14 junio, 2024

Cúneo Libarona denunció penalmente a Nancy Pazos y Darío Villarruel por instigación a cometer delitos

El ministro de Justicia inició acciones legales contra los periodistas. Estas denuncias se presentaron, supuestamente, debido a una serie de declaraciones realizadas en el contexto del escándalo de los alimentos de Capital Humano.
rafaela-biazi-470405-unsplash.jpg
10 Years Experiences

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, denunció por “instigar a cometer delitos” a los periodistas de Radio 10, Darío Villarruel y Nancy Pazos. Según datos proporcionados por el Centro de Información Judicial, las denuncias presentadas ayer lunes, recayeron en los juzgados de Sebastián Ramos y Ariel Lijo.

El motivo de la demanda del funcionario de Javier Milei son las declaraciones de los periodistas sobre el supuesto escándalo de alimentos acopiados en dos depósitos del Ministerio de Capital Humano. La denuncia contra Villarruel fue registrada con el número 2106/2024 y recayó por sorteo en el Juzgado Criminal y Correccional Nro. 2, a cargo del Juez Sebastián Ramos. Mientras que la presentación contra Pazos, asentada con el número 2129/2024, quedó bajo la órbita del juzgado federal a cargo de Ariel Lijo.

Cúneo Libarona aún no dio detalles sobre la presentación judicial pese al revuelo que causado en redes sociales. Sí brindaron su testimonios los comunicadores, ambos cercanos al kirchnerismo: “Está la denuncia porque está el registro. Sé que es por instigación a cometer delitos. No sé con qué pude haber instigado al delito con mis comentarios en este contexto político”, dijo al aire Villarruel.

Por su parte, Nancy Pazos manifestó que “si hay algo que nunca fui en esta profesión es tibia. Cuando estoy convencida de algo lo digo. Me he equivocado mil veces pero la buena leche que tengo para señalar cosas que ha hecho este Gobierno en seis meses, ustedes mismos pueden dar fe. Porque más de una vez ustedes, mis oyentes, me critican por tibia”.

“Yo no soy el enemigo, Javier Milei. Se lo digo a usted señor Presidente. Yo no soy el enemigo, señor ministro de Justicia, que acaba de perder el tiempo presentándose ante un juzgado federal para demandarme a mi. Y la verdad no quiero ser protagonista de la noticia. Esta todo el mundo conmocionado porque Cúneo Libarona tuvo tiempo para demandar a dos periodistas, en dos causas distintas. Estoy intentando rever que diablos dije que les incomodo. Me siento intimidada”, agregó después.

Redacción

info@data24.com.ar

Search

Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.

Procesaron por abuso sexual a Fernando Espinoza, el intendente ultra K de La Matanza

Este lunes la jueza María Galletti, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, procesó por abuso sexual simple a Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, quien fue denunciado hace dos años en la fiscalía N°8 en lo Criminal y Correccional de Capital Federal por su exsecretaria privada, Melody Rakauskas. La magistrada también dispuso un embargo por la suma de $1,5 millones, sin afectar su libertad por el momento.

Rakauskas denunció también haber sufrió varios aprietes e intentos de asesinato. Incluso afirmó que Claudio Letini, por entonces jefe de Gabinete de Espinoza, le habría ofrecido firmar un papel para declinar de la denuncia a cambio de una designación laboral.

La causa contiene dos hechos: uno por el abuso, y el otro por desobedecer la orden de prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de la víctima, que se sostiene hasta la actualidad con el la firma de Galletti.

El intendente es considerado “prima facie” responsable de los delitos de abuso sexual simple en concurso real con desobediencia, en calidad de autor y en perjuicio de la denunciante.

Redacción

info@data24.com.ar

Kicillof y Kreplak denunciados por no entregar 160 ambulancias a hospitales y municipios

El diputado nacional y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, José Luis Espert, avanzó contra la gestión de Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, quien fue denunciado por no entregar ambulancias a hospitales y municipios. En la presentación, Espert sostiene que el Poder Ejecutivo provincial tiene “160 ambulancias arrumbadas en Ensenada”.

Para el legislador, Kicillof y Kreplak no dispusieron “la entrega de ambulancias a los hospitales y municipios de la Provincia pese a tenerlas disponibles. Violando así la Constitución de PBA que ordena garantizarle a los bonaerenses el acceso a la salud (art. 36 inc. 8) e incumpliendo los deberes de funcionario público (art. 248 CP)”.

“La denuncia se originó porque sabemos que hay más de 160 ambulancias nuevas, arrumbadas a la intemperie, en el predio del hospital El Dique de Ensenada. Esto ya ha transcendido, incluso hubo algunos informes periodísticos el año pasado. Pero el tema es que aún siguen ahí abandonadas, comentó el funcionario.

Asimismo, Espert criticó el accionar de Kicillof para con su par de Chubut, Ignacio Torres, por haberle donado 15 ambulancias, el pasado 15 de mayo que según Kreplak fue por una “necesidad sanitaria que manifestaron las autoridades de la provincia sureña y un acuerdo conjunto para mejorar la respuesta de salud a esa comuna”.

LA DENUNCIA DE ESPERT A KICILLOF

DENUNCIA-KICILOFF-CON-RADICACION

“Le pido a Kicillof que se deje de jugar con la salud de los bonaerenses para hacer política, que se deje de jugar con la educación de los bonaerenses para hacer política, que se deje de gastar la plata de los bonaerenses para seguir aumentando el tamaño del Estado con nuevas empresas”, reclamó Espert al momento de dar a conocer que realizó la denuncia penal.

Espert presentó la denuncia a través del abogado Pablo Abdon Torres Barthe y la investigación quedó a cargo de la fiscal Virginia Bravo, de la UFI Nº7 de La Plata, con intervención del Juzgado de garantías Nº3, de Pablo Raele.

Redacción

info@data24.com.ar

SANTA CRUZ | Funcionarios K robaban agua de la red pública para venderla

“Acá hubo negocios con el agua toda la vida”. La ciudad santacruceña Caleta Olivia fue territorio de un accionar delictivo insólito: el gobernador de la provincia, Claudio Vidal, preocupado por numerosas denuncias de vecinos de la localidad, solicitó renuncias en los cargos de conducción de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE).

Según informaron desde el gobierno de Vidal, se descubrió que la empresa estatal boicoteaba el normal suministro de agua en la ciudad para robar el agua potable que se distribuye entre los vecinos residenciales, para cargarla en camiones y venderla en forma particular. “La planta de ósmosis de Caleta Olivia es el claro ejemplo de lo que pasó en la provincia durante tantos años: corrupción. Pequeños grupos de la política que se quedó con el patrimonio de los santacruceños”, detalló Vidal.

El boicot de los funcionarios K que hacían el oscuro negociado afectó, según señalaron las fuentes oficiales, a tres escuelas del barrio. Las autoridades encontraron llaves de paso estranguladas cuando investigaron la zona.

“Hoy he solicitado diversos pedidos de renuncias a los cargos más altos de la empresa de Servicios Públicos en Caleta Olivia”, el tuit del gobernador de Santa Cruz

“Hubo constantes acciones de boicot para afectar el normal suministro de agua en la ciudad. Esos sabotajes consistían en cerrar las llaves de los centros de distribución, para ‘robar’ el agua potable que se distribuye entre los vecinos residenciales, y así cargarla en camiones y venderla en forma particular”, señaló.

Dijo que la planta de Ósmosis invertida en Caleta funciona “en un 35%” y que la toma de agua “está construida en un lugar que no corresponde“. “La planta funcionó solamente 8 años y parte de la tecnología que se utiliza para esto no se fabrica más“, aseveró.

Redacción

info@data24.com.ar

Condenaron a 7 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos a intendente K, por robar planes sociales

El Tribunal Oral Penal de Mercedes condenó, la semana pasada, al intendente en funciones de la ciudad Correntina, Diego Martín Caram, a 7 años y 6 meses de prisión por haberse quedado con dinero de los planes sociales.

Caram obsequiando un poncho mercedeño a Cristina Fernández durante una reunión de dirigentes del Frente de Todos en el Instituto Patria, julio de 2019

La investigación inició en 2019 cuando el exintendente, Víctor Cemborain, acercó a un juzgado una fotocopia de una planilla con los nombres y documentos de los vecinos que supuestamente estaban percibiendo planes sociales nacionales sin saberlo.

LA CONDENA

El caso recayó en la fiscalía de Adrián Casarrubia, que pudo contactar a 56 de ellos y todos coincidieron en que nunca habían percibido dinero y tampoco habían gestionado ese tipo de beneficios. Además, negaron que las firmas estampadas en la planilla les pertenecieran. Para el fiscal, el dinero que tenía como destino personas desocupadas o de muy bajos recursos del municipio, terminó en poder de los funcionarios municipales, entre ellos el intendente Caram.

Incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravada en concurso real son los montos punitivos del juicio en el que Caram, junto a otros seis funcionarios municipales, fue juzgado.

Además, el tribunal de juicio también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos y a devolver los fondos públicos sustraídos, pero no accedió a la detención preventiva, tal como había pedido la Fiscalía.

Junto al intendente, fue condenado el contador, Pedro Jorge Brun, quien se desempeña como secretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Mercedes a cumplir la pena de cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Por otra parte, Claudio Javier Deimundo, quien cumplía funciones como Tesorero Municipal, deberá cumplir la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua.

Redacción

info@data24.com.ar

ESCÁNDALO POR LOS ALIMENTOS | La polémica compra millonaria de yerba que complica al diputado misionero Pablo Puerta

Una denuncia por “irregularidades, sobreprecios y mala calidad del producto” realizada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, puso en evidencia el manejo fraudulento de un “aliado” del propio gobierno nacional.

Ocurrió que, tras el escándalo de los alimentos retenidos, las autoridades preguntaron por un multimillonario gasto en yerba mate realizada por el Ministerio de Desarrollo Social de Alberto Fernández: $18.000 millones en yerba mate por un total de 17.000 toneladas. El monto despachado significó casi un 70% del total de $30.500 millones destinados en ese momento a esos productos básicos para conformar un stock alimentario para “emergencias”.

La licitación pública N° 95-0058-LPU23 firmada por la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, fue denunciada por el gabinete de Pettovello a finales de mayo. Entre otros cuestionamientos, también se señaló sobreprecios y mala calidad del producto.

Un detalle sorprendió a las filas libertarias. La compra fue realizada a la empresa Yerbatera Misiones, perteneciente al yerbatero Pedro Puerta, además de diputado provincial, es hijo del exgobernador misionero y presidente provisorio tras la renuncia de Fernando de la Rúa, Ramón Puerta.

Desde sus redes sociales, el joven diputado se muestra como un acérrimo liberal libertario de primer ola: Militó la decisión libertaria de recortar las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate e incluso logró sumar al bloque de La Libertad Avanza a la diputada nacional por Misiones, Florencia Klipauka, quien integraba el bloque Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto.

Florencia Klipauka, de 27 años, electa diputada nacional las pasadas elecciones

La denuncia de Pettovello acusa a la empresa Yerbatera Misiones de vender al gobierno yerba mate adulterada con Poleo, una hierba usualmente utilizada para el tratamiento casero de problemas estomacales y respiratorios y que en dosis no reguladas puede acarrear consecuencias para la salud. Debido a su bajo precio y aspecto similar a la yerba mate, se utiliza para mezclar con otras hierbas y reducir el costo. Las hierbas son muy caras, por lo que se emplea un pequeño porcentaje de otras hierbas y una mayor cantidad de poleo.

Tras la acusación, el empresario y legislador provincial respondió a través de un comunicado en el que afirma que todo se trata de “otra operación berreta” en su contra y se declara “soldado” del presidente Javier Milei.

Según detallaron medios de Misiones, después que salió la denuncia, se filtró un video donde hay cientos de bolsas de palito y poleo, que se están quemando en un extenso campo del interior de Misiones. El peón que grabó y difundió el video aseguró que se trata de una de los cientos de chacras que tienen los Puerta.

Puerta también desmiente que su empresa haya realizado negocios con el gobierno del Frente de Todos, cuando Tolosa Paz, hoy denunciada por la gestión de Pettovello, ocupaba la cartera social del gabinete del presidente Fernández. “Y mucho menos existe (vínculo) con el Estado”, asegura el yerbatero de la localidad de Apóstoles.

“Evidentemente, que le contemos al país que Misiones es una provincia estatista a partir de haber construido un Estado elefantiásico, molesta y mucho”, señala Puerta y desafía: “Pero pueden seguir inventando lo que quieran, nosotros no nos vamos a callar y vamos a seguir proponiendo una provincia mejor”.

Redacción

info@data24.com.ar

Search

LO MÁS IMPORTANTE

TWEET DEL DÍA

LO MÁS LEÍDO

Tevero liberavisse
comprehensam nec.

Copyright 2023 © Data 24 - Todos los derechos reservados
Data 24.com.ar © Copyright 2023

Subscribe Now