Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Leandro Furundarena es un reconocido abogado que integra las filas de Juntos por el Cambio, más específicamente en el equipo del precandidato a diputado provincial Fernando Muro. Más allá de ello, el doctor también está visto como un referente del liberalismo en la ciudad de Mar del Plata, debido a su militancia y cercanía con altos círculos de La Libertad Avanza.
Asimismo, esto último le dio margen para haber entrevistado a mediados del 2021 al ahora precandidato a Presidente libertario, Javier Milei, en dónde confesó sin tapujos que actualmente resultaría “inviable” llevar a cabo el cierre del Banco Central de la República Argentina. Propuesta principal del conductor de LLA, que lleva hasta casi como eslogan de campaña.
Entrevista por Instagram del abogador Leandro Furundarena al precandidato presidencial Javier Milei.
Furundarena en la entrevista le explicó que, antes de cerrar el BCRA, se debería llevar a cabo una reforma constitucional por lo que se indica en el artículo 75, inciso C, sobre “proveer lo conducente a la defensa del valor de la moneda”. Sin ir más lejos, hasta lo que sería una presunta dolarización de la economía implicaría transferir las facultades otorgadas por la Constitución al Congreso argentino, hacia el Legislativo y el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Por último, más allá de buscar argumentos contractuales de lo que fue la fundación del Banco Central en el país, el precandidato presidencial Javier Milei no dudó en dejar claro que “la viabilidad de la propuesta es hoy prácticamente imposible”, sobre el cierre de la entidad financiera nacional.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
La disciplina fiscal es importante, y es verdad que muchas de las desgracias de la Argentina provienen de la irresponsabilidad de muchos políticos que han impreso dinero para pagar gastos, haciendo que los argentinos vivan con el cáncer de la inflación. Toda esta metodología nefasta empezó, cuando no, con Perón, quien en su primera presidencia cambió la carta orgánica del Banco Central para poder imprimir billetes. Luego, a pesar de haber recibido un país con reservas récord, declaró el default. En la Argentina de antes de Perón no se imprimía dinero. Usando la denominación de Milei podríamos decir que Perón fue el primer degenerado fiscal (también era degenerado a secas y se acostaba con una chica de 14 años).
Es cierto que la disciplina fiscal es clave. Pero me preocupa la búsqueda de la disciplina fiscal olvidando la empatía. Un presidente no puede ser sólo un contador preocupado por las cuentas; para eso está el ministro de Economía. El presidente tiene que tener empatía con la gente y, en especial, con los que lo están pasando peor. El caso de los jubilados es paradigmático.
No hay sector más vapuleado que el de los jubilados. Son un caso especial, también, porque son personas que trabajaron muchos años y le dieron su dinero al Estado para que se lo devuelva después con la jubilación. Un jubilado no es un “planero” ni alguien que se jubiló sin aportes; es alguien que puso su dinero y que, si no lo recibe de manera justa, está siendo estafado. Ese hecho, sumado a que un grupo de jubilados (los de mayor edad) no pueden esperar demasiado, lleva a una situación de particular complejidad. La búsqueda de la disciplina fiscal no puede estar desligada de la empatía y de la compasión por los que sufren.
El presidente no les habla a los jubilados, no les dice cuándo se podrá votar una ley que los beneficie y los saque de cobrar sumas que dan vergüenza. Las palabras y las promesas ayudan a sentirse acompañado. No es poca cosa: Argentina es un país donde la clase media está desamparada. Los ricos no tienen problemas, y los muy pobres cobran un plan que, muchas veces, es más de lo que cobran los jubilados. La clase media paga el ajuste y, para esta administración, son invisibles. Entre los tantos asesores que tiene Milei, debería haber alguno que le diga que tener empatía con los que lo pasan mal forma parte de la tarea de gobernar. Se puede cuidar la disciplina fiscal y ser empático con los que sufren.
El sistema jubilatorio está quebrado y lo que necesitan los jubilados es que se trabaje en un sistema nuevo. No se debe prestar atención a los que hacen demagogia con los jubilados, pero sí hablarles y explicarles que es necesaria una reforma del sistema, ya que el actual no tiene viabilidad porque el peronismo usó las cajas jubilatorias para beneficio político.
Hay que recordar cómo el delincuente de Boudou nos robó la plata a los que habíamos optado por la jubilación privada y con toda esa plata hicieron un desastre. El gobierno tiene la posibilidad de plantear una reforma y hablarles a los jubilados con respeto. Esto es especialmente importante cuando uno ve que los más grandes degenerados fiscales siguen haciéndose ricos gracias al gobierno. ¿Por qué no elimina el gobierno el infame régimen de Tierra del Fuego, donde los amigos del poder no pagan impuestos? No producen ningún producto sofisticado, ni medicamentos, ni nada que justifique que no se paguen cifras enormes de impuestos, y solo un par de empresarios se hacen ricos con ese régimen. Uno de esos empresarios se apellida, casualmente, Caputo.
Cuando dicen que quieren 100 millones extra para la SIDE (para el aparato comunicacional del gobierno), también muestran, obscenamente, que para la política siempre hay plata. Mientras tanto, se empieza a notar cierta lentitud en el cierre de organismos. En la Televisión Pública (que nadie ve) siguen gastando dinero, y hay muchas empresas públicas que siguen abiertas cuando la promesa era cerrarlas. La Televisión Pública es un antro K que nadie ve y que fue una de las primeras cosas que Milei prometió cerrar. Los impuestos no bajan y el cepo sigue, con lo cual nadie invierte en Argentina. Hace falta que se implementen más de las medidas que Milei prometió en campaña. La motosierra se está apagando.
Otro factor irritante es la impunidad judicial que hay con los corruptos. ¿Quién protege a Insaurralde, que solo ha hecho política en su vida y es millonario? ¿Por qué no se investiga a Massa y a todo su equipo por las barbaridades que hicieron durante su gestión en Economía? ¿Por qué siguen defendiendo a Lijo, que es rico y tuvo actitudes dudosas en casos como el de YPF? ¿Por qué no echan a los miles de La Cámpora y de massistas que aún están metidos en el Estado? El Estado argentino está lleno de militantes y de amigos y amigas del poder. El patetismo de Alberto Fernández dándole cargos a las chiruzas que le hacían favores sexuales es, amplificado, lo que pasa en todos los municipios y provincias gobernados por el PJ.
La clase media y los jubilados deben sentir que no están solos haciendo el ajuste. Nunca hay que olvidar que mucha gente votó a este gobierno como el mal menor frente a Massa. Muchos dijimos públicamente que por eso había que votarlos.
Si el camino va a ser duro, el gobierno debe mostrar empatía con las clases medias y los jubilados. El liberal tecnócrata que no tiene sensibilidad es inofensivo en los países ricos. En los países pobres como Argentina, quedan desubicados. La empatía con los que sufren es una característica de los buenos liberales. Es muy importante que a este gobierno le vaya bien, por eso está bien que muestre los horrores del pasado para explicar este presente espantoso que viene de años de desastre peronista. La inflación va bajando, y eso es un logro, pero nadie explica cómo se sale de la recesión.
Y si hay que sufrir, tienen que sufrir todos. Los amigos del poder y los corruptos tienen que pasarlo muy mal. Si esto no sucede, lo pasan mal solo los buenos, y eso, les aseguro, además de injusto, es violento.
La provincia de La Rioja, encabezada por el gobernador Ricardo Quintela, profundiza su situación de default al anunciar que no pagará el vencimiento de deuda previsto para el 24 de agosto. La deuda en cuestión, reestructurada hace tres años y con vencimiento en 2028, incluye bonos internacionales por un total de US$ 300 millones, originalmente emitidos para financiar un parque eólico.
El gobierno riojano justificó la falta de pago alegando que se encuentra en proceso de negociación con sus acreedores para reestructurar la deuda. El monto adeudado, que asciende a US$ 26 millones, es similar al impago de febrero, lo que generó preocupación y descontento entre los bonistas, quienes ya iniciaron acciones legales en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
En medio de esta crisis financiera, Quintela recurrió a la emisión de cuasimonedas provinciales, conocidas como “Chachos”, para cubrir parte de los gastos de la administración, convirtiendo a La Rioja en la primera provincia en emitir cuasimonedas en 20 años. Esta situación no solo deterioró la reputación crediticia de la provincia, sino que también complicó las relaciones con sus acreedores internacionales.
Los bonistas, que ya habían emprendido acciones legales en el pasado, recalcan que La Rioja tiene un “historial particularmente atroz de incumplimiento”, siendo la única provincia argentina que volvió a caer en default tras una reestructuración. Además, señalan que la provincia vendió activos importantes, como el emprendimiento Vientos de Arauco Renovables por US$ 171 millones, antes de incumplir sus obligaciones, lo que consideran un acto de “desprecio imprudente” hacia sus compromisos financieros.
Esta situación no solo afecta a La Rioja, sino que también socava los esfuerzos del Gobierno nacional para mejorar la percepción del mercado crediticio internacional sobre Argentina.
El conflicto entre el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) continúa escalando, con un nuevo paro de 48 horas que afecta a los afiliados de la obra social en toda la provincia.
La medida se desarrolla los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre, es la segunda de este mes y responde a la decisión del IOMA de prescindir de los servicios de FEMEBA en más de diez distritos bonaerenses: Junín, Alberti, Bragado, Chacabuco, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Leandro N. Alem, Colón y Rojas.
El enfrentamiento comenzó a finales de agosto, cuando IOMA —bajo la presidencia de Homero Giles— decidió cortar el convenio con FEMEBA en estas localidades. La obra social justificó la medida al denunciar cobros indebidos por parte de los médicos, la falta de oferta prestacional en ciertas especialidades y demoras en la atención de los afiliados, que suman aproximadamente 80.000 personas. Esta ruptura provocó una serie de paros por parte de los profesionales médicos, nucleados en la federación que agrupa a especialistas de 120 de los 135 distritos bonaerenses.
FEMEBA, por su parte, criticó duramente la gestión del gobierno de Axel Kicillof y de IOMA, señalando que las autoridades de la obra social no mostraron disposición para un diálogo fructífero: “Parece no importarles las dificultades de los afiliados ni precarizar el trabajo médico como nunca antes en la provincia de Buenos Aires”, indicaron desde la federación en un comunicado firmado por su vicepresidente, Sandro Scafati.
– “Causó sorpresa y malestar, la intransigencia de los funcionarios de IOMA al momento de escuchar el aporte de soluciones para destrabar el conflicto y de esa forma evitar poner en riesgo la fuente de trabajo de más de 1.000 médicos y la atención de 80.000 afiliados”.
Además, la Federación asegura que presentó una propuesta alineada con las necesidades de los afiliados y de sus prestadores, que garantiza la libre elección y la continuidad en la atención de la salud, pero IOMA ratificó la ruptura del convenio en los once distritos en conflicto.
Otro de los puntos de tensión en las negociaciones es la deuda que el IOMA mantiene con FEMEBA: el montoasciende a más de 7.000 millones de pesos. La federación inició reclamos administrativos formales pero ante la falta de respuesta por parte de la obra social, decidió implementar las medidas de fuerza que ya afectaron a los afiliados los días 5 y 6 de septiembre.
En tanto, desde IOMA sostienen que están trabajando para ampliar su red de prestadores, dialogando con médicos individuales y círculos médicos locales, sin la intermediación de FEMEBA. Las principales clínicas de los distritos afectados, aseguran desde la obra social, siguen atendiendo sin inconvenientes, y se busca llegar a nuevos acuerdos con otros profesionales de la salud para asegurar la continuidad del servicio. No obstante, el titular de IOMA Homero Giles advirtió que la situación podría replicarse en otras localidades si FEMEBA no muestra voluntad de resolver los problemas planteados por la obra social.
El conflicto alcanzó tal magnitud que figuras del gobierno provincial también se pronunciaron al respecto. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, NicolásKreplak, calificó la medida de FEMEBA como “extorsiva” y pidió a los médicos que “reconsideren” sus acciones. Sin embargo, la federación médica sigue firme en su postura y ratificó la continuidad de su plan de lucha en defensa de los derechos de los afiliados y de las condiciones laborales de los profesionales médicos.
El sondeo, llevado a cabo por DC Consultores entre el 7 y el 9 de septiembre a 3.070 personas de todo el país mediante dispositivos móviles, arrojó datos contundentes sobre las percepciones de la población respecto al actual gobierno de Javier Milei y la posible influencia del kirchnerismo en el futuro político y económico del país.
Entre los principales resultados, se destaca que el 70,9% de los consultados señaló como su peor temor el regreso del kirchnerismo, mientras que el 29,1% expresó que el mayor riesgo sería la implementación de una economía liberal, alineada con las políticas del presidente.
CONFIANZA EN EL MODELO LIBERAL
A casi nueve meses del gobierno de La Libertad Avanza los encuestados mostraron una tendencia favorable hacia el modelo económico propuesto por el oficialismo. El 64,7% cree que con este sistema Argentina tendrá un futuro mejor, mientras que un 35,3% no tiene esperanzas en la actual gestión. Asimismo, un 60,8% considera que el país será más competitivo a nivel mundial bajo este esquema, en contraste con el 39,2% que lo descarta.
La confianza en el sector privado como motor de la economía también es elevada: un 63,4% de los encuestados opinó que su situación familiar mejorará con una menor intervención estatal y un mayor protagonismo del sector privado. Esta percepción está en línea con los pilares del plan económico de Milei, que desde su llegada a la presidencia puso énfasis en la necesidad de reducir el tamaño del Estado y alcanzar el déficit cero, algo que, según el propio mandatario, requerirá fuertes ajustes.
En cuanto a la paciencia que los ciudadanos están dispuestos a tener ante las promesas del gobierno, el 30,8% expresó que tiene fe y aguantará “lo que sea necesario” para ver los resultados de las políticas del Gobierno. Un 27,4% aseguró tener paciencia porque “lo anterior era peor”, mientras que el 25,3% mostró resignación, admitiendo que “no queda otra” hasta que finalice el mandato de Milei. En cambio, apenas el 16,5% indicó que no puede esperar y que “el kirchnerismo era mejor”.
LAS CRÍTICAS DE CRISTINA DIVIDEN OPINIONES
La expresidente Cristina Fernández de Kirchner reapareció recientemente con una extensa carta publicada el viernes de la semana pasada en la que criticaba duramente las políticas económicas de Javier Milei. Según los resultados de la encuesta de DC Consultores, las opiniones sobre esta intervención están divididas. Un 31,6% de los consultados cree que la carta es un intento de la condenada por recuperar el poder, mientras que un 23,5% considera que las críticas son acertadas. Además, un 21,2% afirmó que Kirchner “no sabe de economía”.
– Este viernes en la Universidad Nacional del Oeste, Cristina Kirchner encabezará un acto que dio en llamar “Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido”, una suerte de continuidad de la carta
Un 14% de los encuestados calificó la carta como un ejercicio de “demagogia”, mientras que un 9,7% sostuvo que el kirchnerismo representa “volver al pasado”. Estos datos muestran el impacto que todavía genera la figura de Fernández de Kirchner en la escena política, incluso desde su rol como exmandataria.
LAS PRINCIPALES FIGURAS EN LA OPINIÓN PÚBLICA SEGÚN LA CONSULTORA: Villarruel encabeza el podio
La encuesta colocó a la vicepresidente Victoria Villarruel como la figura mejor valorada, con un 66,9% de imagen positiva. Le siguen la ministra de Seguridad, PatriciaBullrich, con un 63%, y el presidente Javier Milei con un 59,6%. Otros nombres destacados fueron los del economista liberal José Luis Espert (59,3%) y el diputado porteño del kirchnerismo Leandro Santoro (36,7%).
Por otro lado, las figuras asociadas al kirchnerismo, como el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el exministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, registraron los niveles más altos de imagen negativa, con un 74,2% y un 85,8% respectivamente, lo que refuerza el rechazo hacia este espacio político entre la mayoría de los consultados.
La concejal libertaria de Viedma (Río Negro), Ivi SilvinaFranco, presentó un proyecto de ordenanza que cobró impacto en las redes sociales. El proyecto plantea la creación de un Registro de Estudios Médicos para los funcionarios, donde se incluirían exámenes psiquiátricos, rinoscopias, análisis de sangre y orina.
Estos estudios serían coordinados por el Ministerio de Salud de la provincia y generarían un registro supervisado por la autoridad municipal, quien sería responsable de evaluar el estado psicofísico de los burócratas. La propuesta busca garantizar que los políticos locales estén en condiciones óptimas para desempeñar sus funciones y lo hagan con transparencia.
El proyecto propone que todos los funcionarios del Ejecutivo municipal, incluidos el Intendente, Jefe de Gabinete, secretarios, subsecretarios, el Tribunal de Cuentas, y los funcionarios del Concejo Deliberante, desde el nivel de secretario hasta los concejales, se sometan a una serie de exámenes médicos anuales. Los estudios contemplados incluyen un examen psiquiátrico, una rinoscopia, análisis de orina y análisis de sangre.
Franco explicó que una vez realizados los estudios médicos “se crea una carpeta con el registro personal de cada funcionario respetando la privacidad de cada uno, y la autoridad de aplicación evaluará la condición psicofísica de los funcionarios a través de un dictamen”, asegurando que la información médica sea manejada con la confidencialidad correspondiente.
Este proyecto no surge de manera aislada, sino en un contexto en el que la ciudadanía exige cada vez más transparencia en la gestión pública. Los reclamos se enfocan en que, al igual que se les pide a los ciudadanos cumplir con una serie de requisitos y trámites, los políticos deberían dar el ejemplo y someterse a este tipo de controles. Según Franco, “como obligan a la sociedad a realizar distintos trámites, sería necesario que los políticos se hagan estos estudios”.
Esta medida no solo permitiría garantizar que los políticos cuenten con las capacidades necesarias, sino que también reforzaría la confianza pública en las instituciones, un aspecto fundamental en tiempos donde la desconfianza hacia la clase política es alta.
Además, el la medida contempla la posibilidad de incorporar antecedentes penales como parte de los requisitos para funcionarios y trabajadores, aunque este punto aún está en discusión. A pesar de las dificultades, la propuesta sigue avanzando con el respaldo ciudadano.
Para los defensores de la iniciativa, la medida es esencial para asegurar que los funcionarios estén en condiciones óptimas de desempeñar sus funciones, garantizando así una mayor transparencia en la gestión. En palabras de Franco, “es importante que los funcionarios puedan demostrar que tienen las condiciones psicofísicas adecuadas para el cargo”, un mensaje que difundió a través de su cuenta de Instagram.
Otro aspecto relevante del proyecto es su enfoque preventivo: En caso de que los estudios médicos detecten problemas de adicción en algún funcionario, se prevé la implementación de medidas de rehabilitación. Durante este proceso, el burócrata deberá tomar una licencia sin goce de sueldo y, si no cumple con los requisitos de recuperación, será inhabilitado para continuar en su cargo. Franco aclaró que “la idea es que los funcionarios que tengan problemas de adicción puedan recibir ayuda y recuperarse antes de volver a sus funciones“, destacando el carácter preventivo y no punitivo de la medida.
Este tipo de propuestas no es exclusivo de Viedma. En General Roca, otro grupo libertario presentó una iniciativa similar.
En la ciudad neuquina la iniciativa surge después de que una empleada quedara involucrada en una causa por venta de drogas. El proyecto fue presentado el pasado lunes 12 de agosto y, en línea con la de Viedma, propone controles de narcóticos, de antecedentes penales, un test psicofísico y examen de ingreso.
Sin embargo, a pesar de la insistencia de sus promotores, el proyecto aún no consiguió el apoyo legislativo necesario para avanzar. Aun así, los libertarios de General Roca anticipó su intención de continuar impulsando la medida, recurriendo incluso a la recolección de firmas como una estrategia para “presionar” a las autoridades locales.
La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) exige mayores contribuciones bajo el argumento de mejorar áreas clave como la seguridad, la educación y la salud, aunque los resultados hasta el momento muestran un deterioro evidente en estos sectores.
En el marco de una nueva licitación pública, identificada como LPU-0003-2024, el gobierno de Axel Kicillof adquirió un puñado de camiones con cabina dormitorio y caja volcadora trasera, versión diésel. La justificación oficial es la necesidad de atender ciertas problemáticas operativas.
La apertura de ofertas se llevó a cabo en la dirección de Gestión de Proyectos Sectoriales y Especiales, en la sede de la capital provincial. Sin embargo, lo que promete generar indignación entre los bonaerenses, quienes luchan por llegar a fin de mes, es el exorbitante costo de la licitación, que asciende a 1.489.681.440 de pesos, financiados con los impuestos de los bonarenses.
– Achával (Pilar), Ustarroz (Mercedes) y Boto (Luján)
La inversión irá a parar a tres distritos ultrakirchneristas: Pilar, donde gobierna Federico Achával(hijo del empresario K, Federico De Achával, accionista mayoritario de Hipódromo Argentino de Palermo SA); Mercedes, cuyo intendente es Juan Ustarroz(hermano de crianza de Wado de Pedro); y Luján, distrito conducido por Leonardo Boto(quien viene de instaurar una tasa municipal al combustible del 1,55 por ciento).
De acuerdo con consultoras privadas, la imagen positiva del gobernador Kicillof ha disminuido considerablemente. En un contexto económico crítico, los elevados gastos y la falta de resultados tangibles incrementan el descontento de la población, que cuestiona seriamente la gestión de los recursos públicos mientras el mandatario bonaerense utiliza a la provincia como trampolín para sus aspiraciones personales.
