CADA VEZ PEOR | Para comprar un auto se necesitan 6 sueldos más que en diciembre
La inflación sigue dando pasos agigantados y el sector automotor es un claro reflejo de ello. Los precios de los autos no paran de subir y cada vez son más inaccesibles.
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En el mes de diciembre, se necesitaban 30,2 sueldos, mientras que en abril hacen falta 36,2. La información surge de un relevamiento realizado por el SIOMAA, el sistema de estadísticas de la asociación que agrupa a las concesionarias (ACARA).
El cálculo se realizó sobre un modelo pequeño con un valor en abril de $2.687.809 y un sueldo promedio de $74.295. En el mes de enero se necesitaban 31.5 sueldos para adquirirlo, en febrero unos 32,8 y en marzo subió a 34,5.
Los autos vienen sufriendo aumentos del 5% por mes como piso y en el acumulado de los últimos 12 meses, la suba es de 71%, de acuerdo a la entidad que realizó el informe que además agrega, que, en los últimos dos años, la cantidad de salarios que se necesitan para comprar un vehículo nuevo casi se duplicó: a comienzos del 2020 se requerían 19,8 sueldos para llegar a un 0km chico, en la actualidad se necesitan 36,2%.
Un dato a tener en cuenta, es que para realizar el informe se tuvo en cuenta los precios de lista oficiales, pero en el mercado se manejan otros valores debido a la falta de unidades y Los sobreprecios son algo común. Es por ello, que los 0km vienen aumentando por arriba de la inflación.
El informe detalla además, que si la comparación se realiza con años anteriores, el resultado es más significativo: en 2019, se necesitaban 17,4 sueldos promedio para adquirir un modelo como el Volkswagen Gol, mientras que en 2018 hacían falta sólo 11,2 sueldos.
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Las ventas minoristas en Córdoba cayeron un 18% interanual durante junio, con fuertes retrocesos en los comercios del centro y los principales shoppings de la ciudad. En los barrios, el consumo de alimentos continúa sin mostrar signos de recuperación y las familias restringen cada vez más sus compras. Ante la pérdida del poder adquisitivo, crece el recurso del fiado como alternativa para acceder a productos de primera necesidad.
La Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) mide mensualmente lo que ocurre en los grandes corredores comerciales, galerías y shoppings de la capital. Los datos de junio son duros, en comparación con junio de 2025, y junto con la rentabilidad de los comercios que se contrajo 20% en el mismo período. Frente al mes anterior, mayo, tampoco hubo alivio. Las unidades vendidas bajaron otro 5% y las ganancias se redujeron 9%.
El único indicador que “subió” fue el ticket promedio, que pasó de $124.000 a $150.895 entre mayo y junio. Pero esa suba no es una buena noticia, ya que solo refleja que los pocos productos que se compran son más caros (efecto inflación y financiamiento), no que la gente compre más.
La tendencia viene profundizándose desde marzo. En ese mes las ventas cayeron 10%; en abril el desplome llegó al 23%; en mayo fue del 21% y en junio se ubicó en 18%. La rentabilidad sigue un recorrido similar, pasando de -15% interanual en marzo a -24% en abril, -22% en mayo y -20% en junio. Solo el 11% de los comerciantes dijo haber cumplido sus expectativas de ventas en junio —una cifra que apenas mejora respecto al crítico 5% de abril.
Para dimensionar la gravedad, el índice de ventas minoristas pyme de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) registró a nivel nacional una caída de apenas 0.5% interanual en junio. El -18% de Córdoba Capital es, en ese contexto, un dato alarmante que supera ampliamente la tendencia nacional.
Si el panorama en el centro comercial es malo, en los almacenes de barrio es todavía más preocupante porque ahí se mide lo más básico: la compra de comida.
Según el Centro de Almaceneros de Córdoba (CAC), las ventas en comercios barriales de alimentos retrocedieron 8.6% interanual durante junio. Esto ocurre incluso en un contexto de inflación de alimentos que cayó al 1.7% mensual, el menor incremento desde julio de 2025. Es decir que, aunque los alimentos aumentan menos, la gente compra menos alimentos. La razón es simple, puesto que no tiene el dinero para comprarlos.
“Las familias ya no pueden hacer compras grandes en supermercados. Vienen al almacén todos los días, pero compran lo justo para pasar la jornada”, afirmó Germán Romero, director general del CAC.
El sistema del fiado —esa práctica de anotar la deuda en el cuadernito del almacén para pagar después— volvió a ganar terreno con una fuerza que no se veía desde hace años. Según datos del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), durante junio el 89% de los hogares debió financiar la compra de alimentos, en un escenario en el que el 39.3% recurrió al fiado en almacenes de barrio, el 38.4% utilizó tarjetas de crédito, el 11.2% pidió dinero prestado a terceros y apenas el 10.1% pudo abastecerse sin acudir a algún tipo de financiamiento.
Esto significa que prácticamente 9 de cada 10 familias no tiene dinero disponible para comprar comida al momento de comprarla. La alimentación se convirtió en un bien financiado, igual que un electrodoméstico o un auto.
— La evolución de la inflación en el año 2026 según el IETSE
La encuesta de hogares del IETSE de junio revela, a su vez, una situación de vulnerabilidad extrema. El 56.6% de los hogares no logró cubrir adecuadamente la Canasta Básica Alimentaria, mientras que el 53.2% debió reducir la cantidad de comidas diarias. Asimismo, el 32.4% atravesó situaciones de hambre sin poder resolverlas, el 21.8% se quedó sin alimentos en algún momento del mes y el 21.6% tuvo que pedir alimentos o dinero a familiares para poder alimentarse. A esto se suma que un 11.4% de los hogares afirmó haberse alimentado una sola vez al día durante algún período, reflejando el fuerte deterioro de las condiciones de vida.
Estas proporciones son coincidentes con los que la misma entidad venía registrando desde principios de año. En febrero, el Centro de Almaceneros ya señalaba que el 57% de las familias no lograba cubrir la Canasta Básica Alimentaria y describía el escenario como de “inseguridad alimentaria poblacional”.
El fiado no es solo un problema de las familias, sino que también destruye financieramente a los pequeños comerciantes. Los almaceneros venden sin recibir dinero con la expectativa de que el cliente eventualmente pague. Pero cuando los ingresos de las familias no se recuperan, ese pago nunca llega.
De acuerdo con el relevamiento, la morosidad en las ventas fiadas ya alcanza el 28%, mientras que la incobrabilidad (deudas que directamente no se cobrarán nunca) llega al 17.7%. Esto significa que casi 1 de cada 5 pesos de deuda fiada es irrecuperable. Para un almacén de barrio, que opera con márgenes muy bajos y capital de trabajo escaso, absorber esa pérdida puede significar el cierre del negocio.
El sector ya venía golpeado, cuando a fines de 2025, el Centro de Almaceneros registraba una caída interanual del 21.2% en el volumen de ventas de los comercios de proximidad, con un desplome de 34.3% solo en diciembre.
Una recuperación fragmentada y desigual
Los datos de Córdoba no son un fenómeno aislado. A nivel nacional, el consumo privado registró una recuperación muy desigual. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reportó que el PIB creció 2.3% interanual en el primer trimestre de 2026 y que el consumo privado alcanzó niveles récord en las estadísticas oficiales. Pero estos promedios esconden disparidades brutales. Las ventas en supermercados cayeron 3.7% interanual y en mayoristas 5%, mientras que los shoppings crecieron 12.6%. Es la economía de dos velocidades, donde quien tiene crédito e ingresos formales altos consume y el resto se retrae.
El gobierno del presidente Javier Milei presenta la desinflación como su principal logro. Y los números lo confirman, con su medida económica logró que en junio de 2026 el IETSE del Centro de Almaceneros de Córdoba registrara una inflación mensual de apenas 1.87%, la más baja en once meses. Esto ocurrió principalmente porque la carne vacuna —uno de los productos de mayor peso en la canasta familiar— prácticamente no tuvo aumentos durante el mes.
Sin embargo, que los precios suban menos no significa que las familias tengan más dinero. La paradoja es exactamente esa. Los precios se desaceleran, pero el poder adquisitivo de los salarios viene cayendo sistemáticamente desde hace meses. En los primeros dos meses de 2026, los salarios registrados perdieron 2% de poder adquisitivo y encadenaron seis meses consecutivos de caídas reales. Desde que asumió Milei, el salario mínimo real acumuló una pérdida de casi 38%, situándose en niveles inferiores a los de la crisis del 2001.
La lógica económica del gobierno Milei apuesta a un mecanismo de transmisión que funciona para bajar la inflación, recuperar el salario real y así reactivar el consumo. Pero ese proceso enfrenta dos problemas estructurales en la Argentina de 2026. Por un lado, la recomposición salarial avanza con lentitud. Aunque en abril de 2026 el salario medio real del empleo privado registrado creció 1.3% mensual, los trabajadores todavía arrastran varios meses de pérdida de poder adquisitivo. La situación es todavía más delicada en el sector informal y entre los empleados públicos, en especial los nacionales, que desde noviembre de 2023 acumulan una caída real del 18.35% en su capacidad de compra.
Por otro lado, los gastos fijos absorben cada vez una porción mayor del ingreso. Las tarifas de servicios públicos, como la luz, el gas y el transporte, aumentaron muy por encima de los salarios durante el plan de ajuste. Una medición de la consultora Focus Market indicó que la proporción del ingreso destinada a servicios pasó del 56.4% al 87.3% entre 2025 y 2026, lo que deja mucho menos margen para el consumo de alimentos y otros bienes básicos.
La desinflación en Córdoba es real, pero llega primero a las góndolas que al bolsillo. Los precios suben menos, pero los ingresos de millones de familias todavía no se recuperaron lo suficiente como para aprovechar esa mejora.
El Gobierno Nacional congeló el mecanismo de actualización del subsidio para la tarifa social del transporte, por lo que el descuento del 55% dejará de ajustarse automáticamente ante futuros aumentos del boleto. La medida trasladará parte del costo a los usuarios beneficiarios y a los municipios que decidan sostener el nivel de subsidio con recursos propios. Desde el sector del transporte advierten que la decisión podría reducir la cantidad de pasajeros y afectar la calidad del servicio.
El presidente Javier Milei publicó en el Boletín Oficial la Resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte (firmada por el secretario Mariano Plencovich, bajo la órbita del Ministerio de Economía de Luis Caputo). Esta norma modifica justamente cómo se calcula el subsidio conocido como Tarifa Social Federal, que le permite a ciertos grupos viajar en colectivo o tren con subsidio en el boleto.
A partir de julio, eso cambia. El descuento ya no se calcula sobre el precio actual del boleto, sino sobre una llamada “tarifa de referencia” fijada a los valores del próximo 30 de junio de 2026. Esa referencia no se actualizará sola, siendo que solo cambiará cuando la propia Secretaría de Transporte decida expresamente hacerlo. El artículo 2 de la resolución lo dice explícitamente, al afirmar que el valor “mantendrá su vigencia hasta tanto la Secretaría de Transporte proceda a su actualización”.
El oficialismo sostiene que el descuento del 55% sigue siendo el mismo, que no cambia el universo de beneficiarios (más de 5.5 millones de personas en todo el país) y que la medida solo busca dar “previsibilidad” al gasto del Tesoro. Los propios considerados en la resolución argumentan que la actualización automática hacía “imprevisible” el gasto nacional, ya que provincias y municipios podían aumentar sus tarifas libremente y eso generaba un gasto adicional que Nación no había decidido.
Pero el sector del transporte y los críticos señalan el verdadero mecanismo, puesto que el subsidio se congela en pesos, mientras las tarifas siguen subiendo. Es exactamente el mismo mecanismo que se usó con el bono a jubilados de $70.000, que lleva más de dos años sin actualizarse y que fue licuado por la inflación. La diferencia entre el “55% del boleto real” y el “55% del valor de junio” crecerá cada vez que haya un aumento tarifario, y esa diferencia la absorberán o los usuarios o los municipios.
La Tarifa Social Federal cubre a más de 5.5 millones de personas en todo el país que tienen su tarjeta SUBE nominalizada. Entre los beneficiarios alcanzados se encuentran jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo (AUH), estudiantes del programa Progresar, personal de casas particulares registrado, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES), y quienes perciben Pensiones No Contributivas, Seguro por Desempleo y otros programas sociales.
Son, en su mayoría, los sectores con menor capacidad de absorber aumentos en el costo de vida. Por eso el impacto potencial de esta medida es especialmente sensible.
El cálculo es simple pero potente. Supongamos que el boleto en una ciudad del interior cuesta hoy $1.000 y el beneficiario de tarifa social paga $450 (el 45% restante luego del descuento estatal). Si en agosto el gobernador decide llevar el boleto a $1.300, el cambio en el esquema de subsidios dejará en evidencia el impacto sobre los usuarios. Con el sistema anterior, el Estado continuaba cubriendo el 55% del valor actualizado del pasaje, equivalente a $715, mientras que el pasajero abonaba $585. En cambio, con el nuevo mecanismo, la asistencia oficial se mantiene congelada sobre el valor de junio y alcanza los $550, aun cuando el boleto real asciende a $1.300. De ese modo, el usuario pasa a pagar $750 y el descuento efectivo se reduce del 55% al 42.3%.
El efecto dominó: quién paga la diferencia
La resolución abre un triángulo de presiones sobre municipios, provincias, usuarios y empresas del transporte. Si las jurisdicciones locales quieren sostener para los beneficiarios de tarifa social un valor de bolsillo similar al actual o, al menos, razonable, deberán cubrir con recursos propios la diferencia que antes aportaba Nación. Así lo advirtió el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, al señalar que, “a partir de ahora, cada vez que se actualicen las tarifas, la diferencia la van a pagar los vecinos o los municipios”. Sin embargo, varias provincias ya anticiparon que no están en condiciones de absorber ese costo. En Mendoza, el subsecretario de Transporte, Luis Borrego aclaró al medio LVDiez que el impacto “no sería inmediato”, pero dejó en claro que la provincia “no puede hacerse cargo del subsidio nacional.”
— El subsecretario de Transporte de Mendoza, Luis Borrego
La otra alternativa es que el ajuste recaiga sobre el resto de los usuarios. Si municipios y provincias no compensan la pérdida, el esquema se traslada al cuadro general de tarifas, con aumentos más altos de los previstos para quienes no acceden al beneficio social.
“Lo no abonado por el usuario de la tarifa social ni el Estado Nacional será abonado por el resto de los usuarios”, subrayó un empresario del interior bonaerense, debido a que para compensar, los próximos aumentos del boleto general tendrán que ser más altos de lo que hubieran sido.
La tercera consecuencia posible es una caída en la calidad del servicio. Si ni el sector público ni los usuarios logran cubrir la brecha, las empresas advierten que se resentirá el índice pasajero-kilómetro, o sea, la cantidad de pasajeros transportados por cada kilómetro recorrido. Cuando ese indicador cae, también se reduce la recaudación y las prestatarias tienden a ajustar frecuencias. Ese escenario ya se vio en abril de 2026, cuando la circulación de colectivos en el AMBA llegó a caer hasta 40% por el aumento del gasoil y el desfasaje en los subsidios, con largas filas y unidades colmadas.
Esta medida no aparece de manera inesperada, sino que forma parte de una estrategia que la administración de Milei viene desplegando desde el inicio de su gestión. En febrero de 2024 eliminó el Fondo Compensador del Interior, que hasta entonces transfería recursos a las empresas de transporte fuera del AMBA, por un monto mensual que en ese momento ascendía a $11.500 millones. Luego, en septiembre de ese mismo año, dispuso el traspaso de 31 líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires a la jurisdicción porteña, con el consecuente retiro del subsidio nacional. Ya en 2025, la Justicia Federal habilitó a municipios y provincias a sumarse a una demanda colectiva para reclamar la restitución del Fondo Compensador. La decisión más reciente, adoptada en julio de 2026, fue el congelamiento del cálculo de la Tarifa Social Federal.
La lógica del gobierno es consistente. Reducir el gasto del Tesoro en subsidios al transporte y trasladar la responsabilidad a las jurisdicciones locales, bajo el argumento de que son ellas quienes deciden subir las tarifas y que el Estado nacional no puede financiar decisiones que no controla.
Lo más relevante de la Resolución 40/2026 es su diseño técnico. A diferencia de una quita de subsidio explícita (que generaría una reacción política inmediata), esta norma mantiene el número del 55% en el papel, pero cambia la base sobre la que se calcula. El efecto es el mismo —menos dinero real aportado por la Nación— pero el mecanismo es más gradual y menos visible políticamente.
Con inflación —aún moderada— y con aumentos tarifarios que siguen produciéndose, el valor real del subsidio congelado en pesos se irá erosionando mes a mes sin necesidad de ninguna decisión adicional. El Estado no tiene que anunciar nada, simplemente no actualiza la referencia y el subsidio se licúa solo. Es el mismo principio que convirtió al bono de $70.000 para jubilados en algo cada vez más insignificante sin haberlo eliminado formalmente.
Casi 7 millones de personas quedaron fuera del circuito bancario por registrar atrasos mayores a 90 días en préstamos y tarjetas. Lo que el Gobierno buscó presentar como un problema acotado mutó en una crisis sistémica: de los 30 principales bancos del país, 26 ya muestran su morosidad en alza.
Los datos de la consultora 1816, basados en la Central de Deudores del Banco Central, confirman que la irregularidad de los hogares escaló al 12,7% en mayo. La velocidad del deterioro expone la gravedad del cuadro: en octubre de 2024 la mora era del 2,5%, lo que significa que se multiplicó por cinco en apenas un año y medio.
Esto encadena 19 meses consecutivos de subas, reflejando un descontrol contable que asfixia los balances del sistema financiero. El tendal de deudores expulsados consolidó un desplome sin antecedentes desde la salida de la convertibilidad.
Santiago Bausili, presidente del Banco Central.
La juventud como principal víctima del ahogo financiero
La segmentación por rango etario expone que el eslabón más joven de la población es el que peor está pagando la crisis. Los datos oficiales revelan que el 40% de los jóvenes de entre 26 y 35 años ya arrastra deudas impagasen bancos o billeteras virtuales, un número que representa de forma consolidada el 31,5% de la masa total de deuda del sistema.
El panorama se vuelve todavía más crítico en la base de la pirámide, correspondiente al segmento de 18 a 25 años. En este sector de menores ingresos y mayor precarización laboral, el índice de morosidad alcanza su pico máximo, registrando un 42,8% de saldo de impago en las cuentas de consumo.
Irregularidad de crédito con bancos y entidades no bancarias, por edad.
El estallido de las finanzas digitales
El colapso es todavía más severo en el ecosistema de las billeteras virtuales y entidades no financieras, donde la morosidad saltó del 10% al 32,2% en un año. Este sector, que representa el 17% del crédito total otorgado a las familias, exhibe carteras de altísimo riesgo por la falta de regulaciones firmes en el otorgamiento.
La crisis en el sector tecnológico no es nueva para Data 24, donde ya informamos el caso extremo de Ualá. En dicha plataforma, el descontrol en la aplicación móvil llevó la mora al 63,67% y provocó un corralito técnico, confirmando la peor ruptura de la cadena de pagos en dos décadas dentro del segmento fintech.
Pierpaolo Barbieri (fundador de Ualá) junto a Javier Milei.
La responsabilidad política
La raíz del endeudamiento responde a una combinación deasfixia y mala praxis política. Con los salarios pulverizados, las familias se vieron obligadas a tomar crédito para financiar gastos corrientes y alimentos. A esto se sumó la estrategia del Gobierno de sostener las tasas de interés del BCRA por las nubes para pisar el dólar, lo que terminó destruyendo la capacidad de pago de los deudores.
Este escenario anula por completo al crédito como motor del consumo para el año electoral entrante, según advierten los analistas. Mientras el Banco Central descarta de forma categórica cualquier tipo de rescate financiero para el sector privado, los funcionarios aseguran que el pico de la mora ya pasó y confían en que el bache se corregirá mediante el impacto del aguinaldo y la licuación de deudas.
El cruce duró poco más de un minuto y dio la vuelta a la provincia. Una mujer encaró al gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, durante una actividad pública y le reclamó, cara a cara, por la situación salarial. Frente a las cámaras, la mujer aseguró que cobraba $720.000, que ese sueldo “no le alcanza para vivir” y que “tiene que endeudarse para poder comer”. El video se volvió material caliente en redes en cuestión de horas.
La protagonista fue identificada como María Teresa Gutiérrez Prane. Desde ahí, la escena se complicó. Horas después del episodio empezaron a circular en redes capturas la liquidación de haberes atribuida a la docente. Según esos documentos, no cobraría un sueldo sino dos: ambos dentro de la administración pública provincial.
Las cifras que muestran esas planillas están lejos de los 720 mil que ella planteó en cámara ante el gobernador. Uno de los haberes correspondería al Ministerio de Educación (E.G.B., categoría 11), por $841.842,04. El segundo lo abonaría la Unidad Ejecutora Provincial, la UEP-MP, categoría 10, por $1.262.812,97. Sumados, los dos conceptos dan un bruto de $2.104.655,01, una cifra que casi triplica el monto que la mujer denunció. Según esa misma documentación, incluso con todos los descuentos de ley aplicados (obra social y aportes) el bolsillo quedaría muy por encima de lo que ella dijo cobrar.
Ese contraste suma otra capa cuando se mira hacia atrás. Una nota publicada por LU20 Radio Chubut el 7 de abril de 2026 menciona a una María Teresa Gutiérrez Prane en un rol que la coincidencia de nombre vuelve difícil de ignorar: delegada gremial de la Subsecretaría de Financiamiento y Comercio del Ministerio de Producción. En ese artículo, la dirigente encabezaba un reclamo que llevaba más de dos meses por el pago desigual de un adicional por desempeño. Denunciaba que se abonarían 600 mil pesos en varios tramos a un grupo reducido de empleados, integrado, según ella, mayormente por funcionarios cercanos al ministro, incluida su secretaria privada. Calificó ese adicional como ilegal y dijo que benefició de forma indistinta a un grupo muy pequeño.
En aquel relato, la delegada recordaba que un mes antes habían mantenido una reunión con el ministro Juan Pavón, donde elaboraron una propuesta para equiparar el adicional, y que después de ese encuentro no volvieron a juntarse. También señalaba que el funcionario atribuía la situación a la gestión anterior, encabezada por Laura Mirantes, a quien los trabajadores apuntaban como origen del esquema y a quien la propia dirigente cuestionó por su proyección electoral hacia el sillón de Moreno 650.
Por lo demás, la figura que evoca la nota de citado medio de la provincia de Chubut, lejos de ser el de una trabajadora aislada que improvisa un reclamo, tematiza el de una dirigente sindical con militancia activa, encuadrada, con conflictos abiertos y lectura política de la interna provincial. El mismo nombre que, semanas después, increpó al gobernador en cámara por un sueldo de 720 mil pesos.
El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Entre Ríos, Roque Fleitas, utilizó un salón de la administración PAMI —un espacio destinado a jubilados y pensionados— para realizar un acto partidario en la ciudad de Crespo, donde defendió al exjefe de Gabinete Manuel Adorni y lanzó la campaña por la reelección del presidente Javier Milei en 2027. El hecho generó reacciones tanto fuera como dentro del propio oficialismo.
“A nosotros no nos van a correr con los medios de comunicación implementando e implantando cosas que no son ciertas y si son ciertas, lo va a determinar la justicia. Nosotros tenemos división de poderes”, afirmó Fleitas, haciendo hincapié en la inocencia de Adorni.
Fleitas es también diputado provincial de LLA. Fue elegido en la asamblea provincial de enero de 2025 como primer presidente partidario en la historia de LLA en esa provincia, tras ganar una disputa interna frente al sector del diputado nacional Beltrán Benedit. Además de su cargo partidario, es padre de Rebeca Fleitas, legisladora porteña que también participa activamente en la política entrerriana.
Al evento asistieron el diputado nacional Andrés Laumann (conocido en los medios como el “Batman libertario”) y la senadora nacional Romina Almeida. También estuvo presente María Celina Ledesma, titular de la delegación de ANSES en Paraná y vocal provincial del partido.
Durante el acto, Fleitas pronunció el llamado a la reelección de Milei y la defensa de Adorni. En ese momento, Adorni ya venía atravesando una grave crisis política y judicial por presunto enriquecimiento ilícito, compra de propiedades sin justificación patrimonial y gastos inconsistentes con su sueldo como funcionario.
— Roque Fleitas, junto a autoridades partidarias de Concordia, tras ser elegido titular del Comité Ejecutivo Provincial de LLA en 2025
Para entender el discurso de Fleitas es clave saber qué estaba pasando con Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita lo investigaba por enriquecimiento ilícito desde que asumió como funcionario, Adorni compró al menos dos propiedades —un departamento en Caballito y una casa en un barrio privado de Exaltación de la Cruz— financiadas con préstamos privados de jubiladas y policías, y realizó obras suntuosas pagadas en efectivo y sin factura.
A su vez, se investigó si viajó a Aruba y Punta del Este en vuelos privados con costos no declarados. Ante todo esto, Adorni insistió en que no cometió delitos, pero finalmente presentó su renuncia el 27 de junio de 2026.
La imagen negativa de Adorni había llegado al 80% según encuestas internas del propio oficialismo, por lo que la conducción nacional de LLA había pedido expresamente que se dejara de usarlo como “activo” político.
— Joaquín Benegas Lynch en un acto político de la conducción de Roque Fleitas en 2025
El episodio provocó dos críticas simultáneas desde Buenos Aires, ambas dirigidas al sector de Fleitas. Por un lado, le reprocharon haber salido en defensa de Adorni, cuando desde el área de comunicación del Gobierno ya se había dado la bajada de línea de no insistir con su imágen, considerado un lastre para el oficialismo. Fleitas desoyó esa directiva.
Por otro, quien salió a desmentir parte de la información fue la propia ministra Sandra Pettovello: “PAMI no está bajo la órbita del Ministerio de Capital humano sino del Ministerio de salud. Aunque mientan los pasquines vale la pena informar”.
En su entorno aseguran que existe una instrucción expresa de no mezclar la gestión de organismos públicos con actos de carácter partidario. Incluso, de acuerdo a lo trascendido, en el Gobierno comenzaron a hablar de “cortar cabezas”.
La reacción local
Lo paradójico del caso es que todos los involucrados en el acto —Fleitas, la directora de la delegación de PAMI de Crespo, Lorena Werner y Ledesma de ANSES— responden al operador político cercano a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, primo del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. Esto abre una disputa interna entre distintas facciones del propio oficialismo.
En Crespo —una ciudad conocida como la Capital Nacional de la Avicultura— vecinos y referentes locales expresaron su indignación por que se haya usado el salón de jubilados para un acto político, especialmente en un contexto de recortes y ajuste en los haberes previsionales. Ledesma, lejos de bajar el tono, salió a defender el evento en redes sociales calificando las críticas de “fake New Opereta KK”, lo que profundizó la polémica.
“En el pueblo están escandalizados porque hicieron un acto político partidario en el Salón que es de jubilados y pensionados, en este momento de ajuste en haberes y prestaciones”, subrayaron fuentes de la localidad de Crespo, al medio La Política Online.
La Ley 19.032 que creó el PAMI establece que el organismo tiene por objeto prestar servicios a jubilados y pensionados. El uso de sus instalaciones para actos proselitistas no está contemplado en ese marco y entraría en contradicción con el principio de neutralidad política que deben mantener los organismos del Estado. Adicionalmente, la Ley de Ética Pública (Ley 25.188) prohíbe a los funcionarios usar recursos del Estado en beneficio de partidos políticos. Si la directora de la delegación de PAMI en Crespo autorizó el uso del salón para el acto, podría ser pasible de sanciones administrativas e incluso penales.
El PAMI es la obra social más grande de Argentina, creada en 1971. Cubre a más de 3.8 millones de jubilados y pensionados en todo el país. Sus instalaciones —delegaciones, salones, centros de jubilados— son espacios públicos financiados con aportes de trabajadores y jubilados, destinados exclusivamente a prestaciones de salud, recreación y bienestar de los adultos mayores
El organismo tiene presencia territorial mediante delegaciones locales. En Crespo, Entre Ríos, existe una oficina del PAMI con un salón que habitualmente se usa para actividades de los jubilados afiliados. Usar ese espacio para un acto político implica convertir un recurso estatal de los jubilados en una herramienta de clientelismo partidario.
Una investigación federal destapó un mecanismo de “lavado de legalidad”. Una armería ubicada en calle Chacabuco al 100 en San Miguel de Tucumán no solo vendía armas, sino que funcionaba como tapadera jurídica para el tráfico ilegal de armamento a ciudadanos chilenos.
“En algunas de estas ocasiones, las transferencias habrían sido realizadas mediante la introducción de falsedades en documentos públicos, incluyendo firmas apócrifas en los formularios de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC)”, detalla el dictamen del expediente judicial.
Tres empleados del supuesto local —identificados en los registros judiciales solo por iniciales— captaban a personas que contaban con habilitación legal para comprar armas (llamados legítimos usuarios), les pagaban para que figuraran como compradores en los papeles, y luego retiraban las armas inmediatamente para desviarlas al circuito clandestino.
El esquema se organizaba en cuatro etapas. Primero, se captaba a prestanombres, es decir, personas habilitadas ante el organismo regulador —el Registro Nacional de Armas de Argentina (RENAR) o la propia ANMAC— que aceptaban registrar las compras a su nombre, muchas de ellas de bajos recursos y pagadas por ceder sus datos.
Luego se concretaba una compra aparentemente legítima en la armería, con toda la documentación que la presentaba como una operación legal ante los organismos de control. Inmediatamente después, un intermediario retiraba el armamento y lo desviaba hacia el circuito ilegal, donde era entregado a transportistas clandestinos. Finalmente, las armas eran trasladadas hacia Mendoza y cruzadas a Chile, principalmente por el paso Cristo Redentor.
Una irregularidad llamativa detectada en la investigación, fue que una de las armas estaba registrada a nombre de una persona que ya había fallecido varios años antes de la operación— una señal clara de que el sistema de control fue deliberadamente manipulado.
Todo comenzó en diciembre de 2023 cuando Gendarmería Nacional realizó un control rutinario sobre un ómnibus de larga distancia en la localidad de Aguilares, Tucumán. Allí detectaron a dos ciudadanos chilenos —Alejandro Piero Arias Glaria (20 años, con antecedentes por robo y hurto) y Francisco Eduardo Cáceres Castillo (35 años, con antecedentes por microtráfico)— transportando entre sus ropas y equipajes ocho pistolas calibre 9 mm, 13 cargadores, municiones, dinero en distintas monedas y teléfonos celulares. Ambos tenían como destino final Chile y fueron procesados con prisión preventiva.
El análisis forense de esos teléfonos fue el hilo del que se tiró, ya que los mensajes y contactos permitieron reconstruir toda la red tucumana que había abastecido a los dos detenidos en su red criminal transnacional.
El juez federal José Manuel Díaz Vélez procesó a ocho personas involucradas directamente en los hechos sin prisión preventiva, lo que implica que enfrentan cargos formales pero permanecen en libertad con restricciones. Entre los imputados se encuentran S.A.L., J.A.R. y D.A.R.N. como prestanombres, N.A.F. y R.R.F. como intermediarios, y G.E.D. como comercializador clandestino.
Los operativos desplegados en San Miguel de Tucumán y en la localidad de Los Ralos dejaron un resultado contundente, con el secuestro de más de 20 armas de fuego, municiones, cargadores, dinero en efectivo, documentación y dispositivos electrónicos. Estos elementos permiten reconstruir el flujo financiero y operativo de la organización, que es lo que la fiscalía utilizará para avanzar hacia un juicio oral.
La megacausa detrás
Lo más importante de entender es que esta causa tucumana no es un caso aislado, sino que es una rama de una investigación de alcance global que tiene su epicentro en Mendoza.
La causa mendocina, a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz y el juez Marcelo Garnica, ya tiene 34 personas camino a juicio oral acusadas de asociación ilícita, contrabando agravado de armas, acopio de armamento de guerra y, en varios casos, también de narcotráfico. En esa red, Tucumán funcionaba como el nodo de compra y adquisición legal, mientras que Mendoza era el hub de distribución y cruce hacia Chile por el Paso Cristo Redentor.
En paralelo, una causa aún más grande tramita en el Juzgado Federal de Campana, bajo jurisdicción del juez Adrián González Charvay y el fiscal Santiago Marquevich. En abril de 2026, se realizaron 140 allanamientos simultáneos en 13 provincias —desde Tucumán hasta Tierra del Fuego— que derivaron en 35 detenidos y el secuestro de 8 ametralladoras, 55 pistolas, 25 escopetas, fusiles, más de 43.000 municiones y hasta una granada. Esta pericia también detectó vínculos con Uruguay, Paraguay y Brasil (incluyendo al Comando Vermelho).
El volumen estimado del problema es impactante, ya que se calculó que entre 2022 y 2024 más de 2.269 armas fueron desviadas del circuito legal hacia el mercado negro nacional e internacional.
El Paso Cristo Redentor se consolidó como el principal punto de cruce del armamento ilegal hacia Chile, donde la demanda proveniente del crimen organizado es alta. Las organizaciones chilenas, con menor acceso a armas de fuego que sus pares en países con marcos legales más laxos, encontraron en Argentina —donde el mercado de armas para uso civil es relativamente accesible— una fuente de abastecimiento estratégica.
La modalidad de los testaferros ante el RENAR/ANMAC se volvió el método predilecto porque explota una debilidad sistémica. Los organismos de control registran la compra inicial como legal, pero no tienen mecanismos robustos para verificar que el arma permanezca en poder del comprador habilitado. El propio sistema de control fue infiltrado y en la megacausa nacional, entre los detenidos figuran exempleados del RENAR que desde adentro facilitaban los trámites y aceleraban los procesos de habilitación.
El Ministerio de Economía analiza utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS para financiar créditos hipotecarios. La gestión mileísta busca usar los ahorros previsionales como colchón de liquidez y respaldo para los bancos privados.
Los alarmantes informes técnicos presentados por el gremio ante el Congreso exponen un sistema al límite por la falta de inversión en mantenimiento y seguridad vial. El crítico escenario motivó el reciente y extenso encuentro entre la vicepresidente y el dirigente sindical.
Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia.
Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente… https://t.co/i3mmohafvc
