Como bien se sabe, Cuba es una isla que está gobernada por el socialismo desde 1959. Pero este modelo implantado por Fidel Castro, resultó ser un evidente fracaso, ya que, en vez de solucionar los problemas de la isla, los empeoro aún más. El fracaso de este modelo se pudo mantener a lo largo de los años gracias al aparato represivo del Estado, y ahora la situación será peor porque se aplicarán sanciones más graves a los que se manifiesten contra el régimen dictatorial de Miguel Díaz-Canel.
El nuevo Código Penal de Cuba, que entró en vigor el 1 de diciembre, contiene un conjunto de normas crueles que dan a las autoridades mayores atributos, para seguir sofocando la libertad de expresión y de reunión. Incluso Amnistía Internacional expresó que el nuevo código contiene varias cláusulas que atentan contra los derechos humanos.
En un informe de Amnistía Internacional se remarcan los “cinco aspectos alarmantes del nuevo Código Penal”:
· El nuevo Código Penal mantiene la pena de muerte para 23 delitos.
· El nuevo Código Penal castiga a cualquier persona que “ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento” del gobierno.
· Limita severamente la libertad de expresión en línea.
· Criminaliza la recepción de fondos, lo que limita aún más las actividades de periodistas independientes y activistas.
· Conserva muchas disposiciones del Código Penal que se emplean hace decenios para silenciar y encarcelar a activistas.
En un país donde el poder judicial sigue sin ser independiente ni imparcial, este código penal puede llevar a prisión durante muchos años a activistas de derechos humanos y a cientos de artistas que se manifiesten. Peor aún, este código penal no tolera ninguna crítica al régimen por redes sociales, por lo que por un simple tweet, un cubano podría ser condenado de seis meses a dos años de prisión, con posibilidad de aumentar la condena.
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Guevara-Rosas, expreso: “Seguiremos observando atentamente a las autoridades en 2023 y pidiendo a la comunidad internacional que condene con la máxima contundencia el uso indebido de la legislación penal para silenciar la disidencia”.
Pese a todo lo mencionado, parece que la comunidad internacional hace oídos sordos frente a los atropellos de derechos humanos en la isla. Esto se puede observar todos los años, cuando la Asamblea General de la ONU reafirma poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos ha impuesto contra Cuba por más de 60 años.
Con esto cabe aclarar dos cosas, la primera cuestión a tratar es que parece más importante terminar el bloqueo que salvar a los millones de cubanos que mueren de hambre o encerrados en una prisión. La segunda cuestión, no hay un bloqueo en Cuba, lo que hay es un embargo, pero esa explicación la dejaremos para más adelante.
