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Este martes el comité organizador del Mundial Qatar 2022 anunció que será enviado a prisión toda persona que luzca la bandera LGTB durante la copa. Anteriormente, este mismo comité había anunciado que se les prohibirá la libre expresión de afecto entre dos personas del mismo sexo.
“Quién luzca la bandera LGBTI en el Mundial será arrestado por 7 u 11 años. Qatar es un país islámico y se debe respetar su religión”, expresó Nasser Al-Khater.El portavoz ya había mencionado que se verían prohibidas estas libertades y en su momento argumentó que esto se debe a que, “Qatar es un país conservador y las muestras públicas de afecto están mal vistas, independientemente de la orientación sexual”.
Por otro lado, de manera casi confusa Gianni Infantino, el presidente de la FIFA comentó que, “la comunidad LGBT será bien recibida en Qatar, pero deben respetar la cultura local” y agregó, “si Qatar no diera la bienvenida a todos no hubiera organizado el evento”. “Estamos capacitando a los responsables y trabajando de la mano con las entidades y la policía y les daremos la bienvenida a todos”, destacó.
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La Justicia Federal inició formalmente una investigación penal contra Juan Román Riquelme, actual presidente del Club Atlético Boca Juniors, y Ricardo Rosica, secretario general de la institución, por presuntos delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta. La denuncia quedó registrada bajo el número CCC 23607/2025, según informó la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
El denunciante es Walter Federico Klix, socio activo del club (N° 113.265), quien presentó la denuncia a título personal ante la justicia federal. En el escrito, se solicita que se investigue una posible maniobra defraudatoria vinculada al manejo de indumentaria deportiva perteneciente a las divisiones inferiores y al equipo de fútbol femenino del club.
Según la denuncia, presentada el 3 de mayo y motivada por una denuncia pública realizada en el programa radial “Lo que queda del día deportivo”, conducido por el periodista Gabriel Anello, se habría producido el desvío y venta de aproximadamente 50.000 camisetas oficiales del club. Las mismas habrían sido comercializadas a través de plataformas como MercadoLibre y Mercado Pago, con un perjuicio económico estimado entre 5.000 y 10.000 millones de pesos.
Durante la emisión radial, Anello afirmó que“las chicas del fútbol femenino tuvieron que jugar una competencia internacional con camisetas Nike compradas en ‘La Salada’ porque no había camisetas disponibles”. También sugirió que “Riquelme hijo, Riquelme padre, Riquelme Chanchi y Rosica” estarían involucrados en un esquema de enriquecimiento ilícito mediante el desvío de entradas e indumentaria.
La denuncia solicita que se tome declaración al periodista Anello, se auditen los estados contables del club, se convoque al tesorero de la institución y se verifique la pertenencia del denunciante al padrón de socios. En el texto se destaca que el objetivo de la denuncia es “contribuir al buen funcionamiento del Club que tanto amamos”, y se busca invocar principios de transparencia institucional.
De acuerdo con el correo oficial emitido por la Cámara Nacional de Apelaciones, la causa estará a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N.º 56, cuya secretaría podrá recibir documentación y trámites relacionados al caso. También intervendrá la Fiscalía Criminal y Correccional N.º 61.
El régimen de Nicolás Maduro ejecutó una operación de seguridad que resultó en la detención temporal de un ciudadano argentino junto a otros extranjeros, en lo que las autoridades venezolanas catalogaron como “un plan conspirativo contra las elecciones” programadas para el 25 de mayo de 2025.
El anuncio de las detenciones fue realizado por Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, durante su programa semanal “Con el mazo dando” transmitido por la cadena estatal Venezolana de Televisión. Cabello, considerado el “número dos” de la dictadura chavista, informó sobre la captura de un ciudadano argentino, un español y un búlgaro en el marco de lo que denominaron la “Operación Tun Tun”, responsabilizando directamente a la líder opositora María Corina Machado por este supuesto complot. Cabello acusó a Machado de estar “detrás de esto”, aunque no proporcionó pruebas.
El supuesto plan “antielectoral” incluiría “ataques” contra embajadas, comandos policiales, sabotaje en hospitales, estaciones de servicio e instalaciones del sistema eléctrico nacional, así como atentados contra figuras importantes. Estas acusaciones fueron presentadas sin ninguna evidencia.
En el marco de esta operación, las autoridades venezolanas reportaron la incautación de “200 kilos de pólvora” en una embarcación. Sin embargo, fuentes confirmaron que el argentino y el español no formaban parte del grupo vinculado al barco, también mencionaron que entre los involucrados había un albanés con “tres teléfonos” y sugirieron que “los teléfonos del búlgaro y del argentino” eran de interés para “los servicios de inteligencia imperialistas”.
Estas detenciones forzadas se inscribieron en un operativo más amplio que había resultado previamente en el arresto de 38 personas en total, de las cuales 17 son extranjeros. Según las autoridades venezolanas, estas personas estaban acusadas de ser “mercenarios” que pretendían sabotear los comicios mediante actos violentos de terrorismo.
El ciudadano argentino detenido es Pablo Carrasco, quien se desempeña en el área de seguridad informática. Carrasco había viajado a Venezuela específicamente para participar en una conferencia de trabajo.
El detenido posee doble nacionalidad, contando tanto con pasaporte argentino como italiano. Esta información fue confirmada a través de una comunicación que el gobierno argentino recibió vía redes internas de la Fiscalía UNAIM de Colombia, dirigida al Ministerio de Seguridad que encabeza la ministra Patricia Bullrich. El ciudadano fue retenido en el aeropuerto de Caracas junto a su socio español por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Ambos profesionales estaban vinculados a una empresa de ciberseguridad y habían arribado al país con fines comerciales.
Es importante aclarar que, las elecciones programadas para el domingo 25 de mayo son de carácter regional y parlamentario, no presidencial. Los venezolanos deberán elegir 569 cargos en todo el territorio nacional, incluyendo 285 diputados a la Asamblea Nacional, para lo cual el Consejo Nacional Electoral dispuso 15.736 centros de votación. Machado, quien fue inhabilitada políticamente por el régimen chavista tras ganar las primarias en 2023, continúa siendo una figura central en el armado electoral opositor a pesar de las trabas institucionales impuestas por Nicolás Maduro.
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