La Justicia quiere impedir que CFK siga en la función pública luego del 2023
Un periodista acreditado en Casa Rosada contó todos los detalles judiciales que aguardan a la vicepresidente: "Se espera un fallo adverso en Vialidad".
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La lucha del oficialismo contra la Justicia continúa. Alberto Fernández sigue resguardando a Cristina Fernández de Kirchner bajo el ala del poder y lo demuestra impunemente en sus redes. El mandatario respaldó a la vicepresidente con una serie de tweets y apuntó directamente contra la conformación de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación.
Cuando quise reformar la Justicia Federal algunos no me acompañaron. Cuando hablé del mal funcionamiento de la CSJN fui criticado. Dijeron que buscaba la impunidad de ciertos acusados. Los que lo decían son los que aseguran su impunidad con este sistema lamentable de justicia.
Es por ello que, desde el medio Perfil se comunicaron con Alejandro Gomel, periodista acreditado en Casa Rosada, quien habló sobre la aparente reconciliación del binomio presidencial y el insistente ataque a la Justicia.
“Se espera un fallo adverso en Vialidad para la vicepresidente”, aseguró Alejandro Gomel, periodista acreditado en Casa Rosada. Encontrá toda la información en www.perfil.com/reperfilar
“Quedaron atrás los tiempos en los que no había diálogo entre las partes, el enemigo en común es la Corte Suprema de Justicia”, aseguró Gomel, y luego completó: “Ayer Cristina subió un vídeo con el racconto de lo que pasó con la Corte Suprema desde la asunción de Néstor Kirchner”.
“Sorprendió el apoyo de Alberto Fernández haciendo un hilo con las críticas a la Corte”, lanzó el entrevistado. “Allegados a Cristina sostienen que puede haber una proscripción de la vicepresidente de cara al 2023. Se espera un fallo adverso en lo que se conoce como la causa Vialidad para la vicepresidente”, finalizó.
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En febrero de 2022, la entonces concubina presidencial, Fabiola Yánez, llevó a la Justicia al periodista e influencer Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como El Presto. La pareja del expresidente, Alberto Fernández, lo había denunciado por el supuesto delito de hostigamiento digital.
El periodista dedicó un informe en el que habló sobre los gastos millonarios de Yánez, acusándola por su ostentosa vida en Puerto Madero, pese a tener ingresos registrados por $5 mil.
Ahora, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó sin efecto la condena a El Presto, lo absolvió e hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del periodista, Marcelo Peña, en las acusaciones de hostigamiento digital y difusión no autorizada de imágenes íntimas (Prestofelippo utilizó fotografías de la primera dama que extrajo de entrevistas, pero que a ella le molestaron).
“Hice en su momento la denuncia oral —cuenta Marcelo Peña— sobre el abuso que se ejerció. El entonces Presidente maniobraba, de forma directa, con el juez de la causa a efectos de que, sí o sí, Prestofelippo tenía que terminar detenido”.
A Peña le llamó “poderosamente la atención” cómo el juzgado modificaba la situación procesal del periodista de manera permanente: “Se proyectaba todo a una contravención, y hasta ultísimo momento se iba maniobrando con cambios drásticos (en la causa). Incluso, se habría ordenado en que deje de trabajar, que abandone su actividad de periodista… un disparate”.
Además, detalla el abogado, el fallo sentó precedente al dar “preponderancia a la libertad de expresión por sobre el abuso de poder: Una persona, que manifiesta ser primera dama, buscaba inmunidad, buscaba una protección por encima de la Constitución. Parte de lo que considera el fallo es que, por más que vos me digas que tengas esta figura, la de primera dama, eso no puede tener más revestimiento que la libertad de expresión, que es una garantía constitucional“.
De tal manera, el documento emitido por el TSJ resuelve “hacer lugar a ese recurso de inconstitucionalidad en cuanto a las dos restantes infracciones, identificadas como difusión no autorizada de imágenes íntimas y hostigamiento digital, revocar la condena impuesta respecto de esas dos calificaciones y reenviar las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento a la luz del impacto que esta decisión supone en la medición de la sanción aplicada”.
“Ella pretendía que, por ser quien es, se le haga un borrón y cuenta nueva”, resumió Marcelo Peña.
En el marco de los allanamientos realizados en Río Gallegos, Julio Gutiérrez señaló al la anterior gestión de la cartera de Trabajo por estafa y robo al Estado provincial. Según explicaron fuentes oficiales, los exfuncionarios habrían logrado seguir actuando con los ilícitos a pesar del cambio de gobierno.
Los funcionarios de Alicia Kirchner no entregaron a las nuevas autoridades claves, datos de plataformas de compra y cuentas, de un convenio del Ministerio de Trabajo para comprar artículos necesarios para el área en el rubro de mantenimiento y servicios. El desfalco, según estiman los miembros de la actual gestión es de $27 millones.
Con ese modus operandi, siguieron comprando repuestos, cubiertas y otros servicios a nombre del Ministerio de Trabajo, que fueron almacenando en galpones de su propiedad que se encuentran en la zona industrial, y que forman parte de la empresa “Cielos Patagónicos, viviendas industrializadas”.
Las compras se habrían realizado en comercios como Toyota, Pirelli y Austral Gomas, y habrían sido retirados por un empleado de la empresa de Romina Silva que fue “pescado infraganti” cuando realizaba una de estas maniobras.
Gutiérrez precisó que “la principal autora de todo esto es la anterior secretaria del Ministro de Trabajo”.Romina Silva fue o es la mano derecha de Teodoro “Lalo” Caminos, exministro de Trabajo de Santa Cruz. “En la época cuando se hizo la transición (de gobierno) no nos entregaron claves, ni plataformas, ni cuentasque tenían que ver con cuestiones de mantenimiento y servicios”, explicó el actual ministro.
Indignado, Julio Gutiérrez afirmó: “No les bastó con robar cuando estaban en el gobierno, sino que siguieron robando después de dejarlo, lo que demuestra la impunidad de esta gente, la falta de respeto y la absoluta desconsideración y burla hacia toda la sociedad santacruceña que está viviendo momentos difíciles. Pero como dijo el gobernador Vidal desde que asumió, se ha terminado el robo en Santa Cruz y los responsables irán a prisión por sus acciones delictivas”.
El gobernador K envió a la Legislatura bonaerense un proyecto para aumentar el impuesto sobre inmuebles y patentes. Al paquete de leyes se le suma un pedido de endeudamiento por 1800 millones de dólares.
Después de 25 años en la @LegislaturaCBA arman una Mesa de Seguridad para buscar especialistas que les expliquen que hacer. ¿Cómo? Hace 25 años que gobiernan y no tienen un plan...VIVEN IMPROVISANDO!!! Mientras tanto los cordobeses SE MUEREN. pic.twitter.com/viFXNRQgSW
