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En el marco de las diversas acusaciones de corrupción, fiscales de la provincia pidieron, ayer jueves, 12 años de prisión, inhabilitación permanente para ejercer un cargo público y una multa de $180 mil más accesorias legales y costas para el exgobernador y actual embajador de Israel y Chipre, Sergio Urribarri.
La fiscalía estima que el desvío total de fondos equivale a la abultada cifra de 9 millones de dólares. El megajuicio comprende 5 causas de corrupción, donde se investigan a 13 imputados.
Al burócrata se lo acusa de una serie de delitos que incumben negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los magistrados que trabajan en la causa (Yedro, Ramírez Montrull y Badano) dijeron que existió de un plan de desvío de fondos con diversas contrataciones de publicidad, la elaboración de productos de imprenta, la publicación de una solicitada, refacciones edilicias para la realización del encuentro de presidentes del Mercosur y la instalación de un parador de promoción turística en Mar del Plata.
CONCLUSIONES Y DECLARACIÓNES
Los fiscales dijeron que hubo “pagos que no debieron hacerse” y contrataciones a empresas que no estaban en el registro de proveedoras del Estado; que se adulteraron fotografías que se usaron de prueba de trabajos realizados y que se hicieron contrataciones sin justificaciones previas ni explicaciones de por qué el cual se llevaban a cabo, falta de justificativo para contratar por la vía de la excepción, falta de reserva presupuestaria para los trabajos, irregularidades en los expedientes y sobreprecios.
El juicio unificó cinco causas por distintos hechos y diversas figuras penales, todas ellas referidas al desvío de fondos. El tramo del juicio por la contratación para el parador turístico fue llamado “Sueño Entrerriano”, que responde al slogan del fallido intento proselitista. El fiscal Ramírez Montrull aseguró que en el “Sueño Entrerriano” hubo “una desviación de poder y una parcialidad de los funcionarios públicos hacia un interés particular de Sergio Urribarri”. En su alegato afirmó que la instalación de un parador en la playa de Mar del Plata tenía como “objetivo clandestino” la promoción de la figura del exgobernador. También sostuvo que se pagó con sobreprecios y que se aplicaron retornos a favor del cuñado de Urribarri.
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En el 2018, la expareja del concejal tucumano, Romina Dip, denunció a Bruno Romano por “violencia de género”, una simplificación de la carátula para no decir que el funcionario oficialista agredió sexualmente y golpeó a quien era su pareja.
Librándose de la presión por las amenazas, Romina Dip contó en diálogo con DATA24 que “la gota que derramó el vaso” fue cuando la golpeó con su hija en brazos: “Igual me daba miedo, porque me amenazaba con que me iba a denunciar para que me internen en un psiquiatra y me saquen a mi hija. Después terminó haciendo esa denuncia, pero los estudios médicos revelaron lo contrario y no avanzó”, explicó.
Juan Manzur, Bruno Romano y Osvaldo Jaldo
“Después de que denuncié los hechos, desde el espacio (FdT) nunca le exigieron que se tome licencia, nada. Hay mucha impunidad y protección con él”, agregó Dip.
Tras lidiar con el sobreseimiento de su agresor, Dip también denuncia que durante estos cinco años ha tenido varios altercados que, según ella, serían represalias de su ex pareja por la denuncia que ejecutó. “Me han robado en mi negocio, me ha golpeado gente en la calle y también me escracharon muchas veces en redes”, confesó.
Romina Dip, denunciante
“PASÉ DE SER VÍCTIMA A VICTIMARIA”
La causa dio un giro de 180° cuando Romano denunció a Dip por amenazas, según Romina estas presentaciones se realizaron sin pruebas, pero aún así avanzó. “De tener una perimetral que me protegiera de él, él pasó a tener una perimetral para protegerse de mí. Pasé de ser víctima a ser victimaria“, comentó.
EL CONCEJAL DE MANZUR
Romano consiguió plasmar su nombre en la lista del Frente de Todos del 2019, con el apoyo del actual gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, con quienes se ha mostrado en eventos oficiales y reuniones informales.
“Cuando yo radiqué la denuncia, Bruno Romano no era concejal, me indignó saber que se postuló sabiendo que estaba procesado. Yo fui a la junta electoral a poner esto en conocimiento, porque tampoco me pasaba los alimentos para mi hija. Allí en la junta deciden bajarlo porque certifican que, aunque no estaba en el padrón de padres deudores, yo tenía todos los papeles para demostrarlo. Pero él presentó un amparo electoral y se permitió que se presente en las elecciones, salió electo y no pudo asumir hasta no resolver la situación. Y de buenas a primeras los jueces le han dicho que podía asumir y todo quedó en la nada“, había expresado a otro medio el año pasado la denunciante.
Ahora, Romano pretende quedarse con la Intendencia, pero para ello deberá desligarse de las graves denuncias de su ex pareja. Dip explica que el sobreseimiento del que se jacta el concejal no es legal. Se trata de una maniobra judicial para continuar garantizando su impunidad y así poder presentarse como precandidato en las elecciones que se aproximan.
“El sobreseimiento no está firme, aún quedan dos instancias de apelación”, informó el representante legal de Dip. Después de más de 4 años de ejecutarse una grave denuncia en contra de su agresor, la víctima teme que su “lucha quede impune”.
Cesar Milani, Jorge Castillo, Gerardo Ferreyra, Fernando Esteche, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Santiago Carlos Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Caballo Suárez, Atanasio Pérez Osuna, Oscar Thomas, Juan Pablo “Pata” Medina, Luis D’Elía, Amado Boudou, Jorge Chueco, Lázaro Báez, José Núñez Carmona, Martín Báez, José López, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime.
22 personalidades ligadas a la corrupción K, que se encontraban cumpliendo sus respectivas condenas, fueron liberadas durante el gobierno del Frente de Todos, de Alberto y Cristina Fernández. Muchos salieron durante la cuarentena, ya que “no había lugar en las cárceles”.
El próximo sábado, Ricardo Jaime, condenado en seis ocasiones, saldrá de prisión y continuará con arresto domiciliario.
El caso de Luis Armando Espinoza, asesinado por la policía el 15 de mayo de 2020 en Tucumán, es quizás el más recordado de todos los crímenes fatales cometidos por el Estado en el marco de la cuarentena. Tan triste como cierto es que el suceso no hace más que engordar la lista episodios totalitarios similares del delirante período, colmado por la violencia institucional, en tiempos de cumplimiento estricto del infame “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”.
El día en que presidente Alberto Fernández anunció el aislamiento
El trabajador rural desapareció en el marco de un procedimiento policial que custodiaba el cumplimiento de las medidas que impuso el Frente de Todos (con el apoyo de todo el arco político) para “combatir” la pandemia del COVID-19. Según cuenta el CELS, esa fatídica mañana, durante el operativo de las fuerzas represivas del Estado, Luis y su hermano Juan cabalgaban por un camino vecinal cercano a Rodeo Grande, oyeron disparos y seguidamente aceleraron el paso. La yegua que montaba Juan se asustó y salió al galope. Luis se acercó para ver a su hermano y el oficial auxiliar, José Alberto Morales, le disparó por la espalda. Cuando Juan se despertó, recuperado del golpe en la cabeza por la caída, Luis ya no estaba. Su cuerpo apareció ocho días después, a 120 kilómetros del lugar de los hechos, en un precipicio de Catamarca.
“No tienen perdón de Dios por lo que hicieron con mi hijo”: El relato de una familia destruida
La frase pertenece a doña Gladys, la mamá de Luis, luego de que el juicio llegara a su fin. “Esperamos la sentencia, que cumplan en la cárcel todos los que le hicieron lo que le hicieron a mi hijo. No en la casa. En la cárcel. ¿Por qué esperaron ocho días para decir lo que le hicieron a él?”, argumentó antes de que falle el tribunal.
“No tienen perdón de Dios por lo que hicieron con mi hijo. Se terminó la vida de él y se terminó la vida de todos nosotros”, dijo también, antes de la sentencia.
Durante la tarde de hoy, luego de dos años y medio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a 9 de los 11 imputados. Fiscalía y querella probaron que se trató de una desaparición forzada seguida de muerte, efectuada por miembros de la comisaría de la localidad de Monteagudo. Los acusados y sus declaraciones durante el juicio:
José Alberto Morales: Oficial auxiliar de la Policía. Prisión perpetua. La bala que impactó en uno de los omóplatos de la víctima salió de su arma reglamentaria. “Siempre me voy a arrepentir y no tengo palabras para la madre (de Espinoza), pido disculpas”.
Rubén Héctor Montenegro: Subcomisario. Prisión perpetua. “Quiero pedirle disculpas a la familia Espinoza, a las familias de mis antiguos empleados policiales y a la mía. Yo no debería estar acá, yo no debería haber documentado y no lo hice. Nadie ha ido a matar a ese hijo de la señora, ha sido una desgracia”.
Gerardo Esteban González Rojas: Agente. Prisión perpetua. “Llevo privado de la libertad más de dos años, me perdí el crecimiento de mi hijo. Yo no me considero un asesino”.
Claudio Alfredo Zelaya: Cabo. Prisión perpetua. “Yo di el dato preciso de donde estaba el cuerpo. Si yo no hablaba, no estaríamos siendo juzgados”.
Miryam Rosalba González: Cabo. 12 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser partícipe secundaria. “Antes que nada, mi solidaridad a la familia. Como mamá entiendo lo que se siente perder a un hijo. Pido disculpas porque si no he hablado en su momento fue porque estuve amenazada por el subcomisario Montenegro”.
Víctor Manuel Salinas: Sargento. 7 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser coautor del delito de privación ilegítima de la libertad agravado por su función de policía. “Quiero solidarizarme con Gladys, la mamá de Luis. Y pedir perdón, estoy arrepentido”.
Carlos Lisandro Romano: Agente. 5 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser coautor del delito de encubrimiento agravado por ser funcionario público. “Llegué a encerrarme en un cuarto de la comisaría para no tocar el cuerpo de Espinoza. Yo estuve sentado acá por la cobardía de Morales, que mató a Espinoza por la espalda y no se hizo cargo”.
José María Paz: Cabo. 5 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser coautor del delito de encubrimiento agravado por ser funcionario público. “No tengo nada para decir, solo que se haga justicia”.
René Eduardo Ardiles:Sargento. 5 años de prisión e inhabilitación por igual tiempo por ser coautor del delito de encubrimiento agravado por ser funcionario público. “Pido disculpas a toda la familia Espinoza. Agrego que la policía tiene un alto nivel de instrucción y que provengo de una familia de policías”.
Héctor Villavicencio (vigía comunal) y Álvaro Gonzalo González (civil): Absueltos por el beneficio de la duda.
Negreabas a tu empleada y la quisiste callar con un contrato o un subsidio. Viqui, aunque sea cállate y seguí cobrando como Subsecretaria de coso con Kicilloff https://t.co/0ZOn8pYL1c
