La abogada feminista Hermida Leyenda pasa su peor momento tras ser despedida por Galarza y demandada por Montiel

La abogada que representó a Calu Rivero contra Juan Darthés, Nahir Galarza contra su padre y apuntó contra el futbolista Gonzalo Montiel acusándolo de "violador", está pasando por el peor momento de su carrera. "Se sabe que únicamente quiere robar con el feminismo", denunció un internauta.
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La ya conocida abogada feminista Raquel Hermida Leyenda ha sido puesta en jaque una vez más en las redes sociales, tras haber sido apartada por Nahir Galarza de su caso debido a que “le interesan las cámaras y no la verdad” y sumado una demanda en su contra por parte de la estrella argentina Gonzalo Montiel. Internautas de Twitter no paran de convertirla en tendencia para burlarse de ella.

Vale recordar que la joven condenada a prisión perpetua solicitó la revocatoria de su codefensora dado que no estaba conforme con su nivel de exposición mediático y con su decisión de darle un “tinte feminista” a la causa. “Me ha colocado como rehén de un feminismo fanático al que no pertenezco”, señaló Galarza ante los medios de comunicación.

Sin ir más lejos, este miércoles sumo un nuevo papelón al escribir un tweet en donde ignoraría su despido del caso de Nahir Galarza y, además, sigue cargando de progresismo a la causa. Fuentes oficiales que se comunicaron con Data24 afirmaron que “calumnia a los abogados que se encuentran trabajando en el caso, sin ningún argumento justificativo”, lo cual se encuadraría en delitos contra el honor de manera simple.

Algunos usuarios recordaron su batalla legal contra la figura de la Selección Argentina, la cual justamente se consagró campeón de la Europa League con el Sevilla (también desde los 12 pasos). “Para Hermida Leyenda que lo mira por TV”, escribió un internauta en Twitter arrobándola. La abogada no la está pasando para nada bien.

DANANN on Twitter: “Gonzalo Montiel demandará por $20.000.000 a la abogada @Hermidaleyenda, defensora de femicidas que, en busca de luces y cámaras, se autopercibe feminista y – fiel a su nueva doctrina – revolea acusaciones hacia cualquier hombre normal. https://t.co/z2znvwYmXk / Twitter”

Gonzalo Montiel demandará por $20.000.000 a la abogada @Hermidaleyenda, defensora de femicidas que, en busca de luces y cámaras, se autopercibe feminista y – fiel a su nueva doctrina – revolea acusaciones hacia cualquier hombre normal. https://t.co/z2znvwYmXk

Gonzalo Montiel demandó por calumnias e injurias a Raquel Hermida Leyenda. La abogada encabezó la defensa de la mujer que denunció al futbolista de la Selección por un supuesto abuso sexual con acceso carnal en marzo pasado.

En el documento presentado a la Justicia por los abogados defensores, Nicolás Parayola Hernayes y Matías Emanuel Aquino, se indica que la letrada había denunciado en el programa “De Vuelta”, conducido por el ultrakirchnerista Pablo Duggan, que el futbolista estaba siendo acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, el cual sería agravado por ser cometido por varias personas.

La abogada Raquel Hermida Leyenda calumniando e injuriando al equipo de abogados de Nahir Galarza, sin justificativos.

Allí también señaló que Hermida Leyenda habló al día siguiente en el programa de Jorge Rial, “Argenzuela”, y sostuvo que asegura haber sido contactada por la Fiscalía y refiere que ratificaría la denuncia. Asimismo, destaca que la abogada se presentó en varios medios durante esa semana y continuó haciendo hincapié en la denuncia “contra el jugador de la Selección Argentina”.

Hay que subrayar también que la abogada feminista Hermida Leyenda se encargó también de señalar con la vara del progresismo a los influencers Emanuel Danann, Agustín Laje y Eduardo Prestofelippo, a quiénes calificó de “machistas y hacer apología al abuso”. Claramente, se encargaron estos de ella.

Hermida
La abogada feminista Raquel Hermida Leyenda que despidió Nahir Galarza y fue demandada por Gonzalo Montiel.

Los influencers lograron exponerla como defensora de Daniel Bellini, quién fue condenado a 16 años de prisión por el asesinato de la bailarina Morena Pearson, su esposa y madre de su hija. Ya que, ella se jactaba de “no defender femicidas”, y resultó ser todo lo contrario en un caso fresco del 2022.

Ante todo lo referido, es propicio dejar en claro que recibe un golpe tras otro, amén de que ahora es la burla fija de muchos internautas en las redes sociales. A tal punto de, en este último caso de Nahir Galarza, ser apartada y, al instante, afirmar que hubo una conspiración entre la Fiscalía y la defensa, sin prueba alguna. ¡Una total locura!

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Imputaron a una mujer por usar a su hija para amenazar a un cirujano con una falsa denuncia si no le pagaba $30 millones

La Justicia de San Juan investiga un presunto caso de extorsión que involucra a un médico cirujano y a la madre de una paciente de 18 años. La mujer, identificada como Mónica Elizabeth Morán, de 47 años, está acusada de haberle exigido dinero al profesional bajo la amenaza de denunciarlo por un supuesto abuso sexual contra su hija y perjudicar públicamente su reputación.

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el cirujano identificado como F. D. Mercado llegó a transferirle 2 millones de pesos el 21 de marzo de 2026, pero las exigencias económicas habrían continuado hasta alcanzar los 30 millones de pesos.

El 20 de octubre, la jueza de Garantías Flavia Allende formalizó la investigación por el presunto delito de extorsión y estableció un plazo de seis meses para reunir pruebas y determinar las responsabilidades penales. La mujer, que es oriunda de Chimbas, permanecerá en libertad, aunque con restricciones de acercamiento y comunicación.

— Mónica Elizabeth Morán (47 años), imputada en San Juan por el presunto delito de extorsión

La historia se remonta al 27 de febrero de 2026, cuando Morán llevó a su hija de 18 años a la Clínica Santa Clara, en San Juan, para recibir atención médica por dolores abdominales y molestias en la zona inguinal.

Según la Fiscalía, la joven fue examinada por un cirujano que le indicó un tratamiento y proporcionó su número telefónico particular a la madre para responder consultas vinculadas con la evolución de la paciente. Ese intercambio permitió que ambas partes mantuvieran contacto después de la primera consulta.

La joven fue atendida nuevamente por el mismo profesional el 10 de marzo, en la clínica Red Vital, y el 21 de marzo, en el servicio de urgencias del Hospital Guillermo Rawson, donde el médico se encontraba de guardia.

En esa última oportunidad ocurrió un episodio que adquirió especial importancia para la reconstrucción fiscal. De acuerdo con la versión presentada por los investigadores, la paciente le entregó dos botellas de vino al cirujano como agradecimiento por la atención recibida y lo saludó con un abrazo y un beso en la mejilla.

— Durante la audiencia de formalización, la jueza de Garantías dispuso que la acusada permanezca en libertad con medidas de restricción de acercamiento y contacto

Sin embargo, horas después, el profesional recibió mensajes de la madre acusándolo de haber intentado abusar sexualmente de su hija, y ese mismo día transfiere los $2 millones por temor a la exposición pública. Posteriormente el 31 de marzo, la mujer presuntamente se habría presentado junto a un hombre en el lugar de trabajo del médico para reclamarle más dinero.

¿Por qué el médico le habría entregado $2 millones?

Este es uno de los puntos centrales de la causa. De acuerdo el relato del denunciante, la mujer le habría advertido que presentaría una denuncia penal por abuso sexual y que difundiría la acusación entre sus compañeros, en las redes sociales y ante los medios de comunicación si no recibía dinero.

Para comprender el mecanismo investigado, hay que diferenciar dos situaciones. Una persona tiene derecho a denunciar ante la Justicia un presunto abuso sexual. Pero condicionar el silencio o la no difusión de una acusación a la entrega de dinero puede constituir extorsión, si se acreditan los elementos exigidos por la ley penal.

— El Ministerio Público Fiscal atribuyó a que el vínculo comenzó en febrero y marzo de 2026, cuando el médico atendió a la hija de 18 años de la mujer por dolores abdominales

La hipótesis fiscal sostiene que Morán habría aprovechado el temor del cirujano a perder su prestigio profesional, sufrir consecuencias laborales y enfrentar un escándalo público. El médico habría realizado una transferencia de $2 millones desde Mercado Pago a una cuenta a nombre de la imputada.

Según los investigadores, la transferencia inicial no puso fin al conflicto. El 31 de marzo, alrededor de las 16, Morán se presentó acompañada por otro hombre en la clínica donde trabajaba el cirujano. Allí le exigieron una nueva entrega de dinero, acompañada de advertencias sobre posibles denuncias públicas y publicaciones en redes sociales, con los reclamos continuado mediante WhatsApp.

La Fiscalía también incorporó el relato del profesional sobre la presencia reiterada de Morán y otras personas cerca de sus lugares de trabajo. El médico afirmó que esas situaciones le generaron temor por su seguridad y lo llevaron a modificar sus horarios y actividades habituales.

— La jueza de Garantías, Flavia Allende

Para la acusación, estos episodios podrían demostrar que no se trató de un reclamo aislado, sino de una conducta de intimidación sostenida en el tiempo. Esa interpretación todavía debe ser contrastada con las pruebas y los argumentos de la defensa.

Las pruebas de la fiscalía contra Morán

Durante la audiencia de formalización, el ayudante fiscal Mauro Carrizo, de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, encabezada por el fiscal Francisco Nicolía, expuso diferentes elementos para justificar la apertura de la investigación.

Entre las evidencias mencionadas aparecen las conversaciones de WhatsApp extraídas del teléfono del médico, una copia del contenido del dispositivo, registros de video, cuatro fotografías y comprobantes bancarios.

La mujer cuenta con la representación de los abogados Renzo Quero y Luis Galmarini, quienes rechazaron la acusación fiscal y sostuvieron que su defendida es inocente. La defensa presentó una interpretación distinta acerca del origen del conflicto. Conforme lo expuesto durante la audiencia, los abogados plantearon que el médico habría besado a la joven paciente, un episodio que relacionaron con un presunto abuso sexual.

A la izquierda Mauro Carrizo, ayudante fiscal de la UFI Delitos Especiales junto a los abogados de la imputada

Por su parte, el abogado querellante Roberto Lucero, representante del cirujano, insistió en que las exigencias económicas habrían continuado y solicitó medidas para proteger a su cliente. La defensa también pidió reducir a cuatro meses el plazo de investigación, argumentando que parte de la evidencia ya estaba incorporada al expediente. La Fiscalía reclamó seis meses y la jueza aceptó este último plazo.

La extorsión es un delito contra la propiedad que, en términos generales, consiste en utilizar intimidación para obligar a otra persona a entregar dinero, bienes u otros efectos patrimoniales. En este caso, la amenaza de exponer públicamente una acusación de abuso sexual podría resultar jurídicamente relevante para analizar la modalidad contemplada en el artículo 169, ya que obtener una entrega patrimonial mediante amenazas de imputaciones contra el honor o revelación de secretos tiene una pena prevista de 3 a 8 años de prisión.

Anteriormente, se han dado cuatro casos en la misma provincia que dejaron en evidencia un elemento común y es la presunta utilización de información personal o de una situación vulnerable para doblegar la voluntad de otra persona. El mecanismo cambia, aunque la finalidad atribuida a los acusados es similar: obtener dinero a partir del temor a que se revele un secreto, se difundan imágenes íntimas, se destruya una reputación o se produzcan consecuencias familiares y laborales.

San Juan | Imputaron a Sergio Uñac por una obra de agua potable de US$100 millones que nunca funcionó y que la provincia sigue pagando

El senador nacional Sergio Uñac, que gobernó San Juan durante ocho años y hoy recorre el país como precandidato a presidente del peronismo, pasó el martes y el miércoles sentado entre los investigados en los Tribunales de su provincia. Junto al diputado nacional Cristian Andino y otras nueve personas, escuchó a la Fiscalía exponer los cargos por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum, la obra que iba a duplicar el agua potable del Gran San Juan, que abarca la capital de la provincia y los municipios que la rodean. 

Para pagarla San Juan pidió un préstamo de 100 millones de dólares al Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe, un organismo del gobierno de Kuwait, un pequeño país petrolero de Medio Oriente, que financia obras de infraestructura en países en desarrollo. 

Diez años después de la compra de sus caños, sigue sin terminarse.

A Uñac y a Andino se les atribuyen administración fraudulenta en perjuicio del Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. La sospecha es que el gobierno sanjuanino le compró las tuberías a una empresa vinculada a la familia del gobernador, pagó más de lo que debía y recibió un material que no servía para lo que se necesitaba.

Esa empresa es Krah América Latina, filial de una firma alemana, que en la licitación lanzada en 2016, con Uñac recién asumido, se quedó con la provisión de casi 60 kilómetros de caños. Ante OSSE, la empresa estatal de agua de San Juan, la representaba Gustavo Monti, primo hermano del gobernador y dueño de una compañía local de tuberías. Un expediente de ese año lleva su firma como apoderado de Krah, y una factura de su propia empresa le cobra a la firma alemana una “comisión” por tramos de la obra. Monti falleció en febrero, con la causa ya en marcha.

Antes de la adjudicación, en 2017, la otra empresa que competía por el contrato les escribió al fondo kuwaití y al Ministerio de Infraestructura provincial. Les advirtió que los caños de Krah eran experimentales y no estaban diseñados para conducir agua a presión, y calculó que su propia oferta era unos 14 millones de dólares más barata. El contrato quedó igual en manos de Krah.

Con la obra en marcha llegaron las fallas en las pruebas hidráulicas y los cambios improvisados en el sistema de unión de las tuberías. Después apareció un informe técnico encargado por la propia OSSE a una consultora privada y certificado por la auditora internacional Bureau Veritas. Según sus conclusiones, los caños instalados corresponden a desagües pluviales y cloacales, están fabricados con insumos no aptos para el consumo humano y podrían liberar partículas tóxicas en el agua. La Fiscalía espera que una pericia oficial confirme esos resultados y no descarta desenterrar tramos enteros para analizarlos.

El crédito kuwaití se consiguió en 2013, durante el gobierno de José Luis Gioja, con Uñac como vicegobernador. La primera compra a Krah, más chica, también se hizo en esa gestión, cuando Andino presidía OSSE. Él sostiene que su participación terminó en la etapa inicial. Hoy es uno de los nombres que el peronismo sanjuanino baraja como candidato a gobernador para 2027.

En la lista de investigados también figuran otros tres expresidentes de OSSE, el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, el titular de Krah y varios técnicos de la empresa estatal. Uno de esos expresidentes, Sergio Ruiz, trabaja actualmente como asesor del senador Uñac. Otro de los acusados, que manejaba el área jurídica de OSSE, hoy es juez laboral. La propia provincia, a través de la Fiscalía de Estado, se presentó como querellante.

Sentarlos en la sala costó. La audiencia original, fijada para el 14 de octubre, se cayó porque Uñac y Andino no fueron. Alegaron problemas de agenda. Esta semana se presentaron. El clima fue tenso. Ayer miércoles, mientras se exponían las pruebas, la jueza de Garantías Mónica Lucero interrumpió para exigirle silencio al exgobernador, que hablaba en voz baja con Andino. “No porque sea senador no le voy a llamar la atención”, le dijo. Uñac, por su parte, asegura que la causa tiene un condimento político.

El expediente vuelve a quedar en pausa. Las defensas pidieron anular parte del proceso por la forma en que la jueza resolvió una recusación en su contra, una jugada que el fiscal Sebastián Gómez calificó de dilatoria. Lucero dará su respuesta el martes 17 de noviembre a las dos y media de la tarde. Si rechaza el planteo la formalización seguirá y se tratará el pedido fiscal de dos años más de investigación. Si lo acepta, habrá que definir cuánto de lo hecho hasta ahora se cae.

Mientras tanto Uñac sigue en campaña. En octubre publicó un spot titulado “Por qué quiero ser presidente” y lanzó una serie de 30 capítulos sobre su historia personal. Desde 2025, cada mes, San Juan paga una cuota más del préstamo.

Casación está cerca de definir el futuro de la causa contra Firmenich por un atentado de Montoneros en 1976

La Cámara Federal de Casación Penal se acerca a la definición del futuro de la causa contra Mario Firmenich por el atentado de Montoneros al comedor de la Policía Federal del 2 de julio de 1976, que dejó un saldo de 24 muertos. La Sala I debe decidir si confirma la reapertura de la investigación y la indagatoria al exlíder de la organización guerrillera y principal acusado.

Fuentes del tribunal de alzada aseguraron a La Nación que el expediente “está para votar” y auguraron una pronta resolución, aunque aclararon que el caso “tiene sus bemoles”, por lo que el desenlace estaría atravesado por dificultades.

Los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Alejandro Slokar, que tienen la causa en sus manos hace casi un año, deben determinar si ratifican el fallo de la Cámara Federal porteña, que ordenó retomar las pesquisas y citar a Firmenich.

El centro de la discusión es si el atentado, consistente en la colocación de una bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, se puede juzgar pese a que transcurrió hace más de 50 años.

El camino judicial

El expediente tramita en el Juzgado Federal N° 1, a cargo de María Servini, quien en noviembre de 2021 rechazó la reapertura de la investigación con el argumento de que los hechos habían prescripto. La reactivación había sido solicitada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, junto a otras agrupaciones, sobrevivientes del atentado y más de una decena de letrados.

En junio de 2022, la Cámara Federal porteña dejó sin efecto esa decisión y le ordenó a la magistrada que dictara un nuevo pronunciamiento. Le reprochó no haber considerado los planteos de los denunciantes, quienes pedían evaluar si el atentado podía encuadrarse como delito de lesa humanidad, crimen de guerra o grave violación a los derechos humanos, figuras que permitirían juzgar a los responsables pese al paso del tiempo.

En agosto de 2023, Servini volvió a rechazar el pedido, concluyendo que los hechos no constituían ninguno de esos delitos. Los denunciantes y las víctimas apelaron y, en diciembre de 2024, la Sala I de la Cámara, entonces integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, les dio la razón.

Además de solicitar la citación de Firmenich, que en julio pasado se ausentó a su indagatoria en otra causa y su hermano fijó un nuevo domicilio en España, los camaristas requirieron llamar a declarar a otros imputados, entre ellos, Horacio Verbitsky.

*Fuente: boga.ar

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