Mientras todavía se intenta sofocar los incendios que ya arrasaron con más del 10% del territorio correntino, se realizó la primera denuncia penal contra Juan Cabandié, ministro de ambiente, por los delitos de “incumplimiento de deberes del funcionario público y favorecimiento de estrago”. La presentación fue realizada por Republicanos Unidos y quedó a cargo del juez Julián Ercolini.

El ministro fue cuestionado, tanto por las fuerzas políticas como por la opinión pública. Ahora recibió la primera denuncia penal y este miércoles está citado para dar explicaciones al senado. Además, se le abrió un frente judicial.

La denuncia penal, refiere a que hace casi un año que el ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, le solicitó de manera formal al Ministerio de Medio Ambiente que Nación envíe a cuatro aviones hidrantes ya que “podrían desatarse incendios debido al déficit hídrico” y por las altas temperaturas. El gobierno nacional nunca respondió el pedido.

En la denuncia, además, se hace referencia a una segunda carta remitida a Cabandíe, con fecha del 25 de enero de este año, ante el avance del fuego: “El funcionario correntino le vuelve a solicitar a la Nación aviones hidrantes. La provincia de Corrientes describe en ese texto que la propia administración de Valdés había contratado a tres aviones hidrantes, mientras que la Nación solo había enviado una sola nave para intentar apagar el fuego”.

Anselmo mantuvo una reunión presencial el 13 de enero con María Soledad Cantero, jefa de Gabinete de Ambiente, donde se le planteó la situación que aquejaba a Corrientes y el pedido de equipamiento para los brigadistas. Esto quiere decir que, “al contrario de lo que Cabandié declaró en público, una de las más altas autoridades de su ministerio estaba al tanto de los pedidos de asistencia que realizó la gobernación de Valdés”. Eso pasó el 13 de enero. Según el funcionario, “el pedido de la provincia empezó el 5 de febrero”.

Por lo anteriormente mencionado, Juan Cabandíe terminó denunciado por el incumplimiento de los deberes de funcionario público y el favorecimiento de estrago.

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