Denunciaron a Cabandié por “incumplimiento de deberes”

La fuerza de Ricardo López Murphy, Republicanos Unidos, acusó al ministro por “incumplimiento de deberes del funcionario público y favorecimiento de estrago”.
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Mientras todavía se intenta sofocar los incendios que ya arrasaron con más del 10% del territorio correntino, se realizó la primera denuncia penal contra Juan Cabandié, ministro de ambiente, por los delitos de “incumplimiento de deberes del funcionario público y favorecimiento de estrago”. La presentación fue realizada por Republicanos Unidos y quedó a cargo del juez Julián Ercolini.

El ministro fue cuestionado, tanto por las fuerzas políticas como por la opinión pública. Ahora recibió la primera denuncia penal y este miércoles está citado para dar explicaciones al senado. Además, se le abrió un frente judicial.

La denuncia penal, refiere a que hace casi un año que el ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, le solicitó de manera formal al Ministerio de Medio Ambiente que Nación envíe a cuatro aviones hidrantes ya que “podrían desatarse incendios debido al déficit hídrico” y por las altas temperaturas. El gobierno nacional nunca respondió el pedido.

En la denuncia, además, se hace referencia a una segunda carta remitida a Cabandíe, con fecha del 25 de enero de este año, ante el avance del fuego: “El funcionario correntino le vuelve a solicitar a la Nación aviones hidrantes. La provincia de Corrientes describe en ese texto que la propia administración de Valdés había contratado a tres aviones hidrantes, mientras que la Nación solo había enviado una sola nave para intentar apagar el fuego”.

Anselmo mantuvo una reunión presencial el 13 de enero con María Soledad Cantero, jefa de Gabinete de Ambiente, donde se le planteó la situación que aquejaba a Corrientes y el pedido de equipamiento para los brigadistas. Esto quiere decir que, “al contrario de lo que Cabandié declaró en público, una de las más altas autoridades de su ministerio estaba al tanto de los pedidos de asistencia que realizó la gobernación de Valdés”. Eso pasó el 13 de enero. Según el funcionario, “el pedido de la provincia empezó el 5 de febrero”.

Por lo anteriormente mencionado, Juan Cabandíe terminó denunciado por el incumplimiento de los deberes de funcionario público y el favorecimiento de estrago.


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“LEY PETRI” | La CSJ ratificó la ley que prohíbe la salida transitoria de presos condenados por delitos sexuales y homicidios

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la libertad condicional otorgada a Rodrigo Martínez, condenado por el delito de comercialización de estupefacientes.

El organismo respaldó el recurso extraordinario presentado por el Procurador General, Eduardo Casal, anulando así la sentencia previa de la Cámara Federal de Casación Penal.

Procurador General, Eduardo Casal

Martínez había sido condenado a cinco años de prisión por el delito en cuestión, pero una declaración de inconstitucionalidad de ciertos artículos legales en febrero de 2022 permitió su inclusión en el régimen de libertad condicional. La Cámara Federal de Casación Penal había revertido esta decisión, declarando la constitucionalidad de los artículos relevantes y dejando al juez de ejecución la responsabilidad de decidir sobre la prisión domiciliaria de Martínez.

A pesar de los informes favorables sobre el progreso de Martínez durante su libertad condicional, la Corte Suprema ratificó la validez constitucional de las limitaciones impuestas por la ley 27.375, revocando así la libertad condicional concedida anteriormente.

¿Qué es la “ley Petri”?

La ley 27.375 sancionada en el 2017 en el Congreso de la Nación —impulsada por el Diputado Nacional, Luis Petri—, amplió la limitación del otorgamiento de los beneficios comprendidos en el periodo de prueba, la prisión discontinua o semidetención, la libertad asistida y condicional a los condenados por una amplia gama de delitos.

Así explicó Luis Petri el proyecto antes de que sea sancionado en el año 2017

Entre ellos, se destaca la ampliación de la limitación a todo homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual (exceptuando el abuso simple, difusión de pornografía, sustracción de mayores para menoscabar su integridad sexual y grooming), secuestro coactivo si se causa intencionalmente la muerte, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, secuestro extorsivo si se causa intencionalmente la muerte, infracciones a la ley de drogas, trata de personas, delitos económicos, condenas por ley antiterrorista, contrabando agravado, tortura seguida de muerte, corrupción y fraude contra la administración pública y delitos cometidos por asociaciones ilícitas.

Caso “Chocolate” Rigau: Piden la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre

Este martes, la ONG Poder Ciudadano, que está como querellante en la causa que está investigando el uso de más de 45 tarjetas de débito de la Legislatura provincial y por la que está detenido Julio “Chocolate” Rigau, pidió la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre Claudio Albini, subdirector del personal de la Cámara de Diputados bonaerensebajo la acusación de integrar una asociación ilícita. 

Este pedido de Poder Ciudadano se suma al de la fiscal Betina Lacki quien solicitó detener a los dos funcionarios y a los dueños de las 48 tarjetas de débitos utilizadas para sustraer fondos por Rigau. Ahora, ambas solicitudes aguardan la respuesta del juez Federico Atencio quien, a su vez, está a la espera de la resolución de la Cámara de La Plata que que confirme la validez de la causa o si la anula.

El escrito de Poder Ciudadano fue presentado hoy luego de que se conocieran los chats del teléfono de Rigau con Albini (h), donde especifican incluso los montos que se queda cada uno: “Te llevas 200 (mil) por mes hace tres años y cuanto te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a mi amistad. No quiero terminar mal con vos, pero tampoco quiero que me tomes de idiota”, dice uno de los mensajes que dio a conocer la Justicia. 

Los chats revelan que había empleados de la Legislatura provincial que no sabían lo que estaban percibiendo ni el trabajo que presuntamente prestaban. “Decime de qué mierda trabajo yo”. En algunos casos, reclamaban que le den de baja en la Cámara de Diputados porque el estar en blanco dificultaba percibir, por ejemplo, planes sociales.

Por lo revelado, Poder Ciudadano exigió “que se ordene la inmediata detención de los imputados Facundo Mario Albini y Claudio Gustavo Albini”. “Ambos funcionarios continúan ejerciendo elevadas actividades dentro del Estado, pudiendo en ese rol destruir documentos, modificarlos o incluso amedrentar a posibles testigos. Con lo cual su detención deviene absolutamente necesaria y no puede pender de tiempos políticos que exceden el objeto de este proceso”, agrega en otro párrafo.

Por último señala que corresponde pedir la detención para impedir que perjudiquen o entorpezcan la investigación. 

*Fuente: Periodismo y Punto

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