Intervienen el centro de testeos en el aeropuerto de Ezeiza

Lo dispuso el juez federal Armella. A partir de mañana, técnicos de la Universidad de Avellaneda se encargarán de fiscalizar el proceso de control de los pasajeros que llegan del exterior.
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El juez federal Luis Armella dispuso hoy la intervención judicial de la empresa Labpax, encargada de llevar adelante los testeos para la detección de coronavirus a pasajeros que ingresan desde el exterior del país en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Según determinó el magistrado, la medida se concretará con técnicos de la Universidad Nacional de Avellaneda, que a partir de mañana van a controlar cómo se realizan esos controles en la principal estación aérea del país.

Desde el próximo 15 de mayo un nuevo laboratorio asumirá la dirección técnica del centro de testeo en Ezeiza, donde se realizan hisopados a los pasajeros que llegan desde el exterior en vuelos internacionales.

Labpax, la empresa encargada de llevar adelante esos controles hasta el momento ya sumó varias denuncias, no solo por parte de la Justicia Federal de Lomas de Zamora sino que ahora se incluyó otra por presunto lavado de dinero y todas apuntan entre otros contra los empresarios, y la actual ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Las denuncias fueron hechas, entre otros, por la Coalición Cívica, la Fundación para la Paz y el Cambio Climático y Acción Republicana y apuntan a los dueños de la empresa Labpax, la cual fue contratada por la Fundación Educativa San Lázaro, y también contra la ministra Vizzotti y la directora Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, Claudia Madies.

La más avanzada está a cargo del juez Armella, que subroga el juzgado federal de Lomas de Zamora y este miércoles ordenó operativos en la firma concesionaria Aeropuertos Argentina 2000, que a través de la Fundación, contrajo el contrato con la empresa Labpax, también allanada.

Por ahora, en la investigación de Lomas de Zamora el Ministerio de Salud aparece como parte fiscalizadora de la operatividad de la empresa e incluso se han presentado en el juzgado solicitando avanzar en la investigación y aportando una auditoría que hicieron días atrás de Labpax.

El juez Armella ayer secuestró documentación, entre ellos el contrato con Labpax, y discos rígidos, y estaba previsto que en estas  horas procediera con el análisis de todo ese material para definir las imputaciones junto con la fiscal federal Cecilia Incardona.

Fiscal Federal Cecilia Incardona

Por su parte, la denuncia de Acción Republicana que tiene el juez Sebastián Ramos, en Comodoro Py, ahora quedó en manos del fiscal federal Federico Delgado, quien debe decidir si en base a la presentación imputa o no a Vizzotti o solo a las dueñas de Labpax, Paola Orellana y Laura Cáceres.

Las acusaciones en todas las denuncias son por la contratación de esta empresa con pocos antecedentes y creada en diciembre de 2020, cuando se reabrieron los aeropuertos en Argentina, y la forma en que realizaba los testeos para determinar si se hicieron de forma correcta o no.

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas


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Caso “Chocolate” Rigau: Piden la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre

Este martes, la ONG Poder Ciudadano, que está como querellante en la causa que está investigando el uso de más de 45 tarjetas de débito de la Legislatura provincial y por la que está detenido Julio “Chocolate” Rigau, pidió la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre Claudio Albini, subdirector del personal de la Cámara de Diputados bonaerensebajo la acusación de integrar una asociación ilícita. 

Este pedido de Poder Ciudadano se suma al de la fiscal Betina Lacki quien solicitó detener a los dos funcionarios y a los dueños de las 48 tarjetas de débitos utilizadas para sustraer fondos por Rigau. Ahora, ambas solicitudes aguardan la respuesta del juez Federico Atencio quien, a su vez, está a la espera de la resolución de la Cámara de La Plata que que confirme la validez de la causa o si la anula.

El escrito de Poder Ciudadano fue presentado hoy luego de que se conocieran los chats del teléfono de Rigau con Albini (h), donde especifican incluso los montos que se queda cada uno: “Te llevas 200 (mil) por mes hace tres años y cuanto te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a mi amistad. No quiero terminar mal con vos, pero tampoco quiero que me tomes de idiota”, dice uno de los mensajes que dio a conocer la Justicia. 

Los chats revelan que había empleados de la Legislatura provincial que no sabían lo que estaban percibiendo ni el trabajo que presuntamente prestaban. “Decime de qué mierda trabajo yo”. En algunos casos, reclamaban que le den de baja en la Cámara de Diputados porque el estar en blanco dificultaba percibir, por ejemplo, planes sociales.

Por lo revelado, Poder Ciudadano exigió “que se ordene la inmediata detención de los imputados Facundo Mario Albini y Claudio Gustavo Albini”. “Ambos funcionarios continúan ejerciendo elevadas actividades dentro del Estado, pudiendo en ese rol destruir documentos, modificarlos o incluso amedrentar a posibles testigos. Con lo cual su detención deviene absolutamente necesaria y no puede pender de tiempos políticos que exceden el objeto de este proceso”, agrega en otro párrafo.

Por último señala que corresponde pedir la detención para impedir que perjudiquen o entorpezcan la investigación. 

*Fuente: Periodismo y Punto

“LEY PETRI” | La CSJ ratificó la ley que prohíbe la salida transitoria de presos condenados por delitos sexuales y homicidios

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la libertad condicional otorgada a Rodrigo Martínez, condenado por el delito de comercialización de estupefacientes.

El organismo respaldó el recurso extraordinario presentado por el Procurador General, Eduardo Casal, anulando así la sentencia previa de la Cámara Federal de Casación Penal.

Procurador General, Eduardo Casal

Martínez había sido condenado a cinco años de prisión por el delito en cuestión, pero una declaración de inconstitucionalidad de ciertos artículos legales en febrero de 2022 permitió su inclusión en el régimen de libertad condicional. La Cámara Federal de Casación Penal había revertido esta decisión, declarando la constitucionalidad de los artículos relevantes y dejando al juez de ejecución la responsabilidad de decidir sobre la prisión domiciliaria de Martínez.

A pesar de los informes favorables sobre el progreso de Martínez durante su libertad condicional, la Corte Suprema ratificó la validez constitucional de las limitaciones impuestas por la ley 27.375, revocando así la libertad condicional concedida anteriormente.

¿Qué es la “ley Petri”?

La ley 27.375 sancionada en el 2017 en el Congreso de la Nación —impulsada por el Diputado Nacional, Luis Petri—, amplió la limitación del otorgamiento de los beneficios comprendidos en el periodo de prueba, la prisión discontinua o semidetención, la libertad asistida y condicional a los condenados por una amplia gama de delitos.

Así explicó Luis Petri el proyecto antes de que sea sancionado en el año 2017

Entre ellos, se destaca la ampliación de la limitación a todo homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual (exceptuando el abuso simple, difusión de pornografía, sustracción de mayores para menoscabar su integridad sexual y grooming), secuestro coactivo si se causa intencionalmente la muerte, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, secuestro extorsivo si se causa intencionalmente la muerte, infracciones a la ley de drogas, trata de personas, delitos económicos, condenas por ley antiterrorista, contrabando agravado, tortura seguida de muerte, corrupción y fraude contra la administración pública y delitos cometidos por asociaciones ilícitas.

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