La carta que envió César Sena desde la cárcel tras la renuncia de su abogado: “Tengo miedo”
El principal sospechoso del asesinato de Cecilia Strzyzowski escribió un breve texto dirigido al fiscal que investiga el caso donde asegura temer por su vida.
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El miércoles de la semana anterior, el abogado de la familia Sena, Juan Díaz, fue convocado para representar al principal sospechoso por la desaparición forzada de Cecilia Strzyzowski (aunque actualmente se investiga como homicidio). El sospechoso de 19 años, César Sena, quien supo ser la pareja de la víctima, permanece detenido acusado de “femicida”. Tras este desenlace, el letrado decidió renunciar y afirmó a los medios que se debía a “diferencias irreconciables”, además de que se trata de “un hecho criminal” en el que prefiere no involucrarse.
Estas tajantes declaraciones llegaron a oídos de César Sena y por ello, desde la cárcel, armó un breve comunicado dirigido al fiscal frente a la causa.
La carta del principal sospechoso
“Soy César Sena. Estoy acusado en esta causa y me enteré que Díaz, quien era mi abogado defensor y el de toda mi familia, está saliendo en todos los medios de comunicación y está hablando cosas horribles de mí. Temiendo por mí hago responsable a esta persona si me pasa algo“, firma y cierra.
En la misma línea aunque en la vereda del frente,Díaz aseguró que decidió apartarse del caso porque teme “represalias”. “Estoy en el movimiento (la organización que el dirigente social conduce junto a su esposa Marcela Acuña) hace 12 años, Emerenciano ya no es el mismo que fue en su momento, nunca me imaginé que podría llegar a estar involucrado en semejante delito“, sumó a medios locales.
La carta del imputado salió a la luz luego de que él mismo insistiera con declarar frente a los fiscales, aunque finalmente se arrepintió.
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En una movida estratégica que marca su regreso a la escena política, el expresidente, Mauricio Macri, participará en dos eventos cruciales organizados por el PRO, uno de los cuales tendrá lugar en Paraná a fines de agosto. El gobernador Rogelio Frigerio será el anfitrión de esta cumbre, que se llevará a cabo en el Centro Provincial de Convenciones y que contará con la presencia de destacados mandatarios del partido.
Después de meses de relativo silencio, Mauricio Macri decidió elevar su perfil y asumir un rol activo en la conducción del PRO. Su primer acto público está programado para el 1 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires, donde se celebrará su regreso a la presidencia del partido. Este evento, más que un simple acto de asunción, se presenta como un “relanzamiento” del PRO de cara a las elecciones legislativas de 2025.
Previo a la cumbre en Paraná, Macri participará en un acto en Vicente López dentro de unos 15 días. Gobernado por Soledad Martínez, vicepresidenta primera del PRO, este distrito de la Provincia de Buenos Aires será escenario de una celebración por el regreso de Macri a la conducción del partido.
La actividad en Paraná, programada para fines de agosto, se enmarca en la formalización de la vuelta de Macri a la conducción partidaria, oficializada en abril en medio de controversias sobre una posible fusión con La Libertad Avanza, promovida por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Organizado por la Fundación Pensar, presidida por la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el evento contará con la asistencia de figuras prominentes del PRO.
Pese a las diferencias internas, Macri decidió decidido invitar a todos los referentes del PRO, incluyendo a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, las tensiones persisten, y algunos dirigentes vinculados a Bullrich han sido excluidos de la mesa ejecutiva del partido.
Ayer, Cintia Gómez, diputada provincial de La Unión Mendocina, presentó un proyecto que obliga a los legisladores provinciales a presentar un balance de gestión semestral-anual.
“La transparencia y el rendimiento de cuentas son pilares fundamentales en cualquier sistema democrático, donde el ciudadano tiene licitud de conocer la gestión y el deber de los legisladores. Con la finalidad de mejorar los aspectos de gestión política, aplicando valores significativos como el compromiso, la responsabilidad y la honestidad a la hora de gestionar acciones que vinculen al ciudadano, trabajando día a día para que la calidad de los funcionarios públicos sea medida cualitativa y cuantitativamente”, sostiene el documento entre sus fundamentos.
Y explica: “El balance de gestión suministrará información detallada sobre las actividades realizadas por los legisladores durante el período correspondiente y mientras dure su gestión. Incluyendo los proyectos que sean presentados, asistencia a sesiones, participación en comisiones y el uso de recursos asignados para el ejercicio de su función. La divulgación de esta información permitirá evaluar la efectividad y la dedicación de los legisladores en su labor”.
Para García, la presentación de balances de gestiones semestrales o anuales “permitirá a los ciudadanos monitorear de cerca la labor legislativa y la gestión de cada uno de los integrantes del ámbito político evaluando la calidad de los mismos y la responsabilidad adoptada por cada legislador a la hora de desempeñar su labor. Al conocer las acciones y logros de los legisladores, los ciudadanos podrán formar una opinión basada en hechos y acciones, permitiéndoles participar activamente en el proceso democrático”.
Qué dice el proyecto de ley
Artículo 1: Objetivo Los legisladores de la Provincia de Mendoza deberán presentar un balance de gestión semestral o anual ante la Legislatura Provincial.
El balance deberá circunscribir información detallada sobre: actividades realizadas, proyectos impulsados, asistencia a sesiones, participación en comisiones y cualquier otro aspecto de labor relevante relacionado con su función legislativa, como así también el otorgamiento de licencias.
Artículo 2: Definiciones Balance de Gestión: informe cuyo objetivo principal es contrastar objetivos y metas a través de los resultados de una gestión del funcionario público.
Artículo 3: Contenido del Balance de Gestión: El balance de gestión deberá contener los siguientes elementos:
Informe de actividades: Descripción de las acciones realizadas por el legislador durante el período correspondiente.
Proyectos presentados: Listado de proyectos de ley, resoluciones o declaraciones presentados por el legislador.
Asistencia a sesiones: Registro de la asistencia a sesiones legislativas; en caso de presentar faltas a las sesiones deberán ser informados con avisos previos y en el balance explicados brevemente.
Participación en comisiones: Detalle de la participación en comisiones permanentes o especiales.
Artículo 4: Plazos y Presentación El balance de gestión se procederá de forma semestral o anual, y en el caso de no cumplir con esos tiempos estipulados deberá presentarse dentro de los 30 días hábiles posteriores al cierre del semestre o año correspondiente. La presentación se realizará ante la Secretaría Legislativa y se publicará en el boletín oficial de la provincia de Mendoza.
A raíz del aumento de la inseguridad por los delitos graves cometidos por menores en la Argentina, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, ha reafirmado su postura a favor de bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Esta propuesta, según Cúneo Libarona, responde a un cambio en el desarrollo y comportamiento de los jóvenes en la actualidad que no se condice con los buenos valores y costumbres que practicaban en 1980.
“El artículo 34 del Código Penal dice que no es punible quien no tenga conciencia de la criminalidad del acto y no pueda dirigir sus acciones.En 1980, cuando se dictó la ley, el joven de 13 años no era el mismo de hoy. Hoy tiene conciencia, actúa con dolo, tiene intención”, declaró Cúneo Libarona en una entrevista con Jonatan Viale. El ministro sostiene que los adolescentes de hoy son plenamente conscientes de sus acciones y deben ser responsables por ellas.
El funcionario nacional argumentó que, si un joven de 13 años comprende que usar un arma y matar constituye homicidio, es indudable que tiene la capacidad de entender la criminalidad de sus actos. “¿Qué le decimos al padre al que le mató un hijo un chico de 13 años? ¿Qué son inimputables, que quedan en libertad? No hay límites”, añadió con preocupación.
“La cantidad de delitos cometidos por chicos de 13 años nos sorprendería. Hubo un incremento del 20% de un año a otro, con lo cual no cabe duda de que el chico de 13 años de 2024 no es el mismo de antes”, detalló el abogado. Este enfoque integral del proyecto de ley busca no solo reducir la delincuencia juvenil, sino también ofrecer un marco legal que permita tratar a los menores con la seriedad que la situación amerita, sin descuidar su rehabilitación y reintegración social.
¿DÓNDE IRÁ EL MENOR DE 13 AÑOS QUE COMETE UN DELITO? | EL PLAN DE CUNEO LIBARONA
El proyecto de ley propuesto por La Libertad Avanza establece que los menores privados de libertad serían internados en establecimientos especiales o en secciones separadas dentro de las penitenciarías, bajo la supervisión de personal especializado. Los padres de los menores recibirían notificación tanto de la imputación como de los actos procesales subsiguientes, y se garantizaría la protección de los derechos de las víctimas en todo momento.
Además, la propuesta incluye medidas complementarias para las condenas condicionales, como la asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, y tratamiento médico o psicológico, entre otros. Estas medidas buscan no solo castigar sino también rehabilitar y reintegrar al menor en la sociedad de manera constructiva.
Las penas propuestas varían entre tres y seis años, con alternativas a la prisión en ciertos casos. La implementación de estas penas será supervisada por un juez o fiscal, y también por la víctima si así lo desea. “El máximo de las penas será de 20 años. Al cumplir dos tercios, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas”, explicó Cúneo Libarona. Además, se establece que ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa, el juez la sustituirá por otra más severa.
Aprovechando una larga distracción de los trabajadores, dos jóvenes doblaron los barrotes de hierro del patio interno y se dieron a la fuga. Se comenta que ambos, durante las semanas anteriores, bromeaban con “tomarse vacaciones de invierno”.
Uno de ellos fue interceptado por la Policía Local, quien lo detuvo al verlo caminando en actitud sospechosa a unas seis cuadras del centro. Ahora permanece en la comisaría local. Sin embargo, nada se sabe del otro, quien al momento de escribir estas líneas todavía permanecía prófugo.
De este modo, las fugas de este centro suman tres solo en un mismo fin de semana. Federico Rodríguez, un joven detenido por homicidio que trabajaba en la panadería del centro, escapó mientras realizaba sus actividades diarias de venta de productos. Dejó su canasta en el suelo y corrió, aprovechando un descuido del personal policial.
En este punto, vale destacar que el director del centro, Sebastián Lofredo, ha renunciado dos veces durante el último tiempo, pero fue persuadido para continuar debido a la falta de un reemplazo competente. Por todo ello, la gestión de Andrés Larroque, autoridad máximo detrás del OPNyA, es centro de críticas por no encontrar soluciones efectivas a los problemas de seguridad en el organismo.
La jueza federal, María Eugenia Capuchetti, procesó al ex ministro de Salud, Ginés González García, en la causa conocida como “Vacunatorio VIP”, por los delitos de abuso de autoridad y peculado. La resolución incluye un embargo sobre sus bienes por la suma de $130 millones. El procesamiento no contempla prisión preventiva.
El escándalo estalló a principios de 2021, durante la gestión de González García como ministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández. La investigación reveló que se habían destinado dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas que no cumplían con los criterios de prioridad establecidos por la normativa vigente. Entre los beneficiarios se encontraban el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia, el operador K, Horacio Verbitsky, y los entonces legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
Según la jueza Capuchetti, la imputación contra González García se basa en dos hechos específicos. En primer lugar, se le acusa de haber ordenado el retiro de diez dosis de la vacuna asignadas al Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, y su traslado al Ministerio de Salud para vacunar a personas que no estaban habilitadas para recibirlas. En segundo lugar, se le atribuye haber ordenado el retiro de cinco dosis de la vacuna asignadas al Ministerio de Salud, para su administración en el domicilio particular de Eduardo Duhalde y su familia.
A lo largo de la investigación, se comprobó la existencia de un sistema paralelo de vacunación que operaba bajo la dirección del exministro. Este esquema implicaba la organización y logística para el traslado de dosis desde el Hospital Posadas al Ministerio de Salud, y la inoculación irregular de individuos que no formaban parte de las categorías prioritarias establecidas por la Resolución MSAL 2883/2020.
María Eugenia Capuchetti
Además de González García, fueron procesados otros funcionarios involucrados en el escándalo. Alejandro SalvadorCosta, subsecretario de estrategias sanitarias, Marcelo ArielGuille, secretario privado del Ministro, Alberto AlejandroMaceira, director ejecutivo del Hospital Posadas, y MaríaElena Borda, jefa de medicina preventiva del mismo hospital, también enfrentan cargos. En contraste, se dictó la falta de mérito para otras médicas indagadas en el caso.
Capuchetti subrayó que las vacunas eran un bien escaso y de vital importancia durante la pandemia, y que su desvío implicó una violación de los deberes inherentes a los cargos públicos de los implicados. En su fallo, destacó que las dosis asignadas al Hospital Posadas debían destinarse exclusivamente al personal de salud y, en casos excepcionales, al personal estratégico, según lo estipulado en la normativa vigente.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la controversial cesión de 180 hectáreas de tierras de un cuartel del Ejército a una comunidad mapuche en Bariloche, impulsada por el kirchnerismo.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, concluyó que la controversia legal no fue válida porque la provincia de Río Negro no fue consultada.
El conflicto judicial se originó cuando la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, jubilada desde entonces, dictaminó el 2 de febrero de 2022 a favor de un amparo presentado por la comunidad Millalonco Ranquehue. Este amparo solicitaba la entrega de 180 hectáreas del Batallón de Montaña del Ejército al Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), para que sean transferidas a nombre de la comunidad mapuche.
El terreno en cuestión, ubicado en la ladera oeste del cerro Otto, está registrado a nombre del Ejército Argentino. La Corte Suprema determinó la anulación del caso debido a la omisión de citar a la provincia de Río Negro, la cual era necesaria para su participación en defensa en el juicio.
La comunidad mapuche había demandado al Estado Nacional para obtener el título de propiedad comunitaria sobre las tierras que afirmaba ocupar de manera “actual, tradicional y pública”, reconocidas por una resolución del INAI en 2012, basada en un relevamiento técnico, jurídico y catastral.
En primera instancia, se había ordenado al Poder Ejecutivo Nacional que, en 60 días desde la firmeza de la resolución, transfiriera gratuitamente el dominio de las tierras al INAI. El Ejército Argentino apeló la decisión fuera de plazo, y la Cámara Federal de General Roca rechazó el recurso por presentarse fuera de los términos procesales establecidos.
En 2023, tanto el Ejército Argentino como la fiscal general María Claudia Frezzini presentaron recursos extraordinarios contra la decisión judicial, los cuales fueron denegados, resultando en la presentación de quejas ante la Corte Suprema de Justicia. Este proceso también derivó en una causa penal contra los abogados estatales por presunto incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, proceso en el cual la Cámara Federal de Casación Penal anuló los procesamientos. Esta decisión está actualmente recurrida ante la Corte Suprema.
Recientemente, la Corte Suprema declaró la nulidad del trámite judicial relacionado con la transferencia de las tierras, ordenando que la Provincia de Río Negro sea incluida en el proceso judicial.
El fallo se fundamentó en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, el cual establece competencias concurrentes entre la Nación y las provincias en materia de adjudicación de tierras a comunidades indígenas.
La Corte destacó que las normativas reglamentarias específicamente prevén la participación de las provincias en los procedimientos de adjudicación de tierras y criticó que, en este caso particular, el INAI había excluido inicialmente a la Provincia de Río Negro a petición de la comunidad mapuche, sin luego darle intervención en el proceso judicial para que pudiera ejercer sus derechos.
El caso ha tenido varias idas y vueltas, incluyendo decisiones previas de la Corte que suspendieron la entrega de las tierras con la intervención del procurador Eduardo Casal. Además, el fiscal Carlos Stornelli fue uno de los que impulsó las acciones legales contra los abogados que apelaron fuera de plazo, lo que impidió temporalmente la transferencia de parte del predio militar. –
