El periodista “El Presto” denunció ante la Justicia a la diputada libertaria Celeste Ponce por corrupción
Tras la investigación y el escándalo, Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, denunció a la diputada de LLA por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito.
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A mediados del corriente mes, DATA24.COM.AR publicó una investigación que involucra a la diputada nacional por la provincia de Córdoba de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce. Para su labor legislativa la funcionaria nombró asesores, y fueron éstos quienes expusieron su modus operandi:“De los 700 mil pesos que yo cobraba como asesora, ella me sacaba $500 mil y yo me quedaba con $200 mil”, confirmó María Guillermina Ruiz, una de las víctimas de la extorsión.
"Decidí no darle más la plata que me exigía. Estaba trabajando para ganarme la plata y por ende me pertenecía. Decidí no prestarme más a la extorsión", expresó la damnificada, aportando las capturas de pantalla correspondientes a las transferencias. Finalmente, tas manifestar que no cedería parte de su sueldo a la burócrata, la asesora fue despedida.
Hoy, el periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como "El Presto", denunció penalmente a la legisladora de La Libertad Avanza por la presunta comisión de los delitos de coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. La causa (CFP 2986/2024) recayó sobre el Juzgado Nacional en lo Criminal N° 10, a cargo del Dr. Julián Ercolini.
En el documento judicial al que accedió este portal puede leerse los hechos reunidos por el periodista. En primer lugar, se fundamenta la exigencia de dinero por parte de Ponce a sus a empleados. "Abusando de su posición como Diputada de la Nación, habría establecido un esquema coercitivo para extorsionar a sus asesores parlamentarios. Según diversas fuentes y testimonios, la diputada exigía a sus asesores que le entreguen una parte significativa de sus salarios bajo la amenaza explícita de perder sus trabajos en caso de negativa. Este requerimiento de dinero se hacía de manera sistemática y sostenida, obligando a los asesores a realizar transferencias directas a cuentas personales de la diputada".
Julián Ercolini
Luego, se aborda el abuso de autoridad. Allí se detalla que Ponce exigiría parte del sueldo utilizando su autoridad para intimidar a sus asesores. Les dejaba claro que cualquier resistencia a sus demandas resultaría en su inmediato despido o en la negativa de renovar sus contratos laborales. "Este uso indebido de su poder no solo constituyó una forma de coacción, sino también una clara violación de los derechos laborales de los asesores, quienes se encontraban en una situación de vulnerabilidad frente a la autoridad" de María Celeste Ponce, se detalla en el documento.
Finalmente, la denuncia refiere al desvió de fondos, dinero que "provienen del salario legítimo de los asesores y, por lo tanto, del erario público. Este accionar no solo denota una falta de ética grave, sino que además podría constituir un caso de enriquecimiento ilícito, dado que los montos exigidos no se encuentran justificados en ninguna normativa o política" del Congreso.
En sus fundamentos, la denuncia menciona la coacción (Art. 149 bis, CP), exacciones Ilegales (Art. 266, CP) y enriquecimiento Ilícito (Ley 25.188).
La primera imputación se basa en la utilización de amenazas para coaccionar a sus asesores a realizar pagos indebidos. Según la denuncia, tal como ya se relató, Ponce habría exigido una parte significativa de los salarios de sus asesores bajo la amenaza de despido en caso de negativa. Este acto, de acuerdo con la normativa penal vigente, configura un delito decoacción, ya que implica el uso de la intimidación para obtener un beneficio económico ilegítimo.
El segundo fundamento legal señala el requerimiento de sumas de dinero no autorizadas bajo amenaza de despido, lo cual constituye exacciones ilegales. Este artículo del Código Penal se aplica a situaciones donde un funcionario público abusa de su posición para exigir pagos indebidos, aprovechando su autoridad para obtener un beneficio patrimonial ilegítimo. En este caso, la diputada Ponce habría abusado de su cargo para extraer dinero de sus asesores, configurando así este delito.
Por último, las acciones descritas en la denuncia podrían ser indicativas de enriquecimiento ilícito. La Ley 25.188 establece que cualquier aumento patrimonial de un funcionario público que no pueda ser justificado con sus ingresos legítimos es considerado ilícito. Los fondos exigidos por Ponce, según el documento judicial, no se corresponden con las atribuciones y deberes propios de su cargo público, lo que sugiere un caso de enriquecimiento ilícito.
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La Justicia Federal de Córdoba detuvo al comisario Alejandro Falcón, hasta hace pocos días titular de la División Drogas Peligrosas (antidrogas) de la Policía Federal Argentina (PFA) en esa provincia bajo la gestión del gobernador Martín Llaryora.
Falcón, de 46 años, quedó alojado en el pabellón para efectivos de seguridad del penal de Bouwer, tras una orden dictada por el juez federal subrogante Carlos Ochoa a pedido del fiscal federal Maximiliano Hairabedian. Junto a él, otros tres policías federales fueron imputados por hechos conexos, aunque permanecen en libertad, algunos con prisión domiciliaria.
A Falcón se le imputan hurto calificado, falsedad ideológica, peculado continuado y dádivas (equivalente a recibir sobornos o prebendas). Estas figuras describen respectivamente, apropiarse de bienes ajenos abusando de su cargo público, adulterar actas o documentos oficiales, malversar bienes del Estado, y aceptar beneficios indebidos por su función.
La causa mezcla episodios de gravedad dispar. Por un lado, se investiga el robo de 1.800 dólares durante el allanamiento a un automovilista y de unos 2 millones de pesos en un procedimiento de secuestro de un vehículo. Según el denunciante, un policía labró un acta con el dinero incautado, pero luego llegó un superior —cuya descripción coincide con Falcón—, rompió esa acta, hizo otra y se quedó con el efectivo.
El episodio más llamativo, sin embargo, surgió de un allanamiento realizado en marzo pasado contra un cultivador de marihuana de 35 años, en el que la División Antidrogas secuestró 37 plantas, 410 semillas y —de forma insólita— diez cráneos humanos (que resultaron ser material de estudio de un estudiante de Medicina).
Días después, el joven se presentó ante la fiscalía de Hairabedian para reclamar la devolución de dos cachorros de pitbull que había entregado durante el operativo, alegando que la entrega no había sido del todo voluntaria. Falcón sostiene que pensaba incorporarlos al adiestramiento canino de la fuerza.
Una subordinada de Falcón denunció un patrón más amplio de conductas irregulares, involucrado en llevar a un amigo como testigo falso en los procedimientos (hecho que ya se habría comprobado), junto con la presunta liberación de zonas para el accionar narco, y el uso de un patrullero y combustible oficiales para viajar todos los fines de semana a Rosario y Santa Fe a visitar a su pareja, maquillando los comprobantes de esos traslados.
Falcón admitió los viajes pero los justificó como una mudanza progresiva, y para el resto de las acusaciones sostuvo que existe un policía con parecido físico a él. En su declaración indagatoria negó todas las imputaciones y argumentó que vive “ajustado”, con diez créditos tomados en el Banco Nación, lo que —según su defensa— vuelve poco creíble que necesitara robar. La Justicia espera el resultado de la apertura de cuatro celulares secuestrados para determinar la verdad de los distintos relatos.
El costado político que complica a Monteoliva
El caso trasciende lo policial porque golpea a la administración de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, de quien depende la PFA. Monteoliva es cordobesa, politóloga por la Universidad Católica de Córdoba, con una larga trayectoria en gestión de seguridad junto a Patricia Bullrich (a quien sucedió al frente del ministerio en diciembre de 2025) y antecedentes como ministra de Seguridad provincial en 2013.
El escándalo estalló justo cuando circulaban versiones sobre una eventual candidatura a diputada nacional de Monteoliva por Córdoba de cara a las elecciones de 2027, y opacó una visita que tenía planeada a la capital cordobesa. Además, medios señalan que se trata del segundo episodio de fuerte repercusión que compromete a la Policía Federal bajo su gestión en pocos meses, lo que refuerza la idea de un patrón de descontrol dentro de la fuerza que ella conduce.
La acusación formal, presentada por la fiscalía Federal de Resistencia, pidió recientemente llevar a juicio a ocho agentes de la Policía del Chaco que habrían integrado una organización criminal para sustraer parte de estupefacientes que debían ser incinerados en una quema judicial en Colonia Benítez.
Los fiscales federales Patricio Sabadini y Ruth Hilgenberg sostienen que existió un plan previo para apartar 9,5 kilos de cocaína (valuado en aproximadamente $225 millones) que estaban bajo custodia estatal en ese momento, teniendo como idea ocultarlos en un vehículo oficial y destinarlos luego a su comercialización en el mercado negro.
“Este manejo del procedimiento se observó en los mismos hechos, pues sabían y conocían a la perfección el procedimiento de la quema y destrucción del estupefaciente y aprovecharon el momento oportuno para sustraer la cocaína en presencia incluso de las autoridades judiciales”, sostuvieron los fiscales.
La particular gravedad del caso no radica únicamente en la cantidad de droga. La acusación afirma que quienes debían custodiar, trasladar y destruir cocaína secuestrada habrían utilizado esa misma posición institucional para sustraerla, lo que convierte el episodio paralelamente en un presunto delito de narcotráfico y en una presunta apropiación de bienes confiados a funcionarios públicos.
El hecho, determinado como FRE 10726/2025, habría ocurrido el 18 de diciembre de 2025 mientras se realizaba dicha quema judicial de estupefacientes en el Polígono de Tiro de la Policía del Chaco, en la zona de Colonia Benítez. El procedimiento incluía droga como marihuana incautada en causas federales y contaba con presencia de funcionarios judiciales, autoridades policiales y representantes del Poder Ejecutivo provincial.
La cocaína debía pasar por una mesa de pesaje y luego ser trasladada en cajas hasta una Toyota Hilux policial, identificada como móvil PT-308, para continuar el circuito de destrucción. Según la acusación, un secretario penal del Juzgado Federal N.º 2 observó gestos e intercambios sospechosos entre los uniformados Gustavo Andrés Quizama y Franco Andrés Ramírez, además de la apertura de una puerta trasera del vehículo mientras la caja quedaba momentáneamente fuera de su vista.
El funcionario ordenó que la caja regresara a la balanza. El primer control había indicado 8,700 kilos y el segundo 7,585, una diferencia de 1,115 kilos. Luego de detener y requisar el vehículo se encontraron nueve panes de cocaína ocultos debajo de los asientos y en pertenencias de los policías, con un peso total de 9,490 kilos.
La diferencia inicial de 1,115 kilos no sería contradictoria con el hallazgo total de 9,490. El primer faltante permitió descubrir una maniobra que, de acuerdo con la hipótesis fiscal y la reconstrucción del procedimiento, ya venía acumulando paquetes apartados durante distintos movimientos o viajes.
En la mochila de Néstor Ariel Urne Canterosse encontró un ladrillo de aparente yeso preparado para simular un paquete de droga, mientras que los mensajes recuperados mencionan expresamente la posibilidad de cambiar panes reales por bloques falsos, siendo que el yeso funcionaria como una réplica física, con un bloque de apariencia y peso semejantes al pan de cocaína que se pretendía retirar.
Esto no significa necesariamente que todos los paquetes ya hubieran sido reemplazados con éxito. La evidencia publicada permite afirmar que se halló al menos una réplica y que la Fiscalía interpreta los chats como prueba de planificación, solo será materia del juicio establecer quién la preparó, cómo pensaban emplearla y si llegó a introducirse efectivamente en alguna caja oficial.
Por parte del Ministerio de Seguridad del Chaco, publicó rápidamente un comunicado oficial desligando lo acontecido de la administración del gobernador chaqueño Leandro Zdero, subrayando que la gestión “no encubre” a los delincuentes. “Los hechos aislados no representan a la totalidad de la institución”, al tiempo que reafirmó el objetivo de “recuperar la confianza de la ciudadanía”.
Lo que muestran los chats
Las comunicaciones entre los efectivos en ese momento en particular son relevantes porque permiten a la Fiscalía intentar probar algo más que una sustracción improvisada. En los intercambios atribuidos a los acusados aparecen referencias anticipadas a “manotear” droga, conseguir un “conector” para colocarla rápidamente, llevar cinta para los paquetes y usar yeso para realizar el cambio.
De ahí surgió el descubrimiento de un grupo de WhatsApp denominado “Los laaaaaru laaaaaru”, integrado por Juan Nicolás Almirón Núñez, Gastón Ezequiel Villalba, Urne Canteros y otro usuario cuya identidad no pudo ser determinada. Además, se reveló otro titulado “DIV. TRANSPORTE”, integrado por demás policías de esa dependencia policial.
“Indudablemente iban agregando droga en cada viaje y bajando algún paquete”, destacó el juez federal a cargo del Juzgado Federal N.º 2 de Resistencia, Ricardo Mianovich.
“Salgo de todas mis deudas con una cajita de esas”, afirmó Francisco Lucas Leonel García, apodado “Black”, en una conversación sobre la posibilidad de “rescatar algo” de cocaína durante la quema. Para la acusación, expresiones como esa, sumadas a la búsqueda de compradores, respaldarían la tesis de que el destino no era consumo personal sino la reinserción de la droga en la venta clandestina.
La Fiscalía solicitó penas de entre ocho y quince años de prisión para los ocho acusados, a quienes atribuyó distintos grados de participación, ya que no identifica a todos bajo la misma conducta ni el mismo grado en el esquema ilícito.
Para Rubén Héctor César Alegre, identificado por los fiscales como presunto organizador de la operación, con conocimiento pleno en el circuito de secuestros y capacidad para seleccionar personal (por su cargo como comisario de la División Operaciones Metropolitana y de la cual depende la Dirección General de Consumos Problemáticos), se pidió una pena de 15 años de prisión. En el caso de Franco Ramírez, señalado por una presunta intervención directa y por haber conducido la camioneta involucrada, la pena solicitada asciende a 12 años.
Gustavo Quizama enfrenta un pedido de 11 años de prisión, acusado de haber participado en la ejecución material del apartamiento de la droga. Para Urne Canteros, también se solicitaron 11 años, por una presunta intervención directa y su vinculación con la réplica de yeso utilizada en el procedimiento.
Almirón Núñez recibió un pedido de 11 años de prisión. La Fiscalía le atribuyó el presunto traslado de un paquete en su mochila y contactos destinados a concretar su salida comercial. Para Gustavo Jesús Acosta, la acusación contempla una pena de ocho años por su presunta participación en el operativo y la custodia del vehículo.
En tanto, Gastón Villalba quedó alcanzado por un pedido de ocho años de prisión. Conforme a la Fiscalía, habría tenido una intervención coordinada en la tenencia y en el apoyo previo, aunque no habría estado presente en el predio al momento en que la droga fue sustraída. En los mensajes, hizo hincapié que Almirón Núñez junto a Urne Canteros, llevasen cinta para trasladar la droga hacia el predio de incineración.
Finalmente, para Francisco García también se solicitaron ocho años de prisión. Los fiscales le atribuyeron una presunta búsqueda de comprador y participación en el destino comercial de la droga, pese a que tampoco habría estado presente en el predio al momento de la sustracción.
Delitos atribuidos
En diciembre de 2025 la investigación inicial comprendía a siete policías y entre ellos figuraba Lucas Exequiel Martínez. La acusación presentada a comienzos de septiembre de 2026, en cambio, se dirige contra ocho personas, excluyendo a Martínez e incorporando a Villalba y García. Lo trascendido no explica con precisión procesal por qué Martínez quedó fuera de este requerimiento, por lo que no corresponde inferir si fue sobreseído, separado para otro trámite o alcanzado por una decisión diferente.
El artículo 5, inciso c, de la Ley 23.737 castiga con 4 a 15 años de prisión a quien tenga, almacene, transporte, distribuya o comercialice estupefacientes con destino ilegítimo.
— César Alegre hizo un llamativo y sospechoso gesto durante la quema judicial
La Fiscalía agrega dos agravantes del artículo 11, que serían la intervención organizada de tres o más personas y la condición de funcionarios públicos encargados de prevenir o perseguir delitos de narcotráfico. La ley ordena en esos supuestos aumentar la escala penal, porque el hecho combina organización y abuso de una función estatal especialmente destinada a combatir la conducta cometida.
Para Alegre se utiliza además la figura de organización de actividades de narcotráfico, prevista en el artículo 7 de la Ley 23.737, cuya escala general es de 8 a 20 años. La pena pedida de 15 años no es el máximo abstracto posible de esa figura, sino la pretensión concreta de los fiscales para este acusado.
El segundo eje es el peculado. El artículo 261 del Código Penal sanciona con 2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua al funcionario que sustrae caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le fue confiada por razón del cargo; el “efecto” sería la cocaína secuestrada y puesta bajo custodia estatal para su destrucción.
Villalba y García no son acusados de peculado porque, para la presentación, no estaban físicamente en el predio en el momento de la sustracción. Sí se les atribuye coautoría en la tenencia de droga con finalidad comercial, basada en la presunta coordinación previa y posterior del destino del cargamento.
— Muestra fotográfica de siete de los ocho efectivos detenidos e imputados de la Policía de la Provincia del Chaco
La Ley 23.737 dispone que, antes de destruir droga, debe practicarse una pericia para determinar naturaleza, calidad y cantidad, conservando muestras para el proceso. También exige que la destrucción se realice en un acto público, con presencia del juez o secretario, dos testigos y autoridades invitadas, y que todo quede documentado en un acta. En este caso, esos mecanismos funcionaron parcialmente, porque quedó expuesta una vulnerabilidad grave.
El control judicial no permite confirmar con exactitud la identidad de los dos testigos exigidos por la ley ni exhiben el acta completa, pero se especula que estuvo encabezado originalmente por juez federal a cargo del Juzgado Federal N.º 2 de Resistencia, Ricardo Mianovich y el secretario penal Martín Innocente, sumado a las autoridades invitadas identificadas como Hugo Matkovich y el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero; la presunta maniobra se habría realizado a pocos metros de él, del ministro y del juez federal.
Apartaban los ladrillos en pleno operativo y prepararon panes de yeso para disimular el faltante. La droga iba a la venta clandestina y un descuadre en la balanza destapó la maniobra.
El Observatorio de Política Criminal contabilizó 5.209 muertes en 2025 sobre datos oficiales, un 22,6% más que en 2024 y la tasa más alta desde que hay registro. La cifra ya más que triplica a la de homicidios dolosos.
La Iglesia rechazó responder al problema con un “que se arreglen”. La mora bancaria de las familias se estancó en 12.8% y fuera de los bancos ya trepa por encima del 30%.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
