¿Se cayó el negocio de los abogados mediáticos?: Burlando, Hermida Leyenda y Cipolla sin trabajo por el gusto a las cámaras

La exposición pública ya no mueve como antes el perímetro de las decisiones judiciales.
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10 Years Experiences

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Si uno hace con el reloj un retroceso, puede recordar casos sistemáticos en los que abogados mediáticos han intervenido de manera espontánea. A tal punto, de que esos doctores llegaron a ser la principal búsqueda de famosos para que puedan obtener la defensa exclusiva de estos. ¿Por qué ahora perdieron esa prioridad plena?

Con el paso del tiempo, comenzaron a ser menos tomados en cuenta, como si ya las reconocidas figuras del espectáculo, deporte, política y demás, no quisieran tener nada que ver. O bien ser popularizados por sus mismos defensores judiciales. Antes, mediatizar los casos era algo bien visto para presionar decisiones, ahora pareciera que ello no es puesto en escena o directamente empeora las causas.

Dr. Victor Tutú on Twitter: “Esta es la “ética” del mediático abogado Burlando.Valga la redundancia, parece que se está “burlando” del Tribunal y de los padres de Fernando. pic.twitter.com/4s0IyGroMk / Twitter”

Esta es la “ética” del mediático abogado Burlando.Valga la redundancia, parece que se está “burlando” del Tribunal y de los padres de Fernando. pic.twitter.com/4s0IyGroMk

Pulgar hacia abajo para Burlando

El mediático abogado Fernando Burlando resultó ser de los primeros en aparecer desfilando por la televisión Argentina. Sin embargo, vale recalcar que también el doctor fue quién abrió la puerta para la caída de los mismos, tras ser apartado en el reconocido caso de Leandro Santos.

Desfiles en Punta del Este, fiestas de ricos y famosos en el barrio porteño de Palermo, buena comida, excelente bebida, hoteles 5 estrellas en Buenos Aires. Mucha noche, promesa y brillo. Así eran los espejitos de colores que el famoso representante de modelos Leandro Santos les oficiaba a las chicas que en Argentina o Uruguay querían dar el salto.

Fernando Burlando
El precandidato a gobernador bonaerense, el abogado Fernando Burlando.

Pero, en realidad, el salto era al vacío: las chicas soñaban con un destino glamoroso de modelos pero terminaban siendo usadas en fiestas privadas, orgías o debuts sexuales de nenes bien. Eran llevadas y traídas de acá para allá por el Río de la Plata para alimentar el negocio del sexo VIP y fueron la base con la que Santos, sus socios y buena parte de su familia se enriquecieron entre 2010 y 2019.

Sexo VIP, así se le dice en la calle, pero en este caso la Justicia federal consideró que estaban frente a una red de trata de mujeres con fines de explotación sexual. Esa parte de la la investigación (a cargo del fiscal Federico Delgado, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y el juez Sebastián Casanello) ya está en manos del Tribunal Oral Federal 1, que aún no fijó fecha de debate.

Leandro Santos
El ex representante de modelos Leandro Santos.

Ni el problemático youtuber lo quiso

Otro de los abogados en ser puesto dentro del círculo de aquellos que fueron puestos de lado es Alejandro Cipolla, el cual se ha encargado de defender a problemáticos influencers como el cumbiero Elián Valenzuela, conocido como “L-Gante”, y el controversial youtuber uruguayo. Ambos lo han corrido del medio como consecuencia de sus malos resultados.

La Sala II, Secretaría Penal IV de la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento y embargo millonario del youtuber uruguayo Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, alias “Yao Cabrera”, por “trata de personas con fines de explotación sexual y laboral y reducción a la servidumbre” y, por consiguiente, confirmó la elevación a juicio oral y público.

Elian Valenzuela
El cumbiero Elian Valenzuela, conocido como “L-Gante”.

La causa 10007/20 contra el influencer comenzó en octubre de 2020 por la denuncia del manager de medios Jorge Zonzini en el Juzgado Federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay por multiplicidad de delitos sexuales contra niños y adolescentes.

Luego se sumaron a la misma causa las querellas penales de los ex empleados de la organización liderada por Yao Cabrera, Viral/Wifi Team, Giovanna De Mitole y Joaquín Apesteguia, patrocinados por el penalista Ramón Arigos. Ambos querellantes trabajaron para el polémico influencer, y presentaron pruebas irrefutables sobre los sistemas de multiestafas a niños vulnerables, abusos sexuales, corrupción, facilitación de la prostitución a menores de edad, entre otros.

Yao Cabrera
El youtuber uruguayo Yao Cabrera.

El ya muy pasado 8 de febrero, cuando el Juzgado Federal de Campana lo citó a indagatoria, el youtuber se negó a declarar y sólo escuchó las acusaciones. Su abogado, Alejandro Cipolla, había denunciado entonces que solo se trataba de “un show mediático” montado por Zonzini.

Asimismo, la Cámara Federal de San Martín orientó la competencia hacia el Juzgado de Garantías de Escobar para que se ocupe de los delitos sexuales contra menores de edad y la venta de estupefacientes en las fiestas que se organizaban desde Viral/Wifi Team.

Alejandro Cipolla
El mediático abogado Alejandro Cipolla.

La abogada feminazi que politizó el caso de Nahir Galarza

No es necesaria la presentación de Raquel Hermida Leyenda, quién pasó vergüenza por su ridícula denuncia contra la estrella de la Selección Argentina de fútbol. La mediática abogada igualmente se hizo reconocida por la asesina condenada a prisión perpetua, Nahir Galarza. Esta última poca paciencia le tuvo a su manera de llevar el caso ante las cámaras, lo cual derivó en su cesantía.

“Solo le interesa las cámaras y no la verdad”, fueron algunas de las frases que soltó Galarza contra la doctora. Tras ello, Nahir fue la partícipe de que Hermida Leyenda termine siendo una desempleada más, bajo las fuertes críticas de sus formas. En las redes le salieron al cruce.

Nahir Galarza
La asesina con condena perpetua firme Nahir Galarza.

Vale recordar que la joven condenada a prisión perpetua solicitó la revocatoria de su codefensora dado que no estaba conforme con su nivel de exposición mediático y con su decisión de darle un “tinte feminista” a la causa. “Me ha colocado como rehén de un feminismo fanático al que no pertenezco”, señaló Galarza ante los medios de comunicación.

Sin ir más lejos, lejos de entender que está fuera del caso, sumó un papelón al escribir un tweet en donde ignoraría su despido del caso de Nahir Galarza y, además, no frena con la lluvia de progresismo a la causa. Fuentes oficiales que se comunicaron con Data24 afirmaron que “calumnia a los abogados que se encuentran trabajando en el caso, sin ningún argumento justificativo”, lo cual se encuadraría en delitos contra el honor de manera simple.

Hermida
La abogada feminista Raquel Hermida Leyenda que despidió Nahir Galarza y fue demandada por Gonzalo Montiel.

Ante todo lo referido, no queda otra alternativa que dejar en claro el comienzo de bajas en abogados mediáticos. Ya sea como consecuencia de la manera de abordar los casos en la televisión argentina, o bien, la impopularidad y vista gorda de la Justicia a lo que se viralice en dichos medios de comunicación. ¿Tendrán trabajo por otro lado o ya nadie los quiere cerca?

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Cayó preso el jefe antidrogas de la Policía Federal en Córdoba por robar en los procedimientos

La Justicia Federal de Córdoba detuvo al comisario Alejandro Falcón, hasta hace pocos días titular de la División Drogas Peligrosas (antidrogas) de la Policía Federal Argentina (PFA) en esa provincia bajo la gestión del gobernador Martín Llaryora.

Falcón, de 46 años, quedó alojado en el pabellón para efectivos de seguridad del penal de Bouwer, tras una orden dictada por el juez federal subrogante Carlos Ochoa a pedido del fiscal federal Maximiliano Hairabedian. Junto a él, otros tres policías federales fueron imputados por hechos conexos, aunque permanecen en libertad, algunos con prisión domiciliaria.

A Falcón se le imputan hurto calificado, falsedad ideológica, peculado continuado y dádivas (equivalente a recibir sobornos o prebendas). Estas figuras describen respectivamente, apropiarse de bienes ajenos abusando de su cargo público, adulterar actas o documentos oficiales, malversar bienes del Estado, y aceptar beneficios indebidos por su función.

La causa mezcla episodios de gravedad dispar. Por un lado, se investiga el robo de 1.800 dólares durante el allanamiento a un automovilista y de unos 2 millones de pesos en un procedimiento de secuestro de un vehículo. Según el denunciante, un policía labró un acta con el dinero incautado, pero luego llegó un superior —cuya descripción coincide con Falcón—, rompió esa acta, hizo otra y se quedó con el efectivo.

El episodio más llamativo, sin embargo, surgió de un allanamiento realizado en marzo pasado contra un cultivador de marihuana de 35 años, en el que la División Antidrogas secuestró 37 plantas, 410 semillas y —de forma insólita— diez cráneos humanos (que resultaron ser material de estudio de un estudiante de Medicina).

Días después, el joven se presentó ante la fiscalía de Hairabedian para reclamar la devolución de dos cachorros de pitbull que había entregado durante el operativo, alegando que la entrega no había sido del todo voluntaria. Falcón sostiene que pensaba incorporarlos al adiestramiento canino de la fuerza.

Una subordinada de Falcón denunció un patrón más amplio de conductas irregulares, involucrado en llevar a un amigo como testigo falso en los procedimientos (hecho que ya se habría comprobado), junto con la presunta liberación de zonas para el accionar narco, y el uso de un patrullero y combustible oficiales para viajar todos los fines de semana a Rosario y Santa Fe a visitar a su pareja, maquillando los comprobantes de esos traslados.

Falcón admitió los viajes pero los justificó como una mudanza progresiva, y para el resto de las acusaciones sostuvo que existe un policía con parecido físico a él. En su declaración indagatoria negó todas las imputaciones y argumentó que vive “ajustado”, con diez créditos tomados en el Banco Nación, lo que —según su defensa— vuelve poco creíble que necesitara robar. La Justicia espera el resultado de la apertura de cuatro celulares secuestrados para determinar la verdad de los distintos relatos.

El costado político que complica a Monteoliva

El caso trasciende lo policial porque golpea a la administración de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, de quien depende la PFA. Monteoliva es cordobesa, politóloga por la Universidad Católica de Córdoba, con una larga trayectoria en gestión de seguridad junto a Patricia Bullrich (a quien sucedió al frente del ministerio en diciembre de 2025) y antecedentes como ministra de Seguridad provincial en 2013.

El escándalo estalló justo cuando circulaban versiones sobre una eventual candidatura a diputada nacional de Monteoliva por Córdoba de cara a las elecciones de 2027, y opacó una visita que tenía planeada a la capital cordobesa. Además, medios señalan que se trata del segundo episodio de fuerte repercusión que compromete a la Policía Federal bajo su gestión en pocos meses, lo que refuerza la idea de un patrón de descontrol dentro de la fuerza que ella conduce.

Detuvieron a una expolicía acusada de reclutar argentinos para la guerra en Ucrania y la investigan por trata de personas

La Policía Federal Argentina detuvo en Tigre a Griselda Inés Ortiz, una expolicía de la Bonaerense acusada de liderar una red que reclutaba a argentinos —civiles, exmilitares y exintegrantes de fuerzas de seguridad— para enviarlos a combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania a cambio de 3.000 euros mensuales.

La causa está caratulada como trata de personas y tramita ante el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, con el fiscal Sergio Mola. Durante el allanamiento estuvieron presentes integrantes del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), especialistas en cibercrimen y personal del Departamento Trata de Persona.

La investigación arrancó el 11 de marzo de 2026, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó en un preembarque en Ezeiza a cuatro pasajeros que decían viajar a trabajar como albañiles en tareas de “reconstrucción de infraestructura” en zonas dañadas por bombardeos. Sus itinerarios llamaron la atención, ya que volaban con Turkish Airlines hacia Estambul, con conexión en Chisináu (Moldavia), para luego ingresar a Ucrania.

Interrogados, los cuatro hombres finalmente admitieron que en realidad iban al frente de combate a cambio de 3.000 euros mensuales, y que firmarían un contrato recién al llegar a territorio ucraniano. Contaron que habían sido contactados a través de plataformas digitales y que conocieron a uno de sus reclutadores apenas horas antes de ser trasladados al aeropuerto.

Cuatro meses después de ese primer hallazgo, la pesquisa llevó a identificar a Ortiz como la organizadora del reclutamiento. En el allanamiento de su vivienda —un conventillo en Tigre— se secuestraron un arma de fuego, emblemas del ejército ucraniano, formularios de reclutamiento y sus antiguas credenciales policiales con número de legajo.

También se incautó su teléfono y una plataforma que operaba con criptoactivos, cuyos fondos fueron congelados por la Justicia. Según las pesquisas, la división de tareas dentro de la red era clara, con Ortiz encargándose del reclutamiento, mientras que su pareja —un exagente de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad, hoy dado de baja— se ocupaba de los traslados. Este último, identificado como Agote, permanece prófugo y habría cruzado a Brasil. Hasta el momento se identificaron cuatro víctimas, todos varones.

La calificación de “trata de personas” resulta llamativa porque no se trata del típico esquema de explotación sexual o laboral clásico, sino de reclutamiento para combate armado bajo engaño. Sin embargo, en el domicilio de Ortiz no se encontró evidencia documental adicional ni indicios claros de coerción física sobre las víctimas, lo que deja abierta la discusión judicial sobre si corresponde estrictamente esa figura penal o una calificación distinta.

El patrón coincide con el marco señalado por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), que documentó que Rusia construyó un “sistema global de trata de personas” para reforzar sus filas, reclutando desde 2022 a al menos 27.000 extranjeros de más de 130 países, entre ellos entre 1.000 y 8.000 latinoamericanos.

Este caso no es aislado. Desde 2024 se sabe que hay argentinos, en su mayoría retirados del Ejército, prestando servicios en la guerra ucraniana, tanto del lado ucraniano como del ruso. Del lado ucraniano, la Legión Internacional de Defensa Territorial ofrece abiertamente sueldos de hasta 4.800 dólares mensuales para quienes se desempeñan en combate, con contratos de tres años.

Del lado ruso, se conoció el caso de Dante Gianni Bettiga, un joven de Ushuaia que viajó a Rusia para estudiar idioma, abandonó sus estudios, aceptó una oferta laboral vinculada a una empresa que contrataba personal para el ejército ruso y, al intentar darse de baja, se lo enviaron igualmente al frente. Medios especializados en cobertura de guerra confirmaron la presencia de argentinos en unidades de infantería y apoyo táctico en el este de Ucrania, y se reportaron en los últimos meses muertes de connacionales en combate, incluyendo tres casos en la región de Sumy por ataques con drones y minas. El Ejército Argentino, por su parte, aclaró oficialmente que no mantiene ninguna relación institucional con estas convocatorias.

Las cifras del negocio del reclutamiento

Los montos que circulan en este tipo de redes varían según la fuente y el nivel de riesgo asumido. Las cifras oficiales publicadas por Ucrania hablan de escalas de pago, de alrededor de 550 dólares mensuales fuera de zona de combate, 1.100 dólares en zonas de peligro y hasta 4.800 dólares para quienes están desplegados en primera línea.

En junio de 2026, el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski anunció además una suba salarial que llevaría los pagos a combatientes de primera línea a unos 5.800 euros mensuales. Los 3.000 euros que ofrecía la red de Ortiz se ubican, entonces, dentro del rango “estándar” de lo que suele pagarse a extranjeros en el frente, lo que explica por qué la oferta resultó creíble para las víctimas.

De acuerdo a lo trascendido, especialistas en la cobertura de la guerra ya venían advirtiendo que “se multiplican los casos públicos de ciudadanos [argentinos] involucrados en el conflicto, con bajas confirmadas y también denuncias de captación engañosa”. Incluso se registraron denuncias sobre redes rusas que reclutaban mujeres argentinas bajo el programa “Alabuga Start”, ofreciendo empleos que terminaban vinculados a la industria de defensa rusa, lo que motivó una investigación de Interpol y denuncias judiciales en Argentina por presunta infracción al artículo 145 del Código Penal (trata de personas).

Esto sugiere que el caso de Ortiz no es un hecho nada más, sino que forma parte de una empresa de intermediarios que operan aprovechando la necesidad económica y la falta de regulación clara sobre el reclutamiento de civiles para conflictos armados en el extranjero.

El Tribunal de Cuentas detectó que la empresa de las autopistas bonaerenses liquidó 116 mil horas policiales de más

El Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la provincia de Buenos Aires auditó el ejercicio 2024 de la firma de Autopistas de Buenos Aires Sociedad Anónima (AUBASA) y detectó que la empresa liquidó 116.837 horas policiales por encima de lo pactado en el convenio provincial.

Según la resolución, el acuerdo permitía redistribuir horas o efectivos entre los distintos corredores viales, pero no habilitaba a ampliar unilateralmente el total de horas autorizadas. El mayor exceso se concentró en la Autopista Buenos Aires–La Plata, con diferencias adicionales detectadas en el Sistema Vial Integrado del Atlántico.

AUBASA es la empresa estatal de la provincia de Buenos Aires que administra justamente la Autopista Buenos Aires–La Plata, el Sistema Vial Integrado del Atlántico y otras rutas provinciales. Uno de sus servicios más sensibles es la contratación de “policía adicional” (POLAD), o sea, efectivos policiales que trabajan horas extra para brindar seguridad en las rutas, cuyo pago está regulado por un convenio firmado con el Ministerio de Seguridad provincial.

Como consecuencia de dicha irregularidad, el Tribunal aplicó un llamado de atención formal contra quienes tuvieron responsabilidades de conducción durante el período auditado, entre ellos el entonces presidente José Ramón Arteaga y otros integrantes de la conducción de la empresa. Es importante aclarar que este llamado de atención es una sanción administrativa de menor gravedad.

El propio Tribunal precisó que la observación se limitó a la forma en que se administraron y liquidaron las horas, sin formular cargos patrimoniales ni ordenar reintegros de dinero.

— José Ramón Arteaga

Días después de conocerse el fallo, una asamblea informal de trabajadores de AUBASA señaló directamente a tres funcionarios de la actual conducción como responsables del manejo del sistema POLAD. En ese grupo mencionaron a Juan Guillermo Sauro, quien asumió la presidencia en marzo de 2024, y Mauro Daniel Moretti, subgerente de Seguridad Patrimonial de la empresa y uno de los alcanzados por el llamado de atención del Tribunal por su intervención en la confección de las boletas de servicio general de policía adicional.

De acuerdo a los trabajadores, Moretti coordina el sistema POLAD en las rutas administradas por AUBASA. También fue apuntado Pablo Martínez Carignano, jefe de Gabinete de Pablo Ceriani, a quien la asamblea atribuyó el manejo de los fondos correspondientes a las horas adicionales a través de Moretti. En tercer lugar, señalaron al mismo Ceriani, actual gerente general de AUBASA y superior jerárquico de Martínez Carignano.

— Pablo Ceriani

Durante la asamblea, distintos empleados llegaron a acusar a estos tres funcionarios de “repartirse el dinero de las horas POLAD entre ellos”, una imputación de extrema gravedad. No obstante, es clave distinguir entre el hallazgo administrativo confirmado y la denuncia gremial, ya que hasta el momento de lo trascendido, esta acusación corresponde exclusivamente a manifestaciones de los propios operarios en una asamblea, sin que exista una resolución judicial que la respalde ni una imputación penal conocida contra ninguno de los nombrados.

El contexto financiero que agrava la crisis

La controversia estalla en un momento particularmente incómodo para la empresa. AUBASA cerró el ejercicio 2024 con un resultado negativo superior a los 6.100 millones de pesos. Esto contrasta con el discurso público de la gestión, que en octubre de 2024 se presentaba como una empresa estatal “superavitaria” capaz de autofinanciar un ambicioso plan de obras de 332 millones de dólares.

La combinación de pérdidas económicas, observaciones del organismo de control y denuncias internas sobre el manejo de las horas POLAD pone bajo fuerte presión a la cúpula actual de la empresa, en un contexto donde además Arteaga ya insinuó públicamente aspiraciones políticas como candidato a intendente.

Raúl Padró defendió al juez federal Alfredo López: “Es un hombre impoluto”

Raúl Padró, legislador mandato cumplido, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM sobre el proceso de enjuiciamiento al juez federal Alfredo López. Durante la entrevista, cuestionó a quienes impulsan la acusación, rechazó las denuncias por presuntas expresiones antisemitas y sostuvo que detrás del caso existe un intento de disciplinamiento político. A lo largo de la conversación, remarcó que su presencia en la audiencia fue en calidad de ciudadano y defendió la trayectoria del magistrado.

“Alfredo López es un hombre que tiene una trayectoria de 40 años en la justicia, todos lo sabemos, inmaculado, un hombre impoluto”, afirmó Padró al explicar por qué decidió acompañar al juez durante el proceso.

En ese sentido, cuestionó a los denunciantes y aseguró que carecen de autoridad moral para impulsar el juicio político. “Lo único que hizo fue coincidir con el Tribunal de la Corte Penal Internacional, lo mismo que hizo en su momento el Papa Jorge Bergoglio Francisco”, sostuvo al defender las declaraciones de López sobre el conflicto en Medio Oriente.

El exlegislador insistió en que su respaldo no responde a un vínculo personal con el magistrado, sino a una convicción sobre el caso. “Yo no soy amigo de López. Como decía Aristóteles, soy amigo de Platón, pero en mayor medida soy amigo de la verdad y he visto que la verdad está del lado de López y no de esta banda de delincuentes acusadores que carecen de todo sustento moral y jurídico para hacer imputaciones al doctor Alfredo López”, manifestó.

Asimismo, aseguró que las acusaciones difundidas en distintos medios distorsionaron lo ocurrido durante la audiencia. “Nosotros en ningún momento hicimos ningún tipo de manifestación racista ni nada porque estamos bien de la cabeza. Nuestra cruzada, nuestra lucha es por la verdad y la justicia contra el racismo y la discriminación”, expresó.

En esa línea, rechazó las acusaciones de antisemitismo y sostuvo que se trata de una estrategia para desacreditar a quienes cuestionan al estado de Israel. “Nosotros en ningún momento hablamos de ningún judío”, enfatizó, y agregó: “Si ellos se sienten parte de eso, bueno, es un problema de ellos, evidentemente”.

Críticas al gobierno y a la libertad de expresión

Consultado sobre si considera que el caso afecta la libertad de expresión, Padró respondió que ese es uno de los aspectos centrales del conflicto. “Es uno de los argumentos que está ahí. Suerte que alguien lo grabó, porque está documentado”, señaló.

Luego amplió sus críticas hacia el gobierno nacional y vinculó el proceso contra López con la política exterior de la administración de Javier Milei. “Este episodio de López es el paradigma de lo que significan toda esta casta de miserables sinvergüenzas y ladrones”, sostuvo.

Además, cuestionó el alineamiento internacional del Ejecutivo y afirmó: “Es hora de poner las cosas en su lugar, que el pueblo argentino tome conciencia y ubique estos individuos donde corresponde”.

Sobre el futuro del proceso disciplinario, Padró recordó que la decisión quedó en manos del tribunal y anticipó que, cualquiera sea el resultado, el conflicto continuará. “Terminó la sentencia. Ahora tiene que expedirse el tribunal. Vamos a ver qué dicen. Vamos a ver, porque esto no termina acá. La historia sigue”, concluyó.

*Fuente: REALPOLITIK

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