ESCÁNDALO EN BOCA | Denunciaron al hermano de Riquelme por violencia de género: “Me dijo ‘putita’ y me puso una mano encima”
Una asambleísta formalizó su denuncia tras ser agredida por "Chanchi" Riquelme en Nashville. El expediente ya tiene derivaciones civiles en la Argentina y profundiza la crisis institucional que rodea a la gestión Riquelme.
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La situación de Boca Juniors es por demás complicada. La derrota ante Atlético Tucumán, que derivó en su eliminación de la Copa Argentina, volvió a exponer la crisis que subyace a los tropiezos deportivos: la cuestión institucional.
Una denuncia por violencia de género y amenazas hacia Cristian ‘Chanchi’ Riquelme, hermano de Juan Román y su mano derecha como presidente del club de la ribera, golpeó de lleno a la cúpula directiva.
El caso tiene su complejidad y abunda en particularidades. La presunta víctima es Paula Inés Seminara, contadora de profesión que actualmente integra la Asamblea de Representantes del Boca. La mujer asegura tener todas las pruebas necesarias, irá “hasta las últimas consecuencias” y, por si fuera poco, radicó su denuncia penal en Estados Unidos, ya que los hechos habrían sucedido durante el enfrentamiento del Xeneize contra el equipo semiprofesional de Nueva Zelanda, Auckland City Football Club, en el marco del Mundial de Clubes. También hizo el correspondiente proceso de servir el caso ante la Justicia civil de Argentina.
También anunció que presentará una demanda ante el Departamento de Inclusión y de Igualdad de Boca Juniors “ya que cuenta con un protocolo ante este tipo de acciones”.
Su relato, filmado en formato vertical desde la cámara frontal de un celular, cobró una viralidad furiosa en las redes, y sin embargo, no tuvo su correspondiente peso editorial en las portadas de los medios deportivos más tradicionales.
Según el testimonio, ella se encontraba sola en el estadio Geodis Park de Nashville cuando Cristian Riquelme se acercó a la butaca y comenzó a amenazarla con insultarla: “Me dijo ‘putita’ y me puso una mano encima”. Todo habría ocurrido ante la mirada de dos dirigentes: Alejandro Veiga, prosecretario del club y militante K activo en redes, y Carlos Colombo, vocal titular y presidente del Departamento de Interior y Exterior, área que se ocupa tanto de la administración interna de Boca como de sus vínculos externos con otros clubes, federaciones y la proyección institucional xeneize.
– Veiga y Colombo
“Ante estos hechos me presenté en la justicia de los Estados Unidos. Hice una denuncia formal porque estoy convencida que no puedo ni podemos naturalizar este tipo de acciones. Esta persona (‘Chanchi’ Riquelme) está acostumbrada a manejarse con aprietes, con amenazas y, por sobre todas las cosas, con total impunidad”.
La mujer es simpatizante de Boca desde la cuna y socia desde hace más de tres décadas. Y no se trata de una hincha cualquiera: fue pareja y musa de Joaquín Sabina, quien la inmortalizó al nombrarla en su hit “Dieguitos y Mafaldas”. Ese antecedente artístico le otorga un peso simbólico propio dentro del universo cultural que rodea al club.
Seminara, candidata a integrar la comisión directiva en 2019 y 2023, critica la gestión de Riquelme aunque con un tono “moderado”. Por ejemplo, no ocultó su disgusto por el manejo que el club hizo de los casos de violencia de género que involucraron al hoy condenado Sebastián Villa y al exentrenador Jorge Martínez, denunciado por la jefa de prensa Florencia Marco.
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El martes 28 de abril de 2020, a través de la Decisión Administrativa 552/2020, el gobierno de Alberto Fernández designó a Lisandro Catalán como director del Registro Nacional de Reincidencia.
Allí se desempeñó hasta que llegó Javier Milei a la Casa Rosada. Lejos de eyectarlo, fue promovido al frente de la Secretaría de Interior, un despacho clave encargado de aceitar las relaciones con los gobernadores de las provincias.
De hecho, Catalán supo trabajar “codo a codo” con Guillermo Francos, hasta este miércoles, que fue nombrado jefe de Gabinete. Ahora es él quien maneja la cartera de Interior.
No obstante la designación de marras, Catalán ya había sido puesto como director titular del Correo, con un salario cercano a los 9 millones de pesos, a pesar de que él jura que lo hacía ad honorem.
Se trata de un abogado, recibido en la Universidad Nacional de Tucumán y cuenta con una Maestría en Gestión Pública de la Universidad Austral. Y una “extensa” carrera en la administración pública.
Supieron depender de él áreas estratégicas del Estado: la Subsecretaría de Asuntos Políticos, la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera y el Archivo General de la Nación.
A través de algunas de esas dependencias, Catalán ha encontrado la manera de avanzar en puntuales curros. Uno de ellos, el de cobrar “mensualidades” a puntuales comercios para que puedan operar.
Tres de ellos pertenecen a una misma persona, José María Ríos: un minimercado ubicado en el sector del Cotecar de Paso de los Libres, un supermercado y una parrilla buffet. Los tres ponen una millonaria “tarasca” mensualmente para poder trabajar, siempre de manera “precaria”.
No es el único choreo: en Entre Ríos, el dúo mantiene un convenio con Uruguay de 200 mil dólares por refacciones y mantenimiento. Es por ello que en estas horas postulan con énfasis a dos coordinadores que llegan con el impulso del gobierno de esa provincia.
Si la Justicia se decidiera a investigar, debería posar su mirada en el Centro de Fronteras de Horcones y el Centro único de control de cargas de Uspallata.Específicamente debe poner la lupa en los dos buffet y la estación de servicio, la cual modificó la circulación de la terminal de descarga. Allí se habla de una “contraprestación” de 2 millones de pesos al mes.
Algo similar ocurrió en el Centro de Fronteras San Sebastián, Tierra del Fuego, donde se propuso como coordinadora a la dueña de una empresa proveedora del Estado, Hester Gonzales. Pero esa es otra historia…
Un informe del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Allen expuso los números en rojo de la gestión de Marcelo Román, intendente local y vicepresidente de La Libertad Avanza de Río Negro, quien es investigado en la Justicia por malversación de fondos públicos.
El documento de 106 páginas al que tuvo acceso DATA24 detalla ingresos y gastos del municipio entre 2024 y 2025. Fue emitido el 13 de agosto y leído al día siguiente en el Concejo Deliberante local. Durante la sesión quedaron registradas expresiones de sorpresa de los concejales ante las cifras informadas.
El monto que capturó toda la atención es la deuda que el Municipio tiene con proveedores: casi $3000 millones.
– Captura de la última página de las 16 que utilizó el Tribunal de Cuentas para detallar el total de la deuda de Allen con proveedores
Sin embargo, otros gastos realizados por el intendente libertario Marcelo Román chocaron de lleno con el discurso del presidente Javier Milei. Se trata de los más de $576 millones que, según el Tribunal de Cuentas, se gastaron para la Fiesta Nacional de la Pera 2025.
De esa edición se destacan las participaciones de reconocidos artistas. Según consta en el documento, la banda de rock Kapanga cobró poco más de $28 millones; la convocatoria del reconocido músico Miguel Mateos costó $52 millones y la agrupación de cuarteto oriunda de Córdoba, Q’Locura, se llevó unos $123 millones.
La polémica se intensifica si se compara con lo gastado un año antes para el mismo festival: más de $14 millones, por lo que la cifra tuvo un aumento interanual superior al 4000%.
A lo dilapidado en las dos ediciones de la Fiesta de la Pera se le suman los gastos realizados por los festejos del 25 de Mayo, día que la fecha patria comparte con el aniversario de Allen (ciudad fundada en el año 1910).
Los festejos locales del 2024 comprendieron un gasto total de $35 millones. Entre las personalidades artísticas, se destaca un show infantil de Fabián Alberto Gómez, más conocido como Piñón Fijo, quien cobró al Municipio unos $4,6 millones. El monto queda chico al lado de los $90 millones que se necesitaron para contratar a Los Auténticos Decadentes para el aniversario pasado, cuando el total erogado fue de $251 millones: un aumento mayor al 615% de un año a otro.
Este medio intentó, sin éxito, contactar a los concejales Guillermo Pennesi(Juntos Somos Río Negro) y Marta Crespo(Nos Une Río Negro) para acceder al informe completo y ampliar la información. Pennesi nunca respondió; con Crespo hubo un primer intercambio, pero luego interrumpió las comunicaciones. Finalmente, el documento citado, insumo central de esta nota, fue proporcionado por un funcionario provincial ajeno a la localidad de Allen.
MARCELO ROMERO CONTRADIJO EL DISCURSO DE MILEI SOBRE LOS FESTIVALES: “LA CULTURA, LEJOS DE SER UN GASTO, ES UNA INVERSIÓN SOCIAL”
Uno de los ejes discursivos del Presidente y máximo referente de la militancia libertaria fueron las duras críticas que, con lógico fundamento, Javier Milei realizó a los gastos que destina el Estado para financiar las miles de fiestas que se celebran a lo largo y ancho del país.
Según el informe “Fiestas Populares y Festivales Argentinos” realizado por el Sistema de Información Cultural de la Argentina, todavía bajo el yugo estatista de Alberto Fernández, para 2022, el Ministerio de Cultura informó que en nuestro país se desarrollaron cerca de 3.255 festivales de los cuales el 74% son gestionados por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales.
– Dato 2022: en nuestro país se desarrollaron cerca de 3.255 festivales de los cuales el 74% son gestionados por organismos públicos
Con este tipo de datos sobre la mesa, el Presidente y sus militantes señalan y cuestionan, sistemáticamente, a diversas personalidades de la cultura. De hecho, de esta cuestión nace la conocida rivalidad entre Javier Milei y Lali Espósito, la cantante que facturó millones al Estado.
Alejado de este principio libertario, el intendente Romero justificó los montos que realizó su Municipalidad: “Respecto a los cuestionamientos sobre la Fiesta de la Pera, dicha celebración no solo fue histórica en cuanto a convocatoria popular, sino que generó un impacto económico altamente positivo para el comercio local, emprendedores y la economía social, con una inversión pública significativamente menor que la de eventos similares en ciudades vecinas. La cultura, lejos de ser un gasto, es una inversión social que promueve identidad, turismo y movimiento económico”.
– Dos segmentos del extenso comunicado publicado por Romero en su Facebook. Fuente: https://qrcd.org/96uJ
La frase se desprende de una suerte de comunicado que Romero publicó en su muro de Facebook. El texto se titula “Basta de operaciones políticas disfrazadas de control institucional” y, además de contradecir al Presidente justificando “la inversión en cultura”, repudió el informe del Tribunal de Cuentas, aludiendo que tiene una “clara dirección política” para perjudicarlo y que busca “generar confusión y malestar en la ciudadanía a través de datos falsos”.
– Cortesía de AN Allen (FM 99.5)
Finalmente, el intendente Romero no solo cuestionó la falta de “validez técnica” del informe, sino que también puso en duda el trabajo de la presidente del Tribunal de Cuentas, María Belén Villar al sostener que es una mujer “sin formación académica ni experiencia comprobada en la función pública” que “excedió” sus atribuciones y “utilizó un órgano institucional para hacer política de desprestigio”.Además, aseguró que la deuda “real” del municipio es de $830 millones: $2170 millones menos que lo informado por el Tribunal.
La investigación por peculado contra el intendente de Allen sumó otra mancha al oficialismo nacional. Como se dijo, Marcelo Román ocupa el rol de vicepresidente de La Libertad Avanza de Río Negro y es alfil de otra figura libertaria que enfrenta múltiples denuncias: la diputada nacional Lorena Villaverde.
Román está afiliado al partido del Presidente. Llenó la ficha en mayo del año pasado, convirtiéndose en el primer intendente de LLA en Río Negro, luego de abandonar las filas de la UCR tras su triunfo en las elecciones de 2023 en las que se impuso con el 35% de los votos desde la boleta del partido centenario.
Sin embargo, pese a su cargo como vice del partido a nivel provincial, la dirigencia de La Libertad Avanza de Río Negro se apresuró para despegarse de la compleja situación que enfrenta Román.
Julián Goinhex, mano derecha de la diputada Villaverde, definió al asunto como “una cuestión de gestión” (municipal) y dijo que Romero estaba alejado de las cuestiones partidarias desde marzo: “No asiste a las reuniones”.
Las cifras se hicieron públicas a fines de junio, cuando el Tribunal de Cuentas denunció a Sebastián Ocampo, principal asesor del intendente Marcelo Román y empresario local de medios partidarios, por presuntamente ejercer funciones propias del jefe comunal sin designación formal.
El lunes 28 del mes pasado, autoridades judiciales y policiales allanaron la Municipalidad.
Desde entonces, Román enfrentó una cadena de renuncias. A 24 horas del escándalo, el jefe de Gabinete Benjamín Marín fue el primero en dejar el cargo. Luego se alejaron la secretaria de Desarrollo Social Marta Escobar, el director de Gestión Comunitaria Rolando Barrueto y su representante en el Tribunal de Cuentas Matías Piergentili.
En Hacienda hubo dos salidas. Griselda Morell renunció en mayo: “Las decisiones más relevantes no se tomaban en el despacho del intendente, sino que eran impuestas por un asesor sin nombramiento oficial”, declaró entonces, anticipando el escándalo.
– La fiscal María Celeste Benatti durante el procedimiento
El cargo fue ocupado luego por Gloria López, quien también renunció. Actualmente, la cartera está a cargo de la contadora pública Cristina Bravo, exintegrante del Tribunal de Cuentas.
La causa continúa en etapa de investigación bajo la órbita de la Fiscalía N.º 4 de General Roca, a cargo de la fiscal María Celeste Benatti.
Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Wall Street experimentaron fuertes caídas de hasta un 14% en el mercado previo a la apertura de este lunes, como reacción inmediata a la contundente derrota electoral que sufrió el presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.
“Sin ninguna duda en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota”, afirmó públicamente el mandamás.
Esto sucede luego de que el bloque peronista y kirchnerista, agrupado bajo la coalición Fuerza Patria, lograra un amargo triunfo con el 46,93% de los votos en los comicios provinciales, mientras que La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, obtuvo apenas el 33,85%, una diferencia de más de 13 puntos porcentuales, perdiendo en 6 de las 8 secciones bonaerenses. Este resultado representa un revés significativo para el oficialismo en el distrito más poblado del país, que concentra el 38,6% del electorado nacional.
El premarket de New York, que funciona mientras los mercados regulares aún están cerrados, reflejó de manera inmediata el impacto del resultado electoral. Las acciones argentinas que se negocian como Recibos de Depósito Estadounidenses (ADRs) registraron pérdidas generalizadas. En el sector bancario los más golpeados fueron Grupo Financiero Galicia (GGAL), que cayó entre 14% y 15,21%; Banco Supervielle (SUPV), cuyo descenso se ubicó entre 11,36% y 12,11%; Banco Macro (BMA), que retrocedió entre 8,28% y 10,03%; y BBVA Argentina, que bajó 7,54%. En el sector energético, YPF sufrió una caída de entre 9,67% y 11,29%, Vista Energy (VIST) retrocedió entre 5,9% y 8,09%, y Pampa Energía registró descensos de entre 5,25% y 8,43%.
Los bonos argentinos tampoco lograron evitar la presión vendedora. Los títulos Globales emitidos bajo legislación de Nueva York mostraron bajas de entre 5% y 6,7%, con el Global 2030 cayendo 5,26%, el Global 2035 descendiendo 6,77% y el Global 2041 retrocediendo 6,08%.
Los resultados de esta acción fueron interpretadas por analistas y medios internacionales como una prueba de fuego para la gestión de Milei, especialmente considerando que él mismo había calificado estos comicios como “cruciales” para su proyecto político. Previo a las elecciones, el riesgo país ya había mostrado señales de tensión, escalando hasta 898 puntos básicos a principios de septiembre, su mayor nivel en cinco meses. Este incremento del 8,32% reflejaba la incertidumbre política y las dudas de los inversores sobre el devenir económico del país. Durante agosto, las acciones cayeron hasta 25% y los bonos en dólares emitidos bajo ley de Nueva York retrocedieron hasta 4,5%. El S&P Merval acumulaba en 2025 un retroceso superior al 30% medido en dólares.
La consultora 1816 señaló que el resultado electoral ajustará a la baja la probabilidad de que Milei sea reelecto en 2027, generando especulación sobre si surgirá una tercera alternativa política o se abrirán las puertas a un regreso del “peronismo de izquierda”. Esta incertidumbre explica la reacción negativa inmediata de los activos financieros.
Aunque Milei ratificó que “no se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno” y que el rumbo se “va a acelerar y profundizar más”, los mercados interpretaron la derrota como un debilitamiento de su respaldo político, lo que podría complicar la implementación de reformas estructurales en un Congreso fragmentado, especialmente considerando que las elecciones nacionales de octubre definirán la composición del Estado para el final de su mandato en 2027.
A pesar de los esfuerzos por controlar la inflación y mantener el superávit fiscal, la actividad económica mostró signos de estancamiento, con caídas del consumo y la producción, sobre todo durante el trimestre hasta junio. El gobierno implementó intervenciones en el mercado cambiario para contener las presiones sobre el dólar, alejándose de la libre flotación cambiaria que había pregonado inicialmente Milei.
El ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Miguel Pesce afirmó que la suba de tasas de interés que se registró en el mercado financiero “repercute mal” en la economía y “genera mucha incertidumbre”, y advirtió que “la deuda aumentó más de 100.000 millones de dólares en la gestión de Milei”.
“Todo esto que estamos viviendo de tasas altísimas, de este tipo de cambio y demás, lo vamos a terminar pagando cuando las generaciones futuras tengan que pagar esa deuda”.
El ex funcionario de Alberto Fernández remarcó que, con “tasas mensuales de más del 4%, cuando la inflación al Gobierno le está dando 1,9%, hay algo que no está funcionando”. En esa línea, evaluó que “o el mercado está viendo que va a haber una aceleración inflacionaria o el Gobierno está llevando adelante una política que fuerza una recesión que ya se está viviendo en todos los sectores”.
Al referirse al frente cambiario indicó que “la gente, cuando ve estos vaivenes y este desorden, lo que hace habitualmente es comprar dólares” pero advirtió que esto “impacta también en la balanza cambiaria, porque no hay semejante cantidad de dólares para abastecer esa esa demanda”. Y agregó: “Si esto continúa así, en algún momento vamos a ver una caída de las reservas”.
Pesce estimó que se están formando activos “por más de US$ 3.000 millones por mes”, lo que también incide sobre la balanza cambiaria. En ese contexto, reseñó que “se han conseguido US$ 12.000 millones del fondo, más 2.000 millones más que le prestaron recientemente, más 2.000 millones más que prestó el BID y el Banco Mundial”, y advirtió sobre el riesgo de “utilizar esa deuda para la demanda que hace la gente, para ahorro o para viajar al exterior”.
Por último, sostuvo que “la emisión monetaria no es el único problema que tiene la Argentina”, sino que existen “muchos otros problemas” que el Gobierno no habría encarado por su “propia visión ideológica de la economía”, entre los que mencionó “el problema de la infraestructura, la falta de dólares, la competitividad”. “Entonces, con controlar la cantidad de dinero no nos alcanza”, concluyó.
El juicio oral y público comenzó el martes y se programó para tres jornadas, hasta el jueves, fecha en la que el tribunal anunció que daría a conocer la sentencia. Se trató de un proceso sin precedentes: nunca antes en la Argentina un grupo de personas enfrentó un debate oral por la caza de un yaguareté. “Es la primera vez que logramos llegar a esta instancia judicial en 75 causas en más de 20 años”, destacó Nicolás Lodeiro Ocampo, fundador y director de la Fundación Red Yaguareté.
El caso se originó a fines de julio de 2024, entre Ibarreta y Estanislao del Campo, en el oeste formoseño. La desaparición de una vaca lechera motivó que el dueño del campo, Máximo Cisneros (61), pidiera ayuda a los changarines Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30) para hallarla. Salieron armados y con perros, encontraron a la vaca muerta y, cerca de los restos, vieron al yaguareté. Según relataron, los perros se abalanzaron y la situación se descontroló. “Nos empezó a atacar. Mató dos perros. Los trituró”, contó Viterman. De acuerdo con el expediente, Claudio ejecutó el disparo de escopeta que mató al animal, “aunque eso no mengua la responsabilidad de quienes lo acompañaban”.
Poco después, los cuatro lo carnearon, cocinaron y comieron mientras se fotografiaban sonrientes junto al cadáver. Las imágenes mostraron al animal maniatado, colgado y despellejado. La piel nunca apareció; se especuló con que pudo haber sido vendida. El 27 de julio de 2024, las fotos llegaron al celular de Ana Magdalena Gutiérrez, representante de la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté y representante titular ante el Comité General de Gestión Yaguareté del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (PNCMNY), quien denunció el hecho. Los acusados indicaron luego que las fotos “fueron tomadas por unos vecinos”.
Dos días después de la denuncia, la policía allanó el domicilio de Máximo Cisneros en el Paraje “Las Antolas”, a 15 kilómetros de Ibarreta. El dueño del campo intentó darse a la fuga, pero fue interceptado por las fuerzas provinciales. El 2 de septiembre, 36 días más tarde, los otros tres acusados —sobre quienes pesaba una orden de captura nacional— se presentaron ante la Justicia con sus abogados. Pasaron casi dos meses detenidos, primero en el Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” de Formosa y luego en una dependencia de Pirané, a 110 kilómetros de la capital provincial. El 7 de noviembre obtuvieron prisión domiciliaria con salidas laborales entre las 7 y las 15; sus defensores solicitaron la ampliación de ese horario y la respuesta quedó pendiente. Máximo Cisneros llegó al juicio en libertad.
El viernes 25 de julio a las 9 de la mañana, Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León se conectaron a un Zoom para ser entrevistados por Infobae desde Ibarreta, bajo arresto domiciliario y en presencia de sus abogados, Pablo Adrián Cardozo y Ramón Eduardo Cristaldo. Durante la entrevista hablaron por primera vez del caso: “Nosotros no somos cazadores. Matamos al bicho y después nos lo comimos: no fue un trofeo como se dijo”, dijeron. “Nunca supimos que (el yaguareté) era tan protegido. No teníamos idea… Pero tuvimos que decidir, era la vida del bicho o la nuestra”, sostuvo Claudio. “Nos defendimos como pudimos”, agregó Viterman.
Los tres se definieron como trabajadores rurales sin estudios formales y describieron su situación económica. “Nosotros vivíamos de ese campo. Ahora no tenemos nada”, explicó Hugo. “Fue una cosa fea lo que nos pasó. Primero, porque somos pobres. Segundo, porque dentro de todo antes teníamos cómo vivir, cómo alimentar a la familia. Ahora ni eso”, agregó.
El yaguareté está protegido como Monumento Natural Nacional por la Ley 25.463, la máxima categoría de protección. La causa se calificó como caza de animales silvestres cuya captura estuvo prohibida, agravada por la participación de tres o más personas. Lodeiro Ocampo cuestionó la supuesta legítima defensa: “Estaban en una actitud de caza, iban con armas y perros. El yaguareté no estaba buscando personas para comer. Además, matarlos está prohibido por ley: si alguien decide hacerlo, tiene consecuencias penales y económicas”. Sobre la respuesta de los hombres, añadió: “No hay una definición de qué hacer, pero con unos disparos el yaguareté se va”.
Según la Fundación Red Yaguareté, las manchas del ejemplar funcionaron como huellas digitales y permitieron identificarlo como uno de los cinco registrados en Formosa; ahora quedaron cuatro. En 2023, en Clorinda, también en Formosa, otro hombre fue procesado por matar un ejemplar y debió pagar una caución de 3.770.000 pesos.
El yaguareté, el felino más grande de América, se encontró en peligro crítico de extinción en la Argentina. Se estimó alrededor de 250 ejemplares en todo el país, divididos en tres poblaciones: las yungas de Salta y Jujuy, la región chaqueña (casi exclusivamente en el Chaco seco) y porciones de la selva misionera. En el norte del país se calculó entre 200 y 300 individuos; en el Gran Chaco argentino apenas quedaron 20. La caza furtiva y la degradación de ambientes por acción humana, con escasez de presas, figuraron como las principales amenazas. “Estamos al límite de perder al yaguareté. Si queremos salvar esta especie emblemática y lo que significa para la diversidad, debemos proteger los bosques y terminar con la deforestación”, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.
Para la Red Yaguareté, el debate oral que comenzó el 12 de agosto representó “el mayor logro hasta el presente en relación con la persecución y búsqueda de castigos ejemplares a cazadores de yaguaretés. Nunca antes se había dictado prisión domiciliaria por un hecho así”. La organización remarcó que, históricamente, “ninguno de los planes nacionales o regionales para conservar al yaguareté contempló la convivencia del animal y las personas en zonas rurales, especialmente con la ganadería”. Lodeiro Ocampo sostuvo: “La Ley Nacional de Faunas tiene 45 años, está obsoleta. Para esa ley una liebre y un yaguareté es lo mismo. Estamos intentando modificarla para cambiar las penas para las especies que están declaradas Monumento Natural Nacional, es decir, las de mayor nivel de protección, que tengan pena de prisión efectiva”. También señaló que el humano no formó parte de la dieta del felino y que los ataques a personas se produjeron solo cuando el animal se sintió atacado o atrapado.
De cara al acto de cierre de campaña que el oficialismo realizará en la localidad bonaerense de Moreno, se difundieron audios del puntero político y diputado de PBA por La Libertad Avanza, Ramón “Nene” Vera, organizando la logística de colectivos para el traslado de militantes.
Esta práctica, marca registrada de la “vieja política”, hace honor al ¿pasado? político del camaleónico Vera, quien supo ser un histórico dirigente del kirchnerismo. En 2019 fue candidato a intendente en la lista del Frente de Todos de Alberto y Cristina Fernández. También militó para Cambiemos y para Sergio Massa.
El material llegó a DATA24 el lunes. En los audios se escucha a Vera avisar a sus pares los horarios de los colectivos, por si “alguien los necesita”: “Ya me pasaron varios, pero, los que no me pasaron y quieren movilizar y necesitan colectivos, el horario límite es de 15:00 a 15:30”.
Además, solicita que los militantes se contacten con una mujer que lleva el registro de pedidos en una planilla. Por ahora se desconoce su identidad. Según fuentes consultadas por este medio, los audios fueron enviados por Vera a un grupo de WhatsApp en el que solo pueden hablar los administradores.
No es la primera vez que queda bajo la lupa por algo similar. En octubre de 2024, durante un acto en Parque Lezama, el presidente Milei se jactó en X de la “espontaneidad” de la convocatoria y afirmó que no se había recurrido a micros. Sin embargo, una planilla publicada por el diario La Nación reveló que Vera estuvo entre los punteros que más gente aportaron: 1.300 sobre un total aproximado de 7.500 asistentes.
DATA24 accedió al informe del Tribunal de Cuentas de Allen (Río Negro). Con el municipio en crisis, el intendente Marcelo Román destinó millones a cuatro festivales locales, gastos que luego justificó como inversión cultural.
Dan Parisini, Ramiro Marra, siguen queriendo presentar un mundo que no es. Karina Milei es Milei. Pareja es Milei. El Nene Vera es Milei. Luis Caputo es Milei. Como Kikuchi fue Milei. Javier Milei es el jefe de la banda de los chorros. Javier Milei es quien expulsó a Marra y es… pic.twitter.com/LZ6kWbMWYR
