12 julio, 2024

Cúneo Libarona busca bajar la edad de imputabilidad: “En 1980 el joven de 13 años no era el mismo de hoy”

“Hoy tiene conciencia, actúa con dolo, tiene intención”, comentó Cúneo Libarona en referencia a los adolescentes de 13 años que matan.
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10 Years Experiences

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A raíz del aumento de la inseguridad por los delitos graves cometidos por menores en la Argentina, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, ha reafirmado su postura a favor de bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Esta propuesta, según Cúneo Libarona, responde a un cambio en el desarrollo y comportamiento de los jóvenes en la actualidad que no se condice con los buenos valores y costumbres que practicaban en 1980.

“El artículo 34 del Código Penal dice que no es punible quien no tenga conciencia de la criminalidad del acto y no pueda dirigir sus acciones. En 1980, cuando se dictó la ley, el joven de 13 años no era el mismo de hoy. Hoy tiene conciencia, actúa con dolo, tiene intención”, declaró Cúneo Libarona en una entrevista con Jonatan Viale. El ministro sostiene que los adolescentes de hoy son plenamente conscientes de sus acciones y deben ser responsables por ellas.

El funcionario nacional argumentó que, si un joven de 13 años comprende que usar un arma y matar constituye homicidio, es indudable que tiene la capacidad de entender la criminalidad de sus actos. “¿Qué le decimos al padre al que le mató un hijo un chico de 13 años? ¿Qué son inimputables, que quedan en libertad? No hay límites”, añadió con preocupación.

“La cantidad de delitos cometidos por chicos de 13 años nos sorprendería. Hubo un incremento del 20% de un año a otro, con lo cual no cabe duda de que el chico de 13 años de 2024 no es el mismo de antes”, detalló el abogado. Este enfoque integral del proyecto de ley busca no solo reducir la delincuencia juvenil, sino también ofrecer un marco legal que permita tratar a los menores con la seriedad que la situación amerita, sin descuidar su rehabilitación y reintegración social.

¿DÓNDE IRÁ EL MENOR DE 13 AÑOS QUE COMETE UN DELITO? | EL PLAN DE CUNEO LIBARONA

El proyecto de ley propuesto por La Libertad Avanza establece que los menores privados de libertad serían internados en establecimientos especiales o en secciones separadas dentro de las penitenciarías, bajo la supervisión de personal especializado. Los padres de los menores recibirían notificación tanto de la imputación como de los actos procesales subsiguientes, y se garantizaría la protección de los derechos de las víctimas en todo momento.

Además, la propuesta incluye medidas complementarias para las condenas condicionales, como la asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, y tratamiento médico o psicológico, entre otros. Estas medidas buscan no solo castigar sino también rehabilitar y reintegrar al menor en la sociedad de manera constructiva.

Las penas propuestas varían entre tres y seis años, con alternativas a la prisión en ciertos casos. La implementación de estas penas será supervisada por un juez o fiscal, y también por la víctima si así lo desea. “El máximo de las penas será de 20 años. Al cumplir dos tercios, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas”, explicó Cúneo Libarona. Además, se establece que ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa, el juez la sustituirá por otra más severa.

Redacción

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CERCA DEL JUICIO FINAL | Confirmaron el procesamiento de Espinoza por abuso sexual

Mientras se muestra en actos oficiales acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quedó más cerca del juicio oral en su contra por abuso sexual contra una ex empleada suya.

Este miércoles, la Justicia confirmó el procesamiento del funcionario público bonaerense, en la causa por abuso sexual, tras la denuncia de su ex secretaria privada, quien lo acusó de “tocamientos impúdicos” e intento de violación.

La resolución fue tomada por la Sala VII de la Cámara del Crimen, que rechazó la apelación del referente del peronismo provincial y lo dejó al borde del juicio. Con las firmas de los jueces Rodolfo Pociello Argerich, Juan Cicciero y Ricardo Pinto, se complica la situación procesal de Espinoza.

El fallo, también convalidó la acusación por “desobediencia”, que se había hecho en primera instancia, luego de que el mandatario matancero desoyera “la orden de no tomar contacto ni directa ni indirecta con la víctima”, ya que le ofreció dinero a cambio de que levante la acusación en su contra.

Por ello, la Justicia le trabó un embargo por 1.500.000 de pesos a Espinoza, mientras avanza la causa que intenta desentrañar lo ocurrido el 10 de mayo de 2021, cuando la mujer que tenía 32 años y recientemente había empezado a trabajar para el intendente de manera informal, se sintió intimidada y abusada por el ex presidente del PJ bonaerense.

En ese momento, la jueza de primera instancia Fabiana Galletti, entendió que “la damnificada padeció inesperadamente los tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin su consentimiento por parte de quien se trataba su jefe en ese entonces y de una persona pública, y de la manera que pudo denunció lo ocurrido, con angustia y perturbada producto del accionar sorpresivo y deliberado del imputado de avasallar su libertad sexual aprovechando su autoridad, que la coloca naturalmente por su rol en una situación de desventaja”.


Redacción

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Río Negro: la Corte Suprema anuló la transferencia de tierras del Ejército a la comunidad mapuche

La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la controversial cesión de 180 hectáreas de tierras de un cuartel del Ejército a una comunidad mapuche en Bariloche, impulsada por el kirchnerismo.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, concluyó que la controversia legal no fue válida porque la provincia de Río Negro no fue consultada.

El conflicto judicial se originó cuando la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, jubilada desde entonces, dictaminó el 2 de febrero de 2022 a favor de un amparo presentado por la comunidad Millalonco Ranquehue. Este amparo solicitaba la entrega de 180 hectáreas del Batallón de Montaña del Ejército al Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), para que sean transferidas a nombre de la comunidad mapuche.

El terreno en cuestión, ubicado en la ladera oeste del cerro Otto, está registrado a nombre del Ejército Argentino. La Corte Suprema determinó la anulación del caso debido a la omisión de citar a la provincia de Río Negro, la cual era necesaria para su participación en defensa en el juicio.

La comunidad mapuche había demandado al Estado Nacional para obtener el título de propiedad comunitaria sobre las tierras que afirmaba ocupar de manera “actual, tradicional y pública”, reconocidas por una resolución del INAI en 2012, basada en un relevamiento técnico, jurídico y catastral.

En primera instancia, se había ordenado al Poder Ejecutivo Nacional que, en 60 días desde la firmeza de la resolución, transfiriera gratuitamente el dominio de las tierras al INAI. El Ejército Argentino apeló la decisión fuera de plazo, y la Cámara Federal de General Roca rechazó el recurso por presentarse fuera de los términos procesales establecidos.

En 2023, tanto el Ejército Argentino como la fiscal general María Claudia Frezzini presentaron recursos extraordinarios contra la decisión judicial, los cuales fueron denegados, resultando en la presentación de quejas ante la Corte Suprema de Justicia. Este proceso también derivó en una causa penal contra los abogados estatales por presunto incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, proceso en el cual la Cámara Federal de Casación Penal anuló los procesamientos. Esta decisión está actualmente recurrida ante la Corte Suprema.

Recientemente, la Corte Suprema declaró la nulidad del trámite judicial relacionado con la transferencia de las tierras, ordenando que la Provincia de Río Negro sea incluida en el proceso judicial.

El fallo se fundamentó en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, el cual establece competencias concurrentes entre la Nación y las provincias en materia de adjudicación de tierras a comunidades indígenas.

La Corte destacó que las normativas reglamentarias específicamente prevén la participación de las provincias en los procedimientos de adjudicación de tierras y criticó que, en este caso particular, el INAI había excluido inicialmente a la Provincia de Río Negro a petición de la comunidad mapuche, sin luego darle intervención en el proceso judicial para que pudiera ejercer sus derechos.

El caso ha tenido varias idas y vueltas, incluyendo decisiones previas de la Corte que suspendieron la entrega de las tierras con la intervención del procurador Eduardo Casal. Además, el fiscal Carlos Stornelli fue uno de los que impulsó las acciones legales contra los abogados que apelaron fuera de plazo, lo que impidió temporalmente la transferencia de parte del predio militar.


*FUENTE: Agencias

Redacción

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Fiscalía pide cuatro años de prisión para Guillermo Moreno por manipular el INDEC: “Bajaba los índices a martillazos”

Los fiscales federales Diego Luciani y José Ipohorski solicitaron cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el exsecretario de Comercio Interior del kirchnerismo, Guillermo Moreno, acusado de manipular los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para ocultar los verdaderos niveles de inflación.

Moreno enfrenta cargos por abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica de documentos públicos. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal —compuesto por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini— es el encargado de juzgar el caso.

La misma condena fue solicitada para Beatriz Paglieri, exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, mientras que para las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda se pidieron dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La “intervención de facto” de Moreno: Bajar los índices “a martillazos”

La investigación se inició en 2007 a raíz de una denuncia presentada por la asociación civil “Asamblea por los Derechos Sociales”, basada en publicaciones periodísticas que denunciaban irregularidades en el desplazamiento de la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua. Según las acusaciones, Moreno habría ordenado a Bevacqua revelar datos confidenciales sobre los comercios utilizados para medir la inflación, y al negarse esta, fue reemplazada por Paglieri.

Fiscales que pidieron la condena para Moreno: Diego Luciani (medio) y José Ipohorski (izquierda)

El fiscal Luciani afirmó que Moreno llevó a cabo una “intervención de facto” del INDEC para bajar artificialmente la inflación, sosteniendo que “a martillazos bajaban los índices”. Según Luciani, desde la llegada de Paglieri, se extraían a diario copias de los formularios del índice que luego eran sacadas del organismo por Paglieri, con la colaboración de Filia y Cámpora Avellaneda.

Las anteriores condenas a Moreno

Los fiscales también solicitaron abrir una investigación contra la exministra de Economía, Felisa Miceli, argumentando que el INDEC dependía de su Ministerio, por lo que se debe evaluar su posible implicación en los delitos. Además, se describió un sistema de control y coerción dentro del INDEC, donde incluso se habría llegado a encerrar a empleados en oficinas y retirarles contraseñas o tareas.

Guillermo Moreno ya enfrentó otros juicios: En octubre de 2017 fue condenado a dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado, y en julio de 2022 fue condenado a dos años de prisión en suspenso por amenazas coactivas.

Felisa Miceli, exministra de Economía

El juicio actual continuará con los alegatos de las defensas el próximo miércoles 10 de julio. Luego, los jueces determinarán la fecha para la audiencia en la que se dará a conocer el veredicto final. Moreno, por su parte, negó las acusaciones, argumentando que su gestión no dependía del INDEC y que simplemente utilizaba la “conversación de los precios” para su trabajo.

Redacción

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ATE repudió la propuesta de Sturzenegger para tomarle examen a los empleados públicos

El reciente anuncio de Federico Sturzenegger, nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado, sobre la implementación de un examen de ingreso para la función pública, generó una rápida y fuerte reacción por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, expresó su descontento con el funcionario del presidente Javier Milei, calificando la iniciativa como un mal comienzo.

Aguiar criticó duramente a Sturzenegger, señalando: “Empieza con una burrada. Muestra toda su ignorancia proponiendo implementar lo que ya existe en la ley y lo que establece nuestro Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional 214/06”. Además, tachó de hipócrita al ministro por hablar de condiciones de ingreso mientras el Gobierno “despide y cesantea ilegalmente a empleados”.

El líder sindical enfatizó que ATE siempre ha estado a favor del ingreso por concurso, el derecho a la carrera administrativa y la estabilidad laboral, rechazando el acomodo y el favoritismo. “Me permito, respetuosamente darle un último consejo, no hable mucho de idoneidad, porque se quedan sin medio Gabinete y se les vacía la Vocería Presidencial“, lanzó Aguiar en un mensaje que también difundió en sus redes sociales.

Por su parte, el presidente Javier Milei defendió la propuesta de su nuevo ministro en su cuenta de Instagram, afirmando que el examen de ingreso es para aquellos que deseen trabajar en el Estado y criticando a quienes protestan porque “no lo van a poder pasar”. Este respaldo presidencial subraya el compromiso del gobierno con la iniciativa de Sturzenegger.

Sturzenegger detalló en redes sociales las funciones de su nuevo ministerio, destacando una “agenda de desregulación” con ejes en la agenda legislativa y reglamentaria. Anunció la continuación de la Ley Hojarasca y otros aspectos de la Ley Bases original. Además, mencionó que se buscará eliminar burocracia innecesaria y fomentar cambios simples, como la desregulación del mercado aerocomercial.

La controversia principal radica en la propuesta de exámenes de ingreso, que Sturzenegger justificó como una medida para combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del servicio público. “La evaluación permitirá dejar atrás la pesadilla de un Estado plagado de ñoquis o acomodados políticos que los argentinos de bien no merecen y que violan el espíritu de nuestra Constitución”, afirmó el ministro.


Redacción

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Eugenio Casielles repudió al senador de Milei que justificó la venta de niños: “¿De qué carajo habla este señor?”

Tras el episodio que sorprendió al Congreso, el legislador porteño de La Libertad Avanza, Eugenio Casielles, expresó su firme rechazo a las declaraciones del senador riojano, Juan Carlos Pagotto, quién intentó justificar la venta de niños en el Congreso. Casielles, armador político conocido por su activa contribución en la campaña que llevó a Javier Milei a la Presidencia, no dudó en criticar duramente a su compañero de partido.

El polémico episodio tuvo lugar durante la sesión del Senado en la que se debatía un proyecto de ley para aumentar las penas por la compra y venta de menores. Pagotto, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, introdujo una modificación para eximir de pena a las familias que vendan a sus hijos “por necesidad”. La propuesta desató un escándalo, generando la inmediata reacción de la oposición y de organizaciones civiles, quienes lograron bloquear la maniobra.

El rechazo de Casielles se hizo público a través de un tweet contundente: "¿De qué carajo habla este señor? Vender un niño está mal, es ilegal y debe seguir siéndolo. Aparte de ser un hecho absolutamente repugnante. Lo haga quién lo haga. Lo haga por lo que lo haga. Como persona, padre y dirigente, repudio este comentario por completo. Es un asco".

El incidente comenzó cuando Pagotto, miembro informante de la Comisión, leyó modificaciones de su autoría como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría. El texto de Pagotto eximía de pena a los progenitores que vendieran a sus hijos en situaciones de necesidad, lo cual generó la inmediata intervención de la senadora Juliana Di Tullio, quien desenmascaró la trampa del riojano.

"Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas, pero no es el dictamen", afirmó Di Tullio en medio del debate. La senadora agregó que el tratamiento dado por Pagotto al dictamen acordado para la sesión era "raro" y acusó al legislador de intentar aprobar cambios no discutidos previamente.

El repudio del legislador Casielles despertó el debate en las redes, y reflejó una postura firme en defensa de los derechos de los niños y una crítica contundente a cualquier intento de legalizar la venta de menores, independientemente de las circunstancias.

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Redacción

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Marcelo Peña impulsa un proyecto que pretende condenar con prisión efectiva a las falsas denuncias

El abogado especializado propuso endurecer las penas por falsas denuncias en el ámbito familiar. Argumenta que estas prácticas, mayormente realizadas por motivos económicos y emocionales, no solo afectan a los falsos acusados, sino que también causan un grave impacto psicológico en los niños involucrados.

“Si bien las penas que proponemos son obviamente para ambos padres, el 90% de las falsas denuncias son realizadas por mujeres que, por intereses económicos, patrimoniales y despecho, denuncian situaciones inexistentes que afectan directamente la salud mental de los hijos. Intentamos modificar el Artículo 245 del Código Penal para que, en casos de falsedad comprobada en contextos de género y familia, se aplique una pena de entre 2 y 4 años”, explicó Peña en diálogo con los medios.

Peña subrayó que el objetivo es proteger los derechos jurídicos de los niños, ya que una falsa denuncia puede someterlos a procedimientos judiciales invasivos como la cámara Gesell, terapias y exámenes médicos, con graves repercusiones psicológicas.

“Pedimos esta pena de 2 a 4 años porque el Código Penal prevé que delitos de esta índole puedan tener una pena condicional inicial. Sin embargo, en casos de reincidencia, buscamos establecer una pena efectiva para disuadir estos comportamientos. La doctrina del caso Góngora marcó un precedente al suspender la posibilidad de juicio en suspenso en estos contextos. Las falsas denuncias no deben ser tratadas con contemplación, ya que pueden agravar las condiciones psicológicas del niño”, afirmó el abogado.

“Cuando un niño pasa cuatro años sin ver a sus padres, abuelos y tíos, se produce un quiebre psicoemocional difícil de superar”, aseguró Peña a la Agencia de Noticias Fueros, quien defiende a varios padres en esta situación. “Las falsas denuncias, a menudo alentadas por abogados inescrupulosos, generan acusaciones absurdas que, aunque sean descartadas, siguen afectando injustamente a los padres o madres y a los menores involucrados”, añadió.

“Queremos que la falsa denuncia no sea una herramienta o instrumento”

El abogado señaló que actualmente las penas por falsas denuncias son mínimas, de 2 meses a 1 año en suspenso, y propone que pasen a ser de 2 a 4 años de prisión efectiva sin posibilidad de probatoria.

“Buscamos modificar el Código Penal porque, además del sufrimiento de los padres y de los menores, miles de horas del sistema judicial argentino se pierden en esta problemática que tiene consecuencias devastadoras para los niños. No queremos que la falsa denuncia se convierta en un instrumento para litigar durante una separación”, concluyó Peña.

Redacción

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