué el Estado Nacional no reaccionó con la urgencia que el patrimonio requería.
Por otro lado, como ejemplo, se puede mencionar que el recorte en el manejo del fuego significó que 4.200 millones de pesos no se transfirieron para tareas críticascomo el mantenimiento de los aviones hidrantes.
Asimismo, el presupuesto para viáticos y salarios de las brigadas nacionales sufrió una caída real del 35%. El resultado fue que, al momento del desastre en Los Alerces, solo 120 de los 300 brigadistas requeridos por protocolo estaban operativos.
En otras palabras,el Estado ahorró unos 1.500 millones de pesos en prevención, pero ahora enfrenta un costo operativo de más de 12.000 millones para intentar mitigar un fuego descontrolado.
Y todo esto se resume en que mientras la tragedia ambiental escalaba, la agenda del presidente se enfocaba en Mar del Plata, autorizando partidas para los traslados y la seguridad de Milei en la costa atlántica, dejando en evidencia una brecha entre la gestión de la crisis y las prioridades políticas.
La empresa Coteminas, de origen brasileño, dedicada a la fabricación de sábanas y toallas bajo marcas como Arco Iris y Palette, notificó la desvinculación de 57 trabajadores de su unidad productiva ubicada en La Banda, provincia de Santiago del Estero.
Esta cifra se añade a las 56 bajas ocurridas en noviembre de 2025, acumulando un total de 113 despidos en un periodo de dos meses.
La empresa argumentó en un comunicado que los despidos se producen por “la delicada situación por la que está atravesando la industria nacional, en la que la industria textil lamentablemente no se encuentra exenta, motivada principalmente por la caída del poder adquisitivo, avalancha de importaciones, reducción de aranceles/impuestos a productos importados y costos de producción al alza“, señaló la empresa en un comunicado.
Coteminas detalló que estos factores, que incluyen elevados costos energéticos y financieros junto a la presión impositiva, provocaron una caída de ventas. Según la dirección, la medida busca “adaptar la producción al nuevo contexto de mercado”. La empresa manifestó que las decisiones “se toman con pesar y a conciencia del impacto social que esto genera”.
Visión del sector gremial
Desde la Asociación Obrera Textil (AOT), el delegado Mario Díaz señaló que la planta opera actualmente con cerca de un tercio del personal que tuvo en la década pasada, cuando alcanzó los 1.200 empleados.
“Ellos aducen que siguen con el mismo problema de sobre stock, que no pueden vender la mercadería, que es muy difícil vender el producto porque llegan importaciones a muy bajo costo y que el gobierno nacional lo está permitiendo”, afirmó Díaz a El Liberal.
El representante gremial añadió que la empresa ha mantenido una tendencia de desvinculaciones anuales tras la pandemia y advirtió que la gerencia ha sido clara en que, de no verificarse mejoras en el contexto económico, “van a seguir desvinculando gente”.
Cierre en Corrientes y Chaco
Este martes, la empresa Emilio Alal confirmó el cierre definitivo, de sus plantas de hilados y telas, argumentando que la situación actual ha vuelto “inviable la continuidad de sus operaciones” por la apertura de las importaciones y la caída del consumo. De esta manera, la pyme textil despidió a 260 operarios.
La crisis no solo afecta a la planta de hilados y telas en la ciudad correntina de Goya, sino también a la unidad productiva de hilados en Villa Ángela, Chaco.
Según indicaron, la decisión es consecuencia del “actual contexto económico y comercial adverso”, una realidad que no parece dar tregua, ya que la firma aseguró “no avizorar cambios de relevancia para el corto y mediano plazo”.
La crisis textil en números
Según datos de la Fundación Pro Tejer, la producción textil registró una contracción del 36,7% interanual en noviembre de 2025.
Asimismo, la utilización de la capacidad instalada en el sector cayó al 29,2%, el nivel más bajo de la industria manufacturera.
El informe de dicha entidad ratifica los puntos mencionados por la empresa:
– El ingreso de productos extranjeros aumentó un 71% interanual en cantidades durante 2025.
– El poder adquisitivo de los salarios registrados privados descendió un 4% interanual a noviembre de 2025.
– Las importaciones de prendas de vestir crecieron un 164% en toneladas en el último año.
Con un gasto superior a los $310 millones, ARBA sumará un sistema de monitoreo para detectar construcciones y mejoras no declaradas en zonas urbanas y rurales. La medida llega tras las fuertes subas del Impuesto Inmobiliario, que en 2024 trepó hasta 200% y sumó adicionales cuestionados por el agro.
La administración de Javier Milei frenó la modernización del Tanque Argentino Mediano (TAM) y decidió adquirir vehículos blindados Stryker de Estados Unidos, una decisión que genera críticas por el impacto en la industria local y los costos operativos.
Con un nuevo protocolo que ya está en vigencia, el Estado refuerza la vigilancia sobre la Zona Económica Exclusiva y establece presunciones claras de pesca ilegal para proteger los recursos marinos y la soberanía nacional.
Proyectos en 2 años: 2 que no le sirven en lo más absoluto a nada. Hablar de religión todos los putos días (no sabe un ocote porque dice ser “judeo-cristiana”) es decir un tremendo ñoqui de esos que nosotros odiamos y no es el único ñoqui de lla… https://t.co/DPD3tc0jjApic.twitter.com/FlNaRWBXLF
