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En el cierre del mes de noviembre se están cumpliendo 2 meses desde que entró en vigencia la ordenanza que impulsó el Ejecutivo para prohibir la oferta sexual en la vieja “Zona Roja”, con el objetivo de sacar esta actividad de la puerta de los vecinos.
De este modo, con operativos coordinados desde la Secretaría de Seguridad en conjunto con la Policía, sumados a una línea de Whatsapp, donde se puede denunciar anónimamente estas situaciones (se recibieron 30 en este período de tiempo), se logró dar solución a esta problemática histórica que afectaba a distintos barrios de la ciudad.
Los vecinos se encuentran más seguros desde que se modificó de sitio la “Zona Roja” en Mar del Plata
En este marco, desde el 24 de septiembre, fecha en que se puso en marcha esta normativa, se labraron 201 infracciones y se identificaron 495 personas. Además se controlaron al menos 4500 vehículos, dando como resultado el secuestro de 201 (138 motos y 63 autos) por motivos como alcoholemia o falta de documentación. Cabe mencionar que todos los operativos se realizan en conjunto con la Policía.
Asimismo, en este último tiempo también se aprobó otra ordenanza que prórroga los beneficios para la construcción en el corazón de estos barrios dónde está establecido el Distrito Tecnológico, iniciativa también apoyada por el Municipio con el objetivo de potenciar el área con desarrollos de este rubro.
El Municipio generó mayor seguridad en “La Feliz”
Esta propuesta tiene como finalidad impulsar un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento y la innovación como motor de la economía local, a través de una sinergia entre el sector privado y el público, para potenciar a las empresas, el desarrollo de nuevas PyMEs y emprendimientos, atraer nuevas inversiones y generar más y mejores oportunidades de empleo.
En esta línea, el intendente marplatense Guillermo Montenegro recordó que “no solo sacamos esa práctica de la puerta de casas de los vecinos, que les generaba temor, inseguridad, desvalorizaba sus propiedades y los perjudicaba desde el punto de vista comercial“. “También estamos realizando acciones para mejorar el barrio con intervenciones urbanísticas que van dando forma al Distrito Tecnológico”.
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La Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN), presidida por el Dr. Abel Albino, se encuentra en una situación crítica. En un llamado directo a la ciudadanía, pidió ayuda económica mensual para sostener los programas de prevención y tratamiento de la desnutrición infantil que funcionan desde hace más de tres décadas en todo el país. “¿Nos pueden donar lo que vale medio tanque de nafta por mes? ¿Nos pueden donar lo que vale una caja de leche de un kilo por mes?”, preguntó el médico con desesperación.
La situación, sin embargo, ha tomado también una dimensión política. Desde AMProS, el gremio que agrupa a profesionales de la salud en Mendoza, su secretaria general Claudia Iturbe fue contundente: “No podemos permitir que una institución que salva vidas se cierre”. El sindicato pidió que el Gobierno provincial intervenga de inmediato, dada la gravedad del desfinanciamiento y el impacto directo en la atención de más de 400 niños que reciben contención y tratamientos en CONIN Mendoza.
El centro especializado ha logrado recuperar a más de 45.500 niños en sus distintos centros a lo largo del país. Sin embargo, el aumento de costos, la inflación y la falta de financiamiento público han obligado al cierre de servicios esenciales como odontología, psicopedagogía y fonoaudiología. “No puedo pagar los sueldos del personal altamente calificado. Hemos tenido que cerrar servicios”, denunció el Dr. Albino.
El hospital de CONIN en Mendoza es el único de su tipo en Argentina y recibe niños con desnutrición grave de todas las provincias. Según su fundador, la mortalidad estimada en estos casos supera el 28%, pero en 23 años de funcionamiento solo han tenido un fallecimiento. Un logro que ahora está en peligro.
Desde AMProS insisten en que no se puede dejar caer una red sanitaria que cumple una función que el Estado no está garantizando. Por eso, además del pedido solidario a la comunidad, ahora también hay una exigencia clara al Gobierno: que se involucre para sostener una institución fundamental.
Para colaborar con CONIN, se puede ingresar al sitio web de la fundación https://conin.org.ar/ o comunicarse al +54 261 3346021 (de lunes a viernes de 8 a 14 hs).
Manifestantes yerbateros y tareferos se cruzaron con militantes libertarios y agentes de seguridad durante una breve recorrida de la hermana del presidente, Karina Milei, por las calles del centro de Oberá.
“Milei, no somos la casta, somos tareferos. Nos prometiste otra cosa”, afirmaron los manifestantes. “Esto no es Buenos Aires, vayanse a la mierda”, agregaron.
El incidente se dio luego de una movilización organizada por parte de productores yerbateros y tareferos que se apostaron desde temprano en el centro cívico de la Capital del Monte. Los protestantes llevaron pancartas con mensajes directos hacia el presidente, reclamando un “precio justo” para la producción yerbatera.
Karina hasta entonces realizaba su recorrida protocolar junto a su comitiva, como el candidato a diputado provincial, Diego Hartfield, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el influencer libertario, Iñaki Gutiérrez y el presidente de La Libertad Avanza por Misiones, Adrián Núñez, en un encuentro que generó una escalada de tensión que derivó en empujones, golpes, insultos y corridas que obligaron a la suspensión inmediata del acto previsto en una gira por Misiones que formaba parte de una estrategia de consolidación territorial de LLA en la provincia.
La caminata programada desde la calle Entre Ríos hasta la intersección de Bolívar con San Lorenzo fue concebida como “una demostración de apoyo popular al proyecto político libertario”. No obstante, la interrupción por parte de los yerbateros transformó el acto en una expresión visible de rechazo.
“El poder de negociación del productor es muy bajo porque la industria sabe que tenemos que vender”, subrayaron los yerbateros, contra la nueva estructura de mercado que ha transferido el poder de fijación de precios completamente hacia las industrias procesadoras, eliminando los mecanismos de protección que existían para los productores primarios.
Desde los primeros días del gobierno de Javier Milei, la desregulación del mercado de la yerba mate, activada el 1 de abril de 2024 como parte del controvertido DNU 70/2023, eliminó las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para negociar y fijar precios de referencia. Esta medida representó un cambio fundamental, siendo que el último valor del kilo de yerba cosechada fijado por el organismo fue de 370 pesos, que tras el proceso de estacionamiento, deshidratación y picado alcanzaba los 1.406 pesos antes de llegar a las industrias. Sin embargo, la desregulación trasladó completamente el poder de negociación hacia las empresas.
La problemática se agravó significativamente con la acefalía prolongada en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, situación que motivó una denuncia penal por parte de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) contra el presidente Milei y funcionarios del área económica. La falta de designación de un presidente para el INYM provoca, según los denunciantes, un incumplimiento de deberes como funcionarios públicos que contraviene la Ley Nacional 25.564.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, defendió con firmeza la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia (IOSPER) y el proyecto de ley que dará origen a la Obra Social de Entre Ríos (OSER), actualmente en debate en el Senado provincial. “La salud pública no puede estar en manos de los sindicatos”, afirmó, tras calificar al organismo como “una estructura capturada por intereses corporativos”.
Frigerio explicó que el Ejecutivo presentó ante la Justicia documentación sobre “graves irregularidades administrativas y financieras” y subrayó: “Nosotros no somos jueces. El Ministerio Público Fiscal es quien tiene que investigar”. Según detalló, la intervención halló 42.000 millones de pesos de deuda y un déficit mensual de 3.000 millones, mientras el directorio costaba 200 millones de pesos mensuales en sueldos.
En una extensa entrevista en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el mandatario denunció la existencia de una “industria del juicio” alentada desde dentro del IOSPER: “Muchos funcionarios le decían a la gente que presentara amparos y después cobraban del otro lado de la ventanilla”. Citó que, durante la intervención, se tramitaron 1.572 amparos, con un costo señalado por los entrevistadores de “2.515.000 millones de pesos” para la obra social. “No me van a amedrentar jamás”, advirtió al referirse a las protestas gremiales.
El gobernador insistió en que el IOSPER se transformó en “un botín de guerra” y sostuvo que “la gran mayoría de los afiliados no están sindicalizados”. Añadió que el proyecto de ley incorporó precisiones para despejar dudas: “No se va a tercerizar, no se va a privatizar y seguirá siendo solidaria”. También consideró simbólico cambiar la sigla impuesta durante la dictadura de Alejandro Lanusse: “Queremos un nombre que represente a la democracia y a un nuevo tiempo para los trabajadores estatales”.
Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, confirmó que el texto se analiza en tres comisiones conjuntas del Senado y enumeró las modificaciones acordadas con legisladores, sindicatos y sociedad civil:
Solidaridad plena del sistema: “El servicio y la prestación serán iguales para todos los afiliados, independientemente de sus ingresos”.
Cobertura familiar integral para cada beneficiario.
Aporte invariable del 3 % sobre los haberes.
Estabilidad laboral de todo el personal actual.
Eliminación de los términos “gerenciamiento” y “tercerización” para descartar cualquier privatización.
Sin cierre de delegaciones y representación sindical con dos vocales en el Consejo Directivo, más un Consejo Consultivo integrado por todas las entidades gremiales.
Frigerio adelantó que le “gustaría” que el interventor Mariano Gallegos continúe en la futura OSER, aunque aún no lo conversó con él. También ratificó su política salarial: “Nadie debería ganar más que el gobernador”, recordó, al contrastar su ingreso mensual de 5.380.000 pesos con los más de 10 millones de legisladores provinciales.
Al ser consultado sobre su propia afiliación, respondió que mantiene “una obra social de toda la vida” para no sumar gastos al sistema, pero continuó aportando el 3%. Además, defendió el plazo legislativo: “Tiempo hubo. No es una ley de 500 hojas”, y señaló que la discusión se redujo a quién administrará la obra social: “¿La corporación y los sindicatos, o el Estado?”.
Frigerio también reclamó mayor apoyo del Gobierno nacional para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones y mejorar el precio de la energía que genera Salto Grande, y recordó que Entre Ríos inició una demanda ante la Corte Suprema por esos fondos.
Sobre eventuales hechos de corrupción futuros, sentenció: “Hechos de corrupción van a existir siempre; lo que puedo garantizar es transparencia, control e implacabilidad con los responsables”.
Con la fecha del 12 de junio como límite de la intervención, el Senado definirá si aprueba la creación de la OSER. Mientras tanto, el gobernador reiteró que no retrocederá: “Estamos preparados para bancarnos la mentira, los escraches y los paros; esto no tiene marcha atrás”.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) repudió el proyecto que habilitaría las reelecciones indefinidas de legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires. En un breve comunicado publicado hoy y titulado “La agenda política bonaerense no es la de la ciudadanía”, la entidad sostuvo que la iniciativa resultó “inoportuna y anacrónica” y denunció que los impulsores “buscan eternizarse en cargos, impidiendo renovar y refrescar nuestra joven democracia”.
“Los devastadores daños ocasionados por las lluvias no hacen más que poner en evidencia que el interés de la política no está puesto en el desarrollo, la infraestructura, la educación, la salud y el bienestar de los ciudadanos, sino en su penosa ambición de perpetuarse en el poder”, subrayó el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky.
El texto de los productores advirtió además que la maniobra “valida ese apodo con el que el pueblo los ha caracterizado: casta” y remarcó el “rechazo enfático” a cualquier intento de reelección indefinida.
El eje de la controversia llegó tras la convocatoria que la presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario, realizó para este jueves a las 15:00 horas, con el fin de debatir el expediente presentado por el senador de Unión por la Patria (UxP) Luis Vivona. La propuesta busca modificar el artículo 13 bis de la Ley Electoral 5109 y los artículos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, anulando el límite de dos mandatos consecutivos para diputados, senadores, concejales y consejeros escolares. En cambio, mantiene la restricción para los intendentes, quienes solo podrían aspirar a un tercer mandato con un intervalo de un período.
“El proyecto es pergeñado de espaldas a la sociedad”, advirtió CARBAP, mientras legisladores de la Coalición Cívica, el PRO y la UCR calificaron la sesión especial como un paso “electoralista” que desoyó “las necesidades urgentes de los vecinos”. De prosperar la iniciativa, figuras históricas de la Cámara alta, como Teresa García, quedarían habilitadas para competir por un tercer período consecutivo en las elecciones de este año.
En paralelo, el gobernador Axel Kicillof envió a su bancada un proyecto propio para permitir que los intendentes también puedan presentarse en 2027. Ese movimiento alimentó la sospecha de un acuerdo más amplio para extender la permanencia en los cargos municipales, lo que reavivó la interna peronista y dio nuevos argumentos a La Libertad Avanza, que acusó a la dirigencia bonaerense de privilegiar “la casta y sus privilegios”.
– El proyecto de Vivona
Vivona defendió su propuesta al recordar que “la voluntad de los constituyentes en 1994 fue la de no limitar la continuidad para diputados y senadores” y calificó de “marketinera” la ley 14.836 aprobada en 2016, que hoy restringe las reelecciones. “Nunca estuve a favor de las limitaciones de mandatos que la ley propone; es inmediato resolver la situación de los concejales, consejeros escolares y legisladores”, sostuvo el senador, convencido de que “aparecerá el apoyo de algunos legisladores de otros espacios” cuando el proyecto avance en comisiones.
Pese a esa expectativa, en Diputados la suerte del proyecto luce incierta: varias fuerzas opositoras anticiparon que no acompañarán la media sanción si llega desde el Senado. Esa resistencia anticipa un debate áspero cuya primera parada será la sesión de este jueves, señalada por CARBAP y la oposición como la muestra más reciente de una “agenda propia y ajena a la ciudadanía” que, aseguran, priorizó la supervivencia política por sobre las demandas sociales.
El gobernador formoseño Gildo Insfrán, en la inauguración de una sencilla sala de primeros auxilios en General Mansilla, arremetió nuevamente contra el gobierno nacional y la gestión del presidente Javier Milei.
“Cuando vemos que a nivel nacional se regocijan los funcionarios anunciando que cerraron hospitales, que sacan decretos de necesidad y urgencia, limitando la asistencia médica para extranjeros”, afirmó Insfrán, añadiendo: “Esto es algo que en Formosa no se sufre.”
Hasta el momento cuatro provincias fronterizas (Salta, Jujuy, Mendoza y Santa Cruz) ya cobran por la atención médica a extranjeros no residentes, lo que ha reducido notablemente la atención a este grupo en esas regiones al 10%, años anteriores era del 100% las consultas.
En la misma apertura, Agustín Samaniego, figura política relevante en la provincia, destacándose como Presidente del Bloque de Diputados Provinciales del Partido Justicialista (PJ) y como un firme defensor del modelo político implementado por Insfrán, subrayó que tienen “el mejor sistema de salud y educativo” del país.
“Cuando lo dice el gobernado, imagino el llanto de muchos a los que les duele que sea así”, destacó Samaniego. “(Formosa) es primera en educación y ha superado a todas las provincias, Córdoba, Capital Federal”, agregó, siendo enfático en que “el futuro es Formosa, un modelo mundial con el que hemos hecho muchas cosas”.
Sin embargo, un informe de la ONG Argentinos por la Educación señala que el 7,7% de los estudiantes de tercer grado no saben leer y el 55% no alcanza un nivel satisfactorio en lectura seguida, ubicando a Formosa entre las provincias con mayores dificultades en alfabetización. Esto revela una problemática estructural que aún persiste a pesar de haber “hecho muchas cosas”.
De igual forma, aunque la asistencia escolar está mayormente garantizada, especialmente en niveles inicial y primario, existen brechas en la escolarización temprana (3 años) y en la continuidad escolar en niveles superiores, con una caída en la tasa de escolarización en salas de 3 años en Formosa entre 2022 y 2024.
Formosa también enfrenta una crisis en salud pública, con desmantelamientos de áreas fundamentales, despidos y recortes en medicamentos y vacunas, lo que impacta en la capacidad de respuesta del sistema sanitario provincial. En 2025, Formosa concentra el 90% de los casos de Enfermedad Febril Exantemática (EFE) en la región NEA, con 343 casos confirmados, concentrando la curva epidémica de forma desmedida. También se reportan casos de infecciones respiratorias agudas, como influenza y neumonías, con una tendencia en ascendente en hospitalizaciones por influenza en las últimas semanas, valores altos en comparación con 2024.
Desde diciembre de 2023, la economía soportó sucesivos paros y manifestaciones que, según el Instituto de Economía (Ineco) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), generaron perjuicios superiores a USD 1.000 millones. El cálculo abarcó dos paros generales y dos del transporte, todos posteriores al primer paro del 24 de enero de 2024 —cuya pérdida “puede haber superado los USD 500 millones”, según coincidieron economistas—, por lo que el costo total podría superar con holgura los USD 1.500 millones.
El segundo paro general, realizado el 9 de mayo de 2024 con amplia adhesión sindical, dejó de producir $489.272 millones de entonces, equivalentes a USD 544 millones. UADE precisó que esa cifra representó el 1,1 % del PBI de mayo y el 24,3 % del PBI del día. Los rubros más golpeados fueron la industria manufacturera (USD 110 millones), educación y salud (USD 90 millones) y los impuestos netos de subsidios (USD 89 millones).
“Para el cálculo de este impacto se estimó el efecto en cada uno de los sectores económicos basado en eventos similares en el pasado. Algunas actividades prácticamente no sufrieron ningún impacto y otras lo recuperaron rápidamente. Sin embargo, hubo rubros y empresas que sufrieron pérdidas irrecuperables y otros que, si bien pudieron compensar gran parte de lo perdido, lo hicieron en un plazo mucho más largo”, explicó el economista Martín Álvarez, analista de la UADE.
El 30 de octubre de 2024, la Mesa Nacional del Transporte encabezó un paro sectorial que paralizó buena parte de la logística nacional y provocó pérdidas por USD 204 millones, equivalentes al 0,3 % del PBI mensual. En esta ocasión, los “impuestos netos de subsidios” lideraron el ranking de perjuicios con USD 89 millones, seguidos por la industria manufacturera (USD 66 millones) y la educación (USD 35 millones). “Cabe destacar que la continuación del normal servicio de colectivos (UTA no adhirió) influyó en que la pérdida económica sea menor a la de anteriores paros, en los que el transporte no funcionó en su totalidad”, comentó Álvarez.
Ya en 2025, el último paro general —10 de abril— generó un impacto preliminar de $208.497 millones o USD 194 millones, es decir el 0,3 % del PBI de abril y el 6,4 % del producto diario. “En el caso de que no hubiese habido colectivos, la cifra del costo ascendería a USD 530 millones. Es decir, la posibilidad de tener al menos una línea de transporte disponible disminuye significativamente el impacto real del paro”, recalcó el economista, quien además subrayó: “Hay sectores que sin líneas de colectivos simplemente no pueden trabajar, como pasa con rubros como la construcción o el comercio, que requieren si o sí de la presencialidad”.
A estas cifras se añadió el reciente paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que afectó a más de 300 líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y varias provincias. Sin análisis específico aún, UADE estimó pérdidas cercanas a USD 300 millones.
El estudio de UADE mostró que la industria manufacturera y la construcción concentran la mayor parte del daño: registraron pérdidas difíciles de recuperar o solo compensables con mayores costos. El comercio logró recuperar apenas el 35 % de lo no vendido y los restaurantes nada. En el extremo opuesto, el sector financiero recuperó el 99 % de su operatoria, las actividades inmobiliarias el 96 % y la explotación de minas y canteras el 50 %.
Para las pymes comerciales, el impacto resultó evidente. Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), afirmó que “si bien el transporte de colectivos no se vio afectado por la medida de fuerza, se constató un menor nivel de afluencia en los locales comerciales del micro y macro centro durante la jornada del paro”. Añadió que “es evidente la necesidad que existe en el sector comercial Pyme de hacer frente a esta coyuntura de recesión, por lo que un paro de actividades repercute negativamente en este momento”.
Desde la Fundación Mediterránea, el economista Jorge Day evaluó que “a nivel macro, un impacto del 0,3 % al 1,1 % del PBI mensual no llega a mover la aguja en el total del año, pero a nivel micro el golpe es grande”. Precisó además: “Hay sectores, como el comercio, que pierden mucho con un paro general. Lo que no venden en un día es difícil que lo recuperen en otro y los empleadores tienen que pagar los sueldos igual. En otros casos el impacto no es tan grande, porque tienen forma de sustituir la actividad. En la rama financiera, por ejemplo, muchos trámites se pueden hacer online”.
Con dos paros generales y dos sectoriales medidos, la actividad económica dejó de producir más de USD 1.000 millones durante la presidencia de Javier Milei. De incluirse el primer paro del 24 de enero de 2024, cuyo costo no fue calculado con precisión pero “puede haber superado los USD 500 millones”, las pérdidas globales superarían los USD 1.500 millones.
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