INSÓLITO: Sobreseyeron a Victoria Donda en el caso de su empleada doméstica

Según el juez federal Sebastián Casanello, la titular del INADI no habría cometido ningún delito.
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La ex empleada doméstica de Victoria Donda había denunciado a su empleadora por tenerla trabajando en negro 10 años, además porque le ofreció un cargo en el INADI o un plan social para evitar indemnizarla lo que conlleva a el delito de defraudación contra la Administración Pública. El bochornoso accionar de Donda no tardó en divulgarse en diciembre del año pasado, a pesar de las capturas de pantalla de WhatsaApp y audios que fueron cedidos a la justicia por parte del abogado de Arminda Banda Oxa, el juez federal Casanello determinó que la conducta de la investigada no concluye ningún delito.

Para llegar a esta conclusión, el juez investigó si en algún momento se habría comenzado a ejecutar algún tipo de acto administrativo para un supuesto nombramiento de algún cargo en el INADI para Banda Oxa.

Fuentes judiciales explicaron que durante ese proceso no se halló ningún indicio del ofrecimiento realizado en los audios que se viralizaron, actos preparatorios para una eventual contratación, ni siquiera se hallaron pruebas de algún trámite en marcha para otorgar un plan social o un subsidio similar. Pruebas que evidentemente no encontrarían nunca porque Arminda no aceptó dicha propuesta de parte de Donda.

Caso Donda: habló la exempleada doméstica a la que le ofreció un cargo en el Inadi y un plan social

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A principios de año, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que tras las pruebas recolectadas, como las declaraciones testimoniales tomadas, “se encuentra probado que Donda Pérez estaba abusando de su condición de funcionaria pública, como Interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo –INADI- e insertando su interés particular, ofreció a la Sra. Arminda Banda Oxa un cargo en el citado organismo o un plan social exigiéndole para ello que renunciara al trabajo que desempeñaba como empleada doméstica y evitando con ello, tener que hacer frente a cualquier tipo de reclamo indemnizatorio que le correspondía a título personal”.

El fiscal Guillermo Marijuan había considerado que los delitos de los que se acusaba a Victoria Donda eran verídicos, por ello, realizó dos pedidos a indagatoria que fueron rechazados de inmediato por el juez que lleva la causa Sebastián Casanello. Marijuan cuestionaba y declaraba para Clarín el día 3 de febrero, “resulta incuestionable, a la luz de la prueba reunida, la existencia de una contingencia de índole laboral que era conocida por la imputada Donda, con independencia de la formalización –sea judicial o extrajudicial- de reclamo alguno”.

Lo cierto es que a pesar de las idas y venidas por parte del juez Casanello, el fiscal Marijuan y las pruebas cedidas por parte del abogado de Arminda, queda expuesto una vez más que el poder gubernamental sobrepasa cualquier pedido de justicia por parte de los ciudadanos comunes. La impunidad sigue siendo sinónimo de este gobierno.

-Especial para Data24.com.ar-


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Caso “Chocolate” Rigau: Piden la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre

Este martes, la ONG Poder Ciudadano, que está como querellante en la causa que está investigando el uso de más de 45 tarjetas de débito de la Legislatura provincial y por la que está detenido Julio “Chocolate” Rigau, pidió la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre Claudio Albini, subdirector del personal de la Cámara de Diputados bonaerensebajo la acusación de integrar una asociación ilícita. 

Este pedido de Poder Ciudadano se suma al de la fiscal Betina Lacki quien solicitó detener a los dos funcionarios y a los dueños de las 48 tarjetas de débitos utilizadas para sustraer fondos por Rigau. Ahora, ambas solicitudes aguardan la respuesta del juez Federico Atencio quien, a su vez, está a la espera de la resolución de la Cámara de La Plata que que confirme la validez de la causa o si la anula.

El escrito de Poder Ciudadano fue presentado hoy luego de que se conocieran los chats del teléfono de Rigau con Albini (h), donde especifican incluso los montos que se queda cada uno: “Te llevas 200 (mil) por mes hace tres años y cuanto te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a mi amistad. No quiero terminar mal con vos, pero tampoco quiero que me tomes de idiota”, dice uno de los mensajes que dio a conocer la Justicia. 

Los chats revelan que había empleados de la Legislatura provincial que no sabían lo que estaban percibiendo ni el trabajo que presuntamente prestaban. “Decime de qué mierda trabajo yo”. En algunos casos, reclamaban que le den de baja en la Cámara de Diputados porque el estar en blanco dificultaba percibir, por ejemplo, planes sociales.

Por lo revelado, Poder Ciudadano exigió “que se ordene la inmediata detención de los imputados Facundo Mario Albini y Claudio Gustavo Albini”. “Ambos funcionarios continúan ejerciendo elevadas actividades dentro del Estado, pudiendo en ese rol destruir documentos, modificarlos o incluso amedrentar a posibles testigos. Con lo cual su detención deviene absolutamente necesaria y no puede pender de tiempos políticos que exceden el objeto de este proceso”, agrega en otro párrafo.

Por último señala que corresponde pedir la detención para impedir que perjudiquen o entorpezcan la investigación. 

*Fuente: Periodismo y Punto

“LEY PETRI” | La CSJ ratificó la ley que prohíbe la salida transitoria de presos condenados por delitos sexuales y homicidios

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la libertad condicional otorgada a Rodrigo Martínez, condenado por el delito de comercialización de estupefacientes.

El organismo respaldó el recurso extraordinario presentado por el Procurador General, Eduardo Casal, anulando así la sentencia previa de la Cámara Federal de Casación Penal.

Procurador General, Eduardo Casal

Martínez había sido condenado a cinco años de prisión por el delito en cuestión, pero una declaración de inconstitucionalidad de ciertos artículos legales en febrero de 2022 permitió su inclusión en el régimen de libertad condicional. La Cámara Federal de Casación Penal había revertido esta decisión, declarando la constitucionalidad de los artículos relevantes y dejando al juez de ejecución la responsabilidad de decidir sobre la prisión domiciliaria de Martínez.

A pesar de los informes favorables sobre el progreso de Martínez durante su libertad condicional, la Corte Suprema ratificó la validez constitucional de las limitaciones impuestas por la ley 27.375, revocando así la libertad condicional concedida anteriormente.

¿Qué es la “ley Petri”?

La ley 27.375 sancionada en el 2017 en el Congreso de la Nación —impulsada por el Diputado Nacional, Luis Petri—, amplió la limitación del otorgamiento de los beneficios comprendidos en el periodo de prueba, la prisión discontinua o semidetención, la libertad asistida y condicional a los condenados por una amplia gama de delitos.

Así explicó Luis Petri el proyecto antes de que sea sancionado en el año 2017

Entre ellos, se destaca la ampliación de la limitación a todo homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual (exceptuando el abuso simple, difusión de pornografía, sustracción de mayores para menoscabar su integridad sexual y grooming), secuestro coactivo si se causa intencionalmente la muerte, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, secuestro extorsivo si se causa intencionalmente la muerte, infracciones a la ley de drogas, trata de personas, delitos económicos, condenas por ley antiterrorista, contrabando agravado, tortura seguida de muerte, corrupción y fraude contra la administración pública y delitos cometidos por asociaciones ilícitas.

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