El notero K Ezequiel Guazzora está prófugo: Ordenaron su detención por abuso sexual de menores
Según la investigación, el militante le habría pagado 100 mil pesos a una mujer para estar con su hija. Un grupo de policías lo esperó en las escuela donde votaba en las PASO, pero nunca se presentó.
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El periodista reconocido por su ardua militancia kirchnerista, Ezequiel Guazzora, está prófugo de la Justicia. Según se dio a conocer este miércoles, hay una orden de detención desde el lunes 14 de agosto en una causa que investiga el presunto abuso sexual a una chica menor de edad.
A horas de las PASO, Guazzora integraba la lista del partido peronista Principios y Valores, comandada por Guillermo Moreno como candidato a presidente, fue allí donde el militante hizo su última publicación en Instagram. Luego de darse a conocer los resultados, donde el espacio no logró superar el 1,5% de los votos requeridos, el señalado no volvió a reaparecer en las redes.
Los investigadores creen que hubo alguien que le facilitó la información a Guazzora y que este no fue a votar porque sabía que había un grupo de policías esperando a que vaya a hacerlo.“Tiene un pedido de captura vigente por abuso sexual desde el 14 de agosto”, contó una persona con acceso a la causa al medio Clarín.
Ese mismo domingo de los comicios, la Justicia detuvo, en el marco de la investigación, a una mujer de 44 años, la madre de la víctima y la acusada de “entregar” a su hija al periodista. La investigación habría comenzado a avanzar en los últimos meses, pero la causa comenzó en 2022 y está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 54.
De acuerdo a lo señalado en la causa, Guazzora habría conocido a la mujer ahora detenida en el marco de una reunión política, ya que esta era empleada del Ministerio de Producción y Trabajo. Tras conocer a su hija, el notero le había propuesto pagarle $100.000 por un encuentro sexual a la mujer de 44 años y esta aceptó. Por este motivo, la progenitora de la víctima está imputada, “por el artículo 125 que dicta que al que promoviere o facilitare la corrupción de menores de 18 años, aunque mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años”.
En tanto, los compañeros de Guazzora aseguran no tener conocimiento de los hechos que señala la Justicia y solo develaron que no contestó más mensajes y tampoco volvió a la radio, donde conducía el programa Quien quiera oír que oiga.
Fuente: Periodismo y Punto
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Este lunes, el gobierno reglamentó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 652 que los trabajadores de la cuarta categoría volverán a pagar el Impuesto a las Ganancias. La medida generó una rápida reacción del gremio bancario, liderado por SergioPalazzo, quien presentó una demanda judicial.
Palazzo, diputado nacional de Unión por la Patria y titular de La Bancaria, afirmó en una entrevista radial que el impuesto es “confiscatorio” y representa una “rebaja salarial encubierta”. Según sus cálculos, la medida afectará al 95% de los empleados bancarios, quienes verán cómo hasta el 16% de sus salarios es absorbido por el tributo, superando el 20% permitido para retenciones legales y no legales.
Sergio Palazzo, diputado nacional de Unión por la Patria y titular de La Bancaria
En su intervención, Palazzo ejemplificó la situación diciendo: “Imagínese una persona que, como tantas otras en Argentina, se separa y tiene que pagar una cuota alimentaria. Si su salario neto es de 1.200.000 pesos y debe pagar una cuota de 300.000 o 400.000 pesos, pagará impuestos sobre 800.000 pesos, lo que es menos de la canasta básica para no ser pobre. Es una cosa absolutamente ilógica, es alimentario el salario”.
El decreto establece que los trabajadores comenzarán a pagar el impuesto a partir de los $1.800.000 de ingreso bruto mensual para los solteros y desde $2.200.000 para los casados con dos hijos, con alícuotas que irán del 5 al 35 por ciento. Además, las deducciones personales y los tramos de las escalas del impuesto se ajustarán semestralmente a partir de 2025, en los meses de enero y julio, por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
El líder de La Bancaria recordó que la denuncia estaba preparada desde la semana pasada, a la espera de la ratificación de los números sobre el piso para no pagar. “Estamos pidiendo la legitimación, es decir, que sea La Bancaria la que pueda litigar y no los trabajadores, porque es abarcativo casi el 95% de los trabajadores”, subrayó.
Palazzo concluyó resaltando la disposición del gremio para defender los derechos de sus afiliados ante lo que consideran una medida injusta y perjudicial para los trabajadores bancarios.
Los cinco gobernadores del PRO, buscan tener una agenda diferente a la del presidente del partido, Mauricio Macri, en cuanto a su relación con el presidente Javier Milei. Para los mandatarios provinciales, la clave es mantener un buen diálogo con el gobierno nacional para no poner en riesgo la gestión en cada distrito.
En las últimas conversaciones que mantuvieron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) concidieron en la necesidad de mantener un equilibrio entre el presidente del PRO y el vínculo con el gobierno nacional. Hay quienes temen que la motosierra de Milei afecte, aún más, el envío de fondos a las provincial.
“PRIMERO LA GESTIÓN” EXCLAMAN LOS GOBERNADORES PRO
Los mandatarios provinciales no quieren que se repita la lógica que imperó en el PRO en los últimos seis meses con el enfrentamiento entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Macri. “Nosotros tenemos que gestionar, junto a Patricia porque es ministra. Ninguno se va a pelear con ella”, afirmó un mandatario provincial del macrismo.
“No queremos integrar el gobierno nacional, nos interesa gestionar nuestras provincias y que nos envíen los recursos que corresponden por ley. Si nos traspasan competencias, queremos el dinero. Nada más”, agregó otro gobernador del PRO.
Los mandatarios provinciales saben que, tras la sanción de la ley ómnibus y el paquete fiscal, se abre un nuevo período en la relación entre la Casa Rosada y las provincias aliadas. De hecho, la semana pasada Frigerio se reunió con el ministro de Economía, Toto Caputo, para a dialogar sobre las transferencias de obra pública y recursos de Nación a provincias.
EL GRAN DILEMA DE LOS GOBERNADORES
En la nueva era del PRO, los gobernadores coinciden en alinearse detrás de Macri y dar por terminada la guerra con Patricia Bullrich, quien insiste en una fusión entre el partido amarillo y La Liberta Avanza de cara a las elecciones del próximo año. Sin embargo, quieren evitar la interferencia del expresidente en la relación que supieron construir con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Toto Caputo.
“Necesitamos saber si el gobierno quiene mantener una relación como la que tuvimos con el tratamiento de la ley ómnibus y si nos ven como aliados. Tenemos que mejorar la gestión y ordenar nuestras cuentas. Sobre todo con la vista puesta hacia adelante”, consideró otro gobernador del PRO.
Macri tiene como prioridad recuperar la identidad del partido, llevarlo nuevamente a ser competitivo y extender el poder territorial del espacio. En los planes del exmandatario no está enfrentarse a los gobernadores y quiere que sean parte del modelo de conducción que busca construir.
*Por Walter Klix – Director Nacional de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad y referente político en Escobar, Prov. de Buenos Aires
Cada mañana cuando salgo de mi casa me cruzo con una pequeña bandera con el lema “Fuerza Mauricio”. Recuerdo que la tenía colgada sobre mis hombros en la última marcha del “Si se puede” en la ciudad de Buenos Aires posterior a la contundente victoria en las PASO de Alberto Fernández. Volvían ellos y con ellos lo inevitable.
Acababa de ser padre primerizo y me preguntaba a qué país estaba trayendo a Delfina.
En esa marcha, estaba defendiendo un proyecto de país, mis valores, mis ideas.No sé si son las acertadas, pero son en las que creo y las que considero mejor para mi país y, por ende, para que todos vivamos mejor.
Hace varios meses, a raíz del distanciamiento político entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri, me vienen preguntando de qué lado estoy. Hago política desde los 19 años, desde el 2003. Siempre lo hice al lado de Macri, pero no por una cuestión de fanatismo, porque fanatizarse con un político es carecer de ideas propias. Confíe siempre (y lo sigo haciendo) en el proyecto de país que planteaba y plantea Mauricio, y si eso significaba ser del PRO, bueno soy un “chico PRO” (como nos decían promediando el primer mandato en la ciudad de Escobar, Entre Ríos).
El PRO, las ideas de Macri, siempre se caracterizó por reglas básicas como el respeto a las instituciones, los valores morales, el respeto a las ideas y las opiniones del otro, la democracia. Y, por supuesto, luchar contra quienes se oponen a todo eso, llámese en este caso “Kirchnerismo”
La democracia siempre tiene razón, y en las últimas elecciones decidió que el PRO no fuera parte del balotaje.Y allí estuvimos, sin mezquindades de por medio ni solicitud de cargos apoyando a quien iba a enfrentar al Kirchnerismo, en este caso Javier Milei. Y lo ayudamos a que pudiera ganar, y por suerte ganó y evitó la continuidad del modelo K.
Y ahora toca ayudarlo a gobernar, en caso que el presidente desee ser ayudado, y entiendo que así debe ser, NOSOTROS MÁS QUE NADIE SABEMOS A DÓNDE CONDUCE LA ARROGANCIA Y LA SOBERBIA.Los del club del helicóptero están siempre preparados para abrirle la puerta de salida al presidente de turno. El desafío entonces es doble, requiere de una enorme grandeza de quien conduce el barco, llámese Milei, como de quien quiere colaborar a llegar a buen puerto.
¿Es coherente entonces que el presidente elija a la mejor ministra del gobierno de Mauricio para ir a su gabinete al mismo lugar en el que ya supo lucirse? Por supuesto que sí, y eso no debiera generar malestar alguno y en nadie, menos en quienes decimos defender una idea de país.
Por otra parte, entiendo también que existan a contrapuntos con algunas acciones o formas del gobierno de Milei, y que desde la buena leche tratemos de colaborar con una crítica constructiva, porque en definitiva no somos lo mismo, somos parecidos pero no lo mismo, por eso fuimos en listas separadas en las elecciones. Pero esa crítica, además de ser con altura, debe estar basada y fundada en la coherencia. ¿Es coherente pedir que se restituya el porcentaje de coparticipación qué le corresponde a la ciudad de Buenos Aires y que tiene además fallo positivo de la corte suprema? Por supuesto que sí. ¿Es coherente hacer esa crítica desde una fundación cuya cúpula directiva en el balotaje apoyó abiertamente a Massa? Definitivamente no.
Soy y seré del PRO mientras sus ideas no se tergiversen. Porque en definitiva ser de un partido político no es ser hincha de un club de fútbol donde por supuesto uno se deja llevar por la pasión. Ser parte de un espacio político nos obliga a actuar con la razón.
Celebro y acompaño que nuestro líder quiera presidir el partido y por ende las ideas, pero siempre respetando lo que hemos pregonado, el valor de la palabra. Por eso no me gustó en absoluto que no se respete lo acordado y que desplacen a Patricia de la presidencia de la asamblea, por más mal rodeada y asesorada qué esté. Patricia fue la cara visible de nuestro espacio los últimos 4 años y encabezó la lucha contra el avasallamiento K en cada rincón del país, no merece semejante destrato.
El kirchnerismo perdió las elecciones, pero aún está. Está en el Senado, está en diputados, está en la provincia más grande del país, está en la Justicia.Está agazapado esperando que volvamos a equivocarnos.
Nosotros tenemos algo que el presidente Milei aún no tiene, y es la experiencia de verlos volver a causa de errores propios. La Argentina nos pone de nuevo el desafío de estar a la altura de la historia, porque estamos en ese punto de inflexión en el que salimos definitivamente de la debacle o nos sumergimos en ella para siempre.
Estar a la altura requiere grandeza, por supuesto en primer lugar de quien gobierna, pero también de quienes queremos que a Milei le vaya bien para que en definitiva nuestras ideas triunfen. Porque eso es en definitiva lo que debería importar, qué ganen nuestras ideas más allá de si las enarbola el PRO o no.
Apelo a la grandeza de los 3 grandes líderes qué tuvo la política no Kirchnerista del siglo 21 como lo son Mauricio, Patricia y Milei, para que las ideas le ganen a la soberbia y podamos definitivamente encontrar el rumbo que saque a la Argentina de la pobreza, la desidia y el abandono al cual nos ha llevado el Kirchnerismo.
A raíz del aumento de la inseguridad por los delitos graves cometidos por menores en la Argentina, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, ha reafirmado su postura a favor de bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Esta propuesta, según Cúneo Libarona, responde a un cambio en el desarrollo y comportamiento de los jóvenes en la actualidad que no se condice con los buenos valores y costumbres que practicaban en 1980.
“El artículo 34 del Código Penal dice que no es punible quien no tenga conciencia de la criminalidad del acto y no pueda dirigir sus acciones.En 1980, cuando se dictó la ley, el joven de 13 años no era el mismo de hoy. Hoy tiene conciencia, actúa con dolo, tiene intención”, declaró Cúneo Libarona en una entrevista con Jonatan Viale. El ministro sostiene que los adolescentes de hoy son plenamente conscientes de sus acciones y deben ser responsables por ellas.
El funcionario nacional argumentó que, si un joven de 13 años comprende que usar un arma y matar constituye homicidio, es indudable que tiene la capacidad de entender la criminalidad de sus actos. “¿Qué le decimos al padre al que le mató un hijo un chico de 13 años? ¿Qué son inimputables, que quedan en libertad? No hay límites”, añadió con preocupación.
“La cantidad de delitos cometidos por chicos de 13 años nos sorprendería. Hubo un incremento del 20% de un año a otro, con lo cual no cabe duda de que el chico de 13 años de 2024 no es el mismo de antes”, detalló el abogado. Este enfoque integral del proyecto de ley busca no solo reducir la delincuencia juvenil, sino también ofrecer un marco legal que permita tratar a los menores con la seriedad que la situación amerita, sin descuidar su rehabilitación y reintegración social.
¿DÓNDE IRÁ EL MENOR DE 13 AÑOS QUE COMETE UN DELITO? | EL PLAN DE CUNEO LIBARONA
El proyecto de ley propuesto por La Libertad Avanza establece que los menores privados de libertad serían internados en establecimientos especiales o en secciones separadas dentro de las penitenciarías, bajo la supervisión de personal especializado. Los padres de los menores recibirían notificación tanto de la imputación como de los actos procesales subsiguientes, y se garantizaría la protección de los derechos de las víctimas en todo momento.
Además, la propuesta incluye medidas complementarias para las condenas condicionales, como la asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, y tratamiento médico o psicológico, entre otros. Estas medidas buscan no solo castigar sino también rehabilitar y reintegrar al menor en la sociedad de manera constructiva.
Las penas propuestas varían entre tres y seis años, con alternativas a la prisión en ciertos casos. La implementación de estas penas será supervisada por un juez o fiscal, y también por la víctima si así lo desea. “El máximo de las penas será de 20 años. Al cumplir dos tercios, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas”, explicó Cúneo Libarona. Además, se establece que ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa, el juez la sustituirá por otra más severa.
La jueza federal, María Eugenia Capuchetti, procesó al ex ministro de Salud, Ginés González García, en la causa conocida como “Vacunatorio VIP”, por los delitos de abuso de autoridad y peculado. La resolución incluye un embargo sobre sus bienes por la suma de $130 millones. El procesamiento no contempla prisión preventiva.
El escándalo estalló a principios de 2021, durante la gestión de González García como ministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández. La investigación reveló que se habían destinado dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas que no cumplían con los criterios de prioridad establecidos por la normativa vigente. Entre los beneficiarios se encontraban el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia, el operador K, Horacio Verbitsky, y los entonces legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
Según la jueza Capuchetti, la imputación contra González García se basa en dos hechos específicos. En primer lugar, se le acusa de haber ordenado el retiro de diez dosis de la vacuna asignadas al Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, y su traslado al Ministerio de Salud para vacunar a personas que no estaban habilitadas para recibirlas. En segundo lugar, se le atribuye haber ordenado el retiro de cinco dosis de la vacuna asignadas al Ministerio de Salud, para su administración en el domicilio particular de Eduardo Duhalde y su familia.
A lo largo de la investigación, se comprobó la existencia de un sistema paralelo de vacunación que operaba bajo la dirección del exministro. Este esquema implicaba la organización y logística para el traslado de dosis desde el Hospital Posadas al Ministerio de Salud, y la inoculación irregular de individuos que no formaban parte de las categorías prioritarias establecidas por la Resolución MSAL 2883/2020.
María Eugenia Capuchetti
Además de González García, fueron procesados otros funcionarios involucrados en el escándalo. Alejandro SalvadorCosta, subsecretario de estrategias sanitarias, Marcelo ArielGuille, secretario privado del Ministro, Alberto AlejandroMaceira, director ejecutivo del Hospital Posadas, y MaríaElena Borda, jefa de medicina preventiva del mismo hospital, también enfrentan cargos. En contraste, se dictó la falta de mérito para otras médicas indagadas en el caso.
Capuchetti subrayó que las vacunas eran un bien escaso y de vital importancia durante la pandemia, y que su desvío implicó una violación de los deberes inherentes a los cargos públicos de los implicados. En su fallo, destacó que las dosis asignadas al Hospital Posadas debían destinarse exclusivamente al personal de salud y, en casos excepcionales, al personal estratégico, según lo estipulado en la normativa vigente.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la controversial cesión de 180 hectáreas de tierras de un cuartel del Ejército a una comunidad mapuche en Bariloche, impulsada por el kirchnerismo.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, concluyó que la controversia legal no fue válida porque la provincia de Río Negro no fue consultada.
El conflicto judicial se originó cuando la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, jubilada desde entonces, dictaminó el 2 de febrero de 2022 a favor de un amparo presentado por la comunidad Millalonco Ranquehue. Este amparo solicitaba la entrega de 180 hectáreas del Batallón de Montaña del Ejército al Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), para que sean transferidas a nombre de la comunidad mapuche.
El terreno en cuestión, ubicado en la ladera oeste del cerro Otto, está registrado a nombre del Ejército Argentino. La Corte Suprema determinó la anulación del caso debido a la omisión de citar a la provincia de Río Negro, la cual era necesaria para su participación en defensa en el juicio.
La comunidad mapuche había demandado al Estado Nacional para obtener el título de propiedad comunitaria sobre las tierras que afirmaba ocupar de manera “actual, tradicional y pública”, reconocidas por una resolución del INAI en 2012, basada en un relevamiento técnico, jurídico y catastral.
En primera instancia, se había ordenado al Poder Ejecutivo Nacional que, en 60 días desde la firmeza de la resolución, transfiriera gratuitamente el dominio de las tierras al INAI. El Ejército Argentino apeló la decisión fuera de plazo, y la Cámara Federal de General Roca rechazó el recurso por presentarse fuera de los términos procesales establecidos.
En 2023, tanto el Ejército Argentino como la fiscal general María Claudia Frezzini presentaron recursos extraordinarios contra la decisión judicial, los cuales fueron denegados, resultando en la presentación de quejas ante la Corte Suprema de Justicia. Este proceso también derivó en una causa penal contra los abogados estatales por presunto incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, proceso en el cual la Cámara Federal de Casación Penal anuló los procesamientos. Esta decisión está actualmente recurrida ante la Corte Suprema.
Recientemente, la Corte Suprema declaró la nulidad del trámite judicial relacionado con la transferencia de las tierras, ordenando que la Provincia de Río Negro sea incluida en el proceso judicial.
El fallo se fundamentó en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, el cual establece competencias concurrentes entre la Nación y las provincias en materia de adjudicación de tierras a comunidades indígenas.
La Corte destacó que las normativas reglamentarias específicamente prevén la participación de las provincias en los procedimientos de adjudicación de tierras y criticó que, en este caso particular, el INAI había excluido inicialmente a la Provincia de Río Negro a petición de la comunidad mapuche, sin luego darle intervención en el proceso judicial para que pudiera ejercer sus derechos.
El caso ha tenido varias idas y vueltas, incluyendo decisiones previas de la Corte que suspendieron la entrega de las tierras con la intervención del procurador Eduardo Casal. Además, el fiscal Carlos Stornelli fue uno de los que impulsó las acciones legales contra los abogados que apelaron fuera de plazo, lo que impidió temporalmente la transferencia de parte del predio militar. –
