Pidieron que Alperovich vaya a juicio oral y público por la violación de su sobrina
La sobrina del ex gobernador de Tucumán trabajaba para él cuando era senador nacional y fue allí cuando sucedieron los abusos por los que hoy se lo acusa.
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Los fiscales pidieron que el ex gobernador José Alperovich vaya a juicio oral por la presunta violación de su sobrina. Los abusos ocurrieron entre los años 2017 y 2018, según las declaraciones de la víctima, además detalló que serían al menos nueve hechos, de los cuales dos son en grado de tentativa por abuso sexual y seis por violencia sexual agravada con acceso carnal.
“Quedó comprobado cómo el imputado utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la victima, y la ponía como un mero objeto de su satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses”, acusaba la fiscalía al rememorar en caso.
En el día de ayer el fiscal Santiago Vismara y Mariela Labozzeta pidieron que Alperovich vaya a juicio oral y público. La fiscal Labozzate, quien se especializa en casos de violencia de género, explicó junto con Vismara que en este caso en particular la victima estaba “cautiva” por la dependencia económica y sobre todo por el vinculo parental que los une y agregaron: “Los métodos para obtener el control sobre la víctima consisten en infligir el trauma psicológico de forma sistemática y repetitiva. Son técnicas organizadas de debilitamiento y desconexión”.
“Estos métodos están pensados para causar terror e indefensión y destruir el sentido del ‘yo’ de la víctima en relación con los demás”, concluyeron.
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En las últimas horas, fuentes de la SIDE aseguraron a revista Noticias que, a instancias de Javier Milei, los agentes libertarios que responden a Sergio Neiffert evalúan pedirles asistencia a sus colegas del Mossad israelí en la crisis de los audios que involucran a la hermana del Presidente y al ex funcionario Diego Spagnuolo.
La explicación es que todo lo que podía fallar ya falló: un desconocido grabó al ex titular de la Andis hablando de coimas del 3 por ciento para Karina Milei, otro entró a la Casa Rosada y captó la voz de ella en su propio despacho, nadie pudo detener la filtración a los medios y solo el desesperado manotazo de un juez impidió que hoy se conociera el material completo de esos audios.
¿Y la SIDE? Bien, gracias. Uno de los agentes del organismo, que viene de gestiones anteriores, le contó a Noticias lo siguiente: “Hay mucha bronca con Neiffert por la inacción que mostraron en este caso, y por eso Milei quiere pedirle ayuda al servicio de Inteligencia de Israel, básicamente para que les enseñe a los de la SIDE cómo prevenir este tipo de situaciones y que no los sigan grabando a todos en todos lados. Primero Spagnuolo, después Karina, y no sabemos cómo sigue…”.
Otra de las fuentes consultadas dentro del organismo se sincera: “Están en eso. Les da miedo que los israelíes les respondan que no, por inútiles. Les da vergüenza todo lo que está pasando, digamos”.
– Sergio Neiffert, secretario de Inteligencia
El agente consultado abunda: “Esto es responsabilidad del área de Contrainteligencia, que no pudo impedir que a un funcionario despechado y a la propia hermana del Presidente los grabasen con un simple celular. El que maneja Contrainteligencia dentro de la SIDE es un hombre al que puso ‘Jaime’ Stiuso”.
Según las fuentes consultadas, Stiuso -el poderoso ex director general de Operaciones de la SIDE- hoy continúa teniendo gran influencia en el organismo. Los libertarios lo consultan y hasta dejaron que llenara algunos casilleros de la Secretaría. Los agentes que hablan en esta nota cuentan que el propio Santiago Caputo, el asesor estrella del Presidente bajo cuya órbita está la SIDE, se muestra insatisfecho con el trabajo de su titular Neiffert, un hombre suyo.
Las críticas también le llueven a Caputo: Karina Milei y los primos Martín y “Lule” Menem lo señalan porque los agentes bajo su mando no pudieron prevenir absolutamente nada en todo este escándalo. “Caputo está pintado”, dicen cerca de “Lule”.
La excanciller Diana Mondino reapareció este jueves y cuestionó al presidente Javier Milei por su rol en el criptoescándalo de $LIBRA. En su primera entrevista pública desde que dejó la Cancillería —tras la votación de Argentina en la ONU que condenó el bloqueo económico a Cuba—, sostuvo: “No debería haberlo publicado” al ser consultada sobre si el Presidente debió postear el lanzamiento del memecoin.
Durante el intercambio con Mehdi Hasan (Al Jazeera English), Mondino dejó definiciones en distintos pasajes. En uno de ellos, afirmó: “Hay dos posibilidades, o no es muy inteligente o es una especie de corrupto”. Más adelante, insistió: “Así que hay dos posibilidades. O no es muy inteligente o es una suerte de corrupto. Elija usted. No sé”.
Hasan la interpeló con repreguntas sucesivas centradas en $LIBRA: “¿Cree que Javier Milei debería haber tuiteado un enlace a una criptomoneda?”. Mondino respondió: “No, no debería haber tuiteado eso”. Cuando el periodista pidió razones, ella dijo: “Creo que alguien se lo contó, pensó que era una buena idea”. Hasan enmarcó el caso como “la estafa de Javier Milei a principios de este año, en el que creo que 250 millones de dólares, desaparecieron” y remarcó luego: “Alguien ganó dinero con esto. 250 millones de dólares. Desaparecieron”. Mondino contestó: “Exactamente, exactamente” y reiteró sus dos alternativas.
Ante la frase, Hasan reaccionó: “¡Wow! Es la primera vez esta noche que dice Diana Mondino: es corrupto o estúpido”. Mondino respondió: “¡No!”. Cayó en la cuenta de su formulación e intentó redirigirla, aclarando que ofrecía opciones y no una afirmación cerrada, y agregó: “Vos elegís. Yo no lo sé”. Consultada de modo directo si Milei era “un presidente corrupto”, replicó: “Espero que no” y añadió que, si lo fuera, “algún día tendrá que ir a la cárcel”.
La exfuncionaria buscó además llevar la conversación al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, uno de los objetivos diplomáticos que promovió durante su gestión: “Déjenme decirle a la gente que ese acuerdo va a cambiar la Argentina”.
La investigación parlamentaria sobre la criptomoneda $Libra, que involucra al presidente Javier Milei en una presunta estafa millonaria, enfrenta una grave crisis política que la mantiene paralizada desde abril de 2025. La comisión creada para investigar no logró conformarse formalmente debido a un empate entre oficialismo y oposición, con 14 diputados de cada lado, lo que bloqueó la elección de autoridades y frenó el inicio de las pesquisas.
El oficialismo sostiene que el plazo de 90 días para funcionar venció el 30 de julio y exige la disolución de la comisión. Desde ese espacio político, se argumenta que no tiene sentido mantener una instancia sin resultados concretos ni avances, y que el desgaste político solo perjudica a la institucionalidad.
En cambio, la oposición denuncia una maniobra para enterrar la investigación y exige que el conteo del plazo de funcionamiento se reinicie solo cuando la comisión cuente con presidente y autoridades electas. Para ellos, esta situación evidencia una estrategia para proteger a los involucrados y evitar que se llegue a esclarecer la verdad.
Con este escenario, la oposición propuso modificaciones reglamentarias para romper el empate y poner en marcha la comisión. La iniciativa plantea que el bloque con mayor representación en Diputados pueda designar al presidente en caso de empate, además de redefinir las condiciones para la constitución del quórum y facultar al presidente para dirimir empates en votaciones futuras.
Estas modificaciones serán debatidas en un plenario el 12 de agosto, en una sesión que promete ser decisiva. Si se rechazan los cambios, la oposición ya anunció que evaluará recurrir a mecanismos más fuertes, en los que se incluye la posibilidad de iniciar un juicio político para forzar la continuidad del caso.
– “Vamos a destrabar el bloqueo con el que el oficialismo y sus aliados frenaron toda la investigación durante tres meses”
La primera versión del proyecto fijaba una composición diseñada para garantizarle mayoría a la oposición. El texto establecía que cada bloque con al menos cinco diputados obtendría un representante. Los bloques con más de cinco podrían reclamar dos. Y además, se sumaría un miembro adicional por cada veinte bancas. Con esta lógica, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica se aseguraban controlar la comisión investigadora.
Pero esa arquitectura política se desmoronó en tiempo récord. El PRO, junto con el MID de Oscar Zago y el monobloque Somos Fueguinos, se reconfiguró como interbloque con 41 integrantes y reclamó cuatro lugares, uno más de los previstos.La Libertad Avanza hizo lo mismo al sumar al monobloque CREO, de la tucumana Paula Omodeo. Poco después, los llamados “radicales con peluca” rompieron con el armado tradicional y conformaron la Liga del Interior.
El resultado fue un escenario de empate perfecto. Catorce diputados con voluntad de avanzar en la investigación a fondo, y otros catorce sin intenciones de tocar al oficialismo. Entre los primeros estaban seis de UxP, dos de Encuentro Federal, dos de Democracia para Siempre, dos de la Coalición Cívica y dos del Frente de Izquierda. Del otro lado, se alinearon cuatro de La Libertad Avanza, cuatro del bloque PRO/MID, dos radicales orgánicos, dos de la UCR libertaria y dos de Innovación Federal. Así, todo quedó congelado.
La Cámara Criminal y Correccional de Río Cuarto fijó para el 5 de septiembre, a las 8:30, el inicio del juicio por jurados contra dos exintegrantes del extinto Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Córdoba en el caso de Solange Musse. Los acusados son EduardoJavier Andrada, identificado como exresponsable del COE y también exdirector del Hospital de Huinca Renancó, y Analía Elizabeth Morales, trabajadora social ex-COE. Están imputados como coautores de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El caso remonta a agosto de 2020, durante las restricciones por la pandemia de Covid-19. Solange Musse, de 35 años, padecía cáncer de mama en estadio cuatro con metástasis en huesos, hígado y pulmones. Se había trasladado desde Neuquén a Alta Gracia en febrero de ese año para seguir un tratamiento. Con su salud deteriorada, su padre, Pablo Musse, emprendió un viaje de 1.100 kilómetros —40 horas de manejo sin descanso— desde Pottier, Neuquén, junto a su cuñada, Paola Oviedo, para verla por última vez.
Presentaron la documentación exigida: permisos nacionales de circulación, certificado de regreso a su localidad y los hisopados solicitados por el COE. Al llegar al control sanitario de Huinca Renancó, un test de Pablo dio resultado “dudoso” —no positivo— para Covid-19. Según el Protocolo 48, se permitía el ingreso por “fuerza mayor”, incluyendo la asistencia a familiares en estado crítico o el fallecimiento de un familiar directo, y los casos sospechosos debían ser evaluados en un hospital. Sin embargo, las autoridades les negaron el acceso y los escoltaron de regreso a Neuquén.
En una carta escrita desde su cama, Solange expresó: “Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. ¿Quién decide eso si queremos vernos? Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos”. Murió el 20 de agosto de 2020 sin ver a su padre.
De regreso en Neuquén, un nuevo hisopado a Pablo dio negativo. Con autorización del juez Bustos Fierro, pudo viajar a Alta Gracia para despedir los restos de su hija. La denuncia, presentada por el abogado Carlos Nayi, sostiene que los acusados incumplieron los protocolos y abusaron de su autoridad.
En 2021 fueron imputados Andrada, Morales, el médico Sergio José Alí y el suboficial policial Darío Javier Mansilla. En 2023, estos últimos fueron sobreseídos, quedando solo Andrada y Morales para enfrentar el juicio.
La familia Musse denunció además al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En mayo de 2024, Pablo Musse y Paola Oviedo expusieron el caso ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. El juez Claudio Mazuqui afirmó que el proceso busca “darle a la familia Musse la tranquilidad de que, desde lo jurídico y lo humano, el Poder Judicial está a la altura de resolver las peticiones”.
“Lamentablemente no es lo que uno esperaba, después de cinco años, pero es lo que hay en la Justicia argentina”, dijo Pablo Musse al medio cordobés Cadena 3. “Todos saben que esta causa pasó por la Justicia Federal, la Justicia Ordinaria, y realmente avasallaron los derechos de Solange”, agregó.
El juicio oral y público comenzó el martes y se programó para tres jornadas, hasta el jueves, fecha en la que el tribunal anunció que daría a conocer la sentencia. Se trató de un proceso sin precedentes: nunca antes en la Argentina un grupo de personas enfrentó un debate oral por la caza de un yaguareté. “Es la primera vez que logramos llegar a esta instancia judicial en 75 causas en más de 20 años”, destacó Nicolás Lodeiro Ocampo, fundador y director de la Fundación Red Yaguareté.
El caso se originó a fines de julio de 2024, entre Ibarreta y Estanislao del Campo, en el oeste formoseño. La desaparición de una vaca lechera motivó que el dueño del campo, Máximo Cisneros (61), pidiera ayuda a los changarines Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30) para hallarla. Salieron armados y con perros, encontraron a la vaca muerta y, cerca de los restos, vieron al yaguareté. Según relataron, los perros se abalanzaron y la situación se descontroló. “Nos empezó a atacar. Mató dos perros. Los trituró”, contó Viterman. De acuerdo con el expediente, Claudio ejecutó el disparo de escopeta que mató al animal, “aunque eso no mengua la responsabilidad de quienes lo acompañaban”.
Poco después, los cuatro lo carnearon, cocinaron y comieron mientras se fotografiaban sonrientes junto al cadáver. Las imágenes mostraron al animal maniatado, colgado y despellejado. La piel nunca apareció; se especuló con que pudo haber sido vendida. El 27 de julio de 2024, las fotos llegaron al celular de Ana Magdalena Gutiérrez, representante de la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté y representante titular ante el Comité General de Gestión Yaguareté del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (PNCMNY), quien denunció el hecho. Los acusados indicaron luego que las fotos “fueron tomadas por unos vecinos”.
Dos días después de la denuncia, la policía allanó el domicilio de Máximo Cisneros en el Paraje “Las Antolas”, a 15 kilómetros de Ibarreta. El dueño del campo intentó darse a la fuga, pero fue interceptado por las fuerzas provinciales. El 2 de septiembre, 36 días más tarde, los otros tres acusados —sobre quienes pesaba una orden de captura nacional— se presentaron ante la Justicia con sus abogados. Pasaron casi dos meses detenidos, primero en el Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” de Formosa y luego en una dependencia de Pirané, a 110 kilómetros de la capital provincial. El 7 de noviembre obtuvieron prisión domiciliaria con salidas laborales entre las 7 y las 15; sus defensores solicitaron la ampliación de ese horario y la respuesta quedó pendiente. Máximo Cisneros llegó al juicio en libertad.
El viernes 25 de julio a las 9 de la mañana, Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León se conectaron a un Zoom para ser entrevistados por Infobae desde Ibarreta, bajo arresto domiciliario y en presencia de sus abogados, Pablo Adrián Cardozo y Ramón Eduardo Cristaldo. Durante la entrevista hablaron por primera vez del caso: “Nosotros no somos cazadores. Matamos al bicho y después nos lo comimos: no fue un trofeo como se dijo”, dijeron. “Nunca supimos que (el yaguareté) era tan protegido. No teníamos idea… Pero tuvimos que decidir, era la vida del bicho o la nuestra”, sostuvo Claudio. “Nos defendimos como pudimos”, agregó Viterman.
Los tres se definieron como trabajadores rurales sin estudios formales y describieron su situación económica. “Nosotros vivíamos de ese campo. Ahora no tenemos nada”, explicó Hugo. “Fue una cosa fea lo que nos pasó. Primero, porque somos pobres. Segundo, porque dentro de todo antes teníamos cómo vivir, cómo alimentar a la familia. Ahora ni eso”, agregó.
El yaguareté está protegido como Monumento Natural Nacional por la Ley 25.463, la máxima categoría de protección. La causa se calificó como caza de animales silvestres cuya captura estuvo prohibida, agravada por la participación de tres o más personas. Lodeiro Ocampo cuestionó la supuesta legítima defensa: “Estaban en una actitud de caza, iban con armas y perros. El yaguareté no estaba buscando personas para comer. Además, matarlos está prohibido por ley: si alguien decide hacerlo, tiene consecuencias penales y económicas”. Sobre la respuesta de los hombres, añadió: “No hay una definición de qué hacer, pero con unos disparos el yaguareté se va”.
Según la Fundación Red Yaguareté, las manchas del ejemplar funcionaron como huellas digitales y permitieron identificarlo como uno de los cinco registrados en Formosa; ahora quedaron cuatro. En 2023, en Clorinda, también en Formosa, otro hombre fue procesado por matar un ejemplar y debió pagar una caución de 3.770.000 pesos.
El yaguareté, el felino más grande de América, se encontró en peligro crítico de extinción en la Argentina. Se estimó alrededor de 250 ejemplares en todo el país, divididos en tres poblaciones: las yungas de Salta y Jujuy, la región chaqueña (casi exclusivamente en el Chaco seco) y porciones de la selva misionera. En el norte del país se calculó entre 200 y 300 individuos; en el Gran Chaco argentino apenas quedaron 20. La caza furtiva y la degradación de ambientes por acción humana, con escasez de presas, figuraron como las principales amenazas. “Estamos al límite de perder al yaguareté. Si queremos salvar esta especie emblemática y lo que significa para la diversidad, debemos proteger los bosques y terminar con la deforestación”, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.
Para la Red Yaguareté, el debate oral que comenzó el 12 de agosto representó “el mayor logro hasta el presente en relación con la persecución y búsqueda de castigos ejemplares a cazadores de yaguaretés. Nunca antes se había dictado prisión domiciliaria por un hecho así”. La organización remarcó que, históricamente, “ninguno de los planes nacionales o regionales para conservar al yaguareté contempló la convivencia del animal y las personas en zonas rurales, especialmente con la ganadería”. Lodeiro Ocampo sostuvo: “La Ley Nacional de Faunas tiene 45 años, está obsoleta. Para esa ley una liebre y un yaguareté es lo mismo. Estamos intentando modificarla para cambiar las penas para las especies que están declaradas Monumento Natural Nacional, es decir, las de mayor nivel de protección, que tengan pena de prisión efectiva”. También señaló que el humano no formó parte de la dieta del felino y que los ataques a personas se produjeron solo cuando el animal se sintió atacado o atrapado.
Tomás Ise Figueroa no es un improvisado ni un desconocido. Hasta diciembre de 2023 se movía como asesor de José Emilio “Pichón” Neder en el Senado, histórico operador del zamorismo y una de las espadas políticas más fuertes del norte argentino. Hoy aparece con el sello de La Libertad Avanza como candidato a senador nacional en Santiago del Estero.El giro desconcierta a propios y ajenos: de engranaje de la maquinaria kirchnerista y zamorista a “libertario” de pura cepa en cuestión de meses.
El burócrata aportó $1.778.400 para la campaña de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo a través de una transferencia bancaria, el 8 de agosto de 2019, según confirman los registros de la Cámara Nacional Electoral. Fue el segundo financista individual más importante del Frente de Todos, solamente superado por el empresario santafesino Walter Grenón.
A valores de hoy, el monto aportado por Figueroa ronda los $70 millones.
El contraste no termina ahí. Además de haber sido asesor del zamorismo y financista del kirchnerismo, Figueroa ni siquiera reside en Santiago del Estero: vive en la Ciudad de Buenos Aires.
La militancia libertaria, que esperaba renovación y ruptura, estalló en redes sociales. Varios jóvenes lo tildaron de “caballo de Troya” y otros directamente de “garrón”. El descontento se hizo sentir: quienes apoyaron a Milei en la calle no entienden cómo la dirigencia eligió a un exfinancista K como la cara visible en una provincia clave.
La conducción de LLA en Santiago defiende la jugada. Figueroa no solo asumió la presidencia provincial del partido de Karina Milei, sino que además diseñó el armado junto a dirigentes locales y se encargó de garantizar recursos para una campaña que, de otra manera, sería imposible de financiar. Para ellos, pesa más la capacidad técnica y económica que la “pureza ideológica” que reclaman los militantes de primera línea.
El contraste es brutal. Milei construyó su discurso sobre el rechazo frontal al populismo y a la casta política, pero en Santiago lo representa un hombre que trabajó con el zamorismo y aportó a la caja del kirchnerismo.
La lista completa de LLA en la provincia también muestra un armado con nombres variados: Andrea Jorge acompaña a Figueroa en el Senado, mientras Laura Godoy y Matías Faila encabezan las candidaturas a diputados nacionales. Ítalo Cioccolani, por su parte, competirá por la gobernación. Un mix de dirigentes jóvenes, empresarios y técnicos que intentan vender como “renovación”.
Se trata de Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes. La denuncia fue radicada ante la UFIC N.º 5. Un familiar del burócrata exige la nulidad de la venta, concretada “un día antes” del fallecimiento de la propietaria.
A las damas y caballeros que están redactando la Constitución santafesina. No tengo esperanzas de que sea alberdiana pero al menos no vayan full socialismo, por favor. Va un pedido.
Saquen el adefesio comunista de la “plusvalía urbana”. Me refiero al supuesto derecho de las…
