Una demanda por enriquecimiento ilícito PREOCUPA a Alberto

El primer mandatario pagó una tasa de Justicia de más de 3 millones de pesos, lo que no coincide con sus ingresos o su patrimonio.
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El ex diputado de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires en representación de Cambiemos, Jorge Enríquez, denunció al presidente Alberto Fernández por la comisión de delito de enriquecimiento ilícito, que se encuentra previsto y reprimido por el artículo 268 del Código Penal. Enríquez, quien dejó su banca en diciembre del 2021, interpuso la acción legal con el patrocinio de los abogados Eric Natansohn y Luis Cevasco.

La medida se enmarca en las acciones legales que Alberto Fernández inició contra la presidente del Pro, Patricia Bullrich, a través de la cual reclama una indemnización de 100 millones de pesos. Para ello, Fernández tuvo que pagar más de 3 millones en concepto de tasa de justicia.

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En total, Fernández pagó 3.104.245. De acuerdo a Enríquez, “dicha suma resulta absolutamente incompatible tanto con sus ingresos como presidente de la nación, que son 256.207 pesos mensuales, como con su patrimonio, que según su propia declaración asciende a la suma de 5.7 millones de pesos”.

También resultó llamativo que para abonar la tasa de Justicia Alberto Fernández haya recurrido a un cheque de la sucursal de Lomas de Zamora del banco HSBC, “cuyo titular se ignora, dado que el presidente posee una cuenta corriente en el banco Santander”.

“Las circunstancias que rodean al pago de esa enorme tasa de justicia, ameritan que este hecho deba ser investigado a la luz de lo dispuesto por el artículo 268 del Código Penal”, asegura Enríquez en su escrito.

Jorge Enríquez

Por ello, es que el denunciante exigió que se requiera a Fernández para que justifique la procedencia de los fondos con los que satisfizo el pago de la tasa de justicia, se libre un oficio al banco HSBC de Lomas de Zamora, para que informe quienes son los titulares de la cuenta a la que pertenece el cheque y se intime al primer mandatario a prestar declaración indagatoria.

Como se recordará, Alberto Fernández había presentado ante la Justicia una demanda por 100 millones de pesos contra Patricia Bullrich, después de que fracasaran las mediaciones ordenadas por las autoridades. La dirigente del Pro había deslizado la existencia de irregularidades en la negociación entre el gobierno nacional y el laboratorio Pfizer por la compra de vacunas contra el coronavirus.

*Fuente: REALPOLITIK

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Caso “Chocolate” Rigau: Piden la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre

Este martes, la ONG Poder Ciudadano, que está como querellante en la causa que está investigando el uso de más de 45 tarjetas de débito de la Legislatura provincial y por la que está detenido Julio “Chocolate” Rigau, pidió la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre Claudio Albini, subdirector del personal de la Cámara de Diputados bonaerensebajo la acusación de integrar una asociación ilícita. 

Este pedido de Poder Ciudadano se suma al de la fiscal Betina Lacki quien solicitó detener a los dos funcionarios y a los dueños de las 48 tarjetas de débitos utilizadas para sustraer fondos por Rigau. Ahora, ambas solicitudes aguardan la respuesta del juez Federico Atencio quien, a su vez, está a la espera de la resolución de la Cámara de La Plata que que confirme la validez de la causa o si la anula.

El escrito de Poder Ciudadano fue presentado hoy luego de que se conocieran los chats del teléfono de Rigau con Albini (h), donde especifican incluso los montos que se queda cada uno: “Te llevas 200 (mil) por mes hace tres años y cuanto te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a mi amistad. No quiero terminar mal con vos, pero tampoco quiero que me tomes de idiota”, dice uno de los mensajes que dio a conocer la Justicia. 

Los chats revelan que había empleados de la Legislatura provincial que no sabían lo que estaban percibiendo ni el trabajo que presuntamente prestaban. “Decime de qué mierda trabajo yo”. En algunos casos, reclamaban que le den de baja en la Cámara de Diputados porque el estar en blanco dificultaba percibir, por ejemplo, planes sociales.

Por lo revelado, Poder Ciudadano exigió “que se ordene la inmediata detención de los imputados Facundo Mario Albini y Claudio Gustavo Albini”. “Ambos funcionarios continúan ejerciendo elevadas actividades dentro del Estado, pudiendo en ese rol destruir documentos, modificarlos o incluso amedrentar a posibles testigos. Con lo cual su detención deviene absolutamente necesaria y no puede pender de tiempos políticos que exceden el objeto de este proceso”, agrega en otro párrafo.

Por último señala que corresponde pedir la detención para impedir que perjudiquen o entorpezcan la investigación. 

*Fuente: Periodismo y Punto

“LEY PETRI” | La CSJ ratificó la ley que prohíbe la salida transitoria de presos condenados por delitos sexuales y homicidios

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la libertad condicional otorgada a Rodrigo Martínez, condenado por el delito de comercialización de estupefacientes.

El organismo respaldó el recurso extraordinario presentado por el Procurador General, Eduardo Casal, anulando así la sentencia previa de la Cámara Federal de Casación Penal.

Procurador General, Eduardo Casal

Martínez había sido condenado a cinco años de prisión por el delito en cuestión, pero una declaración de inconstitucionalidad de ciertos artículos legales en febrero de 2022 permitió su inclusión en el régimen de libertad condicional. La Cámara Federal de Casación Penal había revertido esta decisión, declarando la constitucionalidad de los artículos relevantes y dejando al juez de ejecución la responsabilidad de decidir sobre la prisión domiciliaria de Martínez.

A pesar de los informes favorables sobre el progreso de Martínez durante su libertad condicional, la Corte Suprema ratificó la validez constitucional de las limitaciones impuestas por la ley 27.375, revocando así la libertad condicional concedida anteriormente.

¿Qué es la “ley Petri”?

La ley 27.375 sancionada en el 2017 en el Congreso de la Nación —impulsada por el Diputado Nacional, Luis Petri—, amplió la limitación del otorgamiento de los beneficios comprendidos en el periodo de prueba, la prisión discontinua o semidetención, la libertad asistida y condicional a los condenados por una amplia gama de delitos.

Así explicó Luis Petri el proyecto antes de que sea sancionado en el año 2017

Entre ellos, se destaca la ampliación de la limitación a todo homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual (exceptuando el abuso simple, difusión de pornografía, sustracción de mayores para menoscabar su integridad sexual y grooming), secuestro coactivo si se causa intencionalmente la muerte, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, secuestro extorsivo si se causa intencionalmente la muerte, infracciones a la ley de drogas, trata de personas, delitos económicos, condenas por ley antiterrorista, contrabando agravado, tortura seguida de muerte, corrupción y fraude contra la administración pública y delitos cometidos por asociaciones ilícitas.

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