Condenaron a 3 años de prisión a la ahijada de Alberto Fernández por “defraudación al Estado”

La exsecretaria de Medio Ambiente del kirchnerismo, Romina Picolotti, fue condenada a 3 años de prisión en suspenso por el delito de defraudación contra la administración pública.
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La Cámara Federal de Casación ratificó la condena a 3 años de prisión en suspenso contra la ex secretaria de Medio Ambiente del kirchnerismo, Romina Picolotti. La ex funcionaria deberá devolver alrededor de 7 millones de pesos más intereses a raíz de ser encontrada como culpable del delito de defraudación contra la administración pública.

Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, dictaron el fallo que dejó firme la sentencia dictada por el Tribunal Oral 6 en setiembre de 2021. La ahijada del presidente Alberto Fernández resultó ser noticia.

Romina Picolotti
La ex secretaria de Medio Ambiente del kirchnerismo, Romina Picolotti.

“Para dejar constancia que el doctor Daniel Antonio Petrone participó de la deliberación y emitió su voto, pero no firma la presente por encontrarse en uso de licencia”, dice el último párrafo de la sentencia. Cabe destacar que en el juicio contra Picolotti, el fiscal Diego Luciani había exigido la pena de 3 años y 9 meses de prisión, de cumplimiento efectivo.

La ex funcionaria K fue condenada por utilizar los fondos públicos para gastos no vinculados con sus funciones durante el Gobierno de Néstor Kirchner. Asimismo, la sentencia establece la inhabilitación especial perpetua de “el ejercicio de empleos o funciones públicas” por el delito de “defraudación por administración fraudulenta, agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública”.

Redacción

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Grabois y Fernández Sagasti imputados por malversación de fondos para viviendas

El pasado viernes, el fiscal Carlos Stornelli imputó al piquetero Juan Grabois, a la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, a la militante Ramona Fernanda Miño y a Jorge Tanus, titular del BICE Fideicomisos durante la gestión de Alberto Fernández. Los datos se conocieron tras una auditoría solicitada por el Poder Ejecutivo.

La investigación se centra en posibles irregularidades en los Fondos de Integración Socio Urbana (FISU). Los montos del desfalco implican fondos para la construcción de viviendas sociales por 1 millón de dólares, entregados entre 2020 y 2023, que se habrían utilizado para campañas políticas, viajes y demás gastos que no se rindieron. Según la auditoría del gobierno de Milei, se presupuestaron 6.517 viviendas pero se finalizaron apenas 400.

También se investiga el crecimiento desproporcional de empleados del FISU, cifra que pasó de 60 a 600 trabajadores, de los cuales estaban todos afiliados al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), partido fundado por Grabois.

“Resulta objeto de investigación la presunta administración fraudulenta, y/o malversación de caudales públicos, y/o abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación al Fondo de Integración Social Urbano (FISU), ocurridos en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023″, indica el dictamen del fiscal Stornelli entregado al juez Sebastián Ramos.

Según el documento oficial la administración de los fondos que integran ese fideicomiso se encontraría en manos de la Unidad Administrativa del Estado (BIFISA) a cargo de Anabel Fernández Sagasti, Jorge Tanus, y por la Secretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Fernanda Ramona Miño, quien a su vez sería integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Redacción

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Santilli apoyó la Ley Bases | “Es un punto de inflexión para generar un país distinto”

Diego “El Colo” Santilli defendió la Ley de Bases, proyecto del presidente Javier Milei. “¿Por qué necesitamos esta ley? ¿Quién va a discutir que no necesitamos modernización laboral? Esta ley laboral es del 75, donde no había teléfonos, no había fax, no había robótica, no había inteligencia artificial. Había televisión en blanco y negro”.

“Necesitamos una modernización laboral porque el 20% de los trabajadores formales son pobres y porque tenemos que sacar de la informalidad a los trabajadores. Necesitamos una reforma fiscal para terminar con la maraña de más de 150 tributos que tiene este país”, finalizó diciendo.

Redacción

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Impulsaron una ley para mejorar la transparencia en Provincia de Buenos Aires y Kicillof la rechazó

El objetivo del proyecto de Quintero Chasman es incorporar tecnología blockchain (registro digital descentralizado de transacciones compartidas entre una red que es inmutable o inmodificable) a los procesos de compras, ventas y contrataciones que realicen todas las áreas del sector público de la Provincia, generando transparencia y viabilidad a los mismos.

“La realidad de la Provincia necesita de la vocación de revolución para construir ideas modernas y superadoras”, planteó la diputada platense, Julieta Quintero Chasman, quien destacó los beneficios que traería a la administración estatal y a los ciudadanos esta innovadora propuesta.

La iniciativa “busca generar un mayor nivel de transparencia, de trazabilidad y de eficiencia en los procesos mediante esta tecnología, que representa una enorme oportunidad para revolucionar las formas en las que el Estado se presenta ante la ciudadanía”, subrayó.

En ese sentido, la titular de la comisión de Ciencia y Nuevas Tecnologías de la Cámara baja, explicó que el sistema blockchain genera menos costos y es más rentable que las formas que el sistema utiliza actualmente. “Desde esta banca seguiremos trabajando en soluciones innovadoras a los problemas que arrastran los bonaerenses hace años”, sostuvo Quintero Chasman, quien analizó que el tema “no debiera caer en la arena de la batalla ideológica”.

Redacción

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Jubilaciones de privilegio: CFK, Alberto, Scioli y Macri son los que más caro le salen al Estado

Un reducido grupo de personas, compuesto por expresidentes, exvicepresidentes, viudas y una hija de un exmandatario, cobra el equivalente a 833 jubilaciones mínimas.

Mientras, la mayoría de los jubilados sufre una pérdida significativa en su poder adquisitivo: cayó 81% tan solo durante la gestión del gobierno precedente.

El listado

  • Cristina Kirchner: Recibe 28,1 millones de pesos mensuales en bruto entre su jubilación y la pensión ilegal que recibe de su exesposo y expresidente, Néstor Kirchner. Estos 28 millones equivalen a 147 jubilaciones mínimas, de 190.141 pesos cada una.
  • Daniel Scioli: Cobra 17,5 millones de pesos. Actual funcionario “ad honorem” del Gobierno Nacional.
  • Mauricio Macri: Recibe 13,5 millones de pesos.
  • Alberto Fernández: 13 millones de pesos.
  • Adolfo Rodríguez Saá: A pesar de haber sido presidente durante tan solo una semana, recibe 12,9 millones de pesos.
  • Zulema Yoma: Recibe 11,1 millones de pesos como exesposa de Carlos Menem.
  • Gabriela Michetti: Cobra 9,8 millones de pesos por haber sido vicepresidenta.
  • Julio Cobos: Recibe 9,7 millones de pesos por haber sido vicepresidente.
  • Amalia Guido: Recibe 9,5 millones de pesos como hija de José María Guido.
  • Inés Pertiné: Recibe 9,4 millones de pesos como exesposa de Fernando de la Rúa.
  • Bety Andrés: Recibe 8,7 millones de pesos como exesposa de Roberto Levingston.
  • Amado Boudou: Recibe 8,2 millones de pesos, a pesar de estar condenado judicialmente en el caso Ciccone.
  • María Estela Martínez de Perón: Recibe 7 millones de pesos.

Vale tener en cuenta que los montos, correspondientes a abril, se duplicaron si se los compara con los percibidos en febrero.

A principios de marzo, el presidente anunció ocho medidas durante su discurso en el Congreso. El paquete de leyes “anti casta” incluye la eliminación de las jubilaciones de privilegio

Además del proyecto de Milei que busca derogar estas jubilaciones de privilegio, la diputada Graciela Ocaña, solicitó que se adopte algún tipo de medidas respecto de quienes hoy cobran esos suculentos haberes, ya que “resulta inconcebible que las capas más encumbradas del país sigan disfrutando de sus prerrogativas, las que se mantienen incólumes en detrimento de los más necesitados”.

Redacción

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Augusto Lafferriere, abogado de El Presto: “Está en juego la libertad de expresión “

El abogado del periodista, Augusto Lafferriere, dio detalles sobre la primer audiencia, realizada hoy lunes, entre Eduardo Prestofelippo y Adán Bahl, exvicegobernador de Entre Ríos y exintendente de Paraná. “Acá está en juego la libertad de expresión, la prensa independiente”, aseveró de entrada Lafferriere.

El letrado argumenta que el ataque viene desde el poder, “desde gente que más de tres décadas está gobernando la provincia”, de Entre Ríos. Adán Bahl denunció a Prestofelippo por “instigar a la violencia” en mayo de 2020, mientras era intendente de Paraná. De ese tiempo a esta parte, de haber cosechado resultados favorables en elecciones, en este momento, el burócrata estaría ocupando el cargo de Gobernador.

Lo que sucede es que “se toma cualquier exabrupto que pueda tener un periodista para tratar, de esa manera, ponerlo en aprietos, que tenga que andar recorriendo los pasillos de los tribunales para intranquilizarlo y que desvíe atención de su trabajo, sin que pueda ejercerla libremente por temor a terminar preso”.

“Esta causa siguió porque Bahl era el gobernador cantado. Si la denuncia viniera de un vecino común, esto termina archivado sin mucha vuelta. Pero como la hizo el futuro gobernador de Entre Ríos la Justicia le dio curso”, señaló Lafferriere.

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La defensa considera que no hay delito ni tipicidad: “Estamos del ámbito de la libertad de expresión, es un derecho constitucionalmente garantizado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce y que no puede ser coartado por ninguna interpretación que haga un funcionario de turno”.

Un dato que llamó la atención del denunciado y de su defensa es que el juez que lleva adelante el proceso, Santiago Brugo, fue nombrado por el exgobernador de Entre Ríos y compañero de gestión de Bahl, Gustavo Bordet, a través del decreto 4526/23, fechado el 21 de noviembre de 2023.

La designación Brugo “es un dato objetivo”, sostiene el abogado del periodista. “Es una paradoja. Ya que, se juzga un hecho del 2020 con un magistrado que asumió hace poco. No se pone en duda la capacidad del Doctor Brugo, pero, sugestivamente, nos encontramos frente a esta situación curiosa en donde el compañero de fórmula del denunciante (Gustavo Bordet) coloca al juez para dictar sentencia al denunciado”.

Sobre este ítem, Lafferriere insiste en que “el juez está bien designado, ganó un concurso. La situación es muy curiosa, lo que no significa que sea mal juez ni que sea parcial o pretencioso, simplemente es una situación que llama la atención”.

El abogado considera que, en este caso, existe una “puja eterna entre el poder y el vecino de a pie, entre quienes manejan los resortes institucionales de los poderes de la provincia y del otro lado un vecino que opina cosas que no son de agrado para el poder de turno”.

Redacción

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“Fue una persecución política que les salió mal” | Habló el abogado de El Presto luego de que la Justicia lo absolviera

El miércoles 15 de mayo el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, declaró la absolución del periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, quien había sido denunciado por Adán Humberto Bahl, exvicegobernador de Entre Ríos y exintendente de Paraná, por “instigación a cometer delitos”.

La decisión del juez fue destacada por el abogado de El Presto, Augusto Lafferriere, como “un fuerte espaldarazo a la libertad de expresión y de ideas que tiene todo ciudadano. Fue una persecución política que les salió mal”. Considerando que Entre Ríos ha sido históricamente gobernada por el peronismo, Lafferriere calificó el fallo de Brugo como “valiente y fundado en derecho”.

El momento en que la Justicia absuelve de culpa y cargo a El Presto

“No podemos desconocer el tinte político de este caso”: al momento de la denuncia, Adán Bahl era el candidato a gobernador de Entre Ríos. Aunque el delito investigado es relativamente menor en comparación con otros en el Código Penal, el Ministerio Público Fiscal tomó el caso. Según Lafferriere, “normalmente, este tipo de situaciones se archivan en menos de cinco días, ya que hay casos mucho más importantes y, por el principio de oportunidad, el Ministerio Público Fiscal no puede perseguir todos los delitos que se denuncian”.

La denuncia contra el periodista fue presentada el 5 de mayo de 2020, cuando el peronismo consideraba a Bahl como el futuro gobernador de Entre Ríos, sucediendo a Bordet. Sin embargo, el destino se torció: la pésima gestión de la pandemia, la crisis económica, el malestar social y la aparición de Milei en la escena política, afectó a las proyecciones del peronismo y la lista de Bahl quedó en segundo lugar, siendo derrotada por la de Frigerio. “El expediente se mantuvo cuatro años porque (Adán Bahl) ya se creía Gobernador. Por eso no fue archivado”, agregó Lafferriere.

LOS CONTUNDENTES ARGUMENTOS DEL JUEZ BRUGO:

El magistrado argumentó que la Fiscalía no pudo acreditar varios aspectos “con posterioridad a la viralización del video”: Se desconocía los domicilios de Bahl y del SUOYEM, no se acreditó que terceras personas hayan visitado el domicilio del exintendente después de la viralización del video, y no se comprobó que alguien haya ido a la casa de Bahl el 7 de mayo de 2020. Tampoco se acreditó el temor que supuestamente generó en la esposa e hijos de Bahl, ya que no se pudo acreditar quiénes eran ni fueron ofrecidos como testigos.

En relación al análisis del video publicado por Prestofelippo, Brugo destacó que era un programa de 55 minutos que abordaba diversos temas, como la liberación de presos durante la pandemia y conflictos laborales. Señaló que el programa tenía un claro discurso político, criticaba decisiones judiciales y utilizaba un tono sarcástico y vehemente. A pesar de que se observaban elementos que podrían constituir delitos públicos, como la apología del delito, el magistrado consideró que el discurso de Prestofelippo, aunque controvertido, no tenía la capacidad suficiente para causar una conmoción social.

La respuesta del periodista a Bahl durante el juicio: “No soy ejemplo de nadie, pero yo no le robo a los entrerrianos ni uso al Estado para perseguir gente”

El juez también mencionó que el “consejo” de Prestofelippo de “quemar la casa de Bahl con su familia adentro” se hizo en un contexto político y vehemente, donde previamente había insultado a Bahl y luego, segundos después del exabrupto, el periodista pidió “perdón por la vehemencia”. Consideró que este consejo, aunque repudiable, no fue serio y fue dado de manera irreflexiva, sin la intención de que se llevara a cabo. En base a estos argumentos, el juez concluyó que no se configuró el delito de instigación a cometer delitos en la conducta de Prestofelippo “advierte una pasión encendida, la vehemencia, la irreverencia, su falta absoluta de apego a las formas, la falta de respeto, es un periodista transgresor, el sarcasmo y el cinismo que utiliza para comunicar”.

Redacción

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